jueves, 30 de septiembre de 2010
Expertos, contrarios al relleno de arena de la playa de San Lorenzo
La aportación de arena que se realizará en la playa San Lorenzo para paliar la pérdida de parte del arenal provocado por las obras de ampliación de El Musel provoca reacciones encontradas. El profesor de Geología Marina de la Universidad de Oviedo, Germán Flor, considera la obra “un gasto innecesario” y un “despilfarro”. Según el experto, la regeneración puede suponer un “problema” dependiendo del lugar en el que se realice. De esta forma, las previsiones del ayuntamiento hablan de una aportación de arena en la zona occidental de la playa (Iglesia de San Pedro) cuando la erosión se estaría produciendo en las inmediaciones de El Piles. Asimismo, Flor advierte de que se debe tener en cuenta el grano a introducir puesto que debe ser del mismo tipo que el ya existente en San Lorenzo. “Si se añade una arena más gruesa, que es lo que está previsto, la playa puede generar unas características similares a la de Poniente. Es decir, que en la zona intermareal se presente un talud y una pendiente profunda, lo que supondría un mayor peligro para el baño”, aclara. Además, este tipo de arena, al igual que en Poniente, procede de un yacimiento conchífero. Flor también asegura que a medida que el oleaje vaya movilizando la arena, se ganará espacio en la playa. Por otra parte, en relación a si la principal causa de la pérdida de arenal se debe a los dragados de El Musel, considera que es “demasiado pronto para determinar la relación causa-efecto, pero sí recuerda que la construcción del dique “cambiará la dinámica de las mareas”.
Los expropiados de la ZALIA buscan por segunda vez amparo en los tribunales
Ya es oficial. La asociación de vecinos de San Andrés de los Tacones tomará medidas legales contra el procedimiento de expropiación que se ha llevado a cabo para la primera fase de la ZALIA. La Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias arranca en esta parroquia gijonesa con la urbanización de 107 hectáreas de terreno. Salvo en caso de acuerdo previo, el suelo se ha pagado a 2,99 y 5,98 euros. Los vecinos afectados por el expediente expropitario denuncian que «se ha manipulado el precio» de sus parcelas.
En esa supuesta manipulación reside el núcleo argumental de la demanda que tiene preparada la asociación vecinal de San Andrés. «Jugaron con la gente», airea Eusebio Ortega, en nombre de una parroquia que lleva luchando desde hace casi seis años contra el desarrollo de la zona logística. El presidente vecinal de San Andrés se reunía el martes con miembros de su junta directiva para empezar a dar pasos en favor de los expropiados. La primera decisión: dar luz verde a la demanda que les ha elaborado el abogado Roberto Roces. Ésta será la segunda vez que buscan amparo en los tribunales, que todavía no han dado respuesta a su primer contencioso.
El propio letrado dará a conocer públicamente el contenido de la querella en una rueda de prensa que se celebrará mañana, viernes, en el centro social de las antiguas escuelas. «Queremos que la opinión pública sepa lo que están haciendo con los vecinos», explica Ortega. La parroquia culpa al Gobierno del Principado y al Ayuntamiento de Gijón del «atropello que se ha cometido» con los expropiados. De la sociedad pública que promueve la ZALIA también forman parte el Ayuntamiento de Avilés y las Autoridades Portuarias de ambos municipios.
La entidad procedió la semana pasada al levantamiento de las actas previas de ocupación, trámite para el que estaban convocadas unas cincuenta personas. Entre ellas, los dueños de un negocio de maderas del que viven doce familias. Los trabajadores de la empresa desplegaron una pancarta frente a la Antigua Pescadería Municipal para dejar constancia de su rechazo a la expropiación.
Los responsables de la zona logística, donde ya han reservado suelo el Corte Inglés y la asociación asturiana de empresarios del transporte (Asetra), todavía no le han puesto una fecha concreta al inicio de las obras. Aunque se han comprometido a tener en marcha la urbanización de la primera fase de la ZALIA antes de que termine el año. La asociación de vecinos de San Andrés de los Tacones no descarta medidas de presión más allá de las actuaciones judiciales.
En esa supuesta manipulación reside el núcleo argumental de la demanda que tiene preparada la asociación vecinal de San Andrés. «Jugaron con la gente», airea Eusebio Ortega, en nombre de una parroquia que lleva luchando desde hace casi seis años contra el desarrollo de la zona logística. El presidente vecinal de San Andrés se reunía el martes con miembros de su junta directiva para empezar a dar pasos en favor de los expropiados. La primera decisión: dar luz verde a la demanda que les ha elaborado el abogado Roberto Roces. Ésta será la segunda vez que buscan amparo en los tribunales, que todavía no han dado respuesta a su primer contencioso.
El propio letrado dará a conocer públicamente el contenido de la querella en una rueda de prensa que se celebrará mañana, viernes, en el centro social de las antiguas escuelas. «Queremos que la opinión pública sepa lo que están haciendo con los vecinos», explica Ortega. La parroquia culpa al Gobierno del Principado y al Ayuntamiento de Gijón del «atropello que se ha cometido» con los expropiados. De la sociedad pública que promueve la ZALIA también forman parte el Ayuntamiento de Avilés y las Autoridades Portuarias de ambos municipios.
La entidad procedió la semana pasada al levantamiento de las actas previas de ocupación, trámite para el que estaban convocadas unas cincuenta personas. Entre ellas, los dueños de un negocio de maderas del que viven doce familias. Los trabajadores de la empresa desplegaron una pancarta frente a la Antigua Pescadería Municipal para dejar constancia de su rechazo a la expropiación.
Los responsables de la zona logística, donde ya han reservado suelo el Corte Inglés y la asociación asturiana de empresarios del transporte (Asetra), todavía no le han puesto una fecha concreta al inicio de las obras. Aunque se han comprometido a tener en marcha la urbanización de la primera fase de la ZALIA antes de que termine el año. La asociación de vecinos de San Andrés de los Tacones no descarta medidas de presión más allá de las actuaciones judiciales.
Los vecinos de Cenero acuerdan que su oposición al vertedero de AZSA «será frontal»
M. S.
La oposición de la parroquia de Cenero al vertedero previsto por Asturiana de Zinc (AZSA) «será frontal». Así lo acordaron los vecinos el pasado lunes, en una asamblea que se prolongó hasta la noche. El encuentro, convocado por la asociación «Los 16», contó con la presencia de un técnico de residuos del Principado de Asturias. Sus explicaciones no lograron convencer a los asistentes.
El residuo que AZSA pretende echar en el vertedero ya existente en La Enmesnada, barrio de Carbaínos, se conoce con el nombre de «jarosita». Ese material trae consigo «un montón de componentes pesados, como plomo o zinc», apunta el presidente de la Asociación de Vecinos «Los 16», de Cenero, Albino González. «Nos dicen que los residuos se tratarán con cemento y cal viva para neutralizar esos materiales pesados. Los convertirían en lo que llaman "jarofix"», prosigue.
En Canadá, país pionero en este sistema de tratamiento de residuos peligrosos, ni siquiera es obligatorio impermeabilizar el terreno, algo que en Cenero sí se haría. «Pero ni con ésas. Los vecinos están convencidos de que lo que se echa en la tierra, ahí se queda», señala Albino González, haciéndose eco del recelo que siente la parroquia ante los futuros efectos que pudieran derivarse de los vertidos de AZSA.
El gobierno regional, sin embargo, asegura que se extremarán las precauciones y que no hay motivo para el alarmismo. De hecho, ya está en tramitación el expediente que aprueba el vertido de residuos procedentes de la planta que Asturiana de Zinc tiene en Castrillón. La documentación se encuentra en fase de información pública desde el pasado 15 de septiembre. El período de alegaciones comprende 30 días hábiles.
Los vecinos de Cenero ya han tenido acceso a ese expediente, expuesto en la Consejería de Medio Ambiente, y «ahora lo estamos estudiando de cara a tomar medidas administrativas». Según se desprende de la última asamblea, la parroquia hará todo lo que esté en su mano para frenar la decisión de convertir La Enmesnada en un vertedero de AZSA. Actualmente, en esa zona de Carbaínos se echan piedras y tierras inertes, lo que no acarrea un peligro medioambiental para la parroquia. Parte de ese material se está utilizando ahora como relleno de la obra de ampliación de El Musel, al igual que la escombrera de Mina La Camocha.
La oposición de la parroquia de Cenero al vertedero previsto por Asturiana de Zinc (AZSA) «será frontal». Así lo acordaron los vecinos el pasado lunes, en una asamblea que se prolongó hasta la noche. El encuentro, convocado por la asociación «Los 16», contó con la presencia de un técnico de residuos del Principado de Asturias. Sus explicaciones no lograron convencer a los asistentes.
El residuo que AZSA pretende echar en el vertedero ya existente en La Enmesnada, barrio de Carbaínos, se conoce con el nombre de «jarosita». Ese material trae consigo «un montón de componentes pesados, como plomo o zinc», apunta el presidente de la Asociación de Vecinos «Los 16», de Cenero, Albino González. «Nos dicen que los residuos se tratarán con cemento y cal viva para neutralizar esos materiales pesados. Los convertirían en lo que llaman "jarofix"», prosigue.
En Canadá, país pionero en este sistema de tratamiento de residuos peligrosos, ni siquiera es obligatorio impermeabilizar el terreno, algo que en Cenero sí se haría. «Pero ni con ésas. Los vecinos están convencidos de que lo que se echa en la tierra, ahí se queda», señala Albino González, haciéndose eco del recelo que siente la parroquia ante los futuros efectos que pudieran derivarse de los vertidos de AZSA.
El gobierno regional, sin embargo, asegura que se extremarán las precauciones y que no hay motivo para el alarmismo. De hecho, ya está en tramitación el expediente que aprueba el vertido de residuos procedentes de la planta que Asturiana de Zinc tiene en Castrillón. La documentación se encuentra en fase de información pública desde el pasado 15 de septiembre. El período de alegaciones comprende 30 días hábiles.
Los vecinos de Cenero ya han tenido acceso a ese expediente, expuesto en la Consejería de Medio Ambiente, y «ahora lo estamos estudiando de cara a tomar medidas administrativas». Según se desprende de la última asamblea, la parroquia hará todo lo que esté en su mano para frenar la decisión de convertir La Enmesnada en un vertedero de AZSA. Actualmente, en esa zona de Carbaínos se echan piedras y tierras inertes, lo que no acarrea un peligro medioambiental para la parroquia. Parte de ese material se está utilizando ahora como relleno de la obra de ampliación de El Musel, al igual que la escombrera de Mina La Camocha.
La Pedrera reclama que se permita edificar en la parroquia «a los chavales de aquí»
El debate sobre el Plan General de Ordenación (PGO) volverá mañana a La Pedrera. Y la parroquia, de la que procede la primera sentencia anulatoria dictada contra el planeamiento urbanístico gijonés, no se mueve en su postura. Tal como el Ayuntamiento plantea el crecimiento de la ciudad, «nos condena al abandono», sostienen los vecinos.
El nuevo PGO, ahora en fase de alegaciones, limita el desarrollo residencial de las parroquias. Sólo se pueden construir viviendas unifamiliares en los núcleos rurales preexistentes, y si se cumplen una serie de condicionantes. Como única excepción, se permitirá edificar en suelo no urbanizable cuando la casa esté vinculada a una explotación agropecuaria. Si la actividad cesa, la vivienda deberá demolerse.
Los vecinos de La Pedrera consideran que el Plan General de Ordenación «es demasiado restrictivo» y piden una mayor flexibilidad en su cuerpo normativo. «Aquí, el sector primario cada vez tiene menos peso. Ya casi nadie se dedica a la agricultura y a la ganadería. Si nos obligan a tener paradas las fincas, esto en lugar de ser un paraíso verde se va a convertir en monte», contextualiza José Antonio López, presidente de la asociación vecinal «San Andrés», de La Pedrera.
Y propone: «A los chavales que sean de aquí, deberían dejarles hacer una casa. Si sus padres tienen una parcela en la parroquia, esté o no en núcleo rural, ¿por qué los obligan a buscar otro sitio donde vivir?». Los vecinos abogan por que se incorporen al PGO más excepciones que la de vincular la construcción de una vivienda a la actividad agrícola o ganadera. No se trata de hormigonar la zona rural, «pero tampoco de tener las fincas paradas años y años».
Lo que «no tiene ningún sentido», según la opinión de los vecinos de La Pedrera, es que «gente joven con fincas en la parroquia tenga que comprar suelo en otra zona de Gijón para poder hacerse una casa». Un planteamiento que la asociación «San Andrés» ya defendió en la tramitación del PGO anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Contra ese Plan de Ordenación se presentaron más de 3.000 alegaciones y se organizaron tres «marchas verdes». Aun así, el equipo de gobierno municipal, que forman PSOE e IU, dio su aprobación al documento.
Varios particulares y colectivos ciudadanos optaron, entonces, por la vía judicial. El 15 de julio de 2009, respondiendo al contencioso presentado por José Antonio López y su familia, se hizo pública la primera sentencia desfavorable al Ayuntamiento. Con el paso de los meses irían llegando otras 29. En todas ellas el Tribunal Superior de Justicia de Asturias declaró nulo el planeamiento urbanístico de la ciudad por deficiencias relacionadas con la normativa medioambiental y con el proceso de participación ciudadana.
Estos fallos, aunque están recurridos ante el Tribunal Supremo, forzaron al gobierno municipal a revisar el PGO. Mañana «volveremos al principio», apunta López. A las 19.30 horas se celebrará una asamblea en las antiguas escuelas para mostrar a los vecinos aquella documentación del nuevo Plan General que afecta a la parroquia. Se pondrán a su disposición planos facilitados por los servicios urbanísticos municipales y el asesoramiento del abogado de la federación rural «Les Caseríes».
El nuevo PGO, ahora en fase de alegaciones, limita el desarrollo residencial de las parroquias. Sólo se pueden construir viviendas unifamiliares en los núcleos rurales preexistentes, y si se cumplen una serie de condicionantes. Como única excepción, se permitirá edificar en suelo no urbanizable cuando la casa esté vinculada a una explotación agropecuaria. Si la actividad cesa, la vivienda deberá demolerse.
Los vecinos de La Pedrera consideran que el Plan General de Ordenación «es demasiado restrictivo» y piden una mayor flexibilidad en su cuerpo normativo. «Aquí, el sector primario cada vez tiene menos peso. Ya casi nadie se dedica a la agricultura y a la ganadería. Si nos obligan a tener paradas las fincas, esto en lugar de ser un paraíso verde se va a convertir en monte», contextualiza José Antonio López, presidente de la asociación vecinal «San Andrés», de La Pedrera.
Y propone: «A los chavales que sean de aquí, deberían dejarles hacer una casa. Si sus padres tienen una parcela en la parroquia, esté o no en núcleo rural, ¿por qué los obligan a buscar otro sitio donde vivir?». Los vecinos abogan por que se incorporen al PGO más excepciones que la de vincular la construcción de una vivienda a la actividad agrícola o ganadera. No se trata de hormigonar la zona rural, «pero tampoco de tener las fincas paradas años y años».
Lo que «no tiene ningún sentido», según la opinión de los vecinos de La Pedrera, es que «gente joven con fincas en la parroquia tenga que comprar suelo en otra zona de Gijón para poder hacerse una casa». Un planteamiento que la asociación «San Andrés» ya defendió en la tramitación del PGO anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Contra ese Plan de Ordenación se presentaron más de 3.000 alegaciones y se organizaron tres «marchas verdes». Aun así, el equipo de gobierno municipal, que forman PSOE e IU, dio su aprobación al documento.
Varios particulares y colectivos ciudadanos optaron, entonces, por la vía judicial. El 15 de julio de 2009, respondiendo al contencioso presentado por José Antonio López y su familia, se hizo pública la primera sentencia desfavorable al Ayuntamiento. Con el paso de los meses irían llegando otras 29. En todas ellas el Tribunal Superior de Justicia de Asturias declaró nulo el planeamiento urbanístico de la ciudad por deficiencias relacionadas con la normativa medioambiental y con el proceso de participación ciudadana.
Estos fallos, aunque están recurridos ante el Tribunal Supremo, forzaron al gobierno municipal a revisar el PGO. Mañana «volveremos al principio», apunta López. A las 19.30 horas se celebrará una asamblea en las antiguas escuelas para mostrar a los vecinos aquella documentación del nuevo Plan General que afecta a la parroquia. Se pondrán a su disposición planos facilitados por los servicios urbanísticos municipales y el asesoramiento del abogado de la federación rural «Les Caseríes».
El Ayuntamiento congelará los impuestos municipales y aplicará a las tasas el IPC
Á. CABRANES
El año que viene será el de «la moderación fiscal; el del equilibrio de los recursos públicos, en un espacio singular por la coyuntura económica». Santiago Martínez Argüelles, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón, resume así el contenido de la nueva propuesta de ordenanza fiscal para 2011. En ella se apuesta por congelar los impuestos municipales, tales como construcciones, actividades económicas, plusvalía y la «viñeta». En el caso del que repercute sobre los bienes inmuebles, el edil ha apuntado que «se prorroga la limitación al crecimiento en el nueve por ciento, en el último año que se puede aplicar este limite, de acuerdo con la legislación vigente».
