La prohibición de recurrir al crédito por parte de los ayuntamientos viene implícitamente acompañada del aplazamiento del modelo de financiación municipal
30.05.2010 - JUAN NEIRA
Un día alguien contará la historia de este mayo, pero hasta que se publique el relato dediquémonos a analizar algunas de las grandes sorpresas del mes. Entre las más destacadas está la medida del Gobierno de prohibir a los 8.111 ayuntamientos españoles el recurso de acudir al crédito para financiar inversiones hasta el año 2012. El Real Decreto Ley suponía, de entrada, dejar a medio construir cualquier infraestructura con financiación plurianual, así como la imposibilidad de acudir a los bancos para refinanciar deudas. En términos más generales o filosóficos, era un retorno a la sociedad rural, donde a falta de intermediarios financieros, todas las inversiones se hacían con el dinero guardado debajo del colchón. Se pueden tomar medidas drásticas sobre las finanzas municipales, pero no cabe ejecutarlas de un día para otro, porque los ayuntamientos quedan a medio vestir.
Bancos
El Gobierno es consciente que la deuda de los ayuntamientos aumenta de forma acelerada. En los últimos cinco años se incrementó en un 45%, y ya supera los 34.000 millones de euros, a los que hay que añadir otros 8.000 millones que deben a los bancos las empresas y sociedades municipales. En principio, el Gobierno vigila de cerca a los ayuntamientos que infringen los límites de la estabilidad presupuestaria, pero en la jungla municipal hay muchos consistorios que tiran de frente, recurren a los bancos, y todo el mundo sabe que la quiebra municipal no pasa de ser un supuesto teórico, porque al final responde el Reino de España. Ahora que se habla tanto del apalancamiento en el sector inmobiliario, nunca se oye hablar de alguna institución financiera que esté en apuros por haber dado mucho crédito a los ayuntamientos.
Lo más curioso del asunto es que la norma conoció la luz justo en el momento en que los ayuntamientos empiezan a ejecutar el segundo Plan E, dedicado a construir un sinfín de variopintos equipamientos a cargo de la chequera del Estado. Con una mano, el Gobierno de Zapatero daba 5.000 millones de euros a los consistorios para que construyan infraestructuras y con la otra firmaba un decreto que impide a partir del día siguiente acudir a los bancos para hacer más obras en dieciocho meses. Se puede optar por el blanco o por el negro, pero no de forma simultánea.
La prohibición de recurrir al crédito fue tomada de forma apresurada y sin meditación, porque en caso contrario se hubieran calculado los desperfectos. Las quejas inmediatas de los alcaldes y de los partidos de oposición llevaron a corregir el decreto, aplazando la fecha de la suspensión de los créditos hasta el inicio del año 2012. En estos tiempos de devaluación de activos, la credibilidad de Elena Salgado quedó equiparada a la de los bonos basura, porque justificó el cambio de postura por un simple error de escritura. Mera manipulación de tipex.
Improvisación
Como la medida, de carácter restrictivo, fue aprobada de forma desgajada del plan de austeridad de Zapatero, es muy probable que haya sido improvisada en medio de las presiones de gobiernos y organismos internacionales, ante la necesidad de proceder a un saneamiento mayor de las cuentas. Esta hipótesis forma parte de la historia de este mes de mayo que está por escribir.
La rectificación del Gobierno supuso un golpe muy fuerte en su credibilidad, pero también ha desdibujado los efectos que tendrá la prohibición de acudir al crédito durante el ejercicio de 2011. Ante un año electoral, los alcaldes van a cerrar operaciones por adelantado, recurriendo a sociedades públicas y desde las propias corporaciones, para llegar a las urnas con más realizaciones. Los bancos pondrán las pegas justas, porque ahora también son promotores de viviendas y hay mucha materia para negociar.
Al margen de la reflexión puramente municipal, no queda otro remedio que hacer un análisis en términos de coste de oportunidad sobre la opción de Zapatero de invertir 13.000 millones de euros en los ayuntamientos, en dos ejercicios, para disminuir temporalmente la lista del paro. Se ha logrado remozar aceras y construir fuentes a cambio de frenar la ejecución de autovías y líneas de alta velocidad. A eso se llama tener visión de Estado.
Aunque no se haya comunicado formalmente, está claro que no habrá un nuevo modelo de financiación municipal en el año 2011. No cabría mayor ceremonia de la confusión que cerrar el crédito y firmar un modelo de financiación municipal. Es el momento de que los alcaldes, colectivamente, revisen su estrategia. En España, los ayuntamientos no superan el 14% del gasto público de las administraciones. En Francia está en sus manos más del 20% del gasto global. En Inglaterra alcanza el 29% y en Italia llega al 31%. En los países europeos con estructura federal se sitúa en el 25%, mientras que los territorios federados detentan el 30%.
Terapia urgente
Si hay que señalar una razón que justifique la distinta distribución de recursos de las administraciones entre España y sus socios europeos, no cabe duda que es la existencia de las comunidades autónomas, que gastan un 6% más que los Länder alemanes. La intención de los alcaldes de obtener mejor financiación por la vía de aumentar su participación en los impuestos del Estado es inviable, porque el Estado (exceptuada la Seguridad Social) sólo tiene en sus manos el 20% del gasto. La terapia urgente pasa por reducir el tamaño de las redes municipales, pero a medio plazo sólo hay dos salidas: negociar con los gobiernos autonómicos o fusionar consistorios. En Grecia acaban de suprimir dos tercios de los ayuntamientos.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100530/politica/alcaldes-soga-cuello-20100530.html
domingo, 30 de mayo de 2010
Municipios: una penitencia indiscriminada
30.05.2010 - LEOPOLDO TOLIVAR ALASCATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
La semana que termina ha sido pródiga en noticias para el municipalismo español. El partido en el Gobierno ha decidido, a la vista de la situación de excepción en que nos encontramos, desistir de la tramitación del proyecto de Ley de reforma del Gobierno Local y de la tan esperada nueva regulación de la financiación de ayuntamientos y diputaciones. Confieso -y en estas mismas páginas lo he escrito- que no tenía ninguna fe en los efectos taumatúrgicos de una norma que viniera a sustituir a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, por lo que, con mayor motivo, viendo la que está cayendo, lo mejor es no hacer experimentos o, como decía el fundador de los jesuitas, en tiempos de tribulación, no hacer mudanza. Poco se iba a conseguir, además, con los cambios que se manejaban, en medio de una inestabilidad a la que, en el terreno local, tampoco es ajena la nonata sentencia del Estatuto catalán.
El problema -y esa sí es una mala noticia- es el postergar, una vez más, un nuevo modelo de financiación de las haciendas municipales, reiterando un incumplimiento del acuerdo de 2006 con la Federación Española de Municipios y Provincias. Pero se ve que en esta coyuntura ni los acuerdos salariales en la función pública ni el mismísimo Pacto de Toledo, para las pensiones, pueden respetarse.
El otro bloque temático que afecta a nuestros concejos es, evidentemente, el derivado de las medidas anti-endeudamiento con las que el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, nos ha sorprendido, incluida la forzada rectificación temporal presentada de forma tan desafortunada y, como ha señalado el alcalde de Zaragoza, tan dudosamente ajustada a derecho. Comienzo por reconocer que, tras la medida, con independencia de sus formas y reformas, hay un objetivo plausible, ya que la deuda municipal global y la de no pocos municipios es un lastre inasumible que debe ser enjugado y reconducido, incluso con medidas penalizadoras. Pero dicho lo anterior, es una obviedad que el recorte o la suspensión inversora la padecen los ciudadanos y que los ayuntamientos, sin capacidad para concertar créditos, difícilmente podrán hacer frente a unas prestaciones que la ley básica local reconoce como derechos de los vecinos. Los consistorios pagarán menos intereses en el futuro próximo, pero los ciudadanos, en esta etapa sombría, verán mermada la calidad de los servicios que se vean afectados por el recorte inversor.
Con todo y admitiendo la mayor, parece un tanto injusto ese trato indiscriminado a los ayuntamientos, con independencia de su grado de endeudamiento y la relación de éste con su población y sus recursos. A quien ha sabido recurrir al crédito de forma prudente y sostenible se le impone la misma prohibición que a quien ya no tiene dónde empufarse para pagar ocurrencias y extravagancias electoralistas. No hubiera sido tan difícil discernir equitativamente, máxime si, como hemos visto -con sorpresa desagradable- un real decreto-ley puede ser variado en horas veinticuatro y sin volver a pasar por el Consejo de Ministros.
En otro lugar he intentado compendiar los pecados capitales que, en materia económica, jurídica y ética se suelen achacar a los municipios, máxime en momentos en los que el derroche empieza a estar muy mal visto. Mi conclusión, a la vista de algunas de estas faltas que aquí sólo esbozaré, es que el municipalismo no es culpable de muchos de los vicios que se le achacan, aún cuando se produzcan en ámbitos locales. A modo de ejemplo, se dice que los ayuntamientos españoles -más de 8.100- son muchos y profundamente desiguales. Y eso es verdad, pero poca culpa tienen, pues, como es bien sabido, esa fragmentación viene de las Cortes de Cádiz. También se dice que están mal avenidos en muchos casos, por localismos o distinto color político, lo que aborta fórmulas mancomunadas -o más ambiciosas-, con las consiguientes deseconomías de escala. Pero siendo esto cierto, la responsabilidad debe ser compartida con las fuerzas políticas que nutren las corporaciones y con el propio sentido localista de la población.
Y si, como es entendible a la vista de lo anterior, no están dispuestos a desaparecer en un proceso de fusión en el que pierdan capitalidad y denominación, ello no sólo es imputable a su resistencia. También hay que computar la falta de coraje de las comunidades autónomas a las que, tempranamente, el artículo 148 de la Constitución confió tal labor de cirugía reductora.
En cuanto al número desmesurado de concejales, diputados provinciales y demás cargos insulares o comarcales, muchos de ellos liberados, la responsabilidad es de las leyes, estatales -caso de la electoral- o autonómicas. Los entes locales no aprueban leyes y su única mácula, no siendo pequeña, es la de fijar sueldos y dietas a veces escandalosos. Las mismas leyes o similares que permiten a los entes locales dotarse de su propio sector público mediante sociedades, fundaciones y otros engendros organizativos que nunca salen gratis y de un régimen de personal rayano en lo libérrimo.
El dedo acusador de la sociedad indica que la autonomía local se ha venido entendiendo, de facto, como una reducción progresiva de los controles de legalidad, apenas mantenidos en cuatro asuntos financieros, en aspectos supralocales, en los monopolios y, no en todos los lugares, en la letra gorda del urbanismo (no en los convenios ni apenas en el planeamiento de desarrollo). Pero la extinción de cualquier reducto tutelar no es, obviamente, culpa de los entes locales por más que reclamaran tal cosa y aprueben la situación actual.
Otro pecado grave radica en las inversiones megalómanas y ruinosas -pese a la era de vacas gordas- de muchos ayuntamientos, bien por móviles electorales del alcalde populista de turno, bien por querer competir con otros lugares, contratando, Dios sabe cómo, a un arquitecto de firma internacional y construyendo un equipamiento «emblemático» de escaso uso futuro y conservación insoportable para la Corporación y para cualquier gestor indirecto. Aquí sí hay culpa municipal, claro está, pero mucho mayor de los electores que, cuando les gusta un regidor demagógico, no dudan en votarlo hasta que una sentencia firme los retira del mercado político. Porque eso de que el pueblo es sabio y nunca se equivoca, habrá que matizarlo diciendo que no yerra siempre y acaba pudiendo rectificar gracias a la bendita democracia.
Y, en fin, lo más escandaloso: existe corrupción y delincuencia, aunque sea en pocos lugares, que tarda una eternidad en ser atajada ejemplarmente. Pero ello será más bien responsabilidad de fiscales, jueces, policía e inspección tributaria que no son órganos de las entidades locales, precisamente.
No absolvería a los municipios de los esperpentos que tienen por escenario casas consistoriales. Pero muchas veces son el último eslabón de una cadena y, desde luego, no se puede meter a todos en el mismo saco.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100530/opinionarticulos/municipios-penitencia-indiscriminada-20100530.html
La semana que termina ha sido pródiga en noticias para el municipalismo español. El partido en el Gobierno ha decidido, a la vista de la situación de excepción en que nos encontramos, desistir de la tramitación del proyecto de Ley de reforma del Gobierno Local y de la tan esperada nueva regulación de la financiación de ayuntamientos y diputaciones. Confieso -y en estas mismas páginas lo he escrito- que no tenía ninguna fe en los efectos taumatúrgicos de una norma que viniera a sustituir a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, por lo que, con mayor motivo, viendo la que está cayendo, lo mejor es no hacer experimentos o, como decía el fundador de los jesuitas, en tiempos de tribulación, no hacer mudanza. Poco se iba a conseguir, además, con los cambios que se manejaban, en medio de una inestabilidad a la que, en el terreno local, tampoco es ajena la nonata sentencia del Estatuto catalán.
El problema -y esa sí es una mala noticia- es el postergar, una vez más, un nuevo modelo de financiación de las haciendas municipales, reiterando un incumplimiento del acuerdo de 2006 con la Federación Española de Municipios y Provincias. Pero se ve que en esta coyuntura ni los acuerdos salariales en la función pública ni el mismísimo Pacto de Toledo, para las pensiones, pueden respetarse.
El otro bloque temático que afecta a nuestros concejos es, evidentemente, el derivado de las medidas anti-endeudamiento con las que el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, nos ha sorprendido, incluida la forzada rectificación temporal presentada de forma tan desafortunada y, como ha señalado el alcalde de Zaragoza, tan dudosamente ajustada a derecho. Comienzo por reconocer que, tras la medida, con independencia de sus formas y reformas, hay un objetivo plausible, ya que la deuda municipal global y la de no pocos municipios es un lastre inasumible que debe ser enjugado y reconducido, incluso con medidas penalizadoras. Pero dicho lo anterior, es una obviedad que el recorte o la suspensión inversora la padecen los ciudadanos y que los ayuntamientos, sin capacidad para concertar créditos, difícilmente podrán hacer frente a unas prestaciones que la ley básica local reconoce como derechos de los vecinos. Los consistorios pagarán menos intereses en el futuro próximo, pero los ciudadanos, en esta etapa sombría, verán mermada la calidad de los servicios que se vean afectados por el recorte inversor.
Con todo y admitiendo la mayor, parece un tanto injusto ese trato indiscriminado a los ayuntamientos, con independencia de su grado de endeudamiento y la relación de éste con su población y sus recursos. A quien ha sabido recurrir al crédito de forma prudente y sostenible se le impone la misma prohibición que a quien ya no tiene dónde empufarse para pagar ocurrencias y extravagancias electoralistas. No hubiera sido tan difícil discernir equitativamente, máxime si, como hemos visto -con sorpresa desagradable- un real decreto-ley puede ser variado en horas veinticuatro y sin volver a pasar por el Consejo de Ministros.
En otro lugar he intentado compendiar los pecados capitales que, en materia económica, jurídica y ética se suelen achacar a los municipios, máxime en momentos en los que el derroche empieza a estar muy mal visto. Mi conclusión, a la vista de algunas de estas faltas que aquí sólo esbozaré, es que el municipalismo no es culpable de muchos de los vicios que se le achacan, aún cuando se produzcan en ámbitos locales. A modo de ejemplo, se dice que los ayuntamientos españoles -más de 8.100- son muchos y profundamente desiguales. Y eso es verdad, pero poca culpa tienen, pues, como es bien sabido, esa fragmentación viene de las Cortes de Cádiz. También se dice que están mal avenidos en muchos casos, por localismos o distinto color político, lo que aborta fórmulas mancomunadas -o más ambiciosas-, con las consiguientes deseconomías de escala. Pero siendo esto cierto, la responsabilidad debe ser compartida con las fuerzas políticas que nutren las corporaciones y con el propio sentido localista de la población.
Y si, como es entendible a la vista de lo anterior, no están dispuestos a desaparecer en un proceso de fusión en el que pierdan capitalidad y denominación, ello no sólo es imputable a su resistencia. También hay que computar la falta de coraje de las comunidades autónomas a las que, tempranamente, el artículo 148 de la Constitución confió tal labor de cirugía reductora.
En cuanto al número desmesurado de concejales, diputados provinciales y demás cargos insulares o comarcales, muchos de ellos liberados, la responsabilidad es de las leyes, estatales -caso de la electoral- o autonómicas. Los entes locales no aprueban leyes y su única mácula, no siendo pequeña, es la de fijar sueldos y dietas a veces escandalosos. Las mismas leyes o similares que permiten a los entes locales dotarse de su propio sector público mediante sociedades, fundaciones y otros engendros organizativos que nunca salen gratis y de un régimen de personal rayano en lo libérrimo.
El dedo acusador de la sociedad indica que la autonomía local se ha venido entendiendo, de facto, como una reducción progresiva de los controles de legalidad, apenas mantenidos en cuatro asuntos financieros, en aspectos supralocales, en los monopolios y, no en todos los lugares, en la letra gorda del urbanismo (no en los convenios ni apenas en el planeamiento de desarrollo). Pero la extinción de cualquier reducto tutelar no es, obviamente, culpa de los entes locales por más que reclamaran tal cosa y aprueben la situación actual.
Otro pecado grave radica en las inversiones megalómanas y ruinosas -pese a la era de vacas gordas- de muchos ayuntamientos, bien por móviles electorales del alcalde populista de turno, bien por querer competir con otros lugares, contratando, Dios sabe cómo, a un arquitecto de firma internacional y construyendo un equipamiento «emblemático» de escaso uso futuro y conservación insoportable para la Corporación y para cualquier gestor indirecto. Aquí sí hay culpa municipal, claro está, pero mucho mayor de los electores que, cuando les gusta un regidor demagógico, no dudan en votarlo hasta que una sentencia firme los retira del mercado político. Porque eso de que el pueblo es sabio y nunca se equivoca, habrá que matizarlo diciendo que no yerra siempre y acaba pudiendo rectificar gracias a la bendita democracia.
Y, en fin, lo más escandaloso: existe corrupción y delincuencia, aunque sea en pocos lugares, que tarda una eternidad en ser atajada ejemplarmente. Pero ello será más bien responsabilidad de fiscales, jueces, policía e inspección tributaria que no son órganos de las entidades locales, precisamente.
No absolvería a los municipios de los esperpentos que tienen por escenario casas consistoriales. Pero muchas veces son el último eslabón de una cadena y, desde luego, no se puede meter a todos en el mismo saco.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100530/opinionarticulos/municipios-penitencia-indiscriminada-20100530.html
Mesas informativas en Candás y Gijón
23 de mayo de 2010
La Agrupación local de Gijón, Carreño y Villaviciosa montó mesas informativas durante el fin de semana en Candás y Gijón con notable éxito de participación y haciendo llegar a los ciudadanos nuestras propuestas en materia económica
Charla de Economía organizada por UPyD
Charla de Economía organizada por UPyD
http://www.youtube.com/watch?v=jpGDZy-yXMg&feature=player_embedded
29 de mayo de 2010
Los días 26 y 27 de Mayo de 2010 en Gijón y Oviedo respectivamente, tuvo lugar la charla-coloquio sobre Economía organizada por UPyD Asturias dentro de su ciclo de conferencias.
El analista económico Manuel Sarachaga expuso en términos claros y accesibles a los no especialistas la realidad de la crisis económica, sus orígenes, su incidencia en cálculos objetivos y las repercusiones que podrían desprenderse de ella si no se toman vías urgentes de solución.
Asimismo, los asistentes a través de sus múltiples intervenciones pudieron exponer sus dudas y planteamientos que fueron respondidos sin eludir ningún tipo de cuestión.
http://www.youtube.com/watch?v=jpGDZy-yXMg&feature=player_embedded
29 de mayo de 2010
Los días 26 y 27 de Mayo de 2010 en Gijón y Oviedo respectivamente, tuvo lugar la charla-coloquio sobre Economía organizada por UPyD Asturias dentro de su ciclo de conferencias.
El analista económico Manuel Sarachaga expuso en términos claros y accesibles a los no especialistas la realidad de la crisis económica, sus orígenes, su incidencia en cálculos objetivos y las repercusiones que podrían desprenderse de ella si no se toman vías urgentes de solución.
Asimismo, los asistentes a través de sus múltiples intervenciones pudieron exponer sus dudas y planteamientos que fueron respondidos sin eludir ningún tipo de cuestión.
sábado, 29 de mayo de 2010
Innovar a toda costa
El Parque Científico crece ya extramuros y los hoteles suman 5.000 plazas .Gijón ha reforzado su apuesta por la tecnología y el turismo.Que la innovación iba a ser importante en el devenir de la ciudad quedaba claro en el programa electoral del PSOE y se hizo más evidente aún cuando se firmó el último pacto local por el empleo, el Gijón Innova. Responsabilidad del concejal José María Pérez, el área va de la mano, de forma obligatoria, de Empleo, Hacienda, Urbanismo... Todo un entramado que se refleja finalmente en el suelo industrial, paso necesario para la implantación de empresas en la ciudad. Por ello, uno de los objetivos más importantes en este sentido era alcanzar la cifra de 10 millones de metros cuadrados de suelo industrial.
