Sentencia de muerte para el carbón

Las minas españolas, abocadas al cierre por el fin de las ayudas públicas

JAVIER CUARTAS - Oviedo

EL PAÍS - Economía - 05-09-2010
España tenía hace 25 años 52.910 mineros del carbón. Hoy hay 7.967. El 15 de octubre de 2014 no quedará ninguno.

Si prospera la decisión comunitaria, anunciada el 20 de julio pasado de que en 2014 sólo puedan permanecer abiertas las explotaciones carboneras que no precisen ayudas públicas, el sector español de la hulla, la antracita y el lignito estará abocado al cierre. Hasta entonces, los auxilios estatales (320 millones anuales en subvención directa) deberán ser decrecientes, con recortes de al menos el 33% cada 15 meses. El sector en España lo forman 15 compañías, en Asturias (3.875 empleos), Castilla y León, Teruel, Ciudad Real y Córdoba.

Pero además de la condena a muerte a plazo fijo sobre el sector pende una amenaza mayor y más urgente. La resistencia comunitaria a aprobar los incentivos públicos al consumo de mineral nacional por las centrales térmicas españolas ha colocado al carbón ya al borde del colapso. El mineral nacional es más caro que el de importación y las eléctricas sólo lo consumen si el Estado les subvenciona su adquisición.

En la esperanza de poder desbloquear la situación este mes (la Comisión de la Competencia, en manos del socialista español Joaquín Almunia, es favorable a la autorización, pero no otros miembros del ejecutivo europeo), el Gobierno ha vuelto a encomendar a la empresa estatal Hunosa, como solución transitoria, la compra masiva del stock de carbón de las compañías privadas para que puedan mantener su actividad. Pese a esta intervención pública, algunas empresas carboneras han suspendido el pago de salarios como medida de presión. Los mineros, que han emprendido encierros (en Teruel y Palencia) y cortes de carreteras, amenazan con una escalada de movilizaciones.

Para justificar las ayudas a las eléctricas, el Gobierno español invoca el riesgo para la seguridad del suministro, que contempla la legislación comunitaria. Pero hay sectores en la UE que niegan que España esté en este supuesto.

Si finalmente la UE autorizase la reanudación de las ayudas a las térmicas para el consumo de mineral nacional, el carbón español podrá normalizar su actividad. Pero sólo hasta 2014.

Sin subvenciones estatales, la industria carbonera nacional será inviable. La historia del carbón español es la de un sector crónicamente auxiliado. Primero lo fue porque no era capaz de competir en precio a fines del XIX y primer tercio del XX con el mineral británico, ni ahora con el de los grandes productores, en su mayor parte países emergentes. Un problema estructural de competitividad que abocaba a una muerte pronosticada al menos desde 1933.

Desde entonces, la fuerte capacidad organizativa de los sindicatos mineros, las alianzas de empresarios y trabajadores, la presión de las compañías y el respaldo de las fuerzas sociales y políticas de los territorios afectados han sido capaces de postergar el desmantelamiento, aunque no han podido evitar un ajuste acelerado, sobre todo desde las reconversiones de los años 80.

Pero la decisión de Bruselas de que las ayudas públicas sólo se pueden prorrogar hasta 2014 ha puesto fecha de liquidación al sector. Y esta vez sin vuelta atrás. "La contundencia con que se expresó Almunia deja poco margen de esperanza", señaló el presidente de una carbonera.

Almunia dijo en julio que el objetivo es "garantizar el cierre definitivo de las minas no competitivas antes del 15 de octubre de 2014". "No debe haber ninguna duda al respecto". Según el ejecutivo comunitario, "las empresas tienen que ser viables sin subvenciones". "No es sólo una cuestión de justicia para los competidores que operan sin ayudas estatales, sino que también revierte en el interés de los contribuyentes y de unas finanzas públicas que se encuentran en un contexto de austeridad". "El camino a seguir", señaló, "es el de las energías renovables y limpias".

Esta posición supone un endurecimiento súbito del borrador de reglamento que manejaba Bruselas y que apuntaba al mantenimiento hasta 2022 de las subvenciones a la explotación y hasta 2030 de las ayudas al cierre y las medidas sociales.

La patronal carbonera Carbunión y los sindicatos se declaran desconcertados y sorprendidos por una decisión que anticipa el cierre de las minas deficitarias en ocho años y que, a juicio del sector, vulnera el espíritu y la letra de la decisión comunitaria de 2003 que estableció el concepto de "reserva estratégica" (mantenimiento de un tamaño mínimo de producción autóctona) y mediante la que se autorizó, "por motivos de seguridad del suministro", que los Estados miembros pudieran dar prioridad a las fuentes de combustión de energía primaria autóctona en una proporción que no supere cada año el 15% de la energía necesaria para producir la electricidad que se consume anualmente en el país.

La patronal minera afirma además que muchas empresas han realizado inversiones que ahora no podrán amortizar y denuncian que España no puede competir en costes con los bajos salarios y escasas medidas de seguridad de otros países. Y empresas y sindicatos juzgan como un "despropósito" que España renuncie a su propio carbón cuando ya depende del exterior en el 85% de la energía primaria que consume.

Almunia ataca el argumento de la "reserva estratégica" y esgrime que el carbón europeo apenas representa el 1,4% del abastecimiento de consumo energético de la UE. Pero las empresas replican que las ayudas oficiales al carbón (2.900 millones en 2008 en la UE) son muy poco relevantes en comparación con las que obtienen algunas energías renovables. "¿Puede competir la industria de Europa con países que no asumen los costes de Kioto y a los que además les vamos a comprar su carbón porque es más barato que el nuestro por sus menores salarios y sus ínfimas medidas de seguridad?", se pregunta un representante de los intereses empresariales hulleros.


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