La Plataforma de Cabueñes suma apoyos políticos en su impugnación del Plan General
A la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes le salen apoyos en varios frentes políticos y vecinales. Primero, fueron los integrantes de Roces Residencial Sostenible los que refrendaron sus alegaciones al documento de revisión del Plan General de Ordenación (PGO). Luego, los representantes locales de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). Y, ahora, la Unión Nacionalista Asturiana (UNA).
Esta formación política considera que actuaciones como la de Casares-Porceyo o Castiello, derivadas del planeamiento urbanístico que ha sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, «no debieron incluirse» en el documento de revisión, que tachan de «nulo e irregular». Teoría que también defiende la Plataforma de Cabueñes, y así lo hizo público el pasado martes en un encuentro al que asistieron portavoces de UPyD Gijón.
http://www.lne.es/gijon/2010/02/25/plataforma-cabuenes-suma-apoyos-politicos-impugnacion-plan-general/877967.html
jueves, 25 de febrero de 2010
El verdadero pacto educativo
Hay diecisiete sistemas educativos distintos y descoordinados, caros y despilfarradores, que, en algunos casos, ponen en peligro la cohesión nacional con sus absurdos adoctrinamientos y discriminaciones
25.02.2010 - ARMANDO F. BARTOLOMÉCOORDINADOR LOCAL DE UPYD DE GIJÓN Y PROFESOR
Lo pactado obliga y por eso el retoque que nos quieren vender el PSOE y el PP busca más la foto, con cálculos electoralistas, que ir al fondo del asunto. Debaten sobre cuestiones menores, pero sin ir al meollo, porque solucionar de verdad los graves problemas educativos les exigiría tomar decisiones que pondrían en peligro sus propios intereses partidarios. Decisiones radicales porque el fracaso educativo es la expresión más a la vista de una profunda crisis política, institucional y moral de la que ambos partidos son los primeros responsables.
Si quisieran un verdadero pacto educativo, empezarían por una evaluación de lo que ha significado la cesión de competencias a las comunidades autónomas. Daría lo mismo analizar Asturias o Valencia, Cataluña o Andalucía, los resultados escolares revelarían una gran mediocridad si los comparáramos con las expectativas que debería tener España a tenor de su grado de desarrollo y los desafíos a los que se enfrenta en la actualidad. Y en términos de país constatarían una fragmentación en diecisiete sistemas educativos distintos y descoordinados, caros y despilfarradores y que, en algunos casos, ponen en peligro hasta la cohesión nacional con sus absurdos adoctrinamientos y discriminaciones lingüísticas. Aplicando el sentido común, tendrían que concluir, para su pesar y el de sus socios nacionalistas, que el Estado debería recuperar las competencias educativas y acabar con las «diecisiete taifas burocráticas y clientelares» que han ido cebando durante estos últimos años y que tanto nos alejan de un espacio educativo integrado y común para España y Europa...
En segundo lugar, un verdadero pacto les tendría que llevar a 'despolitizar' el debate educativo y evaluar de manera racional, sin demagogias ni prejuicios, el actual mapa educativo español y, especialmente, la doble red de centros financiados con fondos públicos y generada a partir del sistema de conciertos. Posteriormente, tendrían que escuchar a ciudadanos, padres y profesores y establecer con claridad cuál es el nuevo mapa y modelo que, fruto del pacto, se propone a la ciudadanía y a la comunidad educativa para los próximos quince o veinte años teniendo en cuenta el mandato constitucional respecto a la educación, los recursos humanos y materiales existentes, el previsible descenso demográfico, los profundos cambios sociológicos que está viviendo España, el dinero que tenemos y queremos gastar (Ley de Financiación ) y unos objetivos mensurables a los que queremos llegar. En resumen: hacer explícito un plan de gobierno nacional en materia educativa que, desde el realismo y buscando la calidad y la conciliación de legítimos intereses, comprometa a los futuros gobiernos y esté por encima de intereses particulares dando al sistema educativo una estabilidad y cohesión de la que ha carecido en las últimas dos décadas.
Aprovechando la coyuntura, también deberían pactar una revisión de los obsoletos acuerdos con la Iglesia Católica y avanzar significativamente en la definición y concreción de lo que debe ser un Estado laico desde el punto de vista religioso, identitario e ideológico y las consecuencias que ello debe suponer para el sistema educativo público en un escenario social muy plural en lo moral y religioso, y en el que debe resaltarse y potenciarse lo que nos une a todos los ciudadanos españoles.
En tercer lugar, un verdadero pacto les obligaría también a evaluar su gestión de la propia administración publica y, en concreto, de la educativa. Gestión caracterizada por el desgobierno, la falta de profesionalidad, la descoordinación, el poner las instituciones al servicio de los intereses partidarios y la pasividad para planificar y tomar las medidas adecuadas para su modernización (evaluación externa, productividad, eficacia y eficiencia, etcétera) saltando por encima de privilegios e intereses corporativos y clientelares. El desastre de la planificación universitaria, con casi un campus por provincia, sería el ejemplo paradigmático de todo lo descrito. O, sin salir de casa, el caótico panorama actual asturiano con la chapuza de la carrera profesional o el ninguneo de las justas reivindicaciones de los trabajadores de la enseñanza concertada... Un verdadero pacto educativo debe edificarse sobre los cimientos de profundas reformas en la gestión. Cualquier defensa progresista de la enseñanza pública debería ineludiblemente empezar por aquí...
Y, en cuarto lugar, un pacto verdadero exigiría a estos partidos una apuesta decidida por la regeneración democrática, por la regeneración moral, por el buen ejemplo, que es lo más importante para la educación de la ciudadanía. Ambos partidos hablan de equidad y mantienen una Ley Electoral injusta; hablan de veracidad y ponen las televisiones públicas a su servicio; hablan de honradez y están plagados de corrupción; hablan de independencia y copan los consejos de administración de empresas públicas, semipúblicas y cajas de ahorros; hablan de excelencia y medran dentro de sus filas los más obedientes y mediocres; hablan de austeridad y malgastan el dinero de todos en propaganda; hablan de diálogo y son incapaces de llegar a acuerdos que nos beneficien a la mayoría. Educar es, sobre todo, dar buen ejemplo; hablar menos y hacer más. Como dijo Aristóteles: «Un Estado es gobernado mejor por un hombre bueno que por unas buenas leyes».
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100225/opinionarticulos/verdadero-pacto-educativo-20100225.html
25.02.2010 - ARMANDO F. BARTOLOMÉCOORDINADOR LOCAL DE UPYD DE GIJÓN Y PROFESOR
Lo pactado obliga y por eso el retoque que nos quieren vender el PSOE y el PP busca más la foto, con cálculos electoralistas, que ir al fondo del asunto. Debaten sobre cuestiones menores, pero sin ir al meollo, porque solucionar de verdad los graves problemas educativos les exigiría tomar decisiones que pondrían en peligro sus propios intereses partidarios. Decisiones radicales porque el fracaso educativo es la expresión más a la vista de una profunda crisis política, institucional y moral de la que ambos partidos son los primeros responsables.
Si quisieran un verdadero pacto educativo, empezarían por una evaluación de lo que ha significado la cesión de competencias a las comunidades autónomas. Daría lo mismo analizar Asturias o Valencia, Cataluña o Andalucía, los resultados escolares revelarían una gran mediocridad si los comparáramos con las expectativas que debería tener España a tenor de su grado de desarrollo y los desafíos a los que se enfrenta en la actualidad. Y en términos de país constatarían una fragmentación en diecisiete sistemas educativos distintos y descoordinados, caros y despilfarradores y que, en algunos casos, ponen en peligro hasta la cohesión nacional con sus absurdos adoctrinamientos y discriminaciones lingüísticas. Aplicando el sentido común, tendrían que concluir, para su pesar y el de sus socios nacionalistas, que el Estado debería recuperar las competencias educativas y acabar con las «diecisiete taifas burocráticas y clientelares» que han ido cebando durante estos últimos años y que tanto nos alejan de un espacio educativo integrado y común para España y Europa...
En segundo lugar, un verdadero pacto les tendría que llevar a 'despolitizar' el debate educativo y evaluar de manera racional, sin demagogias ni prejuicios, el actual mapa educativo español y, especialmente, la doble red de centros financiados con fondos públicos y generada a partir del sistema de conciertos. Posteriormente, tendrían que escuchar a ciudadanos, padres y profesores y establecer con claridad cuál es el nuevo mapa y modelo que, fruto del pacto, se propone a la ciudadanía y a la comunidad educativa para los próximos quince o veinte años teniendo en cuenta el mandato constitucional respecto a la educación, los recursos humanos y materiales existentes, el previsible descenso demográfico, los profundos cambios sociológicos que está viviendo España, el dinero que tenemos y queremos gastar (Ley de Financiación ) y unos objetivos mensurables a los que queremos llegar. En resumen: hacer explícito un plan de gobierno nacional en materia educativa que, desde el realismo y buscando la calidad y la conciliación de legítimos intereses, comprometa a los futuros gobiernos y esté por encima de intereses particulares dando al sistema educativo una estabilidad y cohesión de la que ha carecido en las últimas dos décadas.
Aprovechando la coyuntura, también deberían pactar una revisión de los obsoletos acuerdos con la Iglesia Católica y avanzar significativamente en la definición y concreción de lo que debe ser un Estado laico desde el punto de vista religioso, identitario e ideológico y las consecuencias que ello debe suponer para el sistema educativo público en un escenario social muy plural en lo moral y religioso, y en el que debe resaltarse y potenciarse lo que nos une a todos los ciudadanos españoles.
En tercer lugar, un verdadero pacto les obligaría también a evaluar su gestión de la propia administración publica y, en concreto, de la educativa. Gestión caracterizada por el desgobierno, la falta de profesionalidad, la descoordinación, el poner las instituciones al servicio de los intereses partidarios y la pasividad para planificar y tomar las medidas adecuadas para su modernización (evaluación externa, productividad, eficacia y eficiencia, etcétera) saltando por encima de privilegios e intereses corporativos y clientelares. El desastre de la planificación universitaria, con casi un campus por provincia, sería el ejemplo paradigmático de todo lo descrito. O, sin salir de casa, el caótico panorama actual asturiano con la chapuza de la carrera profesional o el ninguneo de las justas reivindicaciones de los trabajadores de la enseñanza concertada... Un verdadero pacto educativo debe edificarse sobre los cimientos de profundas reformas en la gestión. Cualquier defensa progresista de la enseñanza pública debería ineludiblemente empezar por aquí...
Y, en cuarto lugar, un pacto verdadero exigiría a estos partidos una apuesta decidida por la regeneración democrática, por la regeneración moral, por el buen ejemplo, que es lo más importante para la educación de la ciudadanía. Ambos partidos hablan de equidad y mantienen una Ley Electoral injusta; hablan de veracidad y ponen las televisiones públicas a su servicio; hablan de honradez y están plagados de corrupción; hablan de independencia y copan los consejos de administración de empresas públicas, semipúblicas y cajas de ahorros; hablan de excelencia y medran dentro de sus filas los más obedientes y mediocres; hablan de austeridad y malgastan el dinero de todos en propaganda; hablan de diálogo y son incapaces de llegar a acuerdos que nos beneficien a la mayoría. Educar es, sobre todo, dar buen ejemplo; hablar menos y hacer más. Como dijo Aristóteles: «Un Estado es gobernado mejor por un hombre bueno que por unas buenas leyes».
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100225/opinionarticulos/verdadero-pacto-educativo-20100225.html
miércoles, 24 de febrero de 2010
UPyD pide explicaciones al equipo de gobierno
La formación política Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha pedido al equipo de gobierno que aclare por qué ha incluido en la alternativa cero, basada en el plan Rañada, bolsas edificables correspondientes al plan Teixidor. En opinión de UPyD los responsables municipales deben dar explicaciones de esta inclusión porque, de no hacerlo, se trataría de una "gravísima disfunción en la labor de las instituciones públicas". Para esta formación, el documento de prioridades presentado por el ayuntamiento no se ajusta a la realidad y parece "querer satisfacer intereses particulares de quienes se arrogan derechos edificatorios.
http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=543868
http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=543868
El coste de funcionamiento de la Ciudad de la Cultura supera el millón de euros al año
Más de un millón de euros. Ése es el coste de funcionamiento anual de la Ciudad de la Cultura, y desde ahora Recrea (la empresa pública que gestiona las infraestructuras culturales, turísticas y deportivas del Principado) tiene la encomienda de la Consejería de Cultura de repercutir esos gastos en todos los inquilinos de la Laboral. O sea, que a partir de este año ya no serán las arcas de una sola Consejería las que soporten el gasto de luz, agua, vigilancia, limpieza, jardinería, mantenimiento... y otras partidas comunes que se generan en la Laboral.
La Universidad de Oviedo (cuya Escuela Jovellanos tiene sede en el complejo monumental), la Consejería de Educación (con su centro de FP, el Conservatorio y la Escuela de Arte Dramático-ESAD), la empresa Thyssen, la Fundación Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, el entre público de Radio y Televisión del Principado (RTPA) y sociedades públicas como Serpa, además de la propia Recrea, deberán correr con todos esos gastos.
Las notificaciones de esas tasas han llegado este mes a todos los ocupantes de la Ciudad de la Cultura y eso ha hecho que la «comunidad de inquilinos» ande revuelta. Principalmente porque todas las magnitudes de la Laboral acaban por ser apabullantes. De ahí que los portavoces universitarios o miembros de la comunidad del centro de FP hayan demostrado su impresión cuando desde Recrea se les pasó el apercibimiento de que deberán hacer frente a una factura anual de casi 260.000 euros en el primer caso, y más de 240.000 en el segundo. Cifras que superan, con mucho, los propios presupuestos de cada entidad. Por eso ahora es la Universidad y la Consejería de Educación quienes tienen sobre sus mesas las correspondientes facturas, sobre las que previsiblemente habrá un intento de negociación a la baja.
Alejandro Calvo, director gerente de Recrea, explicó ayer que desde que se comenzó a dar forma a la Ciudad de la Cultura se planteó la fórmula de explotación «como un gran centro de empresas o una comunidad de inquilinos» en la que cada institución, pública o privada, se hiciera cargo de sus gastos corrientes y de una parte proporcional de los comunes. «Hasta ahora se entendía que la Laboral estaba en fase de obras y puesta en marcha, pero a partir de ahora podríamos decir que da comienzo su vida útil y un modelo de gestión que hasta ahora no se había aplicado», explicó Calvo.
Pese al impacto que las facturas pueden estar suponiendo en algunos de esos inquilinos, Calvo sostiene que en ningún caso se les puede atribuir el concepto de «alquiler». «Lo que deberá abonar cada uno se corresponde, exclusivamente, a los consumos directos e indirectos. Los directos son la luz, el gas o el agua, que son muy importantes, y los indirectos tienen que ver con la limpieza, la jardinería, la vigilancia, mantenimiento de «parkings»... Recrea, por ejemplo, costea en exclusiva todo lo que tiene que ver con los usos turísticos», expuso Alejandro Calvo. El gerente de Recrea indicó que la sociedad que dirige «no sólo es el administrador del edificio, sino que también somos inquilinos ya que todos los gastos y consumos derivados del teatro, el paraninfo, la cafetería, o las oficinas corren por cuenta nuestra». Lo que les convierte, de hecho, en uno de los inquilinos fuertes de la Ciudad de la Cultura, junto con el centro de FP, la Universidad, el Centro de Arte y la RTPA, por la cantidad de metros cuadrados en los que se maneja cada uno de ellos.
El gerente de Recrea desmiente los recelos que han surgido entre algunos de los ocupantes de la Ciudad de la Cultura, que ponen en cuestión que haya distribución a partes iguales de los consumos eléctricos, por ejemplo, teniendo en cuenta que no gasta lo mismo una entidad como la RTPA que un centro universitario. «La Laboral tienen un centro de control totalmente informatizado, en la cripta, bajo la iglesia, que nos permite saber con exactitud los consumos de cada zona del edificio. Esas notificaciones, escrupulosas, se harán llegar puntualmente a cada miembro de la Ciudad de la Cultura y cada uno pagará sólo en función de su gasto», explicó Alejandro Calvo.
En el caso de la Universidad, el gerente de Recrea aseguró que de los casi 260.000 euros que se les han notificado en concepto de gastos, «más de 80.000 son del consumo eléctrico de 2009; se ajusta a la realidad absolutamente». Fuentes del Rectorado aseguraron ayer que desde que la Escuela Jovellanos se trasladó en 2007 a la Laboral, la institución académica viene asumiendo los gastos corrientes del centro. La Secretaría General de la Universidad está estudiando la «factura» de Recrea y la cuestión se abordará hoy mismo en el Consejo Rectoral.
El gerente de Recrea afirma, no obstante, que en todos los casos el 80% de las facturas emitidas se corresponde con consumos directos y sólo una parte menor son los servicios complementarios de la Laboral. «La suspicacia o la desconfianza es difícil de entender, ya que nosotros somos empresa pública y sólo gestionamos. En nuestro objeto social no cabe buscar beneficio económico, sólo tenemos que administrar bien lo que hay y garantizar el mantenimiento de las instalaciones», zanjó Calvo.
http://www.lne.es/gijon/2010/02/24/coste-funcionamiento-ciudad-cultura-supera-millon-euros-ano/877462.html
La Universidad de Oviedo (cuya Escuela Jovellanos tiene sede en el complejo monumental), la Consejería de Educación (con su centro de FP, el Conservatorio y la Escuela de Arte Dramático-ESAD), la empresa Thyssen, la Fundación Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, el entre público de Radio y Televisión del Principado (RTPA) y sociedades públicas como Serpa, además de la propia Recrea, deberán correr con todos esos gastos.
Las notificaciones de esas tasas han llegado este mes a todos los ocupantes de la Ciudad de la Cultura y eso ha hecho que la «comunidad de inquilinos» ande revuelta. Principalmente porque todas las magnitudes de la Laboral acaban por ser apabullantes. De ahí que los portavoces universitarios o miembros de la comunidad del centro de FP hayan demostrado su impresión cuando desde Recrea se les pasó el apercibimiento de que deberán hacer frente a una factura anual de casi 260.000 euros en el primer caso, y más de 240.000 en el segundo. Cifras que superan, con mucho, los propios presupuestos de cada entidad. Por eso ahora es la Universidad y la Consejería de Educación quienes tienen sobre sus mesas las correspondientes facturas, sobre las que previsiblemente habrá un intento de negociación a la baja.
Alejandro Calvo, director gerente de Recrea, explicó ayer que desde que se comenzó a dar forma a la Ciudad de la Cultura se planteó la fórmula de explotación «como un gran centro de empresas o una comunidad de inquilinos» en la que cada institución, pública o privada, se hiciera cargo de sus gastos corrientes y de una parte proporcional de los comunes. «Hasta ahora se entendía que la Laboral estaba en fase de obras y puesta en marcha, pero a partir de ahora podríamos decir que da comienzo su vida útil y un modelo de gestión que hasta ahora no se había aplicado», explicó Calvo.
Pese al impacto que las facturas pueden estar suponiendo en algunos de esos inquilinos, Calvo sostiene que en ningún caso se les puede atribuir el concepto de «alquiler». «Lo que deberá abonar cada uno se corresponde, exclusivamente, a los consumos directos e indirectos. Los directos son la luz, el gas o el agua, que son muy importantes, y los indirectos tienen que ver con la limpieza, la jardinería, la vigilancia, mantenimiento de «parkings»... Recrea, por ejemplo, costea en exclusiva todo lo que tiene que ver con los usos turísticos», expuso Alejandro Calvo. El gerente de Recrea indicó que la sociedad que dirige «no sólo es el administrador del edificio, sino que también somos inquilinos ya que todos los gastos y consumos derivados del teatro, el paraninfo, la cafetería, o las oficinas corren por cuenta nuestra». Lo que les convierte, de hecho, en uno de los inquilinos fuertes de la Ciudad de la Cultura, junto con el centro de FP, la Universidad, el Centro de Arte y la RTPA, por la cantidad de metros cuadrados en los que se maneja cada uno de ellos.
El gerente de Recrea desmiente los recelos que han surgido entre algunos de los ocupantes de la Ciudad de la Cultura, que ponen en cuestión que haya distribución a partes iguales de los consumos eléctricos, por ejemplo, teniendo en cuenta que no gasta lo mismo una entidad como la RTPA que un centro universitario. «La Laboral tienen un centro de control totalmente informatizado, en la cripta, bajo la iglesia, que nos permite saber con exactitud los consumos de cada zona del edificio. Esas notificaciones, escrupulosas, se harán llegar puntualmente a cada miembro de la Ciudad de la Cultura y cada uno pagará sólo en función de su gasto», explicó Alejandro Calvo.
