ELOGIO DE LA POLÍTICA

FESTINA LENTE

sábado, 5 de diciembre de 2009

Alternativa 1: «Completar el espacio» con el mismo plan que en 2005


La alternativa 1 es la más parecida al Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 2005 y ahora suspendido. Precisamente por eso, es también la que más probabilidades tiene de salir adelante si sigue en pie la intención avanzada por la propia alcaldesa de que esta revisión mantenedrá el 99% del texto anulado por el Tribunal Supremo. Porque esta opción, ampliamente justificada en el documento de prioridades presentado ayer por Pedro Sanjurjo trataría, básicamente, de mantener las cosas como están. Al menos, en cuanto a grandes bolsas de suelo, porque la cuestión del crecimiento de los núcleos rurales parece ser que podría cambiar.
Así las cosas, esta alternativa pretende «completar el espacio urbano existente en el interior de la ronda Sur para ir, posteriormente, definiendo y rematando los límites de la ciudad a lo largo de la corona exterior de la misma». Eso se hará con «una reserva de suelo edificable muy importante». A eso se suma algo a lo que ninguna de las tres opciones renuncia: el suelo pendiente de desarrollar del plan de 1999; las áreas sujetas a actuaciones urbanísticas concertadas (Roces, Lloreda, ZALIA); los suelos con aprobación definitiva (como Castiello); proyectos de infraestructuras promovidas por distintas Administraciones (plan de vías y estación intermodal) y suelo ya urbanizado o poseedor de licencia de obras.
En cuanto a la forma de completar esos espacios urbanos, se haría de la siguiente forma. En el interior de la ronda Sur, con los suelos urbanizables ya conocidos de Cabueñes, El Infanzón y Jove. El primero es suficientemente conocido ya, y prevé la construcción de unas 600 viviendas. En cuanto a Jove, se vuelve a incluir, tras haber sido retirado durante la tramitación del plan, ya que en este tiempo ha surgido una operación de iniciativa privada y vivienda protegida. La intención es ubicar allí 2.000 viviendas. También habría un sector urbanizable en Granda para «completar el núcleo rural», y otro en las inmediaciones de la carbayera de El Tragamón.
De todos los nuevos suelos residenciales, el propio documento de prioridades destaca los de Jove, destinados a viviendas de protección, y los de Cabueñes. «El resto de los sectores residenciales se apoyan en núcleos rurales que han ido evolucionando con características más propias de los suelos urbanos de baja densidad».
Esta alternativa pretende también «rellenar la corona urbana exterior a la ronda», lo que se conseguiría con los suelos de Granda, Cabueñes y Porceyo. Las dos primeras se articularían con «un importante corredor de protección ambiental, enlazados por un vial y conectados con la ronda Sur y la AS-I». En Porceyo se tramitaría un plan de viviendas de baja densidad.
En cuanto a suelo industrial, aunque se reconoce que las necesidades del concejo estarían cubiertas «a corto y medio plazo, por Lloreda y la ZALIA», esta opción presenta una ampliación del polígono de Roces, de 89.500 metros cuadrados.
Con todos estos datos, la estimación es que se pudieran construir 9.000 viviendas en suelo previsto en el PGOU de 1999 aún sin desarrollar; 1.700 en otros residenciales y 6.500 en el nuevo suelo urbanizable. En total, 17.200 viviendas en los próximos diez años. A eso se sumarían 5 millones de metros cuadrados de suelo industrial. Según esos cálculos, tan sólo un 1,52% del suelo total del concejo sería nuevo urbanizable, que se sumaría al 24,38% que ya es urbano o urbanizable. Por contra, el 74,10% del concejo quedaría con algún tipo de protección.
Así, el 'dibujo' que se hace de Gijón para los próximos diez años es una ciudad que «superaría la barrera de las 150.000 viviendas». En concreto, se podría llegar a 155.700, para una población que alcanzaría los 288.500 habitantes.
Con todos estos planes y cifras, el Ayuntamiento pretende «favorecer que las distintas tipologías de viviendas, tanto libres como protegidas, creen una oferta flexible, dinámica, de calidad y sostenible, capaz de atender las demandas actuales y futuras de la ciudadanía, y de manera especial las que tienen que ver con las necesidades de vivienda habitual

