lunes, 30 de noviembre de 2009
La zona rural sostiene que Sariego arremete contra ellos para tapar el «caso Blanco»
«Se está dirigiendo a la zona rural para no ver otras cosas cercanas, como el caso de Ovidio Blanco, que está en sus ámbitos». De este modo respondió ayer la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos Les Caseríes, de la zona rural, Soledad Lafuente, a las declaraciones que realizó el pasado sábado el secretario general del PSOE de Gijón. El primer teniente de alcalde, José Manuel Sariego, atribuyó, en un acto público de los socialistas gijoneses, a «unos particulares que no ansían más que su interés personal y su lucro desmedido», los contenciosos que desembocaron en 23 sentencias que anulan el PGOU de Gijón. Las anulan por omitir un estudio de impacto ambiental y otras irregularidades administrativas. Sariego también advirtió a los jueces de que las competencias urbanísticas corresponden al Pleno del Ayuntamiento.
Las reacciones no se hicieron esperar: «El Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló el PGOU por que es ilegal y eso es algo que el Ayuntamiento sabía desde el primer momento», señala Soledad Lafuente. Los representantes de la zona rural así se lo hicieron saber a los munícipes en el Pleno del 9 de febrero de 2004, en el que se aprobó provisionalmente el PGOU.
Las declaraciones de Sariego son una muestra más para Lafuente de que el gobierno local «no nos escucha, como tampoco nos escucharon con las marchas verdes» y reprochó a esa sordera selectiva del gobierno de Paz Fernández Felgueroso «que ahora todos los ciudadanos tengamos que pagar una nueva revisión del plan general, que tiene su coste». Respecto a la advertencia del dirigente del PSOE al poder judicial, la portavoz vecinal opinó que «el Ayuntamiento debe acatar las leyes y lo que digan los tribunales».
La portavoz del colectivo Defensa Rural, Carmen Suárez, señaló que lo que piden los aldeanos es «el respeto al medio ambiente y la eliminación de nuevas urbanizaciones, es decir, la conservación de la zona rural de Gijón y eso no tiene nada que ver con lo que está diciendo Sariego». Suárez recurrió al refranero para explicar la actitud del líder del PSOE gijonés: «Habla la pega para que no hablen de ella».
Defensa Rural considera que Sariego «vuelve a mentir y a desprestigiarnos a los ciudadanos, que lo único que pretendemos es que no se repitan los desastres urbanísticos que se cometieron en Gijón en otras épocas». Carmen Suárez recordó que en Gijón hay 25.000 viviendas vacías, por lo que no se requiere invadir el campo gijonés para atender las necesidades de vivienda. La única explicación del interés del gobierno local por impulsar la construcción de bloques de viviendas en la zona rural es «favorecer a los grandes constructores». La portavoz de Defensa Rural recuerda que los gobiernos del PSOE no están teniendo empacho en «inyectar grandes cantidades de dinero público a los constructores y a los bancos».
También terciaron ayer en la polémica representantes de la Plataforma de Cabueñes, que indicaron respecto al «ansia de lucro» que ve Sariego en los vecinos del agro gijonés que «esas declaraciones retratan al personaje» y se preguntaron que «¿cómo puede cuestionar 23 sentencias promovidas por personas variadas, en defensa de sus intereses legítimos y no del lucro y la especulación que vemos en otros?». A esto añaden que «de momento, el único lucro indecente fue el de su ex arquitecto municipal, que está inmerso en un proceso judicial en el que el gobierno local sigue diciendo que está impoluto y mientras Sariego se dedica a desprestigiar a los perjudicados por las irregularidades del Plan General de Ordenación Urbana y se atreva a dar lecciones a los jueces».
Desde la Plataforma de Cabueñes se anima al secretario general del PSOE de Gijón a que «si tan seguro está de lo que dice, ¿por qué no se postula, junto a Pedro Sanjurjo y a la Alcaldesa, para ir a declarar al Juzgado por el "caso Blanco?"».
La polémica.
Marchas verdes:
Los vecinos de la zona rural convocaron tres marchas verdes, en las que participaron miles de gijoneses, para evitar las urbanizaciones en el campo gijonés. Los vecinos de la zona rural presentaron 3.000 alegaciones durante la tramitación del PGOU.
Sentencias:
Los tribunales han emitido 23 sentencias que anulan el PGOU por carecer de evaluación de impacto ambiental, deficiente información pública, falta de estudios económico financieros y falta de documentos esenciales.
Ansia de lucro:
El secretario general del PSOE de Gijón y primer teniente de alcalde, José Manuel Sariego, atribuyó el sábado a «unos particulares que no ansían más que su interés personal y su lucro desmedido» los recursos que provocaron los fallos judiciales adversos para el gobierno local. Sariego también dijo a los jueces que «las competencias urbanísticas son materia del Pleno del Ayuntamiento».
«Caso Blanco»
Los vecinos replican que Sariego dispara contra ellos «para no ver otras cosas más cercanas, que tiene en su ámbito, como el caso de Ovidio Blanco», ex arquitecto municipal imputado por lucrarse con la recalificación de una finca en Cabueñes, en un plan de edificación de pisos.
http://www.lne.es/gijon/2009/11/30/zona-rural-sostiene-sariego-arremete-tapar-caso-blanco/840956.html
Las reacciones no se hicieron esperar: «El Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló el PGOU por que es ilegal y eso es algo que el Ayuntamiento sabía desde el primer momento», señala Soledad Lafuente. Los representantes de la zona rural así se lo hicieron saber a los munícipes en el Pleno del 9 de febrero de 2004, en el que se aprobó provisionalmente el PGOU.
Las declaraciones de Sariego son una muestra más para Lafuente de que el gobierno local «no nos escucha, como tampoco nos escucharon con las marchas verdes» y reprochó a esa sordera selectiva del gobierno de Paz Fernández Felgueroso «que ahora todos los ciudadanos tengamos que pagar una nueva revisión del plan general, que tiene su coste». Respecto a la advertencia del dirigente del PSOE al poder judicial, la portavoz vecinal opinó que «el Ayuntamiento debe acatar las leyes y lo que digan los tribunales».
La portavoz del colectivo Defensa Rural, Carmen Suárez, señaló que lo que piden los aldeanos es «el respeto al medio ambiente y la eliminación de nuevas urbanizaciones, es decir, la conservación de la zona rural de Gijón y eso no tiene nada que ver con lo que está diciendo Sariego». Suárez recurrió al refranero para explicar la actitud del líder del PSOE gijonés: «Habla la pega para que no hablen de ella».
Defensa Rural considera que Sariego «vuelve a mentir y a desprestigiarnos a los ciudadanos, que lo único que pretendemos es que no se repitan los desastres urbanísticos que se cometieron en Gijón en otras épocas». Carmen Suárez recordó que en Gijón hay 25.000 viviendas vacías, por lo que no se requiere invadir el campo gijonés para atender las necesidades de vivienda. La única explicación del interés del gobierno local por impulsar la construcción de bloques de viviendas en la zona rural es «favorecer a los grandes constructores». La portavoz de Defensa Rural recuerda que los gobiernos del PSOE no están teniendo empacho en «inyectar grandes cantidades de dinero público a los constructores y a los bancos».
También terciaron ayer en la polémica representantes de la Plataforma de Cabueñes, que indicaron respecto al «ansia de lucro» que ve Sariego en los vecinos del agro gijonés que «esas declaraciones retratan al personaje» y se preguntaron que «¿cómo puede cuestionar 23 sentencias promovidas por personas variadas, en defensa de sus intereses legítimos y no del lucro y la especulación que vemos en otros?». A esto añaden que «de momento, el único lucro indecente fue el de su ex arquitecto municipal, que está inmerso en un proceso judicial en el que el gobierno local sigue diciendo que está impoluto y mientras Sariego se dedica a desprestigiar a los perjudicados por las irregularidades del Plan General de Ordenación Urbana y se atreva a dar lecciones a los jueces».
Desde la Plataforma de Cabueñes se anima al secretario general del PSOE de Gijón a que «si tan seguro está de lo que dice, ¿por qué no se postula, junto a Pedro Sanjurjo y a la Alcaldesa, para ir a declarar al Juzgado por el "caso Blanco?"».
La polémica.
Marchas verdes:
Los vecinos de la zona rural convocaron tres marchas verdes, en las que participaron miles de gijoneses, para evitar las urbanizaciones en el campo gijonés. Los vecinos de la zona rural presentaron 3.000 alegaciones durante la tramitación del PGOU.
Sentencias:
Los tribunales han emitido 23 sentencias que anulan el PGOU por carecer de evaluación de impacto ambiental, deficiente información pública, falta de estudios económico financieros y falta de documentos esenciales.
Ansia de lucro:
El secretario general del PSOE de Gijón y primer teniente de alcalde, José Manuel Sariego, atribuyó el sábado a «unos particulares que no ansían más que su interés personal y su lucro desmedido» los recursos que provocaron los fallos judiciales adversos para el gobierno local. Sariego también dijo a los jueces que «las competencias urbanísticas son materia del Pleno del Ayuntamiento».
«Caso Blanco»
Los vecinos replican que Sariego dispara contra ellos «para no ver otras cosas más cercanas, que tiene en su ámbito, como el caso de Ovidio Blanco», ex arquitecto municipal imputado por lucrarse con la recalificación de una finca en Cabueñes, en un plan de edificación de pisos.
http://www.lne.es/gijon/2009/11/30/zona-rural-sostiene-sariego-arremete-tapar-caso-blanco/840956.html
«El objetivo es una ciudad compacta»
Lo que se pretende con la tramitación de este nuevo PGOU es diseñar estratégicamente la ciudad para que no tenga estrecheces en diez años». Así resume el concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, la tarea que le ha encomendado el equipo de gobierno para salvar la situación generada por los varapalos judiciales contra el anterior plan. Un planeamiento que descarriló en los tribunales por haberse tramitado como modificación, en lugar de como la revisión que se va a iniciar ahora, y por omitir entre su documentación una evaluación ambiental.
«No queremos esperar a que el Tribunal Supremo resuelva nuestros recursos, porque pueden pasar años para una resolución. Damos este paso para garantizar la plena seguridad jurídica al urbanismo de la ciudad», señaló.
Pese a los fallos judiciales anulatorios que acumula ya el plan Teixidor -23 según el último recuento-, el edil defiende la plena validez del modelo territorial contenido en él. «Es el conveniente para Gijón y por ese motivo no se va a modificar», afirma, convencido.
Se trata de un modelo, remarca Sanjurjo, que «apuesta claramente por una ciudad compacta y policéntrica». Esas dos definiciones se van a mantener en la revisión en ciernes, al igual, asegura, que la pauta de crecimiento sostenible desde el punto de vista ambiental (ya que los nuevos desarrollos obligan a consumir nuevo territorio) y económico (con el reto de conseguir servicios urbanos cada más eficientes en todo el municipio). Ese equilibrio entre respeto al medio ambiente y eficacia de servicios se articulará de nuevo -explica Sanjurjo- a través del cierre de la ciudad por el Este (con las actuaciones de Cabueñes y el remate de Somió en el Alto del Infanzón), el Oeste (con el proyecto para Jove) y el Sur (la unión del eje consolidado de Ceares-Viesques con el entorno de Vega-La Camocha a través de los nuevos suelos urbanizables de Castiello y Granda).
Respecto a los tres posibles escenarios de crecimiento que van a salir a información pública a la vuelta de Navidades valora las tres como «previsiones realistas, contenidas, ponderadas y ordenadas de desarrollo residencial». Y en ese sentido, recuerda un reciente plan general aprobado en Toledo, que duplicaba la capacidad de construir pisos del anterior. A su juicio, las propuestas recogidas en el documento de prioridades favorecen suficientemente, salvo la alternativa '0', el desarrollo socioeconómico que el equipo de gobierno espera para el próximo decenio. Además, dan cabida, nuevamente excepto la alternativa '0', a un parque de vivienda acorde con el aumento de población que puede traer consigo la mejora de las comunicaciones ferroviarias con la puesta en servicio del metrotrén y la llegada del AVE a Gijón (menos de tres horas en tren a Madrid). Pero también con las nuevas inversiones asociadas a la ampliación portuaria (regasificadora, ciclos combinados y autopista del mar) y la propia puesta en marcha de la Zona de Actividades Logísticas (ZALIA). «Hay que preparar la ciudad para todo eso. Ver cómo queremos crecer y hacer una planificación al respecto», argumenta Pedro Sanjurjo.
Encauzar las peticiones
El edil socialista de Urbanismo reconoce sin tapujos que se va a abrir un proceso de tramitación de un nuevo PGOU con todas sus consecuencias y sabe que se va a encontrar con duras oposiciones vecinales en el camino. Y también reclamaciones del tipo 'qué pasa con mi prado' que, a la postre, están detrás de la anulación judicial del plan Teixidor. «Los gijoneses, y esto es algo que forma parte de su propia forma de ser, son muy exigentes con las administraciones públicas. Nuestro deber como gobierno es encauzar sus peticiones, pero el gobierno está para gobernar y decidir, sin hurtar el debate público en un proceso como éste», asegura como declaración de intenciones ante lo que se avecina.
En esta ocasión, las nuevas tecnologías, anticipa Sanjurjo, jugarán un papel fundamental en la divulgación de todos los trámites relacionados con el nuevo PGOU. En principio no hay intención de pisar tanta caleya como con el plan anterior. El documento de prioridades se colgará en la web del Ayuntamiento tras su paso por el Pleno del próximo 11 de diciembre
La tramitación combina filtros urbanísticos y ambientales
Arrancará en el Pleno del 11 de diciembre y después las tres variantes estarán un mes expuestas para recibir sugerencias
Con una doble vertiente urbanística y ambiental, que nunca se había seguido con ningún plan general anterior y acabará fundiéndose al final en un mismo documento. Así será la complicada tramitación administrativa del nuevo PGOU de Gijón que, bajo la figura de revisión, iniciará su andadura oficial en el Pleno del próximo 11 de diciembre. Antes de eso, en la reunión de la junta de gobierno de mañana se dará el visto bueno al documento de prioridades o avance del plan.
Para la parte de elaboración del informe de sostenibilidad ambiental (ISA), una de las carencias señaladas en las sentencias judiciales contra el planeamiento anulado, el Ayuntamiento contratará a una empresa de ingeniería asturiana. Ésto es, externalizará su redacción a una asistencia técnica.
El nuevo PGOU se someterá a dos periodos de información pública y pasará por el Pleno en cuatro ocasiones hasta la aprobación definitiva. La primera exposición pública incluirá las tres alternativas de desarrollo urbanístico recogidas en el documento de prioridades (0, 1 y 2). Este periodo de sugerencias durará un mes. Más adelante, una vez que el Ayuntamiento tome partido por una de las propuestas de crecimiento y lleve a cabo su aprobación inicial, el borrador del nuevo plan general y el informe de sostenibilidad ambiental saldrán de nuevo a información pública durante dos meses, esta vez para recibir las correspondientes alegaciones.
Dentro del procedimiento administrativo general, como ya queda dicho, hay que combinar a la vez filtros urbanísticos y medioambientales. Esto implica que, en última instancia, dos organismos de control de Principado, la CUOTA y la CAMA tendrán que informar favorablemente al plan. En total a lo largo de la tramitación hay tres momento de consultas e informes y cuatro de elaboración de documentos (incluyendo el texto de prioridades de partida).
¿En qué plazos se va a completar toda esta extensa tramitación? A día de hoy es una incógnita, pero algunos de los miembros del equipo de gobierno, como el primer teniente de alcalde, José Manuel Sariego, han dicho que la nueva normativa de ordenación urbanística del concejo tiene que estar lista antes de las próximas elecciones municipales (mayo de 2011). En este punto hay que recordar que el procedimiento administrativo del plan Teixidor, mucho más sencillo en comparación con el que en teoría tiene que afrontar ahora el Ayuntamiento, se prolongó dos años, durante los cuales los vecinos de la zona rural organizaron hasta tres 'marchas verdes' de protesta
El Ayuntamiento de Gijón emprende desde cero un plan urbanístico nuevo y más ambicioso
La revisión del PGOU que el Ayuntamiento pondrá en marcha esta semana puede superar en ambición al planeamiento anulado por los tribunales. El documento de prioridades del nuevo plan, que irá a la junta de gobierno de mañana, incluye como principal novedad tres alternativas posibles de desarrollo urbanístico del municipio para los próximos diez años (2010-2020). Una de ellas supera con creces las previsiones de crecimiento del plan Teixidor al sumar a todas las zonas urbanizables incluidas en ese PGOU, vigente desde 2007, una nueva bolsa de suelo en Vega-La Camocha y la ampliación de superficie y densidad edificatoria en la zona de Porceyo. Todo ello daría como resultado una capacidad residencial para 24.000 viviendas.
La alternativa más conservadora es la denominada '0'. Básicamente supone la regularización de la situación urbanística actual. En esta opción se incluye todo el suelo consolidado que proviene de desarrollos del último plan Rañada (el de 1999), modificaciones del mismo (como el plan para la barrera ferroviaria), actuaciones concertadas como el área residencial de Roces y proyectos de infraestructuras promovidos por otras administraciones como la ZALIA, la ampliación portuaria y el polígono de Lloreda. Aquí tendrían cabida todas las operaciones residenciales aprobadas administrativamente hasta el momento, todo lo regulado por el nuevo catálogo urbanístico y todo lo que tenga ya licencia de obra aunque provenga del plan anulado. En total, contiene suelo para desarrollar 8.000 viviendas, una cifra que el equipo de gobierno considera insuficiente para atender la demanda de la próxima década.
La denominada alternativa '2' es la más expansiva de las tres. Incluye la suma de las dos anteriores y propone, como queda dicho, la incorporación de nuevo suelo urbanizable en Vega-La Camocha, el mismo que preveía la construcción de unas 2.000 viviendas y que fue retirado durante la tramitación del plan Teixidor para que siguiera siendo de interés paisajístico. Para llegar a ese número de 24.000 viviendas, también se plantea la ocupación de más territorio en Porceyo y el desarrollo de piezas edificatorias de media densidad (0,35 metros cuadrado/metro cuadrado) donde estaba previsto construirlas de baja. En la práctica, la forma de densificar sería implantar el modelo de las urbanizaciones proyectadas en Castiello, Granda y Cabueñes en esa zona del Suroeste del municipio.
Documento de prioridades
Las tres propuestas saldrán a información pública para incorporar sugerencias ciudadanas, pero, al final, el gobierno local tomará partido por una opción que será la que iniciará en solitario el trámite de aprobación inicial en los próximos meses. Este estudio de alternativas es una exigencia la Ley estatal 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
El documento de prioridades o avance del nuevo PGOU es una publicación de 130 páginas ilustrada a todo color en el que han trabajado los servicios municipales con asesoramientos puntuales como los de la empresa Dolmen, autora del nuevo catálogo urbanístico de la ciudad.
La memoria está dividida en seis apartados: introducción y antecedentes, tramitación administrativa, marco territorial, justificación de la revisión del PGOU, alcance y objetivos de la revisión y las tres alternativas de desarrollo urbanístico ( '0', '1' y '2').
En dicha memoria se detalla que la revisión del PGOU se hace sobre el último plan general, que lleva la autoría del urbanista Ramón Fernández-Rañada (de 1999) y su texto refundido de 2003. Y se revisa ese documento porque el TSJA ha anulado la adaptación a la Ley del Suelo del Principado de 2005, pese a que la resolución no es firme y está recurrida en el Supremo, y se busca garantizar la plena seguridad jurídica del urbanismo gijonés.
