Primera reunión y absoluto desacuerdo. Ayuntamiento y sindicatos han comenzado la negociación sobre el futuro laboral de las trabajadoras del ciclo de 0 a 3 años con posturas iniciales bastante alejadas. Hay integrar a las trabajadoras en el convenio colectivo, tal y como obliga la sentencia, y parece decidido que se va a crear una categoría profesional nueva, la de técnico superior en educación infantil, que pertenecería a la categoría C1 (equivalente a un administrativo) dentro del organigrama municipal. Pero, a partir de ahí, pocas coincidencias.
Porque dentro de una misma categoría hay diferentes grados, de los que depende, por ejemplo, el nivel retributivo. Así, todos los empleados públicos municipales del grupo C1 tienen, como mínimo, un grado 15, y el Ayuntamiento plantea para las trabajadoras del 0 a 3 un grado 11. Traducido a la nómina eso significa una diferencia de 215 euros mensuales. Evidentemente, las empleadas podrían, al igual que el resto de la plantilla municipal, ir subiendo de nivel, pero en la práctica quiere decir que hasta el año 2013 no alcanzarían el nivel que exigen ahora.
Esas son las principales diferencias puestas ayer sobre la mesa en la primera reunión de negociación, en la que estuvieron presentes responsables técnicos de las áreas de Recursos Humanos y Hacienda, así como de los sindicatos UGT y CC OO (los que interpusieron la demanda que ha dado lugar a este fallo) y del SIPLA, como mayoritario del comité de empresa municipal. Ni Santiago Martínez Argüelles (Hacienda) ni Justo Vilabrille (Educación) asistieron al encuentro, cuestión que al parecer es habitual en las mesas de negociación.
Tanto UGT como CC OO han rechazado de forma tajante la propuesta municipal. Un grado 11, explican, es el inferior de los que hay en el Ayuntamiento, y sólo lo tienen los empleados del grupo D, en ningún caso los del C1 (incluso los del C2, que están por debajo, suelen tener un nivel 13). «Significa rebajar cuatro escalones a estas trabajadoras», explica Rubén Medina, de CC OO. Arcadio Rodríguez, de UGT, es contundente: «Ni hablar. De ningún modo. No vamos a rebajar los criterios establecidos. Les corresponde la categoría C1, el grado 15, y no es negociable».
Sí lo era, en cambio, la forma en que el Ayuntamiento abonará los atrasos a las empleadas de este ciclo educativo. En principio, se calculaba que cada una de ellas recibiría entre 5.000 y 6.000 euros sólo por este concepto (aunque algunos consideran que la cifra puede ser menor) y los sindicatos estaban dispuestos a ser flexibles en los plazos. Pero la cosa tampoco parece ir bien en este sentido. Porque dicen los sindicatos que los responsables municipales «insinuaron» ayer que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias «no habla de los atrasos». Ante el enfado sindical, la cuestión se recondujo y parece que la negociación sobre la forma de pago de los atrasos quedará aplazada hasta que haya un acuerdo sobre la categoría profesional de estas 132 educadoras. Porque los sindicatos negociarán la forma de pago, pero en ningún caso que éste ha de producirse.
Así las cosas, UGT ya trasladó ayer a sus afiliadas la situación, y CC OO lo hará en los próximos días. Los primeros han puesto un plazo: 15 días para alcanzar un acuerdo, antes de pedir ante el TSJA la ejecución de la sentencia. CC OO trabaja en la misma línea, ya que confía en que el aumento salarial sea efectivo en la nómina del mes de noviembre. En cualquier caso, los sindicatos esperan que los responsables municipales les citen a un nuevo encuentro a lo largo de esta semana o principios de la próxima.
Lo cierto es que, por complicada que sea esta situación, es sólo una de las caras de esta moneda. La otra hace referencia a las relaciones entre Ayuntamiento y Principado y el debate sobre cuál de los dos debería hacerse cargo de esta red educativa. Antes de que surgiera esta situación concreta, el concejal de Educación, Justo Vilabrille, ya había expresado en varias ocasiones su convicción de que es el Ejecutivo regional el que debe asumir la red, que sólo en Gijón cuenta con 10 guarderías (34 en todo el Principado). Esa misma opinión se ha vuelto a poner de relieve durante estos últimos días.
«Buscar la mejor solución»
Y la propia alcaldesa lo mencionó ayer de nuevo, al ser preguntada por las negociaciones con los sindicatos. Paz Fernández Felgueroso abogó por buscar «la mejor solución de forma dialogada», consciente de que en estos momentos es el Ayuntamiento el que debe resolver el problema porque así lo han decidido los sindicatos. Si bien su deseo va por otro camino: «Es una red educativa que debería ser dependiente del Principado. Eso sería lo deseable, pero no sé si va a ser posible». Por el momento parece evidente que no, a juzgar por las declaraciones realizadas a raíz de esta situación por el propio consejero de Educación.
