UPyD Oviedo
24 de abril de 2010
A las tres de la tarde concluyó el plazo iniciado a las once de la mañana para que los afiliados de Oviedo, Siero, Noreña, Lugones y Las Regueras votasen a favor de la candidatura presentada por Manuel López De Lerma. Cerca de la mitad de los inscritos en el censo se acercaron a la sede del partido en la calle Foncalada para depositar su voto. Tras el recuento, se contabilizaron 34 votos a favor, 1 en blanco y ninguno nulo, con lo que la candidatura presentada fue ampliamente respaldada y legitimada para llevar a cabo la elaboración de las propuestas y el desarrollo de las ideas con las que Unión Progreso y Democracia concurrirá a las elecciones municipales de 2011.
En opinión del recién elegido coordinador, Manuel López De Lerma, “es una buena noticia para la ciudad que una nueva fuerza política se ponga a trabajar en la defensa de los intereses de los ciudadanos de Oviedo, y mejor aún que lo haga bajo la premisa de conseguir la regeneración democrática, tan necesaria cuando la vida municipal sufre cada día el abuso de un clase política cada vez más alejada de la ciudadanía y con intereses tan ajenos al bien común”.
sábado, 24 de abril de 2010
UPyD – Gijón elige a Armando Fernández Bartolomé coordinador del Consejo local
UPyD Gijon
24 de abril de 2010
A las tres de la tarde concluyó el plazo iniciado a las once de la mañana para que los afiliados de Gijón, Carreño y Villaviciosa votasen a favor de la candidatura presentada por Armando Fernández Bartolomé. Más de la mitad de los inscritos en el censo se acercaron a la sede del partido en la calle Donato Argüelles para depositar su voto. Tras el recuento, se contabilizaron 37 votos a favor, 3 en blanco y ninguno nulo, con lo que la candidatura presentada fue ampliamente respaldada y legitimada para llevar a cabo la elaboración de las propuestas y el desarrollo de las ideas con las que Unión Progreso y Democracia concurrirá a las elecciones municipales de 2011.
Junto a Armando Fernández Bartolomé, forman parte del Consejo Local recién elegido, Luis Pertierra como responsable de organización, Antonio Sánchez Viña como responsable de política local y cuatro vocales que se ocuparán de elaborar el programa trabajando las diferentes áreas de ámbito municipal, desde festejos y deportes a empleo y hacienda, pasando por seguridad ciudadana o cultura y urbanismo. Diana Martínez, Lolo Iñarra, Mercedes Fernández Abín y Jorge Uría completan la candidatura.
Para el recién elegido coordinador, Armando Fernández Bartolomé, “tomando como base del proyecto la regeneración democrática, los buenos resultados obtenidos en las elecciones europeas y las expectativas creadas, nos animan a trabajar con ilusión y también a incorporar a todos aquellos afiliados que quieran echar una mano en cualquiera de los grupos de trabajo que elaborarán las propuestas de UPyD para la ciudad”.
24 de abril de 2010
A las tres de la tarde concluyó el plazo iniciado a las once de la mañana para que los afiliados de Gijón, Carreño y Villaviciosa votasen a favor de la candidatura presentada por Armando Fernández Bartolomé. Más de la mitad de los inscritos en el censo se acercaron a la sede del partido en la calle Donato Argüelles para depositar su voto. Tras el recuento, se contabilizaron 37 votos a favor, 3 en blanco y ninguno nulo, con lo que la candidatura presentada fue ampliamente respaldada y legitimada para llevar a cabo la elaboración de las propuestas y el desarrollo de las ideas con las que Unión Progreso y Democracia concurrirá a las elecciones municipales de 2011.
Junto a Armando Fernández Bartolomé, forman parte del Consejo Local recién elegido, Luis Pertierra como responsable de organización, Antonio Sánchez Viña como responsable de política local y cuatro vocales que se ocuparán de elaborar el programa trabajando las diferentes áreas de ámbito municipal, desde festejos y deportes a empleo y hacienda, pasando por seguridad ciudadana o cultura y urbanismo. Diana Martínez, Lolo Iñarra, Mercedes Fernández Abín y Jorge Uría completan la candidatura.
Para el recién elegido coordinador, Armando Fernández Bartolomé, “tomando como base del proyecto la regeneración democrática, los buenos resultados obtenidos en las elecciones europeas y las expectativas creadas, nos animan a trabajar con ilusión y también a incorporar a todos aquellos afiliados que quieran echar una mano en cualquiera de los grupos de trabajo que elaborarán las propuestas de UPyD para la ciudad”.
"Un poco de federalismo, por favor"
CARLOS MONASTERIO ESCUDERO
ELPAIS.com - Economía - 22-04-2010
En España, la construcción del Estado del bienestar y el proceso de descentralización hacia el denominado Estado de las Autonomías, han avanzado en paralelo, a lo largo de las últimas tres décadas.
En una primera etapa, desde la Constitución de 1978 hasta 2002, existieron diferencias apreciables en las competencias de las diversas comunidades autónomas, pero con la transferencia generalizada de la sanidad, a comienzos de 2002, todas las comunidades autónomas han asumido la prestación de los dos servicios públicos fundamentales del Estado del bienestar.
Tres décadas después del cambio democrático, es hora de hacer un breve balance de ambos procesos. Mientras que el Estado del bienestar se ha consolidado en lo fundamental, con un aceptable despliegue de los servicios públicos esenciales de sanidad y educación (aunque ambos deben ser objeto de atención y mejora), se observan mayores sombras en lo concerniente al Estado Autonómico.
Lo que debería haber sido un amplia avenida, para que circularan las preferencias de los ciudadanos y se reflejaran en distintas opciones sobre los servicios públicos descentralizados, se ha convertido en un verdadero laberinto en materia de Hacienda autonómica, donde se producen continuas bifurcaciones, que las más de las veces permiten al gobierno de turno favorecer a las comunidades autónomas afines o más capaces de ejercer influencia política.
Sin caer en la ingenuidad de querer llegar un "sistema cerrado" de descentralización (un gran teórico de la descentralización, William Riker, advirtió ya hace décadas que toda solución federal es siempre un equilibrio inestable entre las fuerzas centrípetas, que empujan de nuevo en la dirección de la centralización y fuerzas centrífugas, que amenazan desembocar en la secesión), creo que existen potenciales mejoras que podrían hacer que aumentara la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado Autonómico y la eficiencia en la prestación de servicios, aspectos básicos que desde el punto de vista económico justifican la descentralización. Para conseguir estas mejoras, la receta sería aplicar a nuestro Estado Autonómico las lecciones de la experiencia adquirida en estos años y, sobre todo, algunos mecanismos básicos del federalismo.
En primer lugar, convendría recordar el punto de partida; la descentralización supone abrir una puerta a la diversidad y para ello debe asegurarse que, en igualdad de posiciones de salida, se abran cauces para que las regiones puedan desarrollar políticas diferenciadas.
En cuanto a la igualdad de posiciones de salida, debemos sacar algunas lecciones de la experiencia pasada, aunque puedan resultarnos incómodas.
La Constitución de 1978 reconoció el derecho a la autonomía en favor de "las Comunidades Autónomas que se constituyan" (art 137) en un proceso sujeto a incertidumbre en el que no se conocía si sólo algunas zonas que habían manifestado anteriormente un mayor sentimiento autonomista (Pais Vasco, Cataluña) se constituirían en comunidades autónomas o si lo harían todas las regiones, como finalmente sucedió.