En el caso de la Universidad, el gerente de Recrea aseguró que de los casi 260.000 euros que se les han notificado en concepto de gastos, «más de 80.000 son del consumo eléctrico de 2009; se ajusta a la realidad absolutamente». Fuentes del Rectorado aseguraron ayer que desde que la Escuela Jovellanos se trasladó en 2007 a la Laboral, la institución académica viene asumiendo los gastos corrientes del centro. La Secretaría General de la Universidad está estudiando la «factura» de Recrea y la cuestión se abordará hoy mismo en el Consejo Rectoral.
El gerente de Recrea afirma, no obstante, que en todos los casos el 80% de las facturas emitidas se corresponde con consumos directos y sólo una parte menor son los servicios complementarios de la Laboral. «La suspicacia o la desconfianza es difícil de entender, ya que nosotros somos empresa pública y sólo gestionamos. En nuestro objeto social no cabe buscar beneficio económico, sólo tenemos que administrar bien lo que hay y garantizar el mantenimiento de las instalaciones», zanjó Calvo.
http://www.lne.es/gijon/2010/02/24/coste-funcionamiento-ciudad-cultura-supera-millon-euros-ano/877462.html
La Plataforma de Cabueñes impugna el documento de revisión del PGO «por nulo»
El documento de prioridades en el que se basa la revisión del Plan General de Ordenación (PGO) «es nulo de pleno derecho». Así lo aseguran los miembros de la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes en «una alegación con carácter de impugnación» que el pasado viernes enviaban por correo al Ayuntamiento. Se amparan en el artículo 18 de la ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
Dicha ley considera la llamada alternativa 0, que debe tenerse en cuenta en la tramitación de todo PGO, como «la no realización» de ese planeamiento urbanístico. Lo que, en el caso de Gijón, supondría retrotraerse al plan de 1998, redactado por Ramón Fernández-Rañada. Pero en el documento de prioridades presentado por el equipo de gobierno municipal, «la alternativa 0 incorpora desarrollos derivados del plan Teixidor de 2007», reprueba la Plataforma de Cabueñes.
Sobre el diseño urbanístico que firma Luis Felipe Alonso Teixidor pesan 36 sentencias desfavorables del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Precisamente es el motivo de que el Ayuntamiento se haya puesto a revisar su PGO. Y, según la Plataforma de Cabueñes, «ante una tramitación independiente, una gestación independiente». Esto es, «deberían redactar un nuevo documento y no repetir el plan Teixidor como lo están haciendo, sin el más mínimo rubor».
El gobierno local plantea, como punto de partida para la revisión del PGO, tres posibilidades urbanísticas. La alternativa 0 representa un crecimiento de 10.700 viviendas e incluye operaciones como la de Casares-Porceyo o Castiello de Bernueces, surgidas de la reordenación urbanística que trazó Alonso Teixidor y que ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia. Para los vecinos de Cabueñes, esta opción «no es válida», convirtiendo en «ilegal» todo el procedimiento.
La revisión del Plan General se iniciaba el 2 de enero con un período de información pública que sometía a debate otras dos alternativas. La 1 conlleva una expansión residencial de 17.200 pisos. La 2 amplía esta cifra a 24.200. Ambas incluyen el proyecto, también heredado del plan Teixidor, de construir 600 viviendas en Cabueñes.
http://www.lne.es/gijon/2010/02/24/plataforma-cabuenes-impugna-documento-revision-pgo-nulo/877470.html
Los vecinos acusan al Ayuntamiento de «manipular» los datos demográficos y de vivienda
Lo que ayer presentó la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes es su vigésima alegación al documento de prioridades del PGO. El colectivo la ha remitido al Ayuntamiento de forma independiente a las otras diecinueve, entendiendo que por sí sola «debería poner fin al expediente». Además de en la ley 9/2006, los vecinos se apoyan en un plano donde las actuaciones de Casares y Castiello aparecen marcadas con un asterisco que significa «pendientes de recurso de casación ante el Tribunal Supremo».
El Ayuntamiento interpuso dicho recurso para defenderse de las sentencias anulatorias emitidas contra su planeamiento de 2007. Que así figure en la cartografía oficial prueba, en opinión de la Plataforma, que «lo que se está haciendo es una falsa revisión». O lo que es lo mismo: «Ni se corrigen los problemas detectados por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ni se plantean alternativas reales».
Es más, «se manipulan arbitrariamente los datos del crecimiento demográfico y las necesidades de vivienda», denunciaba ayer la Plataforma de Cabueñes, a través de su presidente, Francisco Díaz-Cadórniga. «Asturias será en 2030 la sexta región más envejecida de la Unión Europea; su población se reducirá en un 6,8 por ciento, especialmente en el segmento entre 20 y 34 años, que es donde están los potenciales compradores de vivienda; los inmigrantes están descendiendo... Y a todo eso se suma que en Gijón hay, actualmente, 19.374 viviendas vacías, el 14,5 por ciento de las existentes», radiografió.
Ayer, la directiva de la Plataforma ponía de manifiesto su malestar tirando a la papelera el documento de prioridades que el Ayuntamiento acaba de someter a información pública. Un acto simbólico que los portavoces vecinales de Cabueñes aprovecharon para dejar clara su postura al respecto: «La alternativa 0 no vale. A partir de ahí, todo lo que se haga será nulo. Y nosotros haremos lo posible para tumbarlo», al margen de los pleitos que ya tienen en marcha contra el plan residencial que afecta a la parroquia.
http://www.lne.es/gijon/2010/02/24/gijon-vecinos-acusan-ayuntamiento-manipular-datos-demograficos-vivienda/877472.html
Dicha ley considera la llamada alternativa 0, que debe tenerse en cuenta en la tramitación de todo PGO, como «la no realización» de ese planeamiento urbanístico. Lo que, en el caso de Gijón, supondría retrotraerse al plan de 1998, redactado por Ramón Fernández-Rañada. Pero en el documento de prioridades presentado por el equipo de gobierno municipal, «la alternativa 0 incorpora desarrollos derivados del plan Teixidor de 2007», reprueba la Plataforma de Cabueñes.
Sobre el diseño urbanístico que firma Luis Felipe Alonso Teixidor pesan 36 sentencias desfavorables del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Precisamente es el motivo de que el Ayuntamiento se haya puesto a revisar su PGO. Y, según la Plataforma de Cabueñes, «ante una tramitación independiente, una gestación independiente». Esto es, «deberían redactar un nuevo documento y no repetir el plan Teixidor como lo están haciendo, sin el más mínimo rubor».
El gobierno local plantea, como punto de partida para la revisión del PGO, tres posibilidades urbanísticas. La alternativa 0 representa un crecimiento de 10.700 viviendas e incluye operaciones como la de Casares-Porceyo o Castiello de Bernueces, surgidas de la reordenación urbanística que trazó Alonso Teixidor y que ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia. Para los vecinos de Cabueñes, esta opción «no es válida», convirtiendo en «ilegal» todo el procedimiento.
La revisión del Plan General se iniciaba el 2 de enero con un período de información pública que sometía a debate otras dos alternativas. La 1 conlleva una expansión residencial de 17.200 pisos. La 2 amplía esta cifra a 24.200. Ambas incluyen el proyecto, también heredado del plan Teixidor, de construir 600 viviendas en Cabueñes.
http://www.lne.es/gijon/2010/02/24/plataforma-cabuenes-impugna-documento-revision-pgo-nulo/877470.html
Los vecinos acusan al Ayuntamiento de «manipular» los datos demográficos y de vivienda
Lo que ayer presentó la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes es su vigésima alegación al documento de prioridades del PGO. El colectivo la ha remitido al Ayuntamiento de forma independiente a las otras diecinueve, entendiendo que por sí sola «debería poner fin al expediente». Además de en la ley 9/2006, los vecinos se apoyan en un plano donde las actuaciones de Casares y Castiello aparecen marcadas con un asterisco que significa «pendientes de recurso de casación ante el Tribunal Supremo».
El Ayuntamiento interpuso dicho recurso para defenderse de las sentencias anulatorias emitidas contra su planeamiento de 2007. Que así figure en la cartografía oficial prueba, en opinión de la Plataforma, que «lo que se está haciendo es una falsa revisión». O lo que es lo mismo: «Ni se corrigen los problemas detectados por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ni se plantean alternativas reales».
Es más, «se manipulan arbitrariamente los datos del crecimiento demográfico y las necesidades de vivienda», denunciaba ayer la Plataforma de Cabueñes, a través de su presidente, Francisco Díaz-Cadórniga. «Asturias será en 2030 la sexta región más envejecida de la Unión Europea; su población se reducirá en un 6,8 por ciento, especialmente en el segmento entre 20 y 34 años, que es donde están los potenciales compradores de vivienda; los inmigrantes están descendiendo... Y a todo eso se suma que en Gijón hay, actualmente, 19.374 viviendas vacías, el 14,5 por ciento de las existentes», radiografió.
Ayer, la directiva de la Plataforma ponía de manifiesto su malestar tirando a la papelera el documento de prioridades que el Ayuntamiento acaba de someter a información pública. Un acto simbólico que los portavoces vecinales de Cabueñes aprovecharon para dejar clara su postura al respecto: «La alternativa 0 no vale. A partir de ahí, todo lo que se haga será nulo. Y nosotros haremos lo posible para tumbarlo», al margen de los pleitos que ya tienen en marcha contra el plan residencial que afecta a la parroquia.
http://www.lne.es/gijon/2010/02/24/gijon-vecinos-acusan-ayuntamiento-manipular-datos-demograficos-vivienda/877472.html
UPyD Asturias apoya las reivindicaciones de los trabajadores de la enseñanza concertada
UPyD Asturias apoya las reivindicaciones de la concertada y acusa al Gobierno Regional de total despreocupación por los problemas de la educación en Asturias
UPyD Asturias
24 de febrero de 2010
El Consejero Riopedre y el Gobierno Areces han conseguido poner en su contra a todos los colectivos de la educación asturiana.
El rechazo a la negociación es una muestra más de la total despreocupación del Gobierno del Presidente Areces por los problemas que acucian a la educación asturiana.
Con motivo de la nueva jornada de huelga y manifestación convocada para hoy por representantes de los trabajadores de la educación concertada, UPyD Asturias quiere mostrar su apoyo a las organizaciones convocantes y comparte las críticas vertidas sobre la actitud del Consejero de Educación.
La frontal oposición del Consejero Riopedre a llevar a cabo una negociación con los representantes de la enseñanza concertada es una muestra más de la total despreocupación del Gobierno del Presidente Areces por los problemas que acucian a la educación asturiana. La actitud del Consejero es un claro ninguneo a los padres de alumnos y a los trabajadores de la educación concertada.
Humberto Rodríguez Solla, Coordinador Territorial, ha declarado que “el Consejero Riopedre y el Gobierno Areces han conseguido poner en su contra a todos los colectivos de la educación asturiana, padres de alumnos, enseñanza pública y enseñanza concertada. Las reivindicaciones de los sindicatos son razonables en especial la solicitud de aumento de plazas docentes para la enseñanza concertada.”
UPyD Asturias
24 de febrero de 2010
El Consejero Riopedre y el Gobierno Areces han conseguido poner en su contra a todos los colectivos de la educación asturiana.
El rechazo a la negociación es una muestra más de la total despreocupación del Gobierno del Presidente Areces por los problemas que acucian a la educación asturiana.
Con motivo de la nueva jornada de huelga y manifestación convocada para hoy por representantes de los trabajadores de la educación concertada, UPyD Asturias quiere mostrar su apoyo a las organizaciones convocantes y comparte las críticas vertidas sobre la actitud del Consejero de Educación.
La frontal oposición del Consejero Riopedre a llevar a cabo una negociación con los representantes de la enseñanza concertada es una muestra más de la total despreocupación del Gobierno del Presidente Areces por los problemas que acucian a la educación asturiana. La actitud del Consejero es un claro ninguneo a los padres de alumnos y a los trabajadores de la educación concertada.
Humberto Rodríguez Solla, Coordinador Territorial, ha declarado que “el Consejero Riopedre y el Gobierno Areces han conseguido poner en su contra a todos los colectivos de la educación asturiana, padres de alumnos, enseñanza pública y enseñanza concertada. Las reivindicaciones de los sindicatos son razonables en especial la solicitud de aumento de plazas docentes para la enseñanza concertada.”
UPyD-Gijón apoya los fundados posicionamientos de los vecinos de Cabueñes
UPyD-Gijón apoya los fundados posicionamientos de los vecinos de Cabueñes en relación al PGOU y alerta de la degeneración democrática que implicaría llevarr adelante un Plan impopular para satisfacer intereses particulare
Que la Alternativa 0, con base en el Plan Rañada de 1998, recoja bolsas edificables pertenecientes al Plan Teixidor redactado con posterioridad, demuestra para UPyD, una gravísima disfunción en la labor de las instituciones públicas.
Las argumentaciones del Ayuntamiento que intentan sostener el PGOU de Gijón solo satisfacen los intereses particulares de quienes se arrogan derechos edificatorios que en ningún caso existen.
23 de febrero de 2010.- Ante los detalles desvelados esta mañana por los miembros de la Plataforma Ciudadana Contra el Muro de Cabueñes en la comparecencia ante los medios UPyD; Gijón exige al equipo de Gobierno en el Ayuntamiento que aclare el porqué en la Alternativa 0, recogida en la supuesta revisión del Plan General y basada en el Plan Rañada de 1998, se incluyen bolsas edificables que se corresponden al Plan Teixidor diseñado en el año 2007. De no dar explicaciones convincentes estaríamos ante una gravísima disfunción en la labor de las instituciones públicas y en una degeneración de la convivencia democrática .
UPyD-Gijón cree que, una vez finalizado el plazo para la presentación de alegaciones, corremos el riesgo fundado de que el Ayuntamiento quiera hacer comulgar con ruedas de molino a los ciudadanos cuando presenta tres alternativas de Ordenación Urbana que se resumen en querer sacar adelante un Plan como el diseñado por Teixidor que acumula 23 sentencias en contra. Ni las previsiones de aumento de población, ni el modelo de ciudad compacta defendido por el Concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, se ajustan a la realidad ni dan respuesta al modelo de ciudad que quieren los vecinos de Gijón. Sí parecen, por contra, querer satisfacer los intereses particulares de quienes se arrogan derechos edificatorios que en ningún caso existen lo que, insistimos, sería una muestra inequívoca de degeneración democrática.
Comité Electoral de UPyD en Gijón.
http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=543868
Que la Alternativa 0, con base en el Plan Rañada de 1998, recoja bolsas edificables pertenecientes al Plan Teixidor redactado con posterioridad, demuestra para UPyD, una gravísima disfunción en la labor de las instituciones públicas.
Las argumentaciones del Ayuntamiento que intentan sostener el PGOU de Gijón solo satisfacen los intereses particulares de quienes se arrogan derechos edificatorios que en ningún caso existen.
23 de febrero de 2010.- Ante los detalles desvelados esta mañana por los miembros de la Plataforma Ciudadana Contra el Muro de Cabueñes en la comparecencia ante los medios UPyD; Gijón exige al equipo de Gobierno en el Ayuntamiento que aclare el porqué en la Alternativa 0, recogida en la supuesta revisión del Plan General y basada en el Plan Rañada de 1998, se incluyen bolsas edificables que se corresponden al Plan Teixidor diseñado en el año 2007. De no dar explicaciones convincentes estaríamos ante una gravísima disfunción en la labor de las instituciones públicas y en una degeneración de la convivencia democrática .
UPyD-Gijón cree que, una vez finalizado el plazo para la presentación de alegaciones, corremos el riesgo fundado de que el Ayuntamiento quiera hacer comulgar con ruedas de molino a los ciudadanos cuando presenta tres alternativas de Ordenación Urbana que se resumen en querer sacar adelante un Plan como el diseñado por Teixidor que acumula 23 sentencias en contra. Ni las previsiones de aumento de población, ni el modelo de ciudad compacta defendido por el Concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, se ajustan a la realidad ni dan respuesta al modelo de ciudad que quieren los vecinos de Gijón. Sí parecen, por contra, querer satisfacer los intereses particulares de quienes se arrogan derechos edificatorios que en ningún caso existen lo que, insistimos, sería una muestra inequívoca de degeneración democrática.
Comité Electoral de UPyD en Gijón.
http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=543868
lunes, 22 de febrero de 2010
A favor de la memoria histórica
FÉLIX DE AZÚA
EL PAÍS - Opinión - 20-02-2010
Tener un amigo que, cuando lo necesitas, te presta 1.000 euros para pagar el alquiler es una bendición, pero hay regalos más duraderos que el dinero, aunque no muchos. Uno de ellos es un libro porque sus efectos sobre nuestra vida pueden ser perdurables. Cuando Jorge Vigil me regaló hace una semana el libro de Tony Judt titulado Sobre el olvidado siglo XX no me libró de un casero ocasional, sino del deudor más peligroso: el desánimo.
Llevaba yo una temporada abatido al constatar el escaso número de escritores, periodistas, profesores, en fin, gente responsable, que compartía conmigo una visión tan poco optimista de la España actual, de su vanidoso gobierno y de sus caprichosas autonomías, cuando de pronto me vi arropado por un profesional cuya opinión se respeta en el mundo civilizado. Un alivio.
Tras leer a Judt me pareció entender que no éramos, mis colegas críticos o yo mismo, un cultivo cizañero al que divierte poner a parir el espectáculo gubernamental, un fruto de secano cubierto de espinas que sigue, como en tiempos de Franco, arrastrando su soledad a la manera de un estandarte. Si un producto de regadío tan bien nutrido como Judt decía exactamente lo mismo, aunque referido a objetos de mayor tamaño, cabía la posibilidad de que no estuviéramos del todo equivocados, los incorrectos de esta provincia.
Aunque sea una colección de artículos, algunos ya con una década sobre el título, la poética del libro de Judt, su claro y distinto pensamiento, puede resumirse sucintamente. El "olvidado siglo XX" (así le llama) ha sido uno de los más atroces de la historia de la humanidad. Sus matanzas no pueden compararse, ni en cantidad ni en calidad, a las añejas barbaridades.
La gigantesca nube de horror del Novecientos tiene, además, una característica peculiar. A diferencia de los tiempos antiguos, en el siglo XX se expande y domina una fuerza de choque ideológica que desde el caso Dreyfus se denomina "la intelectualidad", la cual se encarga de justificar todas las salvajadas pretendidamente izquierdistas. De ahí el "olvido" y la buena conciencia.
A comienzos de siglo, tras la primera guerra mundial y la revolución rusa, la parte mayor y mejor de esa intelectualidad europea apoyó lo que se solían llamar "posiciones de izquierda". Y entonces lo eran.
El drama es que a medida que el siglo avanzaba, las "posiciones de izquierda" iban dejando de ser de izquierda y se convertían en mero usufructo de intereses de partido, cuando no económicos y de privilegio. La derecha nunca ha tenido necesidad de justificar sus infamias, no trabaja sobre ideas sino sobre prácticas, pero se suponíaque la izquierda era lo opuesto. En la nueva centuria ya no hay diferencia.
Quienes nos hicimos adultos en la segunda mitad del siglo XX y nos creímos parte integrante de esa izquierda que, según nuestro interesado juicio, recogía lo mejor de cada país, no sólo estábamos siendo conservadores y acomodaticios al no movernos de ahí a lo largo de las décadas, sino que fuimos deshonestos. Eso no quiere decir que no hubiera en la izquierda gente honrada y dispuesta a sacrificarse, muchos hubo y algunos murieron en las cárceles de Franco, pero no eran escritores, ni periodistas, no eran, vaya, "intelectuales".
Y lo que es más curioso, aquellos escritores que en verdad eran de izquierdas tuvieron que soportar los feroces ataques de los "intelectuales de izquierdas" oficiales que entonces, como ahora, apoltronados en sus privilegios, eran enemigos feroces de la verdad. Tal fue el caso de Camus, de Orwell, de Serge, de Koestler, de Kolakowski, que se atrevieron a ir en contra de las órdenes del Partido y de la corrección política. Las calumnias que sobre ellos volcó la izquierda aposentada, descritas por Tony Judt, son nauseabundas.
De ellos habla su libro, pero podría haber hablado de otros cien porque cualquiera que osara ir en contra de la confortable izquierda oficial para denunciar las carnicerías que se estaban produciendo en nombre de la izquierda, era inmediatamente masacrado por los tribunos de la plebe.
Tachados de fascistas, de agentes de la CIA, de criptonazis o de delincuentes comunes, hubieron de soportar casi indefensos los embustes de los ganapanes. Luego los calumniadores se tomaban unas vacaciones en Rumania y regresaban entusiasmados con Ceausescu. En las hemerotecas constan nuestros turistas entusiastas. Lo mismo, en Cuba. Fueron muchos.
