Debemos dejar de lamentarnos por la crisis y empezar a construir en positivo. Para cambiar el modelo económico, hay que ver en qué podemos ser excelentes. Y ya lo somos en algunos sectores de alta tecnología
ANTONI ESTEVE
EL PAÍS - Opinión - 06-07-2010
Realizar un ejercicio de prospectiva, anticipar qué nos deparará el futuro y determinar la probabilidad de que se confirme esa previsión, incorpora siempre incertidumbre y la posibilidad de cometer grandes errores. En cambio, realizar un ejercicio de visión, lleva implícito el deseo de conseguir algo o llegar a ser algo de una forma concreta. Pues bien, de eso se trata. De visionar, por un momento, qué tipo de país heredarán las nuevas generaciones y, de este modo, intentar entre todos encontrar el camino para construirlo.
Me gustaría visionar, para un futuro cercano, un país donde la educación primaria, secundaria y universitaria incorporasen la capacidad y actitud de emprender como asignatura básica, fomentando desde edades tempranas, la iniciativa y la inquietud emprendedora en el sentido más amplio de la palabra. Huyamos de la percepción más simple que clasifica al emprendedor como el que apuesta por un nuevo negocio, e intentemos convertir en héroe nacional a toda persona capaz de generar cambios, de arriesgar en la puesta en marcha de proyectos, ya sean culturales, intelectuales, artísticos, científicos, sociales o empresariales, con el fin último de contribuir a la creación de valor para su entorno.
Un país donde las empresas, especialmente las empresas nacionales, se sintieran apoyadas por las instituciones y reconocidas por su capacidad para generar riqueza y promover el crecimiento económico y el desarrollo social. Un país donde la capacidad innovadora fuera valorada por la sociedad, más allá de retóricas repletas de lugares comunes y ejercicios voluntaristas basados en buenas intenciones pero carentes de un compromiso real. Un país con un ecosistema propicio, en un entorno donde el esfuerzo innovador, la inversión en la generación de nuevos productos y el riesgo que asumen las empresas fueran reconocidos y apreciados en su justa medida. Un país en el que los hechos acompañaran a las palabras y a las promesas, cuyos caminos tantas veces divergen.
Un país en el que la colaboración, el partenariado y las alianzas público-privadas no fueran vistas como rara avis o signo de debilidad de alguna de las partes, sino como la mejor manera de combinar talento, experiencia y capacidad en un engranaje que proporcione beneficios para todos, sin que nadie tenga que perder para que alguno gane. Se trata de aunar esfuerzos, sumando compromisos de todas las partes: agentes sociales, gobernantes, políticos, empresarios, ciudadanos y sociedad en general, que quieran compartir un proyecto, un país, para superar los enormes retos a los que nos enfrentamos. En definitiva, debemos entre todos, reforzar aquello que nos une, que es mucho más que lo que nos separa, y que nos permitirá avanzar.
Podría enumerar muchos otros deseos para ese futuro que me gustaría vislumbrar cercano, pero la realidad se impone y para iniciar el camino hacia él debemos dejar de lamentarnos por la crisis que nuestro país vive y empezar a construir en positivo.
España ha sido, hasta hace no mucho tiempo, destino preferente para las inversiones de muchas compañías multinacionales que, atraídas por los bajos costes laborales y las fuertes expectativas de crecimiento, se implantaron, proporcionando bienestar, trabajo y recursos a un país que se encontraba a la cola de la Unión Europea en los principales indicadores socio-económicos. Posteriormente hemos vivido muchos años en una creciente prosperidad y más recientemente, potenciada por una burbuja inmobiliaria de un tamaño espectacular, en la que todos nos sentíamos cada día más ricos, con más patrimonio, cuando en realidad estábamos cada vez más hipotecados y más endeudados, individual y colectivamente. Y un día la burbuja explotó, poniendo al descubierto, con toda la crudeza de cuatro millones de parados, la imperiosa necesidad de un cambio radical de modelo económico que permita afrontar el futuro con ciertas garantías de éxito.
España debe definir y clarificar qué tipo de país desea ser. Especialmente en los momentos de dificultades que estamos atravesando y al no poder apoyar a todos los segmentos económico-empresariales, nuestros representantes políticos deben analizar en qué podemos ser excelentes e identificar qué sectores actúan como locomotora del avance científico-tecnológico, sin duda una de las vías de competitividad futura de cualquier nación, y apostar fuertemente por ellos. Por supuesto, todo ello sin olvidar nuestro tradicional atractivo como destino turístico de primer orden y con la fuerza que nos da un idioma que es el segundo más hablado en el mundo.
El modelo de crecimiento español necesita reorientarse hacia sectores intensivos en innovación y conocimiento en los que también tenemos ventajas importantes, porque, aunque haya alguien a quien le parezca sorprendente, en España ya existen sectores de alta tecnología, intensivos en investigación y desarrollo que cuentan con fuerte implantación empresarial tanto a escala nacional como internacional.
Esto es, no se trata de inventarse una nueva industria de la nada, sino de creer, potenciar y apostar por el desarrollo de lo que ya tenemos. Disponemos de importantes candidatos entre estos sectores de vanguardia, como por ejemplo la industria farmacéutica. Una industria que, a su vez, forma parte de un ecosistema más global formado, entre otros, por centros públicos de investigación, una red hospitalaria de primer nivel internacional, una eficiente red asistencial sanitaria (médicos y farmacéuticos), universidades de reconocido prestigio y, sobre todo, talento.