El esquema de relaciones bilateral, que tenía sentido en un principio, para materias que lógicamente deberían ser objeto de aceptación individual (Comisiones Mixtas de Transferencias, que permitían a cada comunidad autónoma aceptar una transferencia sólo si consideraba que los recursos traspasados eran suficientes) y sobre todo, si se pensaba que sólo algunos territorios iban a constituirse en comunidades autónomas, carece de sentido en el momento actual, cuando comprobamos que el Estado Autonómico se ha asentado en todos los territorios y el nivel competencial es esencialmente homogéneo. En consecuencia, el camino hacia las relaciones bilaterales que se abre en muchos Estatutos de "segunda generación" no parece que apunte en la dirección adecuada.
Unido a lo anterior, está el espinosos tema de los regímenes forales, tanto en lo que respecta a su muy discutible carácter de "sistemas paccionados" como en lo referente a las ventajas fiscales, cuando se aplican en regiones de renta relativa elevada. No tiene sentido, por ejemplo, que en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera las comunidades autónomas forales puedan participar en la decisión de cómo se articula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, mientras que a estas últimas les está completamente vedado participar en las negociaciones para determinar el concierto impositivo o los cupos quinquenales.
Que una Cámara territorial decidiera sobre todas estas cuestiones sería poner un poco de lógica federalista en el actual rompecabezas autonómico, aunque requiere una buena dosis de coraje político.... y ya se sabe que todos los recursos son escasos.
En cuanto a las políticas diferenciadas, debemos constatar un gran déficit de diversidad, cuando observamos el desarrollo de la Hacienda autonómica.
Las comunidades autónomas, que han asumido con entusiasmo la autonomía en la vertiente competencial y del gasto, siguen ancladas en un comportamiento gregario en materia fiscal.
Más aún, recientemente hemos dado clamorosos pasos atrás, sin que ninguno de los intervinientes en decisiones que merecerían una detallada explicación a los ciudadanos en un Estado mínimamente federal se haya sentido obligado a explicar nada.
Que en 2008 (¡con una crisis económica que se venía encima y hacia presagiar un notable aumento del déficit!) el Gobierno central haya suprimido el Impuesto de Patrimonio (que, recordémoslo, era un impuesto cedido a las comunidades autónomas con competencias normativas casi plenas) y seguidamente los gobiernos autonómicos hayan aceptado sin rechistar una medida que atentaba contra su autonomía fiscal y sólo se hayan preocupado de conseguir compensaciones financieras, es algo que contrasta con el entusiasmo dedicado a, por ejemplo, defender las competencias en materia de cajas de ahorros.
Además de la alegre inauguración de "proyectos emblemáticos", hace falta la explicación y defensa de los "impuestos problemáticos" necesarios para financiar esos y otros gastos
No cabe argumentar, al menos desde 2002, que no existen instrumentos para obtener recursos impositivos por parte de las Haciendas autonómicas, puesto que pueden aumentar la recaudación del tramo autonómico del IRPF, los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, tasas sobre el juego y tramo autonómico de hidrocarburos, además de todo el abanico de tasas y precios públicos
Desde otra perspectiva, las discusiones en materia de descentralización parecen resentirse todavía del "reflejo condicionado" que asocia centralización con el régimen dictatorial anterior y descentralización con democracia (para unos) o Estado centralizado y garantía de trato equitativo a todos los ciudadanos y Estado de las Autonomías y reinos de taifas (para otros).
Al igual que no deberíamos caer en el simplismo de asociar la pesca del salmón con las tendencias dictatoriales, sería bueno ver la descentralización como un mecanismo funcional para obtener mayor eficiencia en la prestación de servicios públicos, sin predeterminar cual debe ser siempre la dirección de los ajustes competenciales que deban introducirse
Ello implicaría admitir que la solución federal no tiene porqué ser inamovible y que en ciertas circunstancias, como la actual, sería sensato aumentar el peso del gobierno central, que es quien está mejor situado para hacer frente a las consecuencias de la recesión económica o replantear (en ambos sentidos) la asignación competencial, cuando parezca necesario a la luz de nuevas circunstancias (¿tienen sentido ficciones como la de convertir a los militares en bomberos y travestir las competencias de defensa en competencias de protección civil creando la Unidad Militar de Emergencias, en vez de discutir abiertamente si no sería mejor llevar una parte de las competencias de protección civil al gobierno central?).
En mi opinión, tendremos un sector público que merezca realmente el nombre de descentralizado cuando un ajuste presupuestario importante sea asumido por las comunidades autónomas mediante decisiones propias y autónomas, que en unos casos pasarán por reducciones del gasto y en otros por ajustes impositivos de diverso tipo, en vez de recurrir repetidamente a que la Hacienda central actúe de paraguas para todos. Si a ello añadiéramos la capacidad de discutir con tanta naturalidad que hay competencias estatales que pueden delegarse hacia las comunidades autónomas, como que hay algunas competencias autonómicas que podrían volver a ser centralizadas, quizá fuera posible quitarle el pantalón corto al Estado Autonómico y convertirlo sin complejos en un Estado Federal, en el que nos ocupáramos más de mejorar los aspectos de aplicación del modelo que de poner (pretendidamente) las esencias del modelo en cuestión un mes si y otro también.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100422elpepueco_9&type=Tes&anchor=elpepueco
ELPAIS.com - Economía - 22-04-2010
En España, la construcción del Estado del bienestar y el proceso de descentralización hacia el denominado Estado de las Autonomías, han avanzado en paralelo, a lo largo de las últimas tres décadas.
En una primera etapa, desde la Constitución de 1978 hasta 2002, existieron diferencias apreciables en las competencias de las diversas comunidades autónomas, pero con la transferencia generalizada de la sanidad, a comienzos de 2002, todas las comunidades autónomas han asumido la prestación de los dos servicios públicos fundamentales del Estado del bienestar.
Tres décadas después del cambio democrático, es hora de hacer un breve balance de ambos procesos. Mientras que el Estado del bienestar se ha consolidado en lo fundamental, con un aceptable despliegue de los servicios públicos esenciales de sanidad y educación (aunque ambos deben ser objeto de atención y mejora), se observan mayores sombras en lo concerniente al Estado Autonómico.
Lo que debería haber sido un amplia avenida, para que circularan las preferencias de los ciudadanos y se reflejaran en distintas opciones sobre los servicios públicos descentralizados, se ha convertido en un verdadero laberinto en materia de Hacienda autonómica, donde se producen continuas bifurcaciones, que las más de las veces permiten al gobierno de turno favorecer a las comunidades autónomas afines o más capaces de ejercer influencia política.
Sin caer en la ingenuidad de querer llegar un "sistema cerrado" de descentralización (un gran teórico de la descentralización, William Riker, advirtió ya hace décadas que toda solución federal es siempre un equilibrio inestable entre las fuerzas centrípetas, que empujan de nuevo en la dirección de la centralización y fuerzas centrífugas, que amenazan desembocar en la secesión), creo que existen potenciales mejoras que podrían hacer que aumentara la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado Autonómico y la eficiencia en la prestación de servicios, aspectos básicos que desde el punto de vista económico justifican la descentralización. Para conseguir estas mejoras, la receta sería aplicar a nuestro Estado Autonómico las lecciones de la experiencia adquirida en estos años y, sobre todo, algunos mecanismos básicos del federalismo.