Como casi siempre y casi con todo, los números también admiten interpretación. Así que en algunas ocasiones el equipo de gobierno ha llegado incluso a decir que se superará esa barrera. La propia alcaldesa afirmó en una ocasión que el nuevo objetivo era alcanzar los 18,5 millones de metros, de los que 9 estarían listos en este mandato. Todo depende de si se incluyen en los cálculos o no los terrenos de El Musel y los que están por llegar en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales, por ejemplo. El desarrollo de estos polémicos 4 millones de metros cuadrados en la parroquia de San Andrés de los Tacones están pendientes de que el Principado adjudique la urbanización del terreno. El polígono de Lloreda, con un millón de metros cuadrados, se ha sumado a la oferta del sector, además de algunos polígonos más pequeños impulsados por la iniciativa privada.
Además, el Ayuntamiento decidió destinar fondos de los planes E y A a la mejora de áreas empresariales y a la construcción de más naves modulares para alquilar, que aún no está en marcha. Espera también Gijón por sus dos parques empresariales y tecnológicos comprometidos, especialmente por el de La Camocha, además del que ocupará el suelo de Naval Gijón y que, al parecer, estará recogido en el nuevo Plan General de Ordenación que ahora se redacta.
Pero, sin duda, el que se ha convertido en estandarte del área en estos años ha sido el Parque Científico y Tecnológico. Con unos 1.500 trabajadores y todo el espacio disponible aprovechado al milímetro (con numerosos problemas de aparcamiento), en este mandato le ha llegado el momento de crecer extramuros. Ya lo está haciendo en los antiguos dormitorios del Intra, espacio que será ocupado en régimen de alquiler por el grupo Intermark, con una previsión de 8 millones de euros a invertir en investigación, desarrollo e innovación. También en el Intra, pero en las antiguas escuelas taller, está previsto habilitar espacio para las empresas, con cargo al plan A, aunque este proyecto está más retrasado. La intención es, no obstante, tenerlo antes de las elecciones. Y todo, bajo el marco de la Milla del Conocimiento, a la que le faltan algunas cosas aún, no obstante, como el comprometido cluster de industrias audiovisuales y el 'film center'.
También de la concejalía de José María Pérez depende el capítulo de «un comercio local moderno y dinámico» recogido en el programa electoral. Aunque en éste no se recogía como tal, muchas de las cuestiones comprometidas se recogieron en el Plan Local de Comercio, 'heredado' del mandato anterior, aprobado en este año y aún pendiente de desarrollo.
Sin cinco estrellas
La última pata de esta concejalía es el turismo, otro de los sectores en los que Gijón ha crecido, y mucho en los últimos años, aunque la situación económica provocara en el último año un estancamiento. Pero lo cierto es que ha crecido la oferta hotelera y hostelera, quizás incluso a un ritmo superior al de visitantes. En estos momentos, el concejo ofrece unas 5.000 plazas de todas las categorías, excepto de cinco estrellas, 'lujo' que se le sigue resistiendo a la ciudad, con dos proyectos paralizados en estos momentos (en la Laboral y en el suelo liberado del plan de vías).
Se ha puesto en marcha el operador turístico virtual, se ofrecen nuevos paquetes turísticos (especialmente relacionados con la gastronomía), y se apoya sobre todo el turismo de reuniones. Quedan pendientes, del programa electoral, la elaboración de un itinerario astronómico y el desarrollo del Plan Director del Recinto Ferial.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100529/gijon/innovar-toda-costa-20100529.html
Como casi siempre y casi con todo, los números también admiten interpretación. Así que en algunas ocasiones el equipo de gobierno ha llegado incluso a decir que se superará esa barrera. La propia alcaldesa afirmó en una ocasión que el nuevo objetivo era alcanzar los 18,5 millones de metros, de los que 9 estarían listos en este mandato. Todo depende de si se incluyen en los cálculos o no los terrenos de El Musel y los que están por llegar en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales, por ejemplo. El desarrollo de estos polémicos 4 millones de metros cuadrados en la parroquia de San Andrés de los Tacones están pendientes de que el Principado adjudique la urbanización del terreno. El polígono de Lloreda, con un millón de metros cuadrados, se ha sumado a la oferta del sector, además de algunos polígonos más pequeños impulsados por la iniciativa privada.
Además, el Ayuntamiento decidió destinar fondos de los planes E y A a la mejora de áreas empresariales y a la construcción de más naves modulares para alquilar, que aún no está en marcha. Espera también Gijón por sus dos parques empresariales y tecnológicos comprometidos, especialmente por el de La Camocha, además del que ocupará el suelo de Naval Gijón y que, al parecer, estará recogido en el nuevo Plan General de Ordenación que ahora se redacta.
Pero, sin duda, el que se ha convertido en estandarte del área en estos años ha sido el Parque Científico y Tecnológico. Con unos 1.500 trabajadores y todo el espacio disponible aprovechado al milímetro (con numerosos problemas de aparcamiento), en este mandato le ha llegado el momento de crecer extramuros. Ya lo está haciendo en los antiguos dormitorios del Intra, espacio que será ocupado en régimen de alquiler por el grupo Intermark, con una previsión de 8 millones de euros a invertir en investigación, desarrollo e innovación. También en el Intra, pero en las antiguas escuelas taller, está previsto habilitar espacio para las empresas, con cargo al plan A, aunque este proyecto está más retrasado. La intención es, no obstante, tenerlo antes de las elecciones. Y todo, bajo el marco de la Milla del Conocimiento, a la que le faltan algunas cosas aún, no obstante, como el comprometido cluster de industrias audiovisuales y el 'film center'.
También de la concejalía de José María Pérez depende el capítulo de «un comercio local moderno y dinámico» recogido en el programa electoral. Aunque en éste no se recogía como tal, muchas de las cuestiones comprometidas se recogieron en el Plan Local de Comercio, 'heredado' del mandato anterior, aprobado en este año y aún pendiente de desarrollo.
Sin cinco estrellas
La última pata de esta concejalía es el turismo, otro de los sectores en los que Gijón ha crecido, y mucho en los últimos años, aunque la situación económica provocara en el último año un estancamiento. Pero lo cierto es que ha crecido la oferta hotelera y hostelera, quizás incluso a un ritmo superior al de visitantes. En estos momentos, el concejo ofrece unas 5.000 plazas de todas las categorías, excepto de cinco estrellas, 'lujo' que se le sigue resistiendo a la ciudad, con dos proyectos paralizados en estos momentos (en la Laboral y en el suelo liberado del plan de vías).
Se ha puesto en marcha el operador turístico virtual, se ofrecen nuevos paquetes turísticos (especialmente relacionados con la gastronomía), y se apoya sobre todo el turismo de reuniones. Quedan pendientes, del programa electoral, la elaboración de un itinerario astronómico y el desarrollo del Plan Director del Recinto Ferial.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100529/gijon/innovar-toda-costa-20100529.html
Una reforma profunda de las cuentas municipales
La crisis obliga al Ayuntamiento a racionalizar sus cuentas y a hacer un ajuste serio entre ingresos y gastos
El Ayuntamiento de Gijón, como el resto de las corporaciones municipales, recibió con gran disgusto el decreto del Gobierno en el que se prohíbe a las administraciones locales solicitar créditos a partir de 2011. Al margen de que el Ejecutivo rectificara después la polémica medida, para que no entrara en vigor de inmediato, sino dentro de siete meses, esta disposición obliga a los ayuntamientos a programar sus cuentas sin realizar operaciones de crédito a largo plazo.
Se trata del primer aviso serio de recorte de gasto que ha llegado a los municipios, tal y como ha sucedido también en los tres grandes capítulos de gasto del Estado: pensiones, personal e inversiones.
No obstante, ni las corporaciones locales son las que más contribuyen al déficit de las cuentas públicas, ni el Ayuntamiento de Gijón ha abusado del endeudamiento que le permitía la ley. Pero esto no evita los evidentes peligros que se ciernen sobre las cuentas municipales, las cuales siempre han estado pendientes de una reforma de la financiación de las entidades locales que, después de 35 años de democracia, todavía no se ha producido.
El desolador panorama económico dibujado por la crisis no debería ser la excusa para posponer dicha reforma, sino para abordarla con mayor brío durante los próximos años. La recuperación de España será lenta, según todos los indicadores, y ello recomienda ir realizando importantes reformas de base, empezando por los ayuntamientos.
Por ejemplo, en España se viene asociando desde hace medio siglo el urbanismo con los ingresos municipales. Es decir, buena parte de la recaudación de un Ayuntamiento procede del ICIO, impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, pero la actividad constructiva ha dado señales de agotamiento y nada indica que vuelva a ser una importante fuente de ingresos municipales. ¿Qué puede sustituirla? Resolver esta cuestión es un elemento clave de la reforma. Otra parte de los ingresos municipales procede de otros impuestos y tasas propias o de los cedidos por el Estado y la comunidad autónoma. El reparto de la tarta fiscal siempre ha sido discutido y los ayuntamientos se quejan de que ofrecen muchos más servicios a los ciudadanos que los que les permite el dinero que ingresan o reciben.
Esta queja puede reflejar una situación real, pero la sorpresa llega cuando hay solapamiento o duplicidad de competencias. Por poner dos ejemplos, tanto los servicios sociales como la promoción turística son competencias de las autonomías, pero el Ayuntamiento de Gijón, sin ir más lejos, dedica cuantiosos recursos a ambas parcelas. El ajuste de estas disfunciones debería de ser otro de los puntos a discutir en la citada reforma.
La crisis está obligando a las administraciones a una racionalización y a un efectivo ajuste entre gastos e ingresos. Es decir, el Ayuntamiento o bien sube sus impuestos propios, tasas y precios públicos, o bien rebaja los gastos. Se han llevado a cabo gestos simbólicos como la reducción de nóminas de la Alcaldía y los concejales, pero el ajuste ha de ser mucho más profundo y ha de afectar a todos los niveles y los servicios del Ayuntamiento, primando el gasto social por encima de otros más prescindibles. Esta actuación es ahora mismo la más urgente, pero sin olvidar que la tarea fundamental ha de ser la reforma profunda de la financiación de los ayuntamientos.
http://www.lne.es/opinion/2010/05/29/reforma-profunda-cuentas-municipales/922135.html
El Ayuntamiento de Gijón, como el resto de las corporaciones municipales, recibió con gran disgusto el decreto del Gobierno en el que se prohíbe a las administraciones locales solicitar créditos a partir de 2011. Al margen de que el Ejecutivo rectificara después la polémica medida, para que no entrara en vigor de inmediato, sino dentro de siete meses, esta disposición obliga a los ayuntamientos a programar sus cuentas sin realizar operaciones de crédito a largo plazo.
Se trata del primer aviso serio de recorte de gasto que ha llegado a los municipios, tal y como ha sucedido también en los tres grandes capítulos de gasto del Estado: pensiones, personal e inversiones.
No obstante, ni las corporaciones locales son las que más contribuyen al déficit de las cuentas públicas, ni el Ayuntamiento de Gijón ha abusado del endeudamiento que le permitía la ley. Pero esto no evita los evidentes peligros que se ciernen sobre las cuentas municipales, las cuales siempre han estado pendientes de una reforma de la financiación de las entidades locales que, después de 35 años de democracia, todavía no se ha producido.
El desolador panorama económico dibujado por la crisis no debería ser la excusa para posponer dicha reforma, sino para abordarla con mayor brío durante los próximos años. La recuperación de España será lenta, según todos los indicadores, y ello recomienda ir realizando importantes reformas de base, empezando por los ayuntamientos.
Por ejemplo, en España se viene asociando desde hace medio siglo el urbanismo con los ingresos municipales. Es decir, buena parte de la recaudación de un Ayuntamiento procede del ICIO, impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, pero la actividad constructiva ha dado señales de agotamiento y nada indica que vuelva a ser una importante fuente de ingresos municipales. ¿Qué puede sustituirla? Resolver esta cuestión es un elemento clave de la reforma. Otra parte de los ingresos municipales procede de otros impuestos y tasas propias o de los cedidos por el Estado y la comunidad autónoma. El reparto de la tarta fiscal siempre ha sido discutido y los ayuntamientos se quejan de que ofrecen muchos más servicios a los ciudadanos que los que les permite el dinero que ingresan o reciben.
Esta queja puede reflejar una situación real, pero la sorpresa llega cuando hay solapamiento o duplicidad de competencias. Por poner dos ejemplos, tanto los servicios sociales como la promoción turística son competencias de las autonomías, pero el Ayuntamiento de Gijón, sin ir más lejos, dedica cuantiosos recursos a ambas parcelas. El ajuste de estas disfunciones debería de ser otro de los puntos a discutir en la citada reforma.
La crisis está obligando a las administraciones a una racionalización y a un efectivo ajuste entre gastos e ingresos. Es decir, el Ayuntamiento o bien sube sus impuestos propios, tasas y precios públicos, o bien rebaja los gastos. Se han llevado a cabo gestos simbólicos como la reducción de nóminas de la Alcaldía y los concejales, pero el ajuste ha de ser mucho más profundo y ha de afectar a todos los niveles y los servicios del Ayuntamiento, primando el gasto social por encima de otros más prescindibles. Esta actuación es ahora mismo la más urgente, pero sin olvidar que la tarea fundamental ha de ser la reforma profunda de la financiación de los ayuntamientos.
http://www.lne.es/opinion/2010/05/29/reforma-profunda-cuentas-municipales/922135.html
Resulta alarmante la sospecha de los arquitectos de Asturias sobre la legalidad del proceso para la construcción del edificio del campus
28 de mayo de 2010
En relación al recurso de reposición interpuesto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias por el que se solicita la suspensión de la convocatoria para la redacción y ejecución del proyecto del edificio de servicios científico-técnicos del campus. Unión Progreso y Democracia en Gijón quiere hacer constar la relevancia de este hecho, por cuanto quienes ponen bajo sospecha la actuación del equipo de gobierno local son los técnicos que mejor conocen los trámites administrativos y los tiempos que han de seguirse para la contratación de obra pública. Alejados de cualquier interés partidista, son los arquitectos los que denuncian la falta de transparencia del proceso de elaboración y ejecución del proyecto, considerándolo “aberrante desde el punto de vista técnico y lógico”.
Para UPyD se acumulan los casos en los que las administraciones públicas actúan bajo criterios dudosamente legales, ocultando información y obviando los principios de objetividad, igualdad, no discriminación y libre competencia. Todo ello, en opinión de Armando Fernández Bartolomé, coordinador de UPyD en Gijón, “hace más necesaria que nunca la regeneración democrática de las instituciones, las cuales, han de velar por el interés general cumpliendo la legalidad. Es muy triste que haya que recordar esto pero, por lo que se ve, no forma parte del ADN de una clase política que parece haber tomado al asalto las instituciones haciendo de su capa un sayo, despreciando los principios básicos que han de regir una democracia moderna, alejada de arbitrariedades como las que casi a diario tenemos que sufrir los ciudadanos”.
En relación al recurso de reposición interpuesto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias por el que se solicita la suspensión de la convocatoria para la redacción y ejecución del proyecto del edificio de servicios científico-técnicos del campus. Unión Progreso y Democracia en Gijón quiere hacer constar la relevancia de este hecho, por cuanto quienes ponen bajo sospecha la actuación del equipo de gobierno local son los técnicos que mejor conocen los trámites administrativos y los tiempos que han de seguirse para la contratación de obra pública. Alejados de cualquier interés partidista, son los arquitectos los que denuncian la falta de transparencia del proceso de elaboración y ejecución del proyecto, considerándolo “aberrante desde el punto de vista técnico y lógico”.
Para UPyD se acumulan los casos en los que las administraciones públicas actúan bajo criterios dudosamente legales, ocultando información y obviando los principios de objetividad, igualdad, no discriminación y libre competencia. Todo ello, en opinión de Armando Fernández Bartolomé, coordinador de UPyD en Gijón, “hace más necesaria que nunca la regeneración democrática de las instituciones, las cuales, han de velar por el interés general cumpliendo la legalidad. Es muy triste que haya que recordar esto pero, por lo que se ve, no forma parte del ADN de una clase política que parece haber tomado al asalto las instituciones haciendo de su capa un sayo, despreciando los principios básicos que han de regir una democracia moderna, alejada de arbitrariedades como las que casi a diario tenemos que sufrir los ciudadanos”.
jueves, 27 de mayo de 2010
Nación cultural y Nación política. El manifiesto catalán de los 64.
Javier Reig
27 de mayo de 2010
Tras la lectura de los primeros párrafos del manifiesto “El dilema español” (http://estaticos.elmundo.es/documentos/2010/05/21/dilema.pdf), recientemente firmado por más de sesenta articulistas catalanes, no he podido evitar el recordar como Hobbes en su “Leviatán” define la locura como la imaginación desenfrenada.
La adaptación que hace de la Historia el encabezamiento del referido manifiesto, nos indica con precisión cuál es el marco conceptual en el que nos quieren ubicar sus autores, pues sitúa a Cataluña en el centro de un particular e interesado sistema ptolemaico, urdiendo una artificiosa Historia donde la Nación Catalana lucha en pié de igualdad contra España y Francia. Se trata de recorrer la antigua senda que conduce a la moderna nación política como resultado de la transformación de un inexistente y remoto estado feudal catalán. Una iracunda búsqueda de la forzada singularidad colectiva capaz de subrayar la necesaria y anhelada separación entre el “nosotros” y “los otros”.
Desde el punto de vista politológico es interesante comentar las distintas afirmaciones del escrito, expresadas con una contundencia más cercana a la teleología que a la realidad:
Estoy totalmente de acuerdo en el drama que supuso la imposición de la dictadura autocrática del general Franco durante más de cuarenta años, pero sin particularizaciones ni deformaciones interesadas de la realidad, que limiten a Cataluña como única e injusta víctima. Como si el resto de los españoles hubiéramos sido ajenos a dicha situación.
Descartada la línea argumental de la Nación étnica, por motivos obvios, los firmantes introducen los conocidos fundamentos de la Nación cultural, de los cuales, el primero y más elemental es el lingüístico. La torticera denominación “normalización lingüística”, nada tiene que ver con esa “plena igualdad del catalán y del castellano en cuanto a los derechos y deberes de los ciudadanos que viven en Cataluña" a que hace referencia el texto, sino que, muy al contrario, tiene que ver con la exclusión del castellano del espacio público, con la discriminación de aquellos ciudadanos que quieren elegir la lengua en la que se educan sus hijos, y la de quienes no pueden acceder a cargos públicos en la administración, es decir, “normalización lingüística” tiene que ver con la conculcación de los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos.
Una vez establecida la Nación Cultural, el siguiente paso es la argumentación y conquista de la Nación Política. Y para ello, nada mejor que sacar a relucir los supuestos derechos históricos de Cataluña, herederos del “hecho diferencial”, término acuñado por la literatura catalanista de la restauración, un manido y hueco aserto cuyo fin primero y último es la expresión de una idea lata de privilegio y superioridad, absolutamente contraria al espíritu democrático de cualquier sociedad moderna. Esos privilegios a los que hacen mención tienen que ver con rancias regalías, arcaicas prerrogativas y trasnochados fueros medievales, que nos retrotraen al absolutismo del siglo XVIII y que, afortunadamente, nada tienen que ver con nuestra sociedad actual.
Ahora vamos con las medias verdades. Si bien es cierto que el Estatuto de autonomía de Cataluña del año 1979 fue aprobado holgadamente por referéndum, no es menos cierto que el nuevo Estatuto –radicalmente distinto de aquel- tan sólo fue votado por el 36% del posible electorado, y que no acudieron a votar ni siquiera la mitad de los electores, pese a la argumentación del gran clamor ciudadano existente sobre la urgencia de la reforma estatutaria. Demostrándose de manera amplia que no fueron los ciudadanos quienes impulsaron el nuevo estatuto, sino exclusivamente los partidos políticos catalanes.
Por otra parte, calificar como “proyecto político” a España, que es el Estado más antiguo de Europa, es no sólo una muestra de indigencia cultural sino que en todo caso es un nuevo intento de rectificar la Historia de manera interesada y de establecer la supremacía de una supuesta fuerza natural (nación cultural) que prevalece sobre el valor de la libertad individual.