Entre los objetivos señalados, el documento de prioridades incluye como novedad la reserva del 30% del conjunto de previsiones del suelo residencial para vivienda protegida, para dar cumplimiento a la actual Ley del Suelo. También se defiende el diseño de una ciudad sostenible, el cuidado de nuevos modos de transporte (el ferrocarril), la adaptación al modelo territorial regional (área metropolitana) y la garantía de desarrollo industrial con espacios para proyectos cada vez más vinculados a las nuevas tecnologíashttp://www.elcomerciodigital.com/20091130/gijon/ayuntamiento-gijon-emprende-desde-20091130.html
domingo, 29 de noviembre de 2009
Investigar, innovar y emprender, los retos pendientes de Asturias
El ovetense Amador Menéndez Velázquez, químico y premio europeo de divulgación científica, trabaja en Massachusetts (EE UU) para hallar una pintura que, aplicada sobre los cristales, convierta cualquier ventana en una fuente de energía. Su experimento cuesta mucho dinero, pero si lo consigue cambiará nuestra vida. Las casas serán como minicentrales eléctricas
de un científico brillante siempre hay una institución o una compañía que cree en la investigación y que se aplica en resolver un problema. No siempre lo consigue de inmediato, ni por un camino fácil, barato o que reporta beneficio a la primera. Innovar requiere, por eso, de una cultura social y empresarial, de una paciencia, que no abunda en Asturias.Quien sí la tiene es el País Vasco.
Peleó por las competencias de ciencia y tecnología hasta que lo logró hace bien poco. Y no pierde batalla con la que arrimar recursos a esta materia. El Gobierno central recortó este año en 400 millones de euros los fondos para investigación, con gran alboroto entre la comunidad científica. Enmendó luego los Presupuestos para restituir 143 millones. De esa partida, 80 van directos a Euskadi. Así lo exigió el PNV en peaje por el apoyo de sus diputados a las cuentas estatales. Aunque el nacionalismo no gobierna ya aquellas tierras, ve en la I+D+I un valor estratégico. Es inmoral pactar unos Presupuestos así, en el pesebre. No viene al caso centrarse ahora en ello. La realidad es que en 1981 Euskadi destinaba a I+D el 0,097% de su PIB, tenía 3.000 investigadores y figuraba a la cola de España. Casi tres décadas después, invirtió por completo la situación. Dispone del 1,60% para investigación, tiene 8.000 científicos y ya está en cabeza. Pretende convertirse en la región tecnológicamente más puntera de Europa.
Al lado de esta vertiginosa carrera y de esa ambición, la situación de Asturias acompleja. Aunque las cosas han mejorado en los últimos tiempos, la investigación y el desarrollo no son una prioridad de los políticos regionales. Todos predican, pero nadie da trigo. Para muestra, los Presupuestos recién pactados. Entre construir una economía que demagógicamente llaman solidaria y una economía fuerte para el futuro, capaz de generar más bienestar para todos, PSOE e IU optaron por lo primero. Habrá mucho gasto social, pero la I+D no acaba de despegar. Se mantiene en 68 millones. Igual que el año pasado, y bastante menos de lo que el Madrid pagó por fichar a Ronaldo. Una empresa bilbaína de turbinas invierte por su cuenta en investigación casi tanto como el Principado. El Gobierno vasco, seis veces más: 420 millones. Mucha diferencia para excusarla por los privilegios económicos forales. Es más bien que en Asturias no hay una política decidida que fomente la sociedad de la innovación. Madrid, Navarra y el País Vasco son, por ese orden, las regiones que mayor porcentaje de riqueza aportan a la investigación. Asturias está en mitad de la tabla. A mucha distancia, la última entre las regiones de tradición industrial.
Parte de la culpa de este rezago es imputable a las empresas. Para investigar se necesita apoyo público y, en mayor medida, implicación privada. Innovar es cuestión de supervivencia. Quien no lo entienda así está perdido. Los vascos lo tienen muy asumido. El empresariado asturiano aporta el 43% del dinero de la I+D. El de Euskadi, el 80%. Empresa e investigación están poco conectadas en Asturias. No hay agilidad para traducir el conocimiento en negocio. O lo que es lo mismo: para hacer útiles los avances científicos. Son dos puntos débiles de la investigación regional. En ambos la Universidad tiene un papel decisivo. Nuestra Universidad anda feliz. Acaba de ser reconocida como Campus de Excelencia, lo que la sitúa entre las mejoras del país y le abre nuevas perspectivas internacionales. Precisamente, dos proyectos científicos están en la base de su éxito. Uno, relacionado con la biomedicina y la salud; otro, con la energía, el medio ambiente y el cambio climático. Con pasos así, una transformación como la que hizo el País Vasco está al alcance de la mano. La ecuación mágica de la economía asturiana podría ser E+E+I. Le faltan las «es» de emprendedores y exportadores, y también la «i» de innovadores. La innovación es creatividad multiplicada por espíritu emprendedor. Son tiempos de estrechez. Hay que gastar menos, porque tenemos menos para gastar. Por eso es preciso hacerlo de manera más inteligente. Nada impide a Asturias, comunidad pequeña y de recursos limitados, tomar la iniciativa y promover alianzas fructíferas con otras regiones líderes, como Madrid o el País Vasco.
Para crecer hay que cooperar. La ciencia y la tecnología, cada vez más una obra colectiva, son terreno fértil en esta táctica. La experiencia no consiste, como dijo el racionalista Leibniz, el último gran genio universal, en el número de cosas que se han visto, sino en el número de cosas sobre las que se ha reflexionado con fruto. Si aspira a viajar en el vagón de primera, más le vale a Asturias reflexionar sobre su tara investigadora. Para recoger frutos y también para poner cuanto antes sus ideas a caminar.
http://www.lne.es/opinion/2009/11/29/investigar-innovar-emprender-retos-pendientes-asturias/840732.html
de un científico brillante siempre hay una institución o una compañía que cree en la investigación y que se aplica en resolver un problema. No siempre lo consigue de inmediato, ni por un camino fácil, barato o que reporta beneficio a la primera. Innovar requiere, por eso, de una cultura social y empresarial, de una paciencia, que no abunda en Asturias.Quien sí la tiene es el País Vasco.
Peleó por las competencias de ciencia y tecnología hasta que lo logró hace bien poco. Y no pierde batalla con la que arrimar recursos a esta materia. El Gobierno central recortó este año en 400 millones de euros los fondos para investigación, con gran alboroto entre la comunidad científica. Enmendó luego los Presupuestos para restituir 143 millones. De esa partida, 80 van directos a Euskadi. Así lo exigió el PNV en peaje por el apoyo de sus diputados a las cuentas estatales. Aunque el nacionalismo no gobierna ya aquellas tierras, ve en la I+D+I un valor estratégico. Es inmoral pactar unos Presupuestos así, en el pesebre. No viene al caso centrarse ahora en ello. La realidad es que en 1981 Euskadi destinaba a I+D el 0,097% de su PIB, tenía 3.000 investigadores y figuraba a la cola de España. Casi tres décadas después, invirtió por completo la situación. Dispone del 1,60% para investigación, tiene 8.000 científicos y ya está en cabeza. Pretende convertirse en la región tecnológicamente más puntera de Europa.
Al lado de esta vertiginosa carrera y de esa ambición, la situación de Asturias acompleja. Aunque las cosas han mejorado en los últimos tiempos, la investigación y el desarrollo no son una prioridad de los políticos regionales. Todos predican, pero nadie da trigo. Para muestra, los Presupuestos recién pactados. Entre construir una economía que demagógicamente llaman solidaria y una economía fuerte para el futuro, capaz de generar más bienestar para todos, PSOE e IU optaron por lo primero. Habrá mucho gasto social, pero la I+D no acaba de despegar. Se mantiene en 68 millones. Igual que el año pasado, y bastante menos de lo que el Madrid pagó por fichar a Ronaldo. Una empresa bilbaína de turbinas invierte por su cuenta en investigación casi tanto como el Principado. El Gobierno vasco, seis veces más: 420 millones. Mucha diferencia para excusarla por los privilegios económicos forales. Es más bien que en Asturias no hay una política decidida que fomente la sociedad de la innovación. Madrid, Navarra y el País Vasco son, por ese orden, las regiones que mayor porcentaje de riqueza aportan a la investigación. Asturias está en mitad de la tabla. A mucha distancia, la última entre las regiones de tradición industrial.
Parte de la culpa de este rezago es imputable a las empresas. Para investigar se necesita apoyo público y, en mayor medida, implicación privada. Innovar es cuestión de supervivencia. Quien no lo entienda así está perdido. Los vascos lo tienen muy asumido. El empresariado asturiano aporta el 43% del dinero de la I+D. El de Euskadi, el 80%. Empresa e investigación están poco conectadas en Asturias. No hay agilidad para traducir el conocimiento en negocio. O lo que es lo mismo: para hacer útiles los avances científicos. Son dos puntos débiles de la investigación regional. En ambos la Universidad tiene un papel decisivo. Nuestra Universidad anda feliz. Acaba de ser reconocida como Campus de Excelencia, lo que la sitúa entre las mejoras del país y le abre nuevas perspectivas internacionales. Precisamente, dos proyectos científicos están en la base de su éxito. Uno, relacionado con la biomedicina y la salud; otro, con la energía, el medio ambiente y el cambio climático. Con pasos así, una transformación como la que hizo el País Vasco está al alcance de la mano. La ecuación mágica de la economía asturiana podría ser E+E+I. Le faltan las «es» de emprendedores y exportadores, y también la «i» de innovadores. La innovación es creatividad multiplicada por espíritu emprendedor. Son tiempos de estrechez. Hay que gastar menos, porque tenemos menos para gastar. Por eso es preciso hacerlo de manera más inteligente. Nada impide a Asturias, comunidad pequeña y de recursos limitados, tomar la iniciativa y promover alianzas fructíferas con otras regiones líderes, como Madrid o el País Vasco.
Para crecer hay que cooperar. La ciencia y la tecnología, cada vez más una obra colectiva, son terreno fértil en esta táctica. La experiencia no consiste, como dijo el racionalista Leibniz, el último gran genio universal, en el número de cosas que se han visto, sino en el número de cosas sobre las que se ha reflexionado con fruto. Si aspira a viajar en el vagón de primera, más le vale a Asturias reflexionar sobre su tara investigadora. Para recoger frutos y también para poner cuanto antes sus ideas a caminar.
http://www.lne.es/opinion/2009/11/29/investigar-innovar-emprender-retos-pendientes-asturias/840732.html
Cimavilla, año de 1984 Actuaciones principales del Plan del Cerro de Santa Catalina
J. M. CEINOS En el segundo mandato municipal de José Manuel Palacio Álvarez (La Habana, 1930-Gijón, 2005) como alcalde de Gijón, la Corporación emprendió la primera gran operación de recuperación urbanística de la ciudad, que, como no podía ser de otra forma, tuvo como objetivo Cimavilla, el viejo barrio pesquero local y cuna de la villa, que hace un cuarto de siglo presentaba más que alarmantes síntomas de deterioro casi irreversibles. Veinticinco años atrás, no sólo Gijón, muchas otras ciudades españolas ponían en marcha planes de recuperación de sus cascos históricos tras decenios de abandono e invasión del tráfico de vehículos. Cimavilla no era una excepción, con edificios que ocultaban auténtico chabolismo urbano. Durante el primer mandato municipal tras la recuperación de la democracia (de 1979 a 1983), la Corporación acometió las obras más urgentes, sobre todo en los barrios, que tenían amplias zonas que eran auténticos lodazales, sin calzadas ni aceras, con deficiente alumbrado público y otras carencias. Pero en el segundo mandato, el comprendido entre 1983 y 1987, el Ayuntamiento puso manos a la obra en Cimavilla como su primer gran reto de «cirugía urbanística». Se encargó el llamado Plan Especial de Protección y Reforma Interior del barrio de pesquerías a los arquitectos Francisco Pol y José Luis Martín, con la colaboración de los también arquitectos Juan González Moriyón y Fernando Nanclares. La entonces ambiciosa actuación urbanística se dividió en dos partes: una, la transformación del Cerro de Santa Catalina en un parque público, y dos, la rehabilitación de los viales y plazas del barrio alto, con la incorporación posterior de ayudas para la recuperación de edificios y fachadas. Así se hizo en los años posteriores. Hace un cuarto de siglo se presentó en el Ayuntamiento el plan, para su estudio, discusión y aprobación por los grupos políticos municipales. Se comenzó por el Cerro de Santa Catalina, cuya transformación en un gran parque público era un viejo anhelo de los gijoneses ya recogido en el Plan de Reformas Urbanas de 1937, como también convertir la falda de la colina de Los Pericones en un gran parque, proyecto que se haría realidad en el segundo mandato municipal de José Manuel Palacio. En el Plan de Reformas de 1937 ya se indicaba la construcción de un «acuarium» aprovechando las fortificaciones militares del Cerro. Pero en el caso de Cimavilla, si importante era la recuperación urbanística, no lo era menos la demográfica. En efecto, los redactores del plan pusieron especial empeño en «rejuvenecer» la población del barrio alto y, para ello, en el plan de recuperación del Cerro de Santa Catalina incluyeron la construcción de una «cornisa» de viviendas en paralelo «a la edificación que bordea el Cerro». La idea era «atraer» al barrio alto, sobre todo, a jóvenes residentes. Bien pronto el rechazo de los vecinos dio al traste con este proyecto y los edificios pasaron directamente al baúl de los recuerdos. Los vecinos basaron su oposición frontal en que los edificios ocuparían la zona más llana y resguardada del Cerro. De todo lo previsto en el plan, un cuarto de siglo después, se llevó a cabo el gran parque, con la construcción de caminos y la conservación de las antiguas «pistas militares». En lo más alto de La Atalaya se colocó una «escultura monumental»: el «Elogio del Horizonte» de Eduardo Chillida, se recuperó «como área de estancia» el recinto de la batería de Santa Catalina y se restauró La Fontica (una fuente muy ligada al origen de la villa). Pero en el plan había mucho más que nunca se llevó a cabo. Además de la «cornisa» de viviendas, no se reconstruyó la ermita de Santa Catalina, ni tampoco se levantó «un pequeño edificio destinado a observatorio meteorológico». En la parte occidental, al lado de la batería de Santa Catalina, se proyectó la construcción de dos edificios destinados a equipamientos deportivos. No se hicieron, en su lugar se habilitó una pista deportiva descubierta. Tampoco se llevó a cabo la «construcción de nuevos pabellones tras los taludes de protección, con el volumen de los pabellones originarios del acuartelamiento de las fortificaciones», para ser destinado «el conjunto de las casamatas y nuevos pabellones a equipamiento cultural, recomendándose preferentemente su utilización como "Museo del mar Cantábrico"». Finalmente, tampoco se llevó a cabo la construcción de la que estaba pensada como gran puerta de acceso al Cerro desde el barrio alto: un anfiteatro «a través del conjunto de la Fábrica de Tabacos», que, además de gran escalinata, sirviera para la celebración de espectáculos al aire libre.1. Bloques para viviendas en la parte más próxima del Cerro al caserío de Cimavilla. 2. Instalaciones deportivas cubiertas y recuperación del recinto de la batería de Santa Catalina. 3. Reconstrucción de los pabellones militares para ser destinados a equipamiento cultural: «Museo del mar Cantábrico». 4. Reconstrucción de la ermita de Santa Catalina. 5. Observatorio meteorológico. 6. Recuperación de La Fontica. 7. Gran escalinata, en forma de anfiteatro, de acceso al Cerro y recinto al aire libre para espectáculos.
http://www.lne.es/gijon/2009/11/29/cimavilla-ano-1984-actuaciones-principales-plan-cerro-santa-catalina/840549.html
http://www.lne.es/gijon/2009/11/29/cimavilla-ano-1984-actuaciones-principales-plan-cerro-santa-catalina/840549.html
Factorías Juliana se queda sin brazos
El astillero despide mañana al 84% de su plantilla en un paso más del concurso de acreedores, que determinará en 2010 si se liquida la empresa
M. CASTRO La crisis en la que está sumido el último astillero gijonés, Factorías Juliana, tendrá mañana un nuevo capítulo con el despido de 145 de sus 172 trabajadores. Los restantes irán al paro escalonadamente en los próximos meses. Una medida que supondrá un gran cambio para los empleados, pero no para la empresa, en la que no hay actividad desde hace meses por su situación de insolvencia. De hecho, en septiembre Juliana envió a 130 trabajadores a una regulación de empleo, de la que mañana saldrán para recibir sus cartas de despido. La mayoría de los trabajadores se irán prejubilados o se recolocarán en astilleros del grupo público Navantia. Juliana se acabará de hundir el año que viene si no aparece ningún empresario interesado en una compañía que acumula un pasivo de 61,53 millones de euros y riesgos potenciales por otros 150,62, según los cálculos de los administradores judiciales. La caída para los trabajadores estará amortiguada por el colchón que pactó la SEPI con los sindicatos UGT y CC OO y que va a permitir a 113 trabajadores prejubilarse con el 76% de sus salarios y a otros 36 recolocarse en astilleros de Navantia, cobrando además una indemnización si vieran reducido su sueldo. Vulcano ha estado pagando las nóminas del personal de Juliana hasta ahora para evitar que fueran despedidos antes de que se cumplieran los tres años desde la privatización del astillero gijonés, dado que una de las cláusulas del contrato obligaría entonces a la empresa gallega a indemnizar a la SEPI con 39.000 euros por cada trabajador (5,8 millones de euros en total). Los 27 empleados que van a permanecer en el astillero a partir de mañana no se dedicarán a tareas productivas, sino a facilitar el traslado del último barco hasta el astillero cántabro Astander. Se trata del cementero «Cristina Masaveu», que previsiblemente abandonará Gijón a finales de diciembre, después de que ningún banco haya facilitado a Juliana una línea de financiación para poder completar la obra. La imposibilidad de acabar en Gijón este buque es significativa si se tiene en cuenta que la dirección de Factorías Juliana y la de su empresa matriz, Factorías Vulcano, habían reiterado a los sindicatos que las posibilidades de reflotar al astillero gijonés pasaban por concluir el cementero. Sin trabajo y sin apenas operarios, el futuro de las mayores instalaciones industriales que permanecen dentro del casco urbano se conocerá a lo largo del primer semestre del año que viene. Un convenio con los acreedores para mantener la actividad de la compañía o la liquidación de la empresa por sus elevadas deudas son las dos posibilidades. La liquidación es la más probable, debido a que para alcanzar un hipotético convenio con los acreedores sería preciso una inyección económica, debido a que las pérdidas de la empresa superan en unos 30 millones de euros sus fondos propios. Una liquidación no supone automáticamente la desaparición de la actividad de construcción naval en Gijón. El Principado ha sondeado el interés de industrias auxiliares y también de Astilleros Armón para hacerse con la factoría gijonesa. El grupo naviego no descarta esa posibilidad, pero en todo caso su interés se limitaría a adquirir las instalaciones, no a levantar el concurso. De que continúe o no la construcción de barcos en El Natahoyo también dependen en gran medida las posibilidades reales de la industria auxiliar de recuperar parte de lo que se les adeuda. Los activos fijos de Factorías Juliana están valorados en unos 74,16 millones de euros, pero son difícilmente realizables salvo si se mantiene el astillero. El activo más versátil lo componen los 85.926,11 metros cuadrados que tiene en propiedad a pie de mar y sobre los que puede haber un astillero, oficinas o edificios de viviendas. El problema es que sobre esos terrenos pesa una hipoteca a favor de Pymar por 20,69 millones de euros. La dirección de Juliana estimó en 27 millones el valor de mercado de ese solar, una cifra que los administradores judiciales han rebajado a 19,24 millones, en base a un informe pericial encargado por Pymar. Estas cifras contrastan con los 130 millones de euros que esperaba obtener Vulcano en 2007 por la venta del solar si el Ayuntamiento hubiera accedido a recalificarlo. El grueso de los activos fijos tiene valor para continuar la actividad: las construcciones están cifradas en 53,42 millones de euros, de los que 20 millones corresponden a los dos diques, la dársena de armamento y la grada del astillero.Ayudas públicas en los 90 Entre 1995 y 1997 el Estado inyectó 3.276 millones de euros a los astilleros públicos. La UE autorizó las ayudas a condición de que no hubiera más. El conflicto con la UE La UE abrió expedientes a España por nuevas ayudas, entre 2000 y 2002, por 1.853 millones de euros. En 2004 reclamó la devolución de Izar al Estado de 1.200 millones. El Gobierno declinó recurrir ante los tribunales europeos. Era la quiebra de Izar. El desmantelamiento El Gobierno salvó seis astilleros de Galicia, Andalucía y Murcia integrándolos en el grupo militar Navantia. La deuda se quedó en Izar, junto a los astilleros de Gijón, Sestao y Sevilla, y a la fábrica de motores de Manises. 16 de diciembre de 2004 La SEPI se comprometió con UGT y CC OO a vender a un mismo comprador los cuatro centros. El acuerdo permitió la prejubilación de 4.000 de los 11.000 trabajadores de los astilleros públicos. En Izar Gijón se prejubilaron 224 en 2005. 2 de noviembre de 2006 UGT y CC OO pactaron con la SEPI la venta individual, con garantías de prejubilación o recolocación para los trabajadores en caso de insolvencia de los centros privatizados. Venta Izar vendió sin deudas el astillero de Gijón a Vulcano, el de Sevilla a Astilleros de Huelva, el de Sestao a Construcciones Navales del Norte y cerró Manises. Entrega en diciembre de 2006 La SEPI autorizó el 18 de julio de 2006 la adjudicación de Izar Gijón a Vulcano por 2,089 millones de euros. El 1 de diciembre de 2006 Vulcano tomaba las riendas de Juliana, que tenía entonces 166 trabajadores. Plan industrial sobre el papel Vulcano ofrecía la construcción de buques quimiqueros e invertir 13,4 millones de euros en el astillero gijonés. Nunca se hizo. Sísmicos Vulcano cambió sus previsiones. Los quimiqueros los construyó en Vigo y a Gijón trajo la obra de tres sísmicos. Tudela Veguín contrató un cementero. Recalificación fallida en 2007 El presidente de Vulcano pide al Ayuntamiento a mediados de 2007 que le recalifique los 85.926,11 metros cuadrados que posee Juliana en El Natahoyo, con cuya venta para viviendas esperaba obtener 130 millones de euros. Calculaba unas plusvalías de más de 80 millones, tras construir nuevas instalaciones en El Musel. Hipoteca en 2008 Tras la negativa del Ayuntamiento a recalificar, Vulcano hipotecó, en octubre de 2008, en 20,69 millones de euros el solar de Juliana para costear los sísmicos. Concurso en mayo de 2009 El 29 de mayo de 2009 Juliana presentó la solicitud de concurso voluntario de acreedores. Pasivo millonario El informe provisional de los administradores judiciales estima el pasivo concursal en 61,53 millones de euros. También estiman riesgos potenciales de hasta 150,62 millones adicionales. Despidos Mañana, lunes, serán despedidos 145 de los 172 trabajadores de Juliana. La mayor parte de la plantilla tiene garantizada su prejubilación o recolocación. Cementero El último buque que queda en Juliana, el «Cristina Masaveu», se trasladará a finales de año al astillero cántabro Astander. La dirección de Juliana siempre vinculó la continuidad del astillero a poder concluir este barco.