En primer lugar, convendría recordar el punto de partida; la descentralización supone abrir una puerta a la diversidad y para ello debe asegurarse que, en igualdad de posiciones de salida, se abran cauces para que las regiones puedan desarrollar políticas diferenciadas.
En cuanto a la igualdad de posiciones de salida, debemos sacar algunas lecciones de la experiencia pasada, aunque puedan resultarnos incómodas.
La Constitución de 1978 reconoció el derecho a la autonomía en favor de "las Comunidades Autónomas que se constituyan" (art 137) en un proceso sujeto a incertidumbre en el que no se conocía si sólo algunas zonas que habían manifestado anteriormente un mayor sentimiento autonomista (Pais Vasco, Cataluña) se constituirían en comunidades autónomas o si lo harían todas las regiones, como finalmente sucedió.
El esquema de relaciones bilateral, que tenía sentido en un principio, para materias que lógicamente deberían ser objeto de aceptación individual (Comisiones Mixtas de Transferencias, que permitían a cada comunidad autónoma aceptar una transferencia sólo si consideraba que los recursos traspasados eran suficientes) y sobre todo, si se pensaba que sólo algunos territorios iban a constituirse en comunidades autónomas, carece de sentido en el momento actual, cuando comprobamos que el Estado Autonómico se ha asentado en todos los territorios y el nivel competencial es esencialmente homogéneo. En consecuencia, el camino hacia las relaciones bilaterales que se abre en muchos Estatutos de "segunda generación" no parece que apunte en la dirección adecuada.
Unido a lo anterior, está el espinosos tema de los regímenes forales, tanto en lo que respecta a su muy discutible carácter de "sistemas paccionados" como en lo referente a las ventajas fiscales, cuando se aplican en regiones de renta relativa elevada. No tiene sentido, por ejemplo, que en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera las comunidades autónomas forales puedan participar en la decisión de cómo se articula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, mientras que a estas últimas les está completamente vedado participar en las negociaciones para determinar el concierto impositivo o los cupos quinquenales.
Que una Cámara territorial decidiera sobre todas estas cuestiones sería poner un poco de lógica federalista en el actual rompecabezas autonómico, aunque requiere una buena dosis de coraje político.... y ya se sabe que todos los recursos son escasos.
En cuanto a las políticas diferenciadas, debemos constatar un gran déficit de diversidad, cuando observamos el desarrollo de la Hacienda autonómica.
Las comunidades autónomas, que han asumido con entusiasmo la autonomía en la vertiente competencial y del gasto, siguen ancladas en un comportamiento gregario en materia fiscal.
Más aún, recientemente hemos dado clamorosos pasos atrás, sin que ninguno de los intervinientes en decisiones que merecerían una detallada explicación a los ciudadanos en un Estado mínimamente federal se haya sentido obligado a explicar nada.
Que en 2008 (¡con una crisis económica que se venía encima y hacia presagiar un notable aumento del déficit!) el Gobierno central haya suprimido el Impuesto de Patrimonio (que, recordémoslo, era un impuesto cedido a las comunidades autónomas con competencias normativas casi plenas) y seguidamente los gobiernos autonómicos hayan aceptado sin rechistar una medida que atentaba contra su autonomía fiscal y sólo se hayan preocupado de conseguir compensaciones financieras, es algo que contrasta con el entusiasmo dedicado a, por ejemplo, defender las competencias en materia de cajas de ahorros.
Además de la alegre inauguración de "proyectos emblemáticos", hace falta la explicación y defensa de los "impuestos problemáticos" necesarios para financiar esos y otros gastos
No cabe argumentar, al menos desde 2002, que no existen instrumentos para obtener recursos impositivos por parte de las Haciendas autonómicas, puesto que pueden aumentar la recaudación del tramo autonómico del IRPF, los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, tasas sobre el juego y tramo autonómico de hidrocarburos, además de todo el abanico de tasas y precios públicos
Desde otra perspectiva, las discusiones en materia de descentralización parecen resentirse todavía del "reflejo condicionado" que asocia centralización con el régimen dictatorial anterior y descentralización con democracia (para unos) o Estado centralizado y garantía de trato equitativo a todos los ciudadanos y Estado de las Autonomías y reinos de taifas (para otros).
Al igual que no deberíamos caer en el simplismo de asociar la pesca del salmón con las tendencias dictatoriales, sería bueno ver la descentralización como un mecanismo funcional para obtener mayor eficiencia en la prestación de servicios públicos, sin predeterminar cual debe ser siempre la dirección de los ajustes competenciales que deban introducirse
Ello implicaría admitir que la solución federal no tiene porqué ser inamovible y que en ciertas circunstancias, como la actual, sería sensato aumentar el peso del gobierno central, que es quien está mejor situado para hacer frente a las consecuencias de la recesión económica o replantear (en ambos sentidos) la asignación competencial, cuando parezca necesario a la luz de nuevas circunstancias (¿tienen sentido ficciones como la de convertir a los militares en bomberos y travestir las competencias de defensa en competencias de protección civil creando la Unidad Militar de Emergencias, en vez de discutir abiertamente si no sería mejor llevar una parte de las competencias de protección civil al gobierno central?).
En mi opinión, tendremos un sector público que merezca realmente el nombre de descentralizado cuando un ajuste presupuestario importante sea asumido por las comunidades autónomas mediante decisiones propias y autónomas, que en unos casos pasarán por reducciones del gasto y en otros por ajustes impositivos de diverso tipo, en vez de recurrir repetidamente a que la Hacienda central actúe de paraguas para todos. Si a ello añadiéramos la capacidad de discutir con tanta naturalidad que hay competencias estatales que pueden delegarse hacia las comunidades autónomas, como que hay algunas competencias autonómicas que podrían volver a ser centralizadas, quizá fuera posible quitarle el pantalón corto al Estado Autonómico y convertirlo sin complejos en un Estado Federal, en el que nos ocupáramos más de mejorar los aspectos de aplicación del modelo que de poner (pretendidamente) las esencias del modelo en cuestión un mes si y otro también.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100422elpepueco_9&type=Tes&anchor=elpepueco
La cementera Tudela Veguín corta la carretera de acceso al Alto de Aboño
La cementera Tudela Veguín ha cortado la carretera de acceso al Alto de Aboño. El cierre se debe a las obras de su plan de ampliación. El corte del ramal, único acceso para vehículos al barrio del Alto de Aboño, ha implicado la creación de uno nuevo, que parte del original, desviándose por la ladera norte del monte, que rodea hasta llegar a su cota más alta.
El corte de este acceso se debe a que queda dentro del espacio que la cementera tiene previsto explanar, como parte de la ampliación que está desarrollando y que hará desaparecer la parte interior del monte de Aboño. Este periódico trató ayer, sin éxito, de conocer la versión de la empresa.
Según aclararon fuentes municipales, el corte del vial de acceso al Alto estaba previsto en el proyecto de desmonte de la parte interior del monte de Aboño, planteado por Tudela Veguín. Este cierre de la carretera debía acompañarse de la creación de una nueva, como así ha sido, si bien el nuevo ramal también desaparecerá en caso de consumarse el otro desmonte que plantea la Autoridad portuaria de Gijón.