En las tasas y precios públicos se aplicará una subida equivalente al IPC de julio (1,9 por ciento), aunque en los servicios sujetos a IVA también se aplicará la subida correspondiente a este año -desarrollada también en el mes de julio-, pero que hasta el momento no se había repercutido al pago que hacen los ciudadanos este año por gozar de estos servicios. Todas estas propuestas deberán ser aprobadas la próxima semana en comisión municipal.
Argüelles especificó también algunos casos, como el que ocurrirá con la tasa de en las plazas de aparcamiento sujetas a ORA, en los que aclaró que «se subirá el precio de la segunda hora de aparcamiento, que pasará de 0,70 a 0,75 euros, para igualarla con el coste de la primera». También se realizarán algunos ajustes técnicos en las tasas por mesa y silla, para ajustarlas a la nueva Ordenanza de Terrazas. En lo que respecta al precio del billete de Emtusa, el concejal de Hacienda ha argumentado que espera que en breve se cierre, ya que es otro de los servicios sometidos a IVA. Los más favorecidos serán aquellos vinculados a los precios públicos de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que se mantendrán en 2011, quedando fuera del criterio general de subida. Incluso dentro de esta iniciativa se contempla que el vinculado a la ayuda a domicilio experimentará una reducción, al aplicar un criterio nuevo de ajuste respecto al IPREM, indicador de renta utilizado en las valoraciones.
El año que viene será el de «la moderación fiscal; el del equilibrio de los recursos públicos, en un espacio singular por la coyuntura económica». Santiago Martínez Argüelles, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón, resume así el contenido de la nueva propuesta de ordenanza fiscal para 2011. En ella se apuesta por congelar los impuestos municipales, tales como construcciones, actividades económicas, plusvalía y la «viñeta». En el caso del que repercute sobre los bienes inmuebles, el edil ha apuntado que «se prorroga la limitación al crecimiento en el nueve por ciento, en el último año que se puede aplicar este limite, de acuerdo con la legislación vigente».
En las tasas y precios públicos se aplicará una subida equivalente al IPC de julio (1,9 por ciento), aunque en los servicios sujetos a IVA también se aplicará la subida correspondiente a este año -desarrollada también en el mes de julio-, pero que hasta el momento no se había repercutido al pago que hacen los ciudadanos este año por gozar de estos servicios. Todas estas propuestas deberán ser aprobadas la próxima semana en comisión municipal.
Argüelles especificó también algunos casos, como el que ocurrirá con la tasa de en las plazas de aparcamiento sujetas a ORA, en los que aclaró que «se subirá el precio de la segunda hora de aparcamiento, que pasará de 0,70 a 0,75 euros, para igualarla con el coste de la primera». También se realizarán algunos ajustes técnicos en las tasas por mesa y silla, para ajustarlas a la nueva Ordenanza de Terrazas. En lo que respecta al precio del billete de Emtusa, el concejal de Hacienda ha argumentado que espera que en breve se cierre, ya que es otro de los servicios sometidos a IVA. Los más favorecidos serán aquellos vinculados a los precios públicos de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que se mantendrán en 2011, quedando fuera del criterio general de subida. Incluso dentro de esta iniciativa se contempla que el vinculado a la ayuda a domicilio experimentará una reducción, al aplicar un criterio nuevo de ajuste respecto al IPREM, indicador de renta utilizado en las valoraciones.
lunes, 27 de septiembre de 2010
Huelga light
27.09.2010 - ARMANDO F. BARTOLOMÉCOORDINADOR LOCAL DE UP Y D DE GIJÓN
Las condiciones de legitimidad moral de la huelga han sido sistematizadas por la ética tradicional en fórmulas precisas. En general, una huelga es lícita si se verifican simultáneamente tres condiciones: 1) que se trate de una causa justa; 2) que no exista otro camino para defenderla, y 3) que se tengan fundadas esperanzas de éxito, es decir, que medie proporción entre los bienes que se esperan y los males que se temen. Y, obviamente, es exigible una mayor circunspección si se trata de una huelga general que, por afectar a sectores clave, puede acarrear repercusiones muy graves.
La huelga general que ha sido convocada para el 29 plantea muchas dudas a los ciudadanos, no solo respecto a si se cumplen estas tres condiciones, sino, más radicalmente, sobre las verdaderas intenciones de los principales convocantes, porque llega con cuatro meses de retraso si lo que se pretende es modificar la ley de la reforma laboral. Cabe sospechar que se trata de una convocatoria de «huelga rebajada y light» que persigue sibilinamente objetivos más directamente mediáticos y políticos que laborales. Mediáticos porque los aparatos sindicales de UGT y CC OO necesitan guardar las formas ante sus simpatizantes y lograr un contrapeso al proceso de deslegitimación al que les han abocado sus actuaciones de los últimos años y que han tenido su colofón en el fiasco de la huelga de junio que apenas siguieron un 11% de los funcionarios, a pesar de que el Partido Socialista les acababa de bajar el sueldo. Política porque en último término se trata de perjudicar lo menos posible las expectativas electorales del PSOE y de Zapatero, que horas después de la huelga empezará a presentarse como el cordero sacrificial que se ha autoinmolado por el bien de España. Se trata de salvar la cara, pero sin enfrentarse con un PSOE que, para mantenerse en el poder, acaba de mercadear vergonzosamente con la rancia derecha vasca para que sean transferida a Euskadi la gestión de los fondos para las políticas activas de empleo y también las bonificaciones a las cuotas empresariales. Lo que supone en la práctica que recibirán un importe por parado muy por encima del resto de las comunidades del Estado. O sea, un privilegio (que no derecho) que dinamita, una vez más, la igualdad entre los españoles y la cohesión de nuestro pais. ¡Si Pablo Iglesias levantara la cabeza...!
Conclusión: los sindicatos son necesarios , más necesarios que nunca, dada la dramática situación económica de España, pero lo que legitima sus actuaciones (huelgas incluidas) es su independencia de la patronal y de los partidos políticos.
articulo
Las condiciones de legitimidad moral de la huelga han sido sistematizadas por la ética tradicional en fórmulas precisas. En general, una huelga es lícita si se verifican simultáneamente tres condiciones: 1) que se trate de una causa justa; 2) que no exista otro camino para defenderla, y 3) que se tengan fundadas esperanzas de éxito, es decir, que medie proporción entre los bienes que se esperan y los males que se temen. Y, obviamente, es exigible una mayor circunspección si se trata de una huelga general que, por afectar a sectores clave, puede acarrear repercusiones muy graves.
La huelga general que ha sido convocada para el 29 plantea muchas dudas a los ciudadanos, no solo respecto a si se cumplen estas tres condiciones, sino, más radicalmente, sobre las verdaderas intenciones de los principales convocantes, porque llega con cuatro meses de retraso si lo que se pretende es modificar la ley de la reforma laboral. Cabe sospechar que se trata de una convocatoria de «huelga rebajada y light» que persigue sibilinamente objetivos más directamente mediáticos y políticos que laborales. Mediáticos porque los aparatos sindicales de UGT y CC OO necesitan guardar las formas ante sus simpatizantes y lograr un contrapeso al proceso de deslegitimación al que les han abocado sus actuaciones de los últimos años y que han tenido su colofón en el fiasco de la huelga de junio que apenas siguieron un 11% de los funcionarios, a pesar de que el Partido Socialista les acababa de bajar el sueldo. Política porque en último término se trata de perjudicar lo menos posible las expectativas electorales del PSOE y de Zapatero, que horas después de la huelga empezará a presentarse como el cordero sacrificial que se ha autoinmolado por el bien de España. Se trata de salvar la cara, pero sin enfrentarse con un PSOE que, para mantenerse en el poder, acaba de mercadear vergonzosamente con la rancia derecha vasca para que sean transferida a Euskadi la gestión de los fondos para las políticas activas de empleo y también las bonificaciones a las cuotas empresariales. Lo que supone en la práctica que recibirán un importe por parado muy por encima del resto de las comunidades del Estado. O sea, un privilegio (que no derecho) que dinamita, una vez más, la igualdad entre los españoles y la cohesión de nuestro pais. ¡Si Pablo Iglesias levantara la cabeza...!
Conclusión: los sindicatos son necesarios , más necesarios que nunca, dada la dramática situación económica de España, pero lo que legitima sus actuaciones (huelgas incluidas) es su independencia de la patronal y de los partidos políticos.
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domingo, 26 de septiembre de 2010
Burbujas.
(PRe)parados. Miles de jóvenes con altísimos niveles de preparación condenados a emigrar para buscarse la vida.
Los mineros siguen cortando carreteras.
Estamos estancados.
Nos estamos convirtiendo en un museo.
Los mineros siguen cortando carreteras.
Estamos estancados.
Nos estamos convirtiendo en un museo.
Debate sobre el complejo turístico
La mesa redonda organizada por UPyD con los vecinos sobre el futuro de la Ciudad de Vacacionessirvió para poner de relieve el malestar reinante en Perlora. Durante el debate, moderado por los coordinadores de UPyD de Gijón y Carreño, Luis Pertierra y Francisco José Alexandre Hurlé, los asistentes expresaron sus criticas por el abandono del complejo turístico. También denunciaron la pasividad municipal y el interés existente de importantes empresas constructoras en el proyecto.
La mesa redonda es el primer acto que organiza la Unión, Progreso y Democracia de Carreño desde su constitución. El nuevo proyecto político esta liderado por Hurlé, acompañado por Montserrat Arnau, Marta Suárez, Juan Carlos Rodríguez, César Nuez, Víctor Manuel Suárez y Ángel Luis Guijo. La UPyD cuenta ya con 25 afiliados
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La mesa redonda es el primer acto que organiza la Unión, Progreso y Democracia de Carreño desde su constitución. El nuevo proyecto político esta liderado por Hurlé, acompañado por Montserrat Arnau, Marta Suárez, Juan Carlos Rodríguez, César Nuez, Víctor Manuel Suárez y Ángel Luis Guijo. La UPyD cuenta ya con 25 afiliados
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Las adjudicaciones públicas, un escándalo
Empieza a ser alarmante la ausencia en las administraciones públicas de una «cultura de la legalidad». La paternidad del término hay que atribuirla a un experto en el estudio de la corrupción política, el catedrático madrileño Manuel Villoria Mendieta, coautor de un libro compilatorio de reciente publicación que analiza la degradación en la que están incurriendo muchos sistemas democráticos. La obra pretende mostrar que en los regímenes asentados en países de religión protestante el cumplimiento de las leyes constituye un dogma, es consustancial a la idiosincrasia de sus individuos. En cambio, en las democracias con base católica lo natural, y socialmente valorado es hacer exhibición de lo contrario. Sólo se atienen a la norma los incautos. Las disposiciones están para los que carecen de pértiga -enchufe, privilegio- con que saltarlas.
Se puede asumir o discrepar del fondo moral de esta tesis, pero lo cierto es que uno de los grandes problemas de las democracias actuales reside en lo que podríamos bautizar como delitos de guante blanco, cada vez más frecuentes: el nepotismo, el clientelismo, las adjudicaciones teledirigidas, el abuso administrativo, el funcionariado domesticado bajo amenaza, el fin de la meritocracia... Y las sociedades tienden a asumir, lo que es muy peligroso, con tolerancia y resignación estas perversiones como una fatalidad inevitable del sistema, cuando su exagerada proliferación debería mover ya a una enérgica y contundente rebelión ciudadana.
El asunto no incumbe sólo a una España de tradición pícara, sino a todos los países desarrollados, ni es un problema atribuible a una autonomía o a un municipio concretos, pero en Asturias el olor por algunas de estas formas de actuar alcanza ya niveles irrespirables. La actualidad ha querido que un caso en Llanes -sentenciado en firme- ejemplifique a la perfección de qué estamos hablando. Cámbiese el nombre de este concejo por cualquier otro, y encontraremos multitud de situaciones similares.
Una juez acaba de anular el concurso que adjudicó la redacción del plan urbano llanisco porque «la discrecionalidad de que goza la Administración a la hora de valorar las ofertas ha sido utilizada para caer de lleno en la arbitrariedad». La empresa con más méritos fue excluida pese a que el único técnico que formaba parte de una mesa de contratación llena de políticos advirtió expresamente de la irregularidad. El técnico que se plantó, por cierto, era jefe de servicio en el Principado y fue destituido al poco tiempo.
Los lectores de LA NUEVA ESPAÑA han tenido en estas semanas constancia de denuncias en el mismo sentido surgidas desde dentro de la propia Administración regional. Funcionarios, abogados y sindicalistas claman contra el desmadre en que se están convirtiendo las contrataciones públicas, contaminadas por intereses políticos. Un delegado laboral del Principado afirma: «Ni se te ocurra decir que no a un consejero o director general. "¿Para qué estas ahí, para qué te puse?", responderá al instante».
La Administración asturiana huye del control independiente como gato escaldado del agua fría. Así, procesos que se supone objetivos se dirimen por meras opiniones personales, trabajadores que deben su cargo al dedazo son los que eligen en los concursos la opción que conviene a sus benefactores, u obras que se adjudican con bajas escandalosas tienen garantizado el sobrecoste de antemano. Los modificados que engordan proyectos, el pan nuestro de cada día, son casi un fraude a la Hacienda pública, un hurto al dinero de todos, y el troceado de contratos hasta dejarlos en la cantidad que elude la fiscalización, la publicidad y la concurrencia aconsejables se está convirtiendo en perversión favorita. Todo supuestamente por el libro, todo muy manipulado.
No se trata de sembrar la duda indiscriminada ni de poner el ventilador sobre la bosta, pero sí de detener esta bola de nieve. A cualquier gobierno se le presupone, y se le exige siempre, máxima agilidad. La eficacia está reñida con trampas y atajos.
¿Y luego se sorprenden los políticos de la desafección y la desconfianza que se han ganado hoy entre la ciudadanía? La convocan a las urnas a depositar una papeleta sin reparar en demagogias y promesas que se olvidan por el camino, y luego, durante cuatro años, no le hacen ni caso, volviendo la espalda a los verdaderos intereses ciudadanos. Tener una Administración pública transparente, limpia y justa es uno de ellos. Un dato para reflexionar: la clase política se convierte, tras el paro y la crisis, en la principal preocupación de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Necesitamos funcionarios capaces e imparciales, no que atesoren como único blasón la confianza del jefe. Hay departamentos en el Principado en los que la totalidad de integrantes procede de la libre designación, lo que seguramente será legal aunque éticamente impresentable. Esos polvos traen estos lodos. El funcionario tiene que estar al servicio del ciudadano, no del político de turno. Mientras no rescatemos el significado de este principio tan simple pero tan valioso, las administraciones públicas seguirán bajo sospecha, y su credibilidad, por los suelos.
http://www.lne.es/opinion/2010/09/26/adjudicaciones-publicas-escandalo/972900.html
Se puede asumir o discrepar del fondo moral de esta tesis, pero lo cierto es que uno de los grandes problemas de las democracias actuales reside en lo que podríamos bautizar como delitos de guante blanco, cada vez más frecuentes: el nepotismo, el clientelismo, las adjudicaciones teledirigidas, el abuso administrativo, el funcionariado domesticado bajo amenaza, el fin de la meritocracia... Y las sociedades tienden a asumir, lo que es muy peligroso, con tolerancia y resignación estas perversiones como una fatalidad inevitable del sistema, cuando su exagerada proliferación debería mover ya a una enérgica y contundente rebelión ciudadana.
El asunto no incumbe sólo a una España de tradición pícara, sino a todos los países desarrollados, ni es un problema atribuible a una autonomía o a un municipio concretos, pero en Asturias el olor por algunas de estas formas de actuar alcanza ya niveles irrespirables. La actualidad ha querido que un caso en Llanes -sentenciado en firme- ejemplifique a la perfección de qué estamos hablando. Cámbiese el nombre de este concejo por cualquier otro, y encontraremos multitud de situaciones similares.
Una juez acaba de anular el concurso que adjudicó la redacción del plan urbano llanisco porque «la discrecionalidad de que goza la Administración a la hora de valorar las ofertas ha sido utilizada para caer de lleno en la arbitrariedad». La empresa con más méritos fue excluida pese a que el único técnico que formaba parte de una mesa de contratación llena de políticos advirtió expresamente de la irregularidad. El técnico que se plantó, por cierto, era jefe de servicio en el Principado y fue destituido al poco tiempo.
Los lectores de LA NUEVA ESPAÑA han tenido en estas semanas constancia de denuncias en el mismo sentido surgidas desde dentro de la propia Administración regional. Funcionarios, abogados y sindicalistas claman contra el desmadre en que se están convirtiendo las contrataciones públicas, contaminadas por intereses políticos. Un delegado laboral del Principado afirma: «Ni se te ocurra decir que no a un consejero o director general. "¿Para qué estas ahí, para qué te puse?", responderá al instante».
La Administración asturiana huye del control independiente como gato escaldado del agua fría. Así, procesos que se supone objetivos se dirimen por meras opiniones personales, trabajadores que deben su cargo al dedazo son los que eligen en los concursos la opción que conviene a sus benefactores, u obras que se adjudican con bajas escandalosas tienen garantizado el sobrecoste de antemano. Los modificados que engordan proyectos, el pan nuestro de cada día, son casi un fraude a la Hacienda pública, un hurto al dinero de todos, y el troceado de contratos hasta dejarlos en la cantidad que elude la fiscalización, la publicidad y la concurrencia aconsejables se está convirtiendo en perversión favorita. Todo supuestamente por el libro, todo muy manipulado.