http://www.lne.es/gijon/2009/11/29/factorias-juliana-queda-brazos/840533.html
M. CASTRO La crisis en la que está sumido el último astillero gijonés, Factorías Juliana, tendrá mañana un nuevo capítulo con el despido de 145 de sus 172 trabajadores. Los restantes irán al paro escalonadamente en los próximos meses. Una medida que supondrá un gran cambio para los empleados, pero no para la empresa, en la que no hay actividad desde hace meses por su situación de insolvencia. De hecho, en septiembre Juliana envió a 130 trabajadores a una regulación de empleo, de la que mañana saldrán para recibir sus cartas de despido. La mayoría de los trabajadores se irán prejubilados o se recolocarán en astilleros del grupo público Navantia. Juliana se acabará de hundir el año que viene si no aparece ningún empresario interesado en una compañía que acumula un pasivo de 61,53 millones de euros y riesgos potenciales por otros 150,62, según los cálculos de los administradores judiciales. La caída para los trabajadores estará amortiguada por el colchón que pactó la SEPI con los sindicatos UGT y CC OO y que va a permitir a 113 trabajadores prejubilarse con el 76% de sus salarios y a otros 36 recolocarse en astilleros de Navantia, cobrando además una indemnización si vieran reducido su sueldo. Vulcano ha estado pagando las nóminas del personal de Juliana hasta ahora para evitar que fueran despedidos antes de que se cumplieran los tres años desde la privatización del astillero gijonés, dado que una de las cláusulas del contrato obligaría entonces a la empresa gallega a indemnizar a la SEPI con 39.000 euros por cada trabajador (5,8 millones de euros en total). Los 27 empleados que van a permanecer en el astillero a partir de mañana no se dedicarán a tareas productivas, sino a facilitar el traslado del último barco hasta el astillero cántabro Astander. Se trata del cementero «Cristina Masaveu», que previsiblemente abandonará Gijón a finales de diciembre, después de que ningún banco haya facilitado a Juliana una línea de financiación para poder completar la obra. La imposibilidad de acabar en Gijón este buque es significativa si se tiene en cuenta que la dirección de Factorías Juliana y la de su empresa matriz, Factorías Vulcano, habían reiterado a los sindicatos que las posibilidades de reflotar al astillero gijonés pasaban por concluir el cementero. Sin trabajo y sin apenas operarios, el futuro de las mayores instalaciones industriales que permanecen dentro del casco urbano se conocerá a lo largo del primer semestre del año que viene. Un convenio con los acreedores para mantener la actividad de la compañía o la liquidación de la empresa por sus elevadas deudas son las dos posibilidades. La liquidación es la más probable, debido a que para alcanzar un hipotético convenio con los acreedores sería preciso una inyección económica, debido a que las pérdidas de la empresa superan en unos 30 millones de euros sus fondos propios. Una liquidación no supone automáticamente la desaparición de la actividad de construcción naval en Gijón. El Principado ha sondeado el interés de industrias auxiliares y también de Astilleros Armón para hacerse con la factoría gijonesa. El grupo naviego no descarta esa posibilidad, pero en todo caso su interés se limitaría a adquirir las instalaciones, no a levantar el concurso. De que continúe o no la construcción de barcos en El Natahoyo también dependen en gran medida las posibilidades reales de la industria auxiliar de recuperar parte de lo que se les adeuda. Los activos fijos de Factorías Juliana están valorados en unos 74,16 millones de euros, pero son difícilmente realizables salvo si se mantiene el astillero. El activo más versátil lo componen los 85.926,11 metros cuadrados que tiene en propiedad a pie de mar y sobre los que puede haber un astillero, oficinas o edificios de viviendas. El problema es que sobre esos terrenos pesa una hipoteca a favor de Pymar por 20,69 millones de euros. La dirección de Juliana estimó en 27 millones el valor de mercado de ese solar, una cifra que los administradores judiciales han rebajado a 19,24 millones, en base a un informe pericial encargado por Pymar. Estas cifras contrastan con los 130 millones de euros que esperaba obtener Vulcano en 2007 por la venta del solar si el Ayuntamiento hubiera accedido a recalificarlo. El grueso de los activos fijos tiene valor para continuar la actividad: las construcciones están cifradas en 53,42 millones de euros, de los que 20 millones corresponden a los dos diques, la dársena de armamento y la grada del astillero.Ayudas públicas en los 90 Entre 1995 y 1997 el Estado inyectó 3.276 millones de euros a los astilleros públicos. La UE autorizó las ayudas a condición de que no hubiera más. El conflicto con la UE La UE abrió expedientes a España por nuevas ayudas, entre 2000 y 2002, por 1.853 millones de euros. En 2004 reclamó la devolución de Izar al Estado de 1.200 millones. El Gobierno declinó recurrir ante los tribunales europeos. Era la quiebra de Izar. El desmantelamiento El Gobierno salvó seis astilleros de Galicia, Andalucía y Murcia integrándolos en el grupo militar Navantia. La deuda se quedó en Izar, junto a los astilleros de Gijón, Sestao y Sevilla, y a la fábrica de motores de Manises. 16 de diciembre de 2004 La SEPI se comprometió con UGT y CC OO a vender a un mismo comprador los cuatro centros. El acuerdo permitió la prejubilación de 4.000 de los 11.000 trabajadores de los astilleros públicos. En Izar Gijón se prejubilaron 224 en 2005. 2 de noviembre de 2006 UGT y CC OO pactaron con la SEPI la venta individual, con garantías de prejubilación o recolocación para los trabajadores en caso de insolvencia de los centros privatizados. Venta Izar vendió sin deudas el astillero de Gijón a Vulcano, el de Sevilla a Astilleros de Huelva, el de Sestao a Construcciones Navales del Norte y cerró Manises. Entrega en diciembre de 2006 La SEPI autorizó el 18 de julio de 2006 la adjudicación de Izar Gijón a Vulcano por 2,089 millones de euros. El 1 de diciembre de 2006 Vulcano tomaba las riendas de Juliana, que tenía entonces 166 trabajadores. Plan industrial sobre el papel Vulcano ofrecía la construcción de buques quimiqueros e invertir 13,4 millones de euros en el astillero gijonés. Nunca se hizo. Sísmicos Vulcano cambió sus previsiones. Los quimiqueros los construyó en Vigo y a Gijón trajo la obra de tres sísmicos. Tudela Veguín contrató un cementero. Recalificación fallida en 2007 El presidente de Vulcano pide al Ayuntamiento a mediados de 2007 que le recalifique los 85.926,11 metros cuadrados que posee Juliana en El Natahoyo, con cuya venta para viviendas esperaba obtener 130 millones de euros. Calculaba unas plusvalías de más de 80 millones, tras construir nuevas instalaciones en El Musel. Hipoteca en 2008 Tras la negativa del Ayuntamiento a recalificar, Vulcano hipotecó, en octubre de 2008, en 20,69 millones de euros el solar de Juliana para costear los sísmicos. Concurso en mayo de 2009 El 29 de mayo de 2009 Juliana presentó la solicitud de concurso voluntario de acreedores. Pasivo millonario El informe provisional de los administradores judiciales estima el pasivo concursal en 61,53 millones de euros. También estiman riesgos potenciales de hasta 150,62 millones adicionales. Despidos Mañana, lunes, serán despedidos 145 de los 172 trabajadores de Juliana. La mayor parte de la plantilla tiene garantizada su prejubilación o recolocación. Cementero El último buque que queda en Juliana, el «Cristina Masaveu», se trasladará a finales de año al astillero cántabro Astander. La dirección de Juliana siempre vinculó la continuidad del astillero a poder concluir este barco.
http://www.lne.es/gijon/2009/11/29/factorias-juliana-queda-brazos/840533.html
GIJÓN. Sariego culpa
Sariego culpa de la anulación del PGOU a particulares «con ansia de lucro desmedido»
El secretario del PSOE gijonés recuerda a constructores y jueces que «las competencias urbanísticas son del Ayuntamiento»
29.11.09 - 03:00 -
MARCOS MORO GIJÓN.
La anulación del PGOU por parte del TSJA por una cuestión procedimental ha sido a instancia de unos particulares que no ansían más que su interés personal y un lucro desmedido que no es de recibo». El secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, José Manuel Sariego, cargó así ayer, durante la reunión del comité municipal de su partido, contra los vecinos de la zona rural cuyas demandas han tumbado el 'Plan Teixidor' en los tribunales, con 23 sentencias anulatorias hasta el momento.
Sariego aseguró que el equipo de gobierno acata el primer fallo del 15 de julio, a favor de una familia de La Pedrera y en el que se fundamentan todos los demás, aunque no está de acuerdo con él. Por ese motivo, explicó, «lo hemos recurrido al tiempo que iniciamos todos los trámites para la revisión del PGOU, que tiene que estar finalizada antes de las próximas elecciones». El también primer teniente de alcalde informó a su militancia de que la próxima semana se llevará a la junta de gobierno la declaración de prioridades del nuevo plan «con el mismo modelo y filosofía que hemos venido desarrollando desde el plan de 1988».
El dirigente socialista expresó además su rechazo radical al modelo heredado de la dictadura, «cuando gobernaban los otros y la especulación campaba a sus anchas y cualquiera podía construir donde le daba la gana». Y a constructores, tenedores de terrenos, plataformas de interesados y «hasta a los jueces» les recordó que «las competencias urbanísticas son materia de pleno del Ayuntamiento».
El secretario de los socialistas gijoneses también se refirió en la lectura de su informe político a la llegada del AVE a Gijón y a los proyectos de supresión de la barrera ferroviaria y del metrotrén. Aseguró que la obra de la estación provisional sobre la antigua autopista «es la pieza clave para desbloquear el plan de vías, extender el metrotrén hasta Cabueñes y conectar después todo el entramado ferroviario en una nueva y moderna estación intermodal, semisoterrada, paseable e integrada entre los barrios de Moreda y el Polígono de Pumarín». Además, se atrevió a ponerle fechas a la culminación de todo el puzzle del ferrocarril en Gijón. «Debería estar para 2015 ó 2016, junto con el nuevo trazado de Pola de Lena a Gijón», vaticinó
http://www.elcomerciodigital.com/20091129/gijon/sariego-culpa-anulacion-pgou-20091129.html
El secretario del PSOE gijonés recuerda a constructores y jueces que «las competencias urbanísticas son del Ayuntamiento»
29.11.09 - 03:00 -
MARCOS MORO GIJÓN.
La anulación del PGOU por parte del TSJA por una cuestión procedimental ha sido a instancia de unos particulares que no ansían más que su interés personal y un lucro desmedido que no es de recibo». El secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, José Manuel Sariego, cargó así ayer, durante la reunión del comité municipal de su partido, contra los vecinos de la zona rural cuyas demandas han tumbado el 'Plan Teixidor' en los tribunales, con 23 sentencias anulatorias hasta el momento.
Sariego aseguró que el equipo de gobierno acata el primer fallo del 15 de julio, a favor de una familia de La Pedrera y en el que se fundamentan todos los demás, aunque no está de acuerdo con él. Por ese motivo, explicó, «lo hemos recurrido al tiempo que iniciamos todos los trámites para la revisión del PGOU, que tiene que estar finalizada antes de las próximas elecciones». El también primer teniente de alcalde informó a su militancia de que la próxima semana se llevará a la junta de gobierno la declaración de prioridades del nuevo plan «con el mismo modelo y filosofía que hemos venido desarrollando desde el plan de 1988».
El dirigente socialista expresó además su rechazo radical al modelo heredado de la dictadura, «cuando gobernaban los otros y la especulación campaba a sus anchas y cualquiera podía construir donde le daba la gana». Y a constructores, tenedores de terrenos, plataformas de interesados y «hasta a los jueces» les recordó que «las competencias urbanísticas son materia de pleno del Ayuntamiento».
El secretario de los socialistas gijoneses también se refirió en la lectura de su informe político a la llegada del AVE a Gijón y a los proyectos de supresión de la barrera ferroviaria y del metrotrén. Aseguró que la obra de la estación provisional sobre la antigua autopista «es la pieza clave para desbloquear el plan de vías, extender el metrotrén hasta Cabueñes y conectar después todo el entramado ferroviario en una nueva y moderna estación intermodal, semisoterrada, paseable e integrada entre los barrios de Moreda y el Polígono de Pumarín». Además, se atrevió a ponerle fechas a la culminación de todo el puzzle del ferrocarril en Gijón. «Debería estar para 2015 ó 2016, junto con el nuevo trazado de Pola de Lena a Gijón», vaticinó
http://www.elcomerciodigital.com/20091129/gijon/sariego-culpa-anulacion-pgou-20091129.html
Nuevo Gijón crece con 1.300 pisos
Nuevo Gijón ganará en los próximos cuatro años 1.300 pisos que se levantarán en los terrenos colindantes con la autopista liberados tras la desaparición de los campos de fútbol de La Braña. Allí un grupo de promotores locales invertirá 12 millones de euros para dar forma a un proyecto residencial que destinará el 30% de su producción inmobiliaria -300 viviendas- al mercado protegido.
El desarrollo de este suelo no está afectado por las sentencias del TSJA que anulan el vigente PGOU, pues venía recogido ya como previsión en los anteriores planes generales del urbanista Ramón Fernández Rañada. Ese, sin duda, es otro de los alicientes con que cuenta este proyecto, que abarca un total de 14 parcelas identificadas en los planos como NGW y NGE, con su correspondiente numeración.
Los concejales de Urbanismo y de Vivienda, Pedro Sanjurjo y Francisco Santianes, respaldaron ayer a los promotores coincidiendo con el arranque de la urbanización del solar adquirido por Angoca (donde se edificarán 300 pisos) y los trabajos de desmontaje de las torres de alta tensión presentes en la zona.
Sanjurjo aseguró que esta operación urbanística servirá de «remate de la ciudad» en ese ámbito un poco en tierra de nadie donde se confunden Nuevo Gijón, La Braña y Santa Bárbara.
Desde el punto de vista urbanístico, destacó que este desarrollo residencial permitirá en el futuro prolongar la calle de Dolores Ibárruri hasta enlazarla con la autopista 'Y'. Esta conexión rematada en una nueva rotonda más atrasada que la de la avenida de Portugal correrá financieramente a cargo del Ayuntamiento -no de los promotores- e implicará, en la práctica, la transformación de la entrada por la autopista en una nueva vía urbana. Justo tal y como lo proyectó el equipo de Jerónimo Junquera en el plan especial de la zona ferroviaria.
El edil de Urbanismo también puso como ejemplo esta operación de ensanche de la ciudad para demostrar que la construcción no está parada, pese a la complicada situación económica. «En Gijón, gracias a la planificación urbanística, nos hemos preparado mejor para este tipo de coyunturas y el sector puede atender la demanda en todos los segmentos», indicó tras elogiar el esfuerzo realizado por las empresas implicadas en el proyecto.
Tres nuevas torres
Otra de las singularidades de esta operación inmobiliaria de cierre del borde de la autopista será la construcción de dos nuevas torres mellizas de 15 plantas en uno de los planes parciales ya aprobados por el Ayuntamiento. También dentro de este mismo ámbito residencial se construirá en el futuro una torre gemela del edificio conocido como Pléyades, al otro lado de la avenida de Oviedo, que construirá el Grupo Fresno en los terrenos que ocupa en la actualidad el club Horóscopo.
De las 1.300 viviendas proyectadas algunos bloques ya están construidos y habitados en las unidades desarrolladas en la calle de Miguel Hernández por Coto de Los Ferranes y Construcciones Caicoya.
http://www.elcomerciodigital.com/20091127/gijon/nuevo-gijon-crece-pisos-20091127.html
El desarrollo de este suelo no está afectado por las sentencias del TSJA que anulan el vigente PGOU, pues venía recogido ya como previsión en los anteriores planes generales del urbanista Ramón Fernández Rañada. Ese, sin duda, es otro de los alicientes con que cuenta este proyecto, que abarca un total de 14 parcelas identificadas en los planos como NGW y NGE, con su correspondiente numeración.
Los concejales de Urbanismo y de Vivienda, Pedro Sanjurjo y Francisco Santianes, respaldaron ayer a los promotores coincidiendo con el arranque de la urbanización del solar adquirido por Angoca (donde se edificarán 300 pisos) y los trabajos de desmontaje de las torres de alta tensión presentes en la zona.
Sanjurjo aseguró que esta operación urbanística servirá de «remate de la ciudad» en ese ámbito un poco en tierra de nadie donde se confunden Nuevo Gijón, La Braña y Santa Bárbara.
Desde el punto de vista urbanístico, destacó que este desarrollo residencial permitirá en el futuro prolongar la calle de Dolores Ibárruri hasta enlazarla con la autopista 'Y'. Esta conexión rematada en una nueva rotonda más atrasada que la de la avenida de Portugal correrá financieramente a cargo del Ayuntamiento -no de los promotores- e implicará, en la práctica, la transformación de la entrada por la autopista en una nueva vía urbana. Justo tal y como lo proyectó el equipo de Jerónimo Junquera en el plan especial de la zona ferroviaria.
El edil de Urbanismo también puso como ejemplo esta operación de ensanche de la ciudad para demostrar que la construcción no está parada, pese a la complicada situación económica. «En Gijón, gracias a la planificación urbanística, nos hemos preparado mejor para este tipo de coyunturas y el sector puede atender la demanda en todos los segmentos», indicó tras elogiar el esfuerzo realizado por las empresas implicadas en el proyecto.
Tres nuevas torres
Otra de las singularidades de esta operación inmobiliaria de cierre del borde de la autopista será la construcción de dos nuevas torres mellizas de 15 plantas en uno de los planes parciales ya aprobados por el Ayuntamiento. También dentro de este mismo ámbito residencial se construirá en el futuro una torre gemela del edificio conocido como Pléyades, al otro lado de la avenida de Oviedo, que construirá el Grupo Fresno en los terrenos que ocupa en la actualidad el club Horóscopo.
