España necesita mantener el esfuerzo en formar su capital humano para ser competitiva, pero debe hacerlo mejor
AMANDA MARS / J. A. AUNIÓN
EL PAÍS - Sociedad - 25-04-2010
Las personas, en el idioma del hombre económico, se llaman capital humano. Y que este capital sepa leer, escribir, sumar, e incluso tenga una titulación superior que le haya enseñado a hacer cosas complejas resulta imprescindible para mejorar la competitividad de la economía y rentable para las arcas públicas, que en el futuro tendrán que gastar menos prestaciones para el individuo formado -tendrá mejor salud y mejores ingresos- y recibirá más pastel de sus impuestos.
Si invertir en educación puede ser costoso, no hacerlo sale mucho más caro, también económicamente, suele decir el ministro Ángel Gabilondo. Y no es una frase vacía, porque el hombre económico que habla de capital humano también se pone a echar cuentas y descubre, por ejemplo, que no sólo individualmente es rentable seguir estudiando (cuanta más formación, más sueldo y menos paro), sino que para el conjunto de un país también lo es. Según el estudio anual que hace la OCDE sobre la educación, los beneficios de la enseñanza son mayores que la inversión que se hace, también en el nivel posobligatorio (ver cuadro).
A la luz de estos datos, la pregunta que debería hacerse un país es: ¿estamos invirtiendo lo suficiente en Educación? La respuesta suele venir en forma de comparación, y el hecho es que la crisis y las estrecheces de los presupuestos públicos han cogido a España aún por debajo del nivel de gasto público de los países desarrollados. Los de la OCDE gastaron en educación, de media, el equivalente al 5,3% de su producto interior bruto (PIB), los de la UE de los 27, el 5,05%, y España, el 4,3%, según los últimos datos comparables del Ministerio de Educación, de 2006.
Es posible que la diferencia se haya acortado, ya que el gasto en España ha ido creciendo en los últimos años (en 2009 fue 4,95% del PIB). Sin embargo, para Andreu Mas-Colell, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), en España, en realidad, no hay que obcecarse en el dilema entre destinar o no más recursos a la educación, ya que cree que no habrá mucho más margen para gasto: "Ha habido cierta tendencia a imponer obligaciones que implicaban un gasto sin tener en cuenta los recursos públicos que requerían. Esa lógica algo imprudente ha funcionado a veces, pero ahora los ingresos públicos están en tensión. No hablo sólo de la crisis, sino a 15 años vista", reflexiona Mas-Colell, que fue consejero de Universidades del Gobierno catalán en la etapa de CiU.
El escenario ha cambiado en poco tiempo. Si el conjunto de las administraciones públicas españolas cerró 2007 con un superávit de dos puntos del PIB, 2009 batió el récord de déficit público al superar el 11%. El Gobierno español ha prometido a Bruselas y los mercados internacionales que dejará este equilibrio en el 3% en 2013 y para eso hace falta revisar las cuentas. El grueso del gasto público educativo, con las competencias transferidas, depende de las comunidades autónomas: el 88% en 2007. La Administración central, que cifró en 3.088 millones el presupuesto de este año en Educación, asume el resto.
Con todo, el pacto educativo que el Gobierno ha ofrecido a las comunidades y las fuerzas políticas y sociales se compromete a "incrementar la inversión en Educación. Ese incremento debe ir acompañado también de la rendición de cuentas y de mejoras en la eficiencia del gasto educativo". Y esto último, precisamente, es para algunos expertos lo primero y fundamental. "En estos momentos los resultados comparables internacionalmente son deficientes por la relación entre lo que se gasta y los resultados que se logran. ¿Es esto sostenible? Es la sociedad la que tiene que decidir cuánto quiere gastar en educación y qué parte quiere sustentar con sus impuestos", opina José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la UPF.
En el informe Pisa de 2006, los estudiantes españoles de 15 años ocuparon la posición 35 en lectura, en una lista de 56 países, la 32 en matemáticas y la 31 en ciencias. Además, España es el tercer país europeo con más abandono escolar temprano (casi el 32% de los jóvenes entre 18 y 24 años dejó de estudiar después de la enseñanza obligatoria, muchos sin el título de ESO), sólo superada por Portugal y Malta.
Es necesario señalar las atenuantes sociales y laborales (durante años ha sido muy fácil para los jóvenes encontrar un trabajo sin cualificación) para esta última cifra, pero el hecho cierto es que ya no puede haber excusas. "El porcentaje de empleos que requieren cualificaciones de alto nivel pasará del 29% en 2010 al 35% en 2020", y otro 50%, cualificaciones medias, según el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, el organismo de la UE ha encargado las proyecciones de empleo con las que organizar las necesidades educativas, dice la comisaria europea de Educación, Androulla Vassiliou.
Pero no sólo se trata de repartir titulaciones, sino de saber más. "Polonia elevó el rendimiento de sus alumnos de 15 años en la lectura de Pisa el equivalente de casi un año escolar en menos de una década, a la vez que redujo a la mitad las diferencias de rendimiento entre escuelas. El valor económico a largo plazo de una mejora similar en los resultados de los estudiantes españoles podría equivaler a más de 40.000 millones de dólares [unos 30.000 millones de euros] adicionales en los ingresos nacionales", asegura Andreas Schleicher, director del Informe Pisa de la OCDE.
España, desde una posición muy alejada de los países desarrollados, ha logrado extender enormemente la educación en las últimas décadas y se ha enfrentado a la vez a la extensión de la educación obligatoria hasta los 16 años y a la llegada masiva de inmigrantes. Ahora, pues, se trata de dar más calidad. ¿Cómo?
La ex ministra de Educación María Jesús San Segundo decía en un artículo del año pasado en Papeles de Economía Española que, a pesar de los estudios que dicen que un aumento del gasto educativo no conlleva directamnet mejores resultados, iniciativas concretas "en la extensión en la escolarización infantil, o en tutores y grupos de refuerzo en primaria y secundaria, ofrecen buenos resultados académicos, así como tasas apreciables de rendimiento económico de la inversión (entre el 6% y el 9%, en general)".