La deshonestidad no afectó tan sólo a los crímenes estalinistas, maoístas o castristas. En un capítulo emocionante explica Tony Judt las dificultades que tuvo Primo Levi para que la izquierda italiana tomara en consideración sus libros sobre Auschwitz, comenzando por el arrogante Einaudi. Y cómo hasta los años sesenta, más de 20 años después de escritos sus primeros testimonios sobre el Holocausto, no comenzaron a horrorizarse los izquierdistas. ¡Veinte años en la inopia, la progresía!
La impotencia de tres generaciones de izquierdoides para defender la verdad se acompañó del triunfo de los héroes de la mentira, desde el Sartre envilecido de los últimos años, hasta el chiflado Althusser cuyos delirios devorábamos los monaguillos de la revolución maoísta. Todavía hoy un valedor de la dictadura como Badiou fascina a los periodistas con un libro sobre "el amor romántico", cuando es el sentimentalismo tipo Disney justamente lo propio del kitsch estalinista y nazi, su producto supremo.
Sigue siendo uno de los más dañinos errores de la izquierda no aceptar que entre un nazi negacionista y un estalinista actual no hay diferencia moral, por mucho que el segundo pertenezca al círculo de la tradición cristiana (y haya tanto sacristán comunista) y el primero al de la pagana (y por eso ahí abunda el fanático de la Madre Patria).
Ya es un tópico irritante ese quejido sobre el galimatías de la izquierda, su falta de ideas, su desconcierto. ¿Cómo no va a estar desnortada, o aún mejor, pasmada, si todavía es incapaz de admitir honestamente su propia historia? ¿Si sólo entiende la memoria histórica en forma de publicidad comercial sobre la grandeza moral de sus actuales jefes?
Aún hay gente que dice amar la dictadura cubana "por progresismo" y el actual presidente del Gobierno (uno de los más frívolos que ha ocupado el cargo) se ufana de ello. ¿Saben acaso el daño que producen en quienes todavía ponen ilusión, quizás equivocada, pero idealista, en la palabra "izquierda"? ¿Y cómo puede un partido que alardea de progresista pactar hasta fundirse con castas tan obviamente reaccionarias como las que defienden el soberanismo de los ricos?
Dentro de un lustro no quedará nadie por debajo de los 60 años que se crea una sola palabra de un socialismo fundado sobre tamaña deshonestidad. No es que la izquierda ande desnortada o carente de ideas, es que no existe. Su lugar, el hueco dejado por el difunto, ha sido ocupado por una empresa que compró el logo a bajo precio y ahora vende que para ser de izquierdas basta con decir pestes del PP. ¡Notable abnegación la de estos héroes del progreso! ¡Cómo arriesgan su patrimonio! ¡Qué ejemplo para los jóvenes aplastados por la partitocracia farisaica!
El resultado, como se vio en Francia, es el descrédito de los barones, marqueses y princesas del socialismo. Su inevitable expulsión del poder. Y la destructiva ausencia de ideas en un país que ya soporta el analfabetismo funcional mayor de Europa. Una herencia que enlaza con la eterna tradición española de sumisión al poder llevada con gesto chulo por los sirvientes. Esta vez bajo el disfraz del progreso.
Y mira que sería sencillo que la izquierda recuperara su capacidad para armar las conciencias, inspirar entusiasmo y ofrecer esperanza en una vida más digna que su actual caricatura. Bastaría con decir la verdad y enfrentarse a las consecuencias. ¡Ah, pero son relativistas culturales! Y por lo tanto para ellos la verdad es un efecto mediático.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100220elpepiopi_4&type=Tes&anchor=elpepuopi
EL PAÍS - Opinión - 20-02-2010
Tener un amigo que, cuando lo necesitas, te presta 1.000 euros para pagar el alquiler es una bendición, pero hay regalos más duraderos que el dinero, aunque no muchos. Uno de ellos es un libro porque sus efectos sobre nuestra vida pueden ser perdurables. Cuando Jorge Vigil me regaló hace una semana el libro de Tony Judt titulado Sobre el olvidado siglo XX no me libró de un casero ocasional, sino del deudor más peligroso: el desánimo.
Llevaba yo una temporada abatido al constatar el escaso número de escritores, periodistas, profesores, en fin, gente responsable, que compartía conmigo una visión tan poco optimista de la España actual, de su vanidoso gobierno y de sus caprichosas autonomías, cuando de pronto me vi arropado por un profesional cuya opinión se respeta en el mundo civilizado. Un alivio.
Tras leer a Judt me pareció entender que no éramos, mis colegas críticos o yo mismo, un cultivo cizañero al que divierte poner a parir el espectáculo gubernamental, un fruto de secano cubierto de espinas que sigue, como en tiempos de Franco, arrastrando su soledad a la manera de un estandarte. Si un producto de regadío tan bien nutrido como Judt decía exactamente lo mismo, aunque referido a objetos de mayor tamaño, cabía la posibilidad de que no estuviéramos del todo equivocados, los incorrectos de esta provincia.
Aunque sea una colección de artículos, algunos ya con una década sobre el título, la poética del libro de Judt, su claro y distinto pensamiento, puede resumirse sucintamente. El "olvidado siglo XX" (así le llama) ha sido uno de los más atroces de la historia de la humanidad. Sus matanzas no pueden compararse, ni en cantidad ni en calidad, a las añejas barbaridades.
La gigantesca nube de horror del Novecientos tiene, además, una característica peculiar. A diferencia de los tiempos antiguos, en el siglo XX se expande y domina una fuerza de choque ideológica que desde el caso Dreyfus se denomina "la intelectualidad", la cual se encarga de justificar todas las salvajadas pretendidamente izquierdistas. De ahí el "olvido" y la buena conciencia.
A comienzos de siglo, tras la primera guerra mundial y la revolución rusa, la parte mayor y mejor de esa intelectualidad europea apoyó lo que se solían llamar "posiciones de izquierda". Y entonces lo eran.
El drama es que a medida que el siglo avanzaba, las "posiciones de izquierda" iban dejando de ser de izquierda y se convertían en mero usufructo de intereses de partido, cuando no económicos y de privilegio. La derecha nunca ha tenido necesidad de justificar sus infamias, no trabaja sobre ideas sino sobre prácticas, pero se suponíaque la izquierda era lo opuesto. En la nueva centuria ya no hay diferencia.
Quienes nos hicimos adultos en la segunda mitad del siglo XX y nos creímos parte integrante de esa izquierda que, según nuestro interesado juicio, recogía lo mejor de cada país, no sólo estábamos siendo conservadores y acomodaticios al no movernos de ahí a lo largo de las décadas, sino que fuimos deshonestos. Eso no quiere decir que no hubiera en la izquierda gente honrada y dispuesta a sacrificarse, muchos hubo y algunos murieron en las cárceles de Franco, pero no eran escritores, ni periodistas, no eran, vaya, "intelectuales".
Y lo que es más curioso, aquellos escritores que en verdad eran de izquierdas tuvieron que soportar los feroces ataques de los "intelectuales de izquierdas" oficiales que entonces, como ahora, apoltronados en sus privilegios, eran enemigos feroces de la verdad. Tal fue el caso de Camus, de Orwell, de Serge, de Koestler, de Kolakowski, que se atrevieron a ir en contra de las órdenes del Partido y de la corrección política. Las calumnias que sobre ellos volcó la izquierda aposentada, descritas por Tony Judt, son nauseabundas.
De ellos habla su libro, pero podría haber hablado de otros cien porque cualquiera que osara ir en contra de la confortable izquierda oficial para denunciar las carnicerías que se estaban produciendo en nombre de la izquierda, era inmediatamente masacrado por los tribunos de la plebe.
Tachados de fascistas, de agentes de la CIA, de criptonazis o de delincuentes comunes, hubieron de soportar casi indefensos los embustes de los ganapanes. Luego los calumniadores se tomaban unas vacaciones en Rumania y regresaban entusiasmados con Ceausescu. En las hemerotecas constan nuestros turistas entusiastas. Lo mismo, en Cuba. Fueron muchos.
La deshonestidad no afectó tan sólo a los crímenes estalinistas, maoístas o castristas. En un capítulo emocionante explica Tony Judt las dificultades que tuvo Primo Levi para que la izquierda italiana tomara en consideración sus libros sobre Auschwitz, comenzando por el arrogante Einaudi. Y cómo hasta los años sesenta, más de 20 años después de escritos sus primeros testimonios sobre el Holocausto, no comenzaron a horrorizarse los izquierdistas. ¡Veinte años en la inopia, la progresía!
La impotencia de tres generaciones de izquierdoides para defender la verdad se acompañó del triunfo de los héroes de la mentira, desde el Sartre envilecido de los últimos años, hasta el chiflado Althusser cuyos delirios devorábamos los monaguillos de la revolución maoísta. Todavía hoy un valedor de la dictadura como Badiou fascina a los periodistas con un libro sobre "el amor romántico", cuando es el sentimentalismo tipo Disney justamente lo propio del kitsch estalinista y nazi, su producto supremo.
Sigue siendo uno de los más dañinos errores de la izquierda no aceptar que entre un nazi negacionista y un estalinista actual no hay diferencia moral, por mucho que el segundo pertenezca al círculo de la tradición cristiana (y haya tanto sacristán comunista) y el primero al de la pagana (y por eso ahí abunda el fanático de la Madre Patria).
Ya es un tópico irritante ese quejido sobre el galimatías de la izquierda, su falta de ideas, su desconcierto. ¿Cómo no va a estar desnortada, o aún mejor, pasmada, si todavía es incapaz de admitir honestamente su propia historia? ¿Si sólo entiende la memoria histórica en forma de publicidad comercial sobre la grandeza moral de sus actuales jefes?
Aún hay gente que dice amar la dictadura cubana "por progresismo" y el actual presidente del Gobierno (uno de los más frívolos que ha ocupado el cargo) se ufana de ello. ¿Saben acaso el daño que producen en quienes todavía ponen ilusión, quizás equivocada, pero idealista, en la palabra "izquierda"? ¿Y cómo puede un partido que alardea de progresista pactar hasta fundirse con castas tan obviamente reaccionarias como las que defienden el soberanismo de los ricos?
Dentro de un lustro no quedará nadie por debajo de los 60 años que se crea una sola palabra de un socialismo fundado sobre tamaña deshonestidad. No es que la izquierda ande desnortada o carente de ideas, es que no existe. Su lugar, el hueco dejado por el difunto, ha sido ocupado por una empresa que compró el logo a bajo precio y ahora vende que para ser de izquierdas basta con decir pestes del PP. ¡Notable abnegación la de estos héroes del progreso! ¡Cómo arriesgan su patrimonio! ¡Qué ejemplo para los jóvenes aplastados por la partitocracia farisaica!
El resultado, como se vio en Francia, es el descrédito de los barones, marqueses y princesas del socialismo. Su inevitable expulsión del poder. Y la destructiva ausencia de ideas en un país que ya soporta el analfabetismo funcional mayor de Europa. Una herencia que enlaza con la eterna tradición española de sumisión al poder llevada con gesto chulo por los sirvientes. Esta vez bajo el disfraz del progreso.
Y mira que sería sencillo que la izquierda recuperara su capacidad para armar las conciencias, inspirar entusiasmo y ofrecer esperanza en una vida más digna que su actual caricatura. Bastaría con decir la verdad y enfrentarse a las consecuencias. ¡Ah, pero son relativistas culturales! Y por lo tanto para ellos la verdad es un efecto mediático.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100220elpepiopi_4&type=Tes&anchor=elpepuopi
Claves para un pacto
La empresa que le ha encomendado el presidente del Gobierno al ministro de Educación, Ángel Gabilondo, parece un encaje de bolillos de sensibilidades e ideologías contrapuestas, de reivindicaciones cruzadas, cálculos electorales y convicciones que se pisan, se tocan en algunos puntos y en otros se repelen. Al menos, todos los actores que están empezando a dibujar un posible pacto social y político por la educación (partidos, comunidades autónomas, sindicatos, asociaciones de padres, patronales, etcétera) parecen sentir en la nuca el aliento de un porcentaje muy alto de la población que les reclama que se pongan de acuerdo de una vez. Y, al menos, los principales objetivos están claros: que ese enorme 32% de jóvenes que dejan de estudiar después de la educación obligatoria, buena parte de ellos sin el título más básico, el de la ESO, consiga al menos el bachillerato o una FP de grado medio; y mejorar la calidad de la enseñanza, cuyas carencias quedan en evidencia en pruebas internacionales como la de Pisa (se puede discutir si España está en la media o tiene resultados mediocres, pero lo que ya parece claro es que son insatisfactorios). Éstas serán algunas de las claves de la negociación.
-Libertad de elección. ¿La red de escuelas públicas debe ser la principal? ¿Debe la concertada (privada subvencionada) ser subsidiaria y estar sólo allí donde no llegue la estatal? ¿O debe haber tanta concertada como reclamen los padres? Ésta última es la idea del PP, que reclama más conciertos. Su idea es que si un colegio privado tiene demanda de plazas y solicita un concierto, la administración esté obligada a subvencionarla. Mientras, sindicatos y sectores de izquierda se niegan a pasar por lo que consideran privatizar la educación en detrimento de la escuela pública. Colocan ahí una línea roja que no están dispuestos a pasar. Además, reclaman que la concertada que existe (y tiene una fuerte presencia en comunidades como País Vasco, Cataluña o Madrid) escolarice al porcentaje de alumnos complicados que les correspondería: por ejemplo, atienden al 26% del total del alumnado, pero al 14% de los inmigrantes; mientras en la pública estudian el 67% de todos los estudiantes, pero el 82% de los inmigrantes. Se suele poner este ejemplo, pero no se trata simplemente de los inmigrantes, sino que los sindicatos acusan a la concertada (en general, teniendo en cuenta que hay excepciones) de seleccionar a su alumnado dejando fuera a los más desfavorecidos socioeconomicamente, dejando a la pública las situaciones más difíciles. La concertada niega que estén seleccionando alumnos y asegura que dejaría de cobrar cuotas voluntarias si las subvenciones cubrieran "el coste real" de la educación. Todo el mundo parece estar de acuerdo en que tanto una red como la otra reciban la financiación necesaria, pero el temor de algunos sectores es que crezca la subvención pero no desaparezcan las cuotas.
-Vertebración y política lingüística. ¿Cómo se vertebra el sistema educativo en el Estado de las autonomías? Aquí también hay visiones muy distintas. Para el PP es necesario hacer currículos (contenidos) mucho más parecidos en todas las comunidades como línea general de un discurso que rechaza que haya "17 sistema educativos distintos" en cada una de las 17 comunidades autónomas. Este planteamiento choca con los partidos nacionalistas y, en especial, con los catalanes. De hecho, el PP tiene presentado un recurso en el Tribunal Constitucional contra la ley educativa catalana. Además, el PP reclama garantizar la enseñanza en castellano en todo el país, lo que choca frontalmente con el modelo de inmersión lingüística en catalán.
Por otra parte, otros sectores, desde el PSOE hasta la asociación laica de padres Ceapa o CCOO, aseguran que lo vertebra el sistema educativo es una escuela pública fuerte, lo que choca con la extensión de los conciertos. La preocupación del PP por la vertebración "es poco coherente con su política de privatizar el sistema público de enseñanza, minando lo que ha sido históricamente un eje vertebral en la construcción de los estados modernos y un instrumento de vertebración social y de solidaridad", escribía el profesor de la Universidad de valencia José Gimeno Sacristán.
-Estatuto docente. Éste será el punto fundamental para que los sindicatos firmen un pacto: acordar un estatuto docente que fije una carrera profesional para los profesores en la que se pueda escalar acreditando méritos. Pero sobre todo, la clave será que la jubilación voluntaria anticipada continúe más allá de 2011, cuando está previsto que se termine. Desde los años noventa, los docentes pueden jubilarse a los 60 años con compensaciones económicas. El acuerdo no será fácil en un momento en que el Gobierno ha lanzado la idea de aumentar de los 65 hasta los 67 años la edad oficial de jubilación para asegurar el futuro del sistema de pensiones.
-Prestigio del profesorado. Todos parecen de acuerdo en que la base de la mejora de la educación es el profesorado: mejorar sus condiciones, su formación inicial y continua y conseguir devolverle el prestigio social perdido. El documento que el Ministerio de Educación ha presentado como base del debate del pacto no lo ha recogido, pero la mayoría de sindicatos reclaman ya lo que empezó pidiendo Anpe: que se reconozca legalmente al profesor como autoridad publica, como se ha hecho en la Comunidad de Madrid. Por otra parte, en el lado opuesto, se reclama que los profesores rindan cuentas, que se les evalúe.
-Diagnóstico y reformas. El PP, los sectores cercanos y también, es justo decirlo, muchos profesores con todo tipo de afinidades ideológicas, insisten en echar las culpas de los males educativos en España a la ley educativa que aprobó el Gobierno socialista en los noventa, la LOGSE. Rechazan lo que consideran unos excesos pedagógicos que acabaron presuntamente con los valores clásicos como el esfuerzo y llevaron a la situación "catastrófica" actual. En el otro lado, empezando por el PSOE, aún reconociendo los problemas, responden que no hay tal desastre y que se deben reconocer los avances de la educación española en las últimas décadas, empezando por la extensión de la escolarización obligatoria hasta los 16 años. El problema es si el PP quiere que con el pacto se reconozca un fracaso, algo que no está dispuesto a hacer el PSOE, y el primero pretende reformas "de calado", algo a lo que el segundo tampoco está dispuesto.
-Financiación. España está por debajo de la media de la UE en gasto educativo en relación con el PIB. El documento del ministerio propone alcanzar la media europea de gasto educativo en 2015 (el 5,4% del PIB, ahora en España es el 4,92%). El PP advierte de que en el contexto actual de crisis y un PIB a la baja, con mantener el nivel actual de gasto, se alcanzaría el objetivo sin aumento de los presupuestos. En cualquier caso, el esfuerzo tiene que ser conjunto de comunidades y Gobierno central, ya que si bien la inmensa mayoría del gasto educativo lo hacen las primeras, el segundo tiene más margen de actuación con su parte. En cualquier caso, en medio de la crisis económica, nadie habla de compromisos inmediatos. Pero entre los sectores educativos se empieza a repetir la idea de que quizá es hora de gastar menos en infraestructuras y más en educación.
-Medidas. Más allá de bellos objetivos que proponen unos y otros (más plazas públicas de educación infantil hasta tres años, refuerzos educativos tempranos, flexibilización del sistema para que nadie se quede descolgado en caminos sin salida, el fomento de la exigencia, el mérito, el esfuerzo y la excelencia), una de las propuestas más concretas ha sido la de hacer un Bachillerato de tres años, en lugar de los dos actuales. Distintos colectivos, a derecha e izquierda, lo reclaman. El PP es quien lo ha dicho con más fuerza y lo que propone es quitarle un curso a la ESO para dárselo al Bachillerato.
El PSOE no está dispuesto a reducir la formación común (la equidad y la igualdad de oportunidades, dice, van en ello). La contraoferta del ministerio es hacer el último curso de la ESO (4º) más orientador: el alumno elegiría entre una vía orientada a la FP y otra, al Bachillerato, aunque ninguna condicionará la decisión final del alumno a la hora de elegir sus estudios posobligatorios. Tendrían un tronco común de asignaturas y otro específico.
-Crisis y cálculos electorales. La crisis económica tiene un tanto crispada la vida política. No es un buen ambiente para el pacto. Casi a mitad de legislatura, con los sondeos dando ventaja al PP, los cálculos electorales podrían llegar a pesar más que las razones educativas. ¿A quién beneficia electoralmente un pacto? ¿A quién le desgasta menos? ¿Al PP le convendría cerrar todos los frentes educativos que pueda antes de volver hipotéticamente a gobernar?, ¿o prefiere esperar a recuperar el poder para diseñar los cambios que le plazca?
Por otro lado, todos los grupos políticos y actores educativos son conscientes de que hay una creciente presión social a favor de que haya acuerdos y que la educación salga del debate partidista.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100213elpepusoc_8&type=Tes&anchor=elpepusoc
-Libertad de elección. ¿La red de escuelas públicas debe ser la principal? ¿Debe la concertada (privada subvencionada) ser subsidiaria y estar sólo allí donde no llegue la estatal? ¿O debe haber tanta concertada como reclamen los padres? Ésta última es la idea del PP, que reclama más conciertos. Su idea es que si un colegio privado tiene demanda de plazas y solicita un concierto, la administración esté obligada a subvencionarla. Mientras, sindicatos y sectores de izquierda se niegan a pasar por lo que consideran privatizar la educación en detrimento de la escuela pública. Colocan ahí una línea roja que no están dispuestos a pasar. Además, reclaman que la concertada que existe (y tiene una fuerte presencia en comunidades como País Vasco, Cataluña o Madrid) escolarice al porcentaje de alumnos complicados que les correspondería: por ejemplo, atienden al 26% del total del alumnado, pero al 14% de los inmigrantes; mientras en la pública estudian el 67% de todos los estudiantes, pero el 82% de los inmigrantes. Se suele poner este ejemplo, pero no se trata simplemente de los inmigrantes, sino que los sindicatos acusan a la concertada (en general, teniendo en cuenta que hay excepciones) de seleccionar a su alumnado dejando fuera a los más desfavorecidos socioeconomicamente, dejando a la pública las situaciones más difíciles. La concertada niega que estén seleccionando alumnos y asegura que dejaría de cobrar cuotas voluntarias si las subvenciones cubrieran "el coste real" de la educación. Todo el mundo parece estar de acuerdo en que tanto una red como la otra reciban la financiación necesaria, pero el temor de algunos sectores es que crezca la subvención pero no desaparezcan las cuotas.