“España corre el serio peligro de querer cerrar judicialmente un contencioso que solo puede abordarse, gestionarse y resolverse en términos políticos y con vocación de futuro”: Este intento de desligar lo judicial de lo político no es sino un exponente de la falta de criterio democrático de los firmantes, que desvinculan la Democracia de la necesaria división de poderes, un elemento imprescindible en todo Estado de Derecho. Un sistema democrático, para ser realmente democrático y por ende legítimo, ha de contemplar no sólo el pacto político y las urnas, sino la legalidad y el respeto por las instituciones y la Constitución, del cual el Tribunal Constitucional es el legítimo garante. Si no se contemplara dicho respeto jurídico-constitucional, serían los partidos los que decidirían, sin límites, con sus pactos sobre la vida de los ciudadanos españoles, desdibujando el Estado de Derecho y socavando las bases de la propia Democracia.
Pese a que el manifiesto incide en la necesidad de una evolución federal del estado autonómico, el cual se sitúa en lo relativo al autogobierno muy por encima de muchos modelos federales, sin embargo lo que realmente está definiendo y demandando es un modelo claramente confederal, compuesto por autonomías jurídicamente desiguales, o lo que es lo mismo, un modelo en donde se institucionalicen los privilegios de unas personas sobre otras, por el mero hecho de vivir en un sitio u otro, lo que tiene poco que ver con el sistema federal entendido como un pacto entre iguales.
En cuanto a que “los pactos deben ser respetados, especialmente cuando tienen, además, la legitimidad democrática de los ciudadanos”, he de decir que la Democracia para que sea legítima no sólo consiste en votar y elegir, sino que tiene que ver con el respeto a las instituciones, con la separación de poderes, con el ordenamiento jurídico y constitucional, con la institucionalización de los procesos políticos, con la equidad (leyes iguales para todos y todos iguales para las leyes), y con la erradicación, en definitiva, de privilegios históricos o de cualquier otra índole. Si la Democracia está sometida, tal como se dice en el manifiesto, exclusivamente a los pactos políticos de las mayorías parlamentarias, entonces deja de existir la democracia, permaneciendo tan solo quien manda y quien obedece.
Y por fin llegamos a la culminación argumental del manifiesto: “si las aspiraciones de reconocimiento y de autogobierno nacional de los catalanes no caben en la Constitución sólo quedan dos salidas posibles: o los catalanes renuncian a sus aspiraciones o renuncian a la Constitución": Una frase construida sobre la ambigüedad y la amenaza, a partes iguales. Finalmente averiguamos cuales son los verdaderas intenciones de los firmantes.
No importa la constitucionalidad del Estatuto, ni siquiera la Democracia, solo importa la nación política catalana, entendida exclusivamente como la praxis depredadora de los partidos nacionalistas y sus aventajados imitadores.
Más allá del mundo irreal que nos plantea el texto, lo realmente cierto, es que la consolidación definitiva del estado autonómico será imposible si está permanentemente sometida a la tensión que supone la reivindicación sistemática de mayores facultades de autogobierno. En permanente choque tanto con la letra de la Constitución y de su legislación de desarrollo, como con el espíritu de la norma y sobre todo, forzando los límites de las posibilidades reales del Estado español y su ordenamiento constitucional, asentado en la unidad, la libertad, y la igualdad de todos los españoles.
27 de mayo de 2010
Tras la lectura de los primeros párrafos del manifiesto “El dilema español” (http://estaticos.elmundo.es/documentos/2010/05/21/dilema.pdf), recientemente firmado por más de sesenta articulistas catalanes, no he podido evitar el recordar como Hobbes en su “Leviatán” define la locura como la imaginación desenfrenada.
La adaptación que hace de la Historia el encabezamiento del referido manifiesto, nos indica con precisión cuál es el marco conceptual en el que nos quieren ubicar sus autores, pues sitúa a Cataluña en el centro de un particular e interesado sistema ptolemaico, urdiendo una artificiosa Historia donde la Nación Catalana lucha en pié de igualdad contra España y Francia. Se trata de recorrer la antigua senda que conduce a la moderna nación política como resultado de la transformación de un inexistente y remoto estado feudal catalán. Una iracunda búsqueda de la forzada singularidad colectiva capaz de subrayar la necesaria y anhelada separación entre el “nosotros” y “los otros”.
Desde el punto de vista politológico es interesante comentar las distintas afirmaciones del escrito, expresadas con una contundencia más cercana a la teleología que a la realidad:
Estoy totalmente de acuerdo en el drama que supuso la imposición de la dictadura autocrática del general Franco durante más de cuarenta años, pero sin particularizaciones ni deformaciones interesadas de la realidad, que limiten a Cataluña como única e injusta víctima. Como si el resto de los españoles hubiéramos sido ajenos a dicha situación.
Descartada la línea argumental de la Nación étnica, por motivos obvios, los firmantes introducen los conocidos fundamentos de la Nación cultural, de los cuales, el primero y más elemental es el lingüístico. La torticera denominación “normalización lingüística”, nada tiene que ver con esa “plena igualdad del catalán y del castellano en cuanto a los derechos y deberes de los ciudadanos que viven en Cataluña" a que hace referencia el texto, sino que, muy al contrario, tiene que ver con la exclusión del castellano del espacio público, con la discriminación de aquellos ciudadanos que quieren elegir la lengua en la que se educan sus hijos, y la de quienes no pueden acceder a cargos públicos en la administración, es decir, “normalización lingüística” tiene que ver con la conculcación de los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos.
Una vez establecida la Nación Cultural, el siguiente paso es la argumentación y conquista de la Nación Política. Y para ello, nada mejor que sacar a relucir los supuestos derechos históricos de Cataluña, herederos del “hecho diferencial”, término acuñado por la literatura catalanista de la restauración, un manido y hueco aserto cuyo fin primero y último es la expresión de una idea lata de privilegio y superioridad, absolutamente contraria al espíritu democrático de cualquier sociedad moderna. Esos privilegios a los que hacen mención tienen que ver con rancias regalías, arcaicas prerrogativas y trasnochados fueros medievales, que nos retrotraen al absolutismo del siglo XVIII y que, afortunadamente, nada tienen que ver con nuestra sociedad actual.
Ahora vamos con las medias verdades. Si bien es cierto que el Estatuto de autonomía de Cataluña del año 1979 fue aprobado holgadamente por referéndum, no es menos cierto que el nuevo Estatuto –radicalmente distinto de aquel- tan sólo fue votado por el 36% del posible electorado, y que no acudieron a votar ni siquiera la mitad de los electores, pese a la argumentación del gran clamor ciudadano existente sobre la urgencia de la reforma estatutaria. Demostrándose de manera amplia que no fueron los ciudadanos quienes impulsaron el nuevo estatuto, sino exclusivamente los partidos políticos catalanes.
Por otra parte, calificar como “proyecto político” a España, que es el Estado más antiguo de Europa, es no sólo una muestra de indigencia cultural sino que en todo caso es un nuevo intento de rectificar la Historia de manera interesada y de establecer la supremacía de una supuesta fuerza natural (nación cultural) que prevalece sobre el valor de la libertad individual.
“España corre el serio peligro de querer cerrar judicialmente un contencioso que solo puede abordarse, gestionarse y resolverse en términos políticos y con vocación de futuro”: Este intento de desligar lo judicial de lo político no es sino un exponente de la falta de criterio democrático de los firmantes, que desvinculan la Democracia de la necesaria división de poderes, un elemento imprescindible en todo Estado de Derecho. Un sistema democrático, para ser realmente democrático y por ende legítimo, ha de contemplar no sólo el pacto político y las urnas, sino la legalidad y el respeto por las instituciones y la Constitución, del cual el Tribunal Constitucional es el legítimo garante. Si no se contemplara dicho respeto jurídico-constitucional, serían los partidos los que decidirían, sin límites, con sus pactos sobre la vida de los ciudadanos españoles, desdibujando el Estado de Derecho y socavando las bases de la propia Democracia.
Pese a que el manifiesto incide en la necesidad de una evolución federal del estado autonómico, el cual se sitúa en lo relativo al autogobierno muy por encima de muchos modelos federales, sin embargo lo que realmente está definiendo y demandando es un modelo claramente confederal, compuesto por autonomías jurídicamente desiguales, o lo que es lo mismo, un modelo en donde se institucionalicen los privilegios de unas personas sobre otras, por el mero hecho de vivir en un sitio u otro, lo que tiene poco que ver con el sistema federal entendido como un pacto entre iguales.
En cuanto a que “los pactos deben ser respetados, especialmente cuando tienen, además, la legitimidad democrática de los ciudadanos”, he de decir que la Democracia para que sea legítima no sólo consiste en votar y elegir, sino que tiene que ver con el respeto a las instituciones, con la separación de poderes, con el ordenamiento jurídico y constitucional, con la institucionalización de los procesos políticos, con la equidad (leyes iguales para todos y todos iguales para las leyes), y con la erradicación, en definitiva, de privilegios históricos o de cualquier otra índole. Si la Democracia está sometida, tal como se dice en el manifiesto, exclusivamente a los pactos políticos de las mayorías parlamentarias, entonces deja de existir la democracia, permaneciendo tan solo quien manda y quien obedece.
Y por fin llegamos a la culminación argumental del manifiesto: “si las aspiraciones de reconocimiento y de autogobierno nacional de los catalanes no caben en la Constitución sólo quedan dos salidas posibles: o los catalanes renuncian a sus aspiraciones o renuncian a la Constitución": Una frase construida sobre la ambigüedad y la amenaza, a partes iguales. Finalmente averiguamos cuales son los verdaderas intenciones de los firmantes.
No importa la constitucionalidad del Estatuto, ni siquiera la Democracia, solo importa la nación política catalana, entendida exclusivamente como la praxis depredadora de los partidos nacionalistas y sus aventajados imitadores.
Más allá del mundo irreal que nos plantea el texto, lo realmente cierto, es que la consolidación definitiva del estado autonómico será imposible si está permanentemente sometida a la tensión que supone la reivindicación sistemática de mayores facultades de autogobierno. En permanente choque tanto con la letra de la Constitución y de su legislación de desarrollo, como con el espíritu de la norma y sobre todo, forzando los límites de las posibilidades reales del Estado español y su ordenamiento constitucional, asentado en la unidad, la libertad, y la igualdad de todos los españoles.
Los alcaldes no se contentan y presionan para que Zapatero les permita endeudarse
Los alcaldes no se conforman con los cambios introducidos por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en el decreto de restricción del crédito a los ayuntamientos. No les basta el aplazamiento a 2011 del comienzo de esta veda crediticia. Quieren otra rectificación de Zapatero. Los ayuntamientos aspiran a que se les permita contraer deuda el próximo año para acabar las obras plurianuales y garantizar las cofinanciadas con fondos autonómicos, estatales y europeos. No quieren pasarse en blanco el año electoral.
Esta exigencia la han puesto encima de la mesa incluso barones locales de su mismo partido, como la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Otro destacado alcalde socialista, el de Zaragoza, ministro en tiempos de Felipe González, Juan Alberto Belloch, además de asegurar que la rectificación de Zapatero es «insuficiente», anunció que ha dado orden a sus servicios jurídicos para estudiar si puede ser inconstitucionalildad y recurrirlo. Un extremo que también estudia el Gobierno valenciano (PP).
Paz Fernández Felgueroso, que es una de las vocales más activas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), adelantó que el organismo va a plantear al Gobierno que incluya dos excepciones a la restricción del endeudamiento local: «Que se permita contraer deuda para aquellas obras que tienen cofinanciación de otras administraciones públicas o fondos europeos, y para aquellas que se empiecen este año pero que parte de ellas se paguen en 2011». En este caso, el de los denominados proyectos plurianuales, la restricción del endeudamiento podría suponer «que se dejaran de pagar las obras a las empresas que las han ejecutado».
Felgueroso, que fue una de las alcaldesas socialistas que intervino ante el Gobierno central el pasado lunes después de conocerse por el BOE que la prohibición para endeudarse entraba en vigor inmediatamente, también apuntó que las restricciones no implicarán necesariamente que no se vayan a ejecutar inversiones. «El año que viene habrá municipios que podrían hacer inversiones, pero con recursos propios, sin recurrir a deuda». Y aseguró que le parece «difícil» que, como piden muchos alcaldes, por ejemplo Jordi Hereu (Barcelona, PSOE), la restricción no sea igual para aquellos ayuntamientos que han controlado el déficit que para los que han disparado su deuda.
Sí dejó claro que «no parece que el "café para todos" sea la solución más justa», en el sentido de que «hay ayuntamientos que han sobrepasado el límite legal de endeudamiento, mientras que hay otros que no lo han hecho y que podrían, por lo tanto, estar en mejor posición para contratar créditos». Además, descartó que vaya a producirse una avalancha de solicitud de créditos por parte de los municipios, «porque hay que tener las autorizaciones pertinentes», y añadió que «este tipo de créditos los autorizan las comunidades autónomas y sencillamente no serían autorizados y, por lo tanto, las entidades de crédito no los suscribirían». Felgueroso sentenció que «la situación está complicada para todos, para los municipios, para las comunidades autónomas y para el Estado». Por su parte, Pedro Castro, presidente de la FEMP y alcalde socialista de Getafe, aseguró que ha llegado la hora en la que los ayuntamientos tienen que «priorizar entre hacer calles o políticas sociales».
Por su parte, el alcalde de Grado, Antonio Rey (PP), aseveró que si Zapatero no cede a la solicitud de la FEMP de ampliar su rectificación a las obras cofinanciadas y plurianuales «muchos concejos se irán a la ruina. ¿Vamos a tener que renunciar a las subvenciones de fuera y dejar a los municipios sin esas obras?». Rey lanzó un mensaje a Zapatero: «No entiendo si esta medida es legal porque la Constitución nos permite un endeudamiento del 110%, para eso tenemos a los interventores, que son quienes nos dicen hasta dónde podemos llegar. Tienen que darnos libertad de maniobra». El alcalde moscón advirtió de que «pueden aparecer problemas para pagar a proveedores o al personal del Ayuntamiento. Aunque tengamos solvencia económica, nadie está libre de tener que hacer frente a un pago por una catástrofe».
Y no más optimista se mostraba el alcalde socialista de Castropol, José Ángel Pérez. «Los ayuntamientos vivimos en la escasez más absoluta y lo cierto es que las medidas del Gobierno no nos ayudan. Hay que echar números y ver con detenimiento hasta dónde podemos llegar o si tenemos que hacer recortes de personal. Esperamos que no». Y aseguró que la «ley de financiación local es la necesidad más acuciante que tenemos. Somos quienes damos los servicios a los ciudadanos».
http://www.lne.es/asturias/2010/05/27/alcaldes-contentan-presionan-zapatero-les-permita-endeudarse/921031.html
Esta exigencia la han puesto encima de la mesa incluso barones locales de su mismo partido, como la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Otro destacado alcalde socialista, el de Zaragoza, ministro en tiempos de Felipe González, Juan Alberto Belloch, además de asegurar que la rectificación de Zapatero es «insuficiente», anunció que ha dado orden a sus servicios jurídicos para estudiar si puede ser inconstitucionalildad y recurrirlo. Un extremo que también estudia el Gobierno valenciano (PP).
Paz Fernández Felgueroso, que es una de las vocales más activas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), adelantó que el organismo va a plantear al Gobierno que incluya dos excepciones a la restricción del endeudamiento local: «Que se permita contraer deuda para aquellas obras que tienen cofinanciación de otras administraciones públicas o fondos europeos, y para aquellas que se empiecen este año pero que parte de ellas se paguen en 2011». En este caso, el de los denominados proyectos plurianuales, la restricción del endeudamiento podría suponer «que se dejaran de pagar las obras a las empresas que las han ejecutado».
Felgueroso, que fue una de las alcaldesas socialistas que intervino ante el Gobierno central el pasado lunes después de conocerse por el BOE que la prohibición para endeudarse entraba en vigor inmediatamente, también apuntó que las restricciones no implicarán necesariamente que no se vayan a ejecutar inversiones. «El año que viene habrá municipios que podrían hacer inversiones, pero con recursos propios, sin recurrir a deuda». Y aseguró que le parece «difícil» que, como piden muchos alcaldes, por ejemplo Jordi Hereu (Barcelona, PSOE), la restricción no sea igual para aquellos ayuntamientos que han controlado el déficit que para los que han disparado su deuda.
Sí dejó claro que «no parece que el "café para todos" sea la solución más justa», en el sentido de que «hay ayuntamientos que han sobrepasado el límite legal de endeudamiento, mientras que hay otros que no lo han hecho y que podrían, por lo tanto, estar en mejor posición para contratar créditos». Además, descartó que vaya a producirse una avalancha de solicitud de créditos por parte de los municipios, «porque hay que tener las autorizaciones pertinentes», y añadió que «este tipo de créditos los autorizan las comunidades autónomas y sencillamente no serían autorizados y, por lo tanto, las entidades de crédito no los suscribirían». Felgueroso sentenció que «la situación está complicada para todos, para los municipios, para las comunidades autónomas y para el Estado». Por su parte, Pedro Castro, presidente de la FEMP y alcalde socialista de Getafe, aseguró que ha llegado la hora en la que los ayuntamientos tienen que «priorizar entre hacer calles o políticas sociales».
Por su parte, el alcalde de Grado, Antonio Rey (PP), aseveró que si Zapatero no cede a la solicitud de la FEMP de ampliar su rectificación a las obras cofinanciadas y plurianuales «muchos concejos se irán a la ruina. ¿Vamos a tener que renunciar a las subvenciones de fuera y dejar a los municipios sin esas obras?». Rey lanzó un mensaje a Zapatero: «No entiendo si esta medida es legal porque la Constitución nos permite un endeudamiento del 110%, para eso tenemos a los interventores, que son quienes nos dicen hasta dónde podemos llegar. Tienen que darnos libertad de maniobra». El alcalde moscón advirtió de que «pueden aparecer problemas para pagar a proveedores o al personal del Ayuntamiento. Aunque tengamos solvencia económica, nadie está libre de tener que hacer frente a un pago por una catástrofe».
Y no más optimista se mostraba el alcalde socialista de Castropol, José Ángel Pérez. «Los ayuntamientos vivimos en la escasez más absoluta y lo cierto es que las medidas del Gobierno no nos ayudan. Hay que echar números y ver con detenimiento hasta dónde podemos llegar o si tenemos que hacer recortes de personal. Esperamos que no». Y aseguró que la «ley de financiación local es la necesidad más acuciante que tenemos. Somos quienes damos los servicios a los ciudadanos».
http://www.lne.es/asturias/2010/05/27/alcaldes-contentan-presionan-zapatero-les-permita-endeudarse/921031.html
El recorte salarial de los ediles permite al Ayuntamiento ahorrar 100.000 euros al año
Cien mil euros anuales ahorrará el Ayuntamiento de Gijón con la rebaja en los sueldos de sus políticos que ha impuesto el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su paquete de medidas de ajuste del gasto público, y cuenta con la recomendación de la comisión ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias. La Junta de Gobierno -integrada por los ediles del PSOE e IU y presidida por la socialista Paz Fernández Felgueroso- aprobaba en su reunión de ayer una rebaja del 9 por ciento en el salario de la Alcaldesa y del 8 por ciento en el sueldo de los concejales con dedicación exclusiva y en las dietas por asistencia a Pleno, comisiones de Pleno, juntas de portavoces y gobierno y juntas rectoras de los organismos autónomos del Ayuntamiento que cobran el resto de los ediles. También se rebaja en un 8 por ciento la asignación mensual que recibe cada grupo político para el desarrollo de su actividad municipal. Esta decisión será refrendada en el Pleno del próximo mes de junio.
Ello supone que el sueldo de Paz Fernández Felgueroso pasa a ser de 64.823,61 euros al año (en bruto) y los concejales liberados cobrarán tras la rebaja 51.952,38 euros. Una reducción anual de 6.411,13 euros para la regidora y de 4.517,60 euros para sus concejales. La condición de liberados la tienen todos los concejales que conforman el equipo de gobierno -doce del PSOE y dos de Izquierda Unida- y cuatro ediles del PP, que son Luis Crego, Manuel Pecharromán, Francisco Rodríguez Cubiella y María Teresa Menéndez. El resto de los integrantes del grupo municipal de la oposición cobra dietas, entre ellos se encuentran la diputada nacional Pilar Fernández Pardo y la senadora Dorinda García. Al inicio de este mandato se había fijado la cantidad de 300 euros por asistencia a Pleno y de 150 euros por asistir a las juntas o comisiones de trabajo. La rebaja del 8 por ciento deja estas asignaciones a partir de junio en 276 y 138 euros, respectivamente.