El problema, una vez más, es que todo eso es caro, y justo ahora, las cuentas no salen. "Cuando se habla de financiación en educación, siempre hay que distinguir entre enseñanza universitaria y no universitaria", dice Carmen Pérez Esparrells, profesora de Economía y Hacienda Pública de la Autónoma de Madrid. "En una sociedad desarrollada hay que garantizar una igualdad de acceso a todos los niveles educativos, incluidos los posobligatorios (especialmente el tramo de 16 a 18 años que es el que más nos diferencia con Europa y la OCDE). Por eso, no parece oportuno recortar la inversión en los niveles no universitarios porque en determinadas zonas urbanas (barrios o áreas con mayor presencia de población inmigrante) y en algunas rurales (con poca densidad de población) se necesitan mayores recursos y nuevas políticas que introduzcan una mejor gestión".
"La inversión de dinero público es más justificado en la enseñanza obligatoria y la inversión de dinero privado es más justificado en la terciaria", opina Schleicher. Mientras la mayor parte de la rentabilidad de los estudios obligatorios es social, el retorno económico de los estudios superiores es más individual.Lo cual no quiere decir que, aunque menor que en otras etapas, no haya beneficio público en la universidad: "A través de los impuestos recaudados, los titulados de las universidades devuelven a las arcas públicas 1,35 euros por cada euro que el sector público gastó", dice un informe del año pasado del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas sobre los campus de esa comunidad.
En cualquier caso, desde hace años hay señaladas ineficiencias que, sin recorte alguno, supondrían recuperar un dinero que acaba en la basura, pero que, a pesar de estar sistemáticamente encima de la mesa, no se llegan a resolver. Pero, en época de crisis y cambios como la actual, las soluciones son ya inaplazables. Cuando una economía entra en la etapa de vacas flacas "la organización debe ser óptima y, en eso, debemos mejorar", apunta Mas-Colell, refiriéndose, sobre todo, a la universidad.
Por ejemplo, además del fracaso escolar en secundaria, el abandono universitario también supone un "despilfarro" de recursos, en palabras de Juan José Dolado, profesor de la Universidad Carlos III. Un 30% de los alumnos abandonan después de dos años sin obtener titulación alguna y sólo un 30% acaba la licenciatura de cuatro años en el periodo previsto (la duración media asciende a seis años). Según los cálculos de Dolado, con un flujo de entrada anual de 220.000 alumnos en la universidad pública y un stock de 1,22 millones en el curso 2008/09, el "despilfarro anual" asciende a 2.960 millones de euros. No obstante, esta cifra debe reducirse en cierta medida, ya que parte de estos alumnos puede reengancharse a los estudios en el futuro y, durante sus años de universidad, adquirió destrezas que le servirán en su vida profesional.
Algunos expertos creen que, con matriculas más altas y mejores becas y ayudas (préstamos) se mejorarían las cifras de abandono y repetición. Pero también se trata, una vez más, de calidad, cuyo principal punto de mejora son los profesores. Así, el catedrático de Sociología de la Universidad Salamanca Mariano Fernández Enguita asegura que sería muy importante mejorar el hoy deficiente sistema de incentivos al buen trabajo de los docentes, lo cual también serviría para la educación no universitaria.
Otro gran chorreo de recursos públicos es la dispersión territorial de las universidades que, si bien ha conseguido extender la educación superior, ya no sirve. Resulta inviable un mapa de 47 universidades públicas presenciales con 117 campus, a las que hay que sumar 23 universidades privadas, con una oferta muy similar, tantas veces repetida, que muchas carreras de muchas facultades se han ido quedando vacías al descender los alumnos con la curva demográfica. Políticamente, es muy difícil que nadie tome la decisión de cerrar facultades, así que la opción más viable era que dentro de las comunidades, o entre autonomías vecinas, se pongan de acuerdo para repartir sólo en algunos sitios titulaciones con poca demanda. Pero de esto se lleva hablando años y, a pesar de esfuerzos como el de Cataluña o Valencia, en general, aún con la reforma de las carreras que está exigiendo el proceso de Bolonia, ha sido un fracaso.
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domingo, 25 de abril de 2010
sábado, 24 de abril de 2010
UPyD – Oviedo elige a Manuel López de Lerma coordinador del Consejo Local
UPyD Oviedo
24 de abril de 2010
A las tres de la tarde concluyó el plazo iniciado a las once de la mañana para que los afiliados de Oviedo, Siero, Noreña, Lugones y Las Regueras votasen a favor de la candidatura presentada por Manuel López De Lerma. Cerca de la mitad de los inscritos en el censo se acercaron a la sede del partido en la calle Foncalada para depositar su voto. Tras el recuento, se contabilizaron 34 votos a favor, 1 en blanco y ninguno nulo, con lo que la candidatura presentada fue ampliamente respaldada y legitimada para llevar a cabo la elaboración de las propuestas y el desarrollo de las ideas con las que Unión Progreso y Democracia concurrirá a las elecciones municipales de 2011.
En opinión del recién elegido coordinador, Manuel López De Lerma, “es una buena noticia para la ciudad que una nueva fuerza política se ponga a trabajar en la defensa de los intereses de los ciudadanos de Oviedo, y mejor aún que lo haga bajo la premisa de conseguir la regeneración democrática, tan necesaria cuando la vida municipal sufre cada día el abuso de un clase política cada vez más alejada de la ciudadanía y con intereses tan ajenos al bien común”.