No se trata de sembrar la duda indiscriminada ni de poner el ventilador sobre la bosta, pero sí de detener esta bola de nieve. A cualquier gobierno se le presupone, y se le exige siempre, máxima agilidad. La eficacia está reñida con trampas y atajos.
¿Y luego se sorprenden los políticos de la desafección y la desconfianza que se han ganado hoy entre la ciudadanía? La convocan a las urnas a depositar una papeleta sin reparar en demagogias y promesas que se olvidan por el camino, y luego, durante cuatro años, no le hacen ni caso, volviendo la espalda a los verdaderos intereses ciudadanos. Tener una Administración pública transparente, limpia y justa es uno de ellos. Un dato para reflexionar: la clase política se convierte, tras el paro y la crisis, en la principal preocupación de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Necesitamos funcionarios capaces e imparciales, no que atesoren como único blasón la confianza del jefe. Hay departamentos en el Principado en los que la totalidad de integrantes procede de la libre designación, lo que seguramente será legal aunque éticamente impresentable. Esos polvos traen estos lodos. El funcionario tiene que estar al servicio del ciudadano, no del político de turno. Mientras no rescatemos el significado de este principio tan simple pero tan valioso, las administraciones públicas seguirán bajo sospecha, y su credibilidad, por los suelos.
http://www.lne.es/opinion/2010/09/26/adjudicaciones-publicas-escandalo/972900.html
viernes, 24 de septiembre de 2010
miércoles, 22 de septiembre de 2010
Suena raro
La cesión gratuita de escombro de la Camocha para el relleno del Musel suena raro. Es un regalo de tres millones de euros. No parece muy lógico. ¿Quienes son los administradores de la Camocha?
http://www.lne.es/gijon/2010/09/22/gijon-mina-camocha-ofrecio-2007-escombro-euros-tonelada/970892.html
http://www.lne.es/gijon/2010/09/22/gijon-mina-camocha-ofrecio-2007-escombro-euros-tonelada/970892.html
Dique Torres busca nuevos vertidos de obra para acabar el relleno de El Musel
M. CASTRO
La unión temporal de empresas Dique Torres, que ejecuta las obras de ampliación del puerto de El Musel, ha contactado con todos los propietarios de vertederos de obras privados en el concejo de Gijón y en zonas limítrofes, para buscar materiales de relleno para la ampliación de El Musel. Hasta la fecha, ya ha extraído vertidos de al menos tres de ellos: el de Bernardo y Ovalle, en la Campa Torres; el de Ecoterra, en Carbaínos (Cenero), y de las escombreras de Mina La Camocha.
El escombro minero de La Camocha es el último que se ha comenzado a aportar a los muelles de la gran obra portuaria. La administración concursal de Mina La Camocha ha cedido gratuitamente los 969.962 metros cúbicos de mineral de las escombreras Norte y Sur, del que se estima que alrededor de un tercio es carbón.
En el caso de Carbaínos, los 800.000 metros cúbicos de material de obra que contiene no le saldrán completamente gratis a Dique Torres. La UTE que amplía el puerto gijonés acordó con Ecoterra, empresa propietaria de este vertedero, asumir los costes de reparación de la carretera de Carbaínos y las obras para ensancharla, facilitando así el cruce de camiones. Ecoterra se evita, así, el coste de unas obras necesarias para facilitar el vertido de jarofix, el residuo que se origina durante el proceso de fabricación del cinc en la factoría de Azsa en San Juan de Nieva, y que se prevé depositar en Carbaínos cuando se colmate el vertedero que actualmente usa Azsa.
Del vertedero de la Campa Torres la UTE liderada por el grupo ACS ya extrajo los alrededor de 200.000 metros cúbicos que había depositados en el mismo.
Otros 200.000 metros cúbicos son los que también obtuvo Dique Torres del vertedero de El Cotarón (Carreño), donde se acumulan escorias de Arcelor. Quedaba pendientes de retirar otra volumetría igual, cuando el Ayuntamiento de Carreño ordenó paralizar la extracción de esos materiales por carecer de licencia para ello.
La cantera de El Cotarón pertenece a Recuperaciones de Escorias y Áridos (Reasa, del grupo Contratas Mota). Según vecinos de Logrezana, continúan los trabajos de extracción del material en ese vertedero. Otras fuentes apuntan que el grupo Mota sigue suministrando a la obra de El Musel, pero a través de la empresa Canteras La Atalaya, que explota frentes de canteras de sílice en La Maruca y El Estrellín y Taviella (Avilés).
http://www.lne.es/gijon/2010/09/22/dique-torres-busca-nuevos-vertidos-obra-acabar-relleno-musel/970890.html
La unión temporal de empresas Dique Torres, que ejecuta las obras de ampliación del puerto de El Musel, ha contactado con todos los propietarios de vertederos de obras privados en el concejo de Gijón y en zonas limítrofes, para buscar materiales de relleno para la ampliación de El Musel. Hasta la fecha, ya ha extraído vertidos de al menos tres de ellos: el de Bernardo y Ovalle, en la Campa Torres; el de Ecoterra, en Carbaínos (Cenero), y de las escombreras de Mina La Camocha.
El escombro minero de La Camocha es el último que se ha comenzado a aportar a los muelles de la gran obra portuaria. La administración concursal de Mina La Camocha ha cedido gratuitamente los 969.962 metros cúbicos de mineral de las escombreras Norte y Sur, del que se estima que alrededor de un tercio es carbón.
En el caso de Carbaínos, los 800.000 metros cúbicos de material de obra que contiene no le saldrán completamente gratis a Dique Torres. La UTE que amplía el puerto gijonés acordó con Ecoterra, empresa propietaria de este vertedero, asumir los costes de reparación de la carretera de Carbaínos y las obras para ensancharla, facilitando así el cruce de camiones. Ecoterra se evita, así, el coste de unas obras necesarias para facilitar el vertido de jarofix, el residuo que se origina durante el proceso de fabricación del cinc en la factoría de Azsa en San Juan de Nieva, y que se prevé depositar en Carbaínos cuando se colmate el vertedero que actualmente usa Azsa.
Del vertedero de la Campa Torres la UTE liderada por el grupo ACS ya extrajo los alrededor de 200.000 metros cúbicos que había depositados en el mismo.
Otros 200.000 metros cúbicos son los que también obtuvo Dique Torres del vertedero de El Cotarón (Carreño), donde se acumulan escorias de Arcelor. Quedaba pendientes de retirar otra volumetría igual, cuando el Ayuntamiento de Carreño ordenó paralizar la extracción de esos materiales por carecer de licencia para ello.
La cantera de El Cotarón pertenece a Recuperaciones de Escorias y Áridos (Reasa, del grupo Contratas Mota). Según vecinos de Logrezana, continúan los trabajos de extracción del material en ese vertedero. Otras fuentes apuntan que el grupo Mota sigue suministrando a la obra de El Musel, pero a través de la empresa Canteras La Atalaya, que explota frentes de canteras de sílice en La Maruca y El Estrellín y Taviella (Avilés).
http://www.lne.es/gijon/2010/09/22/dique-torres-busca-nuevos-vertidos-obra-acabar-relleno-musel/970890.html
Gallego confirma que habrá que aportar arena a San Lorenzo
concejala de Medio Ambiente, Dulce Gallego, ha confirmado este miércoles que una vez pasada la temporada de baños, en octubre o noviembre, se llevará a cabo la aportación de arena prevista en el informe de Impacto Ambiental de la ampliación de El Musel, elaborado por la Universidad de Cantabria, en la cantidad mínima prevista, lejos de los 155.000 metros cúbicos que se había barajado.
Será esta misma Universidad quien dirija en octubre el aporte de arena, que se distribuirá de forma equilibrada. En el citado informe, venía reflejada una aportación de arena a la playa de San Lorenzo, dentro de las medidas correctoras del impacto de las obras portuarias. Gallego, en respuesta a los periodistas tras la inauguración en el recinto ferial del XII Congreso y Exposición Internacional Ecoplayas, ha indicado que Demarcación de Costas, junto a la Autoridad Portuaria de Gijón, ha trabajado para hacer esa aportación.
De todas formas, ha querido quitar hierro al asunto y ha señalado que los cambios en la arena se han visto siempre y añadido que el arenal de san Lorenzo siempre tiene "un vaivén". La edil ha incidido en que este verano todas las playas del Norte han estado sometidas a unas mareas vivas, muy fuertes, fuera de la época habitual.
Como ejemplo, ha citado las mareas vivas de septiembre, que han venido con anticipación. Incluso ha señalado que antes del periodo de playas hubo unas mareas fuertes que han provocado unos arrastres de arena importantes. La edil ha comparado la situación con la vivida en San Sebastián, donde, según ella, hubo quejas de usuarios por la falta de arena.
Preguntada por la playa de Peñarrubia, cerrada al público este verano por riesgo de desprendimientos, ha explicado que Demarcación de Costas está concluyendo el estudio sobre la "compleja" situación que tiene el acantilado, debido a su "inestabilidad" en toda esa zona.
Asimismo, ha añadido que mientras tanto, se acometieron las obras de mejora de la bajada a la playa de Serín, para facilitar el acceso a los usuarios. Según ella, se mejoró todo lo que fue posible dadas las condiciones en las que estaba y la rapidez con la que se hicieron los trabajos.
Sobre la 'Q' de calidad a la que optan las tres playas urbanas de la ciudad -San Lorenzo, Poniente y Arbeyal--, ha apuntado que se pasó ya la parte técnica y queda sólo la final del jurado, que en unos días tomarán su decisión. Aunque optan las tres, la decisión es individual. "Creo que las tenemos las tres", ha indicado, no obstante, la concejala.
Por su parte, el concejal de Hacienda, Santiago Martínez Argüelles, ha querido mandar un mensaje de "tranquilidad absoluta" respecto a la playa de San Lorenzo, "la más querida de Gijón y la más emblemática". Según él, una parte importante de los movimientos de arena tiene que ver con una dinámica natural.
En este sentido, ha recordado que hace poco más de año y medio los cimientos del antiguo balneario eran absolutamente visibles, algo que también formaba parte de un proceso natural que ocurre de acuerdo a condiciones meteorológicas. "Ahora están tapados, pero no pasa absolutamente nada", ha dicho.
PATRIMONIO PÚBLICO
Previamente durante la inauguración del congreso, Argüelles ha recordado que las playas son una gran dotación pública y ha resaltado la implicación con la ciudad. No en vano, ha aludido a la denominación de "playos" por la vinculación de los habitantes con el mar y ha apostado por devolver a la ciudadanía su arenal y costa.
El concejal ha asegurado que este último compromiso es "irrenunciable" y ha señalado que la playa es un patrimonio inalienable de los gijoneses. Asimismo, ha recalcado la calidad del servicio, el agua y el equipamiento de las playas.
Especialmente, se ha referido a las infraestructuras instaladas para el control de aguas, desde el saneamiento a los pozos de tormentas, que han evitado inundaciones este año y han mejorado la calidad del agua de las playas.
Unido a ello, ha mencionado que las tres playas urbanas optan al reconocimiento de la bandera de Ecoplayas -San Lorenzo la obtuvo en 2009 y opta a la renovación-- y a la Q de calidad. Sobre esta última, ha señalado que esta semana se conocerá la decisión tras un proceso "muy riguroso", por el que se valora la limpieza, la accesibilidad, la gestión integral de calidad, los servicios y otros elementos.
Del congreso ha resaltado el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como la posibilidad de normalizar procedimientos y protocolos de mejora de la calidad de las playas. Además, ha destacado la ponencia sobre las medusas ya que, según él, aunque ahora no afecta de manera importante a la ciudad, si lo hará "seriamente" en los próximos años por el cambio climático.
En el acto también ha intervenido el presidente de Ategrus (Asociación Técnica, para la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente), Julián Uriarte, quien ha incidido en que el turismo más importante es el de sol y playa y ha señalado que la bandera que ellos diseñaron ha cobrado importancia internacional. Asimismo, ha destacado los ponentes "muy preparados" con los que contará el congreso, al que está previsto que asistan unas 170 personas.
http://www.lne.es/gijon/2010/09/22/gallego-confirma-habra-aportar-arena-san-lorenzo/971253.html
Será esta misma Universidad quien dirija en octubre el aporte de arena, que se distribuirá de forma equilibrada. En el citado informe, venía reflejada una aportación de arena a la playa de San Lorenzo, dentro de las medidas correctoras del impacto de las obras portuarias. Gallego, en respuesta a los periodistas tras la inauguración en el recinto ferial del XII Congreso y Exposición Internacional Ecoplayas, ha indicado que Demarcación de Costas, junto a la Autoridad Portuaria de Gijón, ha trabajado para hacer esa aportación.
De todas formas, ha querido quitar hierro al asunto y ha señalado que los cambios en la arena se han visto siempre y añadido que el arenal de san Lorenzo siempre tiene "un vaivén". La edil ha incidido en que este verano todas las playas del Norte han estado sometidas a unas mareas vivas, muy fuertes, fuera de la época habitual.
Como ejemplo, ha citado las mareas vivas de septiembre, que han venido con anticipación. Incluso ha señalado que antes del periodo de playas hubo unas mareas fuertes que han provocado unos arrastres de arena importantes. La edil ha comparado la situación con la vivida en San Sebastián, donde, según ella, hubo quejas de usuarios por la falta de arena.
Preguntada por la playa de Peñarrubia, cerrada al público este verano por riesgo de desprendimientos, ha explicado que Demarcación de Costas está concluyendo el estudio sobre la "compleja" situación que tiene el acantilado, debido a su "inestabilidad" en toda esa zona.
Asimismo, ha añadido que mientras tanto, se acometieron las obras de mejora de la bajada a la playa de Serín, para facilitar el acceso a los usuarios. Según ella, se mejoró todo lo que fue posible dadas las condiciones en las que estaba y la rapidez con la que se hicieron los trabajos.
Sobre la 'Q' de calidad a la que optan las tres playas urbanas de la ciudad -San Lorenzo, Poniente y Arbeyal--, ha apuntado que se pasó ya la parte técnica y queda sólo la final del jurado, que en unos días tomarán su decisión. Aunque optan las tres, la decisión es individual. "Creo que las tenemos las tres", ha indicado, no obstante, la concejala.
Por su parte, el concejal de Hacienda, Santiago Martínez Argüelles, ha querido mandar un mensaje de "tranquilidad absoluta" respecto a la playa de San Lorenzo, "la más querida de Gijón y la más emblemática". Según él, una parte importante de los movimientos de arena tiene que ver con una dinámica natural.
En este sentido, ha recordado que hace poco más de año y medio los cimientos del antiguo balneario eran absolutamente visibles, algo que también formaba parte de un proceso natural que ocurre de acuerdo a condiciones meteorológicas. "Ahora están tapados, pero no pasa absolutamente nada", ha dicho.
PATRIMONIO PÚBLICO
Previamente durante la inauguración del congreso, Argüelles ha recordado que las playas son una gran dotación pública y ha resaltado la implicación con la ciudad. No en vano, ha aludido a la denominación de "playos" por la vinculación de los habitantes con el mar y ha apostado por devolver a la ciudadanía su arenal y costa.
El concejal ha asegurado que este último compromiso es "irrenunciable" y ha señalado que la playa es un patrimonio inalienable de los gijoneses. Asimismo, ha recalcado la calidad del servicio, el agua y el equipamiento de las playas.
Especialmente, se ha referido a las infraestructuras instaladas para el control de aguas, desde el saneamiento a los pozos de tormentas, que han evitado inundaciones este año y han mejorado la calidad del agua de las playas.
Unido a ello, ha mencionado que las tres playas urbanas optan al reconocimiento de la bandera de Ecoplayas -San Lorenzo la obtuvo en 2009 y opta a la renovación-- y a la Q de calidad. Sobre esta última, ha señalado que esta semana se conocerá la decisión tras un proceso "muy riguroso", por el que se valora la limpieza, la accesibilidad, la gestión integral de calidad, los servicios y otros elementos.
Del congreso ha resaltado el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como la posibilidad de normalizar procedimientos y protocolos de mejora de la calidad de las playas. Además, ha destacado la ponencia sobre las medusas ya que, según él, aunque ahora no afecta de manera importante a la ciudad, si lo hará "seriamente" en los próximos años por el cambio climático.
En el acto también ha intervenido el presidente de Ategrus (Asociación Técnica, para la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente), Julián Uriarte, quien ha incidido en que el turismo más importante es el de sol y playa y ha señalado que la bandera que ellos diseñaron ha cobrado importancia internacional. Asimismo, ha destacado los ponentes "muy preparados" con los que contará el congreso, al que está previsto que asistan unas 170 personas.
http://www.lne.es/gijon/2010/09/22/gallego-confirma-habra-aportar-arena-san-lorenzo/971253.html
Las escuelas oficiales de idiomas, al borde del abismo
21 de Septiembre del 2010 - Azucena Álvarez (Oviedo)
El nuevo consejero de Educación y Ciencia se esfuerza en vano en dar una imagen de normalidad al hablar de “ruido habitual del principio de curso”. Pero para las escuelas oficiales de idiomas (EEOOII) la situación actual no tiene precedentes. Hace seis años se argumentaba que existía duplicidad con la enseñanza de idiomas en los institutos, pero estaba claro que las EEOOII tienen un gran prestigio social sustentado por la calidad y efectividad de su enseñanza.