La carretera de nueva creación parte de la original, a pocos metros de la pista de camiones de Tudela Veguín, y se desvía hacia el Norte, rodeando el monte, para desembocar directamente en el barrio del Alto. En algunos tramos del nuevo recorrido, la carretera alcanza pendientes que superan el 10 por ciento de desnivel, lo que ya ha provocado quejas entre los vecinos del entorno, por las dificultades de circular por cuestas tan pronunciadas.
La explanación que lleva a cabo la cementera, que también es propietaria de buena parte de los terrenos que afectan al desmonte de la Autoridad Portuaria, pretende extraer del suelo carreñense un volumen de 320.000 metros cúbicos de material en un área de 44.000 metros cuadrados.
Las extracciones propuestas por Tudela Veguín representan el 3% de las que pretende la Autoridad Portuaria. El Musel, a su vez, trata de extraer de Aboño 10.258.407 metros cúbicos.
http://www.lne.es/gijon/2010/04/24/cementera-tudela-veguin-corta-carretera-acceso-alto-abono/905407.html
El corte de este acceso se debe a que queda dentro del espacio que la cementera tiene previsto explanar, como parte de la ampliación que está desarrollando y que hará desaparecer la parte interior del monte de Aboño. Este periódico trató ayer, sin éxito, de conocer la versión de la empresa.
Según aclararon fuentes municipales, el corte del vial de acceso al Alto estaba previsto en el proyecto de desmonte de la parte interior del monte de Aboño, planteado por Tudela Veguín. Este cierre de la carretera debía acompañarse de la creación de una nueva, como así ha sido, si bien el nuevo ramal también desaparecerá en caso de consumarse el otro desmonte que plantea la Autoridad portuaria de Gijón.
La carretera de nueva creación parte de la original, a pocos metros de la pista de camiones de Tudela Veguín, y se desvía hacia el Norte, rodeando el monte, para desembocar directamente en el barrio del Alto. En algunos tramos del nuevo recorrido, la carretera alcanza pendientes que superan el 10 por ciento de desnivel, lo que ya ha provocado quejas entre los vecinos del entorno, por las dificultades de circular por cuestas tan pronunciadas.
La explanación que lleva a cabo la cementera, que también es propietaria de buena parte de los terrenos que afectan al desmonte de la Autoridad Portuaria, pretende extraer del suelo carreñense un volumen de 320.000 metros cúbicos de material en un área de 44.000 metros cuadrados.
Las extracciones propuestas por Tudela Veguín representan el 3% de las que pretende la Autoridad Portuaria. El Musel, a su vez, trata de extraer de Aboño 10.258.407 metros cúbicos.
http://www.lne.es/gijon/2010/04/24/cementera-tudela-veguin-corta-carretera-acceso-alto-abono/905407.html
La ITV de inmuebles obliga a realizar un censo específico de edificios residenciales
Gijón no sólo será la primera ciudad asturiana que regule mediante una ordenanza las inspecciones técnicas a los edificios. También será pionera en la iniciativa de crear un censo específico de construcciones residenciales. A día de hoy, la concejalía de Urbanismo controla el número de viviendas -135.000- y de unidades catastrales -207.540- que hay en el municipio. Pero carece de datos concretos sobre los edificios existentes.
«Inauguraremos el censo detrás de la ordenanza», anuncia el concejal Pedro Sanjurjo. El Ayuntamiento de Gijón tendrá bajo control los inmuebles de su ámbito territorial y, al mismo tiempo, pondrá a disposición de los propietarios un documento de consulta «para que puedan identificar los edificios a los que vamos aplicando la obligatoriedad de una inspección técnica».
Urbanismo ya está haciendo acopio de información, pero la ordenanza todavía se encuentra en pañales. Sanjurjo tiene la intención de presentar un primer borrador a finales del mes de junio. Primero, mantendrá una ronda de conversaciones con distintos colegios profesionales, consumidores y asociaciones de vecinos para tratar de llegar a un consenso. El primer intercambio de impresiones se producía el pasado jueves, con el Colegio de Arquitectos, que considera «razonable» y «necesaria» esta nueva normativa.
La obligación de inspeccionar un edificio corresponde a la propiedad, así que tendrán que ser las comunidades de vecinos las que asuman su coste. El Ayuntamiento no podrá tarifar este servicio profesional privado, pero asegura que «el precio no será disuasorio». Los inspectores revisarán las cimentaciones y estructuras; las fachadas, medianeras y carpinterías exteriores; las cubiertas; las instalaciones generales, y los elementos que afecten a la seguridad, salubridad u ornato público. Luego, deberán remitir su informe a los servicios urbanísticos municipales para que adopten las medidas que consideren oportunas.
Aunque está por decidir el contenido de la ordenanza, se baraja la idea de imponer las revisiones técnicas periódicas en los edificios que sobrepasen los 40 años de antigüedad. La normativa, que se incorporará al Plan General de Ordenación (PGO) que actualmente está en proceso de revisión, es nueva en Asturias, pero no en el resto de España. Varias ciudades gallegas y andaluzas, así como Madrid y Barcelona, ya tienen una ordenanza que obliga a los edificios de viviendas y oficinas a pasar una inspección (ITE) como ya ocurre con los vehículos y la ITV. Entre los últimos municipios que han dado este paso normativo figuran León, que quiso así garantizar la conservación de su casco histórico; y Guadalajara, en la misma fase que Gijón.
Los datos
El censo
-Se creará un registro específico de edificios de viviendas y oficinas. Actualmente, los servicios urbanísticos municipales trabajan con datos más generales, como el número de viviendas o las unidades catastrales (que incluyen desde un piso a una plaza de garaje).
-Tiene un doble objetivo. Por un lado, el Ayuntamiento podrá tener bajo control los edificios existentes, su antigüedad y sus características. Por otro, los propietarios tendrán posibilidad de consultar en qué situación normativa se encuentran.
La nueva ordenanza
-Regulará que los edificios con más de 40 años de antigüedad pasen revisiones técnicas. Estas inspecciones no las realizará el Ayuntamiento, sino profesionales privados. El coste lo asume la propiedad.
-El primer borrador se presentará en junio. El objetivo es preservar el buen estado de los edificios y garantizar su seguridad. Se aplicará en el ámbito urbano y en la zona rural.
«Inauguraremos el censo detrás de la ordenanza», anuncia el concejal Pedro Sanjurjo. El Ayuntamiento de Gijón tendrá bajo control los inmuebles de su ámbito territorial y, al mismo tiempo, pondrá a disposición de los propietarios un documento de consulta «para que puedan identificar los edificios a los que vamos aplicando la obligatoriedad de una inspección técnica».
Urbanismo ya está haciendo acopio de información, pero la ordenanza todavía se encuentra en pañales. Sanjurjo tiene la intención de presentar un primer borrador a finales del mes de junio. Primero, mantendrá una ronda de conversaciones con distintos colegios profesionales, consumidores y asociaciones de vecinos para tratar de llegar a un consenso. El primer intercambio de impresiones se producía el pasado jueves, con el Colegio de Arquitectos, que considera «razonable» y «necesaria» esta nueva normativa.
La obligación de inspeccionar un edificio corresponde a la propiedad, así que tendrán que ser las comunidades de vecinos las que asuman su coste. El Ayuntamiento no podrá tarifar este servicio profesional privado, pero asegura que «el precio no será disuasorio». Los inspectores revisarán las cimentaciones y estructuras; las fachadas, medianeras y carpinterías exteriores; las cubiertas; las instalaciones generales, y los elementos que afecten a la seguridad, salubridad u ornato público. Luego, deberán remitir su informe a los servicios urbanísticos municipales para que adopten las medidas que consideren oportunas.