24 de abril de 2010
A las tres de la tarde concluyó el plazo iniciado a las once de la mañana para que los afiliados de Oviedo, Siero, Noreña, Lugones y Las Regueras votasen a favor de la candidatura presentada por Manuel López De Lerma. Cerca de la mitad de los inscritos en el censo se acercaron a la sede del partido en la calle Foncalada para depositar su voto. Tras el recuento, se contabilizaron 34 votos a favor, 1 en blanco y ninguno nulo, con lo que la candidatura presentada fue ampliamente respaldada y legitimada para llevar a cabo la elaboración de las propuestas y el desarrollo de las ideas con las que Unión Progreso y Democracia concurrirá a las elecciones municipales de 2011.
En opinión del recién elegido coordinador, Manuel López De Lerma, “es una buena noticia para la ciudad que una nueva fuerza política se ponga a trabajar en la defensa de los intereses de los ciudadanos de Oviedo, y mejor aún que lo haga bajo la premisa de conseguir la regeneración democrática, tan necesaria cuando la vida municipal sufre cada día el abuso de un clase política cada vez más alejada de la ciudadanía y con intereses tan ajenos al bien común”.
UPyD – Gijón elige a Armando Fernández Bartolomé coordinador del Consejo local
UPyD Gijon
24 de abril de 2010
A las tres de la tarde concluyó el plazo iniciado a las once de la mañana para que los afiliados de Gijón, Carreño y Villaviciosa votasen a favor de la candidatura presentada por Armando Fernández Bartolomé. Más de la mitad de los inscritos en el censo se acercaron a la sede del partido en la calle Donato Argüelles para depositar su voto. Tras el recuento, se contabilizaron 37 votos a favor, 3 en blanco y ninguno nulo, con lo que la candidatura presentada fue ampliamente respaldada y legitimada para llevar a cabo la elaboración de las propuestas y el desarrollo de las ideas con las que Unión Progreso y Democracia concurrirá a las elecciones municipales de 2011.
Junto a Armando Fernández Bartolomé, forman parte del Consejo Local recién elegido, Luis Pertierra como responsable de organización, Antonio Sánchez Viña como responsable de política local y cuatro vocales que se ocuparán de elaborar el programa trabajando las diferentes áreas de ámbito municipal, desde festejos y deportes a empleo y hacienda, pasando por seguridad ciudadana o cultura y urbanismo. Diana Martínez, Lolo Iñarra, Mercedes Fernández Abín y Jorge Uría completan la candidatura.
Para el recién elegido coordinador, Armando Fernández Bartolomé, “tomando como base del proyecto la regeneración democrática, los buenos resultados obtenidos en las elecciones europeas y las expectativas creadas, nos animan a trabajar con ilusión y también a incorporar a todos aquellos afiliados que quieran echar una mano en cualquiera de los grupos de trabajo que elaborarán las propuestas de UPyD para la ciudad”.
24 de abril de 2010
A las tres de la tarde concluyó el plazo iniciado a las once de la mañana para que los afiliados de Gijón, Carreño y Villaviciosa votasen a favor de la candidatura presentada por Armando Fernández Bartolomé. Más de la mitad de los inscritos en el censo se acercaron a la sede del partido en la calle Donato Argüelles para depositar su voto. Tras el recuento, se contabilizaron 37 votos a favor, 3 en blanco y ninguno nulo, con lo que la candidatura presentada fue ampliamente respaldada y legitimada para llevar a cabo la elaboración de las propuestas y el desarrollo de las ideas con las que Unión Progreso y Democracia concurrirá a las elecciones municipales de 2011.
Junto a Armando Fernández Bartolomé, forman parte del Consejo Local recién elegido, Luis Pertierra como responsable de organización, Antonio Sánchez Viña como responsable de política local y cuatro vocales que se ocuparán de elaborar el programa trabajando las diferentes áreas de ámbito municipal, desde festejos y deportes a empleo y hacienda, pasando por seguridad ciudadana o cultura y urbanismo. Diana Martínez, Lolo Iñarra, Mercedes Fernández Abín y Jorge Uría completan la candidatura.
Para el recién elegido coordinador, Armando Fernández Bartolomé, “tomando como base del proyecto la regeneración democrática, los buenos resultados obtenidos en las elecciones europeas y las expectativas creadas, nos animan a trabajar con ilusión y también a incorporar a todos aquellos afiliados que quieran echar una mano en cualquiera de los grupos de trabajo que elaborarán las propuestas de UPyD para la ciudad”.
"Un poco de federalismo, por favor"
CARLOS MONASTERIO ESCUDERO
ELPAIS.com - Economía - 22-04-2010
En España, la construcción del Estado del bienestar y el proceso de descentralización hacia el denominado Estado de las Autonomías, han avanzado en paralelo, a lo largo de las últimas tres décadas.
En una primera etapa, desde la Constitución de 1978 hasta 2002, existieron diferencias apreciables en las competencias de las diversas comunidades autónomas, pero con la transferencia generalizada de la sanidad, a comienzos de 2002, todas las comunidades autónomas han asumido la prestación de los dos servicios públicos fundamentales del Estado del bienestar.
Tres décadas después del cambio democrático, es hora de hacer un breve balance de ambos procesos. Mientras que el Estado del bienestar se ha consolidado en lo fundamental, con un aceptable despliegue de los servicios públicos esenciales de sanidad y educación (aunque ambos deben ser objeto de atención y mejora), se observan mayores sombras en lo concerniente al Estado Autonómico.
Lo que debería haber sido un amplia avenida, para que circularan las preferencias de los ciudadanos y se reflejaran en distintas opciones sobre los servicios públicos descentralizados, se ha convertido en un verdadero laberinto en materia de Hacienda autonómica, donde se producen continuas bifurcaciones, que las más de las veces permiten al gobierno de turno favorecer a las comunidades autónomas afines o más capaces de ejercer influencia política.