Posteriormente, nuestros gobernantes regionales descubrieron, con asombro, que desde la Unión Europea, y desde el propio mercado laboral, se demanda el fomento del aprendizaje de dos idiomas extranjeros, tanto por razones políticas como económicas, y tenían que rendirse a la evidencia de que la mayoría de los españoles no tienen un nivel aceptable ni siquiera de un solo idioma extranjero. Las EEOOII pasaron de ser un problema a ser la solución. Después de 17 años fueron convocadas oposiciones de francés, inglés y alemán en 2008.
Pero este curso ha comenzado influido por lo que han venido a llamar “etapa de austeridad con garantía de calidad”. Han anunciado que sobran profesores en relación con la demanda. Pero con la demanda actual no solamente no sobraba ninguno, sino que además eran necesarios interinos para cubrir vacantes, no sólo sustituciones. No obstante, de acuerdo a los nuevos criterios, la relación de alumnos por grupo aumenta en torno al 20 por ciento. Nuestros gestores consideran “garantía de calidad” enseñar inglés a grupos de 30 alumnos, opinión en absoluto compartida por expertos, profesionales y pedagogos.
El segundo y sorprendente cambio llevado a cabo por el nuevo consejero de Educación es una drástica reducción de hasta un impresionante 50 por ciento de las horas que se ofrecen a los alumnos en algunos idiomas y centros. No olvidemos que los alumnos de las EEOOII son en muchos casos estudiantes universitarios o trabajadores con obligaciones familiares, y si la oferta horaria se reduce, serán muchos los que tengan que renunciar este año a matricularse por incompatibilidad horaria. Pero no solamente se reduce la oferta horaria, sino también el número de horas lectivas, ya que hasta ahora se impartían cuatro horas y media a la semana, y desde este año la mayoría se quedarán en tres y media.
Como resultado de todo lo anterior, la tercera e incomprensible modificación que se suma a la serie de sorpresas desagradables que esperan este año a los usuarios para garantizar la “garantía de calidad” es la reducción de grupos, consecuencia no del descenso de la demanda, tal y como nos quieren hacer creer, sino de la disminución de profesores, disponibilidad horaria y número de horas lectivas.
Con estas perlas de planificación, es posible que dentro de poco no sólo sobren algunos profesores, sino casi todos, porque la tangible pérdida de calidad afectará, sin duda, al número de alumnos matriculados. No hay que olvidar que como las EEOOII no son enseñanza obligatoria las leyes del mercado operan con cierta celeridad.
Lo único en lo que están de acuerdo todos los agentes sociales, políticos y laborales es en la necesidad de aumentar la productividad y la competitividad de los trabajadores. Pero no parece que destruyendo uno de los pocos elementos realmente efectivos de nuestro sistema educativo, como son las escuelas oficiales de idiomas, consigamos estos objetivos que permitan reducir esa triste lacra que suponen los cuatro millones de españoles en paro.
El Gobierno socialista ha creado una gestión propia que consiste en llamar “austeridad y calidad” a lo que los ciudadanos perciben como despilfarro de recursos humanos y demagogia. Tenemos derecho a una gestión pública de la educación guiada por principios de responsabilidad, integridad y transparencia. Tenemos derecho a un buen Gobierno.
Azucena Álvarez
Vocal UPyD, Oviedo
.
El nuevo consejero de Educación y Ciencia se esfuerza en vano en dar una imagen de normalidad al hablar de “ruido habitual del principio de curso”. Pero para las escuelas oficiales de idiomas (EEOOII) la situación actual no tiene precedentes. Hace seis años se argumentaba que existía duplicidad con la enseñanza de idiomas en los institutos, pero estaba claro que las EEOOII tienen un gran prestigio social sustentado por la calidad y efectividad de su enseñanza.
Posteriormente, nuestros gobernantes regionales descubrieron, con asombro, que desde la Unión Europea, y desde el propio mercado laboral, se demanda el fomento del aprendizaje de dos idiomas extranjeros, tanto por razones políticas como económicas, y tenían que rendirse a la evidencia de que la mayoría de los españoles no tienen un nivel aceptable ni siquiera de un solo idioma extranjero. Las EEOOII pasaron de ser un problema a ser la solución. Después de 17 años fueron convocadas oposiciones de francés, inglés y alemán en 2008.
Pero este curso ha comenzado influido por lo que han venido a llamar “etapa de austeridad con garantía de calidad”. Han anunciado que sobran profesores en relación con la demanda. Pero con la demanda actual no solamente no sobraba ninguno, sino que además eran necesarios interinos para cubrir vacantes, no sólo sustituciones. No obstante, de acuerdo a los nuevos criterios, la relación de alumnos por grupo aumenta en torno al 20 por ciento. Nuestros gestores consideran “garantía de calidad” enseñar inglés a grupos de 30 alumnos, opinión en absoluto compartida por expertos, profesionales y pedagogos.
El segundo y sorprendente cambio llevado a cabo por el nuevo consejero de Educación es una drástica reducción de hasta un impresionante 50 por ciento de las horas que se ofrecen a los alumnos en algunos idiomas y centros. No olvidemos que los alumnos de las EEOOII son en muchos casos estudiantes universitarios o trabajadores con obligaciones familiares, y si la oferta horaria se reduce, serán muchos los que tengan que renunciar este año a matricularse por incompatibilidad horaria. Pero no solamente se reduce la oferta horaria, sino también el número de horas lectivas, ya que hasta ahora se impartían cuatro horas y media a la semana, y desde este año la mayoría se quedarán en tres y media.
Como resultado de todo lo anterior, la tercera e incomprensible modificación que se suma a la serie de sorpresas desagradables que esperan este año a los usuarios para garantizar la “garantía de calidad” es la reducción de grupos, consecuencia no del descenso de la demanda, tal y como nos quieren hacer creer, sino de la disminución de profesores, disponibilidad horaria y número de horas lectivas.
Con estas perlas de planificación, es posible que dentro de poco no sólo sobren algunos profesores, sino casi todos, porque la tangible pérdida de calidad afectará, sin duda, al número de alumnos matriculados. No hay que olvidar que como las EEOOII no son enseñanza obligatoria las leyes del mercado operan con cierta celeridad.
Lo único en lo que están de acuerdo todos los agentes sociales, políticos y laborales es en la necesidad de aumentar la productividad y la competitividad de los trabajadores. Pero no parece que destruyendo uno de los pocos elementos realmente efectivos de nuestro sistema educativo, como son las escuelas oficiales de idiomas, consigamos estos objetivos que permitan reducir esa triste lacra que suponen los cuatro millones de españoles en paro.
El Gobierno socialista ha creado una gestión propia que consiste en llamar “austeridad y calidad” a lo que los ciudadanos perciben como despilfarro de recursos humanos y demagogia. Tenemos derecho a una gestión pública de la educación guiada por principios de responsabilidad, integridad y transparencia. Tenemos derecho a un buen Gobierno.
Azucena Álvarez
Vocal UPyD, Oviedo
.
UPyD-Gijón denuncia falta de transparencia en la gestión municipal y en el manejo de fondos públicos
Nota de prensa UPyD Gijón
22 de septiembre de 2010.- Nuestro país es uno de los pocos de la UE que no tienen reconocido el derecho de cualquier ciudadano a conocer (con la correlativa obligación de informar de las administraciones) todo lo relativo a instituciones, organismos, empresas, asociaciones y fundaciones que realicen servicios o funciones públicas u operen con capital público. Este derecho recogido por ley nos evitaría a los ciudadanos hacer especulaciones sobre cuanta gente trabaja realmente pagada por el consistorio gijonés, cuales son, con nombres y apellidos, y cuanto ganan; también sería interesante poder acceder con facilidad a los nombres de las empresas que de una manera u otra tienen relación con nuestro ayuntamiento y por eso no entendemos las polvorientas y oscuras explicaciones dadas por el partido socialista gijonés para recurrir con nuestro dinero la sentencia que le obliga a entregar 240 facturas a la oposición.
Unión Progreso y Democracia en Gijón cree que la transparencia en un sistema democrático no es una gracia que da el gobernante sino una obligación. Y el derecho a conocer esa información, en el caso que nos ocupa, no es sólo del PP sino de cualquier ciudadano gijonés, por ello, hay que mostrar la información pública sin que sea necesario pedirla (eso es transparencia) y aburre la permanente comparación localista que argumentó recientemente la alcaldesa refiriéndose veladamente a la opacidad informativa del Ayuntamiento de Oviedo que para nosotros es igualmente criticable y que en nada nos consuela. No se sostiene, por tanto, el argumento del equipo de gobierno de que “facilitar las facturas podría quebrar la eficacia administrativa del Ayuntamiento por tratarse de mucha información” porque el desarrollo actual de las TIC, en la que supuestamente somos campeones según la propaganda oficial, permite de sobra que toda la información, sobre todo la que afecta al manejo de los fondos públicos, sea accesible de forma rápida, gratuita y comprensible, sin más excepción naturalmente que aquélla que afecte a la seguridad y defensa del Estado o a la intimidad de las personas.
Y ya que estamos en la arena comunicativa y finalizando la temporada de baños sería interesante también que los gijoneses pudiéramos leer a golpe de clic en que consiste el llamado “Proyecto de regeneración de la playa de San Lorenzo” y que se haga accesible en el ciberespacio toda la documentación relacionada con el citado proyecto y los datos del Programa de Vigilancia Ambiental correspondientes a la extracción de 24 millones de metros cúbicos de arena del fondo marino de la bahía gijonesa y su posible repercusión en las playas de Gijón. Queremos más información no vaya a ser que nos estén metiendo en arenas movedizas.
22 de septiembre de 2010.- Nuestro país es uno de los pocos de la UE que no tienen reconocido el derecho de cualquier ciudadano a conocer (con la correlativa obligación de informar de las administraciones) todo lo relativo a instituciones, organismos, empresas, asociaciones y fundaciones que realicen servicios o funciones públicas u operen con capital público. Este derecho recogido por ley nos evitaría a los ciudadanos hacer especulaciones sobre cuanta gente trabaja realmente pagada por el consistorio gijonés, cuales son, con nombres y apellidos, y cuanto ganan; también sería interesante poder acceder con facilidad a los nombres de las empresas que de una manera u otra tienen relación con nuestro ayuntamiento y por eso no entendemos las polvorientas y oscuras explicaciones dadas por el partido socialista gijonés para recurrir con nuestro dinero la sentencia que le obliga a entregar 240 facturas a la oposición.
Unión Progreso y Democracia en Gijón cree que la transparencia en un sistema democrático no es una gracia que da el gobernante sino una obligación. Y el derecho a conocer esa información, en el caso que nos ocupa, no es sólo del PP sino de cualquier ciudadano gijonés, por ello, hay que mostrar la información pública sin que sea necesario pedirla (eso es transparencia) y aburre la permanente comparación localista que argumentó recientemente la alcaldesa refiriéndose veladamente a la opacidad informativa del Ayuntamiento de Oviedo que para nosotros es igualmente criticable y que en nada nos consuela. No se sostiene, por tanto, el argumento del equipo de gobierno de que “facilitar las facturas podría quebrar la eficacia administrativa del Ayuntamiento por tratarse de mucha información” porque el desarrollo actual de las TIC, en la que supuestamente somos campeones según la propaganda oficial, permite de sobra que toda la información, sobre todo la que afecta al manejo de los fondos públicos, sea accesible de forma rápida, gratuita y comprensible, sin más excepción naturalmente que aquélla que afecte a la seguridad y defensa del Estado o a la intimidad de las personas.
Y ya que estamos en la arena comunicativa y finalizando la temporada de baños sería interesante también que los gijoneses pudiéramos leer a golpe de clic en que consiste el llamado “Proyecto de regeneración de la playa de San Lorenzo” y que se haga accesible en el ciberespacio toda la documentación relacionada con el citado proyecto y los datos del Programa de Vigilancia Ambiental correspondientes a la extracción de 24 millones de metros cúbicos de arena del fondo marino de la bahía gijonesa y su posible repercusión en las playas de Gijón. Queremos más información no vaya a ser que nos estén metiendo en arenas movedizas.
ADAFA denuncia la «indefensión» que sufren los enfermos de alzheimer
Lo que estaba previsto como el acto central del Día Mundial del Alzheimer se convirtió en un cruce de reproches entre la presidenta de la Asociación Democrática Asturiana de Familias con Alzheimer (ADAFA), Concha Mena, y el director de la Agencia Asturiana de Discapacidad, Luis Miguel Fernández, sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia y el retraso en el aporte de recursos a las asociaciones. El conflicto cobró tanto protagonismo entre los asistentes al salón de actos del centro municipal de El Llano que Luis Miguel Fernández señaló que «en vez del Día Mundial del Alzheimer parece que hoy -por ayer- se celebra el día de criticar a la Administración».
La primera en desatar la caja de los truenos fue Concha Mena, quien acusó a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda de «silencio administrativo» hacia la asociación que preside sobre un documento que entregó el pasado mes de marzo. Asimismo, la dirigente de ADAFA criticó el retraso en el pago de la subvención correspondiente a este ejercicio, hasta tal punto que «no tenemos liquidez para hacer frente a los gastos de los programas» dirigidos a los enfermos de alzheimer, quienes, a su juicio, se encuentran en una situación de «indefensión». Y Concha Mena añadió: «Las ayudas no llegan o, cuando lo hacen, es demasiado tarde».
No obstante, sí tuvo palabras de elogio y gratitud a la Fundación Municipal de Servicios Sociales al proporcionar a la asociación un nuevo local de mayores dimensiones.
Los familiares cuidadores de los enfermos de alzheimer también se añadieron a estas críticas de la presidenta de ADAFA. «Llevamos todo el año 2010 sin la ayuda a domicilio, tan necesario para muchas familias y sin ninguna otra actividad, lo que repercute muy negativamente en la calidad de vida de nuestros enfermos», subrayan, al tiempo que enfatizan que «a día de hoy aún no se realizaron las actividades por falta de medios económicos». En este sentido, recuerdan que «ADAFA, asociación que nos abrió horizontes con nuevas expectativas para nuestros enfermos de alzheimer, como entidad sin ánimo de lucro que es, no puede hacer frente a los gastos de los talleres que venía realizando».
De convenio a concurso
Mientras Concha Mena lanzaba estos reproches contra la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, el director de la Agencia Asturiana de Discapacidad permanecía perplejo en su asiento. Antes de su intervención, tomó la palabra la concejala de Servicios Sociales, Esperanza Fernández Puerta, quien realizó una primera defensa de la Administración y recordó las «dificultades» en estos tiempos de crisis.
Pero fue Luis Miguel Fernández quien defendió con más ahínco las políticas del Principado dirigidas a las personas discapacitadas, y adelantó que en 2011 «aumentará el número de plazas residenciales para personas mayores». Sobre las críticas vertidas por la presidenta de ADAFA, justificó el retraso en el pago de las subvenciones por el cambio en el procedimiento de asignación, pues una normativa europea obliga a convocar concursos públicos en lugar de convenios con entidades. No obstante, Luis Miguel Fernández aprovechó para lanzar un mensaje a los colectivos sociales: «Todavía no sabemos cuántas asociaciones se van a presentar a la convocatoria».
La primera en desatar la caja de los truenos fue Concha Mena, quien acusó a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda de «silencio administrativo» hacia la asociación que preside sobre un documento que entregó el pasado mes de marzo. Asimismo, la dirigente de ADAFA criticó el retraso en el pago de la subvención correspondiente a este ejercicio, hasta tal punto que «no tenemos liquidez para hacer frente a los gastos de los programas» dirigidos a los enfermos de alzheimer, quienes, a su juicio, se encuentran en una situación de «indefensión». Y Concha Mena añadió: «Las ayudas no llegan o, cuando lo hacen, es demasiado tarde».
No obstante, sí tuvo palabras de elogio y gratitud a la Fundación Municipal de Servicios Sociales al proporcionar a la asociación un nuevo local de mayores dimensiones.
Los familiares cuidadores de los enfermos de alzheimer también se añadieron a estas críticas de la presidenta de ADAFA. «Llevamos todo el año 2010 sin la ayuda a domicilio, tan necesario para muchas familias y sin ninguna otra actividad, lo que repercute muy negativamente en la calidad de vida de nuestros enfermos», subrayan, al tiempo que enfatizan que «a día de hoy aún no se realizaron las actividades por falta de medios económicos». En este sentido, recuerdan que «ADAFA, asociación que nos abrió horizontes con nuevas expectativas para nuestros enfermos de alzheimer, como entidad sin ánimo de lucro que es, no puede hacer frente a los gastos de los talleres que venía realizando».
De convenio a concurso
Mientras Concha Mena lanzaba estos reproches contra la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, el director de la Agencia Asturiana de Discapacidad permanecía perplejo en su asiento. Antes de su intervención, tomó la palabra la concejala de Servicios Sociales, Esperanza Fernández Puerta, quien realizó una primera defensa de la Administración y recordó las «dificultades» en estos tiempos de crisis.
