ELOGIO DE LA POLÍTICA

FESTINA LENTE

domingo, 7 de noviembre de 2010

El Puerto pide que el suelo de Naval sea mixto

06/11/2010 00:00 /
La Autoridad Portuaria ha solicitado al ayuntamiento de la ciudad, dentro de las alegaciones al Plan General de Ordenación (PGO), que la parcela de 38.000 metros cuadrados -cuya concesión ostentaba Naval Gijón hasta febrero, y que ahora gestiona el Puerto- mantenga unos usos, características y densidad similares a las de su entorno. Aunque la Autoridad Portuaria ha rechazado profundizar más en el asunto, se entiende que ha solicitado un uso mixto del suelo del Natahoyo, es decir compartir el uso residencial (viviendas) con el industrial (oficinas).
En este sentido, el Puerto ya ha trasladado a Puertos del Estado su intención de que dicha parcela sea declarada innecesaria y se tramite su desafectación puesto que consideran que “la ubicación queda excluida de cualquier uso portuario”. La petición, que se acordó tramitar en el Consejo de Administración de mayo, aún se encuentra a la espera de la resolución de Fomento.

UPyD Apuesta por la unión de los concejos menos poblados para ahorrar costes y asegurar la prestación de los servicios públicos

La cuestión local es sensible, delicada. Concurren a su alrededor factores que no son únicamente económicos o políticos, sino vinculados con las raíces, la identidad propia. Por eso cuando alguien habla de suprimir municipios, de concentrarlos, salta la polémica. Se atrevió a hacerlo el pasado martes el consejero de Economía, Jaime Rabanal, y fue corregido 24 horas después por la portavoz de su Gobierno. Los partidos políticos suelen huir de este debate, pasar de puntillas. Sin embargo, UPyD cree que es el momento de ponerlo sobre la mesa, partiendo de la creencia de que la estructura actual acarrea un desmesurado gasto público y no garantiza una adecuada prestación de los servicios, sobre todo en los concejos con menos población y recursos. Con este objetivo, ha elaborado un estudio que aboga por impulsar la fusión de ayuntamientos, fijando un tamaño mínimo para las entidades resultantes de 5.000 habitantes. Aplicado en sentido estricto, supondría pasar de los 8.112 municipios que hoy tiene España a unos 2.500, lo que generaría un ahorro cercano a los 3.900 millones de euros anuales.
Obviamente, UPyD no piensa en una aplicación al pie de la letra de las conclusiones del citado informe. Considera urgente la fusión de ayuntamientos, sí, pero asume que hay que tener en cuenta condicionantes adicionales al demográfico. En Asturias, por ejemplo, la escarpada orografía o la dispersión de la población, que en muchos casos harían inviable conformar concejos de más de 5.000 habitantes sin que su extensión geográfica fuera desmesurada y, por tanto, irrealizable en la práctica. Pero el estudio supone una base de la que partir a la hora de pensar en la reforma de un mapa local que la formación, liderada en Madrid por Rosa Díez y que en el Principado aspira a conseguir un escaño en la Junta General, cree anticuado e ineficaz.
«Las Cortes de Cádiz, la España liberal, definió un modelo campesino-parroquial que perdura», sostienen los responsables del estudio, que se ciñen a las estadísticas. De los 8.112 municipios que hay en España, 6.821 tienen menos de 5.000 habitantes. Esto es, el 84,1%. 47 de ellos, de un total de 78, están en Asturias. Un reparto que UPyD ve insostenible y que impide en muchos casos ofrecer a los habitantes de esos pequeños núcleos acceder a unos servicios públicos en las mismas condiciones de calidad que en los espacios más poblados.
¿Qué propone UPyD? Reducir el número de municipios. ¿Cómo? Por la vía de la fusión. Se apuesta por impulsar ayuntamientos que tengan una población mínima de 5.000 habitantes, que además giren en torno a un núcleo principal más poblado. Y, a partir de ahí, se aboga por favorecer concejos de entre 10.000 y 20.000 habitantes, considerados como los más eficientes en la prestación de servicios al ciudadano. La existencia de concentraciones inferiores a 5.000 habitantes se considera «excepcional», siempre que concurran una serie de principios.
Plantea incluso el informe cómo desarrollar y ejecutar las fusiones. Primero, abriendo un período para llevarlas a cabo de forma voluntaria, a propuesta de los municipios implicados, a los que se comprometen una serie de ayudas económicas. Y, a partir de ahí, optando por un proceso obligatorio, aplicando los criterios demográficos antes mencionados.
Dinero, mucho dinero
Para los responsables de UPyD, los beneficios que se pueden obtener de esta reestructuración son enormes. El primero es de cariz económico. Si se toma como referencia el mínimo de 5.000 habitantes por municipio, el ahorro potencial que se obtendría sería de 3.866 millones anuales. Y pensando en un escenario más teórico, pero inaplicable en la práctica, que consiste en un mapa municipal en el que todas las unidades tuvieran más de 20.000 habitantes, la cuantía que se liberaría asciende a 16.142 millones de euros al año.
Habría más ventajas. Se apunta a una mejora en la calidad de servicios como el abastecimiento de agua, la recogida de basuras o las políticas sociales. También se lograría, sostienen los autores del informe, una simplificación de los procesos administrativos y una racionalización de las estructuras de los ayuntamientos, traducida en menos concejales, menos empresas públicas y fundaciones «redundantes» y la eliminación de vehículos oficiales y dietas.
Es verdad que el planteamiento de UPyD tiene mucho de teórico, y que llevarlo a la práctica es una cosa diferente. Pero su objetivo pasa por ser un punto de partida sobre el que luego trabajar, adaptándolo a las peculiaridades de cada territorio. Así lo destaca Ignacio Prendes, candidato autonómico de la formación, que precisa que en Asturias la situación es más racional que en otros territorios y que, además, habría que tener en cuenta especificidades como la orografía, la dispersión de la población e incluso otros argumentos socioeconómicos.
Prendes, por ejemplo, estima imprescindible la fusión de municipios en las alas, en el Oriente y el Occidente. Pero asume que hay casos en que incluso uniendo varios no se llegaría a ese límite mínimo de los 5.000 habitantes que marca el informe, salvo que se creara un ayuntamiento con una amplitud geográfica tan grande que lo hiciera ingobernable. Aquí, por tanto, sí se justificaría la excepción que plantea UPyD de integrar varios municipios, aun cuando la entidad resultante siga teniendo menos de 5.000 vecinos. Un primer paso ya se habría dado.
«Una única ciudad»
Asimismo, Prendes insta a observar la vida social y económica asturiana para constatar que hay municipios vecinos que, de facto, actúan como uno solo. El candidato de UPyD considera muestras claras de esta realidad a los ayuntamientos que integran la comarca de Avilés (el propio Avilés, Castrillón, Corvera e Illas) o la cuenca del Nalón, «que ya es una única ciudad», desde Laviana hasta La Felguera. En su opinión, esta política de fusiones podría aplicarse en ambos casos sin traumas y con ventajas prácticas para los vecinos que habitan ambos territorios.

