El programa electoral del PSOE de 2007 no mencionaba los radares. Ni los fijos, ni los móviles. Ni el foto rojo. Pero unos y otro se han convertido en las principales 'estrellas' de la concejalía de Begoña Huergo en estos tres años. Un área que, para empezar, cambió de nombre en esta Corporación, mudando el Tráfico por la Movilidad, acompañada siempre, en cualquier caso, de la Seguridad Ciudadana, cuestión que también ha sido objetivo de polémica y debate durante estos años.
Se marcaban los socialistas el objetivo de dar prioridad al peatón en las calles, de pacificar el tráfico, de ganar espacio para las bicis, de potenciar las plazas de aparcamiento para las motos... En aquel momento ya estaban en marcha las zonas 30, las balizas luminosas y los pasos de peatones elevados. Se trataba de ir a más. De los radares se había empezado a hablar en la ciudad en 2005 y el programa electoral sólo mencionaba la intención de continuar con los controles preventivos de alcohol y velocidad. Pero el mayor control llegó en 2008 con los radares fijos. Son tres pero hacen las funciones de ocho, ya que los tres instrumentos rotan por las ocho cabinas instaladas en siete entradas de la ciudad. Tras su instalación, los gijoneses echaron el freno y la velocidad media con la que acceden a Gijón es menor. Pero también es cierto que se ponen miles de multas. El año pasado, 13.133 (en realidad, suponen sólo el 0,31% de los más de cuatro millones de vehículos controlados).
Recientemente, el PP ha criticado el aumento de los ingresos municipales por sanciones de tráfico. En 2009 estaba previsto que se ingresaran 3,8 millones por este concepto y finalmente fueron 5,9. El equipo de gobierno justifica el incremento en que 2009 fue el primer ejercicio completo en que los radares estaban funcionando.
Sea como fuere, lo cierto es que a esos ocho instrumentos se han sumado otros dos radares. Uno de ellos, móvil, depende también del Ayuntamiento. El otro estará controlado por la Dirección General de Tráfico, y será instalado unos metros antes de la nueva rotonda que da acceso desde la 'Y' a la avenida de Portugal y que se ha convertido en la segunda 'estrella' del mandato.
Comprometida por el área de Urbanismo e indispensable para poder cortar Sanz Crespo y arrancar el plan de vías, la glorieta ha dado más de un quebradero de cabeza. Las críticas y los incidentes han sido continuos, aunque nunca se haya considerado un punto negro. Finalmente, el Ayuntamiento ha solicitado a Fomento que mejore la señalización. Y en ello están.
Es de esperar que muchas de estas cuestiones se vean reforzadas en el nuevo plan de movilidad que elaborará Gijón, en colaboración con la DGT, un proyecto surgido en el marco de la FEMP y que tampoco estaba en el programa electoral. Y que procurará evitar, en la medida de lo posible, los atropellos, sucesos que siempre ocasionan un encendido debate en la ciudad sobre las medidas de seguridad vial.
Bandas juveniles
Sí incluía aquel proyecto el objetivo de «reforzar la cooperación entre todos los instrumentos que tienen como finalidad la seguridad de la ciudadanía», algo que sí se ha llevado a cabo, pero sólo tras un suceso lamentable. En octubre de 2008, Christian Rogelio Díaz murió apuñalado en los Jardines de la Reina. Su muerte abrió un agrio debate sobre la existencia o no de bandas juveniles en la ciudad y la colaboración de las fuerzas policiales. A raíz de aquel suceso, Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía acordaron tener reuniones semanales de evaluación, patrullar juntos en algunas zonas y reforzar determinados servicios. Desde entonces, los dos cuerpos informan conjuntamente de los balances de cada fin de semana, en los que no faltan nunca actas de incautación de drogas, por ejemplo.
Mientras, el área sigue a la espera de incorporar los nuevos bomberos y policías locales comprometidos. Por el momento, se están desarrollando los procesos de selección
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100603/gijon/circular-entre-radares-rotondas-20100603.html
jueves, 3 de junio de 2010
miércoles, 2 de junio de 2010
UPyD Gijon y el fondo de capital riesgo apadrinado por el Ayuntamiento
En relación a la puesta en marcha de un Fondo de Capital Riesgo por parte del Ayuntamiento de Gijón para subvencionar proyectos innovadores en el plazo de 10 años, UPyD-Gijón considera cuando menos muy dudosa tal iniciativa. Resulta contradictorio con la propia esencia de un Fondo de Capital-Riesgo que se pretenda subvencionar proyectos inversores, cuando su finalidad ha de ser, por una parte, apoyar iniciativas viables y, por otra, obtener una rentabilidad mínima que asegure su continuidad y garantice que tales proyectos son viables, conjugando de esta forma intereses públicos y privados, algo que no parece contemplar el concejal José María Pérez.
Es asimismo preocupante que sea el Ayuntamiento quien dirija el Comité Inversor. Distribuir los recursos públicos - nada menos que 6 millones de euros - con criterios políticos asegura el clientelismo, el fracaso de los proyectos y el derroche de los recursos públicos, todo ello en lo peor de una gravísima crisis económica y costeado por todos los gijoneses. Un mínimo de rigor exige que los fondos sean gestionados por un Comité Técnico ajeno a toda intromisión política, en todo caso supervisado en sus resultados por el Ayuntamiento. Para Armando Fernández Bartolomé, coordinador de UPyD en Gijón, “en plena crisis económica, con los municipios inmersos en una grave carencia de recursos y haciendo quebrar a muchas empresas a las que pagan con retraso, nuestro Ayuntamiento pretende impulsar la iniciativa empresarial sobre la base de criterios políticos, lo que sería un despropósito más por parte de un equipo de gobierno que parece haber perdido la medida de la realidad, sometiendo a su control todo lo que ocurre a su alrededor y coartando con ello la capacidad de prosperidad de los ciudadanos y hasta su libertad individual mediante el continuo intervencionismo”.
Es asimismo preocupante que sea el Ayuntamiento quien dirija el Comité Inversor. Distribuir los recursos públicos - nada menos que 6 millones de euros - con criterios políticos asegura el clientelismo, el fracaso de los proyectos y el derroche de los recursos públicos, todo ello en lo peor de una gravísima crisis económica y costeado por todos los gijoneses. Un mínimo de rigor exige que los fondos sean gestionados por un Comité Técnico ajeno a toda intromisión política, en todo caso supervisado en sus resultados por el Ayuntamiento. Para Armando Fernández Bartolomé, coordinador de UPyD en Gijón, “en plena crisis económica, con los municipios inmersos en una grave carencia de recursos y haciendo quebrar a muchas empresas a las que pagan con retraso, nuestro Ayuntamiento pretende impulsar la iniciativa empresarial sobre la base de criterios políticos, lo que sería un despropósito más por parte de un equipo de gobierno que parece haber perdido la medida de la realidad, sometiendo a su control todo lo que ocurre a su alrededor y coartando con ello la capacidad de prosperidad de los ciudadanos y hasta su libertad individual mediante el continuo intervencionismo”.