-Vertebración y política lingüística. ¿Cómo se vertebra el sistema educativo en el Estado de las autonomías? Aquí también hay visiones muy distintas. Para el PP es necesario hacer currículos (contenidos) mucho más parecidos en todas las comunidades como línea general de un discurso que rechaza que haya "17 sistema educativos distintos" en cada una de las 17 comunidades autónomas. Este planteamiento choca con los partidos nacionalistas y, en especial, con los catalanes. De hecho, el PP tiene presentado un recurso en el Tribunal Constitucional contra la ley educativa catalana. Además, el PP reclama garantizar la enseñanza en castellano en todo el país, lo que choca frontalmente con el modelo de inmersión lingüística en catalán.
Por otra parte, otros sectores, desde el PSOE hasta la asociación laica de padres Ceapa o CCOO, aseguran que lo vertebra el sistema educativo es una escuela pública fuerte, lo que choca con la extensión de los conciertos. La preocupación del PP por la vertebración "es poco coherente con su política de privatizar el sistema público de enseñanza, minando lo que ha sido históricamente un eje vertebral en la construcción de los estados modernos y un instrumento de vertebración social y de solidaridad", escribía el profesor de la Universidad de valencia José Gimeno Sacristán.
-Estatuto docente. Éste será el punto fundamental para que los sindicatos firmen un pacto: acordar un estatuto docente que fije una carrera profesional para los profesores en la que se pueda escalar acreditando méritos. Pero sobre todo, la clave será que la jubilación voluntaria anticipada continúe más allá de 2011, cuando está previsto que se termine. Desde los años noventa, los docentes pueden jubilarse a los 60 años con compensaciones económicas. El acuerdo no será fácil en un momento en que el Gobierno ha lanzado la idea de aumentar de los 65 hasta los 67 años la edad oficial de jubilación para asegurar el futuro del sistema de pensiones.
-Prestigio del profesorado. Todos parecen de acuerdo en que la base de la mejora de la educación es el profesorado: mejorar sus condiciones, su formación inicial y continua y conseguir devolverle el prestigio social perdido. El documento que el Ministerio de Educación ha presentado como base del debate del pacto no lo ha recogido, pero la mayoría de sindicatos reclaman ya lo que empezó pidiendo Anpe: que se reconozca legalmente al profesor como autoridad publica, como se ha hecho en la Comunidad de Madrid. Por otra parte, en el lado opuesto, se reclama que los profesores rindan cuentas, que se les evalúe.
-Diagnóstico y reformas. El PP, los sectores cercanos y también, es justo decirlo, muchos profesores con todo tipo de afinidades ideológicas, insisten en echar las culpas de los males educativos en España a la ley educativa que aprobó el Gobierno socialista en los noventa, la LOGSE. Rechazan lo que consideran unos excesos pedagógicos que acabaron presuntamente con los valores clásicos como el esfuerzo y llevaron a la situación "catastrófica" actual. En el otro lado, empezando por el PSOE, aún reconociendo los problemas, responden que no hay tal desastre y que se deben reconocer los avances de la educación española en las últimas décadas, empezando por la extensión de la escolarización obligatoria hasta los 16 años. El problema es si el PP quiere que con el pacto se reconozca un fracaso, algo que no está dispuesto a hacer el PSOE, y el primero pretende reformas "de calado", algo a lo que el segundo tampoco está dispuesto.
-Financiación. España está por debajo de la media de la UE en gasto educativo en relación con el PIB. El documento del ministerio propone alcanzar la media europea de gasto educativo en 2015 (el 5,4% del PIB, ahora en España es el 4,92%). El PP advierte de que en el contexto actual de crisis y un PIB a la baja, con mantener el nivel actual de gasto, se alcanzaría el objetivo sin aumento de los presupuestos. En cualquier caso, el esfuerzo tiene que ser conjunto de comunidades y Gobierno central, ya que si bien la inmensa mayoría del gasto educativo lo hacen las primeras, el segundo tiene más margen de actuación con su parte. En cualquier caso, en medio de la crisis económica, nadie habla de compromisos inmediatos. Pero entre los sectores educativos se empieza a repetir la idea de que quizá es hora de gastar menos en infraestructuras y más en educación.
-Medidas. Más allá de bellos objetivos que proponen unos y otros (más plazas públicas de educación infantil hasta tres años, refuerzos educativos tempranos, flexibilización del sistema para que nadie se quede descolgado en caminos sin salida, el fomento de la exigencia, el mérito, el esfuerzo y la excelencia), una de las propuestas más concretas ha sido la de hacer un Bachillerato de tres años, en lugar de los dos actuales. Distintos colectivos, a derecha e izquierda, lo reclaman. El PP es quien lo ha dicho con más fuerza y lo que propone es quitarle un curso a la ESO para dárselo al Bachillerato.
El PSOE no está dispuesto a reducir la formación común (la equidad y la igualdad de oportunidades, dice, van en ello). La contraoferta del ministerio es hacer el último curso de la ESO (4º) más orientador: el alumno elegiría entre una vía orientada a la FP y otra, al Bachillerato, aunque ninguna condicionará la decisión final del alumno a la hora de elegir sus estudios posobligatorios. Tendrían un tronco común de asignaturas y otro específico.
-Crisis y cálculos electorales. La crisis económica tiene un tanto crispada la vida política. No es un buen ambiente para el pacto. Casi a mitad de legislatura, con los sondeos dando ventaja al PP, los cálculos electorales podrían llegar a pesar más que las razones educativas. ¿A quién beneficia electoralmente un pacto? ¿A quién le desgasta menos? ¿Al PP le convendría cerrar todos los frentes educativos que pueda antes de volver hipotéticamente a gobernar?, ¿o prefiere esperar a recuperar el poder para diseñar los cambios que le plazca?
Por otro lado, todos los grupos políticos y actores educativos son conscientes de que hay una creciente presión social a favor de que haya acuerdos y que la educación salga del debate partidista.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100213elpepusoc_8&type=Tes&anchor=elpepusoc
«Las personas sin hogar no son más violentas que el resto de la sociedad»
A. RUBIERA
«Ojalá apareciéramos en los periódicos por cosas diferentes a lo que le sucedió a Marcelina». Álvaro Díaz Álvarez es desde hace algo más de una década el presidente de la Fundación Albergue Covadonga, el centro que da cobijo en Gijón a las personas sin hogar. A él no le gusta llamarles transeúntes. De hecho, si alguna vez los llama así a lo largo de la conversación, enseguida se corrige «porque no es la realidad». Hace hoy una semana, la vida del Albergue se conmocionó debido a la grave agresión que sufrió Marcelina Muñiz, una de las religiosas terciarias capuchinas que regentan y dan calor a la casa. Una usuaria la apuñaló en la cocina, mientras preparaba la cena.
-¿Cómo se encuentra la hermana Marcelina?
-La verdad es que no ha parado de mejorar desde que ingresó en el Hospital. El ataque fue en la base del cuello y fue muy grave porque la trayectoria del cuchillo le pilló el pulmón, y ese derrame pleural lo agravó todo. El viernes le quitaron la intubación, se pudo sentar en una butaca y empezó a ingerir algo de líquidos. Es un avance considerable que esperemos que se mantenga y, por fin, salga a planta (el viernes seguía en reanimación). Su recuperación, en todo caso, es lógico que vaya a ser lenta porque estamos hablando de una persona de 75 años.
-Llevan una semana en la que no se han cansado de decir que es el primer incidente grave en 22 años del Albergue. ¿Es así?
-No hemos parado de repetirlo porque es totalmente real. Lo sucedido es un hecho puntual. Nunca había habido agresiones, ni graves ni leves, ni a las hermanas ni a los voluntarios. La gente en el Albergue es, en general, muy respetuosa. De hecho, lo son más con los ajenos que entre ellos, porque es cierto que a veces entre el grupo sí hay discusiones. Lo que pasa es que el mundo de las personas sin hogar es muy desconocido y es fácil tener prejuicios y temores. Si a eso unimos que su aspecto físico no ayuda, todo hace que el temor se incremente. Pero los que conocemos este ambiente sabemos que las personas sin hogar no son más violentas que el resto de la sociedad.
-Dicho así, en estos momentos, no parece lo más realista.
-Soy consciente de ello. Es como decir que el avión es el medio de transporte más seguro justo cuando acaba de ocurrir un accidente aéreo. Pero no deja de ser cierto que es la forma de viajar más segura. Pues aquí ocurre igual: el Albergue es un sitio tranquilo. Lo que pasa es que fomentar el miedo en la gente es bastante fácil y quitarlo lo es mucho menos. Como mejor se consiguen vencer los miedos es con la experiencia y de eso pueden dar fe todos los que han pasado por el Albergue y nos conocen, igual que los que han pasado por la Cocina Económica. Todos los voluntarios saben que son lugares tranquilos y seguros.
-¿Cuántos voluntarios han pasado en estos años por el Albergue Covadonga?
-En la actualidad hay en torno a 90 y en global... no sé. Por aquí ha pasado mucha gente joven que estuvo poco tiempo, y luego hay un grueso muy importante de voluntarios mayores que llevan muchos años con nosotros. Algunos desde que estábamos en El Natahoyo, cuando se abrió, en 1988.
-¿Cómo se tomaron el incidente los voluntarios?
-Con muchísima pena, como todo el mundo, porque Marcelina es una persona muy querida en la casa, como lo son todas las hermanas. Y con muchísima sorpresa también, porque no es algo que se veía venir.
-Habla de sorpresa, pero se dice que los usuarios son cada vez más «exigentes» y, para mayor complejidad, tienen más patologías de toxicomanías o salud mental asociadas. ¿Es así?
-Por partes. Es cierto que el tipo de persona sin hogar que nos llega ha variado desde que se abrió el Albergue. Ya no quedan aquellos tipos bohemios, el transeúnte de mochila al hombro que iba de pueblo en pueblo buscándose la vida. Esos ahora son un porcentaje mínimo. En estos momentos la mayoría de las personas que atendemos en el Albergue ha llegado allí fruto de una situación familiar o laboral que ha ido deteriorándose, a veces por temas de salud, por mala suerte en la vida, por errores cometidos... también hay mucho inmigrante, algo que hace 15 años no había, y hay una población femenina (el 20%) que antes era inexistente. Esas son situaciones nuevas que sólo reflejan el mismo cambio que ha sufrido España en estos años. No es una situación sorprendente.
-Le insisto, ¿son más exigentes?
-La gente cada vez tiene menor tolerancia a cualquier frustración, no sólo las personas sin hogar. Es un fenómeno social que vemos en cualquier ámbito de la vida y no tenemos por qué pensar que ellos serán más ascetas que el resto. El problema de todo es que la realidad de nuestra gente es desconocida.
-Pues explíquela.
-Se piensa que las personas sin hogar son un colectivo de toxicómanos, de alcohólicos, de personas con problemas de salud mental... Y no. Lo que tienen en común toda esa gente es que no tienen casa. La gente se sorprendería si supiera que entre los que no tienen hogar hay gente universitaria; hay quien ha sido empresario de cierto éxito y le fue mal; los hay que tuvieron una vida social intensa... Lo que tienen en común no es una patología, ni una adicción, sólo es que no tienen casa. Oír algunas historias personales llevaría a muchos a sorprenderse.
-Y ellos, los usuarios, ¿cómo han vivido el ataque?
-La gente está traumatizada y preguntan constantemente por Marcelina. De hecho, fueron los que estaban allí los que ayudaron a contener a la agresora. Hay un cierto «shock» entre los usuarios y es normal. Estamos todos afectados.
-En el horizonte se vislumbra el traslado del Albergue, con Proyecto Hombre, al barrio de El Natahoyo. Si ya había una fuerte oposición de algunos colectivos, éste ha sido un mal momento para una agresión, ¿no?
-Pues sí. Si hay una población que ya tiene miedo y surge algo así el temor no va a disminuir. Lo que pasa es que el miedo es un sentimiento muy manipulable y no siempre muy racional. Vuelvo a lo de antes: ese miedo sólo se puede vencer con la experiencia. Cuando el Albergue lleve unos años en El Natahoyo y no pase nada, la gente perderá el temor. Pero en caliente yo comprendo todas las reacciones. Bueno, todas no. A quien argumenta que sus pisos se pueden devaluar por nuestra presencia, a ésos no les entiendo.
-¿Cómo fue el 2009 para el Albergue?
-El número de usuarios nos ha aumentado muy poco, sólo un 5% con respecto a 2008. Es un porcentaje de aumento normal en los últimos años, donde la tendencia siempre ha sido creciente. Porque la exclusión ha ido aumentando poquito a poquito todos los años. En 2002 tuvimos 588 usuarios diferentes, y en el 2009 fueron 971 personas. Todo esto me gustaría explicarlo. La gente cuando llega a una situación de crisis recurre a Servicios Sociales, a Cáritas, a las parroquias, a las familias, a lo que sea. Son esos recursos los que ahora están desbordados. Sólo cuando todo eso falla es cuando se quedan en la calle y tienen que recurrir a un Albergue. Por eso, de seguir la crisis, creemos que a nosotros el problema nos llegará más adelante. Nuestra gente ya estaba en crisis antes de este año.
-¿Y lo han notado en los servicios de comidas y cenas?
-El comedor social de Gijón es la Cocina Económica. Nosotros sólo damos desayuno, comida y cena a los albergados. También ha crecido algo más, pero no es significativo.
-¿Hay alguna situación, algún perfil de usuario, que les preocupe más que otras?
-Hay un grupo en concreto que va a parar al Albergue, pese a que creemos que el nuestro no es el recurso adecuado para ellos. Son las personas que nos llegan porque son dadas de alta en el hospital, tienen algún tipo de necesidad de cuidado sanitario o ya no se vale por sí misma, y ya no les quieren en la pensión o el sitio donde vivían. El Albergue no es el sitio idóneo ni puede prestar atención sanitaria porque no tenemos recursos de personal. Eso correspondería más a un centro de cuidados intermedios sanitarios, pero no existe.
-¿Y perspectiva de que exista?
-No hay mucha receptividad por parte de los servicios sanitarios. El Sespa no parece que tenga ni disponibilidad financiera ni el objetivo de hacerse cargo de la atención a estas personas. Y para nosotros son un problema, porque no les podemos dar esos cuidados.
-¿El Albergue necesita algo de la ciudad de Gijón?
-El Albergue es una entidad muy querida, muy apreciada en Gijón. Pero habría que dar el paso de valorar no sólo a la entidad, a las monjitas o al patronato, sino a las personas con las que la entidad trabaja. Querríamos que existiera una aceptación de que las personas sin hogar no están ahí porque quieren, sino fruto de una situación personal no deseada. A la gente que está en el Albergue hay que ayudarla a salir de la exclusión entre todos. Y no podemos estar haciendo un esfuerzo nosotros, los que trabamos con ellos, si luego leen en los periódicos o en las paredes: «No os queremos aquí». Para integrar a alguien en la sociedad hace falta que la gente sea receptiva.
-El piso tutelado o el taller de velas son sus mejores iniciativas hacia la integración. ¿Cómo van los dos proyectos?
-Muy bien. El piso es un proyecto muy interesante porque un Albergue sólo es una solución de emergencia cuando no hay otro recurso. El piso, sin embargo, permite un tipo de vida con mayor posibilidad de socialización, es una casa que ellos gestionan con un educador y es un paso hacia la normalización muy importante. Paso que ya ha dado algún usuario. En cuanto al taller de velas, es una gozada. Para alguien que vive en la calle, que ha llevado cantidad de tortazos, ver que hace algo útil, bonito y valorado por los demás le hace recuperar sensaciones que hace mucho que no tenía. Y, si encima se vende, es una satisfacción más; se vuelven a sentir útiles y que hacen algo de provecho.
-¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?
-Tengo recuerdos muy bonitos de mi adolescencia en el Club Vanguardia.
-¿Mar o montaña?
-Montaña, por supuesto.
-¿Hobbies?
-El deporte. Ando bastante en bicicleta, voy de monte y me gusta dar raquetazos... porque decir que juego al tenis me parece una presunción.
-¿A cambio de qué lo dejaría todo?
-Yo, en el sentido literal, lo dejo todo por el SAMU (Servicio de Atención Médica Urgente). Como todos los médicos de Primaria, si me llaman del 112 para una urgencia, lo dejo todo.
-¿Que reforma de la sociedad considera más urgente?
-Considero urgente que en este país se valore más lo público como un bien de todos. Eso va desde una farola a la sanidad. Ojalá existiera más la cultura del respeto a lo público, y no la del abuso de lo público. Y eso es algo que se educa.
Álvaro Díaz Álvarez nació en Gijón, a pocos metros de la playa de San Lorenzo. Médico de profesión, trabaja en el centro de salud de El Natahoyo. Tomó contacto -muy breve, dice- con el Albergue Covadonga cuando formaba parte del Club Vanguardia, y tras un tiempo dedicado a otros menesteres la hermana Covadonga Donate le repescó para convertirlo, directamente, en presidente del Patronato de la Fundación Albergue Covadonga. Era el año 1999 y aún sigue en el puesto.
http://www.lne.es/gijon/2010/02/22/personas-hogar-son-violentas-resto-sociedad/876548.html
Riopedre miente sobre la concertada»
«Vamos a por todas con la huelga del miércoles y seguiremos con medidas de presión hasta que el consejero se siente a negociar» Juan Luis Barrera Secretario de acción sindical de Otecas
Luis Barrera Lada (Mieres, 1959), trabajador de la enseñanza concertada desde hace 27 años y hoy liberado como secretario de acción sindical de Otecas, es una de las caras más visibles del conflicto abierto entre la Consejería de Educación y la enseñanza concertada. El portavoz del sindicato mayoritario en los centros educativos privados subvencionados con fondos públicos advierte al consejero, José Luis Iglesias Riopedre, de que, «si no se sienta a negociar, la cosa no se quedará en la huelga convocada para el miércoles», la segunda en menos de un mes.
-Riopedre les ha dicho ya que «no hay dinero». ¿Qué esperan conseguir con un nuevo paro?
-Somos conscientes del complicado momento presupuestario, pero apostamos por aquello que ahora mismo es prioritario para el sector: el aumento de las plantillas.
-Son 1.500 docentes. ¿En cuánto puede cifrarse ese incremento?
-A día de hoy, no estamos pidiendo equipararnos a la pública. El incremento se haría de manera progresiva y con un calendario de negociación. Pero, si se tratase de equiparar las plantillas, nosotros escolarizamos al 26% del alumnado con una dotación de profesorado del 14% del profesorado, por lo que el aumento debería ser de un 12%.
-Afirman que la distancia respecto a la pública es sangrante en Infantil y Primaria, pero que afecta a todos los ciclos. ¿Perjudica a la calidad de la enseñanza?
-No. Un ejemplo es el último informe PISA, del que tanto alardeó Riopedre y del que dijo que Asturias había obtenido similares resultados a Suecia. Pues bien: el 41,5% de los centros que pasaron las pruebas eran concertados, 22 de 53, lo que implica un porcentaje mayor del que nos correspondía.
-¿Cuál es entonces el problema?
-Que esa escasez de plantillas sí tiene repercusión en el esfuerzo que tienen que hacer los trabajadores, con jornadas semanales de hasta nueve horas más que en la pública.
-Y, además, que cobran unos 7.000 euros menos al año respecto a sus colegas de la red pública...
-Estamos a la cola de la inversión de todo el país, como acaba de publicar El COMERCIO, pero nuestra reivindicación prioritaria son los recursos humanos en los centros.
-Pues Riopedre asegura que su poder adquisitivo ha aumentado 18 puntos en los últimos años.
-Es verdad que eso es lo que dice el señor consejero y no sé si miente conscientemente, lo cual sería muy grave, pero miente. Riopedre baila las cifras en función de sus intereses. Cuando da ese dato está englobando también a los trabajadores de la pública. En alguna ocasión también nos reconoció en privado que las plantillas no se podían mantener así. El problema es que lo que dice luego no lo negocia.
-Y también sostiene que escolarizan a un porcentaje menor de inmigrantes y de alumnos con necesidades especiales.