covibarges ruinas en rivas vaciamadrid

Esta es la historia-calvario de unos vecinos de Rivas Vaciamadrid, que en 1998 compramos unos chalets , y en 5 meses comenzaron a aparecer grietas en nuestras viviendas. En la actualidad, tras 9 años de sufrimiento, las viviendas se encuentran sujetas a un expediente de ruina del Ayuntamiento, y tenemos una causa en el Tribunal Supremo, pendiente de que algún año salga la vista.

Los vecinos nos vimos obligados a abandonar las viviendas, y tras un año de calvario, en que estuvimos realojados en otras, nos vimos obligados a comprarlas, lo cual supone que, en la actualidad, estamos pagando dos hipotecas, la de la casa en ruinas, y la de la casa que nos obligaron a comprar. Nuestra situación es bastante desesperada, y hemos acudido al Ayuntamiento (de Izquierda Unida) para que nos ayude. Sin embargo, curiosamente nuestro Ayuntamiento nos ha estado dando largas, a través de reuniones en las que alentaban una solución paliativa, hasta que, finalmente, tuvieron lugar la elecciones municipales. Desde entonces, el Ayuntamiento no ha vuelto a dar señales de vida.

En el proceso judicial que se abrió, transcurrido el tiempo, nos percatamos de que, el abogado que llevó nuestro caso, también lo era de la empresa que gestionó toda la promoción, Covibarges. Ello ha supuesto que, esta empresa, no haya sido denunciada en el proceso, y por tanto se considera como no responsable de los hechos, aunque fuentes jurídicas consultadas nos han informado de lo contrario.

En esta época de situaciones urbanísticas "complejas", nos gustaría poder denunciar públicamente nuestra situación, la excesiva lentitud de la justicia, y la inexistencia de colaboración por parte de un Ayuntamiento que, a día de hoy, es de los pocos en los que gobiernan los de Izquierda Unida en nuestra Comunidad. Además, querríamos denunciar cómo una promotora ya conocida, Covibarges, que realmente ha sido corresponsable de la construcción de unas viviendas en un terreno que no cumple las condiciones de edificabilidad, campea impunemente en nuestro municipio, y en otras Comunidades Autónomas, construyendo viviendas de lujo, y no ha sido capaz de asumir su parte de responsabilidad tan importante en nuestra ruina económica .