De las 1.300 viviendas proyectadas algunos bloques ya están construidos y habitados en las unidades desarrolladas en la calle de Miguel Hernández por Coto de Los Ferranes y Construcciones Caicoya.
http://www.elcomerciodigital.com/20091127/gijon/nuevo-gijon-crece-pisos-20091127.html
El 40% de los fondos de los que dispondrá el Ayuntamiento para sus proyectos procede de los planes autonómico y estatal contra la crisis
Gijón ya tiene presupuesto para 2010. Serán unas cuentas acordes con los tiempos actuales de crisis, con algunas partidas a la baja y otras, fundamentalmente las relacionadas con los apartados de empleo, servicios sociales y vivienda, que experimentarán importantes incrementos. La negociación de los números fue larga entre los representantes del equipo municipal de Gobierno, hasta llegar a un punto de concordia entre los planteamientos del PSOE e Izquierda Unida, y serán presentados de manera oficial en los próximos días.
En todo caso, EL COMERCIO ha tenido acceso a los 'grandes números' de las cuentas del próximo año, que incluyen un presupuesto municipal de 223 millones de euros, algo menos de un 7% que el del presente ejercicio, y de 87 millones de euros para el capítulo de inversiones, incluidas las ayudas de los denominados Plan A y Plan E, éste último con fondos del Estado para ayuda a las administraciones locales, que en 2009 fue muy importante y que para el próximo ejercicio se mantiene, pero baja algo en su cuantía. El presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Gijón para 2010, es decir, el municipal, el de inversiones y el de todas las empresas municipales, se situará en los 354 millones de euros.
Las inversiones, en sus diferentes capítulos, vienen a ser cada año el capítulo que marca la actividad de la ciudad, el desarrollo de proyectos y las obras que, desde el Ayuntamiento, se diseñan para mejorar los servicios ciudadanos y, en general, la calidad de vida de los gijoneses. En esta ocasión, el Ayuntamiento tiene presupuestos para 2010 los mencionados 87 millones de euros, sumados los 53 millones de euros que se aportan desde los propios fondos municipales, a los que hay que sumar otros 34 millones de euros que suman, en su conjunto, las aportaciones del Plan A y del Plan E.
Empleo y vivienda
La cantidad global es menor que en el actual ejercicio, sobremanera por el descenso del dinero que llegará de los denominados 'fondos de Zapatero' para las haciendas locales y que, en 2009, se convirtieron, desde la Administración central, no sólo en un apoyo a la maltrecha economía de muchos ayuntamientos de España, sino también en el necesario apoyo para la creación de actividad empresarial y, por ende, de puestos de trabajo.
El Ayuntamiento de Gijón, con sus específicos 53 millones de euros, tiene previsto apuntalar en lo posible las políticas de empleo, servicios sociales y vivienda y, además, iniciar o continuar obras de infraestructuras en la ciudad, caso de las obras de la avenida de Castilla, incluido el aparcamiento subterráneo, o la avenida de Ramón y Cajal, cuyos trabajos están a punto de ser iniciados. De hecho, la empresa ya tiene preparada una parte importante de su infraestructura en la calle de Avelino González Mallada. Junto con ello, se deslizarán importantes partidas presupuestarias para segundas anualidades en obras que ya están en marcha este año, caso de la piscina de La Camocha, la rehabilitación del edificio administrativo del Ayuntamiento de Gijón o los nuevos campos de fútbol del Arenal, ubicados en El Tragamón, y largamente demandados por esta prestigiosa entidad deportiva de la ciudad.
Luego, más de 2,5 millones de euros serán destinados de forma específica para cuestiones relacionadas con los planes de empleo y también se tiene decidido abrir el próximo año la nueva calle de Cimadevilla, prolongación de la de Honesto Batalón, todo ello dentro del plan de actuación relacionado con la antigua Fábrica de Tabacos. Incluso, en ese mismo entorno, dentro de la amplia reordenación que está en estudio, no se descarta que se lleve adelante la construcción de un aparcamiento subterráneo, largamente demandado por los vecinos de Cimadevilla, que podría dar servicio a los residentes y con plazas para vehículos en rotación, en una zona que tiene una evidente carencia y que, con los futuros servicios, la tendrá presumiblemente aún bastante más. También, en este apartado de inversiones, se incluirá la renovación de parte de la flota de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos y los trabajos de saneamiento que la Empresa Municipal de Aguas tiene en su programa de actuación.
Edificio en el campus
El segundo apartado de inversiones, el relativo al destino que se dará a los 'dineros' que suman el Plan A y el Plan E, 34 millones de euros, tiene ya objetivos aunque, en muchos casos y por falta de proyectos concretos, no se ha cerrado la cuantificación de las obras. Una cuestión, sin embargo, sí está más que clara en las pretensiones municipales plasmadas en los presupuestos: el 32% de esos 34 millones de euros, es decir, casi una tercera parte, irá destinada a la construcción de naves para empresas en régimen de alquiler y, sobre todo, al nuevo Edificio de Servicios Tecnológicos del campus universitario de Gijón, uno de los proyectos más importantes que se afrontarán dentro del celebrado plan de excelencia de la Universidad de Oviedo.
Este edificio, que fue presentado de forma oficial hace apenas una semana, aportará al campus de Gijón no sólo la posibilidad de nuevos servicios universitarios, sino también una nueva imagen más moderna y de futuro. La obra será puesta en marcha el próximo año, e incluirá una zona de servicios científico-técnicos compartida con el cercano Parque Tecnológico, una zona administrativa y espacios de uso común, como una cafetería, la Casa de las Lenguas, asociaciones juveniles, comedor y salón de actos, todo ello con una cubierta verde por la que se podrá transitar, y con espacios luminosos y acristalados. Este edificio será una de las mayores apuestas inversoras del Ayuntamiento para 2010.
En otro orden de cosas, se prevé una importante inversión en ahorro energético en edificios y patrimonio municipal, desde el alumbrado hasta la potenciación del Arco Medioambiental de Gijón.
También se invertirá en los denominados 'aparcamientos disuasorios', en superficie, uno de los cuales se ubicará en el entorno de la futura estación provisional de ferrocarril, se llevará adelante la segunda fase de los carriles-bici y se desarrollará un programa de seguridad vial.
Otra de las inversiones importantes por su cuantía económica será la construcción de los edificios del Albergue Covadonga, más Calor y Café y el edificio del Proyecto Hombre. Entre ambos proyectos, la inversión rondará los 8 millones de euros. Mucho menos costará el proyecto de mejora de accesibilidad al Museo Etnográfico del Pueblo de Asturias, al que se pretende facilitar la entrada a los discapacitados, algo que, en la actualidad, resulta imposible por la estructura de sus calles
http://www.elcomerciodigital.com/20091129/gijon/gijon-tendra-millones-para-20091129.html
En todo caso, EL COMERCIO ha tenido acceso a los 'grandes números' de las cuentas del próximo año, que incluyen un presupuesto municipal de 223 millones de euros, algo menos de un 7% que el del presente ejercicio, y de 87 millones de euros para el capítulo de inversiones, incluidas las ayudas de los denominados Plan A y Plan E, éste último con fondos del Estado para ayuda a las administraciones locales, que en 2009 fue muy importante y que para el próximo ejercicio se mantiene, pero baja algo en su cuantía. El presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Gijón para 2010, es decir, el municipal, el de inversiones y el de todas las empresas municipales, se situará en los 354 millones de euros.
Las inversiones, en sus diferentes capítulos, vienen a ser cada año el capítulo que marca la actividad de la ciudad, el desarrollo de proyectos y las obras que, desde el Ayuntamiento, se diseñan para mejorar los servicios ciudadanos y, en general, la calidad de vida de los gijoneses. En esta ocasión, el Ayuntamiento tiene presupuestos para 2010 los mencionados 87 millones de euros, sumados los 53 millones de euros que se aportan desde los propios fondos municipales, a los que hay que sumar otros 34 millones de euros que suman, en su conjunto, las aportaciones del Plan A y del Plan E.
Empleo y vivienda
La cantidad global es menor que en el actual ejercicio, sobremanera por el descenso del dinero que llegará de los denominados 'fondos de Zapatero' para las haciendas locales y que, en 2009, se convirtieron, desde la Administración central, no sólo en un apoyo a la maltrecha economía de muchos ayuntamientos de España, sino también en el necesario apoyo para la creación de actividad empresarial y, por ende, de puestos de trabajo.
El Ayuntamiento de Gijón, con sus específicos 53 millones de euros, tiene previsto apuntalar en lo posible las políticas de empleo, servicios sociales y vivienda y, además, iniciar o continuar obras de infraestructuras en la ciudad, caso de las obras de la avenida de Castilla, incluido el aparcamiento subterráneo, o la avenida de Ramón y Cajal, cuyos trabajos están a punto de ser iniciados. De hecho, la empresa ya tiene preparada una parte importante de su infraestructura en la calle de Avelino González Mallada. Junto con ello, se deslizarán importantes partidas presupuestarias para segundas anualidades en obras que ya están en marcha este año, caso de la piscina de La Camocha, la rehabilitación del edificio administrativo del Ayuntamiento de Gijón o los nuevos campos de fútbol del Arenal, ubicados en El Tragamón, y largamente demandados por esta prestigiosa entidad deportiva de la ciudad.
Luego, más de 2,5 millones de euros serán destinados de forma específica para cuestiones relacionadas con los planes de empleo y también se tiene decidido abrir el próximo año la nueva calle de Cimadevilla, prolongación de la de Honesto Batalón, todo ello dentro del plan de actuación relacionado con la antigua Fábrica de Tabacos. Incluso, en ese mismo entorno, dentro de la amplia reordenación que está en estudio, no se descarta que se lleve adelante la construcción de un aparcamiento subterráneo, largamente demandado por los vecinos de Cimadevilla, que podría dar servicio a los residentes y con plazas para vehículos en rotación, en una zona que tiene una evidente carencia y que, con los futuros servicios, la tendrá presumiblemente aún bastante más. También, en este apartado de inversiones, se incluirá la renovación de parte de la flota de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos y los trabajos de saneamiento que la Empresa Municipal de Aguas tiene en su programa de actuación.
Edificio en el campus
El segundo apartado de inversiones, el relativo al destino que se dará a los 'dineros' que suman el Plan A y el Plan E, 34 millones de euros, tiene ya objetivos aunque, en muchos casos y por falta de proyectos concretos, no se ha cerrado la cuantificación de las obras. Una cuestión, sin embargo, sí está más que clara en las pretensiones municipales plasmadas en los presupuestos: el 32% de esos 34 millones de euros, es decir, casi una tercera parte, irá destinada a la construcción de naves para empresas en régimen de alquiler y, sobre todo, al nuevo Edificio de Servicios Tecnológicos del campus universitario de Gijón, uno de los proyectos más importantes que se afrontarán dentro del celebrado plan de excelencia de la Universidad de Oviedo.
Este edificio, que fue presentado de forma oficial hace apenas una semana, aportará al campus de Gijón no sólo la posibilidad de nuevos servicios universitarios, sino también una nueva imagen más moderna y de futuro. La obra será puesta en marcha el próximo año, e incluirá una zona de servicios científico-técnicos compartida con el cercano Parque Tecnológico, una zona administrativa y espacios de uso común, como una cafetería, la Casa de las Lenguas, asociaciones juveniles, comedor y salón de actos, todo ello con una cubierta verde por la que se podrá transitar, y con espacios luminosos y acristalados. Este edificio será una de las mayores apuestas inversoras del Ayuntamiento para 2010.
En otro orden de cosas, se prevé una importante inversión en ahorro energético en edificios y patrimonio municipal, desde el alumbrado hasta la potenciación del Arco Medioambiental de Gijón.
También se invertirá en los denominados 'aparcamientos disuasorios', en superficie, uno de los cuales se ubicará en el entorno de la futura estación provisional de ferrocarril, se llevará adelante la segunda fase de los carriles-bici y se desarrollará un programa de seguridad vial.
Otra de las inversiones importantes por su cuantía económica será la construcción de los edificios del Albergue Covadonga, más Calor y Café y el edificio del Proyecto Hombre. Entre ambos proyectos, la inversión rondará los 8 millones de euros. Mucho menos costará el proyecto de mejora de accesibilidad al Museo Etnográfico del Pueblo de Asturias, al que se pretende facilitar la entrada a los discapacitados, algo que, en la actualidad, resulta imposible por la estructura de sus calles
http://www.elcomerciodigital.com/20091129/gijon/gijon-tendra-millones-para-20091129.html
El calendario de la Excelencia
Cuando un proyecto en el que se ha trabajado con intensidad stajanovista durante cuatro largos meses hay que reducirlo a apenas media docena de prioridades, el objetivo se antoja, cuanto menos, abrumador. Y eso, de alguna manera, es lo que ha de hacer la Universidad de Oviedo en un tiempo récord, como todos los que ha planteado el Ministerio de Educación desde el mismo momento en que lanzó la convocatoria del Campus de Excelencia. En esta ocasión, el plazo ministerial concluye mañana, que es cuando tiene que tener completado el ajuste de los 7,5 millones recibidos, a los elementos del proyecto presentado.
Pero una vez solventado este inicial y urgente trámite, los primeros movimientos del equipo rectoral irán dirigidos a establecer convenios con las administraciones públicas. Uno con el Principado y, el otro, con el Ayuntamiento de Gijón, ambos igual de urgentes, porque han de recoger en sus respectivos presupuestos las acciones que aborden conjuntamente con la Universidad de Oviedo. «Ya le hemos planteado al rector nuestra intención de establecer un convenio glogal que recoja las acciones que se pueden desarrollar en el campus de Gijón en consonancia con el Campus de Excelencia», reconoció el concejal gijonés de Promoción Económica e Innovación.
José María Pérez, quien no quiso desvelar, sin embargo, que el Ayuntamiento contempla en su proyecto presupuestario para 2010 la financiación del hermoso edificio de servicios científico tecnológicos del campus gijonés, destacó la urgencia de la reunión a mantener con Vicente Gotor y sus vicerrectores, que se prevé para la semana próxima. Porque no será ése el único punto, como se encarga de recordar el concejal, al señalar que «el campus de excelencia no supone disponer de uno, dos o tres edificios más, sino de propiciar esa transferencia de conocimiento».
Mayor ritmo de desarrollo
Ese acuerdo, en definitiva, propiciará que se incremente el ritmo de desarrollo del proyecto de excelencia que, tal y como repitió hasta la saciedad el rector de la Universidad de Oviedo, tendrá su primer eje de desarrollo en el campus gijonés. Porque a la financiación externa del hito constructivo del entorno universitario se une la residencia estudiantil. Tanto la Universidad como el Ayuntamiento habían visualizado la misma parcela para ubicarla, una vez que la primitiva, la que se sitúa en el lateral derecho de la Escuela Superior de Marina Civil, ha sido urbanizada para ubicar en ella la Semana Negra.
«Otra de las cuestiones que queremos abordar con la Universidad son las condiciones que querría imprimir a la residencia universitaria. Nosotros tenemos detectado un interés empresarial al respecto y queremos contar con la opinión de la Universidad para redactar con pliegos de condiciones del concurso público», señaló José María Pérez, en lo que se manifiesta como la constatación de la mayor disponibilidad de cooperación registrada hasta el momento entre la Administración municipal y la universitaria. De afrontar la ejecución de ambos proyectos, el desarrollo del campus de Gijón cogería un mayor impulso del que, incluso le proporcionó el propio rector, al señalarlo como el más fácil de adaptar al Espacio Europeo de Educación Superior y al Campus de Excelencia Internacional. Ambas iniciativas cogerían forma en 2010.
Es la máxima velocidad que se puede imprimir a un proyecto que ha sido concebido a medio y largo plazo. De hecho, las prioridades indicadas por Vicente Gotor para este primer tramo de la Excelencia se centran en objetivos menos visibles. Se trata de dotar de investigadores y técnicos a los cluster de Energía, Medioambiente y Cambio Climático, y al de Biomedicina y Salud, así como de profesores a los nuevos títulos de grado que lo precisen, como podría ser el de Trabajo Social. También, en ese sentido, se priorizará el destino de fondos a la adecuación de espacios para aplicar el modelo europeo universitario, concebido en grupos pequeños y participativos, lo que obligará a reducir las dimensiones de unas aulas pensadas para la masificación.
La Escuela de Doctorado
Pero el Principado ha recomendado al equipo rectoral que entre sus prioridades para estos primeros cuatro años mencione uno de los «hitos» que, probablemente, le hayan proporcionado la excelencia. Y Gotor ha apostado por la Escuela Internacional de Doctorado, uno de los objetivos más queridos por el rector. Sin embargo, el modernista edificio diseñado para albergar la escuela tiene un espacio comprometido por el tiempo: el campus de La Cadellada, donde aún queda mucho por hacer antes de levantar el selecto centro de doctorado.
De ahí que la alternativa esté cubierta. La propuesta seguirá adelante y, mientras no se pueda ubicar en escenario propio, compartirá el mejor de los posibles: el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. El rector tiene puesta en esta iniciativa su visión personal de la proyección de la institución académica asturiana hacia el mundo. Y, sobre todo, el punto de mira de Europa en Asturias.
http://www.elcomerciodigital.com/20091129/asturias/calendario-excelencia-20091129.html
Pero una vez solventado este inicial y urgente trámite, los primeros movimientos del equipo rectoral irán dirigidos a establecer convenios con las administraciones públicas. Uno con el Principado y, el otro, con el Ayuntamiento de Gijón, ambos igual de urgentes, porque han de recoger en sus respectivos presupuestos las acciones que aborden conjuntamente con la Universidad de Oviedo. «Ya le hemos planteado al rector nuestra intención de establecer un convenio glogal que recoja las acciones que se pueden desarrollar en el campus de Gijón en consonancia con el Campus de Excelencia», reconoció el concejal gijonés de Promoción Económica e Innovación.
José María Pérez, quien no quiso desvelar, sin embargo, que el Ayuntamiento contempla en su proyecto presupuestario para 2010 la financiación del hermoso edificio de servicios científico tecnológicos del campus gijonés, destacó la urgencia de la reunión a mantener con Vicente Gotor y sus vicerrectores, que se prevé para la semana próxima. Porque no será ése el único punto, como se encarga de recordar el concejal, al señalar que «el campus de excelencia no supone disponer de uno, dos o tres edificios más, sino de propiciar esa transferencia de conocimiento».
Mayor ritmo de desarrollo
Ese acuerdo, en definitiva, propiciará que se incremente el ritmo de desarrollo del proyecto de excelencia que, tal y como repitió hasta la saciedad el rector de la Universidad de Oviedo, tendrá su primer eje de desarrollo en el campus gijonés. Porque a la financiación externa del hito constructivo del entorno universitario se une la residencia estudiantil. Tanto la Universidad como el Ayuntamiento habían visualizado la misma parcela para ubicarla, una vez que la primitiva, la que se sitúa en el lateral derecho de la Escuela Superior de Marina Civil, ha sido urbanizada para ubicar en ella la Semana Negra.
«Otra de las cuestiones que queremos abordar con la Universidad son las condiciones que querría imprimir a la residencia universitaria. Nosotros tenemos detectado un interés empresarial al respecto y queremos contar con la opinión de la Universidad para redactar con pliegos de condiciones del concurso público», señaló José María Pérez, en lo que se manifiesta como la constatación de la mayor disponibilidad de cooperación registrada hasta el momento entre la Administración municipal y la universitaria. De afrontar la ejecución de ambos proyectos, el desarrollo del campus de Gijón cogería un mayor impulso del que, incluso le proporcionó el propio rector, al señalarlo como el más fácil de adaptar al Espacio Europeo de Educación Superior y al Campus de Excelencia Internacional. Ambas iniciativas cogerían forma en 2010.
