La asociación «Pando» considera que un parque empresarial, «desierto fuera del horario laboral», no dinamizará el barrio
MIRIAM SUÁREZ La Asociación de Vecinos «Pando» de Poniente considera «absolutamente errónea» la propuesta urbanística del Ayuntamiento para los terrenos de Naval Gijón, y así lo ha hecho constar en forma de alegaciones. La primera objeción: «La parcela afectada tiene un enorme potencial y sería paradójico que una zona tan atractiva fuese ocupada por empresas, que podrían ubicarse en otro sitio y no necesitan localizaciones en el litoral».
Esta postura choca de raíz con las intenciones del Ayuntamiento, formalizadas en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO). El equipo de gobierno apuesta por mantener el uso industrial de los terrenos, vinculados desde siempre a la actividad naval gijonesa, con un parque de empresas limpias y tecnológicas. Según advierten los vecinos, «la trama urbana de esta zona está por terminar y se precisan acciones que permitan el desarrollo de ejes comerciales, no lugares desiertos fuera de horario laboral».
Las alegaciones de la asociación «Pando» llegan en la recta final del período de información pública al que ha sido sometido el PGO. El plazo para la presentación de recursos finaliza hoy. El llamado plan especial de Naval Gijón ha suscitado muchas opiniones encontradas. El colectivo vecinal de Poniente, directamente afectado por el proyecto, se siente «rehén de promesas de carácter político que harán un daño gratuito e irreparable».
Por lo pronto, «no se aborda el tema de la singularidad y tipología edificativa, que tanto se anuncia para otros planes, como el del soterramiento de la barrera ferroviaria», echan en falta los vecinos. Y denuncian: «Amontonan tres edificios barco en línea con los existentes, sacrificando el anhelado concepto de permeabilidad e impidiendo a los viandantes visualizar el litoral». En cuanto a las edificaciones que aparecen en la documentación oficial con forma de «U», sugieren usos «acordes con el disfrute cultural y con el ocio sano».
Con estas premisas como punto de partida, la asociación vecinal de Poniente solicita que se retire el plan de Naval Gijón del proceso de aprobación del PGO. «El plan carece de un documento de análisis y diagnóstico de la zona que sirva de soporte a una evaluación estratégica previa», argumenta «Pando» en sus alegaciones. Desde el punto de vista medioambiental, el colectivo entiende que «se debería realizar una declaración de la zona de los nuevos edificios barco como ambientalmente protegida», para evitar en el barrio la instalación de locales de música amplificada.
Por último, se pide contención en las alturas y un diseño arquitectónico vigilado. «No deberíamos ser víctimas de acuerdos llenos de demagogia y vacíos de visión de futuro», recalca la asociación de vecinos, que plantea su propia alternativa al plan de Naval Gijón. A saber: «Dos edificios barco más un edificio de similar altura al otro lado del dique seco, ocupados con viviendas protegidas o libres. Y, en el resto de los espacios edificables, empresas limpias de I+D+i que necesiten ese emplazamiento por su relación con el mar; de no ser así, un auditorio o una zona singular».
viernes, 22 de octubre de 2010
UPyD presenta a sus candidatos a primarias para el Ayuntamiento y el Principado
Unión Progreso y Democracia (UPyD) presentará hoy, en un acto abierto al que pueden acudir afiliados, simpatizantes y ciudadanos en general, sus candidatos a las primarias para el Ayuntamiento de Gijón y el Principado, Armando Fernández Bartolomé e Ignacio Orendes, respectivamente. Será a las 19.00 horas en la sede de la formación política, en la calle Donato Argüelles, número 9, entresuelo B.
Lne.es » Gijón El Colectivo de Vega ve en la propuesta municipal una «arbitrariedad manifiesta»
La entidad asegura que el concejo tiene ahora capacidad para 24.900 viviendas, sin necesidad de nuevos desarrollos
M. SUÁREZ
La zona rural no cuenta con alcanzar las 3.000 alegaciones presentadas en la última adaptación del planeamiento urbanístico gijonés, aunque sólo la parroquia de Vega ya ha generado unos 200 recursos. Entre ellos, el del Colectivo en Defensa del Medio Rural, que desbarata las cifras del Ayuntamiento sobre necesidad de vivienda con los mismos números y criterios que aparecen en la documentación oficial.