Sin caer en la ingenuidad de querer llegar un "sistema cerrado" de descentralización (un gran teórico de la descentralización, William Riker, advirtió ya hace décadas que toda solución federal es siempre un equilibrio inestable entre las fuerzas centrípetas, que empujan de nuevo en la dirección de la centralización y fuerzas centrífugas, que amenazan desembocar en la secesión), creo que existen potenciales mejoras que podrían hacer que aumentara la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado Autonómico y la eficiencia en la prestación de servicios, aspectos básicos que desde el punto de vista económico justifican la descentralización. Para conseguir estas mejoras, la receta sería aplicar a nuestro Estado Autonómico las lecciones de la experiencia adquirida en estos años y, sobre todo, algunos mecanismos básicos del federalismo.
En primer lugar, convendría recordar el punto de partida; la descentralización supone abrir una puerta a la diversidad y para ello debe asegurarse que, en igualdad de posiciones de salida, se abran cauces para que las regiones puedan desarrollar políticas diferenciadas.
En cuanto a la igualdad de posiciones de salida, debemos sacar algunas lecciones de la experiencia pasada, aunque puedan resultarnos incómodas.
La Constitución de 1978 reconoció el derecho a la autonomía en favor de "las Comunidades Autónomas que se constituyan" (art 137) en un proceso sujeto a incertidumbre en el que no se conocía si sólo algunas zonas que habían manifestado anteriormente un mayor sentimiento autonomista (Pais Vasco, Cataluña) se constituirían en comunidades autónomas o si lo harían todas las regiones, como finalmente sucedió.
El esquema de relaciones bilateral, que tenía sentido en un principio, para materias que lógicamente deberían ser objeto de aceptación individual (Comisiones Mixtas de Transferencias, que permitían a cada comunidad autónoma aceptar una transferencia sólo si consideraba que los recursos traspasados eran suficientes) y sobre todo, si se pensaba que sólo algunos territorios iban a constituirse en comunidades autónomas, carece de sentido en el momento actual, cuando comprobamos que el Estado Autonómico se ha asentado en todos los territorios y el nivel competencial es esencialmente homogéneo. En consecuencia, el camino hacia las relaciones bilaterales que se abre en muchos Estatutos de "segunda generación" no parece que apunte en la dirección adecuada.
Unido a lo anterior, está el espinosos tema de los regímenes forales, tanto en lo que respecta a su muy discutible carácter de "sistemas paccionados" como en lo referente a las ventajas fiscales, cuando se aplican en regiones de renta relativa elevada. No tiene sentido, por ejemplo, que en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera las comunidades autónomas forales puedan participar en la decisión de cómo se articula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, mientras que a estas últimas les está completamente vedado participar en las negociaciones para determinar el concierto impositivo o los cupos quinquenales.
Que una Cámara territorial decidiera sobre todas estas cuestiones sería poner un poco de lógica federalista en el actual rompecabezas autonómico, aunque requiere una buena dosis de coraje político.... y ya se sabe que todos los recursos son escasos.
En cuanto a las políticas diferenciadas, debemos constatar un gran déficit de diversidad, cuando observamos el desarrollo de la Hacienda autonómica.
Las comunidades autónomas, que han asumido con entusiasmo la autonomía en la vertiente competencial y del gasto, siguen ancladas en un comportamiento gregario en materia fiscal.
Más aún, recientemente hemos dado clamorosos pasos atrás, sin que ninguno de los intervinientes en decisiones que merecerían una detallada explicación a los ciudadanos en un Estado mínimamente federal se haya sentido obligado a explicar nada.
Que en 2008 (¡con una crisis económica que se venía encima y hacia presagiar un notable aumento del déficit!) el Gobierno central haya suprimido el Impuesto de Patrimonio (que, recordémoslo, era un impuesto cedido a las comunidades autónomas con competencias normativas casi plenas) y seguidamente los gobiernos autonómicos hayan aceptado sin rechistar una medida que atentaba contra su autonomía fiscal y sólo se hayan preocupado de conseguir compensaciones financieras, es algo que contrasta con el entusiasmo dedicado a, por ejemplo, defender las competencias en materia de cajas de ahorros.
Además de la alegre inauguración de "proyectos emblemáticos", hace falta la explicación y defensa de los "impuestos problemáticos" necesarios para financiar esos y otros gastos
No cabe argumentar, al menos desde 2002, que no existen instrumentos para obtener recursos impositivos por parte de las Haciendas autonómicas, puesto que pueden aumentar la recaudación del tramo autonómico del IRPF, los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, tasas sobre el juego y tramo autonómico de hidrocarburos, además de todo el abanico de tasas y precios públicos
Desde otra perspectiva, las discusiones en materia de descentralización parecen resentirse todavía del "reflejo condicionado" que asocia centralización con el régimen dictatorial anterior y descentralización con democracia (para unos) o Estado centralizado y garantía de trato equitativo a todos los ciudadanos y Estado de las Autonomías y reinos de taifas (para otros).
Al igual que no deberíamos caer en el simplismo de asociar la pesca del salmón con las tendencias dictatoriales, sería bueno ver la descentralización como un mecanismo funcional para obtener mayor eficiencia en la prestación de servicios públicos, sin predeterminar cual debe ser siempre la dirección de los ajustes competenciales que deban introducirse
Ello implicaría admitir que la solución federal no tiene porqué ser inamovible y que en ciertas circunstancias, como la actual, sería sensato aumentar el peso del gobierno central, que es quien está mejor situado para hacer frente a las consecuencias de la recesión económica o replantear (en ambos sentidos) la asignación competencial, cuando parezca necesario a la luz de nuevas circunstancias (¿tienen sentido ficciones como la de convertir a los militares en bomberos y travestir las competencias de defensa en competencias de protección civil creando la Unidad Militar de Emergencias, en vez de discutir abiertamente si no sería mejor llevar una parte de las competencias de protección civil al gobierno central?).