Alternativa 0: volver a la situación de 1999 pero con Roces y Castiello


La propia introducción de esta alternativa ya deja claras las pocas opciones que tiene de salir adelante, ya que supondría «la no realización del plan». Es decir, quedarnos como estábamos, con alguna excepción. Ese es el resumen de esta alternativa, que plantea regresar a la situación urbanística de 1999, al momento previo a la aprobación del PGOU. Pero a eso habría que añadir cuestiones que no pueden eliminarse en cualquiera de los casos, porque ya tienen licencias concedidas o porque se han tramitado al margen del plan urbanístico. Por lo tanto, sí continuarían adelante las actuaciones urbanísticas concertadas, como la ZALIA y el polígono de Lloreda y, evidentemente, Roces.
Se mantendrían también los ámbitos de planeamiento delimitados por el plan de ordenación de 1999 y que se incorporaron luego al de 2005 porque estaban sin desarrollar. En total, son 1.395.000 metros cuadrados que, según el documento de prioridades, tiene capacidad para levantar unas 6.500 viviendas. A eso habría que añadir el plan de Castiello y el industrial de Hoya-Casares, en Porceyo, que son los que se ajustan a la característica de «sector urbanizable delimitado por el plan de 2005 y con el plan parcial aprobado». El proyecto de Castiello afectaría a un ámbito de casi 1 millón de metros cuadrados y el de Porceyo, a 159.528 metros cuadrados, con una edificabilidad total de 102.098 metros cuadrados.
Esta alternativa deja claro que «no se establecen nuevos ámbitos de urbanización», por lo que la generación de suelo urbanizado tiene que limitarse a los proyectos ya mencionados. Eso sí, obligatoriamente el Ayuntamiento debería acometer una nueva clasificación del suelo , ya que ésta debe adaptarse a la ley del suelo de Asturias. Entre otras cosas, desaparecería el suelo genérico. Este sería, de hecho, el cambio más notable de este nuevo plan, en el caso de ser elegida la opción 0.
Porque, en cuanto al número de viviendas, «se trata de actuaciones en ejecución o pendientes de desarrollo, pero no de nuevo planeamiento», por lo que se limita a contabilizar las 8.200 que, calcula, tendrían cabida aún en los planes de 1999, además de otras 2.500 de Bernueces. En total, 10.700 nuevas viviendas. «Con este número de viviendas, teniendo en cuenta las licencias concedidas en la última década, estimadas en 2.000 licencias/año, se llegaría a la colmatación del plan en un periodo aproximado de entre 4 y 5 años». El Ayuntamiento considera que, de esa forma, «se encarecería el mercado de la vivienda y se podrían frustrar las expectativas de parte de la población de acceso a la vivienda, especialmente las personas más jóvenes o con rentas más bajas».
Claro que a eso habría que sumar aún las 3.700 de Roces, que no se contabilizan porque, como queda dicho, se han tramitado al margen del PGOU, como resultado de un convenio firmado con Sogepsa.
Sea como fuere, parece evidente que al equipo de gobierno no le gusta, ya de entrada, esta alternativa, por considerarla insuficiente para las necesidades de crecimiento de la ciudad. Por contra, es la opción que menos efectos tendría sobre el medio natural, resultado evidente de «la no aplicación del plan». Aún así, el documento de prioridades evidencia que, en el ámbito de Bernueces, «hay que hacer mención especial a los viales que afectan a los márgenes del río Piles, suelos de especial protección por constituir un corredor ambiental». Respecto al suelo industrial de Hoya-Casares, «se ubica sobre substrato kárstico, lo que implicará la adopción de las correspondientes medidas de corrección ambiental».
En cada una de las alternativas, el equipo de gobierno analiza las previsiones de la política municipal de suelo y vivienda. Mientras que en las opciones 1 y 2 se habla en gran medida de vivienda protegida, en el caso de la 0 simplemente se indica que «no experimentará ningún cambio significativo, salvo en lo que se refiere a la posibilidad de que se agote en el periodo 2010/2020 la reserva de suelo existente». En este caso, las reservas de vivienda protegida se limitarían al área de Roces. Sí se mantendrían los programas de ayuda al acceso a la vivienda que mantiene la empresa municipal Emvisl. Estas características dibujarían una ciudad para los próximos diez años que no superaría la 'barrera' mencionada de las 150.000 viviendas totales, sino que se quedaría en 149.500, para los mismos 288.500 habitantes que, evidentemente, se calculan en los tres casos. Con este planteamiento, el suelo no urbanizable supondría un 75,62% del total de los 182 millones de metros cuadrados del concejo. En la alternativa 1 este porcentaje era del 74,10.