La deuda municipal pasó de 76,6 a 172,1 millones con Felgueroso, denuncia el PP
El concejal Pablo González responsabiliza al PSOE de empeñar a la ciudad para mantener una «estructura política» mediante la «burbuja del gasto»
El Partido Popular (PP) hizo ayer de la deuda contraída por los tres gobiernos que ha encabezado Paz Fernández Felgueroso un ariete contra la gestión de los socialistas, a los que responsabiliza de inflar la «burbuja del gasto» para mantener una «estructura política» que supone a los gijoneses unos intereses anuales de 5,9 millones. Pablo González, concejal del PP, denunció que la deuda municipal ha aumentado de los 76,6 millones de 1999, primer año de gobierno de la Alcaldesa, a los 172,1 millones de este ejercicio.
«Esa deuda ha servido para mantener una estructura política de poder; nos han dejado colgados de la brocha», aseguró González. Éste subrayó que sólo en el primer mandato de la Alcaldesa, entre 1999 y 2004, la deuda municipal pasó a ser casi el doble de la que Felgueroso encontró cuando asumió el gobierno de la ciudad: de 76,6 millones a 134,2 millones (ver cuadro en esta página).
González admitió que la deuda de Gijón está en los marcos legales y que hay ayuntamientos más endeudados, pero deslizó una pregunta: «¿Podemos seguir soportando un nivel de endeudamiento que nos supone pagar al año casi mil millones de las antiguas pesetas en intereses?». Gijón es la octava ciudad española más endeudada, por detrás de Oviedo, en manos del PP, y tiene aún margen antes de alcanzar el límite legal de endeudamiento, que es el 110 por ciento de los ingresos corrientes.
El concejal del PP, sin cuestionar que la deuda municipal esté aún en los límites legales, mostró su preocupación por lo que consideró «incumplimientos» de la estabilidad financiera local y del plan económico del Ayuntamiento. Señaló, por ejemplo, que los gastos de personal, para los que se preveía un aumento de 13 millones anuales, están ya 4 millones por encima de esa cantidad, hasta llegar a los 96,6 millones.
«No se apuesta por el ciudadano, sino por la estructura política; se prometieron obras, pero debido al crecimiento de gasto burocrático y político hubo que tirar de la deuda», insistió González. Puso un ejemplo: el plan económico planteaba en 2010 unas inversiones de 49,2 millones, aunque, finalmente, serán de 34,3 millones después de sumar las partidas del llamado «plan E». «Ha habido una burbuja del gasto a través de empresas, fundaciones y amigos o no», añadió.
El concejal recordó que la nueva estrategia de Zapatero contra el déficit impide recurrir a la deuda, salvo que vaya destinada a inversión. González propuso varias medidas urgentes. La primera: renegociar la deuda con las entidades bancarias; la segunda: pedir un crédito puente a corto plazo para salvar la situación; tercero: reconocer la situación económica del Ayuntamiento y afrontar un adelgazamiento de la estructura municipal.
¿Y cómo afrontar esa revisión del actual modelo económico municipal? ¿El PP hará privatizaciones si gana los comicios de 2011? González hizo otra propuesta: la urgencia de «fusiones» de empresas municipales, que mueven, según sus datos, «una tercera parte de los recursos». «Hay siete miniayuntamientos para igual número de minialcaldes», dijo. Y, además, recortar gastos suntuarios o reducir lo que denominó «subvenciones nominales que no benefician al ciudadano». El concejal hizo resaltar que su planteamiento supondría, «sin despedir a nadie con un contrato estable», un ahorro de 10 millones el próximo año.
González no puso en cuestión la competencia técnica del concejal de Hacienda, el socialista Santiago Martínez, doctor en Economía y profesor universitario en excedencia: «Al margen de sus conocimientos, tiene un saco de compromisos políticos y por encima suyo, además, está la Alcaldesa; ha heredado una situación y no ha querido o no le han dejado enderezarla, pero el análisis no es otro que el nuestro».
http://www.lne.es/gijon/2010/06/02/deuda-municipal-paso-766-1721-millones-felgueroso-denuncia-pp/923569.html
El PP plantea recortes para ahorrar hasta 20 millones de euros
El edil Pablo González asegura que si no se toman medidas habrá problemas para afrontar la deuda municipal en 2011
02.06.10 - 03:24 -
O. ESTEBAN | GIJÓN.
Un plan para «adelgazar la estructura municipal» y para suprimir gastos. Eso es lo que propone el PP para ahorrar hasta 20 millones de euros y poder así, defiende, afrontar el pago de la deuda municipal, algo para lo que podría haber problemas el próximo año. Así lo explicó ayer el concejal popular Pablo González, quien criticó los niveles de endeudamiento del Ayuntamiento y las posibles soluciones para afrontarlos, teniendo además en cuenta la reciente prohibición para contraer nueva deuda el próximo año.
Para empezar, Gijón tendrá que renunciar al crédito de 15,8 millones que pensaba solicitar a los bancos en 2011, tal y como consta en el estudio económico financiero que el Ayuntamiento debe seguir y que, según el PP, estamos incumpliendo. Por lo tanto, en 2011 Gijón no podrá contratar más deuda, pero tendrá que pagar 19 millones de euros de los créditos anteriores, además de los intereses. A eso se suma que, según los populares, el Consistorio está gastando más de lo previsto. Por ejemplo, los gastos de personal han aumentado en 13 millones en este ejercicio. Eso, además de otros aumentos, hacen que los gastos estén ya en 4 millones por encima de lo que marcaba el plan financiero. Critica Pablo González que influye también en gran media la «estructura política» del Ayuntamiento, una «pelota creciente» en la que se gasta mucho dinero que «no revierte en el ciudadano». Según el concejal, el equipo de gobierno justifica que los gastos son los previstos, porque compensa «lo que ha aumentado en gastos corrientes y de personal con lo que ha recortado en inversión. El gasto corriente es tan sumamente cuantioso que no deja recursos para invertir», señaló. Y así, de los «49 millones de euros previstos para invertir en 2010, sólo se han invertido 24,3, incluyendo el plan E. Sin él no se hubiera cubierto ni siquiera el 20% de lo previsto», apostilló.
De ahí que el PP plantee tomar medidas. Entre ellas, disminuir los gastos de representación; «eliminar subvenciones y ayudas con nombres y apellidos» y «adelgazar la estructura de las empresas municipales sin que ningún empleado quede en la calle». Siguiendo esos tres pasos, defiende González, se ahorrarían esos 20 millones de euros necesarios para pagar el próximo año a los bancos la deuda contraída anteriormente.