El ahorro que se puede conseguir en ese apartado es difícil de cuantificar ya que depende del número de sesiones de trabajo que se convoquen. Un ejemplo. La normalidad establece que se desarrolle un Pleno al mes; sin embargo, el próximo julio ya existe la previsión de celebrar tres sesiones plenarias: una ordinaria y dos extraordinarias para debatir, en un caso, el estado del municipio y, en otro, la aprobación inicial del Plan General de Ordenación. Las reuniones de comisiones de trabajo también son variables, aunque suele haber una diaria.
En cuanto a las reducciones en los salarios del personal directivo se aplicarán los porcentajes marcados por el Gobierno central según sus diferentes categorías y retribuciones. También se rebaja un 8 por ciento la asignación de 3.423 euros que recibe al mes cada grupo municipal. Ese dinero llega a los tres partidos con presencia en el Ayuntamiento para cubrir la actividad de sus grupos, con despachos donde trabaja una secretaria -dos en el caso del PP, pero repartiéndose el salario- y donde hay dos personas realizando labores de asesoramiento.
El ingreso por multas de tráfico asciende a 5,9 millones, un 56% más de lo previsto
El Ayuntamiento de Gijón ingresó a lo largo del año pasado un total de 5.950.000 euros por multas de tráfico y seguridad vial. Esa cifra final supone un incremento del 56% con respecto a los 3.800.000 euros que se habían presupuestado al elaborar las cuentas municipales para 2009. El edil popular Pablo González ofreció ayer estas cifras como un ejemplo de la presión económica a la que somete el gobierno local a los gijoneses para afrontar la situación de crisis general. «El gobierno está exprimiendo la gallina de los huevos de oro que es el bolsillo de los ciudadanos, y los gijoneses ya no pueden más», indicó el edil, que ironizó con un «los nuevos radares están bien amortizados».
Pero no es la única partida vinculada al apartado de las sanciones que se ha multiplicado al dar el salto de la previsión teórica a la realidad de las cuentas finales. González, que participó ayer en la reunión de la Comisión especial de Cuentas, donde el equipo de gobierno presentó la liquidación del presupuesto del año anterior, aseguró en una comparecencia pública posterior que se había incrementado un 126% la recaudación por infracciones de leyes y ordenanzas y un 380% el ingreso por intereses de demora. En el primer caso se había presupuestado 445.000 euros y se ingresaron 1.070.707 y, en el segundo; el salto fue de 400.000 a 2.330.000 euros. Ese aumento de los pagos fuera de plazo es considerado por el concejal popular un ejemplo de la mala situación económica de las familias gijonesas, que no pueden afrontar sus facturas en tiempo y forma. «Éste es un claro indicador de que los gijoneses no pueden más. ¿Y qué pasará en los próximos años, cuando se triplique el IBI?», se preguntó el concejal.
El concejal de Hacienda, Santiago Martínez Argüelles, sólo tardó unas horas en salir al paso de las declaraciones de González, al que acusa de «hacer gala nuevamente de su habitual demagogia con la intención de confundir a los ciudadanos». El edil socialista no desmiente los datos relativos a las sanciones de tráfico, aunque sí hace frente a las consideraciones políticas del PP sobre una presión gubernamental para conseguir más ingresos por esta vía de recaudación al recordar que es un sistema automatizado y vincular el aumento al hecho de que los nuevos radares, que sólo estuvieron en funcionamiento medio año en 2008, se mantuvieron operativos durante todo 2009.
Más contundente es el concejal de gobierno al rechazar que los gijoneses hayan pagado 2,3 millones por intereses de demora. «Ese dinero en absoluto ha salido del bolsillo de los gijoneses, fueron satisfechos por Hacienda por el pago del IVA a Emulsa incorrectamente ingresado por Hacienda durante varios años y devueltos al Ayuntamiento en 2009 tras ganar un pleito», sentenció.
El análisis de la liquidación de las cuentas de 2009 también sirvió al concejal de la oposición para reafirmarse en la exigencia de su grupo de reducir el número, y con ello el coste, de las empresas municipales. Según los datos facilitados por González, estas sociedades recibieron del presupuesto del Ayuntamiento un total de 45.258.000 euros. Una cantidad a la que hay que sumar los 47.905.000 euros que generaron como recursos propios estas empresas. Ello supone que esa red municipal movilizó a lo largo de 2009 un total de 93.153.000 euros. «Hay que reflexionar sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por esta estructura municipal, porque nosotros estamos convencidos de que se puede hacer lo mismo con menos recursos», indicó el edil. De hecho, González presentaba esta misma semana una iniciativa del PP en favor de una reestructuración de la red de empresas, para que sólo continuasen las de aguas, limpiezas, autobuses y vivienda. Las demás se fusionarían o desaparecerían, para ser asumidas sus funciones por servicios del Ayuntamiento.
Pablo González se mostró también reticente a dar su beneplácito al saldo positivo con que el gobierno local liquidó las cuentas del año 2009. El cómputo final dio un resultado positivo de siete millones de euros.
http://www.lne.es/gijon/2010/05/27/ingreso-multas-trafico-asciende-59-millones-56-previsto/920906.html
Pero no es la única partida vinculada al apartado de las sanciones que se ha multiplicado al dar el salto de la previsión teórica a la realidad de las cuentas finales. González, que participó ayer en la reunión de la Comisión especial de Cuentas, donde el equipo de gobierno presentó la liquidación del presupuesto del año anterior, aseguró en una comparecencia pública posterior que se había incrementado un 126% la recaudación por infracciones de leyes y ordenanzas y un 380% el ingreso por intereses de demora. En el primer caso se había presupuestado 445.000 euros y se ingresaron 1.070.707 y, en el segundo; el salto fue de 400.000 a 2.330.000 euros. Ese aumento de los pagos fuera de plazo es considerado por el concejal popular un ejemplo de la mala situación económica de las familias gijonesas, que no pueden afrontar sus facturas en tiempo y forma. «Éste es un claro indicador de que los gijoneses no pueden más. ¿Y qué pasará en los próximos años, cuando se triplique el IBI?», se preguntó el concejal.
El concejal de Hacienda, Santiago Martínez Argüelles, sólo tardó unas horas en salir al paso de las declaraciones de González, al que acusa de «hacer gala nuevamente de su habitual demagogia con la intención de confundir a los ciudadanos». El edil socialista no desmiente los datos relativos a las sanciones de tráfico, aunque sí hace frente a las consideraciones políticas del PP sobre una presión gubernamental para conseguir más ingresos por esta vía de recaudación al recordar que es un sistema automatizado y vincular el aumento al hecho de que los nuevos radares, que sólo estuvieron en funcionamiento medio año en 2008, se mantuvieron operativos durante todo 2009.
Más contundente es el concejal de gobierno al rechazar que los gijoneses hayan pagado 2,3 millones por intereses de demora. «Ese dinero en absoluto ha salido del bolsillo de los gijoneses, fueron satisfechos por Hacienda por el pago del IVA a Emulsa incorrectamente ingresado por Hacienda durante varios años y devueltos al Ayuntamiento en 2009 tras ganar un pleito», sentenció.
El análisis de la liquidación de las cuentas de 2009 también sirvió al concejal de la oposición para reafirmarse en la exigencia de su grupo de reducir el número, y con ello el coste, de las empresas municipales. Según los datos facilitados por González, estas sociedades recibieron del presupuesto del Ayuntamiento un total de 45.258.000 euros. Una cantidad a la que hay que sumar los 47.905.000 euros que generaron como recursos propios estas empresas. Ello supone que esa red municipal movilizó a lo largo de 2009 un total de 93.153.000 euros. «Hay que reflexionar sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por esta estructura municipal, porque nosotros estamos convencidos de que se puede hacer lo mismo con menos recursos», indicó el edil. De hecho, González presentaba esta misma semana una iniciativa del PP en favor de una reestructuración de la red de empresas, para que sólo continuasen las de aguas, limpiezas, autobuses y vivienda. Las demás se fusionarían o desaparecerían, para ser asumidas sus funciones por servicios del Ayuntamiento.
Pablo González se mostró también reticente a dar su beneplácito al saldo positivo con que el gobierno local liquidó las cuentas del año 2009. El cómputo final dio un resultado positivo de siete millones de euros.
http://www.lne.es/gijon/2010/05/27/ingreso-multas-trafico-asciende-59-millones-56-previsto/920906.html
La plataforma de Cabueñes califica el documento de referencia del PGO de «incongruente»
La Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes criticó ayer el documento de referencia de revisión del PGO, el texto en que la Consejería de Medio Ambiente evalúa los efectos medioambientales de la futura normativa. En opinión de los vecinos, el documento suscrito por el consejero Francisco González Buendía, de quien recuerdan su pasado de empleado municipal, es «confuso, incongruente y defectuoso». Es más, consideran que el texto «es un lamentable ejemplo del grado de desgobierno ambiental que padece Asturias».
«Aunque el árbitro ya sabíamos que estaba comprado, debiera salir al campo vestido de negro y guardar las apariencias», señalan en un comunicado. La plataforma también arremete contra el edil de Urbanismo y la alcaldesa, por restar importancia a las indicaciones de obligado cumplimiento del Principado y por fijar para julio la aprobación inicial del PGO. «Los principios, las formas y el fondo que marca la ley no se pueden atender correctamente en este plazo», lamentan.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100527/gijon/plataforma-cabuenes-califica-documento-20100527.html
«Aunque el árbitro ya sabíamos que estaba comprado, debiera salir al campo vestido de negro y guardar las apariencias», señalan en un comunicado. La plataforma también arremete contra el edil de Urbanismo y la alcaldesa, por restar importancia a las indicaciones de obligado cumplimiento del Principado y por fijar para julio la aprobación inicial del PGO. «Los principios, las formas y el fondo que marca la ley no se pueden atender correctamente en este plazo», lamentan.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100527/gijon/plataforma-cabuenes-califica-documento-20100527.html
Los arquitectos piden la suspensión de la convocatoria del edificio del campus
En un durísimo recurso de reposición, el Colegio pone bajo sospecha la limpieza del proceso
27.05.10 - 08:10 -
A. PRESEDO / E. MONTES | GIJÓN.
Es un texto administrativo. Concretamente un recurso de reposisión, pero a lo largo de sus cuatro folios, el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias no escatima en descalificaciones y juicios de valor que ponen bajo sospecha la actuación del Ayuntamiento de Gijón en la convocatoria de la redacción del proyecto y ejecución de las obras del edificio de servicios científico-técnicos del campus. Hablan de «una falta de información y transparencia que vulnera los principios que deben regir las contrataciones públicas». De lo «claramente incongruentes, irrazonables e inaceptables» que son los plazos establecidos para presentar la documentación. De lo «aberrante, desde el punto de vista técnico y lógico» que es fijar la conclusión de los trabajos para el 31 de diciembre. Y
de lo «urgente» de su recurso, presentado el pasado 3 de mayo, -tres días después de ser publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias- para solicitar «la suspensión cautelar» del procedimiento y «una nueva convocatoria, cuyas condiciones sean plenamente conformes a Derecho».
Pero, por encima de todo, lo que dejan en entredicho los arquitectos asturianos es la limpieza de la actuación municipal, que vinculan insinuantemente con el dibujo presentado por la Universidad de Oviedo a la convocatoria de Campus de Excelencia Internacional y a los cortos plazos establecidos para presentar las propuestas. En primer lugar, aseguran que «es claro que los plazos marcados tanto para las solicitudes de participación (cinco días naturales) como para que las empresas presenten una documentación técnica con una propuesta de ordenación arquitectónica, son claramente incongruentes, irrazonables e inaceptables para elaborarla con el debido rigor y propiciar la concurrencia». Ello no ha sido óbice, sin embargo, para que se presentaran 17 empresas a la convocatoria municipal.
Y una vez puestos en situación, no tiene recato el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias en afirmar que «no sería de recibo que se estableciesen condiciones discriminatorias, de modo que sólo los licitadores que tuvieran ya preparadas propuestas técnicas anteriormente pudieran tener la posibilidad de cumplimentar los requisitos establecidos en los pliegos».
No hay nombres, pero sí dedos acusadores sobre la intrahistoria de todo el proceso de concepción del proyecto, que nace en el verano del año pasado, cuando la Universidad de Oviedo decide optar al sello de Campus de Excelencia Internacional convocado por los ministerios de Educación y de Ciencia e Innovación. Presenta entonces la modernización de sus campus y en el de Gijón incluye la construcción del edificio de servicios científico-técnicos, cuyo diseño muestra públicamente por boca del arquitecto que lo elabora. A partir de ahí, la Universidad obtiene el sello de excelencia, el Ayuntamiento recibe fondos del Estado para destinar a objetivos tecnológicos y ambas instituciones establecen un compromiso, aún no firmado, por el que la Corporación destina una parte de esa financiación al edificio del campus, a cambio de la vieja Escuela de Empresariales.
Nueve preguntas
Pero el tiempo apremia, porque la inversión ha de completarse, al menos en una buena parte, antes de que acabe el año, y el Ayuntamiento convoca conjuntamente la redacción del proyecto y la ejecución de la obra. Y los arquitectos se hacen, y hacen al equipo de gobierno, hasta nueve preguntas que no les han sido contestadas. Buena parte de ellas, en referencia a este anteproyecto universitario, y otras, sobre la legalidad de construir para la Universidad.
«Son cuestiones que exigen una respuesta clara y precisa para conocimiento no sólo de este Colegio, sino de la sociedad. Actuar de otro modo implicaría que existirían razones o motivos para ocultar la información que se plantea y dejaría en evidencia la intervención de la Administración local en este asunto», recoge el recurso de reposición. Pero no hubo respuesta.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100527/gijon/arquitectos-piden-suspension-convocatoria-20100527.html#opina
27.05.10 - 08:10 -
A. PRESEDO / E. MONTES | GIJÓN.
Es un texto administrativo. Concretamente un recurso de reposisión, pero a lo largo de sus cuatro folios, el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias no escatima en descalificaciones y juicios de valor que ponen bajo sospecha la actuación del Ayuntamiento de Gijón en la convocatoria de la redacción del proyecto y ejecución de las obras del edificio de servicios científico-técnicos del campus. Hablan de «una falta de información y transparencia que vulnera los principios que deben regir las contrataciones públicas». De lo «claramente incongruentes, irrazonables e inaceptables» que son los plazos establecidos para presentar la documentación. De lo «aberrante, desde el punto de vista técnico y lógico» que es fijar la conclusión de los trabajos para el 31 de diciembre. Y
de lo «urgente» de su recurso, presentado el pasado 3 de mayo, -tres días después de ser publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias- para solicitar «la suspensión cautelar» del procedimiento y «una nueva convocatoria, cuyas condiciones sean plenamente conformes a Derecho».
Pero, por encima de todo, lo que dejan en entredicho los arquitectos asturianos es la limpieza de la actuación municipal, que vinculan insinuantemente con el dibujo presentado por la Universidad de Oviedo a la convocatoria de Campus de Excelencia Internacional y a los cortos plazos establecidos para presentar las propuestas. En primer lugar, aseguran que «es claro que los plazos marcados tanto para las solicitudes de participación (cinco días naturales) como para que las empresas presenten una documentación técnica con una propuesta de ordenación arquitectónica, son claramente incongruentes, irrazonables e inaceptables para elaborarla con el debido rigor y propiciar la concurrencia». Ello no ha sido óbice, sin embargo, para que se presentaran 17 empresas a la convocatoria municipal.
Y una vez puestos en situación, no tiene recato el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias en afirmar que «no sería de recibo que se estableciesen condiciones discriminatorias, de modo que sólo los licitadores que tuvieran ya preparadas propuestas técnicas anteriormente pudieran tener la posibilidad de cumplimentar los requisitos establecidos en los pliegos».
No hay nombres, pero sí dedos acusadores sobre la intrahistoria de todo el proceso de concepción del proyecto, que nace en el verano del año pasado, cuando la Universidad de Oviedo decide optar al sello de Campus de Excelencia Internacional convocado por los ministerios de Educación y de Ciencia e Innovación. Presenta entonces la modernización de sus campus y en el de Gijón incluye la construcción del edificio de servicios científico-técnicos, cuyo diseño muestra públicamente por boca del arquitecto que lo elabora. A partir de ahí, la Universidad obtiene el sello de excelencia, el Ayuntamiento recibe fondos del Estado para destinar a objetivos tecnológicos y ambas instituciones establecen un compromiso, aún no firmado, por el que la Corporación destina una parte de esa financiación al edificio del campus, a cambio de la vieja Escuela de Empresariales.
Nueve preguntas
Pero el tiempo apremia, porque la inversión ha de completarse, al menos en una buena parte, antes de que acabe el año, y el Ayuntamiento convoca conjuntamente la redacción del proyecto y la ejecución de la obra. Y los arquitectos se hacen, y hacen al equipo de gobierno, hasta nueve preguntas que no les han sido contestadas. Buena parte de ellas, en referencia a este anteproyecto universitario, y otras, sobre la legalidad de construir para la Universidad.
«Son cuestiones que exigen una respuesta clara y precisa para conocimiento no sólo de este Colegio, sino de la sociedad. Actuar de otro modo implicaría que existirían razones o motivos para ocultar la información que se plantea y dejaría en evidencia la intervención de la Administración local en este asunto», recoge el recurso de reposición. Pero no hubo respuesta.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100527/gijon/arquitectos-piden-suspension-convocatoria-20100527.html#opina
miércoles, 26 de mayo de 2010
El paro en Gijón. Un problema recurrente al que no se ha sabido dar solución desde el Ayuntamiento
26 de mayo de 2010
La deriva que se ha seguido en los últimos años por parte del Ayuntamiento de expandir la red clientelar a través de los Planes de Empleo entre los diferentes agentes sociales y económicos, ha llevado a la parálisis en la creación y consolidación de un tejido productivo realmente competitivo, generador de riqueza y puestos de trabajo.
Si bien es verdad que la crisis económica hace muy difícil las previsiones respecto a la evolución del mercado laboral, no es menos cierto que el problema del paro en Gijón viene de lejos. Durante la crisis vivida en los años 90 del siglo pasado, el número de parados en el municipio rondaba los 22.000, llegando a cerca de 24.000, de media, las personas sin empleo en 1994. Nada se ha mejorado desde entonces más bien al contrario, si el año 2009 terminaba con 22.456 desempleados, el último dato conocido habla de 24.554.
Para Unión Progreso y Democracia estos datos son escandalosos y demuestran que la política en materia de empleo puesta en marcha por el Ayuntamiento de Gijón en los últimos años no ha invertido la tendencia. Para Armando Fernández Bartolomé, coordinador de UPyD en Gijón, “desde la creación de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo algo está fallando después de lo que se lleva gastado en los planes de empleo local y los escasos resultados obtenidos. La deriva que se ha seguido en los últimos años por parte del Ayuntamiento de expandir la red clientelar entre los diferentes agentes sociales y económicos, ha llevado a la parálisis en la creación y consolidación de un tejido productivo realmente competitivo, generador de riqueza y puestos de trabajo. Algo que solo puede conseguirse si apostamos por la iniciativa privada, dejando que los ciudadanos tomen la iniciativa y no se vean encadenados a un sistema público en exceso intervencionista. En UPyD pensamos que las administraciones públicas han de estar para ayudar al ciudadano, empleando eficazmente los resortes de los que dispone para liberar recursos con los que reducir los costes y las trabas administrativas que dificultan la creación y el desarrollo de la actividad empresarial, o creando incentivos para impulsar la capacidad emprendedora de aquellos gijoneses que quieran empezar su propio proyecto profesional”.
La deriva que se ha seguido en los últimos años por parte del Ayuntamiento de expandir la red clientelar a través de los Planes de Empleo entre los diferentes agentes sociales y económicos, ha llevado a la parálisis en la creación y consolidación de un tejido productivo realmente competitivo, generador de riqueza y puestos de trabajo.
Si bien es verdad que la crisis económica hace muy difícil las previsiones respecto a la evolución del mercado laboral, no es menos cierto que el problema del paro en Gijón viene de lejos. Durante la crisis vivida en los años 90 del siglo pasado, el número de parados en el municipio rondaba los 22.000, llegando a cerca de 24.000, de media, las personas sin empleo en 1994. Nada se ha mejorado desde entonces más bien al contrario, si el año 2009 terminaba con 22.456 desempleados, el último dato conocido habla de 24.554.
Para Unión Progreso y Democracia estos datos son escandalosos y demuestran que la política en materia de empleo puesta en marcha por el Ayuntamiento de Gijón en los últimos años no ha invertido la tendencia. Para Armando Fernández Bartolomé, coordinador de UPyD en Gijón, “desde la creación de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo algo está fallando después de lo que se lleva gastado en los planes de empleo local y los escasos resultados obtenidos. La deriva que se ha seguido en los últimos años por parte del Ayuntamiento de expandir la red clientelar entre los diferentes agentes sociales y económicos, ha llevado a la parálisis en la creación y consolidación de un tejido productivo realmente competitivo, generador de riqueza y puestos de trabajo. Algo que solo puede conseguirse si apostamos por la iniciativa privada, dejando que los ciudadanos tomen la iniciativa y no se vean encadenados a un sistema público en exceso intervencionista. En UPyD pensamos que las administraciones públicas han de estar para ayudar al ciudadano, empleando eficazmente los resortes de los que dispone para liberar recursos con los que reducir los costes y las trabas administrativas que dificultan la creación y el desarrollo de la actividad empresarial, o creando incentivos para impulsar la capacidad emprendedora de aquellos gijoneses que quieran empezar su propio proyecto profesional”.