-Está mintiendo. Con un 20% de las aulas, nosotros escolarizamos al 26% de los alumnos con necesidades especiales, más de lo que porcentualmente nos correspondería, y al 20% de las minorías étnicas.
-¿Por qué dos huelgas ahora si la situación viene de largo?
-El desencadenante fue la última propuesta de plantillas que se nos hizo y que estaba limitada a Infantil y Primaria. Es decir, que ni siquiera abarcaba todos los niveles educativos concertados.
-Educación sostiene que no la aceptaron en aquel momento y que «perdieron el tren».
-Lo que ocurrió fue que la propuesta se nos hizo a finales de julio y se nos emplazó a una reunión en septiembre que no llegó nunca. Ni en septiembre ni en diciembre. Y entonces fue cuando, de forma extraoficial, Riopedre nos dice que el presupuesto que había se esfumó. Se hizo una deriva presupuestaria sin que la negociación ni siquiera se produjese. Hablamos, por tanto, de una situación de total falta de respeto a los trabajadores. Cuesta encontrar un referente similar. La situación es insostenible.
-Y «perdieron en tren», insisto.
-No es que hayamos perdido el tren. Es que llevamos diez años en la estación esperando por el tren y nunca lo vimos pasar.
-Explíquese.
-En los diez últimos años, desde el traspaso de las competencias, nunca se ha presentado un buen momento presupuestario para la enseñanza concertada.
-Menudo festejo de las transferencias que organizaron.
-Han sido diez años de incumplimientos por parte de la Administración educativa. Incumplimiento incluso de la resolución parlamentaria del 26 de junio de 2008 en la que se instaba al Consejo de Gobierno a impulsar las negociaciones de las condiciones laborales en la concertada y de principios recogidos en la Ley Orgánica de Educación, que habla de equidad, igualdad de oportunidades y no discriminación para todo el alumnado.
-Esta misma semana han celebrado una reunión.
-No se puede considerar que fuese de negociación. No tenemos, de hecho, una mesa de negociación efectiva. Fue un encuentro informativo en el que se nos reunió para decirnos que la negociación no era posible y ni siquiera estaban todas la partes de la mesa sectorial. Faltaba la patronal. Una muestra de esta total falta de negociación es que, desde que comenzó el curso, no hubo ni una sola reunión.
-¿Qué opinan ellos de todo esto?
-Echamos de menos un posicionamiento por parte de la patronal porque buena parte de los asuntos que los sindicatos reclamamos trascienden los derechos laborales de los trabajadores y afectan a la vida en los centros. No, no me importaría que salieran en nuestro apoyo.
-¿Cuentan, al menos, con su apoyo implícito?
-Más que un apoyo implícito, digamos que no hay una oposición a las movilizaciones.
-Un comentario de un lector: «El dinero público debería destinarse a pagar la educación pública, no la privada». Defiéndase.
-La concertada forma parte de un modelo educativo que se recoge en la LOE. Es una enseñanza de pleno derecho y no subsidiaria de la pública. Si no fuese así, significaría que habría que cambiar las leyes y el diseño educativo. Aquel que opta por la enseñanza concertada también es contribuyente y además opta por ella en un marco legal que le da esa opción. Tenemos que tener las mismas obligaciones, pero también los mismos recursos porque, de lo contrario, hay muchas familias asturianas discriminadas.
-¿Qué cree que pasará después del miércoles?
-Vamos a ir a por todas con la huelga y la manifestación por el centro de Oviedo. Pondremos toda la carne en el asador para superar el seguimiento de la anterior, superior al 80%, y seguiremos con medidas de presión hasta que el consejero se siente a negociar.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100222/asturias/riopedre-miente-sobre-concertada-20100222.html
Luis Barrera Lada (Mieres, 1959), trabajador de la enseñanza concertada desde hace 27 años y hoy liberado como secretario de acción sindical de Otecas, es una de las caras más visibles del conflicto abierto entre la Consejería de Educación y la enseñanza concertada. El portavoz del sindicato mayoritario en los centros educativos privados subvencionados con fondos públicos advierte al consejero, José Luis Iglesias Riopedre, de que, «si no se sienta a negociar, la cosa no se quedará en la huelga convocada para el miércoles», la segunda en menos de un mes.
-Riopedre les ha dicho ya que «no hay dinero». ¿Qué esperan conseguir con un nuevo paro?
-Somos conscientes del complicado momento presupuestario, pero apostamos por aquello que ahora mismo es prioritario para el sector: el aumento de las plantillas.
-Son 1.500 docentes. ¿En cuánto puede cifrarse ese incremento?
-A día de hoy, no estamos pidiendo equipararnos a la pública. El incremento se haría de manera progresiva y con un calendario de negociación. Pero, si se tratase de equiparar las plantillas, nosotros escolarizamos al 26% del alumnado con una dotación de profesorado del 14% del profesorado, por lo que el aumento debería ser de un 12%.
-Afirman que la distancia respecto a la pública es sangrante en Infantil y Primaria, pero que afecta a todos los ciclos. ¿Perjudica a la calidad de la enseñanza?
-No. Un ejemplo es el último informe PISA, del que tanto alardeó Riopedre y del que dijo que Asturias había obtenido similares resultados a Suecia. Pues bien: el 41,5% de los centros que pasaron las pruebas eran concertados, 22 de 53, lo que implica un porcentaje mayor del que nos correspondía.
-¿Cuál es entonces el problema?
-Que esa escasez de plantillas sí tiene repercusión en el esfuerzo que tienen que hacer los trabajadores, con jornadas semanales de hasta nueve horas más que en la pública.
-Y, además, que cobran unos 7.000 euros menos al año respecto a sus colegas de la red pública...
-Estamos a la cola de la inversión de todo el país, como acaba de publicar El COMERCIO, pero nuestra reivindicación prioritaria son los recursos humanos en los centros.
-Pues Riopedre asegura que su poder adquisitivo ha aumentado 18 puntos en los últimos años.
-Es verdad que eso es lo que dice el señor consejero y no sé si miente conscientemente, lo cual sería muy grave, pero miente. Riopedre baila las cifras en función de sus intereses. Cuando da ese dato está englobando también a los trabajadores de la pública. En alguna ocasión también nos reconoció en privado que las plantillas no se podían mantener así. El problema es que lo que dice luego no lo negocia.
-Y también sostiene que escolarizan a un porcentaje menor de inmigrantes y de alumnos con necesidades especiales.
-Está mintiendo. Con un 20% de las aulas, nosotros escolarizamos al 26% de los alumnos con necesidades especiales, más de lo que porcentualmente nos correspondería, y al 20% de las minorías étnicas.
-¿Por qué dos huelgas ahora si la situación viene de largo?
-El desencadenante fue la última propuesta de plantillas que se nos hizo y que estaba limitada a Infantil y Primaria. Es decir, que ni siquiera abarcaba todos los niveles educativos concertados.
-Educación sostiene que no la aceptaron en aquel momento y que «perdieron el tren».
-Lo que ocurrió fue que la propuesta se nos hizo a finales de julio y se nos emplazó a una reunión en septiembre que no llegó nunca. Ni en septiembre ni en diciembre. Y entonces fue cuando, de forma extraoficial, Riopedre nos dice que el presupuesto que había se esfumó. Se hizo una deriva presupuestaria sin que la negociación ni siquiera se produjese. Hablamos, por tanto, de una situación de total falta de respeto a los trabajadores. Cuesta encontrar un referente similar. La situación es insostenible.
-Y «perdieron en tren», insisto.
-No es que hayamos perdido el tren. Es que llevamos diez años en la estación esperando por el tren y nunca lo vimos pasar.
-Explíquese.
-En los diez últimos años, desde el traspaso de las competencias, nunca se ha presentado un buen momento presupuestario para la enseñanza concertada.
-Menudo festejo de las transferencias que organizaron.
-Han sido diez años de incumplimientos por parte de la Administración educativa. Incumplimiento incluso de la resolución parlamentaria del 26 de junio de 2008 en la que se instaba al Consejo de Gobierno a impulsar las negociaciones de las condiciones laborales en la concertada y de principios recogidos en la Ley Orgánica de Educación, que habla de equidad, igualdad de oportunidades y no discriminación para todo el alumnado.
-Esta misma semana han celebrado una reunión.
-No se puede considerar que fuese de negociación. No tenemos, de hecho, una mesa de negociación efectiva. Fue un encuentro informativo en el que se nos reunió para decirnos que la negociación no era posible y ni siquiera estaban todas la partes de la mesa sectorial. Faltaba la patronal. Una muestra de esta total falta de negociación es que, desde que comenzó el curso, no hubo ni una sola reunión.
-¿Qué opinan ellos de todo esto?
-Echamos de menos un posicionamiento por parte de la patronal porque buena parte de los asuntos que los sindicatos reclamamos trascienden los derechos laborales de los trabajadores y afectan a la vida en los centros. No, no me importaría que salieran en nuestro apoyo.
-¿Cuentan, al menos, con su apoyo implícito?
-Más que un apoyo implícito, digamos que no hay una oposición a las movilizaciones.
-Un comentario de un lector: «El dinero público debería destinarse a pagar la educación pública, no la privada». Defiéndase.
-La concertada forma parte de un modelo educativo que se recoge en la LOE. Es una enseñanza de pleno derecho y no subsidiaria de la pública. Si no fuese así, significaría que habría que cambiar las leyes y el diseño educativo. Aquel que opta por la enseñanza concertada también es contribuyente y además opta por ella en un marco legal que le da esa opción. Tenemos que tener las mismas obligaciones, pero también los mismos recursos porque, de lo contrario, hay muchas familias asturianas discriminadas.
-¿Qué cree que pasará después del miércoles?
-Vamos a ir a por todas con la huelga y la manifestación por el centro de Oviedo. Pondremos toda la carne en el asador para superar el seguimiento de la anterior, superior al 80%, y seguiremos con medidas de presión hasta que el consejero se siente a negociar.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100222/asturias/riopedre-miente-sobre-concertada-20100222.html
Servicios Sociales busca «una solución» para atender a los indigentes que enferman
¿Qué ocurre cuando una persona sin hogar necesita ser hospitalizada? Si bien la asistencia médica, universal en España, es inmediata, los problemas llegan después de que el paciente recibe el alta hospitalaria. Porque, la vida en la calle o, en el mejor de los casos, en la habitación de uno de los dos albergues de la ciudad -Covadonga y Cocina Económica- es incompatible con los cuidados que requiere un postoperatorio o con la medicación imprescindible tras haber superado un pico de una dolencia.
En Gijón, como en el resto de Asturias, no existe un dispositivo, ya sea público o privado, que ofrezca un servicio de atención al indigente que sufre una enfermedad puntual, por lo que la Fundación Municipal de Servicios Sociales y las diferentes ONGs sobre las que recae la atención a la personas sin recursos buscan una fórmula que salve ese déficit.
Así lo aseguró a EL COMERCIO la presidenta del ente municipal, la concejala Esperanza Fernández, quien señaló que «estamos buscando una solución a este problema que no podemos eludir, aunque hay que dejar claro que supera las competencias del Ayuntamiento». Recuerda la edil que «se trata de lograr la siempre citada asistencia sociosanitaria, que si bien la parte social está garantizada, con la sanitaria tenemos más problemas».
Con ella coinciden los responsables de los principales centros de atención directa a las personas sin hogar. Tanto Álvaro Díaz, presidente del Patronato Albergue Covadonga -que cuenta con 50 plazas y por el que pasaron 971 personas en 2009-, como sor Marisela, directora de la Cocina Económica -que ofrece albergue para 28 hombres, piso tutelado, comedor social y talleres-, entienden que «la atención sanitaria a las personas sin recursos tiene muchas lagunas y a nosotros nos es difícil responder».
Piso de acogida
Aunque reconocen que Esperanza Fernández tienen razón cuando explica que, «después de una intervención quirúrgica, por ejemplo, el paciente recibe el alta, pero si éste se va a la calle, allí no se aplicará los cuidados que necesita», desde los albergues indican que «ese control de la medicación nos resulta muy difícil, porque primero tienen que querer ellos medicarse y, segundo, aquí están por un tiempo determinado».
De hecho, en la Cocina Económica ese control médico lo realizan «a través del comedor, ya que procuramos, con los que son usuarios habituales, estar pendientes de su salud y, si sabemos que necesitan tomar medicinas, recordárselo a la hora de comer».
La opción que se baraja como la más adecuada es contar con un piso de acogida, como continuidad a la estancia hospitalaria, modalidad que convence al presidente del Albergue Covadonga «porque las viviendas tuteladas son el paso más firme para la reinserción social de las personas que están en riesgo de exclusión».
Este tipo de viviendas son, de hecho, la fórmula más utilizada por las ONGs, las ya citadas, además de Cáritas, Siloé, Nacai, Mar de Niebla, Albéniz, Adsis y las Adoratrices, que cuentan con hasta 15 pisos distribuidos por toda la ciudad, en los que se da cobijo a personas sin recursos, con problemas de toxicomanías, que sufren patologías de salud mental o ex reclusos. Y esa nueva oferta es la que ha aumentado el presupuesto que el Consistorio dedica a estas instituciones, «un presupuesto que no hemos congelado», asegura la concejala, y que roza el millón de euros anuales.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100222/gijon/servicios-sociales-busca-solucion-20100222.html
En Gijón, como en el resto de Asturias, no existe un dispositivo, ya sea público o privado, que ofrezca un servicio de atención al indigente que sufre una enfermedad puntual, por lo que la Fundación Municipal de Servicios Sociales y las diferentes ONGs sobre las que recae la atención a la personas sin recursos buscan una fórmula que salve ese déficit.
Así lo aseguró a EL COMERCIO la presidenta del ente municipal, la concejala Esperanza Fernández, quien señaló que «estamos buscando una solución a este problema que no podemos eludir, aunque hay que dejar claro que supera las competencias del Ayuntamiento». Recuerda la edil que «se trata de lograr la siempre citada asistencia sociosanitaria, que si bien la parte social está garantizada, con la sanitaria tenemos más problemas».
Con ella coinciden los responsables de los principales centros de atención directa a las personas sin hogar. Tanto Álvaro Díaz, presidente del Patronato Albergue Covadonga -que cuenta con 50 plazas y por el que pasaron 971 personas en 2009-, como sor Marisela, directora de la Cocina Económica -que ofrece albergue para 28 hombres, piso tutelado, comedor social y talleres-, entienden que «la atención sanitaria a las personas sin recursos tiene muchas lagunas y a nosotros nos es difícil responder».
Piso de acogida
Aunque reconocen que Esperanza Fernández tienen razón cuando explica que, «después de una intervención quirúrgica, por ejemplo, el paciente recibe el alta, pero si éste se va a la calle, allí no se aplicará los cuidados que necesita», desde los albergues indican que «ese control de la medicación nos resulta muy difícil, porque primero tienen que querer ellos medicarse y, segundo, aquí están por un tiempo determinado».
De hecho, en la Cocina Económica ese control médico lo realizan «a través del comedor, ya que procuramos, con los que son usuarios habituales, estar pendientes de su salud y, si sabemos que necesitan tomar medicinas, recordárselo a la hora de comer».
La opción que se baraja como la más adecuada es contar con un piso de acogida, como continuidad a la estancia hospitalaria, modalidad que convence al presidente del Albergue Covadonga «porque las viviendas tuteladas son el paso más firme para la reinserción social de las personas que están en riesgo de exclusión».
Este tipo de viviendas son, de hecho, la fórmula más utilizada por las ONGs, las ya citadas, además de Cáritas, Siloé, Nacai, Mar de Niebla, Albéniz, Adsis y las Adoratrices, que cuentan con hasta 15 pisos distribuidos por toda la ciudad, en los que se da cobijo a personas sin recursos, con problemas de toxicomanías, que sufren patologías de salud mental o ex reclusos. Y esa nueva oferta es la que ha aumentado el presupuesto que el Consistorio dedica a estas instituciones, «un presupuesto que no hemos congelado», asegura la concejala, y que roza el millón de euros anuales.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100222/gijon/servicios-sociales-busca-solucion-20100222.html
domingo, 21 de febrero de 2010
El concejo fantasma de Asturias
La inmigración en el Principado (1) l Los casos en situación irregular
l La región alberga a unos 15.700 extranjeros ilegales, una población equivalente a la de un municipio de tamaño medio como Corvera
En Asturias podría componerse un concejo «fantasma» de tamaño mediano con los inmigrantes que viven en situación irregular en la región. Los datos son muy cambiantes y por su propia definición de irregularidad muy difíciles de cuantificar. Pero las estimaciones del Observatorio Permanente de la Inmigración en Asturias apuntan a que uno de cada tres extranjeros en el Principado no tiene papeles: unos 15.700 o lo que viene a ser lo mismo, toda la población de un municipio similar a Corvera. Sería además un concejo «invisible», puesto que los inmigrantes ilegales tratan de pasar desapercibidos el mayor tiempo posible hasta que pueden regularizar su situación.
Los últimos datos del padrón hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogen la existencia de 47.119 inmigrantes en el Principado. De ellos, y aunque con un margen de error difícil de calcular, unas 15.700 personas no tienen regularizada su situación, lo que no quiere decir que no estén empadronados.
De hecho, el Observatorio ha hecho un seguimiento sobre los inmigrantes en Asturias y, según sus cálculos, la gran mayoría de ellos figura recogida en los censos municipales. Tal y como indica este organismo -que recopila los datos de diferentes entidades e instituciones que intervienen de forma directa y transversal con los inmigrantes residentes en Asturias-, una vez que estas personas se han asentado en la comunidad de acogida, uno de los primeros trámites que gestionan es el empadronamiento.
Gracias a este trámite, se les incluye en los registros oficiales y se facilita su acceso a servicios y prestaciones sociales básicas relacionadas con la vivienda, la educación e incluso asuntos laborales. El Observatorio ha comprobado que, independientemente de la situación de irregularidad, los inmigrantes en general sí han realizado los trámites administrativos necesarios para solicitar la asistencia sanitaria, así como la asignación de un médico de familia. Se trata de un primer paso hacia la regularización de su situación, un objetivo que todos los inmigrantes, en principio, se marcan a su llegada a Asturias.
Jorge Coto Suárez es el coordinador del plan de empleo de Asturias de la Cruz Roja y conoce de primera mano las vicisitudes por las que pasan los inmigrantes irregulares cuando llegan a la región. Cruz Roja cuenta con tres oficinas de empleo funcionando en Oviedo, Gijón y Avilés. El año pasado atendieron a unas 1.500 personas en toda Asturias, con 490 inmigrantes inscritos en el programa «Red Interlabora», para ciudadanos extranjeros documentados. Coto explica que, en principio, Cruz Roja sólo ofrece asesoría jurídica, formación y orientación laboral a los inmigrantes legales, pero la realidad es que atienden a todos los recién llegados, «hasta a los que entran por la puerta con la mochila y no saben hablar español».
Jorge Coto estima que el año pasado atendieron a unos 1.000 inmigrantes ilegales, a los que se ofrece la posibilidad de acogerse al programa de retorno voluntario, especialmente ante la situación de crisis económica en España. Los que optan por quedarse, en cambio, inician una lucha en solitario y en la irregularidad hasta superar la barrera de los tres años de estancia para poder acogerse al arraigo social y obtener así la estancia definitiva. Pero para ello deben acreditar el período de residencia a través del padrón.
Durante ese tiempo viven como pueden, frecuentemente en casa de otros inmigrantes conocidos que les prestan un espacio en el que poder alojarse, y trabajan en la economía sumergida, sin constar en ningún registro oficial. Si consiguen aguantar en esta situación, casi siempre de penuria, durante los tres años reglamentarios, luego aún deberán afrontar otros dos meses de papeleo para legalizar su situación.
Se trata, en suma, de un colectivo muy numeroso pero invisible para la sociedad, aunque estén empadronados y puedan acceder a la educación y la sanidad. La crisis, además, les está afectando de manera muy negativa: cada vez hay menos personas dispuestas a apostar por la contratación de inmigrantes y tramitarles los papeles.
Con la quiebra de empresas y el drástico aumento del paro, los inmigrantes «viven doblemente las dificultades económicas» apunta Coto. Si pierden su empleo cuando se encuentran tramitando la residencia, deben empezar de nuevo porque «si pierden el permiso de trabajo es como si nunca hubieran estado aquí», indica el coordinador de Cruz Roja. Una doble dificultad para quienes llegan sin nada.
http://www.lne.es/asturias/2010/02/21/concejo-fantasma-asturias/876242.html
La Cruz Roja desarrolla una labor de acompañamiento y orientación a los inmigrantes recién llegados a Asturias, especialmente en lo que se refiere a la búsqueda de empleo. Y el primer paso que recomiendan dar a los inmigrantes para ello es el del empadronamiento.