Renegociar la deuda
En caso contrario, dice el concejal del PP, el equipo de gobierno deberá renegociar la deuda, lo que «implica pagar una barbaridad de intereses». También existe la posibilidad de pedir un crédito a corto plazo, algo que sí permite el Gobierno, lo que supone «prorrogar el problema». Y González aún ve una tercera posibilidad: «Mentir y mantener la misma postura que Zapatero. Negar la mayor y decir que no pasa nada. Entonces, el problema explotará de repente. Espero que la alcaldesa no se convierta en Paz Fernández 'Zapatero'».
Echó mano González de los números de ejercicios anteriores para recordar que en 1999, «primer año de Felgueroso en el Ayuntamiento», la deuda del Ayuntamiento de Gijón era de 76,7 millones de euros. En 2004 había aumentado a 134,2. Y en los últimos tres años ha pasado de 149,6 a 159,4 y a 172,1 millones de euros.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100602/gijon/plantea-recortes-para-ahorrar-20100602.html
El Partido Popular (PP) hizo ayer de la deuda contraída por los tres gobiernos que ha encabezado Paz Fernández Felgueroso un ariete contra la gestión de los socialistas, a los que responsabiliza de inflar la «burbuja del gasto» para mantener una «estructura política» que supone a los gijoneses unos intereses anuales de 5,9 millones. Pablo González, concejal del PP, denunció que la deuda municipal ha aumentado de los 76,6 millones de 1999, primer año de gobierno de la Alcaldesa, a los 172,1 millones de este ejercicio.
«Esa deuda ha servido para mantener una estructura política de poder; nos han dejado colgados de la brocha», aseguró González. Éste subrayó que sólo en el primer mandato de la Alcaldesa, entre 1999 y 2004, la deuda municipal pasó a ser casi el doble de la que Felgueroso encontró cuando asumió el gobierno de la ciudad: de 76,6 millones a 134,2 millones (ver cuadro en esta página).
González admitió que la deuda de Gijón está en los marcos legales y que hay ayuntamientos más endeudados, pero deslizó una pregunta: «¿Podemos seguir soportando un nivel de endeudamiento que nos supone pagar al año casi mil millones de las antiguas pesetas en intereses?». Gijón es la octava ciudad española más endeudada, por detrás de Oviedo, en manos del PP, y tiene aún margen antes de alcanzar el límite legal de endeudamiento, que es el 110 por ciento de los ingresos corrientes.
El concejal del PP, sin cuestionar que la deuda municipal esté aún en los límites legales, mostró su preocupación por lo que consideró «incumplimientos» de la estabilidad financiera local y del plan económico del Ayuntamiento. Señaló, por ejemplo, que los gastos de personal, para los que se preveía un aumento de 13 millones anuales, están ya 4 millones por encima de esa cantidad, hasta llegar a los 96,6 millones.
«No se apuesta por el ciudadano, sino por la estructura política; se prometieron obras, pero debido al crecimiento de gasto burocrático y político hubo que tirar de la deuda», insistió González. Puso un ejemplo: el plan económico planteaba en 2010 unas inversiones de 49,2 millones, aunque, finalmente, serán de 34,3 millones después de sumar las partidas del llamado «plan E». «Ha habido una burbuja del gasto a través de empresas, fundaciones y amigos o no», añadió.
El concejal recordó que la nueva estrategia de Zapatero contra el déficit impide recurrir a la deuda, salvo que vaya destinada a inversión. González propuso varias medidas urgentes. La primera: renegociar la deuda con las entidades bancarias; la segunda: pedir un crédito puente a corto plazo para salvar la situación; tercero: reconocer la situación económica del Ayuntamiento y afrontar un adelgazamiento de la estructura municipal.
¿Y cómo afrontar esa revisión del actual modelo económico municipal? ¿El PP hará privatizaciones si gana los comicios de 2011? González hizo otra propuesta: la urgencia de «fusiones» de empresas municipales, que mueven, según sus datos, «una tercera parte de los recursos». «Hay siete miniayuntamientos para igual número de minialcaldes», dijo. Y, además, recortar gastos suntuarios o reducir lo que denominó «subvenciones nominales que no benefician al ciudadano». El concejal hizo resaltar que su planteamiento supondría, «sin despedir a nadie con un contrato estable», un ahorro de 10 millones el próximo año.
González no puso en cuestión la competencia técnica del concejal de Hacienda, el socialista Santiago Martínez, doctor en Economía y profesor universitario en excedencia: «Al margen de sus conocimientos, tiene un saco de compromisos políticos y por encima suyo, además, está la Alcaldesa; ha heredado una situación y no ha querido o no le han dejado enderezarla, pero el análisis no es otro que el nuestro».
http://www.lne.es/gijon/2010/06/02/deuda-municipal-paso-766-1721-millones-felgueroso-denuncia-pp/923569.html
El PP plantea recortes para ahorrar hasta 20 millones de euros
El edil Pablo González asegura que si no se toman medidas habrá problemas para afrontar la deuda municipal en 2011
02.06.10 - 03:24 -
O. ESTEBAN | GIJÓN.
Un plan para «adelgazar la estructura municipal» y para suprimir gastos. Eso es lo que propone el PP para ahorrar hasta 20 millones de euros y poder así, defiende, afrontar el pago de la deuda municipal, algo para lo que podría haber problemas el próximo año. Así lo explicó ayer el concejal popular Pablo González, quien criticó los niveles de endeudamiento del Ayuntamiento y las posibles soluciones para afrontarlos, teniendo además en cuenta la reciente prohibición para contraer nueva deuda el próximo año.
Para empezar, Gijón tendrá que renunciar al crédito de 15,8 millones que pensaba solicitar a los bancos en 2011, tal y como consta en el estudio económico financiero que el Ayuntamiento debe seguir y que, según el PP, estamos incumpliendo. Por lo tanto, en 2011 Gijón no podrá contratar más deuda, pero tendrá que pagar 19 millones de euros de los créditos anteriores, además de los intereses. A eso se suma que, según los populares, el Consistorio está gastando más de lo previsto. Por ejemplo, los gastos de personal han aumentado en 13 millones en este ejercicio. Eso, además de otros aumentos, hacen que los gastos estén ya en 4 millones por encima de lo que marcaba el plan financiero. Critica Pablo González que influye también en gran media la «estructura política» del Ayuntamiento, una «pelota creciente» en la que se gasta mucho dinero que «no revierte en el ciudadano». Según el concejal, el equipo de gobierno justifica que los gastos son los previstos, porque compensa «lo que ha aumentado en gastos corrientes y de personal con lo que ha recortado en inversión. El gasto corriente es tan sumamente cuantioso que no deja recursos para invertir», señaló. Y así, de los «49 millones de euros previstos para invertir en 2010, sólo se han invertido 24,3, incluyendo el plan E. Sin él no se hubiera cubierto ni siquiera el 20% de lo previsto», apostilló.
