Si en el día de ayer, durante el discurso de apertura del año judicial, el Presidente del Principado declaraba "respeto a la independencia de cada cual en sus funciones y a la contribución a servir a los ciudadanos dentro de las responsabilidades que cada uno tiene" (Documento anexo "03.11.2010 ITV Apertura año judicial Oviedo" Pag. 1 2º párrafo)
Ignacio Prendes candidato de UPyD a la JGPA quiere declarar "Es incongruente que el Presidente del Principado pida en sus declaraciones respeto y responsabilidad a la justicia, y al mismo tiempo su gobierno incumpla las sentencias judiciales respecto a su propia administración. No existe mayor respeto a la justicia que cumplir las sentencias dictadas por los tribunales. La Consejera de Administraciones Públicas del gobierno socialista debería ser reconvenida de manera pública por seguir una política de personal imprudente, que actúa contra la jurisprudencia existente y no cumple las mínimas normas del sentido común, consumiendo esfuerzos, agravando la saturación de los juzgados y perjudicando al erario público"
jueves, 4 de noviembre de 2010
UPyD Gijón presentará el próximo Martes a la prensa su alegación sobre el PGO
UPyD-Gijón considera un auténtico despropósito la actuación planeada por el PGO sobre Granda por muchas razones que aparecen recogidas en la alegación presentada. La construcción de 58 bloques de viviendas de entre cuatro y cinco alturas en espacios que bordean el río Piles, de especial interés natural y paisajístico, no tiene ningún sentido salvo aquel que persiga beneficiar los intereses privados de las empresas constructoras que acometan las obras. La aberración que se pretende conseguir no cumple además con los requisitos básicos recogidos en la Estrategia Territorial Europea para el Medio Ambiente, según la cual, el modelo de ciudad que ha de perseguir cualquier planeamiento urbanístico es el de una ciudad compacta que no genere graves inconvenientes de dispersión y desorden en su organización, evitando cualquier impacto ambiental, segregación social o ineficiencia económica por sus elevados costes energéticos, consideraciones todas ellas que el Plan General que el Ayuntamiento presenta a los gijoneses desprecia, y del que la zona de Granda a la que aludimos en el documento de alegaciones es buen ejemplo.
Hay que resaltar además que la riqueza faunística y vegetal de la zona Granda/río Piles y la variedad de especies animales que en ella se encuentra no aparece recogida en su totalidad y extensión en el informe de Sostenibilidad Ambiental redactado por el propio ayuntamiento, lo cual resulta muy sospechoso, cosa que denunciamos desde UPyD.
UPyD Gijón cree que el drama del paro en Gijón deja al descubierto años de incompetencia por parte de los agentes implicados en la creación de empleo
04 de noviembre de 2010.- El paro, también en Gijón, sigue su ritmo ascendente. Desde Unión Progreso y Democracia creemos que este problema viene de atrás y que a pesar de la profunda crisis económica que vivimos, sin duda elemento determinante en la pérdida de puestos de trabajo, la nefasta gestión llevada a cabo en los últimos años, así como el derroche sin fin de recursos, han abocado a las políticas de empleo al fracaso más absoluto. Para crear empleo se necesita una estructura productiva eficiente, más confianza en el ciudadano y puesta en valor del talento y el riesgo a la vez que menos paternalismo por parte de los poderes públicos que solo consigue crear pesadas y costosas estructuras administrativas con la inestimable complicidad de las organizaciones sindicales mayoritarias y de empresarios, tan alejadas de la realidad ciudadana como los propios partidos políticos que forman la corporación municipal.