Porque si bien es cierto que la red depende del Principado, la gestión de las escuelas de 0 a 3 años está cedida a los municipios, a través de la Federación Asturiana de Concejos, en cuyo marco se firmó en su momento el convenio que debía regir la situación de estas educadoras, en toda la comunidad. Por eso, Felgueroso instó a todas las partes a «buscar una solución factible y global para todos los municipios».
Porque los propios sindicatos esperan que Gijón produzca un «efecto cascada» en el resto de Ayuntamientos que cuentan con escuelas de este tipo, aunque sólo en Gijón se hubiera 'atado' la cuestión en el convenio municipal. Y mientras, en Gijón está previsto abrir tres nuevas escuelas de 0 a 3 años (en La Camocha, Nuevo Gijón -ampliación- y Montevil, además de elaborar el proyecto de la de Roces) que sumarán 170 empleados y 847 plazas. Al parecer, la intención es seleccionar al personal de esas nuevas escuelas a través de la bolsa de trabajo creada en 2008.
La sentencia del TSJA, que el Ayuntamiento decidió no recurrir en casación, ha supuesto un fuerte varapalo económico para el equipo de gobierno, que deberá tener en cuenta para los presupuestos de 2011 los nuevos salarios de este importante colectivo (además de los atrasos), en un momento en el que las arcas municipales no están precisamente boyantes. Será Santiago Martínez Argüelles quien deba hacer la cuadratura del círculo. Por el momento, ayer rechazó hacer comentarios sobre la negociación en marcha.
martes, 26 de octubre de 2010
La Plataforma de Cabueñes alega que el PGO es «nulo de pleno derecho»
La Plataforma contra el Muro de Cabueñes (SOS Cabueñes) ha propuesto poner fin al expediente del Plan General de Ordenación (PGO) en su escrito de alegaciones, al ser una «ilegalidad manifiesta» arrastrada desde el Documento de Prioridades, al tiempo que también solicita la anulación del Informe de Sostenibilidad Ambiental, según fuentes de la organización vecinal.
En el escrito de alegaciones presentado el pasado viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, se critica la «falta de ética y de estética» del Ayuntamiento, al insistir en el Plan Parcial de Cabueñes a pesar del proceso penal abierto contra el ex arquitecto jefe municipal Ovidio Blanco. También critica que la información sometida a consideración ciudadana en la red municipal «no era la correcta».
Además, tal como se hizo constar en las sugerencias al Documento de Prioridades, SOS Cabueñes reitera que, pese a que la alternativa cero debe referirse a la no realización de la revisión, ésta incluye desarrollos urbanísticos derivados del Plan Teixidor de 2007. Por este motivo, si la alternativa cero no es válida, tampoco el Documento de Prioridades, lo que hace que el proceso de tramitación del PGO sea «nulo de pleno derecho».
Según la organización vecinal, se persiste en establecer nuevos territorios urbanos «desconexos y aislados» de la evolución tradicional de las urbes, lo que contribuye a la aparición de «islas de especulación entre la periferia verde de la ciudad» que generan, a su juicio, «plusvalías impresionantes». Como ejemplo, citan el caso de Cabueñes o el de Castiello de Bernueces. Sobre el primero, además, inciden en que no cabe el sistema de compensación que está planteado.
En cuanto al Informe de Sostenibilidad Ambiental, asegura que no atiende a lo prescrito en el documento de referencia establecido por el Principado (BOPA del 20 de mayo de 2010), y se remarca que si hubieran sido de especial atención los hábitats de interés comunitario -como tenía que haberse hecho, según la Plataforma-, hubieran supuesto «un obstáculo» frente a algunos suelos urbanizables.
De hecho, se remarca que el Informe de Sostenibilidad habla de que la Alternativa 1, la menos mala de las tres, requiere de medidas protectoras, correctoras o compensatorias para paliar impactos previstos por los desarrollos planteados y pone de ejemplo el crecimiento difuso y altamente dependiente del vehículo privado en algunas zonas rurales, que puede generar la degradación de algunas zonas en detrimento de otras, así como cambios en la demanda de servicios sociales.
También el escrito alude a otras zonas, como la sur de Porceyo, de la que dice que no es posible fraccionar una unidad territorial en cuatro ámbitos desconexos, o la del sur de Cabueñes, para la que sólo «un empecinamiento vergonzante» puede dar explicación al cambio en su definición territorial, en las inmediaciones del enlace de Deva.
La Plataforma analiza más en profundidad el proyecto para Somonte Alto y remarca que no es posible la actuación prevista sin enlace con la red viaria, que, aunque en el plano parece marcada por un par de líneas paralelas, no es así en la definición del ámbito de la actuación.
En este sentido, recalca que donde ahora se dice que va a ser suelo industrial, con 558.410 metros cuadrados previstos, el Documento de Prioridades lo establecía como suelo no urbanizable de recuperación ambiental, lo que supone un cambio «trascendente». Asimismo, rechaza la ubicación y remarca que sería «el primer suelo industrial con vistas panorámicas».