En mi opinión, tendremos un sector público que merezca realmente el nombre de descentralizado cuando un ajuste presupuestario importante sea asumido por las comunidades autónomas mediante decisiones propias y autónomas, que en unos casos pasarán por reducciones del gasto y en otros por ajustes impositivos de diverso tipo, en vez de recurrir repetidamente a que la Hacienda central actúe de paraguas para todos. Si a ello añadiéramos la capacidad de discutir con tanta naturalidad que hay competencias estatales que pueden delegarse hacia las comunidades autónomas, como que hay algunas competencias autonómicas que podrían volver a ser centralizadas, quizá fuera posible quitarle el pantalón corto al Estado Autonómico y convertirlo sin complejos en un Estado Federal, en el que nos ocupáramos más de mejorar los aspectos de aplicación del modelo que de poner (pretendidamente) las esencias del modelo en cuestión un mes si y otro también.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100422elpepueco_9&type=Tes&anchor=elpepueco
ELPAIS.com - Economía - 22-04-2010
En España, la construcción del Estado del bienestar y el proceso de descentralización hacia el denominado Estado de las Autonomías, han avanzado en paralelo, a lo largo de las últimas tres décadas.
En una primera etapa, desde la Constitución de 1978 hasta 2002, existieron diferencias apreciables en las competencias de las diversas comunidades autónomas, pero con la transferencia generalizada de la sanidad, a comienzos de 2002, todas las comunidades autónomas han asumido la prestación de los dos servicios públicos fundamentales del Estado del bienestar.
Tres décadas después del cambio democrático, es hora de hacer un breve balance de ambos procesos. Mientras que el Estado del bienestar se ha consolidado en lo fundamental, con un aceptable despliegue de los servicios públicos esenciales de sanidad y educación (aunque ambos deben ser objeto de atención y mejora), se observan mayores sombras en lo concerniente al Estado Autonómico.
Lo que debería haber sido un amplia avenida, para que circularan las preferencias de los ciudadanos y se reflejaran en distintas opciones sobre los servicios públicos descentralizados, se ha convertido en un verdadero laberinto en materia de Hacienda autonómica, donde se producen continuas bifurcaciones, que las más de las veces permiten al gobierno de turno favorecer a las comunidades autónomas afines o más capaces de ejercer influencia política.
Sin caer en la ingenuidad de querer llegar un "sistema cerrado" de descentralización (un gran teórico de la descentralización, William Riker, advirtió ya hace décadas que toda solución federal es siempre un equilibrio inestable entre las fuerzas centrípetas, que empujan de nuevo en la dirección de la centralización y fuerzas centrífugas, que amenazan desembocar en la secesión), creo que existen potenciales mejoras que podrían hacer que aumentara la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado Autonómico y la eficiencia en la prestación de servicios, aspectos básicos que desde el punto de vista económico justifican la descentralización. Para conseguir estas mejoras, la receta sería aplicar a nuestro Estado Autonómico las lecciones de la experiencia adquirida en estos años y, sobre todo, algunos mecanismos básicos del federalismo.
En primer lugar, convendría recordar el punto de partida; la descentralización supone abrir una puerta a la diversidad y para ello debe asegurarse que, en igualdad de posiciones de salida, se abran cauces para que las regiones puedan desarrollar políticas diferenciadas.
En cuanto a la igualdad de posiciones de salida, debemos sacar algunas lecciones de la experiencia pasada, aunque puedan resultarnos incómodas.
La Constitución de 1978 reconoció el derecho a la autonomía en favor de "las Comunidades Autónomas que se constituyan" (art 137) en un proceso sujeto a incertidumbre en el que no se conocía si sólo algunas zonas que habían manifestado anteriormente un mayor sentimiento autonomista (Pais Vasco, Cataluña) se constituirían en comunidades autónomas o si lo harían todas las regiones, como finalmente sucedió.
El esquema de relaciones bilateral, que tenía sentido en un principio, para materias que lógicamente deberían ser objeto de aceptación individual (Comisiones Mixtas de Transferencias, que permitían a cada comunidad autónoma aceptar una transferencia sólo si consideraba que los recursos traspasados eran suficientes) y sobre todo, si se pensaba que sólo algunos territorios iban a constituirse en comunidades autónomas, carece de sentido en el momento actual, cuando comprobamos que el Estado Autonómico se ha asentado en todos los territorios y el nivel competencial es esencialmente homogéneo. En consecuencia, el camino hacia las relaciones bilaterales que se abre en muchos Estatutos de "segunda generación" no parece que apunte en la dirección adecuada.
Unido a lo anterior, está el espinosos tema de los regímenes forales, tanto en lo que respecta a su muy discutible carácter de "sistemas paccionados" como en lo referente a las ventajas fiscales, cuando se aplican en regiones de renta relativa elevada. No tiene sentido, por ejemplo, que en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera las comunidades autónomas forales puedan participar en la decisión de cómo se articula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, mientras que a estas últimas les está completamente vedado participar en las negociaciones para determinar el concierto impositivo o los cupos quinquenales.
Que una Cámara territorial decidiera sobre todas estas cuestiones sería poner un poco de lógica federalista en el actual rompecabezas autonómico, aunque requiere una buena dosis de coraje político.... y ya se sabe que todos los recursos son escasos.
En cuanto a las políticas diferenciadas, debemos constatar un gran déficit de diversidad, cuando observamos el desarrollo de la Hacienda autonómica.
Las comunidades autónomas, que han asumido con entusiasmo la autonomía en la vertiente competencial y del gasto, siguen ancladas en un comportamiento gregario en materia fiscal.
Más aún, recientemente hemos dado clamorosos pasos atrás, sin que ninguno de los intervinientes en decisiones que merecerían una detallada explicación a los ciudadanos en un Estado mínimamente federal se haya sentido obligado a explicar nada.
Que en 2008 (¡con una crisis económica que se venía encima y hacia presagiar un notable aumento del déficit!) el Gobierno central haya suprimido el Impuesto de Patrimonio (que, recordémoslo, era un impuesto cedido a las comunidades autónomas con competencias normativas casi plenas) y seguidamente los gobiernos autonómicos hayan aceptado sin rechistar una medida que atentaba contra su autonomía fiscal y sólo se hayan preocupado de conseguir compensaciones financieras, es algo que contrasta con el entusiasmo dedicado a, por ejemplo, defender las competencias en materia de cajas de ahorros.