El plan de Granda crea una nueva conexión con Vega y zona verde que amplía la senda fluvial

Sábado 08 de marzo de 2008
Covibarges, principal promotor del desarrollo de 1.200 viviendas, presentó en Urbanismo el proyecto que diseñó Alejandro Miranda

El desarrollo de 1.200 viviendas en Granda ya está en vías de tramitación. Covibarges, la principal promotora del proyecto, presentaba esta semana ante el Ayuntamiento de Gijón el plan parcial que remodelará los terrenos comprendidos entre el nudo de la Autovía Minera, la carretera de Pola de Siero y la senda fluvial. Esta empresa madrileña apuesta por un diseño «blando», con edificios de tres alturas y una gran zona verde que se funda con los espacios recuperados en las riberas del río Piles. Todo ello vertebrado en torno a un viario con cinco rotondas, que abrirá una nueva conexión con Vega.
Miriam SUÁREZ

La promotora madrileña Covibarges ha presentado esta semana en el Ayuntamiento de Gijón el plan parcial que ordenará el desarrollo residencial de Granda. Al amparo de dicho documento, se redefinirán 337.000 metros cuadrados de suelo rural entre el nudo de la Autovía Minera, la senda fluvial del río Piles y la carretera de Pola de Siero, donde está previsto levantar un nuevo barrio de 1.200 viviendas.

La actuación de Granda, diseñada por el arquitecto gijonés Alejandro Miranda, generará 50.000 metros cuadrados de zonas verdes públicas. La mancha vegetal más importante incluye un carril-bici y se situará en el borde del área residencial que limita con el cauce del Molino, prolongando así el espacio que la Confederación Hidrográfica del Norte ha recuperado en torno al río Piles.

Esa intervención medioambiental es, precisamente, uno de los motivos por los que Covibarges se ha interesado en la zona de Granda. La empresa, presidida por el asturiano Armando Rodríguez Vallina, no desarrollará en solitario este plan parcial. En la operación, una de las más potentes del planeamiento urbanístico gijonés, también intervienen varios promotores gijoneses y algún particular.

Según los planos presentados esta semana ante los servicios urbanísticos del Ayuntamiento de Gijón, las zonas verdes tienen una doble función: esponjar el área residencial y propiciar una transición urbanística entre las nuevas edificaciones y el paisaje rural existente. A la superficie verde pública, se sumarán 18.292 metros cuadrados de jardines privados, que enmarcarán una tipología edificatoria «más bien blanda».
Como blando, los promotores del proyecto entienden las villas de tres alturas, más bajo y ático. Este tipo de edificios, predominante en el desarrollo de Granda, ocupa una superficie en planta de poco más de 400 metros cuadrados. También habrá bloques, aunque no excederán los 45 metros de longitud y estarán concentrados en cinco áreas de centralidad, donde se distribuyen los 4.000 metros cuadrados de usos comerciales previstos en este desarrollo urbanístico. Sólo dos de esos bloques se elevarán por encima del resto de edificios -cuatro plantas, más bajo y ático- y lo harán para formar una especie de pantalla frente al enlace de la Autovía Minera.

Todo ese conjunto residencial se completará con una zona de viviendas unifamiliares (se descarta la fórmula de chalés adosados); infraestructuras deportivas, para las que se reservan 11.092 metros cuadrados en la cabecera del área residencial; unos 15.000 metros cuadrados de cesiones para equipamientos aún sin definir; y una parcela de 7.000 metros cuadrados (3.750 de construcción en planta) para instalaciones público sociales. El mayor volumen de equipamientos se sitúa en la fachada que mira hacia la carretera de Pola de Siero, para favorecer su accesibilidad desde el exterior del polígono.

El ámbito adscrito al plan de Granda se vertebrará en torno a un gran vial, que atraviesa el área residencial de lado a lado, abriendo una nueva conexión con la parroquia de Vega-La Camocha. La puesta en marcha de este eje de comunicación posiblemente relegará la carretera de Pola de Siero a una simple vía urbana. El nuevo viario hilvanará una cadena de cinco rotondas, para repartir el tráfico tanto hacia el interior del área residencial, como hacia la zona rural, la Autovía Minera y el casco urbano.
 

¡ATENCIÓN, GRANDA: LLEGA COBIVARGES!