De ahí que el PP plantee tomar medidas. Entre ellas, disminuir los gastos de representación; «eliminar subvenciones y ayudas con nombres y apellidos» y «adelgazar la estructura de las empresas municipales sin que ningún empleado quede en la calle». Siguiendo esos tres pasos, defiende González, se ahorrarían esos 20 millones de euros necesarios para pagar el próximo año a los bancos la deuda contraída anteriormente.
Renegociar la deuda
En caso contrario, dice el concejal del PP, el equipo de gobierno deberá renegociar la deuda, lo que «implica pagar una barbaridad de intereses». También existe la posibilidad de pedir un crédito a corto plazo, algo que sí permite el Gobierno, lo que supone «prorrogar el problema». Y González aún ve una tercera posibilidad: «Mentir y mantener la misma postura que Zapatero. Negar la mayor y decir que no pasa nada. Entonces, el problema explotará de repente. Espero que la alcaldesa no se convierta en Paz Fernández 'Zapatero'».
Echó mano González de los números de ejercicios anteriores para recordar que en 1999, «primer año de Felgueroso en el Ayuntamiento», la deuda del Ayuntamiento de Gijón era de 76,7 millones de euros. En 2004 había aumentado a 134,2. Y en los últimos tres años ha pasado de 149,6 a 159,4 y a 172,1 millones de euros.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100602/gijon/plantea-recortes-para-ahorrar-20100602.html
El Ayuntamiento pone en marcha el fondo de capital riesgo comprometido en 2007
Gijón ya es el primer Ayuntamiento de España que tiene un fondo de capital riesgo con un ciento por ciento de dinero municipal para favorecer el desarrollo de proyectos empresariales innovadores. Este compromiso del PSOE anunciado en la campaña electoral de 2007 se acaba de convertir en realidad tras recibir el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El edil de Promoción Económica, José María Pérez, anunciaba ayer esta aprobación, que es el colofón a un largo y complicado proceso que ha tenido que recorrer en solitario el Ayuntamiento gijonés al carecerse de referentes en una actuación pionera.
Aún no hay fechas para saber que proyectos empresariales pueden ser los primeros beneficiarios del fondo, pero Torsa Capital, la sociedad gestora a la que se adjudicó a finales del año pasado la gestión del fondo, ya trabaja desde hace un tiempo en el análisis de algunas iniciativas que le han sido enviadas desde el Centro Municipal de Empresas. Torsa se encargará de hacer los informes, pero la decisión de que el Ayuntamiento sea o no socio de una empresa a través de ese fondo corresponderá a un comité de inversiones integrado por personal del Ayuntamiento.
Este fondo de capital riesgo, con un capital total de seis millones de los que ya se han desembolsado dos y un tercero se hará en breve, está pensado para empresas de nanotecnología, tecnologías de la información y la comunicación, servicios a la industria, sociosanitarios o de energías limpias. Todos los que tienen cabida en el ámbito de la denominada «milla del conocimiento». La sociedad de capital municipal posibilita la entrada del fondo en el accionariado con un máximo del 15% de esos seis millones de capital total. El contrato incluirá en todo momento la obligación de recompra de las acciones del Ayuntamiento. Aunque las condiciones se negociarán caso por caso.
«Es una manera de apoyo a las empresas en estos momentos con problemas para ir a vías de financiación más convencionales», sentenció el concejal.
El dinero
Este fondo de capital riesgo es de 6 millones de euros.
El gestor
La sociedad Torsa Capital será la gestora del fondo, aunque las decisiones se tomarán por un comité de inversores del Ayuntamiento.
La participación
El fondo participará en proyectos de innovación con un máximo del 15% de su capital.
http://www.lne.es/gijon/2010/06/02/ayuntamiento-pone-marcha-fondo-capital-riesgo-comprometido-2007/923567.html
Aún no hay fechas para saber que proyectos empresariales pueden ser los primeros beneficiarios del fondo, pero Torsa Capital, la sociedad gestora a la que se adjudicó a finales del año pasado la gestión del fondo, ya trabaja desde hace un tiempo en el análisis de algunas iniciativas que le han sido enviadas desde el Centro Municipal de Empresas. Torsa se encargará de hacer los informes, pero la decisión de que el Ayuntamiento sea o no socio de una empresa a través de ese fondo corresponderá a un comité de inversiones integrado por personal del Ayuntamiento.
Este fondo de capital riesgo, con un capital total de seis millones de los que ya se han desembolsado dos y un tercero se hará en breve, está pensado para empresas de nanotecnología, tecnologías de la información y la comunicación, servicios a la industria, sociosanitarios o de energías limpias. Todos los que tienen cabida en el ámbito de la denominada «milla del conocimiento». La sociedad de capital municipal posibilita la entrada del fondo en el accionariado con un máximo del 15% de esos seis millones de capital total. El contrato incluirá en todo momento la obligación de recompra de las acciones del Ayuntamiento. Aunque las condiciones se negociarán caso por caso.
«Es una manera de apoyo a las empresas en estos momentos con problemas para ir a vías de financiación más convencionales», sentenció el concejal.
El dinero
Este fondo de capital riesgo es de 6 millones de euros.
El gestor
La sociedad Torsa Capital será la gestora del fondo, aunque las decisiones se tomarán por un comité de inversores del Ayuntamiento.
La participación
El fondo participará en proyectos de innovación con un máximo del 15% de su capital.
http://www.lne.es/gijon/2010/06/02/ayuntamiento-pone-marcha-fondo-capital-riesgo-comprometido-2007/923567.html
El plan de ayudas a colectivos de mujeres reparte 160.000 euros a 56 organizaciones
Un total de 23 asociaciones de mujeres y 33 vocalías de la Mujer de organizaciones vecinales de la zona rural y la urbana se repartirán los 160.000 euros habilitados por el gobierno local en la convocatoria de subvenciones para colectivos de mujeres para los años 2010 y 2011, y a la que ayer dio el visto bueno la Junta de Gobierno tras la presentación de la concejalía de Empleo, Igualdad y Juventud, que encabeza la socialista Begoña Fernández.