Aunque está por decidir el contenido de la ordenanza, se baraja la idea de imponer las revisiones técnicas periódicas en los edificios que sobrepasen los 40 años de antigüedad. La normativa, que se incorporará al Plan General de Ordenación (PGO) que actualmente está en proceso de revisión, es nueva en Asturias, pero no en el resto de España. Varias ciudades gallegas y andaluzas, así como Madrid y Barcelona, ya tienen una ordenanza que obliga a los edificios de viviendas y oficinas a pasar una inspección (ITE) como ya ocurre con los vehículos y la ITV. Entre los últimos municipios que han dado este paso normativo figuran León, que quiso así garantizar la conservación de su casco histórico; y Guadalajara, en la misma fase que Gijón.
Los datos
El censo
-Se creará un registro específico de edificios de viviendas y oficinas. Actualmente, los servicios urbanísticos municipales trabajan con datos más generales, como el número de viviendas o las unidades catastrales (que incluyen desde un piso a una plaza de garaje).
-Tiene un doble objetivo. Por un lado, el Ayuntamiento podrá tener bajo control los edificios existentes, su antigüedad y sus características. Por otro, los propietarios tendrán posibilidad de consultar en qué situación normativa se encuentran.
La nueva ordenanza
-Regulará que los edificios con más de 40 años de antigüedad pasen revisiones técnicas. Estas inspecciones no las realizará el Ayuntamiento, sino profesionales privados. El coste lo asume la propiedad.
-El primer borrador se presentará en junio. El objetivo es preservar el buen estado de los edificios y garantizar su seguridad. Se aplicará en el ámbito urbano y en la zona rural.
El PP culpa a PSOE e IU del «exceso» de licitaciones de obra pública «opacas»
El presidente del PP de Asturias, Ovidio Sánchez, responsabilizó ayer al PSOE y a Izquierda Unida (IU) de que el sesenta por ciento de las obras públicas que se licitan en la región eviten la libre concurrencia empresarial. El dirigente popular señaló que el «exceso» de contrataciones por invitación ya fue advertida por la Sindicatura de Cuentas en un dictamen que, según indicó, «recibió el voto en contra de PSOE e IU», socios en el Gobierno regional. Es más, Sánchez subrayó que su formación ha tratado de llegar a acuerdos para fomentar la concurrencia libre en la obra pública, pero que chocó de frente con la oposición de los socialistas, que, a su juicio, «son partidarios de las fórmulas de licitación opacas».
Tras declararse firme defensor de las licitaciones abiertas, el presidente del PP asturiano se mostró «convencido» de que el procedimiento negociado -que es el que más se está utilizando en Asturias según un informe de la patrona de los constructores- «perjudica claramente a las empresas pequeñas y medianas». A este respecto, comprometió el apoyo del PP a medidas para lograr una «mayor transparencia» y anunció su «intención de investigar las adjudicaciones que ha realizado el Ejecutivo autonómico por métodos opacos».
Según los datos que maneja la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC), de las 74 obras públicas que han salido a licitación en los últimos meses, 40 lo han hecho mediante procedimiento negociado. Éste consiste en una adjudicación justificada a una determinada empresa, previa negociación del contenido del contrato con otras firmas del sector seleccionadas por la Administración contratante. Además, otras cinco actuaciones fueron licitadas por el sistema restringido, en el que solamente se permite presentar ofertas a aquellas constructoras que hayan sido invitadas a participar en el concurso o la subasta de una obra, con solicitud de las que estén interesadas.
El PP asturiano coincide con la patronal asturiana de la construcción en que el hecho de que solamente el cuarenta por ciento de la obra pública en la región sea por libre concurrencia constriñe el campo de actuación de las empresas más pequeñas, ya especialmente golpeadas por la crisis, puesto que en muy escasas ocasiones son invitadas a presentar ofertas.
«Los socialistas e IU votaron en contra de un informe de la Sindicatura de Cuentas en el que se advertía del exceso de obras públicas licitadas sin libre concurrencia»
http://www.lne.es/asturias/2010/04/24/pp-culpa-psoe-e-iu-exceso-licitaciones-obra-publica-opacas/905504.html
Tras declararse firme defensor de las licitaciones abiertas, el presidente del PP asturiano se mostró «convencido» de que el procedimiento negociado -que es el que más se está utilizando en Asturias según un informe de la patrona de los constructores- «perjudica claramente a las empresas pequeñas y medianas». A este respecto, comprometió el apoyo del PP a medidas para lograr una «mayor transparencia» y anunció su «intención de investigar las adjudicaciones que ha realizado el Ejecutivo autonómico por métodos opacos».
Según los datos que maneja la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC), de las 74 obras públicas que han salido a licitación en los últimos meses, 40 lo han hecho mediante procedimiento negociado. Éste consiste en una adjudicación justificada a una determinada empresa, previa negociación del contenido del contrato con otras firmas del sector seleccionadas por la Administración contratante. Además, otras cinco actuaciones fueron licitadas por el sistema restringido, en el que solamente se permite presentar ofertas a aquellas constructoras que hayan sido invitadas a participar en el concurso o la subasta de una obra, con solicitud de las que estén interesadas.
El PP asturiano coincide con la patronal asturiana de la construcción en que el hecho de que solamente el cuarenta por ciento de la obra pública en la región sea por libre concurrencia constriñe el campo de actuación de las empresas más pequeñas, ya especialmente golpeadas por la crisis, puesto que en muy escasas ocasiones son invitadas a presentar ofertas.
«Los socialistas e IU votaron en contra de un informe de la Sindicatura de Cuentas en el que se advertía del exceso de obras públicas licitadas sin libre concurrencia»
http://www.lne.es/asturias/2010/04/24/pp-culpa-psoe-e-iu-exceso-licitaciones-obra-publica-opacas/905504.html
«El concepto de ciudad se ha deformado y adaptado al interés empresarial»
«El concepto de ciudad se ha deformado y adaptado al interés empresarial»
«Nos encontramos ante un cambio de era, como ocurrió con la revolución industrial»
ARTURO GUTIÉRREZ DE TERÁN Arquitecto
Gijón, C. JIMÉNEZ
El arquitecto Arturo Gutiérrez de Terán, ex consejero de Ordenación del Territorio en el Gobierno autonómico con Pedro de Silva, es miembro de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura (ASA) que dirige María Jesús González y que este fin de semana celebra en Asturias un encuentro para definir los puntos principales de la «Carta del Transcantábrico». El documento, fruto del trabajo colectivo de un grupo de ciudadanos voluntarios, entre ellos, arquitectos y urbanistas, pretende ser la hoja de ruta de lo que deben ser las ciudades del futuro.
-¿Por qué una «Carta del Transcantábrico» para hablar de ciudades sostenibles?
-Debatimos a bordo del Transcantábrico precisamente sobre esa cuestión para obtener un documento consensuado. La carta quiere estimular a los profesionales, porque vemos muy difícil que por decisiones políticas o legislativas se logre el objetivo de la sostenibilidad si no se toma conciencia por parte de quienes la tienen que llevar a la práctica, que no son otros que los propios ciudadanos.
-¿Cómo se debe orientar esa tarea en tiempos de crisis?