Además de la alegre inauguración de "proyectos emblemáticos", hace falta la explicación y defensa de los "impuestos problemáticos" necesarios para financiar esos y otros gastos
No cabe argumentar, al menos desde 2002, que no existen instrumentos para obtener recursos impositivos por parte de las Haciendas autonómicas, puesto que pueden aumentar la recaudación del tramo autonómico del IRPF, los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, tasas sobre el juego y tramo autonómico de hidrocarburos, además de todo el abanico de tasas y precios públicos
Desde otra perspectiva, las discusiones en materia de descentralización parecen resentirse todavía del "reflejo condicionado" que asocia centralización con el régimen dictatorial anterior y descentralización con democracia (para unos) o Estado centralizado y garantía de trato equitativo a todos los ciudadanos y Estado de las Autonomías y reinos de taifas (para otros).
Al igual que no deberíamos caer en el simplismo de asociar la pesca del salmón con las tendencias dictatoriales, sería bueno ver la descentralización como un mecanismo funcional para obtener mayor eficiencia en la prestación de servicios públicos, sin predeterminar cual debe ser siempre la dirección de los ajustes competenciales que deban introducirse
Ello implicaría admitir que la solución federal no tiene porqué ser inamovible y que en ciertas circunstancias, como la actual, sería sensato aumentar el peso del gobierno central, que es quien está mejor situado para hacer frente a las consecuencias de la recesión económica o replantear (en ambos sentidos) la asignación competencial, cuando parezca necesario a la luz de nuevas circunstancias (¿tienen sentido ficciones como la de convertir a los militares en bomberos y travestir las competencias de defensa en competencias de protección civil creando la Unidad Militar de Emergencias, en vez de discutir abiertamente si no sería mejor llevar una parte de las competencias de protección civil al gobierno central?).
En mi opinión, tendremos un sector público que merezca realmente el nombre de descentralizado cuando un ajuste presupuestario importante sea asumido por las comunidades autónomas mediante decisiones propias y autónomas, que en unos casos pasarán por reducciones del gasto y en otros por ajustes impositivos de diverso tipo, en vez de recurrir repetidamente a que la Hacienda central actúe de paraguas para todos. Si a ello añadiéramos la capacidad de discutir con tanta naturalidad que hay competencias estatales que pueden delegarse hacia las comunidades autónomas, como que hay algunas competencias autonómicas que podrían volver a ser centralizadas, quizá fuera posible quitarle el pantalón corto al Estado Autonómico y convertirlo sin complejos en un Estado Federal, en el que nos ocupáramos más de mejorar los aspectos de aplicación del modelo que de poner (pretendidamente) las esencias del modelo en cuestión un mes si y otro también.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100422elpepueco_9&type=Tes&anchor=elpepueco
La cementera Tudela Veguín corta la carretera de acceso al Alto de Aboño
La cementera Tudela Veguín ha cortado la carretera de acceso al Alto de Aboño. El cierre se debe a las obras de su plan de ampliación. El corte del ramal, único acceso para vehículos al barrio del Alto de Aboño, ha implicado la creación de uno nuevo, que parte del original, desviándose por la ladera norte del monte, que rodea hasta llegar a su cota más alta.
El corte de este acceso se debe a que queda dentro del espacio que la cementera tiene previsto explanar, como parte de la ampliación que está desarrollando y que hará desaparecer la parte interior del monte de Aboño. Este periódico trató ayer, sin éxito, de conocer la versión de la empresa.
Según aclararon fuentes municipales, el corte del vial de acceso al Alto estaba previsto en el proyecto de desmonte de la parte interior del monte de Aboño, planteado por Tudela Veguín. Este cierre de la carretera debía acompañarse de la creación de una nueva, como así ha sido, si bien el nuevo ramal también desaparecerá en caso de consumarse el otro desmonte que plantea la Autoridad portuaria de Gijón.
La carretera de nueva creación parte de la original, a pocos metros de la pista de camiones de Tudela Veguín, y se desvía hacia el Norte, rodeando el monte, para desembocar directamente en el barrio del Alto. En algunos tramos del nuevo recorrido, la carretera alcanza pendientes que superan el 10 por ciento de desnivel, lo que ya ha provocado quejas entre los vecinos del entorno, por las dificultades de circular por cuestas tan pronunciadas.
La explanación que lleva a cabo la cementera, que también es propietaria de buena parte de los terrenos que afectan al desmonte de la Autoridad Portuaria, pretende extraer del suelo carreñense un volumen de 320.000 metros cúbicos de material en un área de 44.000 metros cuadrados.
Las extracciones propuestas por Tudela Veguín representan el 3% de las que pretende la Autoridad Portuaria. El Musel, a su vez, trata de extraer de Aboño 10.258.407 metros cúbicos.
http://www.lne.es/gijon/2010/04/24/cementera-tudela-veguin-corta-carretera-acceso-alto-abono/905407.html
El corte de este acceso se debe a que queda dentro del espacio que la cementera tiene previsto explanar, como parte de la ampliación que está desarrollando y que hará desaparecer la parte interior del monte de Aboño. Este periódico trató ayer, sin éxito, de conocer la versión de la empresa.
Según aclararon fuentes municipales, el corte del vial de acceso al Alto estaba previsto en el proyecto de desmonte de la parte interior del monte de Aboño, planteado por Tudela Veguín. Este cierre de la carretera debía acompañarse de la creación de una nueva, como así ha sido, si bien el nuevo ramal también desaparecerá en caso de consumarse el otro desmonte que plantea la Autoridad portuaria de Gijón.