Es la máxima velocidad que se puede imprimir a un proyecto que ha sido concebido a medio y largo plazo. De hecho, las prioridades indicadas por Vicente Gotor para este primer tramo de la Excelencia se centran en objetivos menos visibles. Se trata de dotar de investigadores y técnicos a los cluster de Energía, Medioambiente y Cambio Climático, y al de Biomedicina y Salud, así como de profesores a los nuevos títulos de grado que lo precisen, como podría ser el de Trabajo Social. También, en ese sentido, se priorizará el destino de fondos a la adecuación de espacios para aplicar el modelo europeo universitario, concebido en grupos pequeños y participativos, lo que obligará a reducir las dimensiones de unas aulas pensadas para la masificación.
La Escuela de Doctorado
Pero el Principado ha recomendado al equipo rectoral que entre sus prioridades para estos primeros cuatro años mencione uno de los «hitos» que, probablemente, le hayan proporcionado la excelencia. Y Gotor ha apostado por la Escuela Internacional de Doctorado, uno de los objetivos más queridos por el rector. Sin embargo, el modernista edificio diseñado para albergar la escuela tiene un espacio comprometido por el tiempo: el campus de La Cadellada, donde aún queda mucho por hacer antes de levantar el selecto centro de doctorado.
De ahí que la alternativa esté cubierta. La propuesta seguirá adelante y, mientras no se pueda ubicar en escenario propio, compartirá el mejor de los posibles: el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. El rector tiene puesta en esta iniciativa su visión personal de la proyección de la institución académica asturiana hacia el mundo. Y, sobre todo, el punto de mira de Europa en Asturias.
http://www.elcomerciodigital.com/20091129/asturias/calendario-excelencia-20091129.html
sábado, 28 de noviembre de 2009
UPyD reelige como líder a Rosa Díez con el 81% de los votos
La diputada consigue 1.417 votos, frente a los 332 de su principal rival, Valia MerinoEFE /
ELPAIS.com - España - 21-11-2009
Rosa Díez, líder de Unión Progreso y Democracia (UPyD), ha sido reelegida en su cargo como portavoz del Consejo de Dirección con el apoyo del 81% de los militantes, en el primer Congreso Nacional del partido, celebrado este fin de semana.La diputada ha obtenido 1.417 votos, frente a los 332 sufragios conseguidos por su principal rival, el responsable de la agrupación del distrito madrileño de Chamartín, Valia Merino. Merino, que acusa a Díez de gestionar UPyD con modos "totalitarios" contaba con el apoyo, entre otros, de los catorce militantes y dirigentes críticos con la ejecutiva del partido, que fueron expedientados el pasado verano.
Este viernes, en la jornada inaugural del Congreso Nacional, el informe de gestión de Rosa Díez fue aprobado con el 77% de los votos, mientras que en la votación de Mesa ganó la lista oficial, de Díez, por 297 votos (79%) frente a 80 de la lista alternativa (21%), liderada por Merino.
De algo más de 6.000 afiliados que tiene UPyD, 4.781 habían cumplimentado los requisitos para poder participar en estas elecciones, aunque el porcentaje de los que han ejercito su voto ha sido de un 40%.
ELPAIS.com - España - 21-11-2009
Rosa Díez, líder de Unión Progreso y Democracia (UPyD), ha sido reelegida en su cargo como portavoz del Consejo de Dirección con el apoyo del 81% de los militantes, en el primer Congreso Nacional del partido, celebrado este fin de semana.La diputada ha obtenido 1.417 votos, frente a los 332 sufragios conseguidos por su principal rival, el responsable de la agrupación del distrito madrileño de Chamartín, Valia Merino. Merino, que acusa a Díez de gestionar UPyD con modos "totalitarios" contaba con el apoyo, entre otros, de los catorce militantes y dirigentes críticos con la ejecutiva del partido, que fueron expedientados el pasado verano.
Este viernes, en la jornada inaugural del Congreso Nacional, el informe de gestión de Rosa Díez fue aprobado con el 77% de los votos, mientras que en la votación de Mesa ganó la lista oficial, de Díez, por 297 votos (79%) frente a 80 de la lista alternativa (21%), liderada por Merino.
De algo más de 6.000 afiliados que tiene UPyD, 4.781 habían cumplimentado los requisitos para poder participar en estas elecciones, aunque el porcentaje de los que han ejercito su voto ha sido de un 40%.
El 77% de UPyD respalda la gestión de Rosa Díez
"Hemos derribado el muro entre derecha e izquierda", dice Savater
VERA GUTIÉRREZ CALVO - Madrid
EL PAÍS - España - 21-11-2009
La imagen proyectada en pantalla del Charlot de Tiempos Modernos -atrapado primero en la cadena de montaje y levantando luego, casi por casualidad, la bandera de la solidaridad en una manifestación- sirvió ayer a Unión Progreso y Democracia (UPyD) para abrir su primer congreso con un mensaje: "Había que levantar esa bandera". El partido nacido hace dos años frente al "bipartidismo obligatorio y excluyente" -la cadena de montaje- es hoy "la alternativa necesaria" en la arena política española. Eso dice el DVD y el lema de un congreso en el que Rosa Díez parece reafirmarse a pesar de las críticas internas: su informe de gestión fue aprobado con el 77% de los votos.La jornada inaugural dio dos pistas para calcular el peso de ese sector crítico: en la votación de la Mesa ganó la lista oficial por 297 votos (79%) frente a 80 de la lista alternativa (21%). Y el informe de gestión presentado por Díez recibió 341 papeletas a favor (77,3%), 57 en contra (13%) y 43 abstenciones (9,7%).
Pero la votación definitiva es la que se cierra esta noche: 4.781 afiliados -de un total de 6.000- elegirán el nuevo Consejo de Dirección. Lo harán por voto electrónico y secreto y deberán optar entre dos listas: la oficial de Díez y la del empresario Valia Merino, que acusa a la diputada de gestionar UPyD con modos "totalitarios".
El informe de gestión presume de los éxitos electorales conseguidos en sólo dos años -un diputado nacional, otro europeo y otro vasco- y subraya que UPyD es el único partido que defiende "un discurso nacional", igual en todas las comunidades. Algo que se demuestra, sostiene Díez, en que el PP ganó las elecciones gallegas porque "incorporó" a su programa las propuestas de UPyD sobre la lengua.
Ante el congreso habló un dirigente saharaui y, por vídeo, lo hicieron un representante de la disidencia cubana, el escritor Mario Vargas Llosa y el dramaturgo Albert Boadella. Luego intervinieron en vivo el escritor Álvaro Pombo y el filósofo Fernando Savater, que invitó a aparcar "personalismos" y luchas de poder para centrarse en "servir al país". "En España había un muro, el que la dividía hemipléjicamente entre 'los de izquierdas' y 'los de derechas'. Nosotros hemos derribado ese muro", dijo, interrumpido por los orgullosos aplausos de los delegados.
http://www.elpais.com/articulo/espana/77/UPyD/respalda/gestion/Rosa/elpepiesp/20091121elpepinac_10/Tes
VERA GUTIÉRREZ CALVO - Madrid
EL PAÍS - España - 21-11-2009
La imagen proyectada en pantalla del Charlot de Tiempos Modernos -atrapado primero en la cadena de montaje y levantando luego, casi por casualidad, la bandera de la solidaridad en una manifestación- sirvió ayer a Unión Progreso y Democracia (UPyD) para abrir su primer congreso con un mensaje: "Había que levantar esa bandera". El partido nacido hace dos años frente al "bipartidismo obligatorio y excluyente" -la cadena de montaje- es hoy "la alternativa necesaria" en la arena política española. Eso dice el DVD y el lema de un congreso en el que Rosa Díez parece reafirmarse a pesar de las críticas internas: su informe de gestión fue aprobado con el 77% de los votos.La jornada inaugural dio dos pistas para calcular el peso de ese sector crítico: en la votación de la Mesa ganó la lista oficial por 297 votos (79%) frente a 80 de la lista alternativa (21%). Y el informe de gestión presentado por Díez recibió 341 papeletas a favor (77,3%), 57 en contra (13%) y 43 abstenciones (9,7%).
Pero la votación definitiva es la que se cierra esta noche: 4.781 afiliados -de un total de 6.000- elegirán el nuevo Consejo de Dirección. Lo harán por voto electrónico y secreto y deberán optar entre dos listas: la oficial de Díez y la del empresario Valia Merino, que acusa a la diputada de gestionar UPyD con modos "totalitarios".
El informe de gestión presume de los éxitos electorales conseguidos en sólo dos años -un diputado nacional, otro europeo y otro vasco- y subraya que UPyD es el único partido que defiende "un discurso nacional", igual en todas las comunidades. Algo que se demuestra, sostiene Díez, en que el PP ganó las elecciones gallegas porque "incorporó" a su programa las propuestas de UPyD sobre la lengua.
Ante el congreso habló un dirigente saharaui y, por vídeo, lo hicieron un representante de la disidencia cubana, el escritor Mario Vargas Llosa y el dramaturgo Albert Boadella. Luego intervinieron en vivo el escritor Álvaro Pombo y el filósofo Fernando Savater, que invitó a aparcar "personalismos" y luchas de poder para centrarse en "servir al país". "En España había un muro, el que la dividía hemipléjicamente entre 'los de izquierdas' y 'los de derechas'. Nosotros hemos derribado ese muro", dijo, interrumpido por los orgullosos aplausos de los delegados.
http://www.elpais.com/articulo/espana/77/UPyD/respalda/gestion/Rosa/elpepiesp/20091121elpepinac_10/Tes
viernes, 27 de noviembre de 2009
Emulsa aprueba un presupuesto de gastos e ingresos para 2010 de 34.960.000 euros
El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Servicios de Medioambiente Urbano de Gijón, (Emulsa), acordó aprobar un presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio de 2010, equilibrado en una cifra de 34.960.000 euros, según informó el consistorio en una nota de prensa.
Esta cifra permitirá a Emulsa mantener, con eficacia y eficiencia, y criterios medioambientales, sus servicios de recogida de basura, limpieza viaria, mantenimiento de zonas verdes urbanas, limpieza en edificios públicos y señalización viaria.
El presupuesto aprobado se mantiene en unos niveles como el del año 2009, pese a la coyuntura económica existente. Respecto al capítulo de inversiones para el año 2010, cifrado en 3.577.260 euros, destacan las partidas que Emulsa destinará a la adquisición de cuatro nuevos vehículos para limpieza viaria, cinco nuevos camiones, destinados a la renovación de flota, y contenedores para el servicio de recogida de residuos sólidos y diversa maquinaria para parques y jardines
http://www.elcomerciodigital.com/20091127/asturias/gijon/emulsa-aprueba-presupuesto-gastos-200911271348.html
Esta cifra permitirá a Emulsa mantener, con eficacia y eficiencia, y criterios medioambientales, sus servicios de recogida de basura, limpieza viaria, mantenimiento de zonas verdes urbanas, limpieza en edificios públicos y señalización viaria.
El presupuesto aprobado se mantiene en unos niveles como el del año 2009, pese a la coyuntura económica existente. Respecto al capítulo de inversiones para el año 2010, cifrado en 3.577.260 euros, destacan las partidas que Emulsa destinará a la adquisición de cuatro nuevos vehículos para limpieza viaria, cinco nuevos camiones, destinados a la renovación de flota, y contenedores para el servicio de recogida de residuos sólidos y diversa maquinaria para parques y jardines
http://www.elcomerciodigital.com/20091127/asturias/gijon/emulsa-aprueba-presupuesto-gastos-200911271348.html
Sariego presenta a sus militantes «el espectacular momento de Gijón»
R. VALLE
Los militantes socialistas de Gijón tendrán este sábado la posibiliad de escuchar el informe político sobre la situación de la ciudad de su secretario general, José Manuel Sariego, en la tercera sesión de este año del recuperado comité municipal, el máximo órgano entre congresos de la Agrupación Socialista de Gijón. A 18 meses de las elecciones, Sariego describe en su informe el «momento espectacular» que vive Gijón pese a la situación de crisis económica generalizada. Y en ese marco reivindica el desafío industrial con un futuro marcado por la ampliación de El Musel y el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (Zalia). Sin olvidarse de los desarrollos de otros polígonos industriales, como el de Lloreda, y el impulso al Parque Tecnológico y sus espacios satélite de acogida a empresas que apuestan por la investigación.
Sariego, además, compromete en su informe la presentación en los próximos meses de los diseños de parques empresariales previstos para los terrenos que han dejado libres Mina La Camocha y Naval Gijón. Y pide a los socialistas que se pongan al frente de las manifestaciones para conseguir el mantenimiento de la actividad de Juliana en defensa de la pervivencia local del sector de la construcción naval.
Los militantes socialistas de Gijón tendrán este sábado la posibiliad de escuchar el informe político sobre la situación de la ciudad de su secretario general, José Manuel Sariego, en la tercera sesión de este año del recuperado comité municipal, el máximo órgano entre congresos de la Agrupación Socialista de Gijón. A 18 meses de las elecciones, Sariego describe en su informe el «momento espectacular» que vive Gijón pese a la situación de crisis económica generalizada. Y en ese marco reivindica el desafío industrial con un futuro marcado por la ampliación de El Musel y el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (Zalia). Sin olvidarse de los desarrollos de otros polígonos industriales, como el de Lloreda, y el impulso al Parque Tecnológico y sus espacios satélite de acogida a empresas que apuestan por la investigación.
Sariego, además, compromete en su informe la presentación en los próximos meses de los diseños de parques empresariales previstos para los terrenos que han dejado libres Mina La Camocha y Naval Gijón. Y pide a los socialistas que se pongan al frente de las manifestaciones para conseguir el mantenimiento de la actividad de Juliana en defensa de la pervivencia local del sector de la construcción naval.
El edil denuncia el «interés y lucro desmedido» de los opositores al Plan Urbano
R. V.
«Cuestión procedimental a instancia de unos particulares que no ansían más que su interés personal y su lucro desmedido». Esta es la justificación que de la anulación judicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hace José Manuel Sariego, también concejal en el Ayuntamiento, en su informe político. Y la justificación de que el Ayuntamiento haya sumado la decisión de recurrir ante el Tribunal Supremo cada una de las sentencias en contra a la nueva tramitación del documento urbanístico. La próxima semana el gobierno municipal concretará el documento de prioridades que debe ser la base del nuevo PGOU.
Sariego recuerda en su informe que seguirá el mismo modelo y filosofía que se viene manteniendo desde finales de la década de los ochenta. «A los constructores y promotores, a los tenedores de terrenos, a las plataformas de interesados y hasta a los jueces, tenemos que manifestarles que las competencias urbanísticas son materia de pleno del Ayuntamiento», sentencia el secretario general del PSOE gijonés en este análisis de la realidad de la ciudad. Este informe político que se presentará en la Casa del Pueblo también destaca el alto grado de cumplimiento de todos los compromisos electorales, gracias al impulso municipal y el inesperado fondo para inversiones locales del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y hace un llamamiento a los socialistas locales para aumentar su presencia en la calle de cara a las futuras municipales.
http://www.lne.es/gijon/2009/11/27/edil-denuncia-interes-lucro-desmedido-opositores-plan-urbano/839585.html
«Cuestión procedimental a instancia de unos particulares que no ansían más que su interés personal y su lucro desmedido». Esta es la justificación que de la anulación judicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hace José Manuel Sariego, también concejal en el Ayuntamiento, en su informe político. Y la justificación de que el Ayuntamiento haya sumado la decisión de recurrir ante el Tribunal Supremo cada una de las sentencias en contra a la nueva tramitación del documento urbanístico. La próxima semana el gobierno municipal concretará el documento de prioridades que debe ser la base del nuevo PGOU.
Sariego recuerda en su informe que seguirá el mismo modelo y filosofía que se viene manteniendo desde finales de la década de los ochenta. «A los constructores y promotores, a los tenedores de terrenos, a las plataformas de interesados y hasta a los jueces, tenemos que manifestarles que las competencias urbanísticas son materia de pleno del Ayuntamiento», sentencia el secretario general del PSOE gijonés en este análisis de la realidad de la ciudad. Este informe político que se presentará en la Casa del Pueblo también destaca el alto grado de cumplimiento de todos los compromisos electorales, gracias al impulso municipal y el inesperado fondo para inversiones locales del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y hace un llamamiento a los socialistas locales para aumentar su presencia en la calle de cara a las futuras municipales.
http://www.lne.es/gijon/2009/11/27/edil-denuncia-interes-lucro-desmedido-opositores-plan-urbano/839585.html
jueves, 26 de noviembre de 2009
Los vecinos denuncian que las torres de Sanz Crespo devaluarán decenas de nuevos pisos
Los vecinos de la avenida de Portugal han intensificado en los últimos días su oposición a la construcción de las dos torres de doce plantas que jalonarán la futura intersección de las calles Puerto de San Isidro y San Crespo. Después de haber presentado 300 alegaciones a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permite levantar estos dos bloques en un espacio que originalmente estaba destinado a albergar equipamientos públicos, ahora han exigido al Ayuntamiento que desvele los usos de ambos inmuebles. Además, denuncian que el valor de sus pisos se reducirá sensiblemente una vez sea aprobada definitivamente la operación.
«Muchos vecinos han comprado sus viviendas hace unos cuatro o cinco años pensando que iban a tener un parque delante y ahora resulta que se encuentran con estos mastodontes», asegura Luis Lozano, presidente de la Asociación de Vecinos «Evaristo San Miguel». Por eso, el líder de este colectivo considera que «el Ayuntamiento ha engañado» a los propietarios, que pagaron una determinada cantidad «por unos pisos que ahora dejarán de tener vistas a la playa de Poniente y a la supuesta zona verde que se iba a construir».
Esta visión es la que Lozano y un grupo de presidentes de varias comunidades de vecinos de la avenida de Portugal hicieron llegar a miembros del gobierno local durante dos reuniones que mantuvieron la semana pasada. Unos encuentros de los que los vecinos «salieron muy poco satisfechos». «No tenemos muchas esperanzas de que nuestras peticiones sean escuchadas», asegura Lozano, que también pidió a los responsables de Urbanismo que concretaran los futuros usos de una de las torres de doce alturas, que será destinada a albergar equipamientos públicos. «Nos dijeron que una iba a tener usos residenciales, pero de la de usos públicos no nos aclararon nada, a pesar de ser un tema de mucha relevancia para el barrio», señala.
La modificación puntual del PGOU, aprobada el pasado mes de agosto, convirtió dos torres que inicialmente eran de quince alturas en otros dos bloques. Uno de ellos, que albergará oficinas privadas, se dividió en dos edificios de doce y dos alturas. El otro, destinado a equipamientos públicos, fue transformado en tres edificios de doce, dos y ocho alturas. «Todo esto se hizo sin contar con los vecinos y sin tener en cuenta que se diseñaba en una zona donde hay muchos edificios de reciente construcción», aseguran desde la Asociación de Vecinos «Evaristo San Miguel». Ahora, los afectados se aferran a que alguna de las alegaciones presentadas logre paralizar un proceso que se prevé largo.
http://www.lne.es/gijon/2009/11/26/vecinos-denuncian-torres-sanz-crespo-devaluaran-decenas-nuevos-pisos/839111.html
«Muchos vecinos han comprado sus viviendas hace unos cuatro o cinco años pensando que iban a tener un parque delante y ahora resulta que se encuentran con estos mastodontes», asegura Luis Lozano, presidente de la Asociación de Vecinos «Evaristo San Miguel». Por eso, el líder de este colectivo considera que «el Ayuntamiento ha engañado» a los propietarios, que pagaron una determinada cantidad «por unos pisos que ahora dejarán de tener vistas a la playa de Poniente y a la supuesta zona verde que se iba a construir».
Esta visión es la que Lozano y un grupo de presidentes de varias comunidades de vecinos de la avenida de Portugal hicieron llegar a miembros del gobierno local durante dos reuniones que mantuvieron la semana pasada. Unos encuentros de los que los vecinos «salieron muy poco satisfechos». «No tenemos muchas esperanzas de que nuestras peticiones sean escuchadas», asegura Lozano, que también pidió a los responsables de Urbanismo que concretaran los futuros usos de una de las torres de doce alturas, que será destinada a albergar equipamientos públicos. «Nos dijeron que una iba a tener usos residenciales, pero de la de usos públicos no nos aclararon nada, a pesar de ser un tema de mucha relevancia para el barrio», señala.