Según los representantes del Colectivo, implacable con las políticas urbanísticas del municipio, el nuevo Plan General de Ordenación ampara un crecimiento «que sigue la senda contraria a la sostenibilidad». En su opinión, este PGO provocará «un incremento del gasto energético», «la quiebra del comercio de proximidad» y «la reducción del patrimonio común que constituyen los espacios agrícolas periurbanos». Un modelo de ciudad «ajeno a la evolución urbanística europea» y a «la realidad de los hechos».
El gobierno local se ha inclinado por una fórmula intermedia entre las llamadas alternativas 1 y 2, asegurando una expansión residencial que daría respuesta a la necesidad de 21.000 viviendas detectada por el Ayuntamiento. Para el Colectivo en Defensa del Medio Rural se trata de un dato manipulado a conveniencia. Y, en sus alegaciones, hace de nuevo las cuentas. Manteniendo la situación urbanística de la ciudad tal como está -y decantándose, por tanto, por la denominada opción 0-, suman 24.900 hogares. La alternativa elegida por el equipo de gobierno «es de una arbitrariedad manifiesta y, por tanto, sancionada en derecho con la nulidad absoluta», concluye el Colectivo.
En sus 52 folios de alegaciones, reclama al Ayuntamiento que revise su Plan General de Ordenación, adaptándolo «a las necesidades reales de crecimiento y de vivienda». Es la primera de diez peticiones. El Colectivo en Defensa del Medio Rural también exige «una política efectiva en cuanto a la vivienda vacía para ponerla a disposición del mercado inmobiliario» y «una valoración de las propuestas de ordenación sobre el área industrial de Vega (en Mina La Camocha)».
Y sigue: «Que se proceda a una ordenación de los núcleos rurales y del suelo no urbanizable de Vega que respete la delimitación tradicional de los mismos» y a «la eliminación de la reserva de infraestructuras delimitada en la AS-248», que afecta a una docena de casas. El Colectivo también se muestra contrario al vial que conectará Granda con La Camocha por «innecesario» y por «transcurrir su trazado por elementos especialmente sensibles desde el punto de vista geológico». La situación del subsuelo de la parroquia merece una argumentación minuciosa, al considerar que el PGO no recoge el verdadero alcance del riesgo geológico que diversas instituciones atribuyen a la zona de Vega-La Camocha.
M. SUÁREZ
La zona rural no cuenta con alcanzar las 3.000 alegaciones presentadas en la última adaptación del planeamiento urbanístico gijonés, aunque sólo la parroquia de Vega ya ha generado unos 200 recursos. Entre ellos, el del Colectivo en Defensa del Medio Rural, que desbarata las cifras del Ayuntamiento sobre necesidad de vivienda con los mismos números y criterios que aparecen en la documentación oficial.
Según los representantes del Colectivo, implacable con las políticas urbanísticas del municipio, el nuevo Plan General de Ordenación ampara un crecimiento «que sigue la senda contraria a la sostenibilidad». En su opinión, este PGO provocará «un incremento del gasto energético», «la quiebra del comercio de proximidad» y «la reducción del patrimonio común que constituyen los espacios agrícolas periurbanos». Un modelo de ciudad «ajeno a la evolución urbanística europea» y a «la realidad de los hechos».
El gobierno local se ha inclinado por una fórmula intermedia entre las llamadas alternativas 1 y 2, asegurando una expansión residencial que daría respuesta a la necesidad de 21.000 viviendas detectada por el Ayuntamiento. Para el Colectivo en Defensa del Medio Rural se trata de un dato manipulado a conveniencia. Y, en sus alegaciones, hace de nuevo las cuentas. Manteniendo la situación urbanística de la ciudad tal como está -y decantándose, por tanto, por la denominada opción 0-, suman 24.900 hogares. La alternativa elegida por el equipo de gobierno «es de una arbitrariedad manifiesta y, por tanto, sancionada en derecho con la nulidad absoluta», concluye el Colectivo.
En sus 52 folios de alegaciones, reclama al Ayuntamiento que revise su Plan General de Ordenación, adaptándolo «a las necesidades reales de crecimiento y de vivienda». Es la primera de diez peticiones. El Colectivo en Defensa del Medio Rural también exige «una política efectiva en cuanto a la vivienda vacía para ponerla a disposición del mercado inmobiliario» y «una valoración de las propuestas de ordenación sobre el área industrial de Vega (en Mina La Camocha)».
