Artículo publicado en el diario El Comercio 20-1-2013
La mejora del sistema
educativo español, fundamental para la equidad y la cohesión nacional, es uno
de los pilares fundacionales de UPyD y, ya en Mayo de 2008, Rosa Diez
presentó en el Congreso una Proposición de Ley Orgánica para conseguir
el reconocimiento del docente como “autoridad pública en el ejercicio de la
función educativa”. Proposición que fue rechazada por el resto de los partidos.
En el acuerdo de legislatura, firmado en Asturias por PSOE y UPyD en Mayo del 2012, se
recogía el compromiso de “reforzar
desde el punto de vista del prestigio social pero también mediante instrumentos
legales, la autoridad del profesorado”.Hace dos meses, UPyD presentó, ante el
Parlamento Asturiano, una proposición de ley en dicho sentido, iniciativa que
contó con el beneplácito de todos los grupos políticos.
Bienvenido sea el consenso porque este
reconocimiento legal (presunción de veracidad, asistencia jurídica, cobertura
de responsabilidad civil…) urge y constituirá una garantía para las
actuaciones de un colectivo que ha padecido un fuerte desprestigio social .
Además enviará a la sociedad un mensaje
claro: para que los procesos educativos puedan resultar eficaces es
necesario mantener un clima escolar propicio que pasa necesariamente
por la disciplina y el respeto al
profesor en el ejercicio de sus
funciones.
Reforzar la protección de los docentes
redundará en beneficio de toda la comunidad educativa; lo que hoy resulta
especialmente importante porque vivimos en una sociedad moralmente compleja y
la crisis, también de valores, esta
exacerbando los conflictos personales, familiares y escolares que, con toda
probabilidad, irán a mas. La Administración debe garantizar el derecho de
los alumnos a aprender y esta ley permitirá a los docentes,
desde la seguridad jurídica, imponer con inmediatez y celeridad medidas
disciplinarias o cautelares siempre que acontezcan hechos que impidan o
dificulten la función docente o la actividad educativa complementaria (como por
ejemplo en un viaje de estudios o una salida a la nieve). Evidentemente esta normativa no restará importancia
a otros temas fundamentales en el ámbito convivencial como mejorar la formación
didáctica y psicopedagógica de los profesores, desarrollar una organización escolar articulada
fundamentalmente en torno a equipos educativos estables, aumentar las medidas
preventivas en coordinación con las familias, disminuir la ratio
alumno/profesor y acrecentar los recursos educativos y profesores de apoyo para
los casos conductuales conflictivos.
La
buena convivencia escolar exige jerarquía, normas, sentido común y una
práctica docente a medio camino entre el autoritarismo y la permisividad,
devolviendo a la palabra “autoridad” su
sentido primigenio:“hacer crecer”. Ahora que la ley Wert amenaza al humanismo,
habrá que recordar que ya los romanos distinguían entre “auctoritas” y
“potestas”, que van de la mano y no se contradicen. Como tampoco se oponen el
ejercicio de la libertad y el cumplimiento de la ley. Los profesores deben saber y vivir que
la autoridad es eminentemente moral ; se ejerce (y se gana) con sapiencia,
buen ejemplo, empatía y diálogo. Pero también deben saber y sentir que, cuando
actúan en nombre del interés público , su palabra y sus actos tienen poder y valor
ante la sociedad. Sólo así harán “crecer
bien” a nuestros hijos, a los futuros
ciudadanos.
Armando Fernández Bartolomé
Responsable de Educación UPyD Asturias