Pero fue Luis Miguel Fernández quien defendió con más ahínco las políticas del Principado dirigidas a las personas discapacitadas, y adelantó que en 2011 «aumentará el número de plazas residenciales para personas mayores». Sobre las críticas vertidas por la presidenta de ADAFA, justificó el retraso en el pago de las subvenciones por el cambio en el procedimiento de asignación, pues una normativa europea obliga a convocar concursos públicos en lugar de convenios con entidades. No obstante, Luis Miguel Fernández aprovechó para lanzar un mensaje a los colectivos sociales: «Todavía no sabemos cuántas asociaciones se van a presentar a la convocatoria».
martes, 21 de septiembre de 2010
Comienzan los derribos en la Ería del Piles
La Jabonera ya es historia. El empresario hotelero Ricardo Tascón ha empezado a cumplir la orden del Ayuntamiento para adecentar y poner orden en los terrenos de la Ería del Piles afectados por el llamado PERI-11, un plan especial de reforma interior que lavará la cara de la fachada marítima gijonesa entre la terraza La Buena Vida y el Sanatorio Marítimo.
El plan de derribos acordado por Tascón con el Consistorio dio comienzo la pasada semana con la reducción a escombros de la antigua industria en el entorno de El Rinconín. Sólo ha quedado en pie el muro de la avenida José García Bernardo. La empresa Lugaru continuará esta misma semana la adecuación de solares en ese mismo ámbito con la demolición de las ruinas apuntaladas que quedaban de la sala de fiestas Rocamar.
El dueño de los hoteles Begoña y Begoña Park tiene en su mano, como propietario mayoritario, la llave para impulsar la regeneración urbanística prevista para esa zona en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO). Una polémica operación que plantea trasladar todos los negocios hosteleros y viviendas preexistentes en primera línea de playa para la construcción de un nuevo parque y dotaciones públicas.
La revisión del Plan General en fase de tramitación, además de la creación de una playa verde entre el Mayán de Tierra y el Marítimo, reserva una extensión de 25.000 metros cuadrados lindantes con la carretera de La Providencia para reagrupar los establecimientos hosteleros y con capacidad para unas 90 viviendas en media docena de bloques de tres pisos de altura.
El veterano empresario ha ido acrecentando su posición hegemónica en el PERI-11 hasta reunir en este momento 30.000 de los 78.403 metros cuadrados (más del 38%) en ese lugar tan emblemático de la ciudad. Ricardo Tascón aseguró ayer a EL COMERCIO que la transformación que persigue el Plan General «aún va a tardar». Principalmente, porque pronostica que los hosteleros y propietarios afectados por el desalojo que establece el plan especial no se vana quedar de brazos cruzados y «van a enviar un aluvión de alegaciones».
Él sigue insistiendo en que es el primer interesado en que «se desarrolle de una vez esa zona» de enorme potencialidad turística y urbanística. No en vano es propietario en el entorno de un hotel de cuatro estrellas y ya intentó en el pasado, en ese mismo espacio, promover un proyecto de complejo hotelero con balneario. Además de las fincas de La Jabonera y el Rocamar -adquirida en recientes fechas al Grupo Carbajosa- acumula otras parcelas como lo que fue el prado del merendero de La Florida y el del bar-merendero Aurora.
Rechazo hostelero unánime
Los negocios como El Faro del Piles, las Terrazas del Pery, el Bellavista y La Buena Vida han rechazado de plano ser trasladados y siguen en pie de guerra y dispuestos a poner el asunto en manos de abogados para armarse de razones jurídicas ante un eventual pleito judicial futuro. Las empresas afectadas han calificado las previsiones municipales de «aberración» y argumentan que precisamente lo que más valoran sus clientes de los establecimientos en el borde costero son las actuales vistas a la playa de San Lorenzo.
El concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, apela al diálogo con los propietarios afectados y asegura que en su nuevo emplazamiento más retrasado no habrá interferencia visual a la línea de costa. El edil además defiende que el plan especial está pensado y diseñado para que no se vean lesionados los intereses de la hostelería. De tal forma que el proceso de construcción de lo nuevo y la sustitución de lo preexistente se podría acometer, según Sanjurjo, sin que los establecimientos de restauración suspendieran en ningún momento su actividad ni pusieran en riesgo sus empleos.
Sea como fuere, el controvertido plan especial sólo puede prosperar a través de una junta de compensación. El mismo sistema que se ha aplicado en la vecina unidad de actuación 100, desgajada del PERI-11, para desarrollar un complejo de ocio y comercial. La junta de compensación es una figura urbanística que aglutina a los propietarios de suelo repartiendo cargas y beneficios. El socio mayoritario marca la pauta, ya que la participación siempre es en función de la aportación de terreno que se ha hecho.
Por otra parte, Astur Promotora prevé iniciar a lo largo de los próximos meses la urbanización exterior de su equipamiento comercial, que incluye un apartahotel acristalado de trece plantas más bajo y un aparcamiento subterráneo con capacidad para 450 vehículos.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100921/gijon/comienzan-derribos-eria-piles-20100921.html
El plan de derribos acordado por Tascón con el Consistorio dio comienzo la pasada semana con la reducción a escombros de la antigua industria en el entorno de El Rinconín. Sólo ha quedado en pie el muro de la avenida José García Bernardo. La empresa Lugaru continuará esta misma semana la adecuación de solares en ese mismo ámbito con la demolición de las ruinas apuntaladas que quedaban de la sala de fiestas Rocamar.
El dueño de los hoteles Begoña y Begoña Park tiene en su mano, como propietario mayoritario, la llave para impulsar la regeneración urbanística prevista para esa zona en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO). Una polémica operación que plantea trasladar todos los negocios hosteleros y viviendas preexistentes en primera línea de playa para la construcción de un nuevo parque y dotaciones públicas.
La revisión del Plan General en fase de tramitación, además de la creación de una playa verde entre el Mayán de Tierra y el Marítimo, reserva una extensión de 25.000 metros cuadrados lindantes con la carretera de La Providencia para reagrupar los establecimientos hosteleros y con capacidad para unas 90 viviendas en media docena de bloques de tres pisos de altura.
El veterano empresario ha ido acrecentando su posición hegemónica en el PERI-11 hasta reunir en este momento 30.000 de los 78.403 metros cuadrados (más del 38%) en ese lugar tan emblemático de la ciudad. Ricardo Tascón aseguró ayer a EL COMERCIO que la transformación que persigue el Plan General «aún va a tardar». Principalmente, porque pronostica que los hosteleros y propietarios afectados por el desalojo que establece el plan especial no se vana quedar de brazos cruzados y «van a enviar un aluvión de alegaciones».
Él sigue insistiendo en que es el primer interesado en que «se desarrolle de una vez esa zona» de enorme potencialidad turística y urbanística. No en vano es propietario en el entorno de un hotel de cuatro estrellas y ya intentó en el pasado, en ese mismo espacio, promover un proyecto de complejo hotelero con balneario. Además de las fincas de La Jabonera y el Rocamar -adquirida en recientes fechas al Grupo Carbajosa- acumula otras parcelas como lo que fue el prado del merendero de La Florida y el del bar-merendero Aurora.
Rechazo hostelero unánime
Los negocios como El Faro del Piles, las Terrazas del Pery, el Bellavista y La Buena Vida han rechazado de plano ser trasladados y siguen en pie de guerra y dispuestos a poner el asunto en manos de abogados para armarse de razones jurídicas ante un eventual pleito judicial futuro. Las empresas afectadas han calificado las previsiones municipales de «aberración» y argumentan que precisamente lo que más valoran sus clientes de los establecimientos en el borde costero son las actuales vistas a la playa de San Lorenzo.
El concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, apela al diálogo con los propietarios afectados y asegura que en su nuevo emplazamiento más retrasado no habrá interferencia visual a la línea de costa. El edil además defiende que el plan especial está pensado y diseñado para que no se vean lesionados los intereses de la hostelería. De tal forma que el proceso de construcción de lo nuevo y la sustitución de lo preexistente se podría acometer, según Sanjurjo, sin que los establecimientos de restauración suspendieran en ningún momento su actividad ni pusieran en riesgo sus empleos.
Sea como fuere, el controvertido plan especial sólo puede prosperar a través de una junta de compensación. El mismo sistema que se ha aplicado en la vecina unidad de actuación 100, desgajada del PERI-11, para desarrollar un complejo de ocio y comercial. La junta de compensación es una figura urbanística que aglutina a los propietarios de suelo repartiendo cargas y beneficios. El socio mayoritario marca la pauta, ya que la participación siempre es en función de la aportación de terreno que se ha hecho.
Por otra parte, Astur Promotora prevé iniciar a lo largo de los próximos meses la urbanización exterior de su equipamiento comercial, que incluye un apartahotel acristalado de trece plantas más bajo y un aparcamiento subterráneo con capacidad para 450 vehículos.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100921/gijon/comienzan-derribos-eria-piles-20100921.html
lunes, 20 de septiembre de 2010
Díez no secundará la huelga general
20/09/2010 00:00 / EFE Gijón
La portavoz del partido Unión Progreso y Democracia (UPYD), Rosa Diez, deslegitimó ayer a los sindicatos que han convocado una huelga general para el próximo 29 de septiembre al considerar que “han sido cómplices con las políticas que han llevado a esta situación” de crisis.
En unas declaraciones realizadas en Gijón, donde participó en una jornada de reflexión de su partido, Díez señaló que respeta la decisión adoptada por las organizaciones sindicales, pero precisó que ella no irá a la huelga, porque “ha sido convocada casi de oficio, fuera de tiempo y forma”.
La dirigente de UPYD aseguró que la huelga general ha sido una medida tomada “para justificarse ante sus afiliados”, porque “si de verdad querían incidir en algo la hubieran convocado antes” de que se aprobara la Ley de reforma del Mercado Laboral.
Rosa Díez piensa que los sindicatos hacen un llamamiento a la huelga porque “tenían que hacer algo”, pero “quienes la han convocado son también los mismos que han sido cómplices con las políticas que nos han llevado a esta situación” de crisis.
Díez también acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, de actuar con “irresponsabilidad” en política interior y exterior y ha condenado el pacto presupuestario con el PNV por considerar que “rompe la cohesión” de España.
http://www.lavozdeasturias.es/asturias/secundara-huelga-general_0_338966148.html
La portavoz del partido Unión Progreso y Democracia (UPYD), Rosa Diez, deslegitimó ayer a los sindicatos que han convocado una huelga general para el próximo 29 de septiembre al considerar que “han sido cómplices con las políticas que han llevado a esta situación” de crisis.
En unas declaraciones realizadas en Gijón, donde participó en una jornada de reflexión de su partido, Díez señaló que respeta la decisión adoptada por las organizaciones sindicales, pero precisó que ella no irá a la huelga, porque “ha sido convocada casi de oficio, fuera de tiempo y forma”.
La dirigente de UPYD aseguró que la huelga general ha sido una medida tomada “para justificarse ante sus afiliados”, porque “si de verdad querían incidir en algo la hubieran convocado antes” de que se aprobara la Ley de reforma del Mercado Laboral.
Rosa Díez piensa que los sindicatos hacen un llamamiento a la huelga porque “tenían que hacer algo”, pero “quienes la han convocado son también los mismos que han sido cómplices con las políticas que nos han llevado a esta situación” de crisis.
Díez también acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, de actuar con “irresponsabilidad” en política interior y exterior y ha condenado el pacto presupuestario con el PNV por considerar que “rompe la cohesión” de España.
http://www.lavozdeasturias.es/asturias/secundara-huelga-general_0_338966148.html
jueves, 16 de septiembre de 2010
UPyD aspira a lograr representación en la Junta
Las últimas elecciones europeas dejaron un buen sabor de boca a Unión, Progreso y Democracia (UPyD). En Asturias, logró 17.600 votos. El próximo año, en cambio, toca medirse con el resto de fuerzas políticas en los comicios regionales y locales y el partido fundado por Rosa Díez se muestra convencido de que logrará representación en el Parlamento autonómico. «El coste de un diputado es de entre 13.500 y 17.000 votos», explicó ayer el coordinador de la formación en Asturias, Humberto Rodríguez Solla, durante una rueda de prensa en Oviedo.
UPyD presentará lista a nivel regional, en las tres circunscripciones, y también en los cuatro principales ayuntamientos: Oviedo, Gijón, Avilés y Siero. Se ve con muchas posibilidades de lograr algún acta de concejal en las dos grandes urbes ya que, extrapolando los datos de los comicios europeos, logró más del 5% de los votos.
El partido, con 235 afiliados en la región, avanzó ayer que no presentará listas conjuntas con otras formaciones políticas. Tampoco elegirá a dedo a sus candidatos, sino que celebrará primarias. Los aspirantes no necesitarán avales o firmas, simplemente estar al corriente de los pagos. Incluso existe la «posibilidad teórica» de que haya candidatos independientes. En cuanto a la identidad de los aspirantes, el miembro del Consejo de Dirección de UPyD y responsable nacional de Acción Institucional, José Ignacio Prendes, reveló que ya hay personas interesadas pero que prefiere que sean ellos quienes den un paso al frente. En cualquier caso, todas las listas se votarán a finales de octubre.
En cuanto a su oferta de cara al votante, la formación adelantó que quiere sacar a Asturias del «eterno estatus quo» en el que los profesionales de la política «sin ambición nos han sumergido».
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100916/politica/upyd-aspira-lograr-representacion-20100916.html
UPyD presentará lista a nivel regional, en las tres circunscripciones, y también en los cuatro principales ayuntamientos: Oviedo, Gijón, Avilés y Siero. Se ve con muchas posibilidades de lograr algún acta de concejal en las dos grandes urbes ya que, extrapolando los datos de los comicios europeos, logró más del 5% de los votos.
El partido, con 235 afiliados en la región, avanzó ayer que no presentará listas conjuntas con otras formaciones políticas. Tampoco elegirá a dedo a sus candidatos, sino que celebrará primarias. Los aspirantes no necesitarán avales o firmas, simplemente estar al corriente de los pagos. Incluso existe la «posibilidad teórica» de que haya candidatos independientes. En cuanto a la identidad de los aspirantes, el miembro del Consejo de Dirección de UPyD y responsable nacional de Acción Institucional, José Ignacio Prendes, reveló que ya hay personas interesadas pero que prefiere que sean ellos quienes den un paso al frente. En cualquier caso, todas las listas se votarán a finales de octubre.
En cuanto a su oferta de cara al votante, la formación adelantó que quiere sacar a Asturias del «eterno estatus quo» en el que los profesionales de la política «sin ambición nos han sumergido».
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100916/politica/upyd-aspira-lograr-representacion-20100916.html
La cúpula de UPyD revisa en la Laboral los retos de las administraciones
Rosa Díez, diputada y portavoz de Unión Progreso y Democracia, cerrará el domingo las jornadas de debate y reflexión que desde el viernes llevará a cabo su formación política en la Laboral. Los encuentros, de carácter nacional, se centran este año en torno al funcionamiento de las distintas administraciones, y llevan por título «Las administraciones públicas: viejos problemas, nuevos retos». Especialistas y teóricos del derecho, la economía y la política impartirán diversas conferencias durante los tres días que duran las jornadas. Entre los invitados por UpD en Gijón estará el magistrado José Ramón Chaves, la catedrática de Derecho Administrativo Mercedes Fuertes, el catedrático de Hacienda Pública Javier Suárez Pandiello, el catedrático de Derecho Constitucional Ramón Punset, el catedrático emérito de Derecho Administrativo, Alejandro Nieto, y los máximos dirigentes de UPyD, Rosa Díez, Francisco Sosa Wagner -eurodiputado-; Gorka Maneiro, diputado en el Parlamento Vasco y Carlos Martínez Gorriarán, vicepresidente de la Fundación Progreso y Democracia.
«Corrupción, transparencia y democracia. El control de los ciudadanos sobre la política»; «Duplicidades, redundancias y excesos del sector público»; «La reforma de los gobiernos locales»; «España, un país en la encrucijada. Recentralizar o federalizar», o «¿Queda algo de lo público?», son algunas de las mesas de trabajo y debates que tendrán lugar a lo largo de las tres jornadas. Los organizadores ya tienen cerrado el cupo de asistentes con cerca de doscientas personas inscritas en las jornadas.
http://www.lne.es/gijon/2010/09/16/cupula-upyd-revisa-laboral-retos-administraciones/968350.html
«Corrupción, transparencia y democracia. El control de los ciudadanos sobre la política»; «Duplicidades, redundancias y excesos del sector público»; «La reforma de los gobiernos locales»; «España, un país en la encrucijada. Recentralizar o federalizar», o «¿Queda algo de lo público?», son algunas de las mesas de trabajo y debates que tendrán lugar a lo largo de las tres jornadas. Los organizadores ya tienen cerrado el cupo de asistentes con cerca de doscientas personas inscritas en las jornadas.
http://www.lne.es/gijon/2010/09/16/cupula-upyd-revisa-laboral-retos-administraciones/968350.html
UPyD apuesta por el centro de Asturias
Oviedo, J. A. ARDURA
El partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD) tiene un objetivo claro y definido en las próximas elecciones autonómicas y locales: el centro de Asturias. El partido fundado por Rosa Díez presentará listas en la Junta General y en sólo cuatro ayuntamientos de la región, los que cuentan con mayor número de votantes: Oviedo, Gijón, Avilés y Siero.
Humberto Rodríguez Solla, coordinador territorial de UPyD, confirmó ayer que el consejo político de la organización, que en Asturias cuenta con 235 afiliados, ha descartado presencias electorales masivas en los comicios municipales y autonómicos de 2011. El partido concurrirá a las elecciones al Principado con listas en las tres circunscripciones, centro, Occidente y Oriente, y en los ayuntamientos de Oviedo, Gijón, Avilés y Siero.