Las asociaciones de mujeres se llevan 43.950 euros en 2010 y 43.920 en 2011. En este área se incluyen los departamentos de la mujer de UGT, USO, Izquierda Unida y PP, el Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (Cavasym). Mujeres Separadas y Divorciadas, Eva Canel, la escuela por la salud y la igualdad «La Xana», el Fórum de Políticas Feministas de Asturias, la Tertulia Feminista «Les Comadres», la asociación Sara Suárez Solís, Amdas-La Fonte, Mujeres Jóvenes de Asturias, el Foro de Mujeres de El Llano, Viudas «Villa de Gijón», Mujeres de Monteareo, Amamantar, la Asociación Integral de Mujeres Discapacitadas en Asturias, la Asociación Cultural y Recreativa Mujeres de Peñerina Vega, la Asociación de Mujeres «Xabuguina», Empresa Mujer-Asem, Bruja-Brújula y Mujeres re-cuerdas. Las vocalías de la Mujer, por su parte, tendrán 36.050 euros este año y 38.080 el año que viene.
Las bases de la convocatoria priorizaban las actividades con permanencia en el tiempo y aquellas vinculadas a mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad, caso de inmigrantes, discapacitadas o víctimas de violencia de género. También se daba mayor puntuación a programas de acción educativa o divulgativa y, diez puntos menos, a actividades de promoción de la participación de las mujeres en el ámbito público y social.
http://www.lne.es/gijon/2010/06/02/plan-ayudas-colectivos-mujeres-reparte-160000-euros-56-organizaciones/923570.html
Las asociaciones de mujeres se llevan 43.950 euros en 2010 y 43.920 en 2011. En este área se incluyen los departamentos de la mujer de UGT, USO, Izquierda Unida y PP, el Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (Cavasym). Mujeres Separadas y Divorciadas, Eva Canel, la escuela por la salud y la igualdad «La Xana», el Fórum de Políticas Feministas de Asturias, la Tertulia Feminista «Les Comadres», la asociación Sara Suárez Solís, Amdas-La Fonte, Mujeres Jóvenes de Asturias, el Foro de Mujeres de El Llano, Viudas «Villa de Gijón», Mujeres de Monteareo, Amamantar, la Asociación Integral de Mujeres Discapacitadas en Asturias, la Asociación Cultural y Recreativa Mujeres de Peñerina Vega, la Asociación de Mujeres «Xabuguina», Empresa Mujer-Asem, Bruja-Brújula y Mujeres re-cuerdas. Las vocalías de la Mujer, por su parte, tendrán 36.050 euros este año y 38.080 el año que viene.
Las bases de la convocatoria priorizaban las actividades con permanencia en el tiempo y aquellas vinculadas a mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad, caso de inmigrantes, discapacitadas o víctimas de violencia de género. También se daba mayor puntuación a programas de acción educativa o divulgativa y, diez puntos menos, a actividades de promoción de la participación de las mujeres en el ámbito público y social.
http://www.lne.es/gijon/2010/06/02/plan-ayudas-colectivos-mujeres-reparte-160000-euros-56-organizaciones/923570.html
domingo, 30 de mayo de 2010
Alcaldes con la soga al cuello
La prohibición de recurrir al crédito por parte de los ayuntamientos viene implícitamente acompañada del aplazamiento del modelo de financiación municipal
30.05.2010 - JUAN NEIRA
Un día alguien contará la historia de este mayo, pero hasta que se publique el relato dediquémonos a analizar algunas de las grandes sorpresas del mes. Entre las más destacadas está la medida del Gobierno de prohibir a los 8.111 ayuntamientos españoles el recurso de acudir al crédito para financiar inversiones hasta el año 2012. El Real Decreto Ley suponía, de entrada, dejar a medio construir cualquier infraestructura con financiación plurianual, así como la imposibilidad de acudir a los bancos para refinanciar deudas. En términos más generales o filosóficos, era un retorno a la sociedad rural, donde a falta de intermediarios financieros, todas las inversiones se hacían con el dinero guardado debajo del colchón. Se pueden tomar medidas drásticas sobre las finanzas municipales, pero no cabe ejecutarlas de un día para otro, porque los ayuntamientos quedan a medio vestir.
Bancos
El Gobierno es consciente que la deuda de los ayuntamientos aumenta de forma acelerada. En los últimos cinco años se incrementó en un 45%, y ya supera los 34.000 millones de euros, a los que hay que añadir otros 8.000 millones que deben a los bancos las empresas y sociedades municipales. En principio, el Gobierno vigila de cerca a los ayuntamientos que infringen los límites de la estabilidad presupuestaria, pero en la jungla municipal hay muchos consistorios que tiran de frente, recurren a los bancos, y todo el mundo sabe que la quiebra municipal no pasa de ser un supuesto teórico, porque al final responde el Reino de España. Ahora que se habla tanto del apalancamiento en el sector inmobiliario, nunca se oye hablar de alguna institución financiera que esté en apuros por haber dado mucho crédito a los ayuntamientos.
Lo más curioso del asunto es que la norma conoció la luz justo en el momento en que los ayuntamientos empiezan a ejecutar el segundo Plan E, dedicado a construir un sinfín de variopintos equipamientos a cargo de la chequera del Estado. Con una mano, el Gobierno de Zapatero daba 5.000 millones de euros a los consistorios para que construyan infraestructuras y con la otra firmaba un decreto que impide a partir del día siguiente acudir a los bancos para hacer más obras en dieciocho meses. Se puede optar por el blanco o por el negro, pero no de forma simultánea.
La prohibición de recurrir al crédito fue tomada de forma apresurada y sin meditación, porque en caso contrario se hubieran calculado los desperfectos. Las quejas inmediatas de los alcaldes y de los partidos de oposición llevaron a corregir el decreto, aplazando la fecha de la suspensión de los créditos hasta el inicio del año 2012. En estos tiempos de devaluación de activos, la credibilidad de Elena Salgado quedó equiparada a la de los bonos basura, porque justificó el cambio de postura por un simple error de escritura. Mera manipulación de tipex.
Improvisación
Como la medida, de carácter restrictivo, fue aprobada de forma desgajada del plan de austeridad de Zapatero, es muy probable que haya sido improvisada en medio de las presiones de gobiernos y organismos internacionales, ante la necesidad de proceder a un saneamiento mayor de las cuentas. Esta hipótesis forma parte de la historia de este mes de mayo que está por escribir.
La rectificación del Gobierno supuso un golpe muy fuerte en su credibilidad, pero también ha desdibujado los efectos que tendrá la prohibición de acudir al crédito durante el ejercicio de 2011. Ante un año electoral, los alcaldes van a cerrar operaciones por adelantado, recurriendo a sociedades públicas y desde las propias corporaciones, para llegar a las urnas con más realizaciones. Los bancos pondrán las pegas justas, porque ahora también son promotores de viviendas y hay mucha materia para negociar.
Al margen de la reflexión puramente municipal, no queda otro remedio que hacer un análisis en términos de coste de oportunidad sobre la opción de Zapatero de invertir 13.000 millones de euros en los ayuntamientos, en dos ejercicios, para disminuir temporalmente la lista del paro. Se ha logrado remozar aceras y construir fuentes a cambio de frenar la ejecución de autovías y líneas de alta velocidad. A eso se llama tener visión de Estado.