Gijón se quedó sin los 10.000 empleos
El pacto Gijón Innova, el fondo local y los planes municipales intentan paliar los efectos de la crisis El trabajo fue el eje principal del programa de 2007
26.05.2010 - O. ESTEBANGIJÓN.
«Gijón ha cambiado. Juntos hemos ido superando un largo periodo de crisis y recomposición de nuestro tejido económico». «Hemos superado la cifra histórica de 100.000 empleos». «Los socialistas gijoneses convocamos a las gijonesas y gijoneses para alcanzar un nuevo objetivo colectivo. Queremos empleos de calidad». Son algunas frases extraídas del programa electoral del PSOE de 2007. En concreto, de sus primeras páginas, las que bajo el epígrafe 'Gijón más próspero: nuestra prioridad es el empleo estable y de calidad' dibujan lo que había de ser el panorama laboral y económico del municipio hasta 2011. Un capítulo que recogía el proyecto 'estrella' (a falta de balnearios y acuarios) de aquel programa: los famosos 10.000 empleos.
Defiende la alcaldesa que nunca prometieron crearlos. Echa mano del párrafo exacto del programa para justificarlo. «Desarrollaremos estrategias de promoción económica y apoyo a las empresas para alcanzar el objetivo de crear 10.000 nuevos empleos». Lo cierto es que esa cifra, esos 10.000 puestos de trabajo, fueron los protagonistas de titulares, de entrevistas, de mítines. Pero no han sido posibles. El optimismo de 2007 empezó a tambalearse en el verano de 2008, aunque no fue hasta principios de 2009 cuando el secretario general del PSOE en Gijón, José Manuel, reconocía que iba a ser «difícil» cumplir con el objetivo.
No sólo no hemos ganado puestos de trabajo, sino que hemos bajado de aquella cifra histórica de los 100.000. Los últimos datos oficiales (de 2008) dicen que estamos en 99.266. Tras muchos meses de malas noticias, abril dio un respiro y Gijón logró rebajar las listas del desempleo en 435 personas, quedándose en 24.554 parados, de los que un 56% son mujeres y un 44%, hombres. Fue, de hecho, el mejor mes de abril de los últimos tres años. Aún así, había en la ciudad un 10,72% más de parados que un año atrás.
Exámenes de Emulsa
Si las cifras ya eran por sí mismas suficientemente elocuentes, Gijón puso cara el mes pasado a esos números. Fue durante los exámenes para acceder a la bolsa de trabajo de Emulsa. 400 puestos temporales de peón de limpieza y jardinería y nada menos que 10.775 aspirantes, en la convocatoria con respuesta más masiva vivida en la ciudad, a pesar de que por primera vez el sorteo era sustituido por un examen psicotécnicos. Hace sólo unos días que se publicaron las listas y los 400 afortunados (entre otras cosas porque podrán acceder luego a los empleos indefinidos de la empresa) comenzarán a ser llamados en junio.
Pero lo cierto es que cualquier convocatoria con oferta laboral incluida convoca a multitudes. Así ha sucedido también con los planes de empleo públicos, como el PIME (Programa Innovador de Mejora de la Empleabilidad), del que ahora mismo se está desarrollando la segunda convocatoria. En 2009, al PIME se sumó el programa de acciones complementarias y una convocatoria del plan regional de empleo. Este año está en marcha el PIME, con 148 beneficiarios, además de la convocatoria regional y de varias selecciones para bolsas de empleo temporal en el Ayuntamiento (ingenieros técnicos informáticos, directores de programas de la Fundación Municipal de Cultura...).
También está abierta la oferta pública de empleo de 2008 y 2009. Suma siempre el equipo de gobierno a estos datos la cifra de los puestos que se mantienen o crean gracias a los planes E. En 2009, aseguran, fueron 1.400 (entre directos e indirectos). Este año se habla de la mitad, aproximadamente.
Muchas de estas cuestiones se enmarcan en el Gijón Innova, el pacto social comprometido en el programa electoral y firmado finalmente en julio de 2008, un año después de lo previsto. Fue el pacto social con mayor presupuesto de la historia municipal, con 447 millones de euros a invertir hasta 2011 en empleo, formación para el empleo, sociedad de la información, promoción económica e industrial y comercio y turismo. Tenía el equipo de gobierno la confianza de que este plan «neutralizara» los efectos de la crisis.
Pese a todo, ha quedado claro que aquel objetivo marcado por los socialistas en 2007 de «impulsar una nueva etapa de crecimiento y desarrollo económico sostenible, socialmente equilibrado, que asegure la cohesión social y la integración de todos los colectivos» no será posible en este mandato.
El programa electoral de 2011 tendrá que fijar otras metas.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100526/gijon/gijon-quedo-empleos-20100526.html
26.05.2010 - O. ESTEBANGIJÓN.
«Gijón ha cambiado. Juntos hemos ido superando un largo periodo de crisis y recomposición de nuestro tejido económico». «Hemos superado la cifra histórica de 100.000 empleos». «Los socialistas gijoneses convocamos a las gijonesas y gijoneses para alcanzar un nuevo objetivo colectivo. Queremos empleos de calidad». Son algunas frases extraídas del programa electoral del PSOE de 2007. En concreto, de sus primeras páginas, las que bajo el epígrafe 'Gijón más próspero: nuestra prioridad es el empleo estable y de calidad' dibujan lo que había de ser el panorama laboral y económico del municipio hasta 2011. Un capítulo que recogía el proyecto 'estrella' (a falta de balnearios y acuarios) de aquel programa: los famosos 10.000 empleos.
Defiende la alcaldesa que nunca prometieron crearlos. Echa mano del párrafo exacto del programa para justificarlo. «Desarrollaremos estrategias de promoción económica y apoyo a las empresas para alcanzar el objetivo de crear 10.000 nuevos empleos». Lo cierto es que esa cifra, esos 10.000 puestos de trabajo, fueron los protagonistas de titulares, de entrevistas, de mítines. Pero no han sido posibles. El optimismo de 2007 empezó a tambalearse en el verano de 2008, aunque no fue hasta principios de 2009 cuando el secretario general del PSOE en Gijón, José Manuel, reconocía que iba a ser «difícil» cumplir con el objetivo.
No sólo no hemos ganado puestos de trabajo, sino que hemos bajado de aquella cifra histórica de los 100.000. Los últimos datos oficiales (de 2008) dicen que estamos en 99.266. Tras muchos meses de malas noticias, abril dio un respiro y Gijón logró rebajar las listas del desempleo en 435 personas, quedándose en 24.554 parados, de los que un 56% son mujeres y un 44%, hombres. Fue, de hecho, el mejor mes de abril de los últimos tres años. Aún así, había en la ciudad un 10,72% más de parados que un año atrás.
Exámenes de Emulsa
Si las cifras ya eran por sí mismas suficientemente elocuentes, Gijón puso cara el mes pasado a esos números. Fue durante los exámenes para acceder a la bolsa de trabajo de Emulsa. 400 puestos temporales de peón de limpieza y jardinería y nada menos que 10.775 aspirantes, en la convocatoria con respuesta más masiva vivida en la ciudad, a pesar de que por primera vez el sorteo era sustituido por un examen psicotécnicos. Hace sólo unos días que se publicaron las listas y los 400 afortunados (entre otras cosas porque podrán acceder luego a los empleos indefinidos de la empresa) comenzarán a ser llamados en junio.
Pero lo cierto es que cualquier convocatoria con oferta laboral incluida convoca a multitudes. Así ha sucedido también con los planes de empleo públicos, como el PIME (Programa Innovador de Mejora de la Empleabilidad), del que ahora mismo se está desarrollando la segunda convocatoria. En 2009, al PIME se sumó el programa de acciones complementarias y una convocatoria del plan regional de empleo. Este año está en marcha el PIME, con 148 beneficiarios, además de la convocatoria regional y de varias selecciones para bolsas de empleo temporal en el Ayuntamiento (ingenieros técnicos informáticos, directores de programas de la Fundación Municipal de Cultura...).
También está abierta la oferta pública de empleo de 2008 y 2009. Suma siempre el equipo de gobierno a estos datos la cifra de los puestos que se mantienen o crean gracias a los planes E. En 2009, aseguran, fueron 1.400 (entre directos e indirectos). Este año se habla de la mitad, aproximadamente.
Muchas de estas cuestiones se enmarcan en el Gijón Innova, el pacto social comprometido en el programa electoral y firmado finalmente en julio de 2008, un año después de lo previsto. Fue el pacto social con mayor presupuesto de la historia municipal, con 447 millones de euros a invertir hasta 2011 en empleo, formación para el empleo, sociedad de la información, promoción económica e industrial y comercio y turismo. Tenía el equipo de gobierno la confianza de que este plan «neutralizara» los efectos de la crisis.
Pese a todo, ha quedado claro que aquel objetivo marcado por los socialistas en 2007 de «impulsar una nueva etapa de crecimiento y desarrollo económico sostenible, socialmente equilibrado, que asegure la cohesión social y la integración de todos los colectivos» no será posible en este mandato.
El programa electoral de 2011 tendrá que fijar otras metas.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100526/gijon/gijon-quedo-empleos-20100526.html
Revolución digital y la cultura europea
Debemos dirigir el dinero público hacia las principales prioridades, crear las condiciones locales adecuadas para la innovación y situar la educación en el lugar central
26.05.2010 - ANDROULLA VASSILIOUCOMISARIA EUROPEA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100526/opinionarticulos/revolucion-digital-cultura-europea-20100526.html
La revolución digital está cambiando la manera en que vivimos, trabajamos y hablamos entre nosotros. Algunos creen que estamos viviendo algo similar a la revolución que inició Gutenberg, es decir, una transformación tecnológica tan profunda como la llegada de la imprenta. No es solamente que comuniquemos y consumamos de nuevas maneras, sino que nuestro nuevo lenguaje digital cambia la manera en que pensamos y creamos. ¿Qué significa todo esto para la cultura europea? ¿Está el viejo continente preparado para el nuevo mundo?
Europa, de hecho, sale con posición de ventaja. Puede que no siempre demos la talla si pensamos en empresas tales como Microsoft o Google, pero producimos mucho, desde libros y películas hasta moda y deporte, lo que hace atractivas las nuevas tecnologías. Nuestro desafío consiste en fomentar el acceso de todos al mundo digital, garantizando al mismo tiempo una recompensa adecuada del talento creativo de manera que sigamos logrando la excelencia. Europa debe enfrentarse sin vacilaciones a este desafío, y esto es precisamente lo que están haciendo los mejores europeos en este campo.
Por ejemplo, las cadenas europeas de radio y televisión han incorporado las nuevas tecnologías con gran éxito. Nuestro modelo, en el que coexisten cadenas públicas y comerciales, responde a las necesidades de una democracia plural y a las demandas siempre cambiantes de un público diverso. La BBC ha mostrado el camino. Ignorando las previsiones más pesimistas de los primeros tiempos de la era de la transmisión vía satélite, este organismo, que es una de las cadenas públicas más antiguas del mundo, ha explotado con éxito las posibilidades de las nuevas tecnologías, manteniendo al mismo tiempo su reputación internacional de calidad e independencia. La Unión Europea no se equivoca al permitir la financiación pública de estas cadenas, lo cual es una opción política que demuestra nuestro compromiso en favor de la diversidad.
También el cine sigue siendo una marca europea muy importante. Puede que no tengamos los mayores presupuestos, pero nuestros directores, guionistas, actores y técnicos se encuentran entre los mejores del mundo. Quizás mejor que cualquier otra forma de arte, el cine refleja nuestras diferencias nacionales y regionales. Y, no obstante, es precisamente esta diversidad la que lo convierte en una historia europea con éxito. La digitalización de la industria es un importante desafío: un servidor y un proyector digital nuevos cuestan aproximadamente 75.000 euros, lo cual es una gran inversión para muchos cines locales. El programa Media de la Comisión está dispuesto a contribuir hasta con el 50 % de este coste para los cines que proyectan principalmente películas europeas.
Cuando se trata de la palabra escrita, los autores europeos siguen compitiendo con los mejores. Las barreras lingüísticas no han impedido que Stig Larsson o J. K. Rowling se encaramaran hasta los puestos más destacados de las listas mundiales de ventas. El problema que se plantea Europa es cómo mantener el liderazgo en el nuevo paisaje digital. Los otros comisarios y yo abordaremos en breve plazo el espinoso tema de los derechos de autor, que afecta a muchas industrias creativas. Nuestro objetivo común es apoyar la creación europea en todas las artes.
Pensando en el futuro, los Estados miembros de la Unión Europea deben preguntarse lo siguiente: ¿Cuál es la mejor manera en que podemos apoyar a nuestras industrias creativas? Nuestra política de competencia contribuye a garantizar la variedad y la innovación, mientras que nuestro mercado único proporciona transparencia, confianza y variedad a los consumidores. Pero aún así no llegamos a la cuestión clave sobre la manera de fomentar la creatividad y la innovación en la educación y el trabajo. ¿Cómo pueden las políticas públicas apoyar algo que suele ser básicamente privado e individual?
En primer lugar, debemos dirigir el dinero público, cuya disponibilidad ya se ha reducido, hacia las prioridades más estratégicas. Además de ayudar a los cines locales a hacerse digitales, la UE está facilitando que los directores de cine jóvenes pidan préstamos, dándoles garantías.
En segundo lugar, debemos crear las condiciones locales adecuadas para la innovación. El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología está reuniendo a nuestras universidades, centros de investigación y empresas más vanguardistas para que se enfrenten a las carencias de Europa en materia de innovación, y una de las prioridades es explorar los medios de comunicación y la difusión de contenidos del futuro.
En tercer lugar, debemos situar la educación en el lugar central de la economía digital, y la estrategia 2020 de la Unión Europea hace exactamente esto. Estamos tratando de acordar unos objetivos para incrementar el número de jóvenes en la educación superior, o un nivel equivalente, y reducir el número de jóvenes que dejan el sistema educativo antes de tiempo. Pero también debemos garantizar que adquieran las competencias adecuadas a fin de que estén equipados para una economía creativa: espíritu de empresa, resolución de problemas, comunicación y alfabetización digital.
La creatividad de nuestra gente configurará el papel de Europa en el mundo digital. Deberíamos tener confianza, ya que este es el punto en el que nuestros países son fuertes, y nuestra contribución a las artes y las industrias creativas es una muestra de lo que somos capaces. Ahora, debemos llevar este éxito a nuevas plataformas, de manera que Europa pueda asentarse sólidamente en el corazón del nuevo mundo digital.
26.05.2010 - ANDROULLA VASSILIOUCOMISARIA EUROPEA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100526/opinionarticulos/revolucion-digital-cultura-europea-20100526.html
La revolución digital está cambiando la manera en que vivimos, trabajamos y hablamos entre nosotros. Algunos creen que estamos viviendo algo similar a la revolución que inició Gutenberg, es decir, una transformación tecnológica tan profunda como la llegada de la imprenta. No es solamente que comuniquemos y consumamos de nuevas maneras, sino que nuestro nuevo lenguaje digital cambia la manera en que pensamos y creamos. ¿Qué significa todo esto para la cultura europea? ¿Está el viejo continente preparado para el nuevo mundo?
Europa, de hecho, sale con posición de ventaja. Puede que no siempre demos la talla si pensamos en empresas tales como Microsoft o Google, pero producimos mucho, desde libros y películas hasta moda y deporte, lo que hace atractivas las nuevas tecnologías. Nuestro desafío consiste en fomentar el acceso de todos al mundo digital, garantizando al mismo tiempo una recompensa adecuada del talento creativo de manera que sigamos logrando la excelencia. Europa debe enfrentarse sin vacilaciones a este desafío, y esto es precisamente lo que están haciendo los mejores europeos en este campo.
Por ejemplo, las cadenas europeas de radio y televisión han incorporado las nuevas tecnologías con gran éxito. Nuestro modelo, en el que coexisten cadenas públicas y comerciales, responde a las necesidades de una democracia plural y a las demandas siempre cambiantes de un público diverso. La BBC ha mostrado el camino. Ignorando las previsiones más pesimistas de los primeros tiempos de la era de la transmisión vía satélite, este organismo, que es una de las cadenas públicas más antiguas del mundo, ha explotado con éxito las posibilidades de las nuevas tecnologías, manteniendo al mismo tiempo su reputación internacional de calidad e independencia. La Unión Europea no se equivoca al permitir la financiación pública de estas cadenas, lo cual es una opción política que demuestra nuestro compromiso en favor de la diversidad.
También el cine sigue siendo una marca europea muy importante. Puede que no tengamos los mayores presupuestos, pero nuestros directores, guionistas, actores y técnicos se encuentran entre los mejores del mundo. Quizás mejor que cualquier otra forma de arte, el cine refleja nuestras diferencias nacionales y regionales. Y, no obstante, es precisamente esta diversidad la que lo convierte en una historia europea con éxito. La digitalización de la industria es un importante desafío: un servidor y un proyector digital nuevos cuestan aproximadamente 75.000 euros, lo cual es una gran inversión para muchos cines locales. El programa Media de la Comisión está dispuesto a contribuir hasta con el 50 % de este coste para los cines que proyectan principalmente películas europeas.
Cuando se trata de la palabra escrita, los autores europeos siguen compitiendo con los mejores. Las barreras lingüísticas no han impedido que Stig Larsson o J. K. Rowling se encaramaran hasta los puestos más destacados de las listas mundiales de ventas. El problema que se plantea Europa es cómo mantener el liderazgo en el nuevo paisaje digital. Los otros comisarios y yo abordaremos en breve plazo el espinoso tema de los derechos de autor, que afecta a muchas industrias creativas. Nuestro objetivo común es apoyar la creación europea en todas las artes.
Pensando en el futuro, los Estados miembros de la Unión Europea deben preguntarse lo siguiente: ¿Cuál es la mejor manera en que podemos apoyar a nuestras industrias creativas? Nuestra política de competencia contribuye a garantizar la variedad y la innovación, mientras que nuestro mercado único proporciona transparencia, confianza y variedad a los consumidores. Pero aún así no llegamos a la cuestión clave sobre la manera de fomentar la creatividad y la innovación en la educación y el trabajo. ¿Cómo pueden las políticas públicas apoyar algo que suele ser básicamente privado e individual?
En primer lugar, debemos dirigir el dinero público, cuya disponibilidad ya se ha reducido, hacia las prioridades más estratégicas. Además de ayudar a los cines locales a hacerse digitales, la UE está facilitando que los directores de cine jóvenes pidan préstamos, dándoles garantías.
En segundo lugar, debemos crear las condiciones locales adecuadas para la innovación. El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología está reuniendo a nuestras universidades, centros de investigación y empresas más vanguardistas para que se enfrenten a las carencias de Europa en materia de innovación, y una de las prioridades es explorar los medios de comunicación y la difusión de contenidos del futuro.
En tercer lugar, debemos situar la educación en el lugar central de la economía digital, y la estrategia 2020 de la Unión Europea hace exactamente esto. Estamos tratando de acordar unos objetivos para incrementar el número de jóvenes en la educación superior, o un nivel equivalente, y reducir el número de jóvenes que dejan el sistema educativo antes de tiempo. Pero también debemos garantizar que adquieran las competencias adecuadas a fin de que estén equipados para una economía creativa: espíritu de empresa, resolución de problemas, comunicación y alfabetización digital.
La creatividad de nuestra gente configurará el papel de Europa en el mundo digital. Deberíamos tener confianza, ya que este es el punto en el que nuestros países son fuertes, y nuestra contribución a las artes y las industrias creativas es una muestra de lo que somos capaces. Ahora, debemos llevar este éxito a nuevas plataformas, de manera que Europa pueda asentarse sólidamente en el corazón del nuevo mundo digital.
martes, 25 de mayo de 2010
PP cifra en casi 2 millones coste para arcas municipales de la subida del IVA
Gijón, 24 may (EFE).- La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gijón, Pilar Fernández Pardo, ha cifrado en 1.950.000 euros el aumento anual de los gastos municipales como consecuencia de la subida del IVA.
En rueda de prensa, ha explicado que esa cifra se corresponderá con el incremento de los gastos corrientes, las inversiones y las cuentas de las firmas municipales.