«Creemos que es primordial por el principio de solidaridad del Estado español y porque el padrón sólo hace un recuento del número de ciudadanos para adaptar los recursos de los municipios a las necesidades reales», reflexiona el coordinador del plan de empleo, Jorge Coto.
Los últimos datos del INE coinciden con la polémica que se ha generado en algunos ayuntamientos ante la llegada masiva de inmigrantes. El caso más sonado fue el de Vic, en Cataluña, que lanzó la polémica propuesta de no empadronar a los extranjeros ilegales.
Jorge Coto aboga por «facilitar la legalización de la situación de quienes llevan ya tres años en el país», porque, para el responsable de Cruz Roja, «la inmigración bien entendida es una oportunidad de futuro».
Tal y como explica Coto, después de tres años de estancia, lo que se considera arraigo social, los inmigrantes ilegales «ya pasan a contribuir y así se cierra el círculo vicioso del mercado negro». «Está claro que es necesaria mano de obra, y por eso la inmigración debe gestionarse de manera que sea una ventaja», apunta.
El año pasado, Cruz Roja de Asturias tramitó un total de 165 contrataciones de inmigrantes en la región, en sectores como el comercio, la hostelería o el servicio doméstico. A pesar de lo positivo del dato, Jorge Coto resalta las dificultades por las que están pasando muchos extranjeros.
Se trata, sobre todo, de hombres ya establecidos que proceden de la construcción o el metal y que se han quedado si trabajo. El número de ofertas de empleo ha descendido mucho «y no damos abasto», confiesa Coto, quien espera que este año «también sea gris».
l La región alberga a unos 15.700 extranjeros ilegales, una población equivalente a la de un municipio de tamaño medio como Corvera
En Asturias podría componerse un concejo «fantasma» de tamaño mediano con los inmigrantes que viven en situación irregular en la región. Los datos son muy cambiantes y por su propia definición de irregularidad muy difíciles de cuantificar. Pero las estimaciones del Observatorio Permanente de la Inmigración en Asturias apuntan a que uno de cada tres extranjeros en el Principado no tiene papeles: unos 15.700 o lo que viene a ser lo mismo, toda la población de un municipio similar a Corvera. Sería además un concejo «invisible», puesto que los inmigrantes ilegales tratan de pasar desapercibidos el mayor tiempo posible hasta que pueden regularizar su situación.
Los últimos datos del padrón hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogen la existencia de 47.119 inmigrantes en el Principado. De ellos, y aunque con un margen de error difícil de calcular, unas 15.700 personas no tienen regularizada su situación, lo que no quiere decir que no estén empadronados.
De hecho, el Observatorio ha hecho un seguimiento sobre los inmigrantes en Asturias y, según sus cálculos, la gran mayoría de ellos figura recogida en los censos municipales. Tal y como indica este organismo -que recopila los datos de diferentes entidades e instituciones que intervienen de forma directa y transversal con los inmigrantes residentes en Asturias-, una vez que estas personas se han asentado en la comunidad de acogida, uno de los primeros trámites que gestionan es el empadronamiento.
Gracias a este trámite, se les incluye en los registros oficiales y se facilita su acceso a servicios y prestaciones sociales básicas relacionadas con la vivienda, la educación e incluso asuntos laborales. El Observatorio ha comprobado que, independientemente de la situación de irregularidad, los inmigrantes en general sí han realizado los trámites administrativos necesarios para solicitar la asistencia sanitaria, así como la asignación de un médico de familia. Se trata de un primer paso hacia la regularización de su situación, un objetivo que todos los inmigrantes, en principio, se marcan a su llegada a Asturias.
Jorge Coto Suárez es el coordinador del plan de empleo de Asturias de la Cruz Roja y conoce de primera mano las vicisitudes por las que pasan los inmigrantes irregulares cuando llegan a la región. Cruz Roja cuenta con tres oficinas de empleo funcionando en Oviedo, Gijón y Avilés. El año pasado atendieron a unas 1.500 personas en toda Asturias, con 490 inmigrantes inscritos en el programa «Red Interlabora», para ciudadanos extranjeros documentados. Coto explica que, en principio, Cruz Roja sólo ofrece asesoría jurídica, formación y orientación laboral a los inmigrantes legales, pero la realidad es que atienden a todos los recién llegados, «hasta a los que entran por la puerta con la mochila y no saben hablar español».
Jorge Coto estima que el año pasado atendieron a unos 1.000 inmigrantes ilegales, a los que se ofrece la posibilidad de acogerse al programa de retorno voluntario, especialmente ante la situación de crisis económica en España. Los que optan por quedarse, en cambio, inician una lucha en solitario y en la irregularidad hasta superar la barrera de los tres años de estancia para poder acogerse al arraigo social y obtener así la estancia definitiva. Pero para ello deben acreditar el período de residencia a través del padrón.
Durante ese tiempo viven como pueden, frecuentemente en casa de otros inmigrantes conocidos que les prestan un espacio en el que poder alojarse, y trabajan en la economía sumergida, sin constar en ningún registro oficial. Si consiguen aguantar en esta situación, casi siempre de penuria, durante los tres años reglamentarios, luego aún deberán afrontar otros dos meses de papeleo para legalizar su situación.
Se trata, en suma, de un colectivo muy numeroso pero invisible para la sociedad, aunque estén empadronados y puedan acceder a la educación y la sanidad. La crisis, además, les está afectando de manera muy negativa: cada vez hay menos personas dispuestas a apostar por la contratación de inmigrantes y tramitarles los papeles.
Con la quiebra de empresas y el drástico aumento del paro, los inmigrantes «viven doblemente las dificultades económicas» apunta Coto. Si pierden su empleo cuando se encuentran tramitando la residencia, deben empezar de nuevo porque «si pierden el permiso de trabajo es como si nunca hubieran estado aquí», indica el coordinador de Cruz Roja. Una doble dificultad para quienes llegan sin nada.
http://www.lne.es/asturias/2010/02/21/concejo-fantasma-asturias/876242.html
La Cruz Roja desarrolla una labor de acompañamiento y orientación a los inmigrantes recién llegados a Asturias, especialmente en lo que se refiere a la búsqueda de empleo. Y el primer paso que recomiendan dar a los inmigrantes para ello es el del empadronamiento.
«Creemos que es primordial por el principio de solidaridad del Estado español y porque el padrón sólo hace un recuento del número de ciudadanos para adaptar los recursos de los municipios a las necesidades reales», reflexiona el coordinador del plan de empleo, Jorge Coto.
Los últimos datos del INE coinciden con la polémica que se ha generado en algunos ayuntamientos ante la llegada masiva de inmigrantes. El caso más sonado fue el de Vic, en Cataluña, que lanzó la polémica propuesta de no empadronar a los extranjeros ilegales.
Jorge Coto aboga por «facilitar la legalización de la situación de quienes llevan ya tres años en el país», porque, para el responsable de Cruz Roja, «la inmigración bien entendida es una oportunidad de futuro».
Tal y como explica Coto, después de tres años de estancia, lo que se considera arraigo social, los inmigrantes ilegales «ya pasan a contribuir y así se cierra el círculo vicioso del mercado negro». «Está claro que es necesaria mano de obra, y por eso la inmigración debe gestionarse de manera que sea una ventaja», apunta.
El año pasado, Cruz Roja de Asturias tramitó un total de 165 contrataciones de inmigrantes en la región, en sectores como el comercio, la hostelería o el servicio doméstico. A pesar de lo positivo del dato, Jorge Coto resalta las dificultades por las que están pasando muchos extranjeros.
Se trata, sobre todo, de hombres ya establecidos que proceden de la construcción o el metal y que se han quedado si trabajo. El número de ofertas de empleo ha descendido mucho «y no damos abasto», confiesa Coto, quien espera que este año «también sea gris».
El disputado voto del emigrante
El último censo electoral, fechado el pasado 1 de enero, arroja la cifra récord de 75.503 ciudadanos residentes en el extranjero con derecho a voto en Asturias, 5.600 más que en la última cita con las urnas, las europeas de junio de 2009. Una cifra que convierte a la emigración en el tercer 'concejo' por peso electoral, sólo por detrás de Gijón y Oviedo y superando ya a Avilés, cuyo censo se queda en 69.837 personas.
La experiencia de las últimas autonómicas, en 2007, cuando la jornada de votaciones se cerró en el Principado con una victoria del PP en número de votos (que no en escaños, debido al sistema de circunscripciones de la comunidad) y tres días después, con el recuento del voto emigrante, fue el PSOE el triunfador, ha servido de alerta a las fuerzas políticas de la región sobre la importancia de cuidar este cada vez más importante grupo de votantes. Y aunque aún faltan quince meses para renovar la Junta General del Principado, las tres fuerzas parlamentarias tienen ya en marcha distintas estrategias para incrementar su contacto con los potenciales votantes del exterior y hacerles llegar sus mensajes políticos.
El PSOE es hasta la fecha el absoluto dominador entre los emigrantes asturianos. Tanto en elecciones generales como autonómicas y europeas -en las municipales no se hace recuento específico del censo de residentes ausentes porque sus votos por correo se incluyen en las urnas el día de la votación- ha sido la fuerza más votada en Asturias desde que se les concedió el derecho a sufragio a quienes residen en el extranjero, con porcentajes que raramente han bajado del 50% y que han llegado a superar el 65%. Para el secretario de Políticas Migratorias de la Federación Socialista Asturiana, Guillermo Martínez, «ese respaldo se debe fundamentalmente a la continuidad en nuestro trabajo. La emigración, como la inmigración, es para los socialistas cuestión de valores, porque están motivadas en origen por las desigualdades. Por eso hemos estado y vamos a estar siempre cerca de nuestros emigrantes y eso explica nuestro éxito electoral entre ellos».
Estrategia socialista
Dados los positivos precedentes, la estrategia de la FSA con vistas a las autonómicas y municipales de 2011 será «continuar con nuestro trabajo como hasta ahora, apoyándonos en la estructura de nuestro partido en el exterior, porque somos la única fuerza política que damos participación efectiva a nuestras agrupaciones en el extranjero», explica Martínez. Y añade que «lo que no vamos a hacer de ningún modo es organizar asados gratuitos para 2.000 personas, ni a comprometer la independencia de los centros asturianos, ni vamos a descubrir ahora que hay 75.000 asturianos con derecho a voto fuera de nuestras fronteras».
Con estas palabras, el dirigente socialista alude a su principal rival político, el Partido Popular de Asturias, que ha solicitado al Centro Asturiano de Buenos Aires presupuesto para celebrar una comida para dos millares de personas el próximo mes de junio. Pero, independientemente de que finalmente tenga lugar o no este acto, los populares tienen claro que van a pelear al máximo por enjugar la ventaja que el PSOE les viene sacando en el voto emigrante: «Estamos haciendo un trabajo muy serio e intenso, como nunca se hizo en este partido, para estar en contacto y dar información a nuestra gente del exterior», dice el secretario de Residentes en el Exterior del PP de Asturias, Fidel Sánchez.
Como en el caso socialista, ese trabajo se apoya en la labor de las organizaciones que el PP nacional tiene en funcionamiento en el extranjero y también se va a intensificar el uso de las nuevas tecnologías de comunicación. «Estamos a punto de dar un cambio a nuestro sitio web para hacerlo más participativo y que permita a los asturianos del exterior estar en contacto permanente con nosotros», adelanta Sánchez. También cuenta, aunque aún es pronto para confirmar el programa de actos electorales, con «hacer campaña directa en algunos de los países con más emigrantes asturianos». «Lo que quizá no podremos hacer son muchos viajes, porque no es fácil financiarlos. El PSOE lo tiene más fácil, al estar gobernando y con todas sus triquiñuelas y estrategias, como los regalos institucionales que en realidad parecen más de captación de votos».
Entre las prácticas del Gobierno regional que preside Vicente Álvarez Areces que más recelo despiertan entre la oposición está, precisamente, el uso electoral que pueda hacer de los viajes institucionales y misiones comerciales al extranjero. Entre sus críticas al periplo por cuatro países americanos que Vicente Álvarez Areces realizará en abril, el diputado del PP en la Junta General José Agustín Cuervas-Mons ironizó sobre que «en periodos cercanos a elecciones aumenta la necesidad de exportar» y consideró «obvio» que la parte institucional que acompaña a las misiones empresariales «utiliza» los viajes para tratar de captar votos entre los emigrantes.
Para Fidel Sánchez, Areces y otros representantes socialistas de su Gobierno «siempre están al filo, bordeando la legalidad, y esos viajes terminan siendo actos de captación del voto, por la vía que sea». Por esa razón cree que el PSOE «tiene más fácil» hacer campaña en el extranjero, mientras que «nosotros, con nuestros medios, hacemos lo que podemos, siempre con ética y legalidad».
«Trabajo partidista»
Pese a su condición de socio de la FSA en el Ejecutivo asturiano, Izquierda Unida comparte las suspicacias de los populares con respecto a los viajes, aunque también las extiende al PP en aquellos lugares donde gobierna. «Yo he visto a los dos partidos mayoritarios aprovechar viajes institucionales para hacer trabajo partidista», denuncia Luis Miguel Fernández Romero, ex director de la Agencia Asturiana de Emigración y actual responsable del Área de Emigración de IU de Asturias, quien se muestra «partidario de mirar con lupa determinadas cosas que se hacen, porque son contrarias a toda ética».
Fernández Romero contrapone esta actitud con la que, a su juicio, ha puesto de manifiesto su organización la pasada legislatura, cuando tuvo en sus manos la responsabilidad de la emigración en el seno del Gobierno del Principado: «Francisco Javier García Valledor fue consejero de Relaciones Exteriores y realizó numerosos viajes, sin participar en una sola reunión de militantes. Y sí lo hizo en dos viajes que organizamos con este fin, pagados por Izquierda Unida», explica.
Como las otras fuerzas con representación parlamentaria, la coalición es consciente de la creciente importancia del electorado del exterior en los comicios asturianos y hacia él piensa dirigir cada vez mayores esfuerzos, aunque se ve lastrada por el hecho de que «nosotros no tenemos ninguna sede de IU estatal en el extranjero. Hay cierta organización, e incluso el presidente de la de Bélgica es asturiano, pero no tenemos ni una oficina», se lamenta Fernández Romero.
Para superar esta situación, continúa, IU de Asturias «va a dar este año un paso importante, que es abrir una oficina en Argentina». Y, al igual que el PP regional, «tenemos ya medio perfilado un instrumento propio en internet, ya que estamos remodelando nuestra web y buscamos un espacio específico para la emigración». El contacto electrónico tiene la ventaja de su bajo coste, ya que, como afirma el responsable del Área de Emigración de IU, «en los últimos tiempos intentamos hacer actos presenciales, enviar gente de Asturias al extranjero, pero sale muy caro».
Izquierda Unida es una de las fuerzas nacionales que más se destaca por su defensa del derecho al voto de los emigrantes, incluso ahora que desde otros partidos se cuestiona que residentes en el exterior puedan participar en las elecciones municipales. «Los consideramos parte de Asturias; no se puede entender, ni se puede construir, Asturias sin la emigración», argumenta para el ámbito regional Fernández Romero. Sin embargo, este apoyo no es mutuo, ya que el porcentaje de votos que la coalición obtiene en el censo exterior es siempre inferior al logrado entre los residentes en el Principado. Los peores resultados los logró en los dos últimos comicios: un 2,58% en las generales de 2008 y un 2,74% en las europeas del año pasado.
El PP, en esas citas con las urnas, llegó al 27,48% y al 23,17%, respectivamente, mientras que el PSOE rondó en ambas el 65%. Aunque el peso del voto emigrante suele estar relativizado por el alto índice de abstención de este censo, cada vez son más los asturianos del exterior que participan en las elecciones. El nivel más alto de participación se registró hasta ahora en las legislativas de marzo de 2008, cuando el número de votantes residentes en el extranjero superó los 25.000, más de un 37% del censo.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100221/politica/disputado-voto-emigrante-20100221.html
Emigración, voto decisivo
El sufragio de los asturianos en el extranjero condiciona la batalla electoral
Los comicios autonómicos en Asturias no sólo están marcados por el perfil de los candidatos y los programas electorales, sino que están influidos por la ubicación de los electores. La comunidad autónoma se encuentra dividida en tres circunscripciones, una medida innecesaria para vertebrar políticamente un territorio de 10.000 kilómetros cuadrados habitado por poco más de un millón de habitantes, que condiciona la asignación de escaños. Otro aspecto de la localización del electorado que tiene una gran trascendencia en el resultado de los comicios es el voto de la emigración, que representa casi un 8% del cuerpo electoral. Dos características dan realce al voto de los asturianos de la diáspora: su crecimiento y el sesgo específico de sus opciones electorales. En el último censo electoral, con fecha 1 de enero del presente año, hay registrados 75.503 emigrantes con derecho a voto, 5.600 más que en las elecciones europeas del mes de junio del pasado año, última cita con las urnas. En los últimos ocho años el censo electoral del exterior se incrementó en 20.000 electores, una cantidad que viene a coincidir con la mengua del censo en el interior.
El rasgo que pone en valor el voto de la emigración es el comportamiento diferencial de los electores, en relación al sufragio que se deposita en Asturias. Entre los emigrantes la preferencia por las candidaturas socialistas aparece de forma destacada en cualquier coyuntura. En todas las convocatorias, bien sean elecciones generales, autonómicas o europeas, los socialistas captan alrededor del 50% de los sufragios, llegando a rozar el 65% en las últimas convocatorias. El PP obtiene alrededor del 30% e IU no supera el 3%. La mínima diferencia en votos, registradas en las dos últimas elecciones autonómicas entre el PSOE y el PP, quedó claramente decantada tras escrutar las papeletas del exterior. En los comicios autonómicos de 2007, el PP llegó a sacar más votos en las urnas asturianas que el PSOE, pero luego fue rebasado por los socialistas al sumar los sufragios provenientes del extranjero.
La tendencia del voto de los emigrantes y el aumento de su peso relativo en el conjunto del cuerpo electoral constituye el principal handicap del PP para poder gobernar en Asturias. Este hecho explica la campaña del partido de la oposición contra los viajes oficiales del Principado al extranjero, pretextando que en época de crisis no se puede gastar dinero en esas iniciativas. En política no cabe pensar en propuestas ingenuas, pero es muy difícil saber dónde termina la promoción de los intereses económicos regionales y la búsqueda de nuevos mercados, por parte del Ejecutivo de coalición, y dónde empieza el trabajo por mantener una clientela electoral. Un rasgo especialmente inquietante para el PP viene determinado por la ubicación de los emigrantes, al estar un 75% de ellos residiendo en países de Latinoamérica. La herencia del exilio, favorable para los socialistas, y la barrera de la lejanía obligan al partido de la oposición a realizar un esfuerzo extraordinario para llegar a las colonias de asturianos. La mayor concentración de la emigración se da en Argentina, con más de 22.000 asturianos. El PP quiere organizar una gran comida en Buenos Aires, para 2.000 emigrantes, lo que da idea del interés por disputar esa bolsa de sufragios. Es probable que otras medidas más imaginativas, centradas en Internet, puedan ser más rentables para reorientar las preferencias electorales.
El voto de la emigración frena las aspiraciones de IU de obtener más escaños. Los partidos pequeños, con candidatos más desconocidos, tienen grandes dificultades para atraer el voto lejano. Todas estas consideraciones, de carácter objetivo porque dimanan de cifras del censo y de resultados electorales, hay que interpretarlas de forma flexible ante los próximos comicios autonómicos, al no repetirse el duelo entre Álvarez Areces y Ovidio Sánchez, y al aumentar la competencia entre los dos grandes partidos, lo que puede redundar en una mayor afluencia a las urnas.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100221/opinioneditorial/emigracion-voto-decisivo-20100221.html
La experiencia de las últimas autonómicas, en 2007, cuando la jornada de votaciones se cerró en el Principado con una victoria del PP en número de votos (que no en escaños, debido al sistema de circunscripciones de la comunidad) y tres días después, con el recuento del voto emigrante, fue el PSOE el triunfador, ha servido de alerta a las fuerzas políticas de la región sobre la importancia de cuidar este cada vez más importante grupo de votantes. Y aunque aún faltan quince meses para renovar la Junta General del Principado, las tres fuerzas parlamentarias tienen ya en marcha distintas estrategias para incrementar su contacto con los potenciales votantes del exterior y hacerles llegar sus mensajes políticos.
El PSOE es hasta la fecha el absoluto dominador entre los emigrantes asturianos. Tanto en elecciones generales como autonómicas y europeas -en las municipales no se hace recuento específico del censo de residentes ausentes porque sus votos por correo se incluyen en las urnas el día de la votación- ha sido la fuerza más votada en Asturias desde que se les concedió el derecho a sufragio a quienes residen en el extranjero, con porcentajes que raramente han bajado del 50% y que han llegado a superar el 65%. Para el secretario de Políticas Migratorias de la Federación Socialista Asturiana, Guillermo Martínez, «ese respaldo se debe fundamentalmente a la continuidad en nuestro trabajo. La emigración, como la inmigración, es para los socialistas cuestión de valores, porque están motivadas en origen por las desigualdades. Por eso hemos estado y vamos a estar siempre cerca de nuestros emigrantes y eso explica nuestro éxito electoral entre ellos».
