El aporte de arena a la playa de San Lorenzo, nuevo frente de sospecha
20 de octubre de 2010
El aporte de arena a la playa de San Lorenzo, nuevo frente de sospecha
Una nueva chapuza en torno a la ampliación de El Musel incrementa la sensación de ocultismo y engaño a los gijoneses por parte de quienes son sus responsables tanto a nivel político en el Ayuntamiento de Gijón, como a nivel técnico desde la Autoridad Portuaria.
Desde UPyD-Gijón queremos recalcar el desastre de planificación y gestión en que se ha convertido todo lo que rodea a la ampliación del puerto del Musel y que nuevamente se ha puesto de manifiesto con la extracción de arena que debería servir para paliar la pérdida de la misma en la playa de San Lorenzo.
Entendemos que raya lo increíble y grotesco que hayan tenido que pasar tres meses y extraer varias toneladas para darse cuenta de que el grano de la playa de San Lorenzo es más fino que el extraído para su regeneración. Nos gustaría, al igual que la gran mayoría de gijoneses, despejar algunas dudas que se generan en torno a este tema apelando a esa política de transparencia que tanto anuncian desde el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria. ¿Cómo y por qué se ha realizado tanto acopio de material sin comprobar un solo grano de arena y compararlo con el de la playa San Lorenzo?, ¿Cuántas toneladas se han extraído sin ser testadas?, ¿Cuál ha sido el coste de las mismas?, ¿entra el coste de este error dentro de lo presupuestado en las obras de ampliación del puerto?, ¿Quién debe asumir la responsabilidad de esta negligencia?, o ¿Qué daño medioambiental puede haber causado el retirar tanta cantidad de arena del fondo marino de la costa gijonesa?.
UPyD en Gijón quiere apelar una vez más a la responsabilidad que nuestro gobierno municipal tiene en todo lo que rodea a la playa de San Lorenzo pues la ciudadanía exige y demanda una vigilancia extrema sobre cualquier posible actuación dentro de la misma.
jueves, 21 de octubre de 2010
Funcionarios al punto de congelación
Sobre el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado en 2007 y aún sin desarrollarOSÉ R. CHAVES
MAGISTRADO Al igual que Pedro Picapiedra aullaba mientras golpeaba en la puerta de su casa para que Vilma se la abriese, diríase que los dos millones largos de funcionarios llevan más de tres años llamando a las puertas del Estado y de las comunidades autónomas para que desarrollen el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado en el año 2007, sin que se haya desarrollado ley alguna que lo complete y pormenorice.
En el horizonte inmediato, la única ley que se ocupará de tan vasto colectivo será la ley anual de Presupuestos Generales del Estado para 2011 y lo hará para congelar sus retribuciones, sin actualizarse según el coste de la vida (cobrar menos por el mismo trabajo). También se ha congelado la oferta de empleo público (menos funcionarios para el mismo trabajo). E igualmente la carrera profesional está congelada (ningún estímulo para más y mejor trabajo), ya que sin procedimientos de evaluación de rendimiento bajo criterios objetivos, fiables, a largo plazo y diseñados por ley, lo único que muestra el panorama actual de las administraciones autonómicas, bajo un símil deportivo, son «carreras salariales», con medallas para casi todos, sin pruebas homologadas, sin control de dopajes o incluso amañadas.
Es más, también están congelados los recursos jurisdiccionales de los funcionarios frente a las grandes medidas que les afectan. Por ejemplo, el recurso que pueda plantearse frente al recorte salarial operado por el decreto ley estatal del pasado mayo quedará en el dique seco de la lista de espera del Tribunal Constitucional. Idéntica suerte correrá el recurso de inconstitucionalidad frente al decreto ley de la Junta de Andalucía del pasado julio que propiciará la integración de más de 20.000 personas como trabajadores fijos de la Administración andaluza, procedentes de sociedades y fundaciones públicas (donde su reclutamiento sorteó el mérito y la capacidad). En ambos casos, cuando lleguen los ansiados fallos del Tribunal Constitucional, presumiblemente antes de la próxima glaciación, perderá todo interés el litigio.