Normativa bçasica de aplicación del nuevo PGOU

Aplicación de cuatro normas
En otro orden de cosas, el edil explicó que la normativa básica de aplicación al nuevo PGOU serán dos disposiciones legislativas estatales y dos autonómicas. Las primeras son la ley ambiental 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas, y el texto refundido de la Ley del Suelo de 2008. Las del Principado son dos decretos legislativos: el TROTU (2004) y el ROTU (2007).
Volviendo al modelo territorial del nuevo PGOU, afirmó que «será respetuoso con la historia de la ciudad y al mismo tiempo atenderá las necesidades futuras de crecimiento». En ese sentido, explicó que la futura norma incluirá toda la reserva de suelo industrial para la ZALIA de San Andrés, la ampliación de El Musel y las inversiones asociadas a ella, áreas concertadas como Roces y el polígono de Lloreda, y el plan ferroviario gijonés (la estación intermodal, el metrotrén hasta Cabueñes y la llegada del AVE).
Según explico Sanjurjo, el Ayuntamiento seguirá concediendo con normalidad licencias urbanísticas -en tanto que no hay sentencia judicial firme de anulación- hasta que arranque el trámite de aprobación inicial. A partir de ese momento, anunció, sí quedarán suspendidas tal y como establece la legislación

Gijón plantea limitar el crecimiento de los núcleos rurales

Sanjurjo asegura que estos asentamientos suponen ya la mitad de la suma de todo el suelo residencial e industrial gijonés
El Ayuntamiento plantea limitar el crecimiento de los núcleos rurales del municipio con la ayuda del nuevo PGOU. El concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, justificó con datos la necesidad de adoptar esa medida, delante de su equipo de técnicos y de varios compañeros de gobierno, durante la presentación del documento de prioridades que servirá de base para la revisión del plan general.
El edil explicó que Gijón cuenta con una superficie aproximada de 184 kilómetros cuadrados, de los que tres cuartas partes (un 75,62%) tienen algún tipo de protección. El 24,38% restante es la extensión del suelo urbano (la suma de todo el residencial e industrial) y la mitad (el 12,31%) se corresponde con los núcleos rurales. Este reparto, a juicio de Sanjurjo, «debe ser motivo de una reflexión serena si se quiere ordenar y racionalizar el aprovechamiento urbanístico del suelo en el municipio».
La alternativa '1', que es la más parecida en previsiones de crecimiento al plan anulado y la que más visos tiene de ser elegida, incluye un criterio de ordenación claro a este respecto. Asegura que el objetivo es «contener, mediante una clara delimitación, la expansión de los núcleos y asentamientos rurales existentes y toda forma de urbanización residencial, estableciendo criterios de protección del medio físico más estrictos».
Para avanzar en un modelo de ciudad compacto, cerrado y sostenible desde el punto de vista ambiental y económico para el periodo 2010-2020, Sanjurjo defendió que «hay que crecer y ordenar el espacio en el futuro con suelos urbanos, porque con ellos los agentes urbanizadores asumen cargas propias de esos suelos (abastecimiento de agua, saneamiento y demás acometidas de servicios) que no se dan en los núcleos rurales». Además de la dispersión territorial y de la pérdida de eficiencia de las prestaciones públicas, Sanjurjo aseguró que el desarrollo de estos enclaves de la zona rural «ha distorsionado su propio concepto», ya que las nuevas viviendas surgidas en estos asentamientos «no generan actividad rural, ni agrícola ni ganadera».