La apuesta de UPyD por la zona centro de Asturias es evidente. Nacho Prendes, miembro del consejo político del partido, afirmó ayer que el perfil de sus votantes, tras la experiencia de las elecciones europeas de 2009, se corresponde con el de una persona joven, urbana y con un espíritu crítico. Por su parte, Solla avanzó que el objetivo del partido es entrar en el Parlamento asturiano, donde calcula que harán falta entre 13.500 y 16.000 votos en la circunscripción central. UPyD logró en las elecciones europeas, que suelen registrar unos índices de participación más bajos que unas elecciones autonómicas, 16.141 votos en la citada circunscripción. Y consiguió el 5 por ciento de los votos en Oviedo y Gijón, quedando a las puertas de ese porcentaje, que supondría entrar en los consistorios, en Avilés y Siero.
Y si consigue entrar en la Junta General o en los ayuntamientos, no tiene «apriorismos» para pactar con un partido o con otro, aunque en principio ya advierte de que no quiere formar parte de esos gobiernos.
Humberto Rodríguez Solla también avanzó ayer las fechas para la celebración de las elecciones primarias, a las que concurrirán afiliados de la organización en Asturias. «Los órganos del partido no impulsarán ninguna candidatura», aseguró Solla. Las fechas de las primarias serán: en Gijón, el 22 de octubre; para las autonómicas, el 23 de octubre; en Oviedo y Siero, el 29 de octubre, y en Avilés, el 30.
http://www.lne.es/asturias/2010/09/16/upyd-apuesta-centro-asturias/968451.html
El partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD) tiene un objetivo claro y definido en las próximas elecciones autonómicas y locales: el centro de Asturias. El partido fundado por Rosa Díez presentará listas en la Junta General y en sólo cuatro ayuntamientos de la región, los que cuentan con mayor número de votantes: Oviedo, Gijón, Avilés y Siero.
Humberto Rodríguez Solla, coordinador territorial de UPyD, confirmó ayer que el consejo político de la organización, que en Asturias cuenta con 235 afiliados, ha descartado presencias electorales masivas en los comicios municipales y autonómicos de 2011. El partido concurrirá a las elecciones al Principado con listas en las tres circunscripciones, centro, Occidente y Oriente, y en los ayuntamientos de Oviedo, Gijón, Avilés y Siero.
La apuesta de UPyD por la zona centro de Asturias es evidente. Nacho Prendes, miembro del consejo político del partido, afirmó ayer que el perfil de sus votantes, tras la experiencia de las elecciones europeas de 2009, se corresponde con el de una persona joven, urbana y con un espíritu crítico. Por su parte, Solla avanzó que el objetivo del partido es entrar en el Parlamento asturiano, donde calcula que harán falta entre 13.500 y 16.000 votos en la circunscripción central. UPyD logró en las elecciones europeas, que suelen registrar unos índices de participación más bajos que unas elecciones autonómicas, 16.141 votos en la citada circunscripción. Y consiguió el 5 por ciento de los votos en Oviedo y Gijón, quedando a las puertas de ese porcentaje, que supondría entrar en los consistorios, en Avilés y Siero.
Y si consigue entrar en la Junta General o en los ayuntamientos, no tiene «apriorismos» para pactar con un partido o con otro, aunque en principio ya advierte de que no quiere formar parte de esos gobiernos.
Humberto Rodríguez Solla también avanzó ayer las fechas para la celebración de las elecciones primarias, a las que concurrirán afiliados de la organización en Asturias. «Los órganos del partido no impulsarán ninguna candidatura», aseguró Solla. Las fechas de las primarias serán: en Gijón, el 22 de octubre; para las autonómicas, el 23 de octubre; en Oviedo y Siero, el 29 de octubre, y en Avilés, el 30.
http://www.lne.es/asturias/2010/09/16/upyd-apuesta-centro-asturias/968451.html
domingo, 12 de septiembre de 2010
Parados y formación
12.09.2010 - FLORENTINO FELGUEROSODIRECTOR DE LA CÁTEDRA DE CAPITAL HUMANO Y EMPLEO DE FEDEA
Una de las medidas más discutidas durante la tramitación de la reforma laboral ha sido el recorte del período de desempleo en que nuestros parados pueden rechazar participar en un curso de formación sin ser penalizados. Se ha pasado de 100 a 30 días. Esta medida ha generado una fuerte polémica.
Para unos es una medida necesaria. Si los parados no encuentran empleo es porque les falta formación y no deberían esperar más tiempo sin adquirirla. Además, los parados no se pueden desenganchar de la actividad laboral. La duración del desempleo es un estigma que dificulta la salida del mismo y nada mejor que un buen curso de formación para salir adelante.
Para otros, supone poner el foco sobre los desempleados, echarles la culpa de su situación laboral, ya de por sí desesperante. La percepción de la prestación por desempleo es un derecho por el cual se ha contribuido y cada uno es responsable de su propio reciclaje; no debería obligarse a participar en cursos de formación. Además, se trataría de otra estrategia del Gobierno para maquillar aritméticamente el número de parados, que dejarían de contabilizarse como tales, sin que por ello hayan salido realmente de la situación de desempleo, ni hayan dejado de desear encontrar un empleo.
Evaluar una medida de este tipo supone responder al menos a tres preguntas.
La primera: ¿Mejora la formación ocupacional realmente las perspectivas laborales de los parados? ¿Salen más pronto y en mejores condiciones (por ejemplo, consiguen mejores contratos, un mayor salario)?
En segundo lugar: aunque la formación ocupacional no ayudara a salir del desempleo, ¿podría tener otros efectos positivos, como mejorar la autoestima, ampliar el abanico de empleos a los que se tiene acceso, y, en definitiva, reducir la probabilidad de desenganche laboral?
Y, finalmente, ¿es cierto que percibir una prestación por desempleo hace que los parados, no sólo no busquen activamente, sino que cuanto más tiempo pase desde su última experiencia laboral, mayor depreciación de su capital humano y más difícil salir del desempleo?
Quien espere una respuesta afirmativa estas tres preguntas, cabe responderle que difícilmente se pueden hacer aseveraciones de este tipo sin evidencia empírica. Para cada una tendría una contrapartida. Por ejemplo, tener un currículum con una sucesión de certificados de formación ocupacional también podría constituir un estigma, en función de cómo los valore el mercado. Por otra parte, las políticas activas de empleo, y, en especial, los cursos de formación ocupacional, también pueden tener efectos negativos sobre la oferta. Se deposita la confianza en el sistema y se reduce la intensidad de la búsqueda de empleo, aumentando la duración del paro. Finalmente, con los tiempos que corren para la caja pública, también se debería comprobar si resulta más eficiente centrar la atención en los parados de corta o larga duración, y sobre cómo afecta la duración del paro a la productividad.
A la hora de evaluar estas cuestiones en España, analizar de qué estudios disponemos, nos encontramos con muy poca evidencia empírica. Sí que existen estudios sobre los efectos de las prestaciones sobre la duración del paro. Suelen decirnos que aquellos parados con prestaciones tardan más en salir del paro.
Pero, poco, muy poco sabemos sobre los efectos de la formación ocupacional. ¿La razón? La ausencia de datos, en parte originada por nuestra grave falta de cultura evaluadora, no sólo de las políticas de empleo, sino también de las políticas económicas en general. Evaluarlas, también supone evaluar a las administraciones que las han promovido y gestionado; de ahí sus reticencias a ceder datos. Sobre formación a parados o a empleados, prácticamente no dispondríamos de ningún dato, y menos reciente. Por las encuestas disponibles, sin embargo, sí podemos llegar a algunas conclusiones sobre la formación que adquieren nuestros parados.
1) En comparación con la mayoría de países de la UE-15, la proporción de parados que adquieren formación no reglada (por ejemplo, la que ofrecen los Servicios Públicos de Empleo) es muy pequeña. Estamos en el furgón de cola, con nuestros vecinos mediterráneos.
2) También sabemos que el gasto en formación por parado es ridículo cuando lo comparamos con países como Francia o Alemania. Preferimos gastar nuestro dinero en subvenciones al empleo, para las que sí tenemos evidencia de que ni crean empleo y menos de calidad. Sabemos, también, que
3) la proporción de desempleados formados durante la crisis ha caído, aunque haya ahora más necesidad de reciclaje y también más tiempo disponible para la formación debido al paro de larga duración;
4) que aquellos parados con más necesidades de formación, los que tienen menor nivel educativo, prácticamente no se forman, y todo lo contrario con nuestros parados universitarios.
5) que la formación ocupacional cae dramáticamente con la edad, no pudiendo pues aliviar ni los problemas de reinserción laboral de quienes más se hayan podido depreciar a lo largo de la vida laboral ni la bolsa de desempleados de edad laboral avanzada. Y, finalmente,
6) que aquellas comunidades autónomas con mayor tasa de paro, también forman proporcionalmente menos a sus parados.
En definitiva, creo que la medida incorporada a la reforma laboral de recortar el período de paro para aceptar una oferta de formación ha levantado demasiada polvareda. Si nuestros gestores siguen creyendo (y así lo deberían hacer en mi opinión), que la formación ocupacional puede ser un instrumento potente para salir de esta crisis con buen pie, mejor no esconder el polvo debajo de la alfombra. Habrá que inyectar probablemente más recursos al sistema y sobre todo replantear los colectivos que se han de priorizar. Pero antes, más transparencia, por favor. Liberen los datos y evaluemos el sistema, intentemos mejorar su gestión.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100912/opinionarticulos/parados-formacion-20100912.html
Una de las medidas más discutidas durante la tramitación de la reforma laboral ha sido el recorte del período de desempleo en que nuestros parados pueden rechazar participar en un curso de formación sin ser penalizados. Se ha pasado de 100 a 30 días. Esta medida ha generado una fuerte polémica.
Para unos es una medida necesaria. Si los parados no encuentran empleo es porque les falta formación y no deberían esperar más tiempo sin adquirirla. Además, los parados no se pueden desenganchar de la actividad laboral. La duración del desempleo es un estigma que dificulta la salida del mismo y nada mejor que un buen curso de formación para salir adelante.
Para otros, supone poner el foco sobre los desempleados, echarles la culpa de su situación laboral, ya de por sí desesperante. La percepción de la prestación por desempleo es un derecho por el cual se ha contribuido y cada uno es responsable de su propio reciclaje; no debería obligarse a participar en cursos de formación. Además, se trataría de otra estrategia del Gobierno para maquillar aritméticamente el número de parados, que dejarían de contabilizarse como tales, sin que por ello hayan salido realmente de la situación de desempleo, ni hayan dejado de desear encontrar un empleo.
Evaluar una medida de este tipo supone responder al menos a tres preguntas.
La primera: ¿Mejora la formación ocupacional realmente las perspectivas laborales de los parados? ¿Salen más pronto y en mejores condiciones (por ejemplo, consiguen mejores contratos, un mayor salario)?
En segundo lugar: aunque la formación ocupacional no ayudara a salir del desempleo, ¿podría tener otros efectos positivos, como mejorar la autoestima, ampliar el abanico de empleos a los que se tiene acceso, y, en definitiva, reducir la probabilidad de desenganche laboral?
Y, finalmente, ¿es cierto que percibir una prestación por desempleo hace que los parados, no sólo no busquen activamente, sino que cuanto más tiempo pase desde su última experiencia laboral, mayor depreciación de su capital humano y más difícil salir del desempleo?
Quien espere una respuesta afirmativa estas tres preguntas, cabe responderle que difícilmente se pueden hacer aseveraciones de este tipo sin evidencia empírica. Para cada una tendría una contrapartida. Por ejemplo, tener un currículum con una sucesión de certificados de formación ocupacional también podría constituir un estigma, en función de cómo los valore el mercado. Por otra parte, las políticas activas de empleo, y, en especial, los cursos de formación ocupacional, también pueden tener efectos negativos sobre la oferta. Se deposita la confianza en el sistema y se reduce la intensidad de la búsqueda de empleo, aumentando la duración del paro. Finalmente, con los tiempos que corren para la caja pública, también se debería comprobar si resulta más eficiente centrar la atención en los parados de corta o larga duración, y sobre cómo afecta la duración del paro a la productividad.
A la hora de evaluar estas cuestiones en España, analizar de qué estudios disponemos, nos encontramos con muy poca evidencia empírica. Sí que existen estudios sobre los efectos de las prestaciones sobre la duración del paro. Suelen decirnos que aquellos parados con prestaciones tardan más en salir del paro.
Pero, poco, muy poco sabemos sobre los efectos de la formación ocupacional. ¿La razón? La ausencia de datos, en parte originada por nuestra grave falta de cultura evaluadora, no sólo de las políticas de empleo, sino también de las políticas económicas en general. Evaluarlas, también supone evaluar a las administraciones que las han promovido y gestionado; de ahí sus reticencias a ceder datos. Sobre formación a parados o a empleados, prácticamente no dispondríamos de ningún dato, y menos reciente. Por las encuestas disponibles, sin embargo, sí podemos llegar a algunas conclusiones sobre la formación que adquieren nuestros parados.
1) En comparación con la mayoría de países de la UE-15, la proporción de parados que adquieren formación no reglada (por ejemplo, la que ofrecen los Servicios Públicos de Empleo) es muy pequeña. Estamos en el furgón de cola, con nuestros vecinos mediterráneos.
2) También sabemos que el gasto en formación por parado es ridículo cuando lo comparamos con países como Francia o Alemania. Preferimos gastar nuestro dinero en subvenciones al empleo, para las que sí tenemos evidencia de que ni crean empleo y menos de calidad. Sabemos, también, que
3) la proporción de desempleados formados durante la crisis ha caído, aunque haya ahora más necesidad de reciclaje y también más tiempo disponible para la formación debido al paro de larga duración;
4) que aquellos parados con más necesidades de formación, los que tienen menor nivel educativo, prácticamente no se forman, y todo lo contrario con nuestros parados universitarios.
5) que la formación ocupacional cae dramáticamente con la edad, no pudiendo pues aliviar ni los problemas de reinserción laboral de quienes más se hayan podido depreciar a lo largo de la vida laboral ni la bolsa de desempleados de edad laboral avanzada. Y, finalmente,
6) que aquellas comunidades autónomas con mayor tasa de paro, también forman proporcionalmente menos a sus parados.
En definitiva, creo que la medida incorporada a la reforma laboral de recortar el período de paro para aceptar una oferta de formación ha levantado demasiada polvareda. Si nuestros gestores siguen creyendo (y así lo deberían hacer en mi opinión), que la formación ocupacional puede ser un instrumento potente para salir de esta crisis con buen pie, mejor no esconder el polvo debajo de la alfombra. Habrá que inyectar probablemente más recursos al sistema y sobre todo replantear los colectivos que se han de priorizar. Pero antes, más transparencia, por favor. Liberen los datos y evaluemos el sistema, intentemos mejorar su gestión.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100912/opinionarticulos/parados-formacion-20100912.html
sábado, 11 de septiembre de 2010
Rosa Díez clausurará unas jornadas de debate de UPyD el domingo 19 en Gijón
La presidenta de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, clausurará el domingo 19 de septiembre en Gijón la tercera edición de las Jornadas de Debate y Reflexión que su partido organiza.
El encuentro, con el tema "Las administraciones públicas: viejos problemas y nuevos retos", tendrá lugar en la Laboral los días 17, 18 y 19 de septiembre, según ha informado el partido a través de un comunicado.
La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ministerio de Educación y el Fondo Social Europeo, someterá a debate la corrupción del sector público, las reformas de lo gobiernos locales o el Estado federal.
Las jornadas contarán con la presencia del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias José Ramón Chaves; la catedrática de derecho administrativo de la Universidad de León Mercedes Fuertes y el catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Oviedo Ramón Punset Blanco, entre otros.
http://www.elcomerciodigital.com/20100910/asturias/gijon/rosa-diez-clausurara-unas-201009102014.html
El encuentro, con el tema "Las administraciones públicas: viejos problemas y nuevos retos", tendrá lugar en la Laboral los días 17, 18 y 19 de septiembre, según ha informado el partido a través de un comunicado.
La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ministerio de Educación y el Fondo Social Europeo, someterá a debate la corrupción del sector público, las reformas de lo gobiernos locales o el Estado federal.
Las jornadas contarán con la presencia del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias José Ramón Chaves; la catedrática de derecho administrativo de la Universidad de León Mercedes Fuertes y el catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Oviedo Ramón Punset Blanco, entre otros.
http://www.elcomerciodigital.com/20100910/asturias/gijon/rosa-diez-clausurara-unas-201009102014.html
Los vecinos de Perlora piden un mayor desarrollo de Perán en las alegaciones al PGOU
Los vecinos de Perlora piden un mayor desarrollo del área urbana de Perán dentro del paquete de alegaciones colectivas que han formulado al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El colectivo reclama al equipo de gobierno un impulso de la zona con el fin de que, en el futuro, pueda disponder de equipamientos sociales, culturales, comerciales y hoteleros, entre otros.
Dentro de las alegaciones, también proponen el mantenimiento y la mejora de las zonas de protección existentes en las zonas mineras, como la cantera de Perecil. Otra de sus reclamaciones es que se respete el actual entramado viario de la parroquia y se apliquen las directrices europeas en lo que se refiere al ancho de las vías, tanto para el tráfico rodado como para el uso peatonal, en las futuras zonas residenciales. Otras alegaciones hacen referencia al mantenimiento del suelo urbano de la cantera de Moreda, tal y como esta clasificada en la actualidad.