Por mi conocimiento acerca de esta industria farmacéutica, permítanme que les dé algunos datos al respecto, adicionales a su misión per se que es la de aportar nuevos medicamentos a la sociedad: i) la industria farmacéutica es líder en investigación en España, al ser responsable de más del 20% de toda la I+D privada de nuestro país; ii) su productividad supera la media de la industria manufacturera española en más del 100%; iii) realiza exportaciones de más de 8.100 millones de euros al año, que la sitúan en el cuarto lugar de los sectores exportadores; iv) cuenta con un volumen de empleo directo, indirecto e inducido superior a los 200.000 profesionales, la mayoría de elevada cualificación técnico-científica, y v) es responsable del 50% de todo el Valor Añadido Bruto generado por los sectores de alta tecnología en nuestro país.
A la vista de estos datos, es evidente que no hablamos de una futura promesa, sino de una realidad tangible en España. Una industria que merece la pena potenciar. Para ello es imprescindible contar con el apoyo, no tanto financiero como operativo, de las Administraciones Públicas, profesionales sanitarios, investigadores y resto de agentes sociales, ya que sin su impulso y su complicidad nos va a resultar muy complicado competir con otros países que ya han apostado por la industria farmacéutica como uno de los sectores que deben liderar su nuevo modelo de crecimiento sostenido a medio y largo plazo, como por ejemplo Reino Unido, Francia o Irlanda.
Por último, y en mi condición de empresario familiar de tercera generación, mi visión es la de ser innovador, como lo fue mi abuelo desde su rebotica de la farmacia de Manresa. Él fue capaz de sintetizar la primera sulfamida y atraer la atención del Nobel Dr. Fleming y sentar las bases de un proyecto empresarial que aún hoy sigue avanzando bajo su filosofía. La visión, decía al principio, construye realidades: me gustaría seguir liderando un proyecto innovador, que refuerce el tejido empresarial nacional y lo eleve al ámbito internacional. Existen oportunidades y debemos aprovecharlas. Es el momento de actuar, de generar alianzas, de formalizar pactos que permitan sumar las habilidades individuales en favor de la sostenibilidad, del progreso y avance de nuestra sociedad, para que nuestros hijos reciban en herencia un país más próspero y más competitivo, en definitiva, un mejor país, un país emprendedor.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100706elpepiopi_13&type=Tes&anchor=elpepuopi
martes, 6 de julio de 2010
El nombre de las cosas
FERNANDO SAVATER 06/07/2010
Creo que fue Goethe quien dijo cínicamente que el lenguaje fue dado a los hombres para que ocultasen su pensamiento. En las actuales disputas sobre el Estatut y la sentencia del TC abundan las confirmaciones de su aserto. Por ejemplo, el término "nación". Más allá de los usos técnicos en teoría política, el común de los mortales (y sobre todo de los políticos, que son los más mortales de todos) entiende "nación" bien como una comunidad cultural y afectiva o bien como una entidad política que necesita realizarse en un Estado. Según la primera acepción, las naciones pueden convivir dentro de un mismo organismo estatal (y a veces dentro de una misma ciudad, como en Nueva York) pero según la segunda exigen hegemonía institucional inequívoca en su territorio. Lo malo de ese término aplicado a Cataluña es que unas veces se toma en el primer sentido y otras en el segundo, según conviene. Me temo que la sentencia del TC no despeja la duda confinando la nación en el preámbulo del Estatut, donde no será jurídicamente efectiva pero sí significativamente problemática.
Porque se lea la Constitución a lo ancho o a lo estrecho, España puede ser plurinacional pero no pluriestatal. Como dijo el Guerra (el torero, claro), hay cosas que son imposibles y además no pueden ser. La controvertida sentencia del TC no cierra el paso a lo primero, como dicen hipócritamente algunos, sino a lo segundo, que es lo que ellos precisamente desean. Desdichadamente, este veto necesario -mero instinto político de supervivencia- está formulado con desigual claridad: sin equívocos en el terreno de la justicia, por ejemplo, pero con contradicciones en lo referente a la lengua común, sobre todo en materia de educación. Habrá problemas, ya que no faltan partidos interesados en agudizar lo ambiguo hasta hacerlo insoportable y excluyente. Lo que sin duda no es cierto es que se imposibilite el autogobierno de los catalanes, que lo tienen garantizado como el resto y con el resto de los ciudadanos españoles. Lo vedado -y solo relativamente- es autogobernarse como si fuesen ciudadanos de otro Estado.
También otros usos nominales enmascaran la verdad... reveladoramente. Por ejemplo, decir que el TC es legal pero está "deslegitimado" por la composición politizada que bloquea su renovación. No me parece factible encontrar jueces sobrenaturalmente despolitizados para sentenciar sobre algo tan fundamentalmente político como la Constitución. Ahora bien, puestos a señalar cosas legales pero de legitimidad cuestionable... ¿qué diremos del referéndum del Estatuto, en el que tomó parte solo un tercio del electorado y que sin embargo se considera la voz del "pueblo" catalán? Otro juego de palabras es la afirmación visionaria de Zapatero suponiendo que este Estatuto (o cualquier otro, tanto da) culminará la "descentralización" de España. Como bien le ha recordado Artur Mas, persistirá la descentralización y hasta el descuartizamiento a plazos del Estado mientras los nacionalistas que gestionan y se benefician del proceso sigan siendo imprescindibles, gracias a nuestra ley electoral, para formar mayorías parlamentarias.