Esta es la historia-calvario de unos vecinos de Rivas Vaciamadrid, que en 1998 compramos a través de la promotora gestora CovibarGes, S.L. unos chalets en Rivas Vaciamadrid, y en 5 meses comenzaron a aparecer grietas en nuestras viviendas. En la actualidad, tras 9 años de sufrimiento, las viviendas se encuentran sujetas a un expediente de ruina del Ayuntamiento, y tenemos una causa en el Tribunal Supremo, pendiente de que algún año salga la vista. Los vecinos nos vimos obligados a abandonar las viviendas, y tras un año de calvario, en que estuvimos realojados en otras, nos vimos obligados a comprarlas, lo cual supone que, en la actualidad, estamos pagando dos hipotecas, la de la casa en ruinas, y la de la casa que nos obligaron a comprar. Nuestra situación es bastante desesperada, y hemos acudido al Ayuntamiento (de Izquierda Unidad) para que nos ayude. Sin embargo, curiosamente nuestro Ayuntamiento nos ha estado dando largas, a través de reuniones en las que alentaban una solución paliativa, hasta que, finalmente, tuvieron lugar la elecciones municipales. Desde entonces, el Ayuntamiento no ha vuelto a dar señales de vida. En el proceso judicial que se abrió, transcurrido el tiempo, nos percatamos de que, el abogado que llevó nuestro caso, también lo era de la empresa que gestionó toda la promoción, Covibarges. Ello ha supuesto que, esta empresa, no haya sido denunciada en el proceso, y por tanto se considera como no responsablede los hechos, aunque fuentes jurídicas consultadas nos han informado de lo contrario. En esta época de situaciones
urbanísticas "complejas", nos gustaría que contactarais con alguno de nosotros, y que pudiéramos denunciar
públicamente nuestra situación, la excesiva lentitud de la justicia, y la inexistencia de colaboración por parte de un Ayuntamiento que, a día de hoy, es de los pocos en los que gobiernan los de Izquierda Unida en nuestra Comunidad.
Además, querríamos denunciar cómo una promotora ya conocida, Covibarges, que realmente ha sido responsable de la construcción de unas viviendas en un terreno que no cumple las condiciones de edificabilidad, campea impunemente en nuestro municipio, y en otras Comunidades Autónomas, construyendo viviendas de lujo, y no ha sido capaz de asumir su parte de responsabilidad tan importante en nuestra ruina económica .

Se

Los promotores ofrecen entre 240 y 270 euros por metro de suelo en Granda


Covibarges, que adquirió 186.000 metros cuadrados a la familia Armada, controlará el proyecto, que va a gestionar Fernando Negueruela

Los promotores que están intentando adquirir terreno en la unidad de actuación de Granda están ofreciendo entre 240 y 270 euros por metro cuadrado a los propietarios de las fincas que restan por vender y que están pidiendo entre 300 y 320 euros por metro. La Junta de Compensación de la unidad será controlada por Covibarges, firma madrileña que acaba de adquirir 186.000 metros cuadrados a la familia Armada, los herederos de los condes de Revillagigedo. En la zona también han comprado Dursa y Residencial Maya. Lugaru, Duro Felguera y el presidente de «Les Caseríes» son dueños de fincas.
M. C.

Las empresas promotoras y los propietarios del suelo de la unidad de actuación de Granda, que ocupa una superficie total de 319.000 metros cuadrados, están negociando la compraventa del suelo en precios que oscilan entre los 240 euros y los 320 euros el metro cuadrado, confirmaron vecinos de la zona y promotores. El desarrollo de una futura urbanización que pondrá en el mercado unos 1.200 pisos de lujo estará liderado por la empresa madrileña Covibarges, que ha adquirido a la familia Armada 186.000 metros cuadrados en la zona, tal como informó ayer LA NUEVA ESPAÑA.

Con esta operación de adquisición de parte de los terrenos de los descendientes del conde de Revillagigedo, Covibarges (cuya experiencia fundamental es la gestión de cooperativas) se garantiza el control de la Junta de Compensación, que repartirá las parcelas entre los promotores.

Además de los 186.000 metros cuadrados que posee Covibarges, en la unidad de actuación también están posicionadas dos promotoras asturianas. Dursa cuenta con 17.000 metros cuadrados, que adquirió en su día a la promotora Paredes. Residencial Maya es la segunda promotora local en la zona, con 25.000 metros cuadrados. También entrará en la Junta de Compensación, para promover viviendas, la firma contratista Lugaru. El plan de Granda afecta a más de 20.000 metros cuadrados de una finca que tiene en la zona desde hace años Lugaru. Otra empresa ajena al mundo de la promoción que también tiene propiedades en la unidad de actuación es Duro Felguera, con una finca de unos 10.000 metros cuadrados.