Y sigue: «Que se proceda a una ordenación de los núcleos rurales y del suelo no urbanizable de Vega que respete la delimitación tradicional de los mismos» y a «la eliminación de la reserva de infraestructuras delimitada en la AS-248», que afecta a una docena de casas. El Colectivo también se muestra contrario al vial que conectará Granda con La Camocha por «innecesario» y por «transcurrir su trazado por elementos especialmente sensibles desde el punto de vista geológico». La situación del subsuelo de la parroquia merece una argumentación minuciosa, al considerar que el PGO no recoge el verdadero alcance del riesgo geológico que diversas instituciones atribuyen a la zona de Vega-La Camocha.
Los vecinos presentan 880 firmas y quince alegaciones contra el vertedero de Azsa
Cenero se carga de razones para evitar que Asturiana de Zinc (Azsa) utilice el vertedero de Carbaínos como depósito de sus residuos de jarofix. Los vecinos de la parroquia presentaron ayer 880 firmas y quince alegaciones, una de ellas de la asociación «Los 16», en contra del proyecto, que prevé desviar hacia la parroquia 562.650 toneladas al año de este compuesto inerte que contiene hierro, calcio, trazas de plomo, cinc, aluminio, sodio, cadmio, cobre y otros materiales. Finalmente, el Principado decidió no prolongar el plazo para presentar recursos pese a la petición de los afectados.
Azsa desveló hace unos meses su intención de utilizar el vertedero de Carbaínos, actualmente gestionado por la sociedad empresarial Ecotierra y destinado al acopio de restos de obra, como un almacén para los residuos industriales que genera su factoría de San Juan de Nieva, en Castrillón. Este anuncio provocó el rechazo inicial del colectivo vecinal, que, no obstante, concertó varias reuniones con representantes de la multinacional y del Ayuntamiento de Gijón para conocer de primera mano el futuro de la cantera. Pese a las explicaciones, la inmensa mayoría ha decidido oponerse al plan, al entender que supone un riesgo para el bienestar y la salud de los habitantes del pueblo.
Las alegaciones piden a la multinacional que «busque unos terrenos más apropiados» para este fin, ya que los vecinos entienden que en esta gran extensión de Carbaínos existen numerosos manantiales, por lo que el material contaminante podría filtrarse hacia los cauces de la zona y desencadenar consecuencias dañinas para la salud. Además, advierten de la inestabilidad de la zona provocada por la continua actividad del vertedero durante años y que «ni siquiera podrían corregir» las labores de cercado y permeabilización anunciadas por Azsa antes de empezar a operar.
Pero los residentes de Cenero van más allá y también han presentado varias alegaciones por «defectos de forma» en la tramitación del plan, ya que el estudio de impacto medioambiental es posterior a la redacción del propio proyecto. Por eso, pedirán que se revisen los criterios para la selección de un vertedero que no para de sumar opositores en la parroquia más extensa del concejo.
Azsa desveló hace unos meses su intención de utilizar el vertedero de Carbaínos, actualmente gestionado por la sociedad empresarial Ecotierra y destinado al acopio de restos de obra, como un almacén para los residuos industriales que genera su factoría de San Juan de Nieva, en Castrillón. Este anuncio provocó el rechazo inicial del colectivo vecinal, que, no obstante, concertó varias reuniones con representantes de la multinacional y del Ayuntamiento de Gijón para conocer de primera mano el futuro de la cantera. Pese a las explicaciones, la inmensa mayoría ha decidido oponerse al plan, al entender que supone un riesgo para el bienestar y la salud de los habitantes del pueblo.
Las alegaciones piden a la multinacional que «busque unos terrenos más apropiados» para este fin, ya que los vecinos entienden que en esta gran extensión de Carbaínos existen numerosos manantiales, por lo que el material contaminante podría filtrarse hacia los cauces de la zona y desencadenar consecuencias dañinas para la salud. Además, advierten de la inestabilidad de la zona provocada por la continua actividad del vertedero durante años y que «ni siquiera podrían corregir» las labores de cercado y permeabilización anunciadas por Azsa antes de empezar a operar.
Pero los residentes de Cenero van más allá y también han presentado varias alegaciones por «defectos de forma» en la tramitación del plan, ya que el estudio de impacto medioambiental es posterior a la redacción del propio proyecto. Por eso, pedirán que se revisen los criterios para la selección de un vertedero que no para de sumar opositores en la parroquia más extensa del concejo.
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