Estrategia socialista
Dados los positivos precedentes, la estrategia de la FSA con vistas a las autonómicas y municipales de 2011 será «continuar con nuestro trabajo como hasta ahora, apoyándonos en la estructura de nuestro partido en el exterior, porque somos la única fuerza política que damos participación efectiva a nuestras agrupaciones en el extranjero», explica Martínez. Y añade que «lo que no vamos a hacer de ningún modo es organizar asados gratuitos para 2.000 personas, ni a comprometer la independencia de los centros asturianos, ni vamos a descubrir ahora que hay 75.000 asturianos con derecho a voto fuera de nuestras fronteras».
Con estas palabras, el dirigente socialista alude a su principal rival político, el Partido Popular de Asturias, que ha solicitado al Centro Asturiano de Buenos Aires presupuesto para celebrar una comida para dos millares de personas el próximo mes de junio. Pero, independientemente de que finalmente tenga lugar o no este acto, los populares tienen claro que van a pelear al máximo por enjugar la ventaja que el PSOE les viene sacando en el voto emigrante: «Estamos haciendo un trabajo muy serio e intenso, como nunca se hizo en este partido, para estar en contacto y dar información a nuestra gente del exterior», dice el secretario de Residentes en el Exterior del PP de Asturias, Fidel Sánchez.
Como en el caso socialista, ese trabajo se apoya en la labor de las organizaciones que el PP nacional tiene en funcionamiento en el extranjero y también se va a intensificar el uso de las nuevas tecnologías de comunicación. «Estamos a punto de dar un cambio a nuestro sitio web para hacerlo más participativo y que permita a los asturianos del exterior estar en contacto permanente con nosotros», adelanta Sánchez. También cuenta, aunque aún es pronto para confirmar el programa de actos electorales, con «hacer campaña directa en algunos de los países con más emigrantes asturianos». «Lo que quizá no podremos hacer son muchos viajes, porque no es fácil financiarlos. El PSOE lo tiene más fácil, al estar gobernando y con todas sus triquiñuelas y estrategias, como los regalos institucionales que en realidad parecen más de captación de votos».
Entre las prácticas del Gobierno regional que preside Vicente Álvarez Areces que más recelo despiertan entre la oposición está, precisamente, el uso electoral que pueda hacer de los viajes institucionales y misiones comerciales al extranjero. Entre sus críticas al periplo por cuatro países americanos que Vicente Álvarez Areces realizará en abril, el diputado del PP en la Junta General José Agustín Cuervas-Mons ironizó sobre que «en periodos cercanos a elecciones aumenta la necesidad de exportar» y consideró «obvio» que la parte institucional que acompaña a las misiones empresariales «utiliza» los viajes para tratar de captar votos entre los emigrantes.
Para Fidel Sánchez, Areces y otros representantes socialistas de su Gobierno «siempre están al filo, bordeando la legalidad, y esos viajes terminan siendo actos de captación del voto, por la vía que sea». Por esa razón cree que el PSOE «tiene más fácil» hacer campaña en el extranjero, mientras que «nosotros, con nuestros medios, hacemos lo que podemos, siempre con ética y legalidad».
«Trabajo partidista»
Pese a su condición de socio de la FSA en el Ejecutivo asturiano, Izquierda Unida comparte las suspicacias de los populares con respecto a los viajes, aunque también las extiende al PP en aquellos lugares donde gobierna. «Yo he visto a los dos partidos mayoritarios aprovechar viajes institucionales para hacer trabajo partidista», denuncia Luis Miguel Fernández Romero, ex director de la Agencia Asturiana de Emigración y actual responsable del Área de Emigración de IU de Asturias, quien se muestra «partidario de mirar con lupa determinadas cosas que se hacen, porque son contrarias a toda ética».
Fernández Romero contrapone esta actitud con la que, a su juicio, ha puesto de manifiesto su organización la pasada legislatura, cuando tuvo en sus manos la responsabilidad de la emigración en el seno del Gobierno del Principado: «Francisco Javier García Valledor fue consejero de Relaciones Exteriores y realizó numerosos viajes, sin participar en una sola reunión de militantes. Y sí lo hizo en dos viajes que organizamos con este fin, pagados por Izquierda Unida», explica.
Como las otras fuerzas con representación parlamentaria, la coalición es consciente de la creciente importancia del electorado del exterior en los comicios asturianos y hacia él piensa dirigir cada vez mayores esfuerzos, aunque se ve lastrada por el hecho de que «nosotros no tenemos ninguna sede de IU estatal en el extranjero. Hay cierta organización, e incluso el presidente de la de Bélgica es asturiano, pero no tenemos ni una oficina», se lamenta Fernández Romero.
Para superar esta situación, continúa, IU de Asturias «va a dar este año un paso importante, que es abrir una oficina en Argentina». Y, al igual que el PP regional, «tenemos ya medio perfilado un instrumento propio en internet, ya que estamos remodelando nuestra web y buscamos un espacio específico para la emigración». El contacto electrónico tiene la ventaja de su bajo coste, ya que, como afirma el responsable del Área de Emigración de IU, «en los últimos tiempos intentamos hacer actos presenciales, enviar gente de Asturias al extranjero, pero sale muy caro».
Izquierda Unida es una de las fuerzas nacionales que más se destaca por su defensa del derecho al voto de los emigrantes, incluso ahora que desde otros partidos se cuestiona que residentes en el exterior puedan participar en las elecciones municipales. «Los consideramos parte de Asturias; no se puede entender, ni se puede construir, Asturias sin la emigración», argumenta para el ámbito regional Fernández Romero. Sin embargo, este apoyo no es mutuo, ya que el porcentaje de votos que la coalición obtiene en el censo exterior es siempre inferior al logrado entre los residentes en el Principado. Los peores resultados los logró en los dos últimos comicios: un 2,58% en las generales de 2008 y un 2,74% en las europeas del año pasado.
El PP, en esas citas con las urnas, llegó al 27,48% y al 23,17%, respectivamente, mientras que el PSOE rondó en ambas el 65%. Aunque el peso del voto emigrante suele estar relativizado por el alto índice de abstención de este censo, cada vez son más los asturianos del exterior que participan en las elecciones. El nivel más alto de participación se registró hasta ahora en las legislativas de marzo de 2008, cuando el número de votantes residentes en el extranjero superó los 25.000, más de un 37% del censo.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100221/politica/disputado-voto-emigrante-20100221.html
Emigración, voto decisivo
El sufragio de los asturianos en el extranjero condiciona la batalla electoral
Los comicios autonómicos en Asturias no sólo están marcados por el perfil de los candidatos y los programas electorales, sino que están influidos por la ubicación de los electores. La comunidad autónoma se encuentra dividida en tres circunscripciones, una medida innecesaria para vertebrar políticamente un territorio de 10.000 kilómetros cuadrados habitado por poco más de un millón de habitantes, que condiciona la asignación de escaños. Otro aspecto de la localización del electorado que tiene una gran trascendencia en el resultado de los comicios es el voto de la emigración, que representa casi un 8% del cuerpo electoral. Dos características dan realce al voto de los asturianos de la diáspora: su crecimiento y el sesgo específico de sus opciones electorales. En el último censo electoral, con fecha 1 de enero del presente año, hay registrados 75.503 emigrantes con derecho a voto, 5.600 más que en las elecciones europeas del mes de junio del pasado año, última cita con las urnas. En los últimos ocho años el censo electoral del exterior se incrementó en 20.000 electores, una cantidad que viene a coincidir con la mengua del censo en el interior.
El rasgo que pone en valor el voto de la emigración es el comportamiento diferencial de los electores, en relación al sufragio que se deposita en Asturias. Entre los emigrantes la preferencia por las candidaturas socialistas aparece de forma destacada en cualquier coyuntura. En todas las convocatorias, bien sean elecciones generales, autonómicas o europeas, los socialistas captan alrededor del 50% de los sufragios, llegando a rozar el 65% en las últimas convocatorias. El PP obtiene alrededor del 30% e IU no supera el 3%. La mínima diferencia en votos, registradas en las dos últimas elecciones autonómicas entre el PSOE y el PP, quedó claramente decantada tras escrutar las papeletas del exterior. En los comicios autonómicos de 2007, el PP llegó a sacar más votos en las urnas asturianas que el PSOE, pero luego fue rebasado por los socialistas al sumar los sufragios provenientes del extranjero.
La tendencia del voto de los emigrantes y el aumento de su peso relativo en el conjunto del cuerpo electoral constituye el principal handicap del PP para poder gobernar en Asturias. Este hecho explica la campaña del partido de la oposición contra los viajes oficiales del Principado al extranjero, pretextando que en época de crisis no se puede gastar dinero en esas iniciativas. En política no cabe pensar en propuestas ingenuas, pero es muy difícil saber dónde termina la promoción de los intereses económicos regionales y la búsqueda de nuevos mercados, por parte del Ejecutivo de coalición, y dónde empieza el trabajo por mantener una clientela electoral. Un rasgo especialmente inquietante para el PP viene determinado por la ubicación de los emigrantes, al estar un 75% de ellos residiendo en países de Latinoamérica. La herencia del exilio, favorable para los socialistas, y la barrera de la lejanía obligan al partido de la oposición a realizar un esfuerzo extraordinario para llegar a las colonias de asturianos. La mayor concentración de la emigración se da en Argentina, con más de 22.000 asturianos. El PP quiere organizar una gran comida en Buenos Aires, para 2.000 emigrantes, lo que da idea del interés por disputar esa bolsa de sufragios. Es probable que otras medidas más imaginativas, centradas en Internet, puedan ser más rentables para reorientar las preferencias electorales.
El voto de la emigración frena las aspiraciones de IU de obtener más escaños. Los partidos pequeños, con candidatos más desconocidos, tienen grandes dificultades para atraer el voto lejano. Todas estas consideraciones, de carácter objetivo porque dimanan de cifras del censo y de resultados electorales, hay que interpretarlas de forma flexible ante los próximos comicios autonómicos, al no repetirse el duelo entre Álvarez Areces y Ovidio Sánchez, y al aumentar la competencia entre los dos grandes partidos, lo que puede redundar en una mayor afluencia a las urnas.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100221/opinioneditorial/emigracion-voto-decisivo-20100221.html
La concertada más pobre del país
Asturias es la región que menos incrementó la partida destinada a conciertos y ayudas a centros privados, según un informe del ministerio
Las cifras dan la razón a los cinco sindicatos con representación en la enseñanza concertada asturiana, en pie de guerra y con una huelga convocada para el miércoles, la segunda en un mes. Porque, según una estadística publicada por el Ministerio de Educación, la Administración educativa del Principado fue la que menos incrementó los fondos destinados a conciertos y subvenciones a estos centros educativos en el periodo comprendido entre 2000 y 2007.
Según estos mismos datos, las administraciones educativas de Extremadura, Murcia, Madrid y la Comunidad Valenciana se situaron a la cabeza del gasto y duplicaron en esos siete años el presupuesto dedicado a conciertos con centros escolares privados y otras ayudas.
En el conjunto de España, el conjunto de las transferencias públicas por estos conceptos aumentó cerca del 70%, lo que equivale a un crecimiento medio del 10% al año, hasta llegar al entorno de los 5.000 millones de euros en 2007. En total, el gasto en la enseñanza no universitaria pasó de 11.458 a 29.863 millones de euros, lo que supone nada más y nada menos que un aumento global del 160%.
Y, si se atiende únicamente al gasto público en conciertos y subvenciones de 2007 (4.968 millones de euros), representó el 16,63% del total dedicado por esas administraciones a la enseñanza no universitaria. Siete años antes, en 2000, ese gasto (2.923 millones de euros) fue el 25,5% del total.
Por comunidades, el incremento relativo más elevado de la financiación pública de conciertos y subvenciones correspondió a Extremadura, donde subió un 108,21%, seguida por Murcia (106,3%), Madrid (101,85%) y Comunidad Valenciana (98,10%). Y a continuación se sitúan Castilla-La Mancha (87,96%) y Baleares (79,78%).
79,58 millones
Por el contrario, donde menos creció la financiación pública educativa de la escuela privada fue en Asturias (42,11%), donde los 56 millones destinados a conciertos y subvenciones en 2000 se convirtieron en 79,58 millones siete años después, lo que supone una media anual del incremento del 6,01%, el menor del país y cuatro puntos por debajo de la media nacional. Le siguen, a la cola del gasto, Cantabria (47,13%) y Cataluña (54,96%).
En el curso 2007-2008, el último del que el ministerio ofrece datos, el 26% de los alumnos españoles de las enseñanzas no universitarias de régimen general estaban matriculados en centros privados concertados, una cifra muy similar a la que registra el Principado.
Este curso arrancó en Asturias con 124.617 estudiantes. Y, de ellos, la red de centros públicos acoge a 86.966 (el 69,78% del alumnado), mientras que los concertados reúnen a 31.638 (el 25,38%), Además, los privados cuentan con otros 6.013 estudiantes (un 4,82%).
Pero, a pesar de que escolarizan a cerca del 26% del alumnado total, los sindicatos denuncian que la dotación que el Gobierno regional asigna a esta red es inferior al 12% del presupuesto de Educación para la enseñanza no universitaria.
En cuanto a las plantillas, que «no se modifican desde el año 2000», en la red de enseñanza pública hay 10.900 docentes, uno por cada ocho alumnos, mientras que en la concertada son aproximadamente 2.500, lo que arroja una proporción de un profesor casi por cada trece estudiantes.
La distancia, dicen, es sangrante en Infantil y Primaria. En Gijón, por ejemplo, las ratios en estos niveles se sitúan en la concertada en torno a los 21 niños por profesor, mientras que en los públicos es la mitad. En Secundaria, la ratio de los concertados es de unos 18 alumnos frente a los ocho de la pública.
Los setenta centros concertados que hay en Asturias, que suman 1.500 unidades escolares y cada año dejan fuera a unos 130 alumnos en Gijón y una cifra aproximada en Oviedo por falta de plazas, no pueden ser «los centros con menos plantilla de toda España, además de ser los peor pagados. Porque hasta ahora, Extremadura cerraba el listado, pero un reciente acuerdo nos ha dejado a nosotros a la cola», reclaman las centrales. Económicamente, los 318 euros mensuales de complementos que recibe cada profesor en Asturias están lejos de «los 500 de media que se recibe en el resto de España».
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100221/asturias/concertada-pobre-pais-20100221.html
Las cifras dan la razón a los cinco sindicatos con representación en la enseñanza concertada asturiana, en pie de guerra y con una huelga convocada para el miércoles, la segunda en un mes. Porque, según una estadística publicada por el Ministerio de Educación, la Administración educativa del Principado fue la que menos incrementó los fondos destinados a conciertos y subvenciones a estos centros educativos en el periodo comprendido entre 2000 y 2007.
Según estos mismos datos, las administraciones educativas de Extremadura, Murcia, Madrid y la Comunidad Valenciana se situaron a la cabeza del gasto y duplicaron en esos siete años el presupuesto dedicado a conciertos con centros escolares privados y otras ayudas.
En el conjunto de España, el conjunto de las transferencias públicas por estos conceptos aumentó cerca del 70%, lo que equivale a un crecimiento medio del 10% al año, hasta llegar al entorno de los 5.000 millones de euros en 2007. En total, el gasto en la enseñanza no universitaria pasó de 11.458 a 29.863 millones de euros, lo que supone nada más y nada menos que un aumento global del 160%.
Y, si se atiende únicamente al gasto público en conciertos y subvenciones de 2007 (4.968 millones de euros), representó el 16,63% del total dedicado por esas administraciones a la enseñanza no universitaria. Siete años antes, en 2000, ese gasto (2.923 millones de euros) fue el 25,5% del total.
Por comunidades, el incremento relativo más elevado de la financiación pública de conciertos y subvenciones correspondió a Extremadura, donde subió un 108,21%, seguida por Murcia (106,3%), Madrid (101,85%) y Comunidad Valenciana (98,10%). Y a continuación se sitúan Castilla-La Mancha (87,96%) y Baleares (79,78%).
79,58 millones
Por el contrario, donde menos creció la financiación pública educativa de la escuela privada fue en Asturias (42,11%), donde los 56 millones destinados a conciertos y subvenciones en 2000 se convirtieron en 79,58 millones siete años después, lo que supone una media anual del incremento del 6,01%, el menor del país y cuatro puntos por debajo de la media nacional. Le siguen, a la cola del gasto, Cantabria (47,13%) y Cataluña (54,96%).
En el curso 2007-2008, el último del que el ministerio ofrece datos, el 26% de los alumnos españoles de las enseñanzas no universitarias de régimen general estaban matriculados en centros privados concertados, una cifra muy similar a la que registra el Principado.
Este curso arrancó en Asturias con 124.617 estudiantes. Y, de ellos, la red de centros públicos acoge a 86.966 (el 69,78% del alumnado), mientras que los concertados reúnen a 31.638 (el 25,38%), Además, los privados cuentan con otros 6.013 estudiantes (un 4,82%).
Pero, a pesar de que escolarizan a cerca del 26% del alumnado total, los sindicatos denuncian que la dotación que el Gobierno regional asigna a esta red es inferior al 12% del presupuesto de Educación para la enseñanza no universitaria.
En cuanto a las plantillas, que «no se modifican desde el año 2000», en la red de enseñanza pública hay 10.900 docentes, uno por cada ocho alumnos, mientras que en la concertada son aproximadamente 2.500, lo que arroja una proporción de un profesor casi por cada trece estudiantes.
La distancia, dicen, es sangrante en Infantil y Primaria. En Gijón, por ejemplo, las ratios en estos niveles se sitúan en la concertada en torno a los 21 niños por profesor, mientras que en los públicos es la mitad. En Secundaria, la ratio de los concertados es de unos 18 alumnos frente a los ocho de la pública.
Los setenta centros concertados que hay en Asturias, que suman 1.500 unidades escolares y cada año dejan fuera a unos 130 alumnos en Gijón y una cifra aproximada en Oviedo por falta de plazas, no pueden ser «los centros con menos plantilla de toda España, además de ser los peor pagados. Porque hasta ahora, Extremadura cerraba el listado, pero un reciente acuerdo nos ha dejado a nosotros a la cola», reclaman las centrales. Económicamente, los 318 euros mensuales de complementos que recibe cada profesor en Asturias están lejos de «los 500 de media que se recibe en el resto de España».
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100221/asturias/concertada-pobre-pais-20100221.html
El salario social se triplicó desde 2006
Asturias rompió la barrera de los 7.000 titulares de la renta mínima y destinó casi 30 millones de euros a la prestación en 2009 .Los beneficiarios suman ya 17.400 y la edad media ha descendido hasta situarse en los 48 años
Mujeres solas con hijos a su cargo (la mayoría, con dos) y cada vez más jóvenes. Ese es el perfil mayoritario de quienes perciben el salario social en Asturias, la paga que el Principado concede, por ley, a todos los residentes en la región que tengan ingresos inferiores a 528 euros al mes y que hayan agotado todas las redes sociales a su alcance. Porque el salario social es la última. La de «los más débiles».
Y, como la crisis aprieta y el desempleo se ha cebado en 80.000 asturianos, «2009 fue el año en el que más se dejó sentir la recesión en el salario social», un año que concluyó con un récord desolador, que desbordó incluso las previsiones más pesimistas: casi 17.400 asturianos beneficiarios de la renta mínima, hizo balance ayer la consejera de Bienestar Social, Noemí Martín. O lo que es lo mismo: 7.902 titulares directos de la prestación más los familiares a su cargo. Dependiendo de su número, la renta oscila entre 432,09 euros para una persona sola y 748,60 si son seis o más.
El dato supone que la cifra de personas que perciben del salario social básico no ha dejado de aumentar desde su entrada en vigor y que sus beneficiarios se han disparado respecto a los 6.575 titulares y 14.051 beneficiarios de 2008. Dicho de otra forma: la población protegida, con respecto a 2008, se incrementó en 3.308 personas, lo que supuso una variación interanual del 23,51%, y se triplicó con respecto a 2006.
Así, destacó la consejera de Bienestar Social, «Asturias se ha convertido en la tercera comunidad con un mayor porcentaje de población protegida tras País Vasco y Navarra», ya que en el Principado la renta mínima «da cobertura a seis de cada mil habitantes, una población que se sitúa muy por encima de la media nacional (2,48 por cada mil) y aún más si se compara con comunidades gobernadas por el PP».
En cuanto al número de solicitudes formuladas, fueron 3.230 más que el anterior, lo que significó un incremento del 51,7%.