También mienten los que manejan las palabras mayores, los nombres sagrados: Cataluña frente a España. No hay tal gigantomaquia. Quienes andan a la greña son los catalanes nacionalistas, que se nutren de antiespañolismo militante y sacan combustible tanto de lo que obtienen como de lo que se les niega, y el resto de sus conciudadanos, que también tienen su corazoncito pero saben que están como nunca y que hay cosas más serias en que pensar. Ahora toca sobreactuar porque se acercan elecciones: de modo que se invierte la fábula, el lobo feroz ocupa la frágil choza y los tres cerditos rugen: "¡Soplaremos, soplaremos y la Constitución derribaremos!". Pero ya verán cómo al final los intereses racionales prevalecen y no es para tanto. Afortunadamente, desde que Berenguer de Entenza y sus almogávares ajustaron las cuentas a los verdugos de Roger de Flor, las "venganzas catalanas" suelen ser ya incruentas...
http://www.elpais.com/articulo/cultura/nombre/cosas/elpepiopi/20100706elpepicul_4/Tes/
Creo que fue Goethe quien dijo cínicamente que el lenguaje fue dado a los hombres para que ocultasen su pensamiento. En las actuales disputas sobre el Estatut y la sentencia del TC abundan las confirmaciones de su aserto. Por ejemplo, el término "nación". Más allá de los usos técnicos en teoría política, el común de los mortales (y sobre todo de los políticos, que son los más mortales de todos) entiende "nación" bien como una comunidad cultural y afectiva o bien como una entidad política que necesita realizarse en un Estado. Según la primera acepción, las naciones pueden convivir dentro de un mismo organismo estatal (y a veces dentro de una misma ciudad, como en Nueva York) pero según la segunda exigen hegemonía institucional inequívoca en su territorio. Lo malo de ese término aplicado a Cataluña es que unas veces se toma en el primer sentido y otras en el segundo, según conviene. Me temo que la sentencia del TC no despeja la duda confinando la nación en el preámbulo del Estatut, donde no será jurídicamente efectiva pero sí significativamente problemática.
Porque se lea la Constitución a lo ancho o a lo estrecho, España puede ser plurinacional pero no pluriestatal. Como dijo el Guerra (el torero, claro), hay cosas que son imposibles y además no pueden ser. La controvertida sentencia del TC no cierra el paso a lo primero, como dicen hipócritamente algunos, sino a lo segundo, que es lo que ellos precisamente desean. Desdichadamente, este veto necesario -mero instinto político de supervivencia- está formulado con desigual claridad: sin equívocos en el terreno de la justicia, por ejemplo, pero con contradicciones en lo referente a la lengua común, sobre todo en materia de educación. Habrá problemas, ya que no faltan partidos interesados en agudizar lo ambiguo hasta hacerlo insoportable y excluyente. Lo que sin duda no es cierto es que se imposibilite el autogobierno de los catalanes, que lo tienen garantizado como el resto y con el resto de los ciudadanos españoles. Lo vedado -y solo relativamente- es autogobernarse como si fuesen ciudadanos de otro Estado.
También otros usos nominales enmascaran la verdad... reveladoramente. Por ejemplo, decir que el TC es legal pero está "deslegitimado" por la composición politizada que bloquea su renovación. No me parece factible encontrar jueces sobrenaturalmente despolitizados para sentenciar sobre algo tan fundamentalmente político como la Constitución. Ahora bien, puestos a señalar cosas legales pero de legitimidad cuestionable... ¿qué diremos del referéndum del Estatuto, en el que tomó parte solo un tercio del electorado y que sin embargo se considera la voz del "pueblo" catalán? Otro juego de palabras es la afirmación visionaria de Zapatero suponiendo que este Estatuto (o cualquier otro, tanto da) culminará la "descentralización" de España. Como bien le ha recordado Artur Mas, persistirá la descentralización y hasta el descuartizamiento a plazos del Estado mientras los nacionalistas que gestionan y se benefician del proceso sigan siendo imprescindibles, gracias a nuestra ley electoral, para formar mayorías parlamentarias.
También mienten los que manejan las palabras mayores, los nombres sagrados: Cataluña frente a España. No hay tal gigantomaquia. Quienes andan a la greña son los catalanes nacionalistas, que se nutren de antiespañolismo militante y sacan combustible tanto de lo que obtienen como de lo que se les niega, y el resto de sus conciudadanos, que también tienen su corazoncito pero saben que están como nunca y que hay cosas más serias en que pensar. Ahora toca sobreactuar porque se acercan elecciones: de modo que se invierte la fábula, el lobo feroz ocupa la frágil choza y los tres cerditos rugen: "¡Soplaremos, soplaremos y la Constitución derribaremos!". Pero ya verán cómo al final los intereses racionales prevalecen y no es para tanto. Afortunadamente, desde que Berenguer de Entenza y sus almogávares ajustaron las cuentas a los verdugos de Roger de Flor, las "venganzas catalanas" suelen ser ya incruentas...
