Educación, autoridad del profesorado y una reforma pendiente

 Cuando UPyD se presentó por primera vez a unas elecciones generales, en marzo de 2008, la educación ocupaba un lugar central en su programa. El diagnóstico era duro: pérdida de autoridad del profesorado, fragmentación territorial del sistema educativo, sucesivas reformas legislativas sin estabilidad, escaso reconocimiento del esfuerzo y de la excelencia y una creciente dificultad para mantener en las aulas unas condiciones adecuadas para el aprendizaje.

Entre las propuestas figuraban reforzar un marco educativo común para toda España, devolver al Estado una mayor capacidad de coordinación, garantizar contenidos básicos compartidos, promover un gran pacto educativo de larga duración y recuperar la autoridad académica y social del profesorado.

En Asturias, aquella preocupación programática encontró unos años después una traducción legislativa concreta.

En noviembre de 2012, Ignacio Prendes, entonces único diputado de UPyD en la Junta General del Principado, presentó una proposición de ley de autoridad del profesorado. La iniciativa acabaría convirtiéndose en la Ley del Principado de Asturias 3/2013, de 28 de junio, de medidas de autoridad del profesorado. Su finalidad declarada era reconocer la autoridad de los docentes de los centros sostenidos con fondos públicos, mejorar el clima de convivencia y garantizar el derecho a la educación. La propia ley habilitaba expresamente al Gobierno y a la Consejería de Educación para aprobar las disposiciones reglamentarias necesarias para su desarrollo y ejecución. 

Aquella ley tuvo además un significado especial para UPyD: fue la primera norma aprobada a iniciativa del partido en un parlamento autonómico.

El contexto político también importa. Javier Fernández presidía entonces un Gobierno socialista en minoría. UPyD, con un solo diputado, adquirió una capacidad de influencia muy superior a su peso numérico y negoció con el PSOE distintas iniciativas y medidas presupuestarias. La relación no fue sencilla: UPyD llegó a ofrecer formalmente un acuerdo de legislatura e investidura, que el PSOE rechazó inicialmente por sus discrepancias, entre otras cosas, sobre la reforma electoral. Posteriormente ambas fuerzas alcanzaron acuerdos parlamentarios concretos. 

Desde mi experiencia de aquellos años, la Ley de Autoridad del Profesorado formaba parte de ese difícil terreno de negociación entre un Gobierno socialista que necesitaba apoyos y una UPyD que intentaba convertir determinadas propuestas de su programa en reformas efectivas. Mi impresión es que el PSOE aceptó aquella iniciativa sin entusiasmo y por necesidad parlamentaria. Ésa es una valoración política que corresponde situar como tal, pero el desenlace posterior resulta bastante más objetivo.

La ley se aprobó, pero nunca llegó a desarrollarse reglamentariamente de forma completa.No es una interpretación retrospectiva. Ya en 2016 el sindicato ANPE denunciaba que la ley se había quedado en una declaración de intenciones por falta de desarrollo normativo. En 2017-2018 el propio Gobierno asturiano llegó a tramitar un proyecto de decreto para desarrollarla, pero ese proceso no culminó. Y todavía en febrero de 2026, más de doce años después de su aprobación, se presentó en la Junta General una iniciativa para exigir precisamente su desarrollo reglamentario. La propuesta fue rechazada por PSOE, Convocatoria-IU y Covadonga Tomé 

La situación trae inevitablemente a la memoria la frase tradicionalmente atribuida a Romanones: “Hagan ustedes las leyes y déjenme los reglamentos”. La atribución exacta y la formulación han variado con el tiempo, pero la idea resulta aquí especialmente pertinente: una ley puede aprobarse solemnemente y quedar después vaciada, o al menos gravemente limitada, si quien debe desarrollarla no convierte sus principios en procedimientos efectivos.

Desde mi punto de vista, éste es un buen ejemplo de una patología de nuestra política: aceptar formalmente una reforma que resulta incómoda y después dilatar su aplicación hasta convertirla casi en papel mojado.

La cuestión de fondo, sin embargo, es todavía más importante que la peripecia parlamentaria.

UPyD entendía ya en 2008 que sin autoridad del profesor resulta muy difícil que exista una educación exigente y de calidad. Autoridad no significa autoritarismo. Significa que quien tiene la responsabilidad de enseñar dispone también del respaldo institucional necesario para mantener unas reglas, exigir respeto y crear un entorno en el que los alumnos puedan aprender.

Trece años después de aquella ley y casi veinte después del primer programa de UPyD, seguimos discutiendo sobre convivencia, agresiones o faltas de respeto a docentes, deterioro de determinados entornos escolares, burocratización de la profesión y resultados educativos insuficientes. De hecho, la iniciativa presentada en la Junta en 2026 justificaba la necesidad de desarrollar aquella ley precisamente por el deterioro de la convivencia y por la necesidad de ofrecer protección jurídica y procedimientos claros al profesorado. 

No se trata de reivindicar retrospectivamente a UPyD como si todas sus propuestas hubieran sido correctas. Se trata de preguntarse por qué algunas reformas que parecían responder a problemas reales fueron aceptadas formalmente y luego quedaron a medias.

La educación es uno de los mejores ejemplos. Durante casi dos décadas hemos aprobado leyes, cambiado currículos y discutido sobre modelos pedagógicos, competencias autonómicas y métodos de evaluación. Sin embargo, cuestiones básicas como la autoridad del profesor, la exigencia, el esfuerzo, la comprensión lectora, el dominio de las matemáticas o la estabilidad del propio sistema educativo siguen regresando una y otra vez al debate público.

Quizá el problema de España no haya sido únicamente la falta de leyes. En ocasiones ha sido algo más sencillo y más grave: la incapacidad, por intereses partidarios,  para llevar hasta el final las reformas que ya se habían decidido . Algunos sindicatos asturianos, muy vinculados a PSOE e IU, deberían entonar el "mes culpa". Amén.