-La crisis nos está dando pistas. Es necesario recuperar la idea de fortalecer barrios y reconstruir áreas urbanas, además de contribuir a mejorar las condiciones energéticas de los edificios. Todo eso será el futuro más inmediato. La edificación se orientará hacia la reconstrucción y revitalización de las áreas urbanas. En el futuro las urbes, obligatoriamente, tienen que dejar de consumir tanta energía y emitir gases contaminantes y resolver el problema de los residuos. El Observatorio de la Sostenibilidad nos advierte de que en 2030 necesitaríamos dos planetas si mantenemos el ritmo de construcción de ahora.
-¿Qué es lo más urgente?
-La edificación consume muchos recursos naturales. El 50 por ciento de esos recursos se los lleva sólo la actividad edificatoria, otro tanto ocurre con los consumos energéticos de los edificios. Todo ello, sin contar la parte de los vehículos y las emisiones que producen.
-¿Qué alternativas propone en el ámbito de la movilidad?
-Aparte del coche eléctrico habrá que seguir profundizando en el transporte colectivo e ir pensando en que el territorio no es infinito y que tenemos que empezar a olvidar el uso del vehículo privado para ir a todas partes. De ahí deriva la idea de que es mejor diseñar ciudades más compactas frente a modelos metropolitanos más extensos o difusos. El modelo de lo que era una ciudad de provincia como Oviedo o Gijón hace 30 o 40 años se ha roto.
-Proponen el ferrocarril como columna vertebral para un desarrollo sostenible.
-El tren es una parte simbólica de nuestras reivindicaciones. Concluir el debate a bordo del Transcantábrico es una forma de resaltar las posibilidades de este medio de transporte, pero la sostenibilidad abarca muchísimos aspectos.
-¿Por ejemplo?
-A escala de economía local. Se han alargado mucho los trayectos para ir a trabajar o para ir a comprar. Ahora mismo en Gijón hay que salir fuera para hacer la compra y en Oviedo para ir al cine hay que recorrerse unos kilómetros. Nadie nos ha pedido opinión sobre eso y creo que ni la propia Administración preveía las consecuencias. Al final, el beneficiario de ese modelo de ciudad es el empresario que consigue suelos rústicos baratos para montar una empresa claramente urbana; por tanto, se ha deformado el concepto de ciudad y se ha ido haciendo a semejanza de las iniciativas empresariales. Esto hay que quebrarlo, la ciudad es un valor de uso no un valor de cambio. No puede haber un millón de viviendas vacías y que eso sea una inversión, uno no puede estar en las dos partes: invirtiendo y construyendo ciudad.
-¿Cabe achacarle todos los males a la especulación urbanística?
-El boom inmobiliario ha destapado problemas y ha hecho ver más claro lo que ya se estaba previendo, ha acelerado el proceso y en lugar de hablar de 2020 o 2050 se ha adelantado, pero lo cierto es que las circunstancias son las que son.
-Ante este panorama, ¿qué futuro le augura a las ciudades?
-Los efectos de la revolución industrial han tocado a su fin. Hemos vivido con planificaciones de ciudades consecuencia de esa etapa y hemos llegado a un exceso de consumos. Nos encontramos ante un auténtico cambio de era como sucedió entonces, pero sólo estamos en los principios. Estas cosas tienen eco años después, pero los colegas de profesión que estamos aquí hace años que lo estamos viendo, y muchos más ciudadanos.
-Como buen conocedor de la ordenación territorial de Asturias, ¿qué opina del modelo actual?
-La Asturias central tiene su propia singularidad metropolitana. No se puede ver a las ciudades de esta zona de modo aislado. Hay decisiones tomadas por el Gobierno autonómico que debieran hacerse de acuerdo con las ciudades; ello hace que exista una metrópoli real de hecho pero no de derecho. La iniciativa conjunta de la capitalidad europea de la cultura era una magnífica idea, pero se ha quebrado porque todavía no somos capaces de llegar a acuerdos políticos. Un ejemplo: el Ayuntamiento de Siero concede licencias para un centro de ocio y comercial que vive mayormente de la población de Oviedo. Ahí no pueden tener la decisión sólo los ayuntamientos sino también las comunidades autónomas o un consejo de municipios que aborden cuestiones gruesas y de infraestructuras. Ese tipo de ciudad polinucleada tiene que ir acompañado de un sistema de transporte colectivo muy intenso, en este caso, el ferrocarril.
-¿Qué le parecen los planes que maneja el Gobierno regional para el área central?
-No los conozco en profundidad, pero creo que antes que hacer planes concretos se han hecho muchos intentos y nunca han fructificado como para llegar a un acuerdo político. El Gobierno autonómico y los principales ayuntamientos del área central deben llega a un consenso sobre cuestiones territoriales que competen al conjunto de municipios asturianos. Si se toman iniciativas sin estar de acuerdo con los municipios implicados eso no funcionará. La toma de decisiones debe ser siempre colectiva y participada.
«Nos encontramos ante un cambio de era, como ocurrió con la revolución industrial»
ARTURO GUTIÉRREZ DE TERÁN Arquitecto
Gijón, C. JIMÉNEZ
El arquitecto Arturo Gutiérrez de Terán, ex consejero de Ordenación del Territorio en el Gobierno autonómico con Pedro de Silva, es miembro de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura (ASA) que dirige María Jesús González y que este fin de semana celebra en Asturias un encuentro para definir los puntos principales de la «Carta del Transcantábrico». El documento, fruto del trabajo colectivo de un grupo de ciudadanos voluntarios, entre ellos, arquitectos y urbanistas, pretende ser la hoja de ruta de lo que deben ser las ciudades del futuro.
-¿Por qué una «Carta del Transcantábrico» para hablar de ciudades sostenibles?
-Debatimos a bordo del Transcantábrico precisamente sobre esa cuestión para obtener un documento consensuado. La carta quiere estimular a los profesionales, porque vemos muy difícil que por decisiones políticas o legislativas se logre el objetivo de la sostenibilidad si no se toma conciencia por parte de quienes la tienen que llevar a la práctica, que no son otros que los propios ciudadanos.
-¿Cómo se debe orientar esa tarea en tiempos de crisis?
-La crisis nos está dando pistas. Es necesario recuperar la idea de fortalecer barrios y reconstruir áreas urbanas, además de contribuir a mejorar las condiciones energéticas de los edificios. Todo eso será el futuro más inmediato. La edificación se orientará hacia la reconstrucción y revitalización de las áreas urbanas. En el futuro las urbes, obligatoriamente, tienen que dejar de consumir tanta energía y emitir gases contaminantes y resolver el problema de los residuos. El Observatorio de la Sostenibilidad nos advierte de que en 2030 necesitaríamos dos planetas si mantenemos el ritmo de construcción de ahora.
-¿Qué es lo más urgente?
-La edificación consume muchos recursos naturales. El 50 por ciento de esos recursos se los lleva sólo la actividad edificatoria, otro tanto ocurre con los consumos energéticos de los edificios. Todo ello, sin contar la parte de los vehículos y las emisiones que producen.
-¿Qué alternativas propone en el ámbito de la movilidad?
-Aparte del coche eléctrico habrá que seguir profundizando en el transporte colectivo e ir pensando en que el territorio no es infinito y que tenemos que empezar a olvidar el uso del vehículo privado para ir a todas partes. De ahí deriva la idea de que es mejor diseñar ciudades más compactas frente a modelos metropolitanos más extensos o difusos. El modelo de lo que era una ciudad de provincia como Oviedo o Gijón hace 30 o 40 años se ha roto.