El hecho de que cada vez haya más víctimas jóvenes del «desempleo sobrevenido», dijo Martín, es también la explicación de que la edad media de quienes cobran el salario social haya bajado de 50 a 48 años desde la puesta en marcha, en noviembre de 2005, de una ley impulsada por IU y que contó, inicialmente, con el rechazo de su socio en el Ejecutivo regional. Y de ahí que el incremento de solicitudes se haya notado especialmente en el rango de edad comprendido entre los 25 y los 44 años.
Desde aquel año del arranque de la ley, con 15 millones de euros y 2.100 titulares, el presupuesto destinado a la renta mínima de inserción casi se ha duplicado y en 2009 supuso para las arcas asturianas un desembolso de 29,7 millones, dos de ellos correspondientes a atrasos. «Con ellos se ha dado cobertura a la totalidad de peticiones con derecho a prestación», precisó Martín, quien volvió a proclamar que, «mientras Izquierda Unida esté en el Gobierno de Asturias, nadie que tenga derecho al salario social se quedará sin él».
1.040 encuentran trabajo
Es difícil saber cómo evolucionará en 2010 el número de beneficiarios del compromiso que tantas fricciones generó en el Ejecutivo autonómico, reconoció Martín, porque el pasado año influyeron factores como la entrada en vigor de la ayuda extra de 420 euros a los parados que se quedaron sin prestación por desempleo, lo que redujo en gran medida las peticiones durante el segundo semestre.
Otro factor que complica las predicciones es el incremento de la rotación entre los beneficiarios. Es decir: aumentan las personas que, tras cobrar la paga durante unos meses, dejan de hacerlo al encontrar trabajo. Aunque, en ocasiones, esa suspensión del salario es temporal y vuelven a percibirlo una vez concluido el contrato.
Un ejemplo: en 2009 dejaron de recibir el salario social 1.040 personas, de las que prácticamente el 70% lo hicieron tras encontrar un empleo. Y eso demuestra, dijo Martín, una de las tesis que sostiene Bienestar Social: que «se trata de una prestación con vocación de temporalidad hasta que se encuentra trabajo».
Lo que sí se sabe, con vistas a 2010, es que se incrementará el control para evitar la picaresca y que la cuantía ordinaria para una persona se situará en 436,41 euros, un 20% más en relación a los 365 euros que se percibían en 2005.
No obstante, la prestación media el año pasado se situó por debajo: en 389,65 euros, ya que, en seis de cada diez casos, fue un complemento a otros ingresos y, de éstos, un tercio correspondieron a titulares de pensiones no contributivas. Porque las mujeres que perciben una de esas pensiones exiguas constituyen el otro puntal fundamental del colectivo de beneficiarios.
El mayor porcentaje se sitúa en el área rural oriental, en las comarcas mineras y en Avilés. Y el menor, en las áreas rurales del Occidente y el resto del área central de una región donde las previsiones hablan de un 12% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social. La media nacional será del 19%.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100221/asturias/salario-social-triplico-desde-20100221.html
Para gustos, alegaciones
Insistió el equipo de gobierno en que ahora tocaba hablar de cuestiones generales. Y han hecho caso los gijoneses. Colectivos ciudadanos de muy diversa índole presentaron durante los 40 días de información pública sus propias visiones sobre el crecimiento de la ciudad. Una visiones muy distintas, contrarias incluso, unas de otras. A mediados de la próxima semana se sabrá exactamente cuántos documentos y cuántos alegantes se han presentado. Y habrá que comenzar a estudiarlos a fondo. Este es un resumen de las principales peticiones de unos y otros.
Equipo de gobierno
Alternativas 0, 1 y 2
Urbanismo presentó su documento de prioridades, con los objetivos de asegurar una política de vivienda suficiente, de incorporar el planeamiento desarrollado o en marcha, potenciar el modelo territorial regional, asegurar el desarrollo industrial y diseñar una ciudad sostenible. Las alternativas 0, 1 y 2 van desde el regreso al último plan Rañada hasta la ampliación del plan Teixidor, pasando por la 'copia' exacta del plan anulado, lo que se traduce en 10.700 viviendas, 17.200 o 24.200 y el suelo industrial ya previsto. No hay grandes cambios respecto al plan anulado, y plantean contener el crecimiento de los núcleos rurales.
Partido Popular
Traslado del astillero
La oposición planteó un documento que nada tiene que ver con las alternativas de Urbanismo. Entre sus objetivos, garantizar un medio ambiente adecuado, dotar a la ciudad de equipamientos públicos y garantizar el acceso a la vivienda. Entre sus proyectos, trasladar la industria de Poniente y El Natahoyo a El Musel; reorganizar el área de Tremañes y llevar allí una nueva bolsa de suelo; llevar el modelo del plan de vías más hacia el Sur; preservar de la edificabilidad de alta densidad todo el Este del concejo y llevarla entre la autovía minera y la AS-II. Proponen un plan de rehabilitación de fachadas en Poniente.
Promotores
Otro Roces
Las entidades Asprocon y Confederación Asturiana de la Construcción (CAC) piden una actuación residencial de magnitud similar al plan de Roces para tomar el relevo cuando finalice el desarrollo de éste. Piden también suelo industrial en cantidad suficiente, es decir, desarrollar nuevas áreas (cuestión no prevista en principio por el equipo de gobierno). Y solicitan que se mantengan todos los derechos adquiridos del plan anulado, ante el temor de que pueda desaparecer del planeamiento alguno de los desarrollos. Si tienen que elegir entre alguna de las alternativas, se quedan con la 2, la más ambiciosa, la de las 24.200 viviendas.
Colegio de Arquitectos
Contener el crecimiento
La Comisión de Urbanismo del Colegio de Arquitectos redactó un documento de sugerencias que se opone, en gran medida, a los planteamientos municipales. Para empezar, duda de que Gijón deba someterse a un gran crecimiento en los próximos años, y pide más atención a la ciudad ya construida. Solicitan (como muchos colectivos vecinales) que se incluyan en el PGO cuestiones como la futura entrada del AVE y el plan de vías. Coinciden con el PP, por ejemplo, en la ordenación de los espacios que ahora ocupan los astilleros. Y coinciden, aquí sí, con Ayuntamiento y promotores en la contención del crecimiento de los núcleos.
Federación vecinal de la zona urbana
Más suelo industrial
Como los promotores, pide la FAV una mayor reserva de suelo industrial en el concejo y la posibilidad de que los actuales sean más cercanos. En contra de lo que opinan PP y arquitectos, defiende que los terrenos industriales más cercanos a la mar se mantengan con esa calificación. Solicitan que el suelo público se destine a vivienda protegida, en un porcentaje que supere el 80%, y piden que este tipo de viviendas se reparta por toda la ciudad, algo que también indican los arquitectos. Proponen más zonas verdes, más suelo para equipamientos públicos, un plan de aparcamientos y que las nuevas zonas a desarrollar tengan una edificabilidad media-baja.
Federación vecinal de la zona rural
Uso de los pisos vacíos
Piden las 25 asociaciones que integran Les Caseríes incorporar al PGO todos los planes de la ZALIA, ampliación de El Musel, Roces, plan de Vías (dijo ayer Sanjurjo que no es necesario «retramitar» lo ya tramitado). Niegan que sean necesarias ni 10.000 ni 24.000 nuevas viviendas, sino utilizar los más de 19.000 pisos vacíos que hay en la ciudad, así como los bajos comerciales que estén cerrados. Solicitan justificar la necesidad de nuevos suelos industriales, una categoría de suelo que fomente el uso agrícola y ganadero, desarrollar la vivienda protegida en suelo público, un catálogo de núcleos rurales y un cambio de planeamiento respecto a esta figura.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100221/gijon/para-gustos-alegaciones-20100221.html
Equipo de gobierno
Alternativas 0, 1 y 2
Urbanismo presentó su documento de prioridades, con los objetivos de asegurar una política de vivienda suficiente, de incorporar el planeamiento desarrollado o en marcha, potenciar el modelo territorial regional, asegurar el desarrollo industrial y diseñar una ciudad sostenible. Las alternativas 0, 1 y 2 van desde el regreso al último plan Rañada hasta la ampliación del plan Teixidor, pasando por la 'copia' exacta del plan anulado, lo que se traduce en 10.700 viviendas, 17.200 o 24.200 y el suelo industrial ya previsto. No hay grandes cambios respecto al plan anulado, y plantean contener el crecimiento de los núcleos rurales.
Partido Popular
Traslado del astillero
La oposición planteó un documento que nada tiene que ver con las alternativas de Urbanismo. Entre sus objetivos, garantizar un medio ambiente adecuado, dotar a la ciudad de equipamientos públicos y garantizar el acceso a la vivienda. Entre sus proyectos, trasladar la industria de Poniente y El Natahoyo a El Musel; reorganizar el área de Tremañes y llevar allí una nueva bolsa de suelo; llevar el modelo del plan de vías más hacia el Sur; preservar de la edificabilidad de alta densidad todo el Este del concejo y llevarla entre la autovía minera y la AS-II. Proponen un plan de rehabilitación de fachadas en Poniente.
Promotores
Otro Roces
Las entidades Asprocon y Confederación Asturiana de la Construcción (CAC) piden una actuación residencial de magnitud similar al plan de Roces para tomar el relevo cuando finalice el desarrollo de éste. Piden también suelo industrial en cantidad suficiente, es decir, desarrollar nuevas áreas (cuestión no prevista en principio por el equipo de gobierno). Y solicitan que se mantengan todos los derechos adquiridos del plan anulado, ante el temor de que pueda desaparecer del planeamiento alguno de los desarrollos. Si tienen que elegir entre alguna de las alternativas, se quedan con la 2, la más ambiciosa, la de las 24.200 viviendas.
Colegio de Arquitectos
Contener el crecimiento
La Comisión de Urbanismo del Colegio de Arquitectos redactó un documento de sugerencias que se opone, en gran medida, a los planteamientos municipales. Para empezar, duda de que Gijón deba someterse a un gran crecimiento en los próximos años, y pide más atención a la ciudad ya construida. Solicitan (como muchos colectivos vecinales) que se incluyan en el PGO cuestiones como la futura entrada del AVE y el plan de vías. Coinciden con el PP, por ejemplo, en la ordenación de los espacios que ahora ocupan los astilleros. Y coinciden, aquí sí, con Ayuntamiento y promotores en la contención del crecimiento de los núcleos.
Federación vecinal de la zona urbana
Más suelo industrial
Como los promotores, pide la FAV una mayor reserva de suelo industrial en el concejo y la posibilidad de que los actuales sean más cercanos. En contra de lo que opinan PP y arquitectos, defiende que los terrenos industriales más cercanos a la mar se mantengan con esa calificación. Solicitan que el suelo público se destine a vivienda protegida, en un porcentaje que supere el 80%, y piden que este tipo de viviendas se reparta por toda la ciudad, algo que también indican los arquitectos. Proponen más zonas verdes, más suelo para equipamientos públicos, un plan de aparcamientos y que las nuevas zonas a desarrollar tengan una edificabilidad media-baja.
Federación vecinal de la zona rural
Uso de los pisos vacíos
Piden las 25 asociaciones que integran Les Caseríes incorporar al PGO todos los planes de la ZALIA, ampliación de El Musel, Roces, plan de Vías (dijo ayer Sanjurjo que no es necesario «retramitar» lo ya tramitado). Niegan que sean necesarias ni 10.000 ni 24.000 nuevas viviendas, sino utilizar los más de 19.000 pisos vacíos que hay en la ciudad, así como los bajos comerciales que estén cerrados. Solicitan justificar la necesidad de nuevos suelos industriales, una categoría de suelo que fomente el uso agrícola y ganadero, desarrollar la vivienda protegida en suelo público, un catálogo de núcleos rurales y un cambio de planeamiento respecto a esta figura.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100221/gijon/para-gustos-alegaciones-20100221.html
UPyD Gijon considera demagogia populista las declaraciones del Sr, Sariego
- El PSOE debería dar a conocer lo que se lleva invertido en políticas de empleo y su efectividad
- La Agrupación Socialista de Gijón empleó ayer demasiada demagogia con el fin de arengar a los propios y sin la menor intención de encontrar soluciones estructurales.
21 de febrero de 2010.- Las declaraciones de José Manuel Sariego ayer en la reunión del Comité Municipal del PSOE nos llenan de preocupación. Demuestran hasta qué punto la Agrupación Socialista de Gijón vive la dura realidad que impone la crisis económica sin el menor atisbo de autocrítica. El secretario general del partido que gobierna el Ayuntamiento de la ciudad desde hace 30 años ha desplegado toda la batería de consignas propia del populismo dogmático al que nos tienen acostumbrados.
Para UPyD-Gijón, solo la mención de haber resistido mejor la crisis que EEUU y Europa y hablar del aprendizaje obtenido de los errores cometidos en los años 80, es un insulto a la inteligencia cuando se ha alcanzado una tasa de paro similar a la de entonces. Respecto a la potenciación de políticas, entre otras, las de empleo, lo que debería hacer el Partido Socialista es dar a conocer lo que se lleva invertido en programas para combatir el desempleo y su efectividad cuando hay un número tan elevado de parados en el concejo.
Creemos que las palabras de José Manuel Sariego, en nombre de la Agrupación Socialista de Gijón, no son dignas de quien dice tener la responsabilidad de trabajar por el bien común de los gijoneses, menos aún cuando se emplea tanta demagogia con el fin de arengar a los propios sin la menor intención de encontrar las soluciones estructurales que demanda un momento tan delicado como el que los ciudadanos estamos viviendo.
Comité Electoral de UPyD Gijón
- La Agrupación Socialista de Gijón empleó ayer demasiada demagogia con el fin de arengar a los propios y sin la menor intención de encontrar soluciones estructurales.
21 de febrero de 2010.- Las declaraciones de José Manuel Sariego ayer en la reunión del Comité Municipal del PSOE nos llenan de preocupación. Demuestran hasta qué punto la Agrupación Socialista de Gijón vive la dura realidad que impone la crisis económica sin el menor atisbo de autocrítica. El secretario general del partido que gobierna el Ayuntamiento de la ciudad desde hace 30 años ha desplegado toda la batería de consignas propia del populismo dogmático al que nos tienen acostumbrados.
Para UPyD-Gijón, solo la mención de haber resistido mejor la crisis que EEUU y Europa y hablar del aprendizaje obtenido de los errores cometidos en los años 80, es un insulto a la inteligencia cuando se ha alcanzado una tasa de paro similar a la de entonces. Respecto a la potenciación de políticas, entre otras, las de empleo, lo que debería hacer el Partido Socialista es dar a conocer lo que se lleva invertido en programas para combatir el desempleo y su efectividad cuando hay un número tan elevado de parados en el concejo.
Creemos que las palabras de José Manuel Sariego, en nombre de la Agrupación Socialista de Gijón, no son dignas de quien dice tener la responsabilidad de trabajar por el bien común de los gijoneses, menos aún cuando se emplea tanta demagogia con el fin de arengar a los propios sin la menor intención de encontrar las soluciones estructurales que demanda un momento tan delicado como el que los ciudadanos estamos viviendo.
Comité Electoral de UPyD Gijón
Un techo para 2.000 personas
Una decena de asociaciones se reparten en la ciudad la atención a las personas en riesgo de exclusión
21.02.10 - 02:29 - CHELO TUYA ctuya@elcomerciodigital.es | GIJÓN.
«Gijón es la ciudad con más recursos sociales de Asturias y de España». Ni es un eslogan publicitario ni lo ha dicho ningún político o responsable de oenegé. Seguida de las direcciones y teléfonos de los principales dispositivos asistenciales de la ciudad, la frase figura, en letras mayúsculas, en la agenda de un indigente que pudo leer un policía.
La opinión de este usuario de los albergues de todo el país, que llegó a los ojos del agente tras desmayarse en plena calle, coincide con la versión reiterada tanto por el Consistorio como por la decena de asociaciones sobre las que recae la atención social en Gijón.
Porque, desde el Ayuntamiento se declara sin ambages que, sin Cáritas, Albergue Covadonga, Cocina Económica y hasta un total de diez entidades a las que financia con casi un millón de euros, «sería imposible» dar respuesta al colectivo de excluidos, grupo heterogéneo, sin censo oficial, que ronda las dos mil personas.
A ellas se les da «la mejor atención», dicen al unísono Administración y oenegés, unanimidad que se repitió después de que el domingo una indigente atacara a una monja del Albergue Covadonga. Ninguno quiere que la puñalada, de la que se recupera sor Marcelina en el Hospital Central, corte la ya difícil relación entre los que tienen techo y los que no.
«Durante toda la semana, vimos a la gente que viene a comer y a dormir aquí muy apesadumbrada. No sólo estaban disgustados por lo que le ocurrió a sor Marcelina, sino que eran conscientes de que el ataque les iba a señalar a todos como culpables. ¡Cómo si no tuvieran ya bastante estigma!».
Caminando apresurada por el centro que dirige -que incluye un comedor social por el que pasan a diario 300 personas; un albergue en el que en 2009 durmieron 559 usuarios; un piso de acogida para 20 jóvenes (reclusos de Villabona con permiso carcelario y toxicómanos en rehabilitación), además de talleres, ropero, ducha y peluquería-, sor Marisela, la directora de la Cocina Económica, no quiere ni oír hablar de que lo ocurrido en el Albergue Covadonga «sea el reflejo de que tenemos un problema. Gijón es una ciudad acogedora y segura. Lo ocurrido fue un hecho aislado y pudo pasar en cualquier parte. Y entre cualquier tipo de persona».
Sor Marisela repite, sin saberlo, lo dicho horas antes por el director de Cáritas en Asturias, Adolfo Rivas: «Es un ataque sin sentido, que puede pasar también entre dos conductores que tienen un accidente de coche o entre dos vecinos por un problema de ruidos».
Porque Rivas, que destaca la labor que la delegación de Cáritas hace en Gijón -«con pisos de acogida para personas sin hogar; la comunidad La Santina, para tratar el alcoholismo, y el programa Prodimar, para mujeres en riesgo de exclusión»-, tira de las estadísticas laborales para centrar el debate: «Estamos hablando de un incidente, uno solo en toda Asturias. Y eso que nosotros estamos 24 horas al día los 365 del año con personas en riesgo de exclusión. Ninguna profesión tiene menos siniestralidad que la nuestra».
20, siempre en la calle
Reconfortado por la opinión de los que, como él, dedican su tiempo, personal y profesional, a los colectivos en riesgo de exclusión, Álvaro Díaz, el presidente del Patronato Albergue Covadonga empieza a recuperar el pulso que se paró en la noche del domingo pasado.
«Reconozco que estamos impactados -dice-, pero seguimos con la misma idea: no somos un centro de riesgo. No sólo porque en 22 años nunca había pasado nada ni remotamente parecido, sino porque no había, ni hay, algo que hiciera pensar que esto podría pasar».
Porque, todos insisten en que el dispositivo asistencial de la ciudad «es muy amplio y cubre todas las necesidades. Nosotros, no sólo damos albergue, sino plazas en un piso tutelado y trabajo en el taller de velas». Sin cifras oficiales, los expertos calculan que en Gijón «hay unas 2.000 personas en exclusión». Díaz aclara que, en la calle propiamente dicha «no hay más de 20 personas», a los que se suman el centenar que, a diario, «duerme tanto en nuestro albergue como en el de la Cocina».
Desde ahí, la cifra llega a 2.000 «contabilizando todos los que están ya no en riesgo de exclusión, sino que unas veces viven en pensiones y, otras, directamente en el albergue». Definir un perfil es imposible, salvo para adjudicarle un sexo: masculino. «Pero cada vez hay más mujeres en la calle o, en malas condiciones», aclara sor Marisela.
Desde recién llegados a la mayoría de edad hasta octogenarios, la etiqueta 'sin techo' define a solteros, viudos, divorciados, parados, analfabetos, universitarios, españoles, extranjeros... «Como en el resto de la sociedad. La diferencia es que éstos no tienen dinero».
Y para ellos, los ya citados albergues, comedores sociales y pisos tutelados, un elemento clave para los expertos «porque es como se recupera autoestima y se empieza a progresar». Más viviendas de este tipo y un sistema «para controlar la salud mental, nuestra asignatura pendiente» es lo que piden las oenegés.
El guante lo recoge la concejala de Servicios Sociales, Esperanza Fernández, que reconoce el déficit en salud mental, «es un problema que supera a los ayuntamientos», pero se muestra firme «en que no daremos un paso atrás en nuestras políticas». Sobre todo, a la estrella, el nuevo centro asistencial de El Natahoyo. sede para Albergue Covadonga, Proyecto Hombre y Calor y café. «Se hará, que nadie lo dude», sentencia la concejala.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100221/gijon/techo-para-personas-20100221.html#opina
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