El colectivo vecinal pide, igualmente, compensaciones a los propietarios de la zona urbana que vienen pagando impuestos desde 1997 sin posibilidad alguna de construir en sus fincas. Y recuerdan que el Ayuntamiento se comprometió a renunciar al 10% de la cesión de suelo que atañe a los futuros proyectos.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100911/gozon-carreno/vecinos-perlora-piden-mayor-20100911.html
Dentro de las alegaciones, también proponen el mantenimiento y la mejora de las zonas de protección existentes en las zonas mineras, como la cantera de Perecil. Otra de sus reclamaciones es que se respete el actual entramado viario de la parroquia y se apliquen las directrices europeas en lo que se refiere al ancho de las vías, tanto para el tráfico rodado como para el uso peatonal, en las futuras zonas residenciales. Otras alegaciones hacen referencia al mantenimiento del suelo urbano de la cantera de Moreda, tal y como esta clasificada en la actualidad.
El colectivo vecinal pide, igualmente, compensaciones a los propietarios de la zona urbana que vienen pagando impuestos desde 1997 sin posibilidad alguna de construir en sus fincas. Y recuerdan que el Ayuntamiento se comprometió a renunciar al 10% de la cesión de suelo que atañe a los futuros proyectos.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100911/gozon-carreno/vecinos-perlora-piden-mayor-20100911.html
viernes, 10 de septiembre de 2010
UPyD-Gijón exige la intervención municipal en el molino de la Coría
10 de septiembre de 2010
UPyD quiere mostrar su preocupación ante el grave deterioro, y el consecuente impacto que origina en el entorno, en el que se encuentra el molino de la Coría de Ceares.
En el proyecto de la Confederación Hidrográfica sobre "La restauración del cauce y márgenes del rio Piles aguas arriba de la glorieta de la Guía" incluía la restauración de varios molinos pero este ha quedadao fuera a pesar de que forma parte destacada del parque. En la actualidad el molino se encuentra en ruinas, con los canales de sus aguas estancadas y lleno de basura presentando un aspecto lamentable.
Sería muy importante acometer su reforma ya que es un elemento destacable del patrimonio histórico de Gijón relacionado cobn la cultura del agua o al menos que se haga cumplir a los propietarios la normativa municipal sobre la acumulación de basuras en propiedades privadas.
Los grandes ayuntamientos asturianos podrán solicitar créditos en 2011
La decisión del Ministerio de Economía de permitir que los ayuntamientos con unas arcas más saneadas puedan recurrir al crédito en 2011, revocando su prohibición anterior, supondrá un respiro para la gran mayoría de los consistorios asturianos. La situación de sus finanzas es, por lo general, bastante satisfactoria, y en el caso de los grandes municipios, en todos los casos cumplen el requisito fijado por el Gobierno de que su endeudamiento no supere el 75% de sus ingresos corrientes. Por lo tanto, Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres o Siero tendrán el año que viene un mayor margen de maniobra.
Los datos de la liquidación de 2009 revelan que estos ayuntamientos soportan una deuda inferior al límite fijado por Economía para poder recurrir a créditos el próximo ejercicio. En el caso de Gijón, el endeudamiento se sitúa en el 65% de los ingresos. En Avilés está en el 48% -en el 34,7% si se incluyen los ingresos extraordinarios derivados del cambio de gestión del servicio del agua- y en Siero se mueve entre el 62% y el 64%. Castrillón también presenta un porcentaje contenido, en el entorno del 40%.
Hay dos casos que presentan ciertas peculiaridades. Uno es Oviedo, cuyo endeudamiento alcanza el 74% de sus ingresos corrientes, casi al límite del 75% del tope establecido por Economía. El segundo es Mieres, donde rondaría entre el 75% y el 80%. El hecho de superar ese máximo marcado por el Gobierno no inquieta al Consistorio que dirige Luis María García, que ve asumible amortizar parte de su deuda antes de que finalice el actual ejercicio para, en caso de ser necesario, estar en disposición de acudir al crédito en 2011.
Teniendo en cuenta que, según los últimos datos disponibles, muchos ayuntamientos asturianos no tienen deuda, y que muchos otros soportan una carga mínima, se puede concluir que la gran mayoría podrán solicitar créditos el año que viene si así lo consideran conveniente. Este nuevo escenario es considerado «satisfactorio» por la Federación Asturiana de Concejos (FACC) que preside Juan Fernández Pereiro, mientras que el responsable de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, habla de «respiro» para el mundo local.
Ayer se produjeron numerosas reacciones por parte de los principales afectados inicialmente por el recorte y ahora beneficiados por la rectificación, es decir, los alcaldes. La de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, aplaudió el cambio de tercio del ministerio porque «no se podía dar un trato igual para situaciones desiguales». Según Felgueroso, la medida será «importante» para asegurar proyectos que cuentan con más de una anualidad, caso de la avenida de Castilla, si bien matizó que Gijón, teniendo en cuenta el descenso en los ingresos previsto, será «muy cuidadoso» a la hora de endeudarse en mayor medida.
También Alberto Tirador, alcalde de Illas y secretario de Política Municipal de IU, se confiesa satisfecho, considerando que la actitud inicial del Ejecutivo central «no tenía criterio ni lógica alguna». En su opinión, restringir al cien por cien las posibilidades de endeudamiento llevaría a que incluso los ayuntamientos más saneados «tuvieran que dejar obras sin concluir, con la repercusión que eso tiene para el empleo», al carecer de dinero líquido para pagarlas.
La polémica por las idas y venidas del Ministerio de Economía sigue trayendo cola. El PP orientó ayer sus baterías contra la responsable del departamento, Elena Salgado, a la que acusó de tomar la decisión por «intereses electorales». Los populares consideran curioso que el límite fijado impida que dos de sus ayuntamientos 'estrella', Madrid y Valencia, puedan pedir créditos el año que viene. El Gobierno, por boca de la vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega, negó esa interpretación y dijo que el cambio de criterio responde a una mejora de la situación económica.
Por otro lado, el presidente de Andalucía, José Antonio Griñán, pidió al Ejecutivo que extienda esa flexibilización en la política de endeudamiento a las comunidades autónomas, también afectadas por la caída de ingresos. «No puede tratarse igual a una región con un déficit inferior a la media que a otra que está más endeudada», opinó.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100910/politica/grandes-ayuntamientos-asturianos-podran-20100910.html
Los datos de la liquidación de 2009 revelan que estos ayuntamientos soportan una deuda inferior al límite fijado por Economía para poder recurrir a créditos el próximo ejercicio. En el caso de Gijón, el endeudamiento se sitúa en el 65% de los ingresos. En Avilés está en el 48% -en el 34,7% si se incluyen los ingresos extraordinarios derivados del cambio de gestión del servicio del agua- y en Siero se mueve entre el 62% y el 64%. Castrillón también presenta un porcentaje contenido, en el entorno del 40%.
Hay dos casos que presentan ciertas peculiaridades. Uno es Oviedo, cuyo endeudamiento alcanza el 74% de sus ingresos corrientes, casi al límite del 75% del tope establecido por Economía. El segundo es Mieres, donde rondaría entre el 75% y el 80%. El hecho de superar ese máximo marcado por el Gobierno no inquieta al Consistorio que dirige Luis María García, que ve asumible amortizar parte de su deuda antes de que finalice el actual ejercicio para, en caso de ser necesario, estar en disposición de acudir al crédito en 2011.
Teniendo en cuenta que, según los últimos datos disponibles, muchos ayuntamientos asturianos no tienen deuda, y que muchos otros soportan una carga mínima, se puede concluir que la gran mayoría podrán solicitar créditos el año que viene si así lo consideran conveniente. Este nuevo escenario es considerado «satisfactorio» por la Federación Asturiana de Concejos (FACC) que preside Juan Fernández Pereiro, mientras que el responsable de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, habla de «respiro» para el mundo local.
Ayer se produjeron numerosas reacciones por parte de los principales afectados inicialmente por el recorte y ahora beneficiados por la rectificación, es decir, los alcaldes. La de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, aplaudió el cambio de tercio del ministerio porque «no se podía dar un trato igual para situaciones desiguales». Según Felgueroso, la medida será «importante» para asegurar proyectos que cuentan con más de una anualidad, caso de la avenida de Castilla, si bien matizó que Gijón, teniendo en cuenta el descenso en los ingresos previsto, será «muy cuidadoso» a la hora de endeudarse en mayor medida.
También Alberto Tirador, alcalde de Illas y secretario de Política Municipal de IU, se confiesa satisfecho, considerando que la actitud inicial del Ejecutivo central «no tenía criterio ni lógica alguna». En su opinión, restringir al cien por cien las posibilidades de endeudamiento llevaría a que incluso los ayuntamientos más saneados «tuvieran que dejar obras sin concluir, con la repercusión que eso tiene para el empleo», al carecer de dinero líquido para pagarlas.
La polémica por las idas y venidas del Ministerio de Economía sigue trayendo cola. El PP orientó ayer sus baterías contra la responsable del departamento, Elena Salgado, a la que acusó de tomar la decisión por «intereses electorales». Los populares consideran curioso que el límite fijado impida que dos de sus ayuntamientos 'estrella', Madrid y Valencia, puedan pedir créditos el año que viene. El Gobierno, por boca de la vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega, negó esa interpretación y dijo que el cambio de criterio responde a una mejora de la situación económica.
Por otro lado, el presidente de Andalucía, José Antonio Griñán, pidió al Ejecutivo que extienda esa flexibilización en la política de endeudamiento a las comunidades autónomas, también afectadas por la caída de ingresos. «No puede tratarse igual a una región con un déficit inferior a la media que a otra que está más endeudada», opinó.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100910/politica/grandes-ayuntamientos-asturianos-podran-20100910.html
Los vecinos piden reducir la edificabilidad del plan de la avenida Príncipe de Asturias
Los vecinos del polígono de Pumarín no quieren que se «macicen» de edificios los bordes de la avenida Príncipe de Asturias. El plan diseñado para el entorno de esta gran arteria vial no satisface a los lugareños, y así se lo hicieron saber al concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, durante la reunión con los representantes del distrito Sur, en el que fue el último encuentro monográfico sobre el Plan General de Ordenación (PGO).
La reordenación de los bordes de las avenidas Príncipe de Asturias y Sanz Crespo permitirá liberar una superficie total de 400.000 metros cuadrados, donde podrían llegar a construirse 800 viviendas, un número excesivo, a juicio de Luis Lozano, presidente de la Asociación de Vecinos «Evaristo San Miguel», del polígono de Pumarín. La intervención, no obstante, no será posible hasta que se construyan los nuevos accesos a El Musel. La transformación de la que será la «nueva diagonal» de Gijón, en palabras del concejal de Urbanismo, incluye también la ordenación de las zonas industriales más próximas. «Se trata de convertir en ciudad los bordes de la "Y"», subrayó Sanjurjo.
En el capítulo de infraestructuras el gobierno local priorizará la conexión subterránea entre el barrio de Montevil y el área residencial de Roces, presupuestada en 9 millones de euros. Con la llegada de nuevos residentes a Roces Sanjurjo considera «lógico» que una de las primeras actuaciones para futuras corporaciones sea esta obra.
Además, la inquietud vecinal por la excesiva volumetría de las dos torres proyectadas en los aledaños de la estación provisional de Sanz Crespo se ha visto frenada con la eliminación de las fichas del PGO de uno de esos bloques y la conversión del segundo en viviendas protegidas, una decisión que ayer aplaudieron algunos de los presentes en la reunión. «Es bueno que se hayan tenido en cuenta nuestros plantemientos», subrayaron los vecinos.
http://www.lne.es/gijon/2010/09/10/vecinos-piden-reducir-edificabilidad-plan-avenida-principe-asturias/965727.html
La reordenación de los bordes de las avenidas Príncipe de Asturias y Sanz Crespo permitirá liberar una superficie total de 400.000 metros cuadrados, donde podrían llegar a construirse 800 viviendas, un número excesivo, a juicio de Luis Lozano, presidente de la Asociación de Vecinos «Evaristo San Miguel», del polígono de Pumarín. La intervención, no obstante, no será posible hasta que se construyan los nuevos accesos a El Musel. La transformación de la que será la «nueva diagonal» de Gijón, en palabras del concejal de Urbanismo, incluye también la ordenación de las zonas industriales más próximas. «Se trata de convertir en ciudad los bordes de la "Y"», subrayó Sanjurjo.
En el capítulo de infraestructuras el gobierno local priorizará la conexión subterránea entre el barrio de Montevil y el área residencial de Roces, presupuestada en 9 millones de euros. Con la llegada de nuevos residentes a Roces Sanjurjo considera «lógico» que una de las primeras actuaciones para futuras corporaciones sea esta obra.
Además, la inquietud vecinal por la excesiva volumetría de las dos torres proyectadas en los aledaños de la estación provisional de Sanz Crespo se ha visto frenada con la eliminación de las fichas del PGO de uno de esos bloques y la conversión del segundo en viviendas protegidas, una decisión que ayer aplaudieron algunos de los presentes en la reunión. «Es bueno que se hayan tenido en cuenta nuestros plantemientos», subrayaron los vecinos.
http://www.lne.es/gijon/2010/09/10/vecinos-piden-reducir-edificabilidad-plan-avenida-principe-asturias/965727.html
La EMA llega a todo el concejo
En 2005, Gijón tenía 898 kilómetros de tuberías para llevar el agua a todos los puntos del concejo. Ahora mismo son ya 1.065 kilómetros y, con esa longitud, la Empresa Municipal de Aguas (EMA) abastece a todo el concejo. Prácticamente el único punto que queda por incorporarse a la red son los lugares de Cenero donde se están llevando a cabo las obras en estos momentos. El concejo estará, a partir de ahí, servido por la empresa municipal. Eso no significa que no queden aún cooperativas vecinales en el concejo. Las hay aún, por ejemplo, en Deva y en Somió, que funcionan de forma paralela a la EMA.
Un poco por detrás va la red de saneamiento, aunque también suma ya 913 kilómetros. Quedan pendientes las zonas altas del concejo donde es especialmente complejo, y caro, llevar las tuberías. En cualquier caso, una y otra red sumaron durante el año pasado 63 kilómetros, lo que supone que cada día se instalaron 245 metros nuevos. Con todo, las redes de abastecimiento y saneamiento de Gijón tienen una edad media de 13 años y medio. Son estos algunos de los datos que se incluyen en la memoria de 2009 de la EMA, trabajo que se concibe como una memoria de responsabilidad social empresarial y que cuenta con varios indicadores de calidad. Ayer fue presentada por la concejala de Medio Ambiente y presidenta de la empresa, Dulce Gallego, y el gerente Luis Alemany.
Ambos hicieron recuento de todo lo realizado durante el pasado ejercicio. Entre otras cosas, la reducción de la cantidad de agua que fue necesaria captar. En total, 26,5 millones de metros cúbicos, lo que supone un ligero descenso respecto al año anterior. La mayor parte de esta cantidad, algo más de 16 millones de metros cúbicos, fue para el uso doméstico, a repartir entre los 48.800 abonados de la EMA. En 2009 los gijoneses consumimos 156,95 litros por habitante y día, cuando en 2007 eran 170. Aún así, Dulce Gallego insistió en el reto que lanzó unos meses atrás: alcanzar los 140 litros por habitante y día. «Sé que es un reto alto, pero los retos hay que lanzarlos así». En este sentido, los responsables de la empresa de aguas abogan por la instalación de contadores individuales que facilitan el control del consumo en cada domicilio.
Del total de agua captada, la EMA trató algo más de 14 millones de metros cúbicos. La mayor parte del agua que consumimos en Gijón es comprada a Cadasa y ya viene tratada.
2.701 análisis
Además, se hicieron 2.701 análisis para comprobar la calidad del agua, análisis para los que la EMA busca también un sello de calidad. Durante 2009, además, la empresa invirtió algo más de 7 millones de euros en distintas obras, entre ellas la renovación constante de la red, labor que permite que el volumen de agua no controlada (que no pasa por contador) sea del 11,06% del total. Explicaron Gallego y Alemany que buena parte de ese agua es la que se usa en obra pública, aunque también suman las averías y las fugas.
Entre las obras que concluyeron el pasado año destaca la puesta en marcha del depósito de tormentas de Poniente que ya ha demostrado cómo puede evitar los alivios de aguas al mar y las inundaciones en el centro de la ciudad. Es el elemento «fundamental», aseguró el gerente de la EMA, pues no hay depuradora que pueda absober la cantidad de litros por segundo que pueden descargar durante una tormenta, por ejemplo.
En cuanto al número de reclamaciones presentadas por los usuarios, la EMA ha conseguido rebajarlas de las 1.172 de 2005 a las 636 de 2009.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100910/gijon/llega-todo-concejo-20100910.html
Un poco por detrás va la red de saneamiento, aunque también suma ya 913 kilómetros. Quedan pendientes las zonas altas del concejo donde es especialmente complejo, y caro, llevar las tuberías. En cualquier caso, una y otra red sumaron durante el año pasado 63 kilómetros, lo que supone que cada día se instalaron 245 metros nuevos. Con todo, las redes de abastecimiento y saneamiento de Gijón tienen una edad media de 13 años y medio. Son estos algunos de los datos que se incluyen en la memoria de 2009 de la EMA, trabajo que se concibe como una memoria de responsabilidad social empresarial y que cuenta con varios indicadores de calidad. Ayer fue presentada por la concejala de Medio Ambiente y presidenta de la empresa, Dulce Gallego, y el gerente Luis Alemany.