Bien está que los empleados públicos contribuyan a paliar la crisis (aunque cabe preguntarse por qué sólo ellos), pero mejor estaría compensarles de tal sacrificio con lo mínimo a que tiene derecho todo ciudadano: la seguridad jurídica, esto es, conocer la normativa que les resulta aplicable en cada momento.
Y es que nunca se aprobó en el Estado español una norma tan ambiciosa como la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto del Empleado Público, con la aspiración de conseguir la cuadratura del círculo de armonizar la legislación estatal con las legislaciones autonómicas, de acompasar funcionarios y laborales, y de fijar el régimen del empleado público del siglo XXI. Ese Estatuto, en vez de «madurar», parece que se «pudre», puesto que no ha sido desarrollado legal y reglamentariamente.
Así, el Estado no ha aprobado su ley de la función pública estatal pese a su importantísimo papel de espejo para las comunidades autónomas, y su vocación de norma supletoria. Las comunidades autónomas tampoco han aprobado leyes para su propia función pública desarrollando la legislación estatal e incorporando modelos originales de carrera profesional y retributiva (entre otras cuestiones deseables), limitándose hoy por hoy a parcheos puntuales para salir del paso. Nadie quiere bailar con el Estatuto Básico porque no quieren (temor a negociar con las fuerzas políticas o sindicales), no pueden (la crisis económica altera sus prioridades), no deben (saben que les cuesta dinero) o no saben (ni el punto de partida ni la meta).
Ante esta pasividad normativa, el alcance de los derechos y obligaciones de los funcionarios se ha judicializado, correspondiendo a los tribunales colmar las lagunas o salir al paso de sus interpretaciones. Así, la jubilación parcial de los funcionarios ha recibido luz verde de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y en cambio ha merecido luz roja de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia. Los trienios para los interinos han sido reconocidos retroactivamente o no, según el Juzgado que toque en el orbe español. El Reglamento Disciplinario estatal para los funcionarios ha sido derogado para unos tribunales y en cambio subsiste para otros. Y en cuanto a la consolidación como fijos de los trabajadores temporales e interinos que el Estatuto diseña bajo mínimos, ha sido cocinada «al gusto» por cada Administración y «para disgusto» de muchos aspirantes.
Mejor sería que tanto el legislador estatal como los legisladores autonómicos hicieran los deberes y diseñaran el traje normativo de los funcionarios públicos al completo, y no en la situación en que estamos, en que la chaqueta es de hace tres años, conservando las mangas de hace cinco, y el pantalón de hace treinta pero, eso sí, dejando las solapas y las perneras para un futuro incierto, según el diseño y color que fije cada comunidad autónoma. Está claro que un traje así reventará por las costuras normativas, tejidas hoy día bajo crípticas disposiciones transitorias, derogatorias y finales.
El resultado es tan desolador como un paraje ártico. No sólo está congelado el Estado, entre los hielos de la crisis económica, sino que la tripulación funcionarial está paralizada por tanta congelación, y en esas condiciones malamente podrá salirse del encallamiento. Mientras tanto, al igual que los músicos del «Titanic» seguían tocando mientras se hundía el buque, nuestros políticos de todo pelaje parecen seguir bailando al son de las grescas partidistas o de ocurrencias para distracción de la ciudadanía.
MAGISTRADO Al igual que Pedro Picapiedra aullaba mientras golpeaba en la puerta de su casa para que Vilma se la abriese, diríase que los dos millones largos de funcionarios llevan más de tres años llamando a las puertas del Estado y de las comunidades autónomas para que desarrollen el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado en el año 2007, sin que se haya desarrollado ley alguna que lo complete y pormenorice.
En el horizonte inmediato, la única ley que se ocupará de tan vasto colectivo será la ley anual de Presupuestos Generales del Estado para 2011 y lo hará para congelar sus retribuciones, sin actualizarse según el coste de la vida (cobrar menos por el mismo trabajo). También se ha congelado la oferta de empleo público (menos funcionarios para el mismo trabajo). E igualmente la carrera profesional está congelada (ningún estímulo para más y mejor trabajo), ya que sin procedimientos de evaluación de rendimiento bajo criterios objetivos, fiables, a largo plazo y diseñados por ley, lo único que muestra el panorama actual de las administraciones autonómicas, bajo un símil deportivo, son «carreras salariales», con medallas para casi todos, sin pruebas homologadas, sin control de dopajes o incluso amañadas.