Sólo en este último semestre, ha apuntado, el consistorio gastará un millón de euros más en la aplicación de una medida con la que el Gobierno central "se ha quedado solo".
Ha asegurado que el coste anual supone 375 veces la inversión en Protección Civil y multiplica por 18 las ayudas concedidas a asociaciones sociales y por 4,5 los fondos de las escuelas infantiles.
Pardo ha censurado el aumento de gasto especialmente en crisis puesto que la reforma de la financiación local no llega y las administraciones municipales han visto especialmente mermadas sus posibilidades económicas.
Además, ha recordado que se prohíbe a los ayuntamientos endeudarse a largo plazo y ha subrayado que el de Gijón recurre constantemente al crédito.
La edil ha descrito el panorama como "espeluznante" y ha advertido que los proyectos del Plan E pagados en el segundo semestre del año sufrirán el incremento del IVA.
En este sentido, ha preguntado si el Gobierno central abonará una partida para el incremento de costes o por el contrario será asumido por las organizaciones locales.
Pardo ha anunciado que preguntará por esta cuestión en el pleno de junio y ha lamentado que, a pesar de la situación, el equipo de gobierno no ha hablado con la oposición para afrontar la situación.EFE
En rueda de prensa, ha explicado que esa cifra se corresponderá con el incremento de los gastos corrientes, las inversiones y las cuentas de las firmas municipales.
Sólo en este último semestre, ha apuntado, el consistorio gastará un millón de euros más en la aplicación de una medida con la que el Gobierno central "se ha quedado solo".
Ha asegurado que el coste anual supone 375 veces la inversión en Protección Civil y multiplica por 18 las ayudas concedidas a asociaciones sociales y por 4,5 los fondos de las escuelas infantiles.
Pardo ha censurado el aumento de gasto especialmente en crisis puesto que la reforma de la financiación local no llega y las administraciones municipales han visto especialmente mermadas sus posibilidades económicas.
Además, ha recordado que se prohíbe a los ayuntamientos endeudarse a largo plazo y ha subrayado que el de Gijón recurre constantemente al crédito.
La edil ha descrito el panorama como "espeluznante" y ha advertido que los proyectos del Plan E pagados en el segundo semestre del año sufrirán el incremento del IVA.
En este sentido, ha preguntado si el Gobierno central abonará una partida para el incremento de costes o por el contrario será asumido por las organizaciones locales.
Pardo ha anunciado que preguntará por esta cuestión en el pleno de junio y ha lamentado que, a pesar de la situación, el equipo de gobierno no ha hablado con la oposición para afrontar la situación.EFE
Carreño aprueba 15 millones de presupuesto para 2010 con los votos de PSOE, IU y la URAS
Los votos del PSOE, IU y la URAS fueron suficientes ayer para la aprobación del presupuesto municipal de 2010 que asciende a 15 millones de , un 0.4% inferior al del pasado ejercicio de 2009. Pero la necesidad de aplicar las medidas de austeridad fijadas por el Gobierno central que afectan directamente a las inversiones, hicieron que el Pleno plantease un aplazamiento del debate. No obstante, tras una primera ronda de intervenciones, finalmente se acordó celebrar la sesión extraordinaria y votar las cuentas de forma provisional, hasta efectuar los correspondientes ajustes en materia de inversiones.
La decisión no alteró la postura del resto de partidos en la oposición, PP, UICA y UNA, que manifestaron su rechazo con matices diferentes entre las distintas agrupaciones políticas. Así, mientras, el PP, como primer partido de la oposición, justificó su rechazo por el retraso de su elaboración. De hecho, su portavoz, Celestino Gutiérrez, centró su postura en que las demoras ejercen un perjuicio en la ejecución de las cuentas: «No estaremos nunca de acuerdo con un planteamiento económico que obliga a que las inversiones de este año se ejecuten el próximo ejercicio contable», indicó.
Gutiérrez, que calificó las previsiones económicas de «virtuales» acusó al gobierno bipartito de incumplir el plan de austeridad riguroso anunciado el pasado año. También subrayó la política aplicada de rebajar las inversiones mientras se incrementan los gastos corrientes. En esta misma línea se trazó el discurso de UICA, Emilio Cuervo, quien durante media hora, justificó su postura contraria al presupuesto. La principal fue la de aplicar un severo recorte de gastos en el capítulo de personal y de gastos corrientes. y la caída de recaudación de algunos impuestos. Algo que recordó «fue nuestra premisa desde el comienzo del actual mandato».
Un decreto «injusto»
Las críticas del ejecutivo socialista y de IU, así como de la URAS, se dirigieron a la aplicación del plan de austeridad decretado por el Gobierno central . Así, para la portavoz del PSOE. Áurea Gutiérrez, la medida es «injusta». La razón: el Gobierno del Estado, a pesar de tener su mismo signo político, emplea igual rasero para las administraciones que cumplen a rajatabla la Ley de Estabilidad Presupuestaria y para las que la vulneran.
La también concejala de Hacienda defendió la actuación económica del Ayuntamiento que calificó de «modélica». IU y la URAS manifestaron también su criticas hacia las medidas estatales en idénticos términos.
Por su parte, el representante de Unidá Nacionalista Asturiana (UNA), Xuan Rodríguez, razonó su rechazo en la tardanza en la elaboración del presupuesto y en la falta de algunas inversiones, especialmente en materia de juventud.
Respecto al contenido presupuestario, el debate se centró en el aplazamiento de la partida destinada a inversiones locales. El decreto del Gobierno central establece que los ayuntamiento no podrán gestionar créditos durante este ejercicio.
La disposición recortaría en 1,7 millones la previsiones municipales que estaban fijadas en 2,3 millones para el actual ejercicio. No obstante. la edil socialista explicó que el ajuste se llevará a cabo tras la celebración del Pleno que, aunque impedirá la gestión de un crédito, «es posible que el capítulo de inversiones se pueda compensar con el remanente de caja y otros recursos propios». Con estar partidas, añadió, el recorte será mucho menor».
Respecto al capítulo de gastos, aumentan las partidas destinadas a energía, recogida de basuras y la aportación a la Mancomunidad del Cabo Peñas. Por el contrario, descienden los gastos en horas extras del personal, de combustible, telecomunicaciones y de intereses bancarios.
La deuda municipal asciende a ocho millones de euros.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100525/gozon-carreno/carreno-aprueba-millones-presupuesto-20100525.html
La decisión no alteró la postura del resto de partidos en la oposición, PP, UICA y UNA, que manifestaron su rechazo con matices diferentes entre las distintas agrupaciones políticas. Así, mientras, el PP, como primer partido de la oposición, justificó su rechazo por el retraso de su elaboración. De hecho, su portavoz, Celestino Gutiérrez, centró su postura en que las demoras ejercen un perjuicio en la ejecución de las cuentas: «No estaremos nunca de acuerdo con un planteamiento económico que obliga a que las inversiones de este año se ejecuten el próximo ejercicio contable», indicó.
Gutiérrez, que calificó las previsiones económicas de «virtuales» acusó al gobierno bipartito de incumplir el plan de austeridad riguroso anunciado el pasado año. También subrayó la política aplicada de rebajar las inversiones mientras se incrementan los gastos corrientes. En esta misma línea se trazó el discurso de UICA, Emilio Cuervo, quien durante media hora, justificó su postura contraria al presupuesto. La principal fue la de aplicar un severo recorte de gastos en el capítulo de personal y de gastos corrientes. y la caída de recaudación de algunos impuestos. Algo que recordó «fue nuestra premisa desde el comienzo del actual mandato».
Un decreto «injusto»
Las críticas del ejecutivo socialista y de IU, así como de la URAS, se dirigieron a la aplicación del plan de austeridad decretado por el Gobierno central . Así, para la portavoz del PSOE. Áurea Gutiérrez, la medida es «injusta». La razón: el Gobierno del Estado, a pesar de tener su mismo signo político, emplea igual rasero para las administraciones que cumplen a rajatabla la Ley de Estabilidad Presupuestaria y para las que la vulneran.
La también concejala de Hacienda defendió la actuación económica del Ayuntamiento que calificó de «modélica». IU y la URAS manifestaron también su criticas hacia las medidas estatales en idénticos términos.
Por su parte, el representante de Unidá Nacionalista Asturiana (UNA), Xuan Rodríguez, razonó su rechazo en la tardanza en la elaboración del presupuesto y en la falta de algunas inversiones, especialmente en materia de juventud.
Respecto al contenido presupuestario, el debate se centró en el aplazamiento de la partida destinada a inversiones locales. El decreto del Gobierno central establece que los ayuntamiento no podrán gestionar créditos durante este ejercicio.
La disposición recortaría en 1,7 millones la previsiones municipales que estaban fijadas en 2,3 millones para el actual ejercicio. No obstante. la edil socialista explicó que el ajuste se llevará a cabo tras la celebración del Pleno que, aunque impedirá la gestión de un crédito, «es posible que el capítulo de inversiones se pueda compensar con el remanente de caja y otros recursos propios». Con estar partidas, añadió, el recorte será mucho menor».
Respecto al capítulo de gastos, aumentan las partidas destinadas a energía, recogida de basuras y la aportación a la Mancomunidad del Cabo Peñas. Por el contrario, descienden los gastos en horas extras del personal, de combustible, telecomunicaciones y de intereses bancarios.
La deuda municipal asciende a ocho millones de euros.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100525/gozon-carreno/carreno-aprueba-millones-presupuesto-20100525.html
El PP propone reducir de siete a cuatro las empresas municipales
«El Jardín Botánico Atlántico y el Teatro Jovellanos están en causa legal de disolución, lo que antes era una quiebra técnica». Así de rotundo se mostró ayer el concejal popular Pablo González, quien aseguró que ambas empresas municipales «arrojan un saldo patrimonial negativo. Para solucionarlo hay que inyectar dinero y, si no, se disolverá. Eso es lo que dice la Ley de Sociedades Anónimas».
El edil añadió que el Ayuntamiento deberá acordar la aportación de fondos a ambas empresas. En concreto, al Teatro Jovellanos serían 5,8 millones de euros, mientras que el Jardín Botánico necesita medio millón.
El PP pedirá la convocatoria extraordinaria de la Comisión Municipal de Hacienda para tratar el asunto y en la misma aporta la solución que vienen estudiando los concejales populares en las últimas semanas. Pablo González considera que «es necesario reducir el número de empresas locales. Hay que reestructurarlas. Hoy existen siete y las tenemos que dejar en cuatro». Para ello, propone que el Jardín Botánico Atlántico quede fusionado con la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) y que el Teatro Jovellanos se ocupe únicamente de las actividades que se celebren en el coliseo gijonés. El resto de las actividades de las que se ocupa en la actualidad -festejos, Antroxu, cabalgata de reyes, etcétera- pasarían a depender de los servicios municipales del Ayuntamiento de Gijón, lo mismo que ocurriría con el Centro Municipal de Empresas.
Ahorrar doce millones
¿Cuál es el objetivo de esta reestructuración? El PP indica que el presupuesto del Ayuntamiento de Gijón es de 230 millones de euros, pero destina otros 120 millones a las empresas municipales. «La asignación se incrementó un 53% en ocho años. Con estas medidas conseguiremos un ahorro del 10%, es decir, doce millones de euros, ya que se podrán reducir los gastos generales».
Pero esta medida tendrá un coste y no será otro que la pérdida de puestos de trabajo. Este plan de fusiones prevé que las empresas municipales se queden únicamente con su personal fijo, al tiempo que los contratos temporales no se renovarían a medida que fueran concluyendo ni se procedería a nuevas contrataciones temporales.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100525/gijon/propone-reducir-siete-cuatro-20100525.html#opina
El edil añadió que el Ayuntamiento deberá acordar la aportación de fondos a ambas empresas. En concreto, al Teatro Jovellanos serían 5,8 millones de euros, mientras que el Jardín Botánico necesita medio millón.
El PP pedirá la convocatoria extraordinaria de la Comisión Municipal de Hacienda para tratar el asunto y en la misma aporta la solución que vienen estudiando los concejales populares en las últimas semanas. Pablo González considera que «es necesario reducir el número de empresas locales. Hay que reestructurarlas. Hoy existen siete y las tenemos que dejar en cuatro». Para ello, propone que el Jardín Botánico Atlántico quede fusionado con la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) y que el Teatro Jovellanos se ocupe únicamente de las actividades que se celebren en el coliseo gijonés. El resto de las actividades de las que se ocupa en la actualidad -festejos, Antroxu, cabalgata de reyes, etcétera- pasarían a depender de los servicios municipales del Ayuntamiento de Gijón, lo mismo que ocurriría con el Centro Municipal de Empresas.
Ahorrar doce millones
¿Cuál es el objetivo de esta reestructuración? El PP indica que el presupuesto del Ayuntamiento de Gijón es de 230 millones de euros, pero destina otros 120 millones a las empresas municipales. «La asignación se incrementó un 53% en ocho años. Con estas medidas conseguiremos un ahorro del 10%, es decir, doce millones de euros, ya que se podrán reducir los gastos generales».
Pero esta medida tendrá un coste y no será otro que la pérdida de puestos de trabajo. Este plan de fusiones prevé que las empresas municipales se queden únicamente con su personal fijo, al tiempo que los contratos temporales no se renovarían a medida que fueran concluyendo ni se procedería a nuevas contrataciones temporales.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100525/gijon/propone-reducir-siete-cuatro-20100525.html#opina
Balance Gijón medio ambiente
resume Gijón de ser verde. Incluso de tener varias banderas verdes. Pero el proyecto que se le ha atragantado a este área municipal durante estos tres años de Corporación nada tiene que ver con parques y jardines. Hace sólo unos días que empezó a ver la luz al final de túnel y, aunque no podrá cumplir con el compromiso electoral adquirido en 2007, al menos lo dejará encaminado. Si no hay más obstáculos, claro está. Hablamos de la depuradora del Este, la que el PSOE confiaba en tener construida en este mandato y la que, con suerte, estará comenzando a levantarse antes de las elecciones de 2011. Los 30 meses de plazo para las obras aseguran que será la siguiente Corporación la que vea terminada lo que no es sólo una promesa electoral socialista, sino una cuenta más que pendiente con el saneamiento de Gijón desde 1991.
El pasado día 15, el Gobierno dio luz verde al proyecto, con un presupuesto de 52,2 millones. Lo hacía sólo unos días después de recibir una denuncia de la Comisión Europea precisamente por la falta de esta infraestructura que, a juicio del comisario de Medio Ambiente, hace que Gijón carezca de un sistema apropiado de depuración de sus aguas. Llegará la depuradora, pero lo hará, como tantos otros proyectos de la ciudad, rodeado de polémica y con el rechazo frontal de los vecinos de El Pisón.
También con el agua está relacionado otra de las grandes iniciativas de la concejalía en este mandato: el pozo de tormentas de Poniente. 'Heredado' del mandato anterior, fue inaugurado hace un año, después de unas obras que tampoco estuvieron exentas de polémica. Exactamente lo mismo que ocurrió con el colector de Marqués de San Esteban.
Y si del Estado ha llegado a tiempo la solución para la depuradora, también de allí ha venido la ayuda para hacer posible otro de los proyectos 'estrella': la ampliación del parque de Los Pericones. Anunciada desde principios de 2007, lo cierto es que sólo gracias al plan E se pudo poner en marcha. A finales de 2008, el equipo de gobierno decidía incluir este proyecto siempre aplazado entre las iniciativas a financiar con el fondo estatal. Tres millones de euros para convertir Los Pericones en el gran pulmón verde de la ciudad, con 373.873 metros cuadrados. Si bien los proyectos del plan E tenían de plazo hasta el 31 de diciembre de 2009, sucesivas prórrogas han hecho que no sea hasta el próximo viernes, día 4, cuando se inaugure.
Sin duda estos dos empujones estatales han dado un respiro al área, que ve cómo se le resisten otras cosas. Como el Parque Fluvial, después de años de trabajos. Sigue pendiente el humedal artificial de Granda y los usuarios se quejan por algunas deficiencias. Mientras tanto, el Ayuntamiento no ha recepcionado toda la superficie, lo que provoca que haya cuestiones cuya responsabilidad no está muy clara.
Tampoco se ha puesto en marcha el invernadero del Jardín Botánico. Estaba comprometido y se le designaron fondos del Principado. Pero por el momento no ha habido avances. Como no se han producido en el parque de entrenamientos para perros, pendiente de una ordenanza de animales estancada. En la lista de cuestiones pendientes se podría situar también la recuperación de los antiguos depósitos de agua de Roces o el Pacto Ciudadano por la sostenibilidad, algo esto último que podría estar relacionado con la nueva ordenanza de medio ambiente que prepara el área y quizás sea aprobada antes del final del mandato. En el 'debe' está también la construcción de otro pozo de tormentas en la zona Este.
Polémica de Emilio Noval
Si eso es el 'debe', en el 'haber' está la rebaja en el consumo de agua y energía, los sistemas de ahorro en el riego, la suma de 3,5 millones de metros cuadrados de zonas verdes (a finales de 2009 ya había 3,3 millones), la plantación de árboles en calles y parques (aunque también se han cortado en varios puntos, con las consiguientes polémicas), la modernización de Emulsa, la ampliación de la red de puntos limpios (con uno más, en Tremañes y también gracias al plan E)... Pero, como le ha sucedido a otras áreas, una de las cuestiones más polémicas de este mandato que ha tenido que gestionar la concejala de Medio Ambiente no estaba en el programa electoral. Fue el agrio asunto de la contratación por parte de la EMA de una empresa del ex concejal del PP Emilio Noval. Un contrato de 23.000 euros que acabó en los tribunales. Tampoco el Acuario, que se enfrenta a una nueva adjudicación, se ha librado de críticas.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100525/gijon/pericones-respiro-20100525.html
El pasado día 15, el Gobierno dio luz verde al proyecto, con un presupuesto de 52,2 millones. Lo hacía sólo unos días después de recibir una denuncia de la Comisión Europea precisamente por la falta de esta infraestructura que, a juicio del comisario de Medio Ambiente, hace que Gijón carezca de un sistema apropiado de depuración de sus aguas. Llegará la depuradora, pero lo hará, como tantos otros proyectos de la ciudad, rodeado de polémica y con el rechazo frontal de los vecinos de El Pisón.
También con el agua está relacionado otra de las grandes iniciativas de la concejalía en este mandato: el pozo de tormentas de Poniente. 'Heredado' del mandato anterior, fue inaugurado hace un año, después de unas obras que tampoco estuvieron exentas de polémica. Exactamente lo mismo que ocurrió con el colector de Marqués de San Esteban.
Y si del Estado ha llegado a tiempo la solución para la depuradora, también de allí ha venido la ayuda para hacer posible otro de los proyectos 'estrella': la ampliación del parque de Los Pericones. Anunciada desde principios de 2007, lo cierto es que sólo gracias al plan E se pudo poner en marcha. A finales de 2008, el equipo de gobierno decidía incluir este proyecto siempre aplazado entre las iniciativas a financiar con el fondo estatal. Tres millones de euros para convertir Los Pericones en el gran pulmón verde de la ciudad, con 373.873 metros cuadrados. Si bien los proyectos del plan E tenían de plazo hasta el 31 de diciembre de 2009, sucesivas prórrogas han hecho que no sea hasta el próximo viernes, día 4, cuando se inaugure.
Sin duda estos dos empujones estatales han dado un respiro al área, que ve cómo se le resisten otras cosas. Como el Parque Fluvial, después de años de trabajos. Sigue pendiente el humedal artificial de Granda y los usuarios se quejan por algunas deficiencias. Mientras tanto, el Ayuntamiento no ha recepcionado toda la superficie, lo que provoca que haya cuestiones cuya responsabilidad no está muy clara.
Tampoco se ha puesto en marcha el invernadero del Jardín Botánico. Estaba comprometido y se le designaron fondos del Principado. Pero por el momento no ha habido avances. Como no se han producido en el parque de entrenamientos para perros, pendiente de una ordenanza de animales estancada. En la lista de cuestiones pendientes se podría situar también la recuperación de los antiguos depósitos de agua de Roces o el Pacto Ciudadano por la sostenibilidad, algo esto último que podría estar relacionado con la nueva ordenanza de medio ambiente que prepara el área y quizás sea aprobada antes del final del mandato. En el 'debe' está también la construcción de otro pozo de tormentas en la zona Este.