Aunque no se haya comunicado formalmente, está claro que no habrá un nuevo modelo de financiación municipal en el año 2011. No cabría mayor ceremonia de la confusión que cerrar el crédito y firmar un modelo de financiación municipal. Es el momento de que los alcaldes, colectivamente, revisen su estrategia. En España, los ayuntamientos no superan el 14% del gasto público de las administraciones. En Francia está en sus manos más del 20% del gasto global. En Inglaterra alcanza el 29% y en Italia llega al 31%. En los países europeos con estructura federal se sitúa en el 25%, mientras que los territorios federados detentan el 30%.
Terapia urgente
Si hay que señalar una razón que justifique la distinta distribución de recursos de las administraciones entre España y sus socios europeos, no cabe duda que es la existencia de las comunidades autónomas, que gastan un 6% más que los Länder alemanes. La intención de los alcaldes de obtener mejor financiación por la vía de aumentar su participación en los impuestos del Estado es inviable, porque el Estado (exceptuada la Seguridad Social) sólo tiene en sus manos el 20% del gasto. La terapia urgente pasa por reducir el tamaño de las redes municipales, pero a medio plazo sólo hay dos salidas: negociar con los gobiernos autonómicos o fusionar consistorios. En Grecia acaban de suprimir dos tercios de los ayuntamientos.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100530/politica/alcaldes-soga-cuello-20100530.html
30.05.2010 - JUAN NEIRA
Un día alguien contará la historia de este mayo, pero hasta que se publique el relato dediquémonos a analizar algunas de las grandes sorpresas del mes. Entre las más destacadas está la medida del Gobierno de prohibir a los 8.111 ayuntamientos españoles el recurso de acudir al crédito para financiar inversiones hasta el año 2012. El Real Decreto Ley suponía, de entrada, dejar a medio construir cualquier infraestructura con financiación plurianual, así como la imposibilidad de acudir a los bancos para refinanciar deudas. En términos más generales o filosóficos, era un retorno a la sociedad rural, donde a falta de intermediarios financieros, todas las inversiones se hacían con el dinero guardado debajo del colchón. Se pueden tomar medidas drásticas sobre las finanzas municipales, pero no cabe ejecutarlas de un día para otro, porque los ayuntamientos quedan a medio vestir.
Bancos
El Gobierno es consciente que la deuda de los ayuntamientos aumenta de forma acelerada. En los últimos cinco años se incrementó en un 45%, y ya supera los 34.000 millones de euros, a los que hay que añadir otros 8.000 millones que deben a los bancos las empresas y sociedades municipales. En principio, el Gobierno vigila de cerca a los ayuntamientos que infringen los límites de la estabilidad presupuestaria, pero en la jungla municipal hay muchos consistorios que tiran de frente, recurren a los bancos, y todo el mundo sabe que la quiebra municipal no pasa de ser un supuesto teórico, porque al final responde el Reino de España. Ahora que se habla tanto del apalancamiento en el sector inmobiliario, nunca se oye hablar de alguna institución financiera que esté en apuros por haber dado mucho crédito a los ayuntamientos.
Lo más curioso del asunto es que la norma conoció la luz justo en el momento en que los ayuntamientos empiezan a ejecutar el segundo Plan E, dedicado a construir un sinfín de variopintos equipamientos a cargo de la chequera del Estado. Con una mano, el Gobierno de Zapatero daba 5.000 millones de euros a los consistorios para que construyan infraestructuras y con la otra firmaba un decreto que impide a partir del día siguiente acudir a los bancos para hacer más obras en dieciocho meses. Se puede optar por el blanco o por el negro, pero no de forma simultánea.
La prohibición de recurrir al crédito fue tomada de forma apresurada y sin meditación, porque en caso contrario se hubieran calculado los desperfectos. Las quejas inmediatas de los alcaldes y de los partidos de oposición llevaron a corregir el decreto, aplazando la fecha de la suspensión de los créditos hasta el inicio del año 2012. En estos tiempos de devaluación de activos, la credibilidad de Elena Salgado quedó equiparada a la de los bonos basura, porque justificó el cambio de postura por un simple error de escritura. Mera manipulación de tipex.
Improvisación
Como la medida, de carácter restrictivo, fue aprobada de forma desgajada del plan de austeridad de Zapatero, es muy probable que haya sido improvisada en medio de las presiones de gobiernos y organismos internacionales, ante la necesidad de proceder a un saneamiento mayor de las cuentas. Esta hipótesis forma parte de la historia de este mes de mayo que está por escribir.
La rectificación del Gobierno supuso un golpe muy fuerte en su credibilidad, pero también ha desdibujado los efectos que tendrá la prohibición de acudir al crédito durante el ejercicio de 2011. Ante un año electoral, los alcaldes van a cerrar operaciones por adelantado, recurriendo a sociedades públicas y desde las propias corporaciones, para llegar a las urnas con más realizaciones. Los bancos pondrán las pegas justas, porque ahora también son promotores de viviendas y hay mucha materia para negociar.
Al margen de la reflexión puramente municipal, no queda otro remedio que hacer un análisis en términos de coste de oportunidad sobre la opción de Zapatero de invertir 13.000 millones de euros en los ayuntamientos, en dos ejercicios, para disminuir temporalmente la lista del paro. Se ha logrado remozar aceras y construir fuentes a cambio de frenar la ejecución de autovías y líneas de alta velocidad. A eso se llama tener visión de Estado.
Aunque no se haya comunicado formalmente, está claro que no habrá un nuevo modelo de financiación municipal en el año 2011. No cabría mayor ceremonia de la confusión que cerrar el crédito y firmar un modelo de financiación municipal. Es el momento de que los alcaldes, colectivamente, revisen su estrategia. En España, los ayuntamientos no superan el 14% del gasto público de las administraciones. En Francia está en sus manos más del 20% del gasto global. En Inglaterra alcanza el 29% y en Italia llega al 31%. En los países europeos con estructura federal se sitúa en el 25%, mientras que los territorios federados detentan el 30%.