Pero, ¿cómo quedarán configurados los núcleos rurales tras este procedimiento de revisión que aspira a limitar su crecimiento? El concejal señaló que en este momento inicial de la tramitación «no está determinado» lo que se va a hacer con ellos, salvo esa declaración de intenciones de contener su expansión. Lo que sí adelantó es que las ventajosas normas de parcelación y edificabilidad conquistadas vía alegaciones en el Plan Teixidor, para permitir la máxima ampliación permitida por la ley, «serán objeto de revisión como el resto del planeamiento». Por ejemplo, la eliminación del límite de tres parcelaciones por cada terreno y la unificación en 4.000 metros cuadrados del suelo necesario para construir dos casas. Todo ello habrá que someterlo de nuevo a debate, además de adecuarlo a la legislación autonómica vigente.
Con estas premisas, el concejal defendió asimismo que los nuevos urbanizables previstos en las tres alternativas que saldrán a información pública conllevan una ocupación del territorio «muy contenida». De la alternativa '0' señaló que no hay un consumo significativo de nuevo suelo, a pesar de que se incluyen todos los desarrollos previstos en el último plan Rañada de 1999 más el plan parcial de Bernueces (aprobado ya definitivamente) y el área concertada de Roces.
En cuanto a la alternativa '1', la que más coincide con la propuesta de desarrollo urbanístico invalidada por los tribunales más el área concertada de Jove, aseguró que los nuevos urbanizables consumirían sólo un 1,5% del territorio municipal. Y respecto a la '2', la más expansiva de las tres, indicó que elevaría el porcentaje anterior al 2,7% con la incorporación de nuevas bolsas de suelo en Vega-La Camocha y Porceyo. Apoyado en esos datos, remarcó que las tres opciones plantean «crecimientos ponderados en el espacio más cercano al casco urbano y, en ninguno de los casos, se invade la zona rural», dijo, utilizando la terminología acuñada por algunos vecinos.

http://www.elcomerciodigital.com/20091205/gijon/gijon-plantea-limitar-crecimiento-20091205.html

UPyD denuncia el fraude de los Presupuestos autonómicos para 2010

4 de Diciembre de 2009.- El partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD) denuncia el engaño del gobierno regional a todos los asturianos a través de la presentación de
unas cuentas públicas irreales e irresponsables.
- Lo primero que resulta pertinente aclarar es que el montante total de los recursos que manejará el sector público asturiano ascenderá a 4.600 millones y
no a 4.428 millones, pues tan público es el dinero gestionado por la Administración como el destinado a los entes, organismos y empresas públicas.
Tal cantidad supone un incremento con respecto al Presupuesto del año anterior del 2,36% y no del 0,7% como anuncia repetidamente el ejecutivo regional.
Este aumento va en contra de toda lógica, pues resulta evidente que en el actual momento de crisis y caída de la actividad económica debieran primar la austeridad y
el rigor en las cuentas públicas.
- Las cuentas que se han presentado en el Parlamento regional parten de un consciente “maquillaje” que se ha hecho de la cifra de ingresos. La ficticia previsión
para 2010 -especialmente grave en el caso de los impuestos directos, para los cuales ni siquiera se prevé descenso alguno-, contempla un retroceso de 350 millones respecto al Presupuesto de 2009, cuando la realidad de este año apunta ya una desviación presupuestaria negativa de al menos 120 millones-. Esto implica que respecto a la recaudación real de 2009, la previsión de ingresos para el año próximo refleja una merma de sólo 200 millones, cantidad que no responde a la realidad económica y mucho menos al desplome de la recaudación tributaria.

- El análisis de los gastos no es menos desolador. En un momento en que nos enfrentamos a serias dificultades para sostener un creciente gasto sanitario, para
desarrollar la Ley de la Dependencia o para financiar necesarias inversiones educativas, nos encontramos una serie de gastos muy cuestionables desde el punto
de vista del servicio la ciudadano, como por ejemplo los siguientes:

-Ente Público de Comunicación…………….….…. 39 millones de Euros.

-Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias……………….......................10 millones de Euros.

-IDEPA……………………….............................61 millones de Euros (Organismo cuya necesidad no se pone en cuestión, pero sí los resultados de semejante caudal de recursos).

-Instituto Asturiano de Estadística…...………………3 millones de Euros (Innecesario organismo mordaza creado para enmascarar a SADEI).

Por no mencionar el despilfarro en portátiles para niños, con cerca de 2 millones, el pago del nuevo plus de antigüedad a los funcionarios (llamado eufemísticamente “carrera profesional”),con más de 24 millones (sin contar el abonado a todo el personal sanitario), la promoción del asturiano, con 3 millones… y así un largo etcétera de gastos que bien podrían haber recortado parcialmente, y en algunos de ellos, casi totalmente.
- La consecuencia de este engaño a los ciudadanos, falseando ingresos e incumpliendo el deber de gestionar eficientemente los gastos, es que el irreal presupuesto que se ha presentado será imposible de ejecutar. Por mucho que se “maquillen” las cifras, la realidad de los ingresos se impondrá, y no habrá recursos para soportar el elevado nivel de gasto público, pues el desfase real de las cuentas públicas para el próximo año se situará previsiblemente en el entorno de los 200 millones.

-Por si esto no fuera poco, el resultado conjunto de las liquidaciones de los años 2008 y 2009 (debido a los anticipos a cuenta entregados por el Estado) será negativo
en un importe que fácilmente rondará los 600 millones, algo que se obvia y parece no preocupar a nuestro gobierno regional. Esta enorme cantidad deberá ser devuelta al
Estado a partir de 2011, cuando es muy probable que la economía se encuentre todavía en un periodo de estancamiento y sin que se haya producido la ansiada recuperación del empleo ni de los ingresos públicos. Lamentablemente, la falta de previsión y la actual deriva que en materia presupuestaria el ejecutivo ofrece a los ciudadanos ofrece un panorama para los próximos años cuando menos poco esperanzador.
- Como ha manifestado el portavoz regional, Ignacio Prendes, “UPyD defiende un planteamiento de la realidad que sea sincero y leal con los ciudadanos, que permita afrontar con valentía la insuficiencia de ingresos y abrir un serio debate, en el foro de todos los asturianos que no puede ser otro que el Parlamento Asturiano, sobre las prioridades de gasto, que oriente las decisiones de disminución de aquellas partidas que se consideren superfluas o menos necesarias y que permita mantener la apuesta por los servicios que los ciudadanos demandan y consideran fundamentales.
Sin embargo, la realidad que este gobierno de coalición nos impone es el engaño permanente, hurtando a los ciudadanos este debate y conduciendo a nuestra región hacia una situación financiera, presente y futura, completamente insostenible.
Desgraciadamente también brilla por su ausencia la labor del PP, único grupo de oposición, incapaz de ofrecer alternativas y de sumarse a este debate ineludible sobre la sostenibilidad de nuestros principales servicios públicos con propuestas trabajadas y creíbles”.

UPyD critica un presupuesto «que en realidad sube un 2,3%»

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) señaló ayer que el montante de los recursos que manejará el sector público asturiano ascenderá a 4.600 millones y no a 4.428 millones, «pues tan público es el dinero gestionado por la Administración como el destinado a los entes y empresas públicas.

«Tal cantidad supone un incremento con respecto al Presupuesto del año anterior del 2,36% y no del 0,7% como anuncia repetidamente el ejecutivo regional», sostiene desde UPyD. Este partido dice que ese crecimiento va en contra de toda lógica en el actual momento de crisis y caída de la actividad, cuando debería primar «la austeridad» y «el rigor» en las cuentas públicas. Para UPyD las cuentas que se han presentado en el Parlamento regional parten de un consciente «maquillaje» que se ha hecho de la cifra de ingresos, «especialmente grave en los impuestos directos».



http://www.lne.es/asturias/2009/12/05/upyd-critica-presupuesto-realidad-sube-23/843817.html