La modificación puntual del PGOU, aprobada el pasado mes de agosto, convirtió dos torres que inicialmente eran de quince alturas en otros dos bloques. Uno de ellos, que albergará oficinas privadas, se dividió en dos edificios de doce y dos alturas. El otro, destinado a equipamientos públicos, fue transformado en tres edificios de doce, dos y ocho alturas. «Todo esto se hizo sin contar con los vecinos y sin tener en cuenta que se diseñaba en una zona donde hay muchos edificios de reciente construcción», aseguran desde la Asociación de Vecinos «Evaristo San Miguel». Ahora, los afectados se aferran a que alguna de las alegaciones presentadas logre paralizar un proceso que se prevé largo.
http://www.lne.es/gijon/2009/11/26/vecinos-denuncian-torres-sanz-crespo-devaluaran-decenas-nuevos-pisos/839111.html
El Ayuntamiento cierra la grijera de La Pedrera hasta su legalización
El gobierno local encarga un estudio de explotación y otro de impacto ambiental para cumplir la normativa del Principado
R. VALLE
El concejal de la Zona Rural Manuel Faustino García «Tino Venturo», anunció ayer el inicio del proceso de contratación de un estudio de explotación y otro de evaluación de impacto ambiental de la grijera municipal de La Pedrera como pasos necesarios para conseguir las autorizaciones exigidas a este tipo de instalaciones por el gobierno del Principado de Asturias. Mientras, y desde el pasado día 3 cuando fuera denunciada por la Coordinadora Ecoloxista d´Asturies la situación irregular de la cantera, está paralizada esta instalación municipal que llevaba cuarenta años en funcionamiento.
La orden de paralización de la actividad por parte de Venturo fue previa al primer contacto del Ayuntamiento con la Dirección General de Minas y a una inspección de la grijera por parte de técnicos del Principado que, a los pocos días, remitían al Ayuntamiento un acta en la que se prescribía la paralización de la actividad hasta que se consiguiera la autorización regional pertinente.
El cierre puede prolongarse más allá de medio año. Mientras, el Ayuntamiento recurrirá a deshechos de Cogersa para conseguir parte del material que se usa en el mantenimiento del camino rural. Venturo dio ayer estas explicaciones en la reunión de la comisión de políticas integrales, donde el PP criticó la gestión del gobierno local y el silencio de Izquierda Unida.
http://www.lne.es/gijon/2009/11/26/ayuntamiento-cierra-grijera-pedrera-legalizacion/839102.html
R. VALLE
El concejal de la Zona Rural Manuel Faustino García «Tino Venturo», anunció ayer el inicio del proceso de contratación de un estudio de explotación y otro de evaluación de impacto ambiental de la grijera municipal de La Pedrera como pasos necesarios para conseguir las autorizaciones exigidas a este tipo de instalaciones por el gobierno del Principado de Asturias. Mientras, y desde el pasado día 3 cuando fuera denunciada por la Coordinadora Ecoloxista d´Asturies la situación irregular de la cantera, está paralizada esta instalación municipal que llevaba cuarenta años en funcionamiento.
La orden de paralización de la actividad por parte de Venturo fue previa al primer contacto del Ayuntamiento con la Dirección General de Minas y a una inspección de la grijera por parte de técnicos del Principado que, a los pocos días, remitían al Ayuntamiento un acta en la que se prescribía la paralización de la actividad hasta que se consiguiera la autorización regional pertinente.
El cierre puede prolongarse más allá de medio año. Mientras, el Ayuntamiento recurrirá a deshechos de Cogersa para conseguir parte del material que se usa en el mantenimiento del camino rural. Venturo dio ayer estas explicaciones en la reunión de la comisión de políticas integrales, donde el PP criticó la gestión del gobierno local y el silencio de Izquierda Unida.
http://www.lne.es/gijon/2009/11/26/ayuntamiento-cierra-grijera-pedrera-legalizacion/839102.html
ARISTÓTELES: POLÍTICA, CAPÍTULO 1, 1252a-1253a
Vemos, pues, que la polis es un tipo de comunidad, y que toda comunidad se constituye para conseguir algún bien (pues todos hacemos cuanto hacemos para conseguir lo que nos parece bueno). Si es evidente que todas las comunidades buscan un bien, la más importante de ellas será la que busque el mayor número de estos bienes y los más importantes e incluya a todas las otras; ésta es la llamada polis, que es la comunidad política.
Se equivocan quienes creen que es lo mismo gobernar una polis que reinar o administrar una familia y tener esclavos a su servicio. Creen que la diferencia entre estas formas de poder consiste en el mayor o menor número de los subordinados, pero no es específica: así, el amo de esclavos ejerce su autoridad sobre pocos; el administrador de la familia, sobre más; y el que gobierna la polis o el rey, sobre más: de modo que no habría diferencia entre una familia grande y una ciudad pequeña. Y, en cuanto a la diferencia entre el que gobierna la ciudad y el rey, radicaría en que, en el último caso, es siempre el mismo quien manda, mientras que el gobierno político se ejerce conforme a criterios científicos del tipo que aquí analizaremos y unas veces mandan unos y otras otros. Este punto de vista no es verdadero; lo haremos patente analizando la cuestión según nuestro método habitual: del mismo modo que en las demás ciencias hay que dividir lo complejo en sus partes simples (que son las que no pueden ya ser divididas), así, examinando los elementos que componen la polis, comprenderemos más acerca de ellos: en qué se distinguen unos de otros y si es posible inferir algún resultado técnico acerca de cada uno de los enumerados.
Como en las demás ciencias, la mejor manera de comprender teóricamente estas formas de gobierno es observarlas en su origen y desarrollo. Necesitan convivir, en primer lugar, quienes no puedan existir sin los otros, como el varón y la mujer para la procreación (y esto no por una elección consciente, sino porque, lo mismo que sucede en los animales y plantas, es natural la tendencia a dejar tras de sí algo semejante a uno mismo). El que manda y el que obedece se unen naturalmente para su seguridad. A quién es capaz de prever con su pensamiento, lo consideramos gobernante por naturaleza y capaz de mandar; y a quien es capaz de hacer con su cuerpo lo que manda el que gobierna, lo consideraremos súbdito y esclavo por naturaleza. Por tanto, a ambos, señor y esclavo, les interesa lo mismo.
Pero la mujer y el esclavo se diferencian por naturaleza (pues la naturaleza no hace las cosas como los cuchilleros que hicieron el cuchillo de Delfos, con tacañería, sino que cada cosa natural tiene su fin propio: cada herramienta será máximamente eficaz cuando sirva para un solo fin y no para muchos). Entre los bárbaros, la mujer y el esclavo tienen la misma posición; ello se debe a que no tienen gobernante por naturaleza, sino que su comunidad resulta de esclava y esclavo; por eso dicen los poetas: "es justo que los griegos gobiernen a los bárbaros", queriendo decir que es lo mismo ser bárbaro y esclavo.
La primera comunidad, la casa, procede por tanto de esas otras dos; con razón decía Hesiodo: "Lo primero, casa, mujer y buey para arar", pues el buey para los pobres hace la función del criado. Por tanto, la comunidad que surge naturalmente para satisfacer las necesidades cotidianas es la casa: los que comen y beben juntos, como dice Carondas o los compañeros de mesa, como dice Epiménides de Creta. La primera comunidad de varias casas para satisfacer necesidades no cotidianas es la aldea. Parece que la aldea surge naturalmente, sobre todo, como extensión de la casa, formada por lo que algunos llaman "hijos amamantados con la misma leche" y con los hijos de éstos. Por ello, al principio, el gobierno de las polis lo ejercían reyes; y aún sigue siendo así en pueblos no constituidos como polis; porque proceden de partes gobernadas por autoridad regia: pues toda casa está bajo el poder regio del más anciano y así también lo estaban sus extensiones por parentesco. Esto es lo que dice Homero (acerca de los Cíclopes): "Cada uno gobierna a sus hijos y esposas", pues viven aislados. Y así se vivía primitivamente. También de este modo, con poder regio, es como dicen que son gobernados los dioses; ello se debe a que los hombres que al principio eran gobernados por reyes, y los que lo son ahora, les aplican las mismas formas humanas y, por tanto, explican también al modo humano la vida de los dioses.
Finalmente, la comunidad perfecta de varias aldeas es la polis, que tiene, digámoslo así, el más alto grado de autosuficiencia; surgió para satisfacer las necesidades vitales, pero su finalidad es vivir bien. Por ello toda polis es una comunidad natural si los son las anteriores, pues ella es el fin de aquéllas, y la naturaleza es fin; la naturaleza de cada cosa, sea del hombre, del caballo o de la casa, es, decimos, aquello que cada una es, una vez acabada su generación. Además, aquello para lo que existe, su fin, es su excelencia: la autosuficiencia es su fin y su excelencia. De ello resulta evidente que la polis es una de las cosas que existen por naturaleza y que el hombre, por naturaleza, es un animal destinado a realizarse en la polis. El hombre que naturalmente, y no por azar, no vivía en la polis, ciertamente es imperfecto o sobrehumano, como aquel a quien Homero censura llamándole "sin familia, sin ley, sin patria"; así pues el que es así por naturaleza, es, por ello, amante de la guerra, exactamente lo mismo que una pieza aislada en un juego de damas. La razón por la que el hombre es un animal que ha de vivir en comunidades políticas y no es simplemente un animal gregario como la abeja u otros animales es evidente: como solemos decir, la naturaleza nada hace en vano y el hombre es el único animal que tiene palabra; la voz es signo de dolor o placer y la tienen los demás animales, pues su naturaleza se ha desarrollado hasta el punto de que pueden percibir dolor y placer y expresarlos a los demás animales; la palabra, sin embargo, es para manifestar lo beneficioso o perjudicial y, por consiguiente, lo justo y lo injusto. Lo propio del hombre respecto a los demás animales es que es el único que tiene capacidad de percibir el bien y el mal, lo justo y lo injusto, etc. Estos caracteres comunes son los que originan la casa y la polis.
Por naturaleza es anterior la polis a la casa y a cada uno de nosotros, pues es necesario que el todo sea anterior a cada una de las partes: destruido el todo no existe no la mano ni el pie, a no ser equívocamente, como si alguien llama mano a una de piedra; lo mismo sucede con una mano muerta, pues todas las cosas se definen por su función y capacidad de ejercerla, de modo que no se ha de decir de tales cosas que son ya las mismas cosa, sino en el nombre. Es evidente, pues, que la ciudad existe por naturaleza y es anterior al individuo, pues si el individuo aislado no es autosuficiente, ha de ser miembro de un todo, lo mismo que las partes existen en cuanto forman parte del todo. Quien no es capaz de convivir o no necesita nada por ser autosuficiente, ha de ser miembro de un todo, lo mismo que las partes existen en cuanto forman parte del todo. Quien no es capaz de convivir o no necesita nada por ser autosuficiente, no es parte de una polis, como sucede con las fieras o los dioses. En todos se da una tendencia natural a tal comunidad; pero el primero que la estableció ese la causa de los mayores bienes. Pues el hombre cuando llega a la perfección es el mejor de los animales; sin embargo, es el peor de todos cuando se separa de la ley y de la justicia. La injusticia más cruel es la que utiliza armas: el hombre nace dotado de armas al servicio de la prudencia y de la virtud, pero puede utilizarlas para fines radicalmente opuestos a ésos; por ello, sin virtud, es el más impío y el más feroz y el más perverso en lo sexual y en sus comidas.
La justicia es virtud propia del hombre que vive en la polis, ya que es el orden de la comunidad: consiste en determinar qué es lo justo.
Ortega y las masas
«La vida humana, por su naturaleza propia, tiene que estar puesta a algo, a una empresa gloriosa o humilde, a un destino ilustre o trivial. Se trata de un condición extraña, pero inexorable, escrita en nuestra existencia. Por un lado, vivir es algo que cada cual hace por sí y para sí. Por otro lado, si esa vida mía, que sólo a mí me importa, no es entregada por mí a algo, caminará desvencijada, sin tensión y sin "forma". Estos años asistimos al gigantesco espectáculo de innumerables vidas humanas que marchan perdidas en el laberinto de sí mismas por no tener a qué entregarse. [...] Vivir es ir disparado hacia algo, es caminar hacia una meta. La meta no es mi caminar, no es mi vida; es algo a lo que pongo ésta y que por lo mismo está fuera de ella, más allá. Si me resuelvo a andar sólo por dentro de mi vida, egoístamente, no avanzo, no voy a ninguna parte; doy vueltas y revueltas en un mismo lugar.»
«El especialista [científico, técnico, político, etc.] nos sirve para concretar enérgicamente la especie [de hombre-masa] y hacernos ver todo el radicalismo de su novedad. Porque antes los hombres podían dividirse, sencillamente, en sabios e ignorantes. Pero el especialista no puede ser subsumido bajo ninguna de esas dos categorías. No es sabio porque ignora formalmente cuanto no entra en su especialidad; pero tampoco es un ignorante, porque es "un hombre de ciencia" y conoce muy bien su porciúncula de universo. Habremos de decir que es un sabio-ignorante, cosa sobremanera grave, pues significa que es un señor el cual se comportará en todas las cuestiones que ignora no como un ignorante, sino con toda la petulancia de quien en su cuestión especial es un sabio». (Cap. XII, «La barbarie del "especialismo"»)
What I Have Lived For
The Prologue to Bertrand Russell's Autobiography
Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life: the longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind. These passions, like great winds, have blown me hither and thither, in a wayward course, over a great ocean of anguish, reaching to the very verge of despair.
I have sought love, first, because it brings ecstasy - ecstasy so great that I would often have sacrificed all the rest of life for a few hours of this joy. I have sought it, next, because it relieves loneliness--that terrible loneliness in which one shivering consciousness looks over the rim of the world into the cold unfathomable lifeless abyss. I have sought it finally, because in the union of love I have seen, in a mystic miniature, the prefiguring vision of the heaven that saints and poets have imagined. This is what I sought, and though it might seem too good for human life, this is what--at last--I have found.
With equal passion I have sought knowledge. I have wished to understand the hearts of men. I have wished to know why the stars shine. And I have tried to apprehend the Pythagorean power by which number holds sway above the flux. A little of this, but not much, I have achieved.
Love and knowledge, so far as they were possible, led upward toward the heavens. But always pity brought me back to earth. Echoes of cries of pain reverberate in my heart. Children in famine, victims tortured by oppressors, helpless old people a burden to their sons, and the whole world of loneliness, poverty, and pain make a mockery of what human life should be. I long to alleviate this evil, but I cannot, and I too suffer.
This has been my life. I have found it worth living, and would gladly live it again if the chance were offered me.
" Tres pasiones, simples, pero abrumadoramente intensas, han gobernado mi vida: el ansia de amor, la búsqueda del conocimiento y una insoportable piedad por el sufrimiento de la humanidad. Estas tres pasiones, como grandes vendavales, me han llevado de acá para allá, por una ruta cambiante, sobre un profundo océano de angustia, hasta el borde mismo de la desesperación.
He buscado el amor, primero, porque conduce al éxtasis, un éxtasis tan grande, que a menudo hubiera sacrificado el resto de mi existencia por unas horas de este gozo. Lo he buscado, en segundo lugar, porque alivia la soledad, esa terrible soledad en que una conciencia trémula se asoma al borde del mundo para otear el frío e insondable abismo sin vida. Lo he buscado, finalmente, porque en la unión del amor he visto, en una miniatura mística, la visión anticipada del cielo que han imaginado santos y poetas. Esto era lo que buscaba, y, aunque pudiera parecer demasiado bueno para esta vida humana, esto es lo que -al fin- he hallado.
Con igual pasión he buscado el conocimiento. He deseado entender el corazón de los hombres. He deseado saber por qué brillan las estrellas. Y he tratado de aprehender el poder pitagórico en virtud del cual el número domina al flujo. Algo de esto he logrado, aunque no mucho.
El amor y el conocimiento, en la medida en que ambos eran posibles, me transportaban hacia el cielo. Pero siempre la piedad me hacía volver a la tierra. Resuena en mi corazón el eco de gritos de dolor. Niños hambrientos, víctimas torturadas por opresores, ancianos desvalidos, carga odiosa para sus hijos, y todo un mundo de soledad, pobreza y dolor convierten en una burla lo que debería ser la existencia humana. Deseo ardientemente aliviar el mal, pero no puedo, y yo también sufro.
Ésta ha sido mi vida. La he hallado digna de vivirse, y con gusto volvería a vivirla si se me ofreciese la oportunidad ."
Cultura mantiene en 2010 el museo de la Fábrica de Tabacos como su gran proyecto
La Fundación rebaja en un 2,04% su gasto, que se centra en los museos y proyectos culturales
La conversión de la vieja Fábrica de Tabacos en el nuevo Museo de Gijón como gran proyecto cultural municipal vuelve a ser una de las piezas que conforman el puzzle presupuestario de la Fundación Municipal de Cultura, que lidera el concejal Justo Vilabrille. El organismo manejará el año que viene un presupuesto de 11.320.000 euros, lo que supone un descenso del 2,04% con respecto al presupuesto que ahora está en vigor. Los responsables de la Fundación reseñan «la contención del gasto en los servicios generales de cultura que tienen un presupuesto de 1,8 millones» para el mantenimiento de todos los edificios de la red cultural local.
A la hora analizar los gastos por programas, las mayores cifras se corresponden con las áreas de museos (2,7 millones) y proyectos culturales y de promoción de las artes (2,5 millones). La red municipal de bibliotecas se lleva 1,7 millones, a la Universidad Popular le corresponden 857.500 euros y en educación se gastarán el próximo año 704.600 euros. La partida de menor cuantía, con 392.800 euros, se corresponden con la promoción de la cultura tradicional y la llingua asturiana.
http://www.lne.es/gijon/2009/11/26/cultura-mantiene-2010-museo-fabrica-tabacos-gran-proyecto/839092.html
La conversión de la vieja Fábrica de Tabacos en el nuevo Museo de Gijón como gran proyecto cultural municipal vuelve a ser una de las piezas que conforman el puzzle presupuestario de la Fundación Municipal de Cultura, que lidera el concejal Justo Vilabrille. El organismo manejará el año que viene un presupuesto de 11.320.000 euros, lo que supone un descenso del 2,04% con respecto al presupuesto que ahora está en vigor. Los responsables de la Fundación reseñan «la contención del gasto en los servicios generales de cultura que tienen un presupuesto de 1,8 millones» para el mantenimiento de todos los edificios de la red cultural local.
A la hora analizar los gastos por programas, las mayores cifras se corresponden con las áreas de museos (2,7 millones) y proyectos culturales y de promoción de las artes (2,5 millones). La red municipal de bibliotecas se lleva 1,7 millones, a la Universidad Popular le corresponden 857.500 euros y en educación se gastarán el próximo año 704.600 euros. La partida de menor cuantía, con 392.800 euros, se corresponden con la promoción de la cultura tradicional y la llingua asturiana.
http://www.lne.es/gijon/2009/11/26/cultura-mantiene-2010-museo-fabrica-tabacos-gran-proyecto/839092.html
Rosa Díez defiende hoy en el Congreso la enmienda a la totalidad presentada por UPyD a la ley del aborto
26 de noviembre de 2009
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD
El GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, a iniciativa de Dña. Rosa Díez González, diputada de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente ENMIENDA A LA TOTALIDAD al Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, con Nº de expediente 121/000041.
Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2009
Dña. Rosa Díez González
Diputada de Unión Progreso y Democracia
Portavoz Adjunta G. P. Mixto
Enmienda de Totalidad al Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, con Nº de expediente 121/000041.
El proyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados no mejora la legislación vigente sobre el aborto voluntario. Es más, en algunos aspectos la empeora, pese a las serias deficiencias de la ley vigente. Por las características sectarias de algunos de sus principios, tampoco ayuda a establecer el consenso necesario sobre una cuestión que, debido a sus profundas implicaciones éticas, divide profundamente a la sociedad española. Consideramos que es un proyecto de ley oportunista, que elude entrar en el fondo de la cuestión y que viene a desviar el foco de la atención de la opinión pública de problemas políticos de muy urgente resolución, buscando deliberadamente la división de la sociedad en beneficio de los intereses electorales del Gobierno.