Terapia urgente
Si hay que señalar una razón que justifique la distinta distribución de recursos de las administraciones entre España y sus socios europeos, no cabe duda que es la existencia de las comunidades autónomas, que gastan un 6% más que los Länder alemanes. La intención de los alcaldes de obtener mejor financiación por la vía de aumentar su participación en los impuestos del Estado es inviable, porque el Estado (exceptuada la Seguridad Social) sólo tiene en sus manos el 20% del gasto. La terapia urgente pasa por reducir el tamaño de las redes municipales, pero a medio plazo sólo hay dos salidas: negociar con los gobiernos autonómicos o fusionar consistorios. En Grecia acaban de suprimir dos tercios de los ayuntamientos.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100530/politica/alcaldes-soga-cuello-20100530.html
Municipios: una penitencia indiscriminada
30.05.2010 - LEOPOLDO TOLIVAR ALASCATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
La semana que termina ha sido pródiga en noticias para el municipalismo español. El partido en el Gobierno ha decidido, a la vista de la situación de excepción en que nos encontramos, desistir de la tramitación del proyecto de Ley de reforma del Gobierno Local y de la tan esperada nueva regulación de la financiación de ayuntamientos y diputaciones. Confieso -y en estas mismas páginas lo he escrito- que no tenía ninguna fe en los efectos taumatúrgicos de una norma que viniera a sustituir a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, por lo que, con mayor motivo, viendo la que está cayendo, lo mejor es no hacer experimentos o, como decía el fundador de los jesuitas, en tiempos de tribulación, no hacer mudanza. Poco se iba a conseguir, además, con los cambios que se manejaban, en medio de una inestabilidad a la que, en el terreno local, tampoco es ajena la nonata sentencia del Estatuto catalán.
El problema -y esa sí es una mala noticia- es el postergar, una vez más, un nuevo modelo de financiación de las haciendas municipales, reiterando un incumplimiento del acuerdo de 2006 con la Federación Española de Municipios y Provincias. Pero se ve que en esta coyuntura ni los acuerdos salariales en la función pública ni el mismísimo Pacto de Toledo, para las pensiones, pueden respetarse.
El otro bloque temático que afecta a nuestros concejos es, evidentemente, el derivado de las medidas anti-endeudamiento con las que el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, nos ha sorprendido, incluida la forzada rectificación temporal presentada de forma tan desafortunada y, como ha señalado el alcalde de Zaragoza, tan dudosamente ajustada a derecho. Comienzo por reconocer que, tras la medida, con independencia de sus formas y reformas, hay un objetivo plausible, ya que la deuda municipal global y la de no pocos municipios es un lastre inasumible que debe ser enjugado y reconducido, incluso con medidas penalizadoras. Pero dicho lo anterior, es una obviedad que el recorte o la suspensión inversora la padecen los ciudadanos y que los ayuntamientos, sin capacidad para concertar créditos, difícilmente podrán hacer frente a unas prestaciones que la ley básica local reconoce como derechos de los vecinos. Los consistorios pagarán menos intereses en el futuro próximo, pero los ciudadanos, en esta etapa sombría, verán mermada la calidad de los servicios que se vean afectados por el recorte inversor.
Con todo y admitiendo la mayor, parece un tanto injusto ese trato indiscriminado a los ayuntamientos, con independencia de su grado de endeudamiento y la relación de éste con su población y sus recursos. A quien ha sabido recurrir al crédito de forma prudente y sostenible se le impone la misma prohibición que a quien ya no tiene dónde empufarse para pagar ocurrencias y extravagancias electoralistas. No hubiera sido tan difícil discernir equitativamente, máxime si, como hemos visto -con sorpresa desagradable- un real decreto-ley puede ser variado en horas veinticuatro y sin volver a pasar por el Consejo de Ministros.
En otro lugar he intentado compendiar los pecados capitales que, en materia económica, jurídica y ética se suelen achacar a los municipios, máxime en momentos en los que el derroche empieza a estar muy mal visto. Mi conclusión, a la vista de algunas de estas faltas que aquí sólo esbozaré, es que el municipalismo no es culpable de muchos de los vicios que se le achacan, aún cuando se produzcan en ámbitos locales. A modo de ejemplo, se dice que los ayuntamientos españoles -más de 8.100- son muchos y profundamente desiguales. Y eso es verdad, pero poca culpa tienen, pues, como es bien sabido, esa fragmentación viene de las Cortes de Cádiz. También se dice que están mal avenidos en muchos casos, por localismos o distinto color político, lo que aborta fórmulas mancomunadas -o más ambiciosas-, con las consiguientes deseconomías de escala. Pero siendo esto cierto, la responsabilidad debe ser compartida con las fuerzas políticas que nutren las corporaciones y con el propio sentido localista de la población.
Y si, como es entendible a la vista de lo anterior, no están dispuestos a desaparecer en un proceso de fusión en el que pierdan capitalidad y denominación, ello no sólo es imputable a su resistencia. También hay que computar la falta de coraje de las comunidades autónomas a las que, tempranamente, el artículo 148 de la Constitución confió tal labor de cirugía reductora.
En cuanto al número desmesurado de concejales, diputados provinciales y demás cargos insulares o comarcales, muchos de ellos liberados, la responsabilidad es de las leyes, estatales -caso de la electoral- o autonómicas. Los entes locales no aprueban leyes y su única mácula, no siendo pequeña, es la de fijar sueldos y dietas a veces escandalosos. Las mismas leyes o similares que permiten a los entes locales dotarse de su propio sector público mediante sociedades, fundaciones y otros engendros organizativos que nunca salen gratis y de un régimen de personal rayano en lo libérrimo.
El dedo acusador de la sociedad indica que la autonomía local se ha venido entendiendo, de facto, como una reducción progresiva de los controles de legalidad, apenas mantenidos en cuatro asuntos financieros, en aspectos supralocales, en los monopolios y, no en todos los lugares, en la letra gorda del urbanismo (no en los convenios ni apenas en el planeamiento de desarrollo). Pero la extinción de cualquier reducto tutelar no es, obviamente, culpa de los entes locales por más que reclamaran tal cosa y aprueben la situación actual.
Otro pecado grave radica en las inversiones megalómanas y ruinosas -pese a la era de vacas gordas- de muchos ayuntamientos, bien por móviles electorales del alcalde populista de turno, bien por querer competir con otros lugares, contratando, Dios sabe cómo, a un arquitecto de firma internacional y construyendo un equipamiento «emblemático» de escaso uso futuro y conservación insoportable para la Corporación y para cualquier gestor indirecto. Aquí sí hay culpa municipal, claro está, pero mucho mayor de los electores que, cuando les gusta un regidor demagógico, no dudan en votarlo hasta que una sentencia firme los retira del mercado político. Porque eso de que el pueblo es sabio y nunca se equivoca, habrá que matizarlo diciendo que no yerra siempre y acaba pudiendo rectificar gracias a la bendita democracia.
Y, en fin, lo más escandaloso: existe corrupción y delincuencia, aunque sea en pocos lugares, que tarda una eternidad en ser atajada ejemplarmente. Pero ello será más bien responsabilidad de fiscales, jueces, policía e inspección tributaria que no son órganos de las entidades locales, precisamente.