Otros vecinos del lugar están negociando la venta de sus tierras. Es el caso del presidente de la Asociación de Vecinos de Granda y de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural «Les Caseríes», Celestino Álvarez. Junto a su hermano, poseen 35.000 metros cuadrados en la zona.

Los vecinos están recibiendo ofertas de intermediarios de las inmobiliarias con precios que oscilan entre los 240 euros y los 270 euros por metro cuadrado. Lo que los propietarios piden está entre los 300 euros y los 320 euros por metro cuadrado.
La empresa que se encargará de la gestión de esta unidad de actuación es Necor, de Fernando Negueruela, que es la misma que realiza la gestión de la unidad de actuación de Castiello. Con más de la mitad del suelo de la unidad controlado, tras la compra de los 186.000 metros cuadrados a la familia Armada, Covibarges pondrá en marcha la Junta de Compensación. Uno de los miembros de la familia vendedora, que negoció la venta, declinó ayer realizar comentarios sobre la operación.
 

Covibarges adquiere a la familia Armada suelo para 1.200 viviendas en Granda

Miércoles 06 de junio de 2007
La compañía madrileña, que lidera el asturiano Armando Rodríguez Vallina, prepara un proyecto de lujo, ya que «Gijón tiene futuro como ciudad litoral»

El desarrollo residencial de Granda estará liderado por una empresa de Madrid, que ha tomado el control de la operación después de haber comprado a la familia Armada 186.000 metros cuadrados de terreno en la zona. La compañía, Covibarges, está dirigida por el asturiano Armando Rodríguez Vallina, que se interesó por este proyecto urbanístico al considerar que «Gijón tiene futuro como ciudad del litoral para primera y segunda residencia». En Granda, edificará 1.200 viviendas de lujo. Su idea es vender el metro cuadrado construido a 3.000 euros. «No vengo a especular», asegura.
F. C. / Miriam SUÁREZ

La empresa Covibarges, con sede en Madrid, liderará el codiciado desarrollo residencial de Granda. A la cabeza de la compañía se encuentra el asturiano Armando Rodríguez Vallina, que ha logrado tomar el control de la operación gracias al acuerdo de compraventa de terrenos que la pasada semana liquidaba con la familia Armada en una notaría de Gijón.

Los descendientes del conde de Revillagigedo, que tienen numerosas propiedades a caballo entre Ceares y Granda, se han desprendido de 186.000 metros cuadrados en la zona. La adquisición de ese suelo permite a Covibarges ponerse al frente de un proyecto urbanístico que se traducirá en la construcción de unas 1.200 viviendas de lujo.

La unidad de actuación de Granda ocupa una superficie total de 319.000 metros cuadrados. Lo que significa que Covibarges controla prácticamente el 60 por ciento del suelo y ya puede, por tanto, iniciar los trámites de este nuevo desarrollo urbanístico, aun cuando el resto de propietarios no esté a favor. «De todas formas, seguimos negociando; nos interesa comprar el máximo suelo posible para una mejor organización de esa área», precisaba ayer telefónicamente Rodríguez Vallina.

La de Granda será la primera promoción urbanística que el empresario, con más de veinte años de trayectoria en el sector, lleve a cabo en Asturias. Hace cuatro años, intentó posicionarse en Colloto, aunque finalmente no pudo ser. «Quería hacer algo en mi tierra. Y Gijón tiene futuro como ciudad de litoral, para primera y también para segunda residencia», explicó Rodríguez Vallina.

El área de influencia de Covibarges es Madrid y su entorno más inmediato. Actualmente, la compañía está trabajando en un proyecto de 8.000 viviendas en la zona de Rivas Vaciamadrid. Un proyecto en el que participa una rama de la familia Armada. Esa relación empresarial hizo posible las negociaciones con los Armada Ulloa, Aritio Armada y Aritio Sanz-Briz, para la adquisición de terreno en Granda.

«Se trata de una zona muy atractiva por la proximidad del nuevo nudo de comunicaciones -el de la Autovía Minera- y de la senda fluvial del Piles. Mi intención es hacer edificios de cuatro alturas como máximo y alguna vivienda unifamiliar. No se puede afear un entorno con tantas posibilidades. Ya tengo la vida resuelta, no vengo a especular», señaló Rodríguez Vallina, que montará en Gijón una sucursal de su empresa. Las obras de urbanización se iniciarán en 2008. Su idea es vender el metro cuadrado construido a 3.000 euros.