Polémica de Emilio Noval
Si eso es el 'debe', en el 'haber' está la rebaja en el consumo de agua y energía, los sistemas de ahorro en el riego, la suma de 3,5 millones de metros cuadrados de zonas verdes (a finales de 2009 ya había 3,3 millones), la plantación de árboles en calles y parques (aunque también se han cortado en varios puntos, con las consiguientes polémicas), la modernización de Emulsa, la ampliación de la red de puntos limpios (con uno más, en Tremañes y también gracias al plan E)... Pero, como le ha sucedido a otras áreas, una de las cuestiones más polémicas de este mandato que ha tenido que gestionar la concejala de Medio Ambiente no estaba en el programa electoral. Fue el agrio asunto de la contratación por parte de la EMA de una empresa del ex concejal del PP Emilio Noval. Un contrato de 23.000 euros que acabó en los tribunales. Tampoco el Acuario, que se enfrenta a una nueva adjudicación, se ha librado de críticas.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100525/gijon/pericones-respiro-20100525.html
El teatro de la Laboral sólo recuperó por taquilla el 12% de los gastos
El teatro de la antigua Universidad Laboral -que reabrió sus puertas en octubre de 2007 convertido en Laboral Escena- continúa sin mejorar su cuenta de resultados. Después de haber cerrado su primer año de programación (2008) con 9.421 espectadores, una inversión de 324.380 euros y una recaudación en taquilla de 52.422 euros -es decir, que se recuperó el 16% de los gastos-, en la temporada que va de octubre de 2009 a abril de este año ese porcentaje se ha visto reducido hasta el 12%.
Y si entonces los responsables de Recrea -sociedad encargada de la gestión de la Ciudad de la Cultura- argumentaban que ese primer año había sido el de la «socialización» del coliseo de Cabueñes, el actual gerente, Alejandro Calvo, insiste en que el de la Laboral no es «un teatro de ocio convencional». Reconoce que los datos económicos relativos a la segunda parte de la temporada de 2009 -más de 445.000 euros de inversión por poco más de 55.000 euros por la venta de localidades- «no son excelentes y, evidentemente, hay que mejorarlos», pero considera que se trata de «una evolución razonable» en el marco de un proyecto escénico «a largo plazo» en el que ya se empiezan a atisbar resultados positivos: «Se está creando público», asegura.
No opina lo mismo el Partido Popular. Dos de sus diputados regionales, Elma Alonso y Emilio Pérez Cuevas comparecieron ayer con los datos que previamente les había facilitado la Consejería de Cultura y Turismo y cargaron contra un proyecto que, según la oposición, «ha sido un fracaso de público».
Tal y como publicó EL COMERCIO, en los dos años y medio de vida del teatro de la Laboral, la programación diseñada por Mateo Feijoo -quien abandonará la dirección artística el próximo mes de julio- atrajo a 60.000 espectadores, cifra que arroja una media de 279 por propuesta artística. En el Jovellanos la media es de 700 por función.
En el resumen de la actividad de Laboral Escena de octubre de 2009 a marzo de 2010 hay espectáculos que ni siquiera llegaron al medio centenar de espectadores -'The show must go on' y 'El contexto, el sujeto y lo demás', de la asociación del centro coreográfico de La Gomera atrajo a 42 personas y la coproducción Wayn Traub con la obra 'María Magdalena. Wain Wash III', a 46- y cuya recaudación fue exigua -en ninguno de los dos casos mencionados llegó a 500 euros-.
«Laboral Escena es la crónica de un fracaso anunciado y rotundo por su improvisación y despilfarro desde que se creó hace tres años», sentenció Emilio Pérez Cueva. Junto a su compañera de filas, criticó que el proyecto escénico «se llevara a cabo de espaldas a los profesionales asturianos del teatro» y reprochó la «tozudez» de la consejera de Cultura, Mercedes Álvarez, y del viceconsejero, Jorge Fernández León, por autorizar la inversión de «partidas millonarias en espectáculos en los que era de prever el resultado».
Y sobre Mateo Feijoo, el director artístico, aseguró Elma Alonso que «se va a marchar de la Laboral con los bolsillos muy llenos, como gente de su familia y de sus amigos, sin que nadie le pida responsabilidades». «La ética y la vanguardia son compatibles», le apoyó Pérez Cueva, «pero la ética no es compatible con los caraduras ni con los iluminados».
Con todos estos argumentos, su siguiente paso fue anunciar que el grupo parlamentario popular en la Junta pedirá a la Sindicatura de Cuentas que investigue las cifras económicas del teatro de la Laboral.
Una solicitud que Alejandro Calvo considera una pérdida de tiempo toda vez que, «como organismo público, estamos sujetos al control y constante auditoría de la Sindicatura de Cuentas». El gerente de Recrea también reprocha al PP que se ciña a un análisis «mercantilista» de los datos económicos del teatro de la Laboral porque «hacemos más que pagar a los artistas». Y ese más es «una labor educativa, de mediación cultural, talleres, performances... Algo más cercano a la I+D que a un concepto de ocio».
No obstante, «no estamos ciegos» ante datos como los que arrojaron las actuaciones del guitarrista flamenco Tomatito -con 1.010 espectadores fue el espectáculo más visto el pasado semestre- o la de Patti Smith -que rozó el lleno dentro del Festival Palabra y Música de Spoken Word-. «Tenemos que reflexionar, trabajar y generar nuevas ofertas», reconoció Alejandro Calvo.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100525/gijon/teatro-laboral-solo-recupero-20100525.html
Y si entonces los responsables de Recrea -sociedad encargada de la gestión de la Ciudad de la Cultura- argumentaban que ese primer año había sido el de la «socialización» del coliseo de Cabueñes, el actual gerente, Alejandro Calvo, insiste en que el de la Laboral no es «un teatro de ocio convencional». Reconoce que los datos económicos relativos a la segunda parte de la temporada de 2009 -más de 445.000 euros de inversión por poco más de 55.000 euros por la venta de localidades- «no son excelentes y, evidentemente, hay que mejorarlos», pero considera que se trata de «una evolución razonable» en el marco de un proyecto escénico «a largo plazo» en el que ya se empiezan a atisbar resultados positivos: «Se está creando público», asegura.
No opina lo mismo el Partido Popular. Dos de sus diputados regionales, Elma Alonso y Emilio Pérez Cuevas comparecieron ayer con los datos que previamente les había facilitado la Consejería de Cultura y Turismo y cargaron contra un proyecto que, según la oposición, «ha sido un fracaso de público».
Tal y como publicó EL COMERCIO, en los dos años y medio de vida del teatro de la Laboral, la programación diseñada por Mateo Feijoo -quien abandonará la dirección artística el próximo mes de julio- atrajo a 60.000 espectadores, cifra que arroja una media de 279 por propuesta artística. En el Jovellanos la media es de 700 por función.
En el resumen de la actividad de Laboral Escena de octubre de 2009 a marzo de 2010 hay espectáculos que ni siquiera llegaron al medio centenar de espectadores -'The show must go on' y 'El contexto, el sujeto y lo demás', de la asociación del centro coreográfico de La Gomera atrajo a 42 personas y la coproducción Wayn Traub con la obra 'María Magdalena. Wain Wash III', a 46- y cuya recaudación fue exigua -en ninguno de los dos casos mencionados llegó a 500 euros-.
«Laboral Escena es la crónica de un fracaso anunciado y rotundo por su improvisación y despilfarro desde que se creó hace tres años», sentenció Emilio Pérez Cueva. Junto a su compañera de filas, criticó que el proyecto escénico «se llevara a cabo de espaldas a los profesionales asturianos del teatro» y reprochó la «tozudez» de la consejera de Cultura, Mercedes Álvarez, y del viceconsejero, Jorge Fernández León, por autorizar la inversión de «partidas millonarias en espectáculos en los que era de prever el resultado».
Y sobre Mateo Feijoo, el director artístico, aseguró Elma Alonso que «se va a marchar de la Laboral con los bolsillos muy llenos, como gente de su familia y de sus amigos, sin que nadie le pida responsabilidades». «La ética y la vanguardia son compatibles», le apoyó Pérez Cueva, «pero la ética no es compatible con los caraduras ni con los iluminados».
Con todos estos argumentos, su siguiente paso fue anunciar que el grupo parlamentario popular en la Junta pedirá a la Sindicatura de Cuentas que investigue las cifras económicas del teatro de la Laboral.
Una solicitud que Alejandro Calvo considera una pérdida de tiempo toda vez que, «como organismo público, estamos sujetos al control y constante auditoría de la Sindicatura de Cuentas». El gerente de Recrea también reprocha al PP que se ciña a un análisis «mercantilista» de los datos económicos del teatro de la Laboral porque «hacemos más que pagar a los artistas». Y ese más es «una labor educativa, de mediación cultural, talleres, performances... Algo más cercano a la I+D que a un concepto de ocio».
No obstante, «no estamos ciegos» ante datos como los que arrojaron las actuaciones del guitarrista flamenco Tomatito -con 1.010 espectadores fue el espectáculo más visto el pasado semestre- o la de Patti Smith -que rozó el lleno dentro del Festival Palabra y Música de Spoken Word-. «Tenemos que reflexionar, trabajar y generar nuevas ofertas», reconoció Alejandro Calvo.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100525/gijon/teatro-laboral-solo-recupero-20100525.html
lunes, 24 de mayo de 2010
Nada justifica la desigualdad de voto
En el sistema electoral español no todas las papeletas valen lo mismo: las del PP y el PSOE valen mucho más que las de IU y UPyD. Tenemos un problema: la igualdad de voto es un requisito básico de la democracia
JORGE URDÁNOZ
EL PAÍS - Opinión - 24-05-2010
Creo que merecen desmontarse cuidadosamente las razones mediante las que José Ignacio Wert sale en defensa del sistema electoral en su artículo en estas páginas del pasado 20 de abril. Sus argumentos configuran lo que podemos denominar la "defensa oficial" del sistema, una defensa que, rutinaria e invariable, se reitera a modo de mantra desde hace más de 30 años. Conviene revelar su inconsistencia, porque aquí nos jugamos mucho.
Empezaré aclarando que, aunque el señor Wert utilice una expresión un tanto extraña en este contexto, la de "equidad", entiendo que lo que quiere decir es "igualdad", pues "igualdad" es, en efecto, el término que utilizaba Rosa Díez en su artículo inicial, el que abrió el debate y al que Wert responde. Admitido esto, podemos ir directamente al asunto. Es rotundamente falsa la tesis que constituye el eje de la defensa oficial del sistema y que Wert recoge así: "La equidad (léase "la igualdad") no es ni puede ser la única dimensión a atender a la hora de evaluar una Ley Electoral". No, vamos a ver.
La igualdad de voto no es una dimensión del sistema electoral, tal y como lo son, por ejemplo, la gobernabilidad, la proporcionalidad, la capacidad de generar coaliciones, etcétera. La igualdad de voto no es una característica, es un requisito sine qua non para que una ley electoral sea considerada democrática. No hay ni una sola teoría de la democracia, ni una, que no la garantice ni la considere imprescindible. Ni siquiera llega a tanto el liberalismo de Schumpeter, que de entre los diferentes relatos filosóficos que justifican la democracia -el liberal, el republicano, el deliberativo, el participativo, etcétera- pasa por ser el menos exigente desde un punto de vista normativo. La igualdad de voto no se pone en duda: si el voto no es igual, la elección no es democrática. Punto.
Pero hay sistemas electorales, se alegará, que no suponen un voto igual y que se encuentran plenamente justificados. En efecto, los hay. Pero solo en dos tipos de situaciones específicas. Y ninguna puede alegarse para nuestro sistema.
La primera situación es la "federal". Muchos Parlamentos no reflejan la voluntad de un único "pueblo", sino de muchos. Por ejemplo, el Parlamento Europeo. O cámaras territoriales como el Senado de Estados Unidos o el Bundesrat alemán. Ahí no están representados los ciudadanos, sino ciertas entidades territoriales (que para abreviar he denominado "pueblos", pero que pueden ser regiones, comunidades, etcétera). En estos contextos federales el voto de los ciudadanos no tiene por qué ser igual.
¿Puede justificarse el voto desigual en España atendiendo a esta circunstancia? Sí, pero no dos veces. Sí en el Senado, la cámara territorial; no en el Congreso, la cámara ciudadana. Por eso la Constitución no recoge el voto igual para el Senado, pero sí lo hace -aunque de manera meramente ornamental, visto lo visto- para el Congreso.
También en ciertas circunstancias extraordinarias -una guerra, una catástrofe natural, la salida de una dictadura- está justificada la cancelación de los derechos fundamentales (y la igualdad de voto lo es). Ahora bien, tal cancelación habrá de ser siempre transitoria, teniendo como único objetivo mantener el orden para, precisamente, garantizar los derechos fundamentales en cuanto hayan prescrito las circunstancias excepcionales. ¿Puede invocarse algo así hoy en España? Por supuesto que no.
Y, sin embargo, eso es lo que contra toda evidencia alega la defensa oficial. Escuchemos a Wert: hay que sacrificar la igualdad para favorecer la eficacia. ¿Y en qué consiste exactamente esa "eficacia" para la que se pide en sacrificio nada menos que la igualdad de voto?
No es, por descontado, una cuestión de vida o muerte, un último recurso desesperado para salvar un sistema que sin tal remedio naufragaría. Una situación excepcional así pudo darse en las dos primeras citas electorales, en las que la UCD fue la gran beneficiada por el sistema electoral. Entonces podía considerarse justificado, desde un punto de vista prudencial, sobrerrepresentar a UCD para que los nostálgicos de la dictadura no acabaran con la aventura democrática. Fue una manera de calmar a la bestia franquista, y sin duda mereció la pena. Pero, ¿qué significa "eficacia" en 2010?
No se engañen: significa tan sólo "comodidad" para el PP o para el PSOE. Wert lo deja bien claro: la define como la mayor o menor "posibilidad de Gobiernos mayoritarios o cuasi mayoritarios de cualquiera de los dos partidos centrales". Es sencillamente escandaloso afirmar que la igualdad de voto haya de sacrificarse en aras de tal eficacia. Y lo es por partida triple.
En primer lugar, es un argumento antidemocrático. La igualdad se puede rescindir para salvar al sistema transitoriamente... no para hacer más fácil su gobierno. Prueben, si no, a proponer en la próxima junta de vecinos que los del tercer y cuarto piso tengan menos poder de voto porque así se facilita el gobierno de la escalera. ¿No suena bien, verdad? Pues eso es lo que defienden el señor Wert y otros paladines del sistema actual. Cuando Rosa Díez alega que no puede ser que 500.000 españoles que votan a un partido obtengan un escaño mientras que 500.000 que votan a otro consiguen 10, lo único que responden Wert y los suyos es que así se "facilita la formación de Gobiernos estables". Y no permitiendo votar a los del quinto derecha también, desde luego. Desprovisto de ropajes técnicos y eruditos, el argumento resulta tan grotesco que cuesta encajarlo.
En segundo lugar, se trata de una tesis manifiestamente errónea desde un punto de vista empírico. Hace ya mucho tiempo que la ciencia política descartó la idea de que los Gobiernos monocolor sean "más eficaces" que los de coalición. No sólo no hay evidencia empírica, es que en todo caso tal evidencia apuntaría lo contrario. De los 10 países más desarrollados del mundo según la ONU, sólo dos tienen habitualmente un Gobierno monocolor. Wert vende que los Gobiernos monocolor son más "eficaces". No sólo respondo que es rotundamente falso, sobre todo le pido que, si de verás lo cree así, haga todo lo posible para que un partido gane por mayoría las elecciones... menos manipular la igualdad de voto. En Estados Unidos, por ejemplo, no lo hacen: sería jugar sucio.
Y, por último y en tercer lugar, aunque la tesis fuera empíricamente cierta y moralmente democrática -y no es ni una cosa ni la otra- es que, en el colmo del absurdo, aquí y ahora no se cumple. No sé en qué país vive Wert, pero en el mío cada dos por tres al PP o al PSOE los tienen que sustentar otros partidos pequeños para poder gobernar. ¿De veras conviene violar la igualdad de voto en aras de esta "eficacia"? La respuesta sería "no" aunque el remedio funcionara, pero, hombre, es que si ni siquiera lo hace.
Es ya una traición y un fracaso democrático pensar en términos de posibles resultados electorales y no de garantías ciudadanas reales, pero: ¿qué panorama terrible y desolador se adivina con un sistema proporcional de circunscripción única y voto igual? Probablemente uno en el que IU y UPyD tienen más presencia y el PP y el PSOE pueden pactar con ellos o con los nacionalistas periféricos, a su gusto. ¿Es algo ingobernable, ineficaz, inestable? No, claro. Es bastante parecido a lo que hay, y, de hecho, una inmensa mayoría lo consideraría preferible. Únicamente a los intereses puramente partidistas del PP y del PSOE les resultaría "ineficaz", porque la presencia de IU y UPyD lo sería a su costa y, por tanto, perderían escaños y porción del pastel. El acabose, sin duda.
Pero, sobre todo, es que el espíritu que anima casi todo el párrafo anterior supone de por sí una derrota de la democracia: da igual qué partidos ganen, lo que importa es que los ciudadanos posean intactos sus derechos de participación política. Por eso, la esencia del ideal democrático palpita sólo en la primera frase de tal párrafo, y no en el resto. Si no lo tenemos claro, ya hemos perdido la batalla. Que no les despisten.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100524elpepiopi_12&type=Tes&anchor=elpepuopi
JORGE URDÁNOZ
EL PAÍS - Opinión - 24-05-2010
Creo que merecen desmontarse cuidadosamente las razones mediante las que José Ignacio Wert sale en defensa del sistema electoral en su artículo en estas páginas del pasado 20 de abril. Sus argumentos configuran lo que podemos denominar la "defensa oficial" del sistema, una defensa que, rutinaria e invariable, se reitera a modo de mantra desde hace más de 30 años. Conviene revelar su inconsistencia, porque aquí nos jugamos mucho.
Empezaré aclarando que, aunque el señor Wert utilice una expresión un tanto extraña en este contexto, la de "equidad", entiendo que lo que quiere decir es "igualdad", pues "igualdad" es, en efecto, el término que utilizaba Rosa Díez en su artículo inicial, el que abrió el debate y al que Wert responde. Admitido esto, podemos ir directamente al asunto. Es rotundamente falsa la tesis que constituye el eje de la defensa oficial del sistema y que Wert recoge así: "La equidad (léase "la igualdad") no es ni puede ser la única dimensión a atender a la hora de evaluar una Ley Electoral". No, vamos a ver.
La igualdad de voto no es una dimensión del sistema electoral, tal y como lo son, por ejemplo, la gobernabilidad, la proporcionalidad, la capacidad de generar coaliciones, etcétera. La igualdad de voto no es una característica, es un requisito sine qua non para que una ley electoral sea considerada democrática. No hay ni una sola teoría de la democracia, ni una, que no la garantice ni la considere imprescindible. Ni siquiera llega a tanto el liberalismo de Schumpeter, que de entre los diferentes relatos filosóficos que justifican la democracia -el liberal, el republicano, el deliberativo, el participativo, etcétera- pasa por ser el menos exigente desde un punto de vista normativo. La igualdad de voto no se pone en duda: si el voto no es igual, la elección no es democrática. Punto.
Pero hay sistemas electorales, se alegará, que no suponen un voto igual y que se encuentran plenamente justificados. En efecto, los hay. Pero solo en dos tipos de situaciones específicas. Y ninguna puede alegarse para nuestro sistema.
La primera situación es la "federal". Muchos Parlamentos no reflejan la voluntad de un único "pueblo", sino de muchos. Por ejemplo, el Parlamento Europeo. O cámaras territoriales como el Senado de Estados Unidos o el Bundesrat alemán. Ahí no están representados los ciudadanos, sino ciertas entidades territoriales (que para abreviar he denominado "pueblos", pero que pueden ser regiones, comunidades, etcétera). En estos contextos federales el voto de los ciudadanos no tiene por qué ser igual.
¿Puede justificarse el voto desigual en España atendiendo a esta circunstancia? Sí, pero no dos veces. Sí en el Senado, la cámara territorial; no en el Congreso, la cámara ciudadana. Por eso la Constitución no recoge el voto igual para el Senado, pero sí lo hace -aunque de manera meramente ornamental, visto lo visto- para el Congreso.
También en ciertas circunstancias extraordinarias -una guerra, una catástrofe natural, la salida de una dictadura- está justificada la cancelación de los derechos fundamentales (y la igualdad de voto lo es). Ahora bien, tal cancelación habrá de ser siempre transitoria, teniendo como único objetivo mantener el orden para, precisamente, garantizar los derechos fundamentales en cuanto hayan prescrito las circunstancias excepcionales. ¿Puede invocarse algo así hoy en España? Por supuesto que no.
Y, sin embargo, eso es lo que contra toda evidencia alega la defensa oficial. Escuchemos a Wert: hay que sacrificar la igualdad para favorecer la eficacia. ¿Y en qué consiste exactamente esa "eficacia" para la que se pide en sacrificio nada menos que la igualdad de voto?