-Proponen el ferrocarril como columna vertebral para un desarrollo sostenible.
-El tren es una parte simbólica de nuestras reivindicaciones. Concluir el debate a bordo del Transcantábrico es una forma de resaltar las posibilidades de este medio de transporte, pero la sostenibilidad abarca muchísimos aspectos.
-¿Por ejemplo?
-A escala de economía local. Se han alargado mucho los trayectos para ir a trabajar o para ir a comprar. Ahora mismo en Gijón hay que salir fuera para hacer la compra y en Oviedo para ir al cine hay que recorrerse unos kilómetros. Nadie nos ha pedido opinión sobre eso y creo que ni la propia Administración preveía las consecuencias. Al final, el beneficiario de ese modelo de ciudad es el empresario que consigue suelos rústicos baratos para montar una empresa claramente urbana; por tanto, se ha deformado el concepto de ciudad y se ha ido haciendo a semejanza de las iniciativas empresariales. Esto hay que quebrarlo, la ciudad es un valor de uso no un valor de cambio. No puede haber un millón de viviendas vacías y que eso sea una inversión, uno no puede estar en las dos partes: invirtiendo y construyendo ciudad.
-¿Cabe achacarle todos los males a la especulación urbanística?
-El boom inmobiliario ha destapado problemas y ha hecho ver más claro lo que ya se estaba previendo, ha acelerado el proceso y en lugar de hablar de 2020 o 2050 se ha adelantado, pero lo cierto es que las circunstancias son las que son.
-Ante este panorama, ¿qué futuro le augura a las ciudades?
-Los efectos de la revolución industrial han tocado a su fin. Hemos vivido con planificaciones de ciudades consecuencia de esa etapa y hemos llegado a un exceso de consumos. Nos encontramos ante un auténtico cambio de era como sucedió entonces, pero sólo estamos en los principios. Estas cosas tienen eco años después, pero los colegas de profesión que estamos aquí hace años que lo estamos viendo, y muchos más ciudadanos.
-Como buen conocedor de la ordenación territorial de Asturias, ¿qué opina del modelo actual?
-La Asturias central tiene su propia singularidad metropolitana. No se puede ver a las ciudades de esta zona de modo aislado. Hay decisiones tomadas por el Gobierno autonómico que debieran hacerse de acuerdo con las ciudades; ello hace que exista una metrópoli real de hecho pero no de derecho. La iniciativa conjunta de la capitalidad europea de la cultura era una magnífica idea, pero se ha quebrado porque todavía no somos capaces de llegar a acuerdos políticos. Un ejemplo: el Ayuntamiento de Siero concede licencias para un centro de ocio y comercial que vive mayormente de la población de Oviedo. Ahí no pueden tener la decisión sólo los ayuntamientos sino también las comunidades autónomas o un consejo de municipios que aborden cuestiones gruesas y de infraestructuras. Ese tipo de ciudad polinucleada tiene que ir acompañado de un sistema de transporte colectivo muy intenso, en este caso, el ferrocarril.
-¿Qué le parecen los planes que maneja el Gobierno regional para el área central?
-No los conozco en profundidad, pero creo que antes que hacer planes concretos se han hecho muchos intentos y nunca han fructificado como para llegar a un acuerdo político. El Gobierno autonómico y los principales ayuntamientos del área central deben llega a un consenso sobre cuestiones territoriales que competen al conjunto de municipios asturianos. Si se toman iniciativas sin estar de acuerdo con los municipios implicados eso no funcionará. La toma de decisiones debe ser siempre colectiva y participada.
El Principado crea «a dedo» una categoría de cien altos funcionarios que cuestan 5 millones
El Principado ha creado más de cien cargos de confianza destinados a altos funcionarios en los tres últimos años que tienen un coste anual de unos 5 millones de euros y que han sido cubiertos por designación directa. Su creación «no responde a necesidades objetivas derivadas del servicio público», se recoge en un informe de la asociación Conceyu por Otra Función Pública en Asturias (Cofpa), un grupo integrado por funcionarios que denuncia la situación. El informe advierte de cómo la Administración regional ha formalizado dentro de la jerarquía funcionarial la figura del coordinador-asesor (nivel 26) para intercalarla entre los puestos más altos dentro de la carrera funcionarial: jefe de servicio y jefe de negociado. Por encima de éstos se sitúa el puesto de director general y el secretario general técnico.
Además, señalan, el cargo de coordinador-asesor no se encuentra recogido dentro de la ley de Organización de la Administración del Principado de Asturias, incluyéndose dentro de la relación de puestos de trabajo de la Administración (RTP) en un Consejo de Gobierno. Salvo en casos excepcionales, y siempre de manera justificada, este tipo de cargos deben ser cubiertos a través de un concurso de méritos en el que, entre otras cosas, se tiene en cuenta la experiencia en la Administración. Pero los sindicatos advierten de que hace tiempo que ocurre todo lo contrario. «Se está abusando de la libre designación, del sistema digital», coinciden Javier Villa (Cofpa) y José Manuel Rodríguez Mata (Comisiones Obreras). Villa considera que esto está permitiendo al Gobierno «crear una élite funcionarial de la máxima confianza del poder político, una clase adepta», y multiplicar así «el clientelismo político logrando fidelidad máxima a cambio de mejores sueldos».
Al tiempo, el abuso de la libre designación está provocando «carreras funcionariales meteóricas». Así, desde CSI se calcula que el 15 por ciento de los 4.000 funcionarios destinados a tareas administrativas ocupan cargos siguiendo este criterio. «Antes los jefes de servicio tenían más de cincuenta años y por lo menos veinticinco de servicio. Ahora te encuentras con jefes de 25 o 26 años con cincuenta días de experiencia», asegura Juan Gavira (CSIF).
Los sindicatos entienden que el Gobierno «ha generalizado» -ya hay varias sentencias favorables a las centrales en este sentido, recurridas por el Principado, y Cofpa tiene recurridos 317 nombramientos- el método de la libre designación para este tipo de altos cargos. «Esto sólo debería hacerse en casos excepcionales y siempre durante el tiempo necesario para que se saque el puesto a concurso», dice José Manuel Rodríguez Mata. Pero, según coinciden todos los sindicatos consultados, este tipo de oferta está prácticamente congelada.
Además, los sindicatos denuncian que el Principado está aplicando «una doble vara de medir» a la hora de ajustar la plantilla de trabajadores públicos dentro del plan de ajuste del gasto diseñado por el Ministerio de Economía. Y es que las centrales consideran que el Gobierno, que preside el socialista Vicente Álvarez Areces, evita recortar el número de los funcionarios de nivel A y B (licenciados superiores y medios) mientras no cubre las bajas de los trabajadores «de calle». Para Luis Ángel Ardura (UGT) «esta situación es injustificable y escandalosa» y no busca otra cosa que «deteriorar los servicios de cara al público para lanzar el mensaje de que el sistema no funciona».