Si en 2009 Gijón cerraba el año con 22.456 desempleados, la cifra se sitúa según los últimos datos conocidos, en las 22.816 personas que han dejado de trabajar. Para Armando Fernández Bartolomé, candidato a la Alcaldía de Gijón por UPyD, “sabedores de que las políticas de empleo tal y como las conocemos son incapaces de crear puestos de trabajo estables y de que las condiciones para que estos se recuperen están en el cambio de modelo y una mayor productividad, desde Unión Progreso y Democracia queremos decirles a los ciudadanos que ha llegado el momento de que nos convirtamos en los protagonistas del cambio de tendencia. Nosotros, con nuestro esfuerzo y sacrificio podemos cambiar las cosas, siendo exigentes con las Administraciones Públicas, y estando vigilantes para que los recursos económicos que se invierten en la ayuda al tejido empresarial y los planes de empleo se utilicen de manera eficaz y con transparencia para que los gijoneses podamos evaluar y saber donde van a parar las ingentes cantidades de dinero que se manejan y que, como estamos viendo, en momentos de crisis como este, se han revelado totalmente inoperantes. Quizá para los grandes partidos, sindicatos y patronal jugar a benefactores de la comunidad pueda complacerles, pero cuando hablamos del trabajo de miles de personas, lo menos que podemos exigirles es más responsabilidad para con los ciudadanos, trabajadores y empresarios a quienes dicen representar, dejando su protagonismo mediático y sus campañas de propaganda para cuestiones de menor relevancia”
El juez tira de las orejas a Migoya
«Posición reprochable», «tesis anacrónica que no se ajusta a las claves constitucionales», «desafiando la más elemental prudencia» o «intento indisimulado de posponer los hechos ilícitos consumados». Éstos son sólo algunos de los «piropos» que José Ramón Chaves, magistrado del Juzgado contencioso-administrativo número 5 de Oviedo, le dedica a la política de personal seguida por la Consejería de Administraciones Públicas responsabilidad de Ana Rosa Migoya. Así queda reflejado en el último auto que pone en duda el ascenso a jefes de sección de 148 funcionarios del Principado, lo que podría hacerse extensible al proceso de selección seguido para el nombramiento de otros 332 jefes de sección y 350 jefes de negociado. En total, 830 cargos intermedios de la Administración.
El auto del juez Chaves llega después de una reclamación presentada por el sindicato USIPA, al que da la razón, en el que se solicita la ejecución de la sentencia que, en primera instancia y a la espera de conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) ante el recurso presentado por el Principado, tumbó la elección de estos 148 jefes de sección al invalidar una de las bases de la convocatoria del concurso de méritos. Las bases anuladas por los tribunales son idénticas en los otros dos procesos. Uno de ellos, el de 350 plazas de jefes de negociado, ya cuenta con una sentencia firme por parte del TSJA en la que se tumba el procedimiento. Por lo que desde USIPA se entiende que las decisiones sobre el resto de los procesos serán idénticas e irán en contra de la Administración.
Precisamente Chaves se basa en esa sentencia firme del TSJA para asegurar que «la posición de la Administración resulta palmariamente reprochable», ya que el Principado, «desafiando la más elemental prudencia y en lugar de suspender otras convocatorias incursas en el mismo vicio», siguió adelante y adjudicó las plazas. En realidad, buena parte de los 830 puestos -unos 640- ya tienen nombre y apellidos. Al tiempo, los puestos dejados por los nuevos jefes, según denuncia USIPA, están preparados para salir a un concurso de traslados. Es decir, en el caso de que los cargos intermedios tengan que volver a su puesto anterior, éste estaría ocupado.
Sin olvidar que uno de los concursos ahora anulados ya fue tumbado, como resalta el magistrado, el 12 de noviembre de 2007, para volver a ponerlo en marcha ligeramente modificado. «En otras palabras», explica Chaves en su escrito, «llueve sobre mojado, hay sobrados pronunciamientos judiciales orientando a la Administración sobre la senda de la objetividad y cabe apreciar en la posición a este incidente un intento indisimulado de posponer los hechos ilícitos consumados».
Otro de los reproches de Chaves se centra en los argumentos utilizados por la Consejería responsabilidad de Ana Rosa Migoya para evitar que se ejecute la sentencia a petición de USIPA. Así, el magistrado asegura que el planteamiento del Principado de evitar la ejecución provisional de la sentencia «resulta inadmisible». En el auto se asegura que uno de los motivos expuestos por la Administración para evitar la ejecución de la sentencia, que se centra en considerar que un sindicato está legitimado para impugnar unas bases de una oposición, pero no para pretender la anulación de las adjudicaciones derivadas de las mismas, «supone reducir la legitimidad de un sindicato a un ámbito puramente moral (...). El planteamiento de considerar que un sindicato puede impugnar convocatorias, pero no está legitimado para pedir la anulación de adjudicaciones de puestos de trabajo es una tesis anacrónica que no se ajusta a las claves constitucionales».