Es más, también están congelados los recursos jurisdiccionales de los funcionarios frente a las grandes medidas que les afectan. Por ejemplo, el recurso que pueda plantearse frente al recorte salarial operado por el decreto ley estatal del pasado mayo quedará en el dique seco de la lista de espera del Tribunal Constitucional. Idéntica suerte correrá el recurso de inconstitucionalidad frente al decreto ley de la Junta de Andalucía del pasado julio que propiciará la integración de más de 20.000 personas como trabajadores fijos de la Administración andaluza, procedentes de sociedades y fundaciones públicas (donde su reclutamiento sorteó el mérito y la capacidad). En ambos casos, cuando lleguen los ansiados fallos del Tribunal Constitucional, presumiblemente antes de la próxima glaciación, perderá todo interés el litigio.
Bien está que los empleados públicos contribuyan a paliar la crisis (aunque cabe preguntarse por qué sólo ellos), pero mejor estaría compensarles de tal sacrificio con lo mínimo a que tiene derecho todo ciudadano: la seguridad jurídica, esto es, conocer la normativa que les resulta aplicable en cada momento.
Y es que nunca se aprobó en el Estado español una norma tan ambiciosa como la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto del Empleado Público, con la aspiración de conseguir la cuadratura del círculo de armonizar la legislación estatal con las legislaciones autonómicas, de acompasar funcionarios y laborales, y de fijar el régimen del empleado público del siglo XXI. Ese Estatuto, en vez de «madurar», parece que se «pudre», puesto que no ha sido desarrollado legal y reglamentariamente.
Así, el Estado no ha aprobado su ley de la función pública estatal pese a su importantísimo papel de espejo para las comunidades autónomas, y su vocación de norma supletoria. Las comunidades autónomas tampoco han aprobado leyes para su propia función pública desarrollando la legislación estatal e incorporando modelos originales de carrera profesional y retributiva (entre otras cuestiones deseables), limitándose hoy por hoy a parcheos puntuales para salir del paso. Nadie quiere bailar con el Estatuto Básico porque no quieren (temor a negociar con las fuerzas políticas o sindicales), no pueden (la crisis económica altera sus prioridades), no deben (saben que les cuesta dinero) o no saben (ni el punto de partida ni la meta).
Ante esta pasividad normativa, el alcance de los derechos y obligaciones de los funcionarios se ha judicializado, correspondiendo a los tribunales colmar las lagunas o salir al paso de sus interpretaciones. Así, la jubilación parcial de los funcionarios ha recibido luz verde de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y en cambio ha merecido luz roja de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia. Los trienios para los interinos han sido reconocidos retroactivamente o no, según el Juzgado que toque en el orbe español. El Reglamento Disciplinario estatal para los funcionarios ha sido derogado para unos tribunales y en cambio subsiste para otros. Y en cuanto a la consolidación como fijos de los trabajadores temporales e interinos que el Estatuto diseña bajo mínimos, ha sido cocinada «al gusto» por cada Administración y «para disgusto» de muchos aspirantes.
Mejor sería que tanto el legislador estatal como los legisladores autonómicos hicieran los deberes y diseñaran el traje normativo de los funcionarios públicos al completo, y no en la situación en que estamos, en que la chaqueta es de hace tres años, conservando las mangas de hace cinco, y el pantalón de hace treinta pero, eso sí, dejando las solapas y las perneras para un futuro incierto, según el diseño y color que fije cada comunidad autónoma. Está claro que un traje así reventará por las costuras normativas, tejidas hoy día bajo crípticas disposiciones transitorias, derogatorias y finales.
El resultado es tan desolador como un paraje ártico. No sólo está congelado el Estado, entre los hielos de la crisis económica, sino que la tripulación funcionarial está paralizada por tanta congelación, y en esas condiciones malamente podrá salirse del encallamiento. Mientras tanto, al igual que los músicos del «Titanic» seguían tocando mientras se hundía el buque, nuestros políticos de todo pelaje parecen seguir bailando al son de las grescas partidistas o de ocurrencias para distracción de la ciudadanía.
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