Desproporción en Granda
Por otro lado, critica, por «desproporcionada», la actuación en Granda, por la «ostensible» degradación del entorno fluvial recientemente recuperado en el entorno del Piles. Según la Plataforma, la operación urbanística afectaría a un enclave de muy elevado valor ambiental -magnífico ejemplo de Aliseda Pantanosa-que se vería «cercenado» por un vial previsto en el lugar que la Confederación Hidrográfica apuesta por preservar. También dice que el aspecto de preservación ambiental queda «cercenado» en lo que se refiere a la Carbayera del Tragamón, con calificación de Lugar de Interés Comunitario.
A SOS Cabueñes le llama la atención, además, que se contemple un nuevo aprovechamiento sobre un terreno que acogió antiguas explotaciones mineras, aún sin restauración efectuada, y que ahora pasan a considerarse suelos adscritos a núcleos rurales.
No obstante, para la Plataforma estos espacios de antiguas minas de áridos y otros, dispersos por parroquias de la zona Este, deberían estar excluidos de tal consideración. Como ejemplo, el escrito cita el Camino de Ñales y La Tejerona.
En el escrito de alegaciones presentado el pasado viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, se critica la «falta de ética y de estética» del Ayuntamiento, al insistir en el Plan Parcial de Cabueñes a pesar del proceso penal abierto contra el ex arquitecto jefe municipal Ovidio Blanco. También critica que la información sometida a consideración ciudadana en la red municipal «no era la correcta».
Además, tal como se hizo constar en las sugerencias al Documento de Prioridades, SOS Cabueñes reitera que, pese a que la alternativa cero debe referirse a la no realización de la revisión, ésta incluye desarrollos urbanísticos derivados del Plan Teixidor de 2007. Por este motivo, si la alternativa cero no es válida, tampoco el Documento de Prioridades, lo que hace que el proceso de tramitación del PGO sea «nulo de pleno derecho».
Según la organización vecinal, se persiste en establecer nuevos territorios urbanos «desconexos y aislados» de la evolución tradicional de las urbes, lo que contribuye a la aparición de «islas de especulación entre la periferia verde de la ciudad» que generan, a su juicio, «plusvalías impresionantes». Como ejemplo, citan el caso de Cabueñes o el de Castiello de Bernueces. Sobre el primero, además, inciden en que no cabe el sistema de compensación que está planteado.
En cuanto al Informe de Sostenibilidad Ambiental, asegura que no atiende a lo prescrito en el documento de referencia establecido por el Principado (BOPA del 20 de mayo de 2010), y se remarca que si hubieran sido de especial atención los hábitats de interés comunitario -como tenía que haberse hecho, según la Plataforma-, hubieran supuesto «un obstáculo» frente a algunos suelos urbanizables.
De hecho, se remarca que el Informe de Sostenibilidad habla de que la Alternativa 1, la menos mala de las tres, requiere de medidas protectoras, correctoras o compensatorias para paliar impactos previstos por los desarrollos planteados y pone de ejemplo el crecimiento difuso y altamente dependiente del vehículo privado en algunas zonas rurales, que puede generar la degradación de algunas zonas en detrimento de otras, así como cambios en la demanda de servicios sociales.
También el escrito alude a otras zonas, como la sur de Porceyo, de la que dice que no es posible fraccionar una unidad territorial en cuatro ámbitos desconexos, o la del sur de Cabueñes, para la que sólo «un empecinamiento vergonzante» puede dar explicación al cambio en su definición territorial, en las inmediaciones del enlace de Deva.
La Plataforma analiza más en profundidad el proyecto para Somonte Alto y remarca que no es posible la actuación prevista sin enlace con la red viaria, que, aunque en el plano parece marcada por un par de líneas paralelas, no es así en la definición del ámbito de la actuación.
En este sentido, recalca que donde ahora se dice que va a ser suelo industrial, con 558.410 metros cuadrados previstos, el Documento de Prioridades lo establecía como suelo no urbanizable de recuperación ambiental, lo que supone un cambio «trascendente». Asimismo, rechaza la ubicación y remarca que sería «el primer suelo industrial con vistas panorámicas».
Desproporción en Granda
Por otro lado, critica, por «desproporcionada», la actuación en Granda, por la «ostensible» degradación del entorno fluvial recientemente recuperado en el entorno del Piles. Según la Plataforma, la operación urbanística afectaría a un enclave de muy elevado valor ambiental -magnífico ejemplo de Aliseda Pantanosa-que se vería «cercenado» por un vial previsto en el lugar que la Confederación Hidrográfica apuesta por preservar. También dice que el aspecto de preservación ambiental queda «cercenado» en lo que se refiere a la Carbayera del Tragamón, con calificación de Lugar de Interés Comunitario.
A SOS Cabueñes le llama la atención, además, que se contemple un nuevo aprovechamiento sobre un terreno que acogió antiguas explotaciones mineras, aún sin restauración efectuada, y que ahora pasan a considerarse suelos adscritos a núcleos rurales.
No obstante, para la Plataforma estos espacios de antiguas minas de áridos y otros, dispersos por parroquias de la zona Este, deberían estar excluidos de tal consideración. Como ejemplo, el escrito cita el Camino de Ñales y La Tejerona.
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