Areces tiene el dedo más largo que Camps

La gestión de la Administración l Un cambio legislativo clave
La reforma de la ley de la Función Pública que impulsa el Principado se asemeja a la de Valencia, pero la supera al incluir en la libre designación a los letrados, además de a los jefes de servicio

 

El «dedo» del Principado compite con el de la Comunidad Valenciana. La reforma de la legislación de la función pública que prepara el Gobierno de Areces permite un uso de la libre designación para el nombramiento de cargos de media dirección -los fundamentales en los procesos de adjudicación de contratos públicos- por encima de lo que lo hace la ley valenciana, cuya reforma impulsó hace unos meses el Ejecutivo del popular Francisco Camps. En ambos casos se acude a la designación «a dedo» de los jefes de servicio, pero en el proyecto del Principado también se incluye en este epígrafe a los letrados, profesionales que no aparecen en el texto de Valencia, donde llegan al cargo mediante oposición.

Varios juristas consultados por este diario han puesto en tela de juicio la constitucionalidad de que se designe «a dedo» a letrados y jefes de servicio, aludiendo a un supuesto ataque contra la independencia del funcionario. Ayer mismo, los portavoces del Conceyu por Otra Función Pública en Asturias, colectivo que impulsó cuatro de las sentencias que ya han reprochado al Principado un uso abusivo de la designación «a dedo», advirtieron de que, en el caso de que el texto legal pase el filtro de la Junta General del Principado, presentarán una denuncia ante el Tribunal Constitucional, por cuanto, a su juicio, se produciría una vulneración del estatuto básico del empleado público.

El colectivo de funcionarios sostiene que la ley aprobada hace escasos meses en Valencia es el modelo del proyecto que ha presentado el Ejecutivo de Álvarez Areces a la Mesa General de la Función Pública, donde fue aprobado con la abstención de los sindicatos Comisiones Obreras (CC OO) y UGT, después de que el Gobierno aceptara la inclusión de algunas peticiones de las centrales. Lo cierto es que, además de presentar coincidencias en aspectos formales y hasta de redacción, ambos textos coinciden en establecer como obligación, y no como opción para casos excepcionales, que un buen número de cargos autonómicos sean elegidos «a dedo».

En concreto, el texto legal aprobado en Valencia, pactado con los principales sindicatos, indica que los puestos de trabajo a cubrir bajo el sistema de libre designación son los de «rango de subdirección general o jefatura de servicio, los puestos de secretaría de altos cargos y los puestos de naturaleza funcionarial que se creen como consecuencia de Acuerdo del Consell y con las características y requisitos que en el mismo se establezcan, pertenecientes a los grupos o subgrupos profesionales A1, A2, B o C1, adscritos y directamente dependientes de las subsecretarías o de las secretarías autonómicas, con funciones de asesoramiento o coordinación y que tengan la denominación de coordinador-asesor».

Desde 2007, y a partir de que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero aprobase el estatuto base del empleo público, han reformado la legislación sobre la función pública varias comunidades.

Según fuentes del Conceyu por Otra Función Pública en Asturias, las comunidades en las que se da mayor manga ancha al Gobierno para la designación «a dedo» de funcionarios son las de Galicia, Valencia y Asturias. Al otro lado de la balanza, en Baleares se llevó a cabo una reforma del marco legal en la que la libre designación se utiliza únicamente para algunos casos excepcionales.

El Gobierno de Álvarez Areces pretende institucionalizar la libre designación de jefes de servicio y de letrados pese a la existencia de sentencias en las que se afea un excesivo uso de este sistema para el nombramiento de funcionarios. Además, se han producido acusaciones que ponen en entredicho el modelo de adjudicación de contratos públicos por parte de la Administración del Principado. Así, expertos, letrados y responsables de colectivos y sindicatos de funcionarios consultados por este diario han abogado por reducir la presencia de empleados públicos de libre designación en este tipo de procesos, para evitar una contaminación política. También se han registrado críticas en algunos informes emitidos por la Sindicatura de Cuentas.

El Principado maquilla su presupuesto para la Universidad con dinero de la Excelencia

El consejero de Educación del Principado, Herminio Sastre, anunció ayer que el Gobierno regional dedicará a la Universidad de Oviedo 143,84 millones de euros de su Presupuesto. Según Sastre, la cifra suponía «un aumento del 4,48 por ciento» respecto a los fondos con los que cuenta la institución docente en 2010, una vez ajustados a mitad de año por la reducción del sueldo de los funcionarios. Antes del ajuste, el presupuesto era de 151,87 millones de euros. Pero desde el punto de vista de la Universidad, ese aumento no es real. Según fuentes de la institución académica, lo que ha hecho el Principado es «maquillar» las cuentas, al incluir en su propuesta 5,38 millones de euros ya asignados al Campus de Excelencia Internacional, además de dinero procedente de los Fondos Mineros.