La carretera de nueva creación parte de la original, a pocos metros de la pista de camiones de Tudela Veguín, y se desvía hacia el Norte, rodeando el monte, para desembocar directamente en el barrio del Alto. En algunos tramos del nuevo recorrido, la carretera alcanza pendientes que superan el 10 por ciento de desnivel, lo que ya ha provocado quejas entre los vecinos del entorno, por las dificultades de circular por cuestas tan pronunciadas.
La explanación que lleva a cabo la cementera, que también es propietaria de buena parte de los terrenos que afectan al desmonte de la Autoridad Portuaria, pretende extraer del suelo carreñense un volumen de 320.000 metros cúbicos de material en un área de 44.000 metros cuadrados.
Las extracciones propuestas por Tudela Veguín representan el 3% de las que pretende la Autoridad Portuaria. El Musel, a su vez, trata de extraer de Aboño 10.258.407 metros cúbicos.
http://www.lne.es/gijon/2010/04/24/cementera-tudela-veguin-corta-carretera-acceso-alto-abono/905407.html
La ITV de inmuebles obliga a realizar un censo específico de edificios residenciales
Gijón no sólo será la primera ciudad asturiana que regule mediante una ordenanza las inspecciones técnicas a los edificios. También será pionera en la iniciativa de crear un censo específico de construcciones residenciales. A día de hoy, la concejalía de Urbanismo controla el número de viviendas -135.000- y de unidades catastrales -207.540- que hay en el municipio. Pero carece de datos concretos sobre los edificios existentes.
«Inauguraremos el censo detrás de la ordenanza», anuncia el concejal Pedro Sanjurjo. El Ayuntamiento de Gijón tendrá bajo control los inmuebles de su ámbito territorial y, al mismo tiempo, pondrá a disposición de los propietarios un documento de consulta «para que puedan identificar los edificios a los que vamos aplicando la obligatoriedad de una inspección técnica».
Urbanismo ya está haciendo acopio de información, pero la ordenanza todavía se encuentra en pañales. Sanjurjo tiene la intención de presentar un primer borrador a finales del mes de junio. Primero, mantendrá una ronda de conversaciones con distintos colegios profesionales, consumidores y asociaciones de vecinos para tratar de llegar a un consenso. El primer intercambio de impresiones se producía el pasado jueves, con el Colegio de Arquitectos, que considera «razonable» y «necesaria» esta nueva normativa.
La obligación de inspeccionar un edificio corresponde a la propiedad, así que tendrán que ser las comunidades de vecinos las que asuman su coste. El Ayuntamiento no podrá tarifar este servicio profesional privado, pero asegura que «el precio no será disuasorio». Los inspectores revisarán las cimentaciones y estructuras; las fachadas, medianeras y carpinterías exteriores; las cubiertas; las instalaciones generales, y los elementos que afecten a la seguridad, salubridad u ornato público. Luego, deberán remitir su informe a los servicios urbanísticos municipales para que adopten las medidas que consideren oportunas.
Aunque está por decidir el contenido de la ordenanza, se baraja la idea de imponer las revisiones técnicas periódicas en los edificios que sobrepasen los 40 años de antigüedad. La normativa, que se incorporará al Plan General de Ordenación (PGO) que actualmente está en proceso de revisión, es nueva en Asturias, pero no en el resto de España. Varias ciudades gallegas y andaluzas, así como Madrid y Barcelona, ya tienen una ordenanza que obliga a los edificios de viviendas y oficinas a pasar una inspección (ITE) como ya ocurre con los vehículos y la ITV. Entre los últimos municipios que han dado este paso normativo figuran León, que quiso así garantizar la conservación de su casco histórico; y Guadalajara, en la misma fase que Gijón.
Los datos
El censo
-Se creará un registro específico de edificios de viviendas y oficinas. Actualmente, los servicios urbanísticos municipales trabajan con datos más generales, como el número de viviendas o las unidades catastrales (que incluyen desde un piso a una plaza de garaje).
-Tiene un doble objetivo. Por un lado, el Ayuntamiento podrá tener bajo control los edificios existentes, su antigüedad y sus características. Por otro, los propietarios tendrán posibilidad de consultar en qué situación normativa se encuentran.
La nueva ordenanza
-Regulará que los edificios con más de 40 años de antigüedad pasen revisiones técnicas. Estas inspecciones no las realizará el Ayuntamiento, sino profesionales privados. El coste lo asume la propiedad.
-El primer borrador se presentará en junio. El objetivo es preservar el buen estado de los edificios y garantizar su seguridad. Se aplicará en el ámbito urbano y en la zona rural.
«Inauguraremos el censo detrás de la ordenanza», anuncia el concejal Pedro Sanjurjo. El Ayuntamiento de Gijón tendrá bajo control los inmuebles de su ámbito territorial y, al mismo tiempo, pondrá a disposición de los propietarios un documento de consulta «para que puedan identificar los edificios a los que vamos aplicando la obligatoriedad de una inspección técnica».
Urbanismo ya está haciendo acopio de información, pero la ordenanza todavía se encuentra en pañales. Sanjurjo tiene la intención de presentar un primer borrador a finales del mes de junio. Primero, mantendrá una ronda de conversaciones con distintos colegios profesionales, consumidores y asociaciones de vecinos para tratar de llegar a un consenso. El primer intercambio de impresiones se producía el pasado jueves, con el Colegio de Arquitectos, que considera «razonable» y «necesaria» esta nueva normativa.
La obligación de inspeccionar un edificio corresponde a la propiedad, así que tendrán que ser las comunidades de vecinos las que asuman su coste. El Ayuntamiento no podrá tarifar este servicio profesional privado, pero asegura que «el precio no será disuasorio». Los inspectores revisarán las cimentaciones y estructuras; las fachadas, medianeras y carpinterías exteriores; las cubiertas; las instalaciones generales, y los elementos que afecten a la seguridad, salubridad u ornato público. Luego, deberán remitir su informe a los servicios urbanísticos municipales para que adopten las medidas que consideren oportunas.