http://www.elpais.com/articulo/cultura/nombre/cosas/elpepiopi/20100706elpepicul_4/Tes/
lunes, 5 de julio de 2010
UPyD critica al Ayuntamiento por «la exclusión de la carbayera de Zarracina del catálogo urbanístico
Unión Progreso y Democracia (UPyD) de Gijón se une a la Plataforma Ciudadana Contra el Muro de Cabueñes en las críticas al Gobierno local por «la exclusión de la carbayera de Zarracina del catálogo urbanístico». En este sentido, UPyD, en un comunicado, considera que «la maniobra del Ayuntamiento demuestra varias cosas: la opacidad con la que el equipo de gobierno municipal (PSOE, IU-BA-LV) actúa cuando busca intereses que no se corresponden con el bien común, el poco respeto que muestra hacia los procedimientos administrativos de obligado cumplimiento y de los que debería ser máximo garante, y la nula sensibilidad y compromiso para con el medio ambiente y el patrimonio natural del concejo».
http://www.lne.es/gijon/2010/07/05/upyd-critica-ayuntamiento-exclusion-carbayera-zarracina-catalogo-urbanistico/938438.html
http://www.lne.es/gijon/2010/07/05/upyd-critica-ayuntamiento-exclusion-carbayera-zarracina-catalogo-urbanistico/938438.html
sábado, 3 de julio de 2010
España en el laberinto
OPINIÓN ARTICULOS
España en el laberinto
Desde Cataluña ya se anuncia el propósito de ahondar en la bilateralidad, en el pacto Cataluña/España para romper por la vía de la legislación ordinaria los límites impuestos
03.07.2010 -
JOSÉ IGNACIO PRENDES
ABOGADO
Salió el Tribunal Constitucional de su laberinto y en tres horas desató el nudo gordiano que amenazaba con estrangularlo de forma definitiva, así que ya tenemos fallo sobre el Estatut catalán y hay que felicitarse por ello. Se ha evitado el mal mayor que hubiese supuesto no tener sentencia antes de que culminasen los movimientos iniciados por el president Montilla en el Senado para la modificación de la actual composición del Tribunal. Lo que no está nada claro es que otros peligros igual de urgentes se hayan conjurado.
La sentencia parece muy similar a la fallida ponencia del mes de abril, convenientemente filtrada entonces a la prensa, con el refuerzo de la indudable declaración de la nula validez jurídica de las apelaciones a la condición de «Cataluña como nación» y a la «realidad nacional de Cataluña», gracias a la obstinación del magistrado Manuel Aragón Reyes. Afecta, por tanto, a la clave de bóveda sobre la que se construyó la totalidad del texto y a otras partes sensibles y de indudable calado, 41 artículos y disposiciones adicionales que se declaran nulos bien de forma directa o mediante una interpretación que se aparta radicalmente del sentido que le quisieron dar los redactores.
Más allá de que el Tribunal Constitucional, en un alarde de 'finezza' jurídica haya usado la vía indirecta de la sentencia interpretativa para causar el menor destrozo político posible, la primera conclusión debería ser clara: nos hallamos ante un Estatuto que en su configuración resulta inequívocamente inconstitucional, que no encaja ni por asomo en los márgenes de la Constitución del 78. Seamos generosos con una institución tan manoseada en los últimos tiempos; probablemente se le ha pedido al Tribunal Constitucional una tarea que no podía hacer, una tarea que correspondía a los políticos. Pero quien pensase que con esta sentencia el llamado problema territorial quedaría encarrilado se equivocaba de medio a medio.
Desde Cataluña ya se anuncia el propósito de ahondar en la bilateralidad, en el pacto Cataluña/España para romper por la vía de la legislación ordinaria los límites impuestos. Pero es que, además, hay del orden de 45 leyes, alguna recientísima, derivadas del antiguo texto estatutario que quedan en entredicho y ello sin tener en cuenta que al catalán han seguido toda una serie de estatutos con una concepción similar, en un remedo de la estrategia de la liebre y la tortuga jaleada por PSOE y PP. La conclusión parece clara. El caos territorial en el que nos hayamos sumidos no podrá ser atajado sin un nuevo pacto, pero no el bilateral en el que se insiste desde Cataluña, sino un nuevo pacto constitucional que reforme íntegramente el Título VIII de nuestra Constitución e imponga cordura y cohesión ante tanto desbarajuste.
Para ello va a resultar imprescindible contar con las dos grandes fuerzas nacionales, PSOE y PP, y aquí el paisaje se vuelve descorazonador. Este es el punto central de la crisis política en que nos hallamos: la incapacidad de ambos para completar nuestro modelo territorial desde la única visión posible, la visión de Estado, sobre todo, hay que decirlo, en lo que afecta al Partido Socialista.
El PSOE, con su discurso dual, se ha convertido en un serio problema, mientras en Madrid se echa agua al vino anunciando lo único que les importa: la derrota del PP («la sentencia de 39.000 palabras sólo afecta a 300»); en Cataluña Montilla se envuelve en la bandera, proclama la nación catalana y se lanza a la calle. Esta esquizofrenia, evidentemente calculada, supone un peligroso juego que compromete la estabilidad del país. La manifestación del próximo día 10, anunciada ya por Montilla el mismo día de conocerse la sentencia, unida a toda la estrategia previa de deslegitimación del Tribunal Constitucional, constituye un ataque al orden constitucional como mínimo de igual calibre que el 'Plan Ibarretxe'; peor aún, aquello era cosa de nacionalistas y ahora quien arenga a la insurrección en el Parlamento catalán y se pone al frente de la manifestación es el mismo partido que gobierna en La Moncloa. La dualidad PSC/PSOE es un viejo truco que deberíamos desenmascarar: ¿pertenecen al mismo partido los señores Areces o González-Vara y el señor Montilla? Pues sí, aunque no lo parezca. No está de más recordar que los partidos, sobre todo si son de gobierno, tienen una tremenda responsabilidad a la hora de asumir el papel que en cada circunstancia histórica les corresponde, una responsabilidad colectiva que alcanza sobre todo a aquellos a los que se les supone alguna tarea dirigente.