El anuncio de Sastre pilló a la comunidad universitaria a contrapié y en festivo, por la celebración de Santa Catalina de Alejandría, patrona de la institución académica. A primera hora de la tarde el vicerrector de Planificación Económica, Santiago Álvarez, afirmaba que era necesario «analizar con calma» las diferentes partidas propuestas por el Principado. No obstante, Álvarez sí señaló que en los 143,8 millones del Gobierno regional, «casi 8 pertenecen al Campus de Excelencia y a los fondos mineros».

Además del montante destinado a investigación, la cifra que más preocupa a la Universidad es la destinada a los gastos corrientes. Según los números anunciados por Sastre, la institución académica tendrá que conformarse para su funcionamiento -lo que incluye el pago de nóminas- con 131,4 millones de euros. Otros 5,8 millones se dedicarán a inversiones directas, y 6,65 millones a transferencias de capital.

En el caso del Campus de Excelencia Internacional (CEI), de los 5,38 millones de euros incluidos en el proyecto de presupuestos del Principado 3,91 se destinan a gastos corrientes, y 1,47 millones a transferencias de capital. Para Sastre, «estas previsiones permitirán desarrollar el impulsar los compromisos y objetivos del CEI». Según fuentes de la Universidad, parte de ese dinero corresponde a los 7,5 millones concedidos por el Ministerio junto al Campus de Excelencia, y parte a los 3 millones logrados en la última convocatoria del programa «Innocampus» del Ministerio de Ciencia.

En su discurso de ayer, Gotor afirmó que a la Universidad le toca «vivir un tiempo de asfixia económica que recuerda a décadas pasadas». «Haremos todo lo posible para garantizar el máximo nivel de nuestro servicio con los recursos que se nos asignan», aseguró el rector, «pero quiero dejar claro que aceptar una situación no significa comprenderla, ni compartirla, ni asumirla sin más. Que no sea beligerante no quiere decir que sea sumiso», sentenció después Gotor, «porque a la Universidad se le pide cada día más, pero recibe cada vez menos».

El personal de las escuelas de bebés acepta la oferta municipal y suspende sus protestas

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Gijón, el concejal de Hacienda y Coordinación Administrativa Santiago Martínez Argüelles, deberá enfrentarse a las próximas semanas a un nuevo reto que tiene que ver con las ajustadas cuentas municipales. La asamblea de trabajadores de las escuelas de bebés de la ciudad dio luz verde a la propuesta presentada el miércoles por el gobierno municipal para su integración en la plantilla municipal. La decisión viene impuesta tras una sentencia judicial que les reconoce el amparo a un convenio colectivo que rige el trabajo del resto de empleados municipales.

Los 134 trabajadores de las escuelas infantiles reunidos ayer en el centro municipal de La Arena aprobaron por mayoría el acuerdo para su incorporación gradual como personal laboral del Ayuntamiento, logrando así el nivel 15, con incrementos salariales progresivos en 2011, 2012 y 2013. La propuesta recibió el aval de 73 trabajadores frente a los 40 que apostaban por la ejecución de la sentencia, que contemplaba, además, pago de los atrasos.

La retribución actual de estos trabajadores era de 1.209 euros brutos. A partir del 1 de enero de 2011 pasarán a cobrar 1.547 euros mensuales brutos; 1.614,30 en 2012 y llegarán al nivel máximo a partir del 1 de enero de 2013 cuando comiencen a ingresar 1.682,13 euros.

La valoración de los representantes sindicales de Comisiones Obreras y UGT es positiva, pero con matices. Tras un «vivo debate» y una «dura negociación» se ratificó el acuerdo que «ellos mismos entendieron que era bueno», subrayaron los portavoces sindicales. «No era el límite al que se pretendía llegar pero sí se mejoraron sustancialmente sus retribuciones», manifestaron desde UGT. El acuerdo queda a expensas de que los servicios jurídicos de ambos sindicatos revisen el documento para confirmar que no existe ningún punto de nulidad. «Los trabajadores han dado su voto de confianza al Ayuntamiento», valoraron desde CC OO. No obstante, advierten de que las condiciones económicas «se acercan a lo que se pretendía pero seguiremos vigilantes. Hay una serie de compromisos que al Ayuntamiento le va a costar cumplir».

El rechazo inicial a la oferta del Ayuntamiento llegó acompañado de movilizaciones a principios de esta semana. Tras el acuerdo de ayer se da por suspendida cualquier acción de protesta. El personal de las escuelas infantiles de la ciudad -mayoritariamente mujeres, pues en la asamblea de ayer eran 133 féminas frente a un solo varón-, no verá cumplidas las condiciones salariales que reclamaban desde el principio hasta 2013. La intención inicial era cobrar las mejoras solicitadas a partir del 1 de enero de 2011. «Se ha ratificado lo que los propios trabajadores entendieron que era bueno», concluyeron los representantes sindicales.