No es, por descontado, una cuestión de vida o muerte, un último recurso desesperado para salvar un sistema que sin tal remedio naufragaría. Una situación excepcional así pudo darse en las dos primeras citas electorales, en las que la UCD fue la gran beneficiada por el sistema electoral. Entonces podía considerarse justificado, desde un punto de vista prudencial, sobrerrepresentar a UCD para que los nostálgicos de la dictadura no acabaran con la aventura democrática. Fue una manera de calmar a la bestia franquista, y sin duda mereció la pena. Pero, ¿qué significa "eficacia" en 2010?
No se engañen: significa tan sólo "comodidad" para el PP o para el PSOE. Wert lo deja bien claro: la define como la mayor o menor "posibilidad de Gobiernos mayoritarios o cuasi mayoritarios de cualquiera de los dos partidos centrales". Es sencillamente escandaloso afirmar que la igualdad de voto haya de sacrificarse en aras de tal eficacia. Y lo es por partida triple.
En primer lugar, es un argumento antidemocrático. La igualdad se puede rescindir para salvar al sistema transitoriamente... no para hacer más fácil su gobierno. Prueben, si no, a proponer en la próxima junta de vecinos que los del tercer y cuarto piso tengan menos poder de voto porque así se facilita el gobierno de la escalera. ¿No suena bien, verdad? Pues eso es lo que defienden el señor Wert y otros paladines del sistema actual. Cuando Rosa Díez alega que no puede ser que 500.000 españoles que votan a un partido obtengan un escaño mientras que 500.000 que votan a otro consiguen 10, lo único que responden Wert y los suyos es que así se "facilita la formación de Gobiernos estables". Y no permitiendo votar a los del quinto derecha también, desde luego. Desprovisto de ropajes técnicos y eruditos, el argumento resulta tan grotesco que cuesta encajarlo.
En segundo lugar, se trata de una tesis manifiestamente errónea desde un punto de vista empírico. Hace ya mucho tiempo que la ciencia política descartó la idea de que los Gobiernos monocolor sean "más eficaces" que los de coalición. No sólo no hay evidencia empírica, es que en todo caso tal evidencia apuntaría lo contrario. De los 10 países más desarrollados del mundo según la ONU, sólo dos tienen habitualmente un Gobierno monocolor. Wert vende que los Gobiernos monocolor son más "eficaces". No sólo respondo que es rotundamente falso, sobre todo le pido que, si de verás lo cree así, haga todo lo posible para que un partido gane por mayoría las elecciones... menos manipular la igualdad de voto. En Estados Unidos, por ejemplo, no lo hacen: sería jugar sucio.
Y, por último y en tercer lugar, aunque la tesis fuera empíricamente cierta y moralmente democrática -y no es ni una cosa ni la otra- es que, en el colmo del absurdo, aquí y ahora no se cumple. No sé en qué país vive Wert, pero en el mío cada dos por tres al PP o al PSOE los tienen que sustentar otros partidos pequeños para poder gobernar. ¿De veras conviene violar la igualdad de voto en aras de esta "eficacia"? La respuesta sería "no" aunque el remedio funcionara, pero, hombre, es que si ni siquiera lo hace.
Es ya una traición y un fracaso democrático pensar en términos de posibles resultados electorales y no de garantías ciudadanas reales, pero: ¿qué panorama terrible y desolador se adivina con un sistema proporcional de circunscripción única y voto igual? Probablemente uno en el que IU y UPyD tienen más presencia y el PP y el PSOE pueden pactar con ellos o con los nacionalistas periféricos, a su gusto. ¿Es algo ingobernable, ineficaz, inestable? No, claro. Es bastante parecido a lo que hay, y, de hecho, una inmensa mayoría lo consideraría preferible. Únicamente a los intereses puramente partidistas del PP y del PSOE les resultaría "ineficaz", porque la presencia de IU y UPyD lo sería a su costa y, por tanto, perderían escaños y porción del pastel. El acabose, sin duda.
Pero, sobre todo, es que el espíritu que anima casi todo el párrafo anterior supone de por sí una derrota de la democracia: da igual qué partidos ganen, lo que importa es que los ciudadanos posean intactos sus derechos de participación política. Por eso, la esencia del ideal democrático palpita sólo en la primera frase de tal párrafo, y no en el resto. Si no lo tenemos claro, ya hemos perdido la batalla. Que no les despisten.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100524elpepiopi_12&type=Tes&anchor=elpepuopi
Los ayuntamientos no podrán pedir créditos hasta 2012
El Real Decreto Ley de medidas antidéficit establece una serie de medidas para garantizar la contribución de las entidades locales a la reducción del déficit público, entre ellas la prohibición de endeudarse a largo plazo desde el martes, fecha de la entrada en vigor de la norma, hasta el 31 de diciembre de 2011.
En concreto, el decreto, publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que ni las entidades locales ni sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para financiar sus inversiones.
Asimismo, la norma dicta que tampoco podrán sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquellas que en valores actuales netos resulten beneficiosas para la entidad local en cuestión en el sentido de que ayudarían a reducir la carga financiara, el plazo de amortización o ambas cosas.
El decreto, que ahora deberá ser convalidado por el Parlamento, también contempla que las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año.
La norma establece además los destinos preferentes que deberán tener los ahorros de las entidades locales derivados de la reducción de gastos de personal en 2010 y 2011.
Rebaja del sueldo de los funcionarios
Hay que tener en cuenta que la reducción media en un 5% de los salarios de los empleados públicos (reducción que afectará tanto al salario base como a los complementos) será de obligada aplicación a todas las administraciones, lo que, según el Gobierno, "supondrá un importante ahorro" para las comunidades autónomas y corporaciones locales debido al importante peso del empleo público en las mismas.
Así, como primera referencia, el Gobierno señala que los ayuntamientos deberán dedicar estos ahorros a sanear sus remanentes negativos y, en segundo término, a reducir su nivel de endeudamiento a largo plazo. En tercer lugar, podrán destinar este dinero a financiar inversiones.
Cuando no sean posibles los dos primeros objetivos, los recursos no aplicados en el propio ejercicio a la financiación de inversiones se destinarán en sucesivos ejercicios a las finalidades antes señaladas en el mismo orden de preferencia (saneamiento, reducción de deuda e inversiones).
Asimismo, y dentro de las medidas económico-financieras de aplicación a las entidades locales, la norma introduce modificaciones en el régimen de provisión de funcionarios con habilitación de carácter estatal para mejorar el control de la gestión económico-financiera de dichas entidades y garantizar la independencia funcional de los empleados públicos.
http://www.lne.es/economia/2010/05/24/ayuntamientos-podran-pedir-creditos-2012/919770.html
En concreto, el decreto, publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que ni las entidades locales ni sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para financiar sus inversiones.
Asimismo, la norma dicta que tampoco podrán sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquellas que en valores actuales netos resulten beneficiosas para la entidad local en cuestión en el sentido de que ayudarían a reducir la carga financiara, el plazo de amortización o ambas cosas.
El decreto, que ahora deberá ser convalidado por el Parlamento, también contempla que las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año.
La norma establece además los destinos preferentes que deberán tener los ahorros de las entidades locales derivados de la reducción de gastos de personal en 2010 y 2011.
Rebaja del sueldo de los funcionarios
Hay que tener en cuenta que la reducción media en un 5% de los salarios de los empleados públicos (reducción que afectará tanto al salario base como a los complementos) será de obligada aplicación a todas las administraciones, lo que, según el Gobierno, "supondrá un importante ahorro" para las comunidades autónomas y corporaciones locales debido al importante peso del empleo público en las mismas.
Así, como primera referencia, el Gobierno señala que los ayuntamientos deberán dedicar estos ahorros a sanear sus remanentes negativos y, en segundo término, a reducir su nivel de endeudamiento a largo plazo. En tercer lugar, podrán destinar este dinero a financiar inversiones.
Cuando no sean posibles los dos primeros objetivos, los recursos no aplicados en el propio ejercicio a la financiación de inversiones se destinarán en sucesivos ejercicios a las finalidades antes señaladas en el mismo orden de preferencia (saneamiento, reducción de deuda e inversiones).
Asimismo, y dentro de las medidas económico-financieras de aplicación a las entidades locales, la norma introduce modificaciones en el régimen de provisión de funcionarios con habilitación de carácter estatal para mejorar el control de la gestión económico-financiera de dichas entidades y garantizar la independencia funcional de los empleados públicos.
http://www.lne.es/economia/2010/05/24/ayuntamientos-podran-pedir-creditos-2012/919770.html
Los sindicatos temen un recorte de los 166 profesores de Orientación Educativa
Son 166 profesionales para atender a unos cinco mil niños y adolescentes asturianos que requieren atención educativa especial, y a otros muchos que entran en la gran bolsa de la diversidad: situaciones familiares de riesgo, minorías étnicas o inmigrantes. «Hay un volumen importante de alumnos que, sin tener discapacidad, sí tienen dificultades graves de aprendizaje, con problemáticas muy severas, a veces», explican Ángeles Villaverde, directora del equipo de orientación de atención temprana de Gijón; Luis González, orientador del IES Doña Jimena, y Victoria Ortiz, del equipo general del Caudal.
http://www.lne.es/sociedad-cultura/2010/05/24/sindicatos-temen-recorte-166-profesores-orientacion-educativa/919612.html
Esos 166 profesores, psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales dependientes de Educación, viven pendientes de la nueva distribución de recursos sobre Orientación Educativa. Los sindicatos se ponen en lo peor y denuncian que se prepara un recorte de puestos de trabajo. Desde la Consejería de Educación no se ha querido explicar a LA NUEVA ESPAÑA los detalles de ese futuro decreto regulador, pero el principal argumento de la Administración es el de reforzar el seguimiento del alumnado desde los 3 a los 18 años, es decir, a lo largo de toda su vida escolar.
Alrededor de un seis por ciento de los alumnos asturianos de Primaria tienen necesidades educativas especiales. Por cada niña que requiere esa especial atención en el aula se registran casi dos casos de varones. Un 40% de las necesidades educativas está relacionado con los trastornos de aprendizaje y desarrollo (más de 1.000 alumnos). Por otra parte, todos los cursos hay en Asturias cerca de 300 niños que requieren atención especial por su integración tardía en el sistema educativo.
La atención educativa especial alcanza en el Principado a unos 2.500 niños en Primaria -en la franja de edad que va desde los 6 a los 11 años-. Otros 700 tienen necesidades educativas en Infantil, y unos 1.500 en Secundaria. En total, casi 5.000 escolares sobre una población de unos 120.000 en Asturias.
Desde los sindicatos se barruntan medidas de recorte en presupuesto y recursos humanos. Las jubilaciones se amortizan, «Gijón ha perdido seis plazas en los últimos años», señalan fuentes sindicales. Los equipos de atención temprana, creados en 1992, «se supone que van a ser eliminados», así como los equipos generales.
La Administración pretende que cada orientador esté adscrito a un instituto, convertido en cuartel general para la atención de los colegios de Infantil y Primaria de su entorno. Hay en Asturias unos 150 centros que imparten ESO, de los que unos 90 son de titularidad pública. En la actualidad cada instituto ya cuenta con un departamento de orientación compuesto por un orientador, algunos profesores técnicos de servicios a la comunidad (PTSC), que son trabajadores sociales, y especialistas concretos entre la plantilla docente de cada IES.
Tan sólo en esa etapa de Secundaria, la ESO, hay en Asturias unos 450 alumnos con necesidades educativas especiales por discapacidad psíquica, más de 250 con trastornos de aprendizaje y desarrollo, y unos 150 con trastornos graves de personalidad. En su inmensa mayoría son casos heredados de Primaria, niños que son objeto de seguimiento desde sus inicios escolares.
Los sindicatos asumen que la reordenación que prepara con tanta cautela -y tomándose su tiempo, dicho sea de paso- la Dirección de Políticas Educativas no va a generar un solo puesto de trabajo. «El nuevo sistema recorta puestos y no supone mejora alguna en la atención al alumnado», a juicio del sindicato SUATEA.
Equipos suprimidos, años de cambio y un futuro aún por decidir
Cuando a principios de los años noventa se crearon en Asturias los equipos de atención temprana, comenzaron a funcionar cuatro centros: Langreo, Avilés, Oviedo y Gijón. Ahora sólo queda este último, compuesto por una orientadora y una trabajadora social. El pasado año, recuerdan los sindicatos, fue suprimida la plaza de logopeda.
La orientación asturiana lleva años de cambios -incertidumbre, a juicio de muchos de los profesionales de esta área sensible de la educación-, cambios que deberán concretarse en los próximos meses con el esperado decreto. Puede que el número de profesionales, fundamentalmente profesores de Psicología y Pedagogía, y trabajadores sociales (PTSC) adscritos a la escuela no aumente a corto plazo, pero las necesidades cada vez son mayores. «La crisis afecta, las dificultades familiares se acrecientan», señala Victoria Ortiz, que trabaja en el área del Caudal, donde seis orientadores y un PTSC tienen que atender 22 centros públicos. En Gijón el equipo orientador atiende 42 centros con 15 profesionales. Entre Infantil, Primaria y Secundaria el sistema educativo asturiano atiende todos los cursos a más de 150 niños y adolescentes con discapacidades auditivas, y en torno a unos 60 con discapacidades visuales. En esta etapa, desde los 0 a los 18 años, la orientación educativa atiende a medio centenar de alumnos con sobredotación intelectual.
http://www.lne.es/sociedad-cultura/2010/05/24/sindicatos-temen-recorte-166-profesores-orientacion-educativa/919612.html
Una fecha olvidada: 25 de mayo de 1808
Era un 25 de mayo del año 1808 cuando se producía uno de los acontecimientos más interesantes y motivadores de la Historia de Asturies. Interesante y digno de mención, no sólo por los hechos que tuvieron lugar en esa fecha, sino por lo que representaron y por lo mucho que nos dicen de la valía y dignidad de quienes los protagonizaron, no sólo a nivel individual, que también, sino fundamentalmente y sobre todo a nivel colectivo, como pueblo.
La síntesis de los hechos parece extraída de una novela. La noticia de los acontecimientos producidos el 2 de mayo en Madrid llegó a Asturies apenas unos días más tarde, concretamente, el 9 de mayo, produciéndose de forma inmediata un motín en Uviéu, encabezado fundamentalmente por estudiantes y por mujeres que demostraron una valentía y una decisión extraordinarios. Por cierto, ésta es una de las pocas ocasiones donde la Historia no puede por menos que reconocer la presencia, otras muchas veces olvidada, de mujeres que tuvieron una participación decisiva. Así, nombres como el de Xuaca Bobela o Marica Andayón, que se pusieron en cabeza en la revuelta carbayona, son de obligada mención cuando de esta fecha se trata.
Uno de los detalles más interesantes del movimiento de 1808 es su origen. Fue la presión popular la que empujó a los diputados que formaban la Junta General del Principado a tomar la decisión de rebelarse frente al poder francés y no reconocer a otro rey que no fuera Fernando VII, decisión de la que posteriormente -tan sólo unos días más tarde- se retractarían. Es entonces cuando un grupo de diputados, con Álvaro Flórez Estrada a la cabeza, recién elegido procurador general por aquel entonces, deciden tomar la Real Audiencia (el equivalente a la actual Delegación de Gobierno) la noche del 24 al 25 de mayo y obligan a su presidente a convocar una sesión extraordinaria de la Junta, mientras unos 3.000 campesinos armados tomaban la capital.
Un 25 de mayo de hace 202 años, en lo que sin duda fue una jornada para la Historia, la Junta General reunida en la Sala Capitular, nada más y nada menos que se proclamaba soberana, le declaraba la guerra a Francia, nombraba embajadores en Inglaterra para solicitar ayuda militar e iniciaba la formación del que se dio en llamar el Exército Defensivo Asturiano. Además, el ilustre asturiano Jovellanos recibió el encargo de diseñar una bandera propia, la bandera asturiana, que, con algunas variaciones respecto al diseño original, ha llegado hasta nuestros días. La que utilizaron aquellos hombres y mujeres tenía un añadido ciertamente interesante. Llevaba grababa, en letras doradas, la frase 'Asturias nunca vencida'.
Pero la reflexión alrededor de lo que significa esta fecha para nuestra historia, hay que hacerla también poniendo la atención en lo que pasa actualmente. Ver cómo se trata la memoria de estos acontecimientos desde la clase gobernante resulta decepcionante y esclarecedor. Que casi no se haga ni homenaje ni recuerdo de una fecha tan señalada, en la que Asturies reclamó su sitio en el mundo, su autogobierno, sus instituciones e incluso hasta su bandera, resulta verdaderamente triste. Ver cómo un espacio tan relevante para nuestra Historia como es la Sala Capitular, sede de la Xunta Xeneral durante cuatrocientos años, es desconocida por la mayoría de los asturianos y asturianas por ser imposible su visita, también es sintomático.
Tenemos una clase gobernante que se empeña en mantener en el olvido estos hechos, que no quiere darles el reconocimiento institucional que merecen. Declarar festiva la fecha del 25 mayo o recuperar la Sala Capitular como un lugar central de nuestra Historia es algo que harían personas que se sintieran orgullosas de esta misma Historia y de lo que representan los hechos de 1808. Pero, desgraciadamente, no es el caso, y tendremos que ser los asturianos, otra vez por presión popular, los que reclamemos lo que merece este país: dignidad.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100524/opinionarticulos/fecha-olvidada-mayo-1808-20100524.html
La síntesis de los hechos parece extraída de una novela. La noticia de los acontecimientos producidos el 2 de mayo en Madrid llegó a Asturies apenas unos días más tarde, concretamente, el 9 de mayo, produciéndose de forma inmediata un motín en Uviéu, encabezado fundamentalmente por estudiantes y por mujeres que demostraron una valentía y una decisión extraordinarios. Por cierto, ésta es una de las pocas ocasiones donde la Historia no puede por menos que reconocer la presencia, otras muchas veces olvidada, de mujeres que tuvieron una participación decisiva. Así, nombres como el de Xuaca Bobela o Marica Andayón, que se pusieron en cabeza en la revuelta carbayona, son de obligada mención cuando de esta fecha se trata.
Uno de los detalles más interesantes del movimiento de 1808 es su origen. Fue la presión popular la que empujó a los diputados que formaban la Junta General del Principado a tomar la decisión de rebelarse frente al poder francés y no reconocer a otro rey que no fuera Fernando VII, decisión de la que posteriormente -tan sólo unos días más tarde- se retractarían. Es entonces cuando un grupo de diputados, con Álvaro Flórez Estrada a la cabeza, recién elegido procurador general por aquel entonces, deciden tomar la Real Audiencia (el equivalente a la actual Delegación de Gobierno) la noche del 24 al 25 de mayo y obligan a su presidente a convocar una sesión extraordinaria de la Junta, mientras unos 3.000 campesinos armados tomaban la capital.
Un 25 de mayo de hace 202 años, en lo que sin duda fue una jornada para la Historia, la Junta General reunida en la Sala Capitular, nada más y nada menos que se proclamaba soberana, le declaraba la guerra a Francia, nombraba embajadores en Inglaterra para solicitar ayuda militar e iniciaba la formación del que se dio en llamar el Exército Defensivo Asturiano. Además, el ilustre asturiano Jovellanos recibió el encargo de diseñar una bandera propia, la bandera asturiana, que, con algunas variaciones respecto al diseño original, ha llegado hasta nuestros días. La que utilizaron aquellos hombres y mujeres tenía un añadido ciertamente interesante. Llevaba grababa, en letras doradas, la frase 'Asturias nunca vencida'.
Pero la reflexión alrededor de lo que significa esta fecha para nuestra historia, hay que hacerla también poniendo la atención en lo que pasa actualmente. Ver cómo se trata la memoria de estos acontecimientos desde la clase gobernante resulta decepcionante y esclarecedor. Que casi no se haga ni homenaje ni recuerdo de una fecha tan señalada, en la que Asturies reclamó su sitio en el mundo, su autogobierno, sus instituciones e incluso hasta su bandera, resulta verdaderamente triste. Ver cómo un espacio tan relevante para nuestra Historia como es la Sala Capitular, sede de la Xunta Xeneral durante cuatrocientos años, es desconocida por la mayoría de los asturianos y asturianas por ser imposible su visita, también es sintomático.
Tenemos una clase gobernante que se empeña en mantener en el olvido estos hechos, que no quiere darles el reconocimiento institucional que merecen. Declarar festiva la fecha del 25 mayo o recuperar la Sala Capitular como un lugar central de nuestra Historia es algo que harían personas que se sintieran orgullosas de esta misma Historia y de lo que representan los hechos de 1808. Pero, desgraciadamente, no es el caso, y tendremos que ser los asturianos, otra vez por presión popular, los que reclamemos lo que merece este país: dignidad.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100524/opinionarticulos/fecha-olvidada-mayo-1808-20100524.html
Suscribirse a:
Entradas (Atom)