Cuando estos días escuchaba a Alfonso Guerra rebajar la rebeldía de Montilla a la mera categoría de anécdota preelectoral, me venían a la mente dos fechas. La primera, de sobra citada, aquella con la que arranca todo este proceso, fue un 13 de noviembre del año 2003, cuando Zapatero, en el Palau San Jordi, en apoyo de Pascual Maragall, lanza su famoso compromiso: «apoyaré la reforma del Estatut que salga del Parlament de Cataluña». Fue otro noviembre, este de 1993, en medio de aquel ciclo del 93 al 96 lleno de convulsiones, escándalos y problemas, cuando el Tribunal Constitucional anula dos apartados del artículo 21 de la Ley de Seguridad Ciudadana (la famosa Ley Corcuera) y de forma inmediata el ministro del Interior, José Luis Corcuera, presenta su dimisión. No se trata de rescatar la biografía de nadie, pero hay que reconocer que su forma de actuar fue consecuente. Entonces, no pareció aquel gesto algo extraordinario (igual a Felipe González si). Hoy parecería una heroicidad. ¿Cuántas dimisiones corresponden por este fiasco de Estatut?
También en Bélgica andan preguntándose en qué momento traspasaron los límites de lo admisible para llegar sin darse cuenta a la actual situación de fractura y bloqueo institucional. Así que resulta imprescindible que en España, quien tiene que hacerse las preguntas necesarias, se las vaya haciendo y más pronto que tarde.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100703/opinionarticulos/espana-laberinto-20100703.html
España en el laberinto
Desde Cataluña ya se anuncia el propósito de ahondar en la bilateralidad, en el pacto Cataluña/España para romper por la vía de la legislación ordinaria los límites impuestos
03.07.2010 -
JOSÉ IGNACIO PRENDES
ABOGADO
Salió el Tribunal Constitucional de su laberinto y en tres horas desató el nudo gordiano que amenazaba con estrangularlo de forma definitiva, así que ya tenemos fallo sobre el Estatut catalán y hay que felicitarse por ello. Se ha evitado el mal mayor que hubiese supuesto no tener sentencia antes de que culminasen los movimientos iniciados por el president Montilla en el Senado para la modificación de la actual composición del Tribunal. Lo que no está nada claro es que otros peligros igual de urgentes se hayan conjurado.
La sentencia parece muy similar a la fallida ponencia del mes de abril, convenientemente filtrada entonces a la prensa, con el refuerzo de la indudable declaración de la nula validez jurídica de las apelaciones a la condición de «Cataluña como nación» y a la «realidad nacional de Cataluña», gracias a la obstinación del magistrado Manuel Aragón Reyes. Afecta, por tanto, a la clave de bóveda sobre la que se construyó la totalidad del texto y a otras partes sensibles y de indudable calado, 41 artículos y disposiciones adicionales que se declaran nulos bien de forma directa o mediante una interpretación que se aparta radicalmente del sentido que le quisieron dar los redactores.
Más allá de que el Tribunal Constitucional, en un alarde de 'finezza' jurídica haya usado la vía indirecta de la sentencia interpretativa para causar el menor destrozo político posible, la primera conclusión debería ser clara: nos hallamos ante un Estatuto que en su configuración resulta inequívocamente inconstitucional, que no encaja ni por asomo en los márgenes de la Constitución del 78. Seamos generosos con una institución tan manoseada en los últimos tiempos; probablemente se le ha pedido al Tribunal Constitucional una tarea que no podía hacer, una tarea que correspondía a los políticos. Pero quien pensase que con esta sentencia el llamado problema territorial quedaría encarrilado se equivocaba de medio a medio.
Desde Cataluña ya se anuncia el propósito de ahondar en la bilateralidad, en el pacto Cataluña/España para romper por la vía de la legislación ordinaria los límites impuestos. Pero es que, además, hay del orden de 45 leyes, alguna recientísima, derivadas del antiguo texto estatutario que quedan en entredicho y ello sin tener en cuenta que al catalán han seguido toda una serie de estatutos con una concepción similar, en un remedo de la estrategia de la liebre y la tortuga jaleada por PSOE y PP. La conclusión parece clara. El caos territorial en el que nos hayamos sumidos no podrá ser atajado sin un nuevo pacto, pero no el bilateral en el que se insiste desde Cataluña, sino un nuevo pacto constitucional que reforme íntegramente el Título VIII de nuestra Constitución e imponga cordura y cohesión ante tanto desbarajuste.
Para ello va a resultar imprescindible contar con las dos grandes fuerzas nacionales, PSOE y PP, y aquí el paisaje se vuelve descorazonador. Este es el punto central de la crisis política en que nos hallamos: la incapacidad de ambos para completar nuestro modelo territorial desde la única visión posible, la visión de Estado, sobre todo, hay que decirlo, en lo que afecta al Partido Socialista.