Si el Proyecto propusiera un plazo para abortar sin limitaciones, fundado en el consenso médico y científico sobre el momento a partir del cual un feto es viable fuera de la madre, se trataría de una “ley de plazos” que, en muchos aspectos, proporciona mayor seguridad jurídica y es más respetuosa con la autonomía de la mujer adulta enfrentada al dilema de interrumpir o no su embarazo por motivos íntimos. Ahora bien, el Proyecto de Ley IVE mezcla finalmente plazos y supuestos en un híbrido de escasa solidez jurídica.
Además, da a las menores a partir de 16 años el derecho a decidir la interrupción de su embarazo sin necesidad de recabar el consentimiento de sus padres o tutores y sin siquiera informarles. Según el vigente artículo 9.4 de la Ley 41/2002, de 14 noviembre, de Autonomía del Paciente: «La interrupción voluntaria del embarazo, la práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción humana asistida se rigen por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación.» La Disposición Adicional 2ª del Proyecto modifica dicho precepto suprimiendo la frase “la interrupción voluntaria del embarazo”, de forma que elimina la previsión de que sólo la mujer mayor de edad pueda prestar consentimiento para abortar.
Permitir el aborto desde los 16 años es una incongruencia con el resto de la legislación: las mismas menores de edad a las que se prohíbe consumir bebidas alcohólicas en un bar, votar en las elecciones, abrir una cuenta corriente, firmar un contrato o casarse sin permiso paterno o del tutor legal porque no se considera que disponen de la suficiente madurez personal ni autonomía ética podrán, en cambio, decidir si quieren o no ser madres. No encontramos justificación alguna para esta excepción, que de ningún modo puede considerarse irrelevante o trivial.
Si la menor quisiera seguir adelante con su embarazo en contra de la opinión de su representante legal, o viceversa, en el caso de que fuera aquél quien quisiera imponer a la menor proseguir el embarazo hasta el alumbramiento, se produciría un conflicto jurídico a resolver judicialmente atendiendo “al interés de la menor” y respetando en todo caso su voluntad si se considerara que “tiene suficiente juicio”. Debería bastar con la intervención judicial (como se hace ya en otros temas, vía art. 158 del Código Civil) para garantizar la debida tutela de los derechos de las partes y la protección prioritaria de la menor. Por tanto, encontramos demagógica e incoherente una excepción como la que pretende instaurar el Proyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Finalmente, convertir la despenalización de la interrupción del embarazo en ciertos supuestos en una ley reguladora del derecho al aborto, aunque fuera como “derecho subjetivo a abortar”, implicaría a nuestro juicio una regresión de las libertades públicas. No corresponde al Gobierno ni al Parlamento dar o quitar derechos fundamentales a los ciudadanos, sino a la Constitución. Instituir de algún modo el “derecho al aborto”, en lugar de proceder a su despenalización en determinados supuestos o plazos, no sólo ignora que la Constitución prevé la protección del nasciturus como un bien jurídico amparado por el art. 15 CE, sino que otorga a las instituciones una capacidad de dar derechos básicos, y por tanto de quitarlos, completamente impropia de la democracia.
Mantenemos que lo progresista es atenerse al principio de que todo lo que la ley no prohíbe expresamente se atiene a derecho. Si la interrupción libre del embarazo hasta determinado plazo deja de ser un delito, nadie puede ser incriminado por hacerlo: es la libre decisión de una mujer libre. En cambio, regular como un derecho positivo la interrupción del embarazo en plazos y supuestos conlleva una concepción que no compartimos de ninguna manera: que son el Gobierno y el Parlamento quienes dan y quitan libertades regulando cómo y cuándo ejercer derechos como el de abortar. Una concepción intervencionista y en el fondo autoritaria, que obviamente no podemos compartir.
El aborto no puede ser convertido en un método anticonceptivo más.
Existe el riesgo de que el Proyecto de Ley para regular la IVE acabe asumiendo que el aborto sea un medio anticonceptivo más. Conviene recordar al respecto la resolución 1607 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del año 2008, estableciendo que “el aborto no puede nunca considerarse como un medio de planificación familiar. El aborto debe evitarse en la medida de lo posible.” Así pues, el aborto debe ser despenalizado en las condiciones que establezca la ley, pero no debe ser estimulado ni trivializado de ningún modo. La educación sexual y reproductiva tiene en este sentido un importante papel preventivo de los embarazos no deseados.Ahora bien, la legislación que despenaliza determinados supuestos o plazos para el aborto voluntario no puede servir de coladero para convertirlo en un procedimiento anticonceptivo habitual, tratando de paliar las insuficiencias y fracasos de nuestro sistema educativo en la formación sobre el uso de medios anticonceptivos adecuados y sobre la naturaleza y consecuencias de las relaciones sexuales.
La despenalización del aborto debería abordarse como una cuestión estrechamente vinculada a la educación y formación en todos los ámbitos. Hay razones para sostener que en este aspecto hemos retrocedido en lugar de progresar, y que la juventud actual soporta serias deficiencias educativas en materia sexual y reproductiva, manifestadas en el incremento de los embarazos no deseados y de los consiguientes abortos. Las estadísticas públicas demuestran que el número de abortos voluntarios no ha dejado de crecer en los últimos años, particularmente entre los grupos de población más joven.
El número total de abortos voluntarios registrados en 2007 fue de 112.138, con un incremento de 10.546 casos frente al 2006. Además, se han registrado 14.807 abortos de mujeres entre 15 y 19 años, 1.409 casos más que en el 2006, y en conjunto las tasas más altas corresponden al grupo de 20 a 24 años, con 28.242 casos (2.850 más que en 2006). Llama la atención que el 97,72% de estas interrupciones del embarazo se llevaran a cabo en centros privados. Ambos datos –el incremento del número de abortos y el alto porcentaje realizado en clínicas privadas-, y muy especialmente el aumento de abortos entre las mujeres más jóvenes, ponen de manifiesto un preocupante retroceso de la calidad de la educación sexual, como parte de los déficits educativos españoles ya conocidos, con la consecuencia de que el aborto pasa a ser un medio anticonceptivo trivial, y de la conversión del aborto en un lucrativo negocio de la sanidad privada ante la inhibición de la administración del Servicio Nacional de Salud. En ambos casos hay una clara responsabilidad política de las administraciones públicas.
Resulta tan preocupante como ilustrativa la reiteración de abortos: 36.293 mujeres que se sometieron a un aborto voluntario en el 2007 ya lo habían hecho anteriormente, y de éstas, 3.569 mujeres abortaron tres, cuatro o incluso cinco o más veces. Dichas cifras también han aumentado respecto a los años anteriores. Entre las principales causas de esta tendencia se señalan una modificación de la conducta sexual, especialmente de la juventud, que no va acompañada de un incremento en cantidad y calidad de la educación sexual. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2007 se registraron en España 4.400 nacimientos y 6.273 abortos voluntarios en menores de 18 años. Hay, por tanto, unos 10.700 embarazos en chicas menores de edad, de manera que la tasa se ha duplicado del 3,07 por mil de 1997 al 6,3 por mil de 2007. Es la demostración práctica de un grave fracaso educativo.
Cabe preguntarse si el modo adecuado de combatir este fracaso es trivializar aun más la interrupción voluntaria del embarazo tal como lo propone este Proyecto de Ley al rebajar a los dieciséis años el aborto voluntario sin conocimiento paterno. Creemos que, por el contrario, esta medida sólo sancionará como algo natural e inevitable la ignorancia y la irresponsabilidad en las relaciones sexuales, promoviendo el recurso al aborto como un sistema anticonceptivo habitual entre las adolescentes.
Aunque el Proyecto de Ley prevé en su art. 5 incrementar las medidas educativas en materia de salud sexual y reproductiva, es un hecho insoslayable, y más tras el precedente de la caótica introducción de la Educación para la Ciudadanía, que cada comunidad autónoma regulará la educación sexual de forma distinta, en función de los decretos de enseñanza que establecen sus respectivos currículos. Las Comunidades Autónomas estáninmersas en un proceso de promulgación de sus propias leyes de educación, y a la vista de los antecedentes y dada la falta de competencias del Gobierno de la nación en esta materia, es casi seguro que las previsiones de mejora educativa sexual y reproductora del proyecto de ley IVE podrán ignorarse o alterarse en función del color ideológico de cada gobierno autonómico.
En consecuencia, las mujeres que decidan abortar y estén en edad escolar se encontrarán con un apoyo educativo distinto en función de la CCAA donde residan. Lo mismo cabe decir del acceso a los anticonceptivos considerados “adecuados”. Actualmente ya existen serias diferencias en el acceso a estos métodos anticonceptivos en función del territorio en que se habite. Andalucía financia al 100% métodos anticonceptivos como el implante subcutáneo; la denominada “píldora del día de después”, aprobada por el Ministerio de Sanidad en 2001, se puede adquirir gratisen Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra y País Vasco. De los datos recogidos el Libro Blanco de la Anticoncepción en España (2005), se concluye que existe una disparidad absoluta sobre los métodos de anticoncepción en el Sistema Nacional de Salud, pues no sólo es dispar entre Comunidades, sino dentro de una misma Comunidad dependiendo de los centros de salud.
Un segundo aspecto a considerar es la clara discriminación y falta de equidad en la financiación de los métodos anticonceptivos; así, no parece razonable que unas Comunidades financien los DIU y otras no. El mismo informe concluía que los usuarios, dependiendo no ya de la Comunidad Autónoma, sino del Área Sanitaria e incluso del barrio donde residían, no tenían garantizada esta prestación de modo universal, pues dependía de las decisiones tomadas por los gerentes o gestores de los servicios sanitarios. Así pues, a la crítica relativa al fracaso educativo que asume el Proyecto de Ley, debemos añadir la asunción de la falta de equidad y de la renuncia al impulso de políticas igualitarias y verdaderamente universales en los servicios asistenciales y de planificación familiar, que deberían basarse en el Sistema Nacional de Salud y no en las prestaciones privadas.
Finalmente, el artículo 11 del Proyectode Ley establece la siguienteprevisión:
«Para el cumplimiento de los objetivos previstos en esta ley el Gobierno, con las Comunidades Autónomas, aprobará un Plan que se denominará Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que contará con la colaboración de las sociedades científicas y profesionales y las organizaciones sociales.
La Estrategia se elaborará con criterios de calidad y equidad en el Sistema Nacional de Salud y con énfasis en jóvenes y adolescentes y colectivos de especiales necesidades.
La Estrategia tendrá una duración de cinco años y establecerá mecanismos de evaluación bienal que permita la valoración de resultados y en particular del acceso universal a la salud sexual y reproductiva.»
Consideramos mucho más riguroso y lógico elaborar primero ese Plan de prevención con criterios de calidad y conforme al principio de igualdad en el Sistema Nacional de Salud para, posteriormente, aprobar con el mayor consenso posible la Ley que concrete derechos y obligaciones derivadas de esa Estrategia.
El Título I del Proyecto de Ley está repleto de preceptos reiterativos, carentes de concreción, vacuos, llenos de buenas intenciones pero sin garantías que permitan exigir su cumplimiento o lograr los objetivos declarados más allá de la obligación de aprobar un “Plan”. En definitiva, en este Proyecto sobran declaraciones meramente políticas y falta concreción sobre las medidas realistas para prevenir embarazos no deseados y su correspondiente previsión y dotación económica.
El Proyecto aumenta la inseguridad jurídica mezclando plazos y supuestos.
La presentación de un nuevo Proyecto de Ley sobre IVE debería perseguir, en cualquier caso, mejorar la legislación vigente, muy defectuosa. Resulta imprescindible recordar que el Dictamen del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, de fecha 17/09/2009, destaca la «inaplicación» o incluso «utilización fraudulenta» de gran parte de la normativa vigente sobre el aborto voluntario, llegando a estimular el “turismo abortivo” gracias a la falta de controles dignos de tal nombre en la aplicación de la ley, y a comisión de casos probados de infanticidio acogidos fraudulentamente a los supuestos que prevé la ley. El resultado es una situación de alta arbitrariedad e inseguridad jurídica en la aplicación de la ley, tanto para las mujeres que deciden abortar como para el personal sanitario que practica las interrupciones voluntarias del embarazo. Debido a la acostumbrada laxitud seguida en la interpretación de los supuestos despenalizadores, el fraude de ley se ha convertido en norma más que en excepción; y viceversa, no hay garantías suficientes de protección de la intimidad de la mujer y de los derechos del personal sanitario en abortos cometidos respetando los supuestos despenalizadores. Finalmente, la escasa o nula implicación de la sanidad pública en la interrupción voluntaria del embarazo regulada legalmente redunda en una clara falta de igualdad y equidad en la aplicación de la ley, en perjuicio de los colectivos sociales más débiles.
Si bien esta situación aconsejaba una reforma de la legislación de modo que se garantice su cumplimiento y erradique el fraude de ley, es evidente que tal reforma exige en cualquier caso no sólo un grado de consenso social mucho mayor del existente, sino también objetivos político-jurídicos claros y transparentes. La mejora de la seguridad jurídica de la despenalización es, sin duda alguna, un objetivo evidente. Pues bien, el Proyecto remitido por el Gobierno no sólo no avanza en esta dirección, sino que en varios aspectos implica un retroceso o un empeoramiento de la ya caótica normativa.
Así, para reducir la inseguridad jurídica actual se debería suprimir el nº 2 del artículo 3 del Proyecto, según el cual «se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida». ¿Qué significa una expresión tan ambigua?Habrá quienes querrán interpretarla como el derecho a decidir libremente si se quiere continuar la gestación, pero también como el derecho a exigir del Estado las condiciones que posibiliten un embarazo libremente decidido, incluyendo métodos de reproducción asistida y tratamientos de fertilidad gratuitos, a cargo del Sistema Nacional de Salud.
En contraste con la aparente impunidad con la que, según el Proyecto, cualquier mujer podría rechazar una “maternidad no decidida libremente”, el médico o las personas que provoquen un aborto fuera de los casos permitidos en la Ley sí puede ser condenado a pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial.
Pero donde peor es la calidad jurídica del proyecto de ley es en su carácter de híbrido o sistema mixto, de ley de plazos y ley de supuestos, que introduce la despenalización del aborto voluntario en plazos y supuestos determinados. Junto al sistema de plazo, el artículo 15 del proyecto permite el aborto voluntario «excepcionalmente» y «por causas médicas cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija. En caso de urgencia por riesgo vital podrá prescindirse del dictamen.
Esta excepción podría encerrar un fraude normativo. El artículo 2 del Proyecto utiliza la definición de «salud» de la OMS: estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Atendiendo a esta definición, en el supuesto de «grave riesgo para la salud de la embarazada» se configura una indicación terapéutica no en el sentido restringido en el que la están interpretando la mayoría de los penalistas, como equivalente al peligro para la salud física o psíquica de la mujer, sino tan amplia como para dar cabida incluso a cualquier supuesto de falta de «bienestar personal»: situación económica, la situación social, la precariedad laboral, etc. Se introduce así una posibilidad de subterfugio que provoca grave inseguridad jurídica.
b) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija.
c) Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por dos médicos especialistas, distintos del que practique la intervención, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico.
Ahora bien, siguiendo la acepción de anomalía del diccionario de la R.A.E este supuesto permite el aborto en caso de malformación, alteración biológica, congénita o adquirida del feto incompatible con la vida transcurridas las 22 semanas de embarazo, momento en el que se considera que éste es viable fuera del útero materno. Desde el punto de vista jurídico estos supuestos de graves anomalías, o incluso de enfermedades extremadamente graves e incurables, podrían contravenir lo dispuesto en el artículo 10 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, ratificada por España el 21 de mayo de 2008, que establece “el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos».
El aspecto más problemático de este Proyecto es la inseguridad jurídica derivada de la indeterminación sobre qué debe entenderse por «graves anomalías», o cuáles deben considerarse «enfermedades graves o incurables», cuestiones que el Proyecto deja a criterio de dos médicos especialistas, en el primer caso y un comité clínico, integrado por dos especialistas en ginecología o diagnóstico prenatal y un pediatra, en el segundo caso. El supuesto de «graves anomalías» equivalente al nº 3 del vigente artículo 417 del Código Penal puede suscitar dudas sobre la constitucionalidad de este supuesto a tenor de la doctrina del TC expresada en la sentencia 53/1985 de 11 de abril y los avances en estos 25 años en materia de prestaciones y reconocimiento de derechos a las personas con discapacidad.
El aborto voluntario no puede ser considerado un derecho positivo.
La despenalización del aborto voluntario en determinados supuestos no equivale a la instauración de un sedicente “derecho al aborto”. La renuncia a perseguir la comisión de abortos, --aconsejada por consideraciones sociales prácticas y de ética pública, pues la decisión de abortar o no en los supuestos no penalizados por la ley debe considerarse un asunto privado--, no equivale a convertir la interrupción voluntaria del embarazo en un derecho positivo. En cualquier caso que se considere, se trata de una clara despenalización en ciertos plazos o supuestos. La conversión de un hecho no punible en un derecho reconocido, y por tanto amparado por la legislación y las instituciones del Estado, se fundamenta en la retórica radical que considera al embrión y al feto una parte del cuerpo de la madre, de modo que ésta tendría un derecho ilimitado a disponer de su vida. Hay en esta vindicación la contradicción de admitir implícitamente la existencia de una vida en juego que depende de la vida de otro, la madre, que en su caso puede vivir con plena autonomía, al revés que el feto. Aceptar la idea de que existe un “derecho al aborto” implica también la de que nadie puede mediar o interferir en la decisión de la mujer sobre lo que o bien se considera una parte de su cuerpo –lo que no tiene el menor sentido científico ni empírico-, o bien un cuerpo ajeno de su exclusiva propiedad que carece de derecho a la protección, si no de su vida autónoma, sí cuando menos de su perspectivas de llegar a tenerla tras la gestación.
Aunque no fuera esta la intención del Proyecto de Ley, sí que avanza en esta dirección al establecer la clara discriminación, ya señalada más arriba, a favor de la mujer en el caso de abortos que incumplieran los supuestos despenalizadores. Consideramos que, lejos de favorecer y reforzar los derechos de las mujeres y la igualdad entre sexos, esta discriminación consigue el efecto contrario: considerar y tratar a las mujeres como menores de edad a perpetuidad, con menor responsabilidad sobre sus actos y menor autonomía ética, merecedoras por tanto de una tutela especial: la del Estado en lugar de la de sus padres durante la minoría de edad, y después la de las leyes penales. Algo completamente contrario a la verdadera igualdad, equivalente a la no discriminación.
Por consiguiente, introducir en el corpus legislativo un derecho como el de abortar choca con los preceptos constitucionales y los valores democráticos básicos que consideran el derecho a la vida como primordial y siempre protegido. De aceptarse, daríamos carta de naturaleza a una excepción y a un privilegio: la excepción del derecho a la protección de la vida, y el privilegio de decidir sobre la vida o la muerte sin límite alguno. Es este aspecto liminal del aborto lo que aconseja siempre y en todos los casos despenalizar su comisión en ciertos casos, sean plazos o supuestos, pero penalizarlo en los demás.
En definitiva, el Proyecto de Ley remitido por el Gobierno no resulta más seguro jurídicamente para las mujeres que decidan someterse a una intervención ni para los profesionales de la sanidad, ni tampoco aumenta las libertades públicas y privadas pese a la retórica de “nuevos derechos” en que llega envuelta. Por el contrario, el proyecto de ley introduce más confusión y erosiona gravemente algunos conceptos jurídicos esenciales, como el de “mayoría de edad” legal.
Por todo ello, Unión, Progreso y Democracia (UPyD), por medio de su Diputada, Rosa Díez González, encuadrada dentro del Grupo Parlamentario Mixto, presenta esta enmienda a la totalidad de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y solicita su devolución al Gobierno.
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD
El GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, a iniciativa de Dña. Rosa Díez González, diputada de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente ENMIENDA A LA TOTALIDAD al Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, con Nº de expediente 121/000041.
Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2009
Dña. Rosa Díez González
Diputada de Unión Progreso y Democracia
Portavoz Adjunta G. P. Mixto
Enmienda de Totalidad al Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, con Nº de expediente 121/000041.
El proyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados no mejora la legislación vigente sobre el aborto voluntario. Es más, en algunos aspectos la empeora, pese a las serias deficiencias de la ley vigente. Por las características sectarias de algunos de sus principios, tampoco ayuda a establecer el consenso necesario sobre una cuestión que, debido a sus profundas implicaciones éticas, divide profundamente a la sociedad española. Consideramos que es un proyecto de ley oportunista, que elude entrar en el fondo de la cuestión y que viene a desviar el foco de la atención de la opinión pública de problemas políticos de muy urgente resolución, buscando deliberadamente la división de la sociedad en beneficio de los intereses electorales del Gobierno.
Si el Proyecto propusiera un plazo para abortar sin limitaciones, fundado en el consenso médico y científico sobre el momento a partir del cual un feto es viable fuera de la madre, se trataría de una “ley de plazos” que, en muchos aspectos, proporciona mayor seguridad jurídica y es más respetuosa con la autonomía de la mujer adulta enfrentada al dilema de interrumpir o no su embarazo por motivos íntimos. Ahora bien, el Proyecto de Ley IVE mezcla finalmente plazos y supuestos en un híbrido de escasa solidez jurídica.
Además, da a las menores a partir de 16 años el derecho a decidir la interrupción de su embarazo sin necesidad de recabar el consentimiento de sus padres o tutores y sin siquiera informarles. Según el vigente artículo 9.4 de la Ley 41/2002, de 14 noviembre, de Autonomía del Paciente: «La interrupción voluntaria del embarazo, la práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción humana asistida se rigen por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación.» La Disposición Adicional 2ª del Proyecto modifica dicho precepto suprimiendo la frase “la interrupción voluntaria del embarazo”, de forma que elimina la previsión de que sólo la mujer mayor de edad pueda prestar consentimiento para abortar.
Permitir el aborto desde los 16 años es una incongruencia con el resto de la legislación: las mismas menores de edad a las que se prohíbe consumir bebidas alcohólicas en un bar, votar en las elecciones, abrir una cuenta corriente, firmar un contrato o casarse sin permiso paterno o del tutor legal porque no se considera que disponen de la suficiente madurez personal ni autonomía ética podrán, en cambio, decidir si quieren o no ser madres. No encontramos justificación alguna para esta excepción, que de ningún modo puede considerarse irrelevante o trivial.
Si la menor quisiera seguir adelante con su embarazo en contra de la opinión de su representante legal, o viceversa, en el caso de que fuera aquél quien quisiera imponer a la menor proseguir el embarazo hasta el alumbramiento, se produciría un conflicto jurídico a resolver judicialmente atendiendo “al interés de la menor” y respetando en todo caso su voluntad si se considerara que “tiene suficiente juicio”. Debería bastar con la intervención judicial (como se hace ya en otros temas, vía art. 158 del Código Civil) para garantizar la debida tutela de los derechos de las partes y la protección prioritaria de la menor. Por tanto, encontramos demagógica e incoherente una excepción como la que pretende instaurar el Proyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Finalmente, convertir la despenalización de la interrupción del embarazo en ciertos supuestos en una ley reguladora del derecho al aborto, aunque fuera como “derecho subjetivo a abortar”, implicaría a nuestro juicio una regresión de las libertades públicas. No corresponde al Gobierno ni al Parlamento dar o quitar derechos fundamentales a los ciudadanos, sino a la Constitución. Instituir de algún modo el “derecho al aborto”, en lugar de proceder a su despenalización en determinados supuestos o plazos, no sólo ignora que la Constitución prevé la protección del nasciturus como un bien jurídico amparado por el art. 15 CE, sino que otorga a las instituciones una capacidad de dar derechos básicos, y por tanto de quitarlos, completamente impropia de la democracia.
Mantenemos que lo progresista es atenerse al principio de que todo lo que la ley no prohíbe expresamente se atiene a derecho. Si la interrupción libre del embarazo hasta determinado plazo deja de ser un delito, nadie puede ser incriminado por hacerlo: es la libre decisión de una mujer libre. En cambio, regular como un derecho positivo la interrupción del embarazo en plazos y supuestos conlleva una concepción que no compartimos de ninguna manera: que son el Gobierno y el Parlamento quienes dan y quitan libertades regulando cómo y cuándo ejercer derechos como el de abortar. Una concepción intervencionista y en el fondo autoritaria, que obviamente no podemos compartir.
El aborto no puede ser convertido en un método anticonceptivo más.
Existe el riesgo de que el Proyecto de Ley para regular la IVE acabe asumiendo que el aborto sea un medio anticonceptivo más. Conviene recordar al respecto la resolución 1607 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del año 2008, estableciendo que “el aborto no puede nunca considerarse como un medio de planificación familiar. El aborto debe evitarse en la medida de lo posible.” Así pues, el aborto debe ser despenalizado en las condiciones que establezca la ley, pero no debe ser estimulado ni trivializado de ningún modo. La educación sexual y reproductiva tiene en este sentido un importante papel preventivo de los embarazos no deseados.Ahora bien, la legislación que despenaliza determinados supuestos o plazos para el aborto voluntario no puede servir de coladero para convertirlo en un procedimiento anticonceptivo habitual, tratando de paliar las insuficiencias y fracasos de nuestro sistema educativo en la formación sobre el uso de medios anticonceptivos adecuados y sobre la naturaleza y consecuencias de las relaciones sexuales.
La despenalización del aborto debería abordarse como una cuestión estrechamente vinculada a la educación y formación en todos los ámbitos. Hay razones para sostener que en este aspecto hemos retrocedido en lugar de progresar, y que la juventud actual soporta serias deficiencias educativas en materia sexual y reproductiva, manifestadas en el incremento de los embarazos no deseados y de los consiguientes abortos. Las estadísticas públicas demuestran que el número de abortos voluntarios no ha dejado de crecer en los últimos años, particularmente entre los grupos de población más joven.
El número total de abortos voluntarios registrados en 2007 fue de 112.138, con un incremento de 10.546 casos frente al 2006. Además, se han registrado 14.807 abortos de mujeres entre 15 y 19 años, 1.409 casos más que en el 2006, y en conjunto las tasas más altas corresponden al grupo de 20 a 24 años, con 28.242 casos (2.850 más que en 2006). Llama la atención que el 97,72% de estas interrupciones del embarazo se llevaran a cabo en centros privados. Ambos datos –el incremento del número de abortos y el alto porcentaje realizado en clínicas privadas-, y muy especialmente el aumento de abortos entre las mujeres más jóvenes, ponen de manifiesto un preocupante retroceso de la calidad de la educación sexual, como parte de los déficits educativos españoles ya conocidos, con la consecuencia de que el aborto pasa a ser un medio anticonceptivo trivial, y de la conversión del aborto en un lucrativo negocio de la sanidad privada ante la inhibición de la administración del Servicio Nacional de Salud. En ambos casos hay una clara responsabilidad política de las administraciones públicas.
Resulta tan preocupante como ilustrativa la reiteración de abortos: 36.293 mujeres que se sometieron a un aborto voluntario en el 2007 ya lo habían hecho anteriormente, y de éstas, 3.569 mujeres abortaron tres, cuatro o incluso cinco o más veces. Dichas cifras también han aumentado respecto a los años anteriores. Entre las principales causas de esta tendencia se señalan una modificación de la conducta sexual, especialmente de la juventud, que no va acompañada de un incremento en cantidad y calidad de la educación sexual. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2007 se registraron en España 4.400 nacimientos y 6.273 abortos voluntarios en menores de 18 años. Hay, por tanto, unos 10.700 embarazos en chicas menores de edad, de manera que la tasa se ha duplicado del 3,07 por mil de 1997 al 6,3 por mil de 2007. Es la demostración práctica de un grave fracaso educativo.
Cabe preguntarse si el modo adecuado de combatir este fracaso es trivializar aun más la interrupción voluntaria del embarazo tal como lo propone este Proyecto de Ley al rebajar a los dieciséis años el aborto voluntario sin conocimiento paterno. Creemos que, por el contrario, esta medida sólo sancionará como algo natural e inevitable la ignorancia y la irresponsabilidad en las relaciones sexuales, promoviendo el recurso al aborto como un sistema anticonceptivo habitual entre las adolescentes.
Aunque el Proyecto de Ley prevé en su art. 5 incrementar las medidas educativas en materia de salud sexual y reproductiva, es un hecho insoslayable, y más tras el precedente de la caótica introducción de la Educación para la Ciudadanía, que cada comunidad autónoma regulará la educación sexual de forma distinta, en función de los decretos de enseñanza que establecen sus respectivos currículos. Las Comunidades Autónomas estáninmersas en un proceso de promulgación de sus propias leyes de educación, y a la vista de los antecedentes y dada la falta de competencias del Gobierno de la nación en esta materia, es casi seguro que las previsiones de mejora educativa sexual y reproductora del proyecto de ley IVE podrán ignorarse o alterarse en función del color ideológico de cada gobierno autonómico.
En consecuencia, las mujeres que decidan abortar y estén en edad escolar se encontrarán con un apoyo educativo distinto en función de la CCAA donde residan. Lo mismo cabe decir del acceso a los anticonceptivos considerados “adecuados”. Actualmente ya existen serias diferencias en el acceso a estos métodos anticonceptivos en función del territorio en que se habite. Andalucía financia al 100% métodos anticonceptivos como el implante subcutáneo; la denominada “píldora del día de después”, aprobada por el Ministerio de Sanidad en 2001, se puede adquirir gratisen Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra y País Vasco. De los datos recogidos el Libro Blanco de la Anticoncepción en España (2005), se concluye que existe una disparidad absoluta sobre los métodos de anticoncepción en el Sistema Nacional de Salud, pues no sólo es dispar entre Comunidades, sino dentro de una misma Comunidad dependiendo de los centros de salud.
Un segundo aspecto a considerar es la clara discriminación y falta de equidad en la financiación de los métodos anticonceptivos; así, no parece razonable que unas Comunidades financien los DIU y otras no. El mismo informe concluía que los usuarios, dependiendo no ya de la Comunidad Autónoma, sino del Área Sanitaria e incluso del barrio donde residían, no tenían garantizada esta prestación de modo universal, pues dependía de las decisiones tomadas por los gerentes o gestores de los servicios sanitarios. Así pues, a la crítica relativa al fracaso educativo que asume el Proyecto de Ley, debemos añadir la asunción de la falta de equidad y de la renuncia al impulso de políticas igualitarias y verdaderamente universales en los servicios asistenciales y de planificación familiar, que deberían basarse en el Sistema Nacional de Salud y no en las prestaciones privadas.
Finalmente, el artículo 11 del Proyectode Ley establece la siguienteprevisión:
«Para el cumplimiento de los objetivos previstos en esta ley el Gobierno, con las Comunidades Autónomas, aprobará un Plan que se denominará Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que contará con la colaboración de las sociedades científicas y profesionales y las organizaciones sociales.
La Estrategia se elaborará con criterios de calidad y equidad en el Sistema Nacional de Salud y con énfasis en jóvenes y adolescentes y colectivos de especiales necesidades.
La Estrategia tendrá una duración de cinco años y establecerá mecanismos de evaluación bienal que permita la valoración de resultados y en particular del acceso universal a la salud sexual y reproductiva.»
Consideramos mucho más riguroso y lógico elaborar primero ese Plan de prevención con criterios de calidad y conforme al principio de igualdad en el Sistema Nacional de Salud para, posteriormente, aprobar con el mayor consenso posible la Ley que concrete derechos y obligaciones derivadas de esa Estrategia.
El Título I del Proyecto de Ley está repleto de preceptos reiterativos, carentes de concreción, vacuos, llenos de buenas intenciones pero sin garantías que permitan exigir su cumplimiento o lograr los objetivos declarados más allá de la obligación de aprobar un “Plan”. En definitiva, en este Proyecto sobran declaraciones meramente políticas y falta concreción sobre las medidas realistas para prevenir embarazos no deseados y su correspondiente previsión y dotación económica.
El Proyecto aumenta la inseguridad jurídica mezclando plazos y supuestos.
La presentación de un nuevo Proyecto de Ley sobre IVE debería perseguir, en cualquier caso, mejorar la legislación vigente, muy defectuosa. Resulta imprescindible recordar que el Dictamen del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, de fecha 17/09/2009, destaca la «inaplicación» o incluso «utilización fraudulenta» de gran parte de la normativa vigente sobre el aborto voluntario, llegando a estimular el “turismo abortivo” gracias a la falta de controles dignos de tal nombre en la aplicación de la ley, y a comisión de casos probados de infanticidio acogidos fraudulentamente a los supuestos que prevé la ley. El resultado es una situación de alta arbitrariedad e inseguridad jurídica en la aplicación de la ley, tanto para las mujeres que deciden abortar como para el personal sanitario que practica las interrupciones voluntarias del embarazo. Debido a la acostumbrada laxitud seguida en la interpretación de los supuestos despenalizadores, el fraude de ley se ha convertido en norma más que en excepción; y viceversa, no hay garantías suficientes de protección de la intimidad de la mujer y de los derechos del personal sanitario en abortos cometidos respetando los supuestos despenalizadores. Finalmente, la escasa o nula implicación de la sanidad pública en la interrupción voluntaria del embarazo regulada legalmente redunda en una clara falta de igualdad y equidad en la aplicación de la ley, en perjuicio de los colectivos sociales más débiles.
Si bien esta situación aconsejaba una reforma de la legislación de modo que se garantice su cumplimiento y erradique el fraude de ley, es evidente que tal reforma exige en cualquier caso no sólo un grado de consenso social mucho mayor del existente, sino también objetivos político-jurídicos claros y transparentes. La mejora de la seguridad jurídica de la despenalización es, sin duda alguna, un objetivo evidente. Pues bien, el Proyecto remitido por el Gobierno no sólo no avanza en esta dirección, sino que en varios aspectos implica un retroceso o un empeoramiento de la ya caótica normativa.
Así, para reducir la inseguridad jurídica actual se debería suprimir el nº 2 del artículo 3 del Proyecto, según el cual «se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida». ¿Qué significa una expresión tan ambigua?Habrá quienes querrán interpretarla como el derecho a decidir libremente si se quiere continuar la gestación, pero también como el derecho a exigir del Estado las condiciones que posibiliten un embarazo libremente decidido, incluyendo métodos de reproducción asistida y tratamientos de fertilidad gratuitos, a cargo del Sistema Nacional de Salud.
En contraste con la aparente impunidad con la que, según el Proyecto, cualquier mujer podría rechazar una “maternidad no decidida libremente”, el médico o las personas que provoquen un aborto fuera de los casos permitidos en la Ley sí puede ser condenado a pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial.
Pero donde peor es la calidad jurídica del proyecto de ley es en su carácter de híbrido o sistema mixto, de ley de plazos y ley de supuestos, que introduce la despenalización del aborto voluntario en plazos y supuestos determinados. Junto al sistema de plazo, el artículo 15 del proyecto permite el aborto voluntario «excepcionalmente» y «por causas médicas cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija. En caso de urgencia por riesgo vital podrá prescindirse del dictamen.
Esta excepción podría encerrar un fraude normativo. El artículo 2 del Proyecto utiliza la definición de «salud» de la OMS: estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Atendiendo a esta definición, en el supuesto de «grave riesgo para la salud de la embarazada» se configura una indicación terapéutica no en el sentido restringido en el que la están interpretando la mayoría de los penalistas, como equivalente al peligro para la salud física o psíquica de la mujer, sino tan amplia como para dar cabida incluso a cualquier supuesto de falta de «bienestar personal»: situación económica, la situación social, la precariedad laboral, etc. Se introduce así una posibilidad de subterfugio que provoca grave inseguridad jurídica.
b) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija.
c) Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por dos médicos especialistas, distintos del que practique la intervención, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico.
Ahora bien, siguiendo la acepción de anomalía del diccionario de la R.A.E este supuesto permite el aborto en caso de malformación, alteración biológica, congénita o adquirida del feto incompatible con la vida transcurridas las 22 semanas de embarazo, momento en el que se considera que éste es viable fuera del útero materno. Desde el punto de vista jurídico estos supuestos de graves anomalías, o incluso de enfermedades extremadamente graves e incurables, podrían contravenir lo dispuesto en el artículo 10 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, ratificada por España el 21 de mayo de 2008, que establece “el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos».
El aspecto más problemático de este Proyecto es la inseguridad jurídica derivada de la indeterminación sobre qué debe entenderse por «graves anomalías», o cuáles deben considerarse «enfermedades graves o incurables», cuestiones que el Proyecto deja a criterio de dos médicos especialistas, en el primer caso y un comité clínico, integrado por dos especialistas en ginecología o diagnóstico prenatal y un pediatra, en el segundo caso. El supuesto de «graves anomalías» equivalente al nº 3 del vigente artículo 417 del Código Penal puede suscitar dudas sobre la constitucionalidad de este supuesto a tenor de la doctrina del TC expresada en la sentencia 53/1985 de 11 de abril y los avances en estos 25 años en materia de prestaciones y reconocimiento de derechos a las personas con discapacidad.
El aborto voluntario no puede ser considerado un derecho positivo.
La despenalización del aborto voluntario en determinados supuestos no equivale a la instauración de un sedicente “derecho al aborto”. La renuncia a perseguir la comisión de abortos, --aconsejada por consideraciones sociales prácticas y de ética pública, pues la decisión de abortar o no en los supuestos no penalizados por la ley debe considerarse un asunto privado--, no equivale a convertir la interrupción voluntaria del embarazo en un derecho positivo. En cualquier caso que se considere, se trata de una clara despenalización en ciertos plazos o supuestos. La conversión de un hecho no punible en un derecho reconocido, y por tanto amparado por la legislación y las instituciones del Estado, se fundamenta en la retórica radical que considera al embrión y al feto una parte del cuerpo de la madre, de modo que ésta tendría un derecho ilimitado a disponer de su vida. Hay en esta vindicación la contradicción de admitir implícitamente la existencia de una vida en juego que depende de la vida de otro, la madre, que en su caso puede vivir con plena autonomía, al revés que el feto. Aceptar la idea de que existe un “derecho al aborto” implica también la de que nadie puede mediar o interferir en la decisión de la mujer sobre lo que o bien se considera una parte de su cuerpo –lo que no tiene el menor sentido científico ni empírico-, o bien un cuerpo ajeno de su exclusiva propiedad que carece de derecho a la protección, si no de su vida autónoma, sí cuando menos de su perspectivas de llegar a tenerla tras la gestación.
Aunque no fuera esta la intención del Proyecto de Ley, sí que avanza en esta dirección al establecer la clara discriminación, ya señalada más arriba, a favor de la mujer en el caso de abortos que incumplieran los supuestos despenalizadores. Consideramos que, lejos de favorecer y reforzar los derechos de las mujeres y la igualdad entre sexos, esta discriminación consigue el efecto contrario: considerar y tratar a las mujeres como menores de edad a perpetuidad, con menor responsabilidad sobre sus actos y menor autonomía ética, merecedoras por tanto de una tutela especial: la del Estado en lugar de la de sus padres durante la minoría de edad, y después la de las leyes penales. Algo completamente contrario a la verdadera igualdad, equivalente a la no discriminación.
Por consiguiente, introducir en el corpus legislativo un derecho como el de abortar choca con los preceptos constitucionales y los valores democráticos básicos que consideran el derecho a la vida como primordial y siempre protegido. De aceptarse, daríamos carta de naturaleza a una excepción y a un privilegio: la excepción del derecho a la protección de la vida, y el privilegio de decidir sobre la vida o la muerte sin límite alguno. Es este aspecto liminal del aborto lo que aconseja siempre y en todos los casos despenalizar su comisión en ciertos casos, sean plazos o supuestos, pero penalizarlo en los demás.
En definitiva, el Proyecto de Ley remitido por el Gobierno no resulta más seguro jurídicamente para las mujeres que decidan someterse a una intervención ni para los profesionales de la sanidad, ni tampoco aumenta las libertades públicas y privadas pese a la retórica de “nuevos derechos” en que llega envuelta. Por el contrario, el proyecto de ley introduce más confusión y erosiona gravemente algunos conceptos jurídicos esenciales, como el de “mayoría de edad” legal.
Por todo ello, Unión, Progreso y Democracia (UPyD), por medio de su Diputada, Rosa Díez González, encuadrada dentro del Grupo Parlamentario Mixto, presenta esta enmienda a la totalidad de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y solicita su devolución al Gobierno.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)