Gijón no sólo será la primera ciudad asturiana que regule mediante una ordenanza las inspecciones técnicas a los edificios. También será pionera en la iniciativa de crear un censo específico de construcciones residenciales. A día de hoy, la concejalía de Urbanismo controla el número de viviendas -135.000- y de unidades catastrales -207.540- que hay en el municipio. Pero carece de datos concretos sobre los edificios existentes.
«Inauguraremos el censo detrás de la ordenanza», anuncia el concejal Pedro Sanjurjo. El Ayuntamiento de Gijón tendrá bajo control los inmuebles de su ámbito territorial y, al mismo tiempo, pondrá a disposición de los propietarios un documento de consulta «para que puedan identificar los edificios a los que vamos aplicando la obligatoriedad de una inspección técnica».
Urbanismo ya está haciendo acopio de información, pero la ordenanza todavía se encuentra en pañales. Sanjurjo tiene la intención de presentar un primer borrador a finales del mes de junio. Primero, mantendrá una ronda de conversaciones con distintos colegios profesionales, consumidores y asociaciones de vecinos para tratar de llegar a un consenso. El primer intercambio de impresiones se producía el pasado jueves, con el Colegio de Arquitectos, que considera «razonable» y «necesaria» esta nueva normativa.
La obligación de inspeccionar un edificio corresponde a la propiedad, así que tendrán que ser las comunidades de vecinos las que asuman su coste. El Ayuntamiento no podrá tarifar este servicio profesional privado, pero asegura que «el precio no será disuasorio». Los inspectores revisarán las cimentaciones y estructuras; las fachadas, medianeras y carpinterías exteriores; las cubiertas; las instalaciones generales, y los elementos que afecten a la seguridad, salubridad u ornato público. Luego, deberán remitir su informe a los servicios urbanísticos municipales para que adopten las medidas que consideren oportunas.
Aunque está por decidir el contenido de la ordenanza, se baraja la idea de imponer las revisiones técnicas periódicas en los edificios que sobrepasen los 40 años de antigüedad. La normativa, que se incorporará al Plan General de Ordenación (PGO) que actualmente está en proceso de revisión, es nueva en Asturias, pero no en el resto de España. Varias ciudades gallegas y andaluzas, así como Madrid y Barcelona, ya tienen una ordenanza que obliga a los edificios de viviendas y oficinas a pasar una inspección (ITE) como ya ocurre con los vehículos y la ITV. Entre los últimos municipios que han dado este paso normativo figuran León, que quiso así garantizar la conservación de su casco histórico; y Guadalajara, en la misma fase que Gijón.
Los datos
El censo
-Se creará un registro específico de edificios de viviendas y oficinas. Actualmente, los servicios urbanísticos municipales trabajan con datos más generales, como el número de viviendas o las unidades catastrales (que incluyen desde un piso a una plaza de garaje).
-Tiene un doble objetivo. Por un lado, el Ayuntamiento podrá tener bajo control los edificios existentes, su antigüedad y sus características. Por otro, los propietarios tendrán posibilidad de consultar en qué situación normativa se encuentran.
La nueva ordenanza
-Regulará que los edificios con más de 40 años de antigüedad pasen revisiones técnicas. Estas inspecciones no las realizará el Ayuntamiento, sino profesionales privados. El coste lo asume la propiedad.
-El primer borrador se presentará en junio. El objetivo es preservar el buen estado de los edificios y garantizar su seguridad. Se aplicará en el ámbito urbano y en la zona rural.
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