El PSOE, con su discurso dual, se ha convertido en un serio problema, mientras en Madrid se echa agua al vino anunciando lo único que les importa: la derrota del PP («la sentencia de 39.000 palabras sólo afecta a 300»); en Cataluña Montilla se envuelve en la bandera, proclama la nación catalana y se lanza a la calle. Esta esquizofrenia, evidentemente calculada, supone un peligroso juego que compromete la estabilidad del país. La manifestación del próximo día 10, anunciada ya por Montilla el mismo día de conocerse la sentencia, unida a toda la estrategia previa de deslegitimación del Tribunal Constitucional, constituye un ataque al orden constitucional como mínimo de igual calibre que el 'Plan Ibarretxe'; peor aún, aquello era cosa de nacionalistas y ahora quien arenga a la insurrección en el Parlamento catalán y se pone al frente de la manifestación es el mismo partido que gobierna en La Moncloa. La dualidad PSC/PSOE es un viejo truco que deberíamos desenmascarar: ¿pertenecen al mismo partido los señores Areces o González-Vara y el señor Montilla? Pues sí, aunque no lo parezca. No está de más recordar que los partidos, sobre todo si son de gobierno, tienen una tremenda responsabilidad a la hora de asumir el papel que en cada circunstancia histórica les corresponde, una responsabilidad colectiva que alcanza sobre todo a aquellos a los que se les supone alguna tarea dirigente.
Cuando estos días escuchaba a Alfonso Guerra rebajar la rebeldía de Montilla a la mera categoría de anécdota preelectoral, me venían a la mente dos fechas. La primera, de sobra citada, aquella con la que arranca todo este proceso, fue un 13 de noviembre del año 2003, cuando Zapatero, en el Palau San Jordi, en apoyo de Pascual Maragall, lanza su famoso compromiso: «apoyaré la reforma del Estatut que salga del Parlament de Cataluña». Fue otro noviembre, este de 1993, en medio de aquel ciclo del 93 al 96 lleno de convulsiones, escándalos y problemas, cuando el Tribunal Constitucional anula dos apartados del artículo 21 de la Ley de Seguridad Ciudadana (la famosa Ley Corcuera) y de forma inmediata el ministro del Interior, José Luis Corcuera, presenta su dimisión. No se trata de rescatar la biografía de nadie, pero hay que reconocer que su forma de actuar fue consecuente. Entonces, no pareció aquel gesto algo extraordinario (igual a Felipe González si). Hoy parecería una heroicidad. ¿Cuántas dimisiones corresponden por este fiasco de Estatut?
También en Bélgica andan preguntándose en qué momento traspasaron los límites de lo admisible para llegar sin darse cuenta a la actual situación de fractura y bloqueo institucional. Así que resulta imprescindible que en España, quien tiene que hacerse las preguntas necesarias, se las vaya haciendo y más pronto que tarde.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100703/opinionarticulos/espana-laberinto-20100703.html
La opaca exclusión de la carbayera de Zarracina del catálogo urbanístico de Gijón demuestra la falta de compromiso del PSOE e IU con los intereses gen
2 de julio de 2010
La maniobra del Ayuntamiento demuestra varias cosas, la opacidad y mala fe con la que el equipo de gobierno municipal actúa cuando busca intereses que no se corresponden con el bien común, el poco respeto que muestra hacia los procedimientos administrativos de obligado cumplimento y de los que debería ser máximo garante, y la nula sensibilidad y compromiso para con el medio ambiente y el patrimonio natural del concejo.
Unión Progreso y Democracia en Gijón ve con preocupación los hechos denunciados por la Plataforma de Cabueñes en relación a la exclusión de la carbayera de Zarracina del catálogo urbanístico. La maniobra del Ayuntamiento demuestra varias cosas, la opacidad y mala fe con la que el equipo de gobierno municipal actúa cuando busca intereses que no se corresponden con el bien común, el poco respeto que muestra hacia los procedimientos administrativos de obligado cumplimento y de los que debería ser máximo garante, y la nula sensibilidad y compromiso para con el medio ambiente y el patrimonio natural del concejo.
Para UPyD tampoco es admisible el silencio cómplice del socio de gobierno en el Ayuntamiento, Izquierda Unida, máxime cuando la formación que representa Jesús Montes Estrada siempre ha pasado por ser defensora de causas nobles como el ecologismo. Para Armando Fernández Bartolomé, coordinador de UPyD en Gijón, “no entendemos como una carbayera como la de Zarracina ha podido perder de la noche a la mañana todos los atributos que la han hecho merecedora de protección y reconocimiento para su inclusión en el catálogo urbanístico, relación de bienes de la ciudad que condiciona cualquier actuación en materia urbanística, lo cual demostraría, como denuncian los vecinos de Cabueñes, hasta qué punto son capaces de llegar quienes ostentan el gobierno municipal con tal de hacer comulgar con ruedas de molino a los ciudadanos a los que dicen representar”.
La maniobra del Ayuntamiento demuestra varias cosas, la opacidad y mala fe con la que el equipo de gobierno municipal actúa cuando busca intereses que no se corresponden con el bien común, el poco respeto que muestra hacia los procedimientos administrativos de obligado cumplimento y de los que debería ser máximo garante, y la nula sensibilidad y compromiso para con el medio ambiente y el patrimonio natural del concejo.