Aunque está por decidir el contenido de la ordenanza, se baraja la idea de imponer las revisiones técnicas periódicas en los edificios que sobrepasen los 40 años de antigüedad. La normativa, que se incorporará al Plan General de Ordenación (PGO) que actualmente está en proceso de revisión, es nueva en Asturias, pero no en el resto de España. Varias ciudades gallegas y andaluzas, así como Madrid y Barcelona, ya tienen una ordenanza que obliga a los edificios de viviendas y oficinas a pasar una inspección (ITE) como ya ocurre con los vehículos y la ITV. Entre los últimos municipios que han dado este paso normativo figuran León, que quiso así garantizar la conservación de su casco histórico; y Guadalajara, en la misma fase que Gijón.
Los datos
El censo
-Se creará un registro específico de edificios de viviendas y oficinas. Actualmente, los servicios urbanísticos municipales trabajan con datos más generales, como el número de viviendas o las unidades catastrales (que incluyen desde un piso a una plaza de garaje).
-Tiene un doble objetivo. Por un lado, el Ayuntamiento podrá tener bajo control los edificios existentes, su antigüedad y sus características. Por otro, los propietarios tendrán posibilidad de consultar en qué situación normativa se encuentran.
La nueva ordenanza
-Regulará que los edificios con más de 40 años de antigüedad pasen revisiones técnicas. Estas inspecciones no las realizará el Ayuntamiento, sino profesionales privados. El coste lo asume la propiedad.
-El primer borrador se presentará en junio. El objetivo es preservar el buen estado de los edificios y garantizar su seguridad. Se aplicará en el ámbito urbano y en la zona rural.
El PP culpa a PSOE e IU del «exceso» de licitaciones de obra pública «opacas»
El presidente del PP de Asturias, Ovidio Sánchez, responsabilizó ayer al PSOE y a Izquierda Unida (IU) de que el sesenta por ciento de las obras públicas que se licitan en la región eviten la libre concurrencia empresarial. El dirigente popular señaló que el «exceso» de contrataciones por invitación ya fue advertida por la Sindicatura de Cuentas en un dictamen que, según indicó, «recibió el voto en contra de PSOE e IU», socios en el Gobierno regional. Es más, Sánchez subrayó que su formación ha tratado de llegar a acuerdos para fomentar la concurrencia libre en la obra pública, pero que chocó de frente con la oposición de los socialistas, que, a su juicio, «son partidarios de las fórmulas de licitación opacas».
Tras declararse firme defensor de las licitaciones abiertas, el presidente del PP asturiano se mostró «convencido» de que el procedimiento negociado -que es el que más se está utilizando en Asturias según un informe de la patrona de los constructores- «perjudica claramente a las empresas pequeñas y medianas». A este respecto, comprometió el apoyo del PP a medidas para lograr una «mayor transparencia» y anunció su «intención de investigar las adjudicaciones que ha realizado el Ejecutivo autonómico por métodos opacos».
Según los datos que maneja la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC), de las 74 obras públicas que han salido a licitación en los últimos meses, 40 lo han hecho mediante procedimiento negociado. Éste consiste en una adjudicación justificada a una determinada empresa, previa negociación del contenido del contrato con otras firmas del sector seleccionadas por la Administración contratante. Además, otras cinco actuaciones fueron licitadas por el sistema restringido, en el que solamente se permite presentar ofertas a aquellas constructoras que hayan sido invitadas a participar en el concurso o la subasta de una obra, con solicitud de las que estén interesadas.
El PP asturiano coincide con la patronal asturiana de la construcción en que el hecho de que solamente el cuarenta por ciento de la obra pública en la región sea por libre concurrencia constriñe el campo de actuación de las empresas más pequeñas, ya especialmente golpeadas por la crisis, puesto que en muy escasas ocasiones son invitadas a presentar ofertas.
«Los socialistas e IU votaron en contra de un informe de la Sindicatura de Cuentas en el que se advertía del exceso de obras públicas licitadas sin libre concurrencia»
http://www.lne.es/asturias/2010/04/24/pp-culpa-psoe-e-iu-exceso-licitaciones-obra-publica-opacas/905504.html
Tras declararse firme defensor de las licitaciones abiertas, el presidente del PP asturiano se mostró «convencido» de que el procedimiento negociado -que es el que más se está utilizando en Asturias según un informe de la patrona de los constructores- «perjudica claramente a las empresas pequeñas y medianas». A este respecto, comprometió el apoyo del PP a medidas para lograr una «mayor transparencia» y anunció su «intención de investigar las adjudicaciones que ha realizado el Ejecutivo autonómico por métodos opacos».
Según los datos que maneja la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC), de las 74 obras públicas que han salido a licitación en los últimos meses, 40 lo han hecho mediante procedimiento negociado. Éste consiste en una adjudicación justificada a una determinada empresa, previa negociación del contenido del contrato con otras firmas del sector seleccionadas por la Administración contratante. Además, otras cinco actuaciones fueron licitadas por el sistema restringido, en el que solamente se permite presentar ofertas a aquellas constructoras que hayan sido invitadas a participar en el concurso o la subasta de una obra, con solicitud de las que estén interesadas.
El PP asturiano coincide con la patronal asturiana de la construcción en que el hecho de que solamente el cuarenta por ciento de la obra pública en la región sea por libre concurrencia constriñe el campo de actuación de las empresas más pequeñas, ya especialmente golpeadas por la crisis, puesto que en muy escasas ocasiones son invitadas a presentar ofertas.
«Los socialistas e IU votaron en contra de un informe de la Sindicatura de Cuentas en el que se advertía del exceso de obras públicas licitadas sin libre concurrencia»
http://www.lne.es/asturias/2010/04/24/pp-culpa-psoe-e-iu-exceso-licitaciones-obra-publica-opacas/905504.html
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