No absolvería a los municipios de los esperpentos que tienen por escenario casas consistoriales. Pero muchas veces son el último eslabón de una cadena y, desde luego, no se puede meter a todos en el mismo saco.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100530/opinionarticulos/municipios-penitencia-indiscriminada-20100530.html
La semana que termina ha sido pródiga en noticias para el municipalismo español. El partido en el Gobierno ha decidido, a la vista de la situación de excepción en que nos encontramos, desistir de la tramitación del proyecto de Ley de reforma del Gobierno Local y de la tan esperada nueva regulación de la financiación de ayuntamientos y diputaciones. Confieso -y en estas mismas páginas lo he escrito- que no tenía ninguna fe en los efectos taumatúrgicos de una norma que viniera a sustituir a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, por lo que, con mayor motivo, viendo la que está cayendo, lo mejor es no hacer experimentos o, como decía el fundador de los jesuitas, en tiempos de tribulación, no hacer mudanza. Poco se iba a conseguir, además, con los cambios que se manejaban, en medio de una inestabilidad a la que, en el terreno local, tampoco es ajena la nonata sentencia del Estatuto catalán.
El problema -y esa sí es una mala noticia- es el postergar, una vez más, un nuevo modelo de financiación de las haciendas municipales, reiterando un incumplimiento del acuerdo de 2006 con la Federación Española de Municipios y Provincias. Pero se ve que en esta coyuntura ni los acuerdos salariales en la función pública ni el mismísimo Pacto de Toledo, para las pensiones, pueden respetarse.
El otro bloque temático que afecta a nuestros concejos es, evidentemente, el derivado de las medidas anti-endeudamiento con las que el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, nos ha sorprendido, incluida la forzada rectificación temporal presentada de forma tan desafortunada y, como ha señalado el alcalde de Zaragoza, tan dudosamente ajustada a derecho. Comienzo por reconocer que, tras la medida, con independencia de sus formas y reformas, hay un objetivo plausible, ya que la deuda municipal global y la de no pocos municipios es un lastre inasumible que debe ser enjugado y reconducido, incluso con medidas penalizadoras. Pero dicho lo anterior, es una obviedad que el recorte o la suspensión inversora la padecen los ciudadanos y que los ayuntamientos, sin capacidad para concertar créditos, difícilmente podrán hacer frente a unas prestaciones que la ley básica local reconoce como derechos de los vecinos. Los consistorios pagarán menos intereses en el futuro próximo, pero los ciudadanos, en esta etapa sombría, verán mermada la calidad de los servicios que se vean afectados por el recorte inversor.
Con todo y admitiendo la mayor, parece un tanto injusto ese trato indiscriminado a los ayuntamientos, con independencia de su grado de endeudamiento y la relación de éste con su población y sus recursos. A quien ha sabido recurrir al crédito de forma prudente y sostenible se le impone la misma prohibición que a quien ya no tiene dónde empufarse para pagar ocurrencias y extravagancias electoralistas. No hubiera sido tan difícil discernir equitativamente, máxime si, como hemos visto -con sorpresa desagradable- un real decreto-ley puede ser variado en horas veinticuatro y sin volver a pasar por el Consejo de Ministros.
En otro lugar he intentado compendiar los pecados capitales que, en materia económica, jurídica y ética se suelen achacar a los municipios, máxime en momentos en los que el derroche empieza a estar muy mal visto. Mi conclusión, a la vista de algunas de estas faltas que aquí sólo esbozaré, es que el municipalismo no es culpable de muchos de los vicios que se le achacan, aún cuando se produzcan en ámbitos locales. A modo de ejemplo, se dice que los ayuntamientos españoles -más de 8.100- son muchos y profundamente desiguales. Y eso es verdad, pero poca culpa tienen, pues, como es bien sabido, esa fragmentación viene de las Cortes de Cádiz. También se dice que están mal avenidos en muchos casos, por localismos o distinto color político, lo que aborta fórmulas mancomunadas -o más ambiciosas-, con las consiguientes deseconomías de escala. Pero siendo esto cierto, la responsabilidad debe ser compartida con las fuerzas políticas que nutren las corporaciones y con el propio sentido localista de la población.
Y si, como es entendible a la vista de lo anterior, no están dispuestos a desaparecer en un proceso de fusión en el que pierdan capitalidad y denominación, ello no sólo es imputable a su resistencia. También hay que computar la falta de coraje de las comunidades autónomas a las que, tempranamente, el artículo 148 de la Constitución confió tal labor de cirugía reductora.
En cuanto al número desmesurado de concejales, diputados provinciales y demás cargos insulares o comarcales, muchos de ellos liberados, la responsabilidad es de las leyes, estatales -caso de la electoral- o autonómicas. Los entes locales no aprueban leyes y su única mácula, no siendo pequeña, es la de fijar sueldos y dietas a veces escandalosos. Las mismas leyes o similares que permiten a los entes locales dotarse de su propio sector público mediante sociedades, fundaciones y otros engendros organizativos que nunca salen gratis y de un régimen de personal rayano en lo libérrimo.
El dedo acusador de la sociedad indica que la autonomía local se ha venido entendiendo, de facto, como una reducción progresiva de los controles de legalidad, apenas mantenidos en cuatro asuntos financieros, en aspectos supralocales, en los monopolios y, no en todos los lugares, en la letra gorda del urbanismo (no en los convenios ni apenas en el planeamiento de desarrollo). Pero la extinción de cualquier reducto tutelar no es, obviamente, culpa de los entes locales por más que reclamaran tal cosa y aprueben la situación actual.
Otro pecado grave radica en las inversiones megalómanas y ruinosas -pese a la era de vacas gordas- de muchos ayuntamientos, bien por móviles electorales del alcalde populista de turno, bien por querer competir con otros lugares, contratando, Dios sabe cómo, a un arquitecto de firma internacional y construyendo un equipamiento «emblemático» de escaso uso futuro y conservación insoportable para la Corporación y para cualquier gestor indirecto. Aquí sí hay culpa municipal, claro está, pero mucho mayor de los electores que, cuando les gusta un regidor demagógico, no dudan en votarlo hasta que una sentencia firme los retira del mercado político. Porque eso de que el pueblo es sabio y nunca se equivoca, habrá que matizarlo diciendo que no yerra siempre y acaba pudiendo rectificar gracias a la bendita democracia.
Y, en fin, lo más escandaloso: existe corrupción y delincuencia, aunque sea en pocos lugares, que tarda una eternidad en ser atajada ejemplarmente. Pero ello será más bien responsabilidad de fiscales, jueces, policía e inspección tributaria que no son órganos de las entidades locales, precisamente.
No absolvería a los municipios de los esperpentos que tienen por escenario casas consistoriales. Pero muchas veces son el último eslabón de una cadena y, desde luego, no se puede meter a todos en el mismo saco.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100530/opinionarticulos/municipios-penitencia-indiscriminada-20100530.html
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