Unión Progreso y Democracia en Gijón ve con preocupación los hechos denunciados por la Plataforma de Cabueñes en relación a la exclusión de la carbayera de Zarracina del catálogo urbanístico. La maniobra del Ayuntamiento demuestra varias cosas, la opacidad y mala fe con la que el equipo de gobierno municipal actúa cuando busca intereses que no se corresponden con el bien común, el poco respeto que muestra hacia los procedimientos administrativos de obligado cumplimento y de los que debería ser máximo garante, y la nula sensibilidad y compromiso para con el medio ambiente y el patrimonio natural del concejo.
Para UPyD tampoco es admisible el silencio cómplice del socio de gobierno en el Ayuntamiento, Izquierda Unida, máxime cuando la formación que representa Jesús Montes Estrada siempre ha pasado por ser defensora de causas nobles como el ecologismo. Para Armando Fernández Bartolomé, coordinador de UPyD en Gijón, “no entendemos como una carbayera como la de Zarracina ha podido perder de la noche a la mañana todos los atributos que la han hecho merecedora de protección y reconocimiento para su inclusión en el catálogo urbanístico, relación de bienes de la ciudad que condiciona cualquier actuación en materia urbanística, lo cual demostraría, como denuncian los vecinos de Cabueñes, hasta qué punto son capaces de llegar quienes ostentan el gobierno municipal con tal de hacer comulgar con ruedas de molino a los ciudadanos a los que dicen representar”.
viernes, 2 de julio de 2010
SUATEA denuncia "irregularidades" en la organización de los "desplazados"
Oviedo, 30 jun (EFE).- SUATEA denuncia "las graves irregularidades" que pretende realizar la Consejería de Educación con la organización del profesorado que ha de ser desplazado de su lugar actual de trabajo por insuficiencia de horario que afectará a la contratación de interinos, informa el sindicato.
El sindicato asegura que "detrás de este proceso se esconde una profunda reconversión de plantilla y que recalca que "en estos momentos es fundamental mantener una postura de solidaridad con el profesorado interino"
Para protestar contra esta situación el sindicato ha convocado una asamblea para tratar este tema de los "mal llamados desplazados voluntarios".
Explica que en el segundo calendario de adjudicaciones propuesto por la administración se iban a publicar los "desplazados por insuficiencia de horario".
Posteriormente, agrega que esto fue modificado y lo que se iba a publicar eran "los centros y especialidades con personal susceptible de desplazamiento voluntario por insuficiencia de horario".
Finalmente, dice que la administración no publicó nada, enviando una "nueva plantilla funcional" a los centros para que sean directamente las direcciones quienes ejerzan presión sobre el personal afectado para que obtengan otro destino provisional.
Ante esto, SUATEA manifiesta que "quiere dejar claro que esto es ilegal, merced a la sentencia ganada por este sindicato el 20 de octubre de 2008".
Reseña que en primer lugar, la mera publicación de listas conteniendo personal afectado por estos conceptos está fuera de regulación legal.
Además, reseña que cualquier modificación en las plantillas de los centros tiene que ser aprobada por Consejo de Gobierno del Principado, lo que, por cuestión de calendario, es imposible que se realice.
Por lo tanto, afirma que no se puede decir que "sobra" ninguna plaza y por consiguiente "no se puede obligar a ningún funcionario a moverse de su puesto de trabajo".
Advierte de que la administración pretende entonces que este proceso de recolocación se lleve a cabo a través de "voluntarios", que se someterán a un proceso de petición sobre las vacantes que deberían estar destinadas a profesorado en prácticas, en expectativa de destino, en comisiones de servicio e interinidades.
"Teniendo en cuenta la actual situación de recortes en la administración pública con la excusa de la crisis económica, y que el más perjudicado por los mismos va a ser el profesorado interino, el más débil y desprotegido, SUATEA invita a todos los que se puedan ver afectados por esta circunstancia a la asamblea que tendrá lugar el día 1 de julio a las 12:00 horas en la sala de conferencias del IES Doctor Fleming de Oviedo", indica. EFECuenta Azul de iBanesto
El sindicato asegura que "detrás de este proceso se esconde una profunda reconversión de plantilla y que recalca que "en estos momentos es fundamental mantener una postura de solidaridad con el profesorado interino"
Para protestar contra esta situación el sindicato ha convocado una asamblea para tratar este tema de los "mal llamados desplazados voluntarios".
Explica que en el segundo calendario de adjudicaciones propuesto por la administración se iban a publicar los "desplazados por insuficiencia de horario".
Posteriormente, agrega que esto fue modificado y lo que se iba a publicar eran "los centros y especialidades con personal susceptible de desplazamiento voluntario por insuficiencia de horario".
Finalmente, dice que la administración no publicó nada, enviando una "nueva plantilla funcional" a los centros para que sean directamente las direcciones quienes ejerzan presión sobre el personal afectado para que obtengan otro destino provisional.
Ante esto, SUATEA manifiesta que "quiere dejar claro que esto es ilegal, merced a la sentencia ganada por este sindicato el 20 de octubre de 2008".
Reseña que en primer lugar, la mera publicación de listas conteniendo personal afectado por estos conceptos está fuera de regulación legal.