El auto del juez Chaves llega después de una reclamación presentada por el sindicato USIPA, al que da la razón, en el que se solicita la ejecución de la sentencia que, en primera instancia y a la espera de conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) ante el recurso presentado por el Principado, tumbó la elección de estos 148 jefes de sección al invalidar una de las bases de la convocatoria del concurso de méritos. Las bases anuladas por los tribunales son idénticas en los otros dos procesos. Uno de ellos, el de 350 plazas de jefes de negociado, ya cuenta con una sentencia firme por parte del TSJA en la que se tumba el procedimiento. Por lo que desde USIPA se entiende que las decisiones sobre el resto de los procesos serán idénticas e irán en contra de la Administración.
Precisamente Chaves se basa en esa sentencia firme del TSJA para asegurar que «la posición de la Administración resulta palmariamente reprochable», ya que el Principado, «desafiando la más elemental prudencia y en lugar de suspender otras convocatorias incursas en el mismo vicio», siguió adelante y adjudicó las plazas. En realidad, buena parte de los 830 puestos -unos 640- ya tienen nombre y apellidos. Al tiempo, los puestos dejados por los nuevos jefes, según denuncia USIPA, están preparados para salir a un concurso de traslados. Es decir, en el caso de que los cargos intermedios tengan que volver a su puesto anterior, éste estaría ocupado.
Sin olvidar que uno de los concursos ahora anulados ya fue tumbado, como resalta el magistrado, el 12 de noviembre de 2007, para volver a ponerlo en marcha ligeramente modificado. «En otras palabras», explica Chaves en su escrito, «llueve sobre mojado, hay sobrados pronunciamientos judiciales orientando a la Administración sobre la senda de la objetividad y cabe apreciar en la posición a este incidente un intento indisimulado de posponer los hechos ilícitos consumados».
Otro de los reproches de Chaves se centra en los argumentos utilizados por la Consejería responsabilidad de Ana Rosa Migoya para evitar que se ejecute la sentencia a petición de USIPA. Así, el magistrado asegura que el planteamiento del Principado de evitar la ejecución provisional de la sentencia «resulta inadmisible». En el auto se asegura que uno de los motivos expuestos por la Administración para evitar la ejecución de la sentencia, que se centra en considerar que un sindicato está legitimado para impugnar unas bases de una oposición, pero no para pretender la anulación de las adjudicaciones derivadas de las mismas, «supone reducir la legitimidad de un sindicato a un ámbito puramente moral (...). El planteamiento de considerar que un sindicato puede impugnar convocatorias, pero no está legitimado para pedir la anulación de adjudicaciones de puestos de trabajo es una tesis anacrónica que no se ajusta a las claves constitucionales».
UPyD Asturias respecto al cierre de la Santina
04 de noviembre de 2010.- En relación con el próximo cierre del Centro La Santina de Cáritas, dedicado al tratamiento de alcohólicos por la falta de fondos para mantener su actividad, Ignacio Prendes candidato de UPyD a la Junta General del Principado considera que, “las administraciones públicas tienen la obligación de sostener aquellos programas sociales que la solidaridad privada con su generoso esfuerzo ha puesto en pie. En el actual contexto de crisis económica si algo resulta prioritario es no dejar tiradas a aquellas personas en riesgo de exclusión social y que más apoyo necesitan, de la crisis se sale pero de la marginalidad resulta muy difícil y costoso regresar. Por eso, ante las alarmantes noticias que apuntan al cierre en el próximo mes de Enero de los programas para rehabilitación de alcohólicos que se desarrollan en el Centro La Santina de Gijón desde UPyD instamos al Principado de Asturias y al Ayuntamiento de Gijón para que de forma urgente faciliten el apoyo financiero necesario para que este Centro pueda mantener su actividad, en un momento como este en que su contribución se hace imprescindible. Es de agradecer, por tanto, la tarea que entidades como Cáritas desarrollan para luchar contra la exclusión y la marginalidad, su tarea resulta imprescindible para cubrir los huecos de una insuficiente justicia social. Pero esta encomiable tarea privada no debe ocultarnos que la última responsabilidad recae sobre las administraciones públicas que deben encontrar el modo de sostener económicamente entidades que, como Cáritas, llevan peleando desde hace años con rigor y generosidad en el campo de las políticas sociales. Dentro de los presupuestos públicos seguramente que hay partidas mucho más prescindibles que las destinadas a sostener las redes privadas de apoyo a los más desfavorecidos.”
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