Para Marco García (CSI) se está produciendo la paradoja de que «hay más jefes que soldados. Como esto siga así se mandarán a si mismos». García y el ugetista Luis Ángel Ardura coinciden en que «los recortes nunca afectan a gabinetes, jefes y puestos de libre designación».
http://www.lne.es/asturias/2010/04/24/principado-crea-dedo-categoria-cien-altos-funcionarios-cuestan-5-millones/905498.html
Además, señalan, el cargo de coordinador-asesor no se encuentra recogido dentro de la ley de Organización de la Administración del Principado de Asturias, incluyéndose dentro de la relación de puestos de trabajo de la Administración (RTP) en un Consejo de Gobierno. Salvo en casos excepcionales, y siempre de manera justificada, este tipo de cargos deben ser cubiertos a través de un concurso de méritos en el que, entre otras cosas, se tiene en cuenta la experiencia en la Administración. Pero los sindicatos advierten de que hace tiempo que ocurre todo lo contrario. «Se está abusando de la libre designación, del sistema digital», coinciden Javier Villa (Cofpa) y José Manuel Rodríguez Mata (Comisiones Obreras). Villa considera que esto está permitiendo al Gobierno «crear una élite funcionarial de la máxima confianza del poder político, una clase adepta», y multiplicar así «el clientelismo político logrando fidelidad máxima a cambio de mejores sueldos».
Al tiempo, el abuso de la libre designación está provocando «carreras funcionariales meteóricas». Así, desde CSI se calcula que el 15 por ciento de los 4.000 funcionarios destinados a tareas administrativas ocupan cargos siguiendo este criterio. «Antes los jefes de servicio tenían más de cincuenta años y por lo menos veinticinco de servicio. Ahora te encuentras con jefes de 25 o 26 años con cincuenta días de experiencia», asegura Juan Gavira (CSIF).
Los sindicatos entienden que el Gobierno «ha generalizado» -ya hay varias sentencias favorables a las centrales en este sentido, recurridas por el Principado, y Cofpa tiene recurridos 317 nombramientos- el método de la libre designación para este tipo de altos cargos. «Esto sólo debería hacerse en casos excepcionales y siempre durante el tiempo necesario para que se saque el puesto a concurso», dice José Manuel Rodríguez Mata. Pero, según coinciden todos los sindicatos consultados, este tipo de oferta está prácticamente congelada.
Además, los sindicatos denuncian que el Principado está aplicando «una doble vara de medir» a la hora de ajustar la plantilla de trabajadores públicos dentro del plan de ajuste del gasto diseñado por el Ministerio de Economía. Y es que las centrales consideran que el Gobierno, que preside el socialista Vicente Álvarez Areces, evita recortar el número de los funcionarios de nivel A y B (licenciados superiores y medios) mientras no cubre las bajas de los trabajadores «de calle». Para Luis Ángel Ardura (UGT) «esta situación es injustificable y escandalosa» y no busca otra cosa que «deteriorar los servicios de cara al público para lanzar el mensaje de que el sistema no funciona».
Para Marco García (CSI) se está produciendo la paradoja de que «hay más jefes que soldados. Como esto siga así se mandarán a si mismos». García y el ugetista Luis Ángel Ardura coinciden en que «los recortes nunca afectan a gabinetes, jefes y puestos de libre designación».
http://www.lne.es/asturias/2010/04/24/principado-crea-dedo-categoria-cien-altos-funcionarios-cuestan-5-millones/905498.html
Las cifras del empleo público regional
Los funcionarios
El Principado cuenta con casi 36.000 trabajadores públicos entre funcionarios (16.598), laborales (5.623) y estatutarios del Servicio de Salud Pública (Sespa). Este número se completa con 104 altos cargos o 100 directivos del Sespa. En total, y sumando los trabajadores de todas las administraciones, en la región hay unos 61.000 funcionarios.
Una clase de empleo al alza
Asturias es la sexta autonomía con mayor porcentaje de funcionarios sobre su población activa (490.000 personas).
http://www.lne.es/asturias/2010/04/24/asturias-cifras-empleo-publico-regional/905499.html
El Principado cuenta con casi 36.000 trabajadores públicos entre funcionarios (16.598), laborales (5.623) y estatutarios del Servicio de Salud Pública (Sespa). Este número se completa con 104 altos cargos o 100 directivos del Sespa. En total, y sumando los trabajadores de todas las administraciones, en la región hay unos 61.000 funcionarios.
Una clase de empleo al alza
Asturias es la sexta autonomía con mayor porcentaje de funcionarios sobre su población activa (490.000 personas).
http://www.lne.es/asturias/2010/04/24/asturias-cifras-empleo-publico-regional/905499.html
La Autoridad Portuaria no parará el desmonte del Alto de Aboño
La Autoridad Portuaria de Gijón confirmó que mantendrá los plazos previstos para llevar a cabo el desmonte del Alto de Aboño pese a la decisión de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de admitir el recurso presentado por el Ayuntamiento de Carreño.
En dicha apelación, que fue denegada por la Audiencia Nacional, se solicita la adopción de medidas cautelares hasta que los tribunales determinen si la actuación es legal. Según precisaron fuentes de la Autoridad Portuaria, estas actuaciones legales no «interferirán ni paralizarán la marcha del proyecto».
Las obras, en un mes
De esta manera, la fecha de inicio de los trabajos del desmonte se mantiene. De hecho, el próximo mes deberían dar comienzo. La cuestión ahora es, ¿qué sucedería si finalmente el alto tribunal da la razón al Ayuntamiento de Carreño?
En el supuesto de que la sentencia llegue una vez acometida la obra, la decisión del Tribunal Supremo sobre las medidas cautelares se puede revelar inútil. La decisión de la Autoridad Portuaria de continuar los trabajos viene motivada por la necesidad de aprovechar en este momento los materiales extraídos como relleno para las obras de El Musel.
Una vez finalizadas las obras de ampliación del puerto de Gijón, no dispondría de otra zona igual para ser depositados.
Mientras tanto, la Autoridad Portuaria ha abierto un nuevo plazo para subsanar las carencias detectadas por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, en el estudio de impacto ambiental.
El plazo fijado, un mes, para formular las alegaciones, finalizará el próximo día 28 de abril.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100424/gozon-carreno/autoridad-portuaria-parara-desmonte-20100424.html
En dicha apelación, que fue denegada por la Audiencia Nacional, se solicita la adopción de medidas cautelares hasta que los tribunales determinen si la actuación es legal. Según precisaron fuentes de la Autoridad Portuaria, estas actuaciones legales no «interferirán ni paralizarán la marcha del proyecto».
Las obras, en un mes
De esta manera, la fecha de inicio de los trabajos del desmonte se mantiene. De hecho, el próximo mes deberían dar comienzo. La cuestión ahora es, ¿qué sucedería si finalmente el alto tribunal da la razón al Ayuntamiento de Carreño?
En el supuesto de que la sentencia llegue una vez acometida la obra, la decisión del Tribunal Supremo sobre las medidas cautelares se puede revelar inútil. La decisión de la Autoridad Portuaria de continuar los trabajos viene motivada por la necesidad de aprovechar en este momento los materiales extraídos como relleno para las obras de El Musel.
Una vez finalizadas las obras de ampliación del puerto de Gijón, no dispondría de otra zona igual para ser depositados.
Mientras tanto, la Autoridad Portuaria ha abierto un nuevo plazo para subsanar las carencias detectadas por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, en el estudio de impacto ambiental.
El plazo fijado, un mes, para formular las alegaciones, finalizará el próximo día 28 de abril.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100424/gozon-carreno/autoridad-portuaria-parara-desmonte-20100424.html
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