Además, reseña que cualquier modificación en las plantillas de los centros tiene que ser aprobada por Consejo de Gobierno del Principado, lo que, por cuestión de calendario, es imposible que se realice.
Por lo tanto, afirma que no se puede decir que "sobra" ninguna plaza y por consiguiente "no se puede obligar a ningún funcionario a moverse de su puesto de trabajo".
Advierte de que la administración pretende entonces que este proceso de recolocación se lleve a cabo a través de "voluntarios", que se someterán a un proceso de petición sobre las vacantes que deberían estar destinadas a profesorado en prácticas, en expectativa de destino, en comisiones de servicio e interinidades.
"Teniendo en cuenta la actual situación de recortes en la administración pública con la excusa de la crisis económica, y que el más perjudicado por los mismos va a ser el profesorado interino, el más débil y desprotegido, SUATEA invita a todos los que se puedan ver afectados por esta circunstancia a la asamblea que tendrá lugar el día 1 de julio a las 12:00 horas en la sala de conferencias del IES Doctor Fleming de Oviedo", indica. EFECuenta Azul de iBanesto
jueves, 1 de julio de 2010
Secretariado Gitano luchará contra el abandono escolar
Nos vamos a implicar con fuerza en que la Secundaria sea algo importante para la comunidad gitana». Con estas palabras, el presidente de la Fundación Secretariado Gitano, Pedro Puente, justificaba ayer la utilidad del proyecto de intervención educativa 'Promociona', que se puso en marcha este año para combatir el abandono escolar entre los jóvenes gitanos.
Puente cifró en un 80% el porcentaje de escolares que abandonan la educación obligatoria. Y, entre las razones que motivan este abandono de la Secundaria, se encuentran el desfase curricular con el que llegan a esta etapa educativa y la carencia de hábitos de trabajo y estudio.
Pedro Puente hizo referencia al proyecto 'Promociona' durante la inauguración del nuevo local de la Fundación Secretariado Gitano, en la calle de Domingo Juliana, en el barrio de La Calzada.
Se trata de un bajo de 200 metros cuadrados de superficie distribuidos en salas de atención y acogida, oficinas, sala de reunión, aulas y un dispositivo de búsqueda activa de empleo. La obra tuvo una inversión total de 325.000 euros subvencionados por el Ministerio de Sanidad y Política Social a cargo de la asignación tributaria del IRPF de estos dos últimos años.
Este nuevo local pretende dar servicio a las 1.500 personas de etnia gitana que residen en el concejo. Especialmente, en aquellos barrios donde se han desarrollado proyectos urbanísticos de vivienda protegida. Una de las herramientas creadas por el Secretariado Gitano más demandadas es el Programa Acceder, que pretende promover oportunidades para la inclusión laboral de los gitanos en el mercado de trabajo normalizado. En 2009, atendió a 2.926 personas en toda Asturias, de las que 1.603 son de etnia gitana, y las 1.323 restantes pertenecen a otras comunidades.
Respecto al municipio de Gijón, desde su puesta en marcha en el año 2000, ha dado servicio a un total de 1.063 personas.
La Fundación Secretariado Gitano se enfrenta en estos tiempos a un nuevo reto: la llegada de gitanos procedentes del Este, que, según Pedro Puente, «superarán en número a los que ya viven en España». Asimismo, destacó un aumento del 27% de usuarios por un 27% de descenso en las contrataciones.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100701/gijon/secretariado-gitano-luchara-contra-20100701.html
Puente cifró en un 80% el porcentaje de escolares que abandonan la educación obligatoria. Y, entre las razones que motivan este abandono de la Secundaria, se encuentran el desfase curricular con el que llegan a esta etapa educativa y la carencia de hábitos de trabajo y estudio.
Pedro Puente hizo referencia al proyecto 'Promociona' durante la inauguración del nuevo local de la Fundación Secretariado Gitano, en la calle de Domingo Juliana, en el barrio de La Calzada.
Se trata de un bajo de 200 metros cuadrados de superficie distribuidos en salas de atención y acogida, oficinas, sala de reunión, aulas y un dispositivo de búsqueda activa de empleo. La obra tuvo una inversión total de 325.000 euros subvencionados por el Ministerio de Sanidad y Política Social a cargo de la asignación tributaria del IRPF de estos dos últimos años.
Este nuevo local pretende dar servicio a las 1.500 personas de etnia gitana que residen en el concejo. Especialmente, en aquellos barrios donde se han desarrollado proyectos urbanísticos de vivienda protegida. Una de las herramientas creadas por el Secretariado Gitano más demandadas es el Programa Acceder, que pretende promover oportunidades para la inclusión laboral de los gitanos en el mercado de trabajo normalizado. En 2009, atendió a 2.926 personas en toda Asturias, de las que 1.603 son de etnia gitana, y las 1.323 restantes pertenecen a otras comunidades.
Respecto al municipio de Gijón, desde su puesta en marcha en el año 2000, ha dado servicio a un total de 1.063 personas.
La Fundación Secretariado Gitano se enfrenta en estos tiempos a un nuevo reto: la llegada de gitanos procedentes del Este, que, según Pedro Puente, «superarán en número a los que ya viven en España». Asimismo, destacó un aumento del 27% de usuarios por un 27% de descenso en las contrataciones.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100701/gijon/secretariado-gitano-luchara-contra-20100701.html
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