Ambos hicieron recuento de todo lo realizado durante el pasado ejercicio. Entre otras cosas, la reducción de la cantidad de agua que fue necesaria captar. En total, 26,5 millones de metros cúbicos, lo que supone un ligero descenso respecto al año anterior. La mayor parte de esta cantidad, algo más de 16 millones de metros cúbicos, fue para el uso doméstico, a repartir entre los 48.800 abonados de la EMA. En 2009 los gijoneses consumimos 156,95 litros por habitante y día, cuando en 2007 eran 170. Aún así, Dulce Gallego insistió en el reto que lanzó unos meses atrás: alcanzar los 140 litros por habitante y día. «Sé que es un reto alto, pero los retos hay que lanzarlos así». En este sentido, los responsables de la empresa de aguas abogan por la instalación de contadores individuales que facilitan el control del consumo en cada domicilio.
Del total de agua captada, la EMA trató algo más de 14 millones de metros cúbicos. La mayor parte del agua que consumimos en Gijón es comprada a Cadasa y ya viene tratada.
2.701 análisis
Además, se hicieron 2.701 análisis para comprobar la calidad del agua, análisis para los que la EMA busca también un sello de calidad. Durante 2009, además, la empresa invirtió algo más de 7 millones de euros en distintas obras, entre ellas la renovación constante de la red, labor que permite que el volumen de agua no controlada (que no pasa por contador) sea del 11,06% del total. Explicaron Gallego y Alemany que buena parte de ese agua es la que se usa en obra pública, aunque también suman las averías y las fugas.
Entre las obras que concluyeron el pasado año destaca la puesta en marcha del depósito de tormentas de Poniente que ya ha demostrado cómo puede evitar los alivios de aguas al mar y las inundaciones en el centro de la ciudad. Es el elemento «fundamental», aseguró el gerente de la EMA, pues no hay depuradora que pueda absober la cantidad de litros por segundo que pueden descargar durante una tormenta, por ejemplo.
En cuanto al número de reclamaciones presentadas por los usuarios, la EMA ha conseguido rebajarlas de las 1.172 de 2005 a las 636 de 2009.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100910/gijon/llega-todo-concejo-20100910.html
El curso arranca sin Monteana
El curso está en marcha en Gijón. 18.057 alumnos de Infantil y Primaria acudieron ayer a su primer día de clase tras las vacaciones veraniegas. Todos los centros reabrieron sus puertas excepto el colegio Jovellanos, que lo hará el lunes, y la escuela de 0 a 3 años de Monteana. El concejal de Educación, Justo Vilabrille, confirmó ayer el cierre del centro. «La consejería ya ha dicho que no va a subvencionar a las dos educadoras. No parecía razonable, habiendo 13 plazas y estando ocupadas sólo 3». Vilabrille dejó la puerta abierta a que «si en el futuro» hubiera una demanda «razonable», el Ayuntamiento hablaría con el Principado para que Monteana reabriera sus puertas. Pero, por el momento, ese futuro no parece muy cercano.
Contrasta la noticia con el resto de cifras ofrecidas ayer por Vilabrille, en el colegio público Príncipe de Asturias, adonde acudió junto a la alcaldesa para inaugurar el curso escolar. Mientras Monteana cierra por falta de demanda, en el resto de centros de 0 a 3 años hay 668 y en Infantil y Primaria Gijón ha ganado 300 alumnos respecto al curso pasado, cifra aún aproximada porque todavía se están formalizando matrículas. El pequeño repunte de la natalidad y la población inmigrante consiguen que la ciudad arranque un nuevo curso escolar sumando en lugar de restar. De estos 18.057 escolares, un 66% de ellos cursarán sus estudios en los centros públicos del municipio, mientras que un 33% lo hará en la concertada. Además, hay 292 alumnos en los colegios de enseñanza privada. Otra cuestión que contrasta con el cierre de Monteana. La única escuela rural de Gijón, la de Pinzales, crece. Con 23 alumnos matriculados, para este curso se ha habilitado la antigua casa del maestro como nueva aula, porque es «una escuela en crecimiento y la estamos mimando».
Al margen de esto, Vilabrille destacó que el curso arranca marcado por la «normalidad», y con 2.083 alumnos de 3 años, es decir, nuevos en el sistema educativo. Son 81 más que el curso anterior. El aumento general de estudiantes hace que Gijón cuente para el 2010-2011 con 10 nuevas unidades, que se reparten entre: Alfonso Camín, Begoña, Martínez Torner (con dos aulas), Jovellanos, Pericones, Montevil, Noega, Zorrilla y San Vicente de Paúl.
Con todo, se ha conseguido que algo más del 88% de los alumnos obtuviera plaza en el centro solicitado en primera opción y que el 95% la lograra en alguna de las opciones solicitadas. En cualquier caso, hubo 108 alumnos que no obtuvieron plaza en ninguna de sus alternativas y que debieron ser reubicados dentro de su área de adscripción.
Felgueroso y Vilabrille eligieron el Príncipe de Asturias, con 420 alumnos y 35 profesores, para la inauguración del curso por ser uno de los centros que ha sufrido una obra importante, gracias al plan E. El colegio recibió 110.000 euros para la remodelación de su viejo sistema de calefacción (el centro data de 1967). Por su parte, el Ayuntamiento ha invertido otros 12.000 euros en obras complementarias. «Hemos hecho los deberes durante el verano», dijo Vilabrille, quien anunció que durante el curso se seguirán llevando a cabo en los centros los trabajos necesarios que sean compatibles con el desarrollo del curso. Durante la visita al centro, la alcaldesa y el edil estuvieron acompañados por su directora, Dolores Sanjurjo.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100910/gijon/curso-arranca-monteana-20100910.html
Contrasta la noticia con el resto de cifras ofrecidas ayer por Vilabrille, en el colegio público Príncipe de Asturias, adonde acudió junto a la alcaldesa para inaugurar el curso escolar. Mientras Monteana cierra por falta de demanda, en el resto de centros de 0 a 3 años hay 668 y en Infantil y Primaria Gijón ha ganado 300 alumnos respecto al curso pasado, cifra aún aproximada porque todavía se están formalizando matrículas. El pequeño repunte de la natalidad y la población inmigrante consiguen que la ciudad arranque un nuevo curso escolar sumando en lugar de restar. De estos 18.057 escolares, un 66% de ellos cursarán sus estudios en los centros públicos del municipio, mientras que un 33% lo hará en la concertada. Además, hay 292 alumnos en los colegios de enseñanza privada. Otra cuestión que contrasta con el cierre de Monteana. La única escuela rural de Gijón, la de Pinzales, crece. Con 23 alumnos matriculados, para este curso se ha habilitado la antigua casa del maestro como nueva aula, porque es «una escuela en crecimiento y la estamos mimando».
Al margen de esto, Vilabrille destacó que el curso arranca marcado por la «normalidad», y con 2.083 alumnos de 3 años, es decir, nuevos en el sistema educativo. Son 81 más que el curso anterior. El aumento general de estudiantes hace que Gijón cuente para el 2010-2011 con 10 nuevas unidades, que se reparten entre: Alfonso Camín, Begoña, Martínez Torner (con dos aulas), Jovellanos, Pericones, Montevil, Noega, Zorrilla y San Vicente de Paúl.
Con todo, se ha conseguido que algo más del 88% de los alumnos obtuviera plaza en el centro solicitado en primera opción y que el 95% la lograra en alguna de las opciones solicitadas. En cualquier caso, hubo 108 alumnos que no obtuvieron plaza en ninguna de sus alternativas y que debieron ser reubicados dentro de su área de adscripción.
Felgueroso y Vilabrille eligieron el Príncipe de Asturias, con 420 alumnos y 35 profesores, para la inauguración del curso por ser uno de los centros que ha sufrido una obra importante, gracias al plan E. El colegio recibió 110.000 euros para la remodelación de su viejo sistema de calefacción (el centro data de 1967). Por su parte, el Ayuntamiento ha invertido otros 12.000 euros en obras complementarias. «Hemos hecho los deberes durante el verano», dijo Vilabrille, quien anunció que durante el curso se seguirán llevando a cabo en los centros los trabajos necesarios que sean compatibles con el desarrollo del curso. Durante la visita al centro, la alcaldesa y el edil estuvieron acompañados por su directora, Dolores Sanjurjo.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100910/gijon/curso-arranca-monteana-20100910.html
martes, 7 de septiembre de 2010
La barbarie compasiva
FERNANDO SAVATER
EL PAÍS - Cultura - 07-09-2010
En los últimos meses, durante la ofensiva antitaurina que culminó con la prohibición de los toros en Cataluña, dos de la palabras más repetidas fueron "compasión" y "barbarie". Dejemos a un lado la fundada sospecha de que en la decisión del Parlamento autonómico tuvo más peso la voluntad separatista de abandonar una tradición compartida con el resto de España que cualquier argumento animalista. Ya se ha insistido incluso demasiado en este aspecto -tan romo de interés teórico como casi todo lo que atañe al nacionalismo- olvidando en cambio los pretextos, que en este caso son más interesantes que el contexto. No se necesita una argumentación ética fundada para que a uno personalmente le desagraden o hasta le asqueen los toros: pero en cambio es imprescindible para prohibirlos en una comunidad con carácter imperativo y general.
Se apela a la compasión como última ratio moral y se nos recuerda el principio budista de no dañar bajo ningún pretexto a otro ser vivo. Con todos mis respetos para Richard Gere y compañía, quienes no somos budistas no nos sentimos obligados por él (sobre todo si comemos carne o pescado y nos curamos con antibióticos, cuyo simple nombre ya promete matanzas): a trancas y barrancas, pero vivimos en un estado laico... hasta en Cataluña. Fuera de esa postura religiosa, no es cierto que la compasión por el dolor universal sea la base de la ética. Sin duda ser compasivo es un sentimiento que nos mejora, pero no un precepto moral ineludible. Paseando por el campo, veo que un gorrioncillo recién nacido se ha caído del nido y pía angustiosamente en el suelo expuesto a todos los peligros: como soy compasivo, lo recojo y lo devuelvo a su hogar... aunque así perjudique a la serpiente que también tiene que comer para vivir. ¡Bravo, tengo buen corazón! Pero si quien gime abandonado en un cubo de basura es un bebé, tengo la obligación ética de ayudarle, me compadezca de él o no. Si no lo hago, no seré poco sentimental o duro de corazón sino claramente inmoral. La diferencia es importante, todo lo que cuenta en la ética -el reconocimiento de lo humano por lo humano y el deber íntimo que nos impone- reside ahí.
Peter Singer, el filósofo que oficia como mentor del animalismo, relativiza esta norma: si el bebé humano padece malformaciones y anormalidades, tengo menos obligación ética de salvarle que al gorrioncillo o a cualquier otro animal sano, en caso de que deba elegir. Y así llegamos al tema de la barbarie. Porque en su sentido prístino y radical, el bárbaro no es quien maltrata o no se compadece de las bestias, sino quien no distingue entre el trato que debemos a los humanos y el que corresponde a los animales. La auténtica imagen de la barbarie no ocurre dentro de la plaza donde se lidia al toro, sino fuera: son esas personas que yacen desnudas, cubiertas de falsas banderillas y pintura color sangre, y que dan a entender que es lo mismo matar a un toro que a un ser humano. Dice una barbaridad el portavoz de ATEA en el País Vasco cuando pide explicaciones porque se condene a ETA pero no a Jesulín de Ubrique y otra aún peor los que se ufanan de alegrarse cuando el toro mata al torero. Donde no se asume la excepcionalidad del vínculo recíproco entre semejantes racionales, ese es el predio de los bárbaros.
Hace poco una conocida novelista mandó una carta a este periódico abogando por los derechos de los animales. Concluía diciendo: "¿No somos también nosotros simple y gozosamente animales?". Sin duda biológicamente somos animales, no vegetales. Pero desde luego ni simple ni gozosamente. Por culpa de ello existen las novelas... y la ética.
FERNANDO SAVATER
EL PAÍS - Cultura - 07-09-2010
En los últimos meses, durante la ofensiva antitaurina que culminó con la prohibición de los toros en Cataluña, dos de la palabras más repetidas fueron "compasión" y "barbarie". Dejemos a un lado la fundada sospecha de que en la decisión del Parlamento autonómico tuvo más peso la voluntad separatista de abandonar una tradición compartida con el resto de España que cualquier argumento animalista. Ya se ha insistido incluso demasiado en este aspecto -tan romo de interés teórico como casi todo lo que atañe al nacionalismo- olvidando en cambio los pretextos, que en este caso son más interesantes que el contexto. No se necesita una argumentación ética fundada para que a uno personalmente le desagraden o hasta le asqueen los toros: pero en cambio es imprescindible para prohibirlos en una comunidad con carácter imperativo y general.
Se apela a la compasión como última ratio moral y se nos recuerda el principio budista de no dañar bajo ningún pretexto a otro ser vivo. Con todos mis respetos para Richard Gere y compañía, quienes no somos budistas no nos sentimos obligados por él (sobre todo si comemos carne o pescado y nos curamos con antibióticos, cuyo simple nombre ya promete matanzas): a trancas y barrancas, pero vivimos en un estado laico... hasta en Cataluña. Fuera de esa postura religiosa, no es cierto que la compasión por el dolor universal sea la base de la ética. Sin duda ser compasivo es un sentimiento que nos mejora, pero no un precepto moral ineludible. Paseando por el campo, veo que un gorrioncillo recién nacido se ha caído del nido y pía angustiosamente en el suelo expuesto a todos los peligros: como soy compasivo, lo recojo y lo devuelvo a su hogar... aunque así perjudique a la serpiente que también tiene que comer para vivir. ¡Bravo, tengo buen corazón! Pero si quien gime abandonado en un cubo de basura es un bebé, tengo la obligación ética de ayudarle, me compadezca de él o no. Si no lo hago, no seré poco sentimental o duro de corazón sino claramente inmoral. La diferencia es importante, todo lo que cuenta en la ética -el reconocimiento de lo humano por lo humano y el deber íntimo que nos impone- reside ahí.
Peter Singer, el filósofo que oficia como mentor del animalismo, relativiza esta norma: si el bebé humano padece malformaciones y anormalidades, tengo menos obligación ética de salvarle que al gorrioncillo o a cualquier otro animal sano, en caso de que deba elegir. Y así llegamos al tema de la barbarie. Porque en su sentido prístino y radical, el bárbaro no es quien maltrata o no se compadece de las bestias, sino quien no distingue entre el trato que debemos a los humanos y el que corresponde a los animales. La auténtica imagen de la barbarie no ocurre dentro de la plaza donde se lidia al toro, sino fuera: son esas personas que yacen desnudas, cubiertas de falsas banderillas y pintura color sangre, y que dan a entender que es lo mismo matar a un toro que a un ser humano. Dice una barbaridad el portavoz de ATEA en el País Vasco cuando pide explicaciones porque se condene a ETA pero no a Jesulín de Ubrique y otra aún peor los que se ufanan de alegrarse cuando el toro mata al torero. Donde no se asume la excepcionalidad del vínculo recíproco entre semejantes racionales, ese es el predio de los bárbaros.
Hace poco una conocida novelista mandó una carta a este periódico abogando por los derechos de los animales. Concluía diciendo: "¿No somos también nosotros simple y gozosamente animales?". Sin duda biológicamente somos animales, no vegetales. Pero desde luego ni simple ni gozosamente. Por culpa de ello existen las novelas... y la ética.
FERNANDO SAVATER
EL PAÍS - Cultura - 07-09-2010
En los últimos meses, durante la ofensiva antitaurina que culminó con la prohibición de los toros en Cataluña, dos de la palabras más repetidas fueron "compasión" y "barbarie". Dejemos a un lado la fundada sospecha de que en la decisión del Parlamento autonómico tuvo más peso la voluntad separatista de abandonar una tradición compartida con el resto de España que cualquier argumento animalista. Ya se ha insistido incluso demasiado en este aspecto -tan romo de interés teórico como casi todo lo que atañe al nacionalismo- olvidando en cambio los pretextos, que en este caso son más interesantes que el contexto. No se necesita una argumentación ética fundada para que a uno personalmente le desagraden o hasta le asqueen los toros: pero en cambio es imprescindible para prohibirlos en una comunidad con carácter imperativo y general.
Se apela a la compasión como última ratio moral y se nos recuerda el principio budista de no dañar bajo ningún pretexto a otro ser vivo. Con todos mis respetos para Richard Gere y compañía, quienes no somos budistas no nos sentimos obligados por él (sobre todo si comemos carne o pescado y nos curamos con antibióticos, cuyo simple nombre ya promete matanzas): a trancas y barrancas, pero vivimos en un estado laico... hasta en Cataluña. Fuera de esa postura religiosa, no es cierto que la compasión por el dolor universal sea la base de la ética. Sin duda ser compasivo es un sentimiento que nos mejora, pero no un precepto moral ineludible. Paseando por el campo, veo que un gorrioncillo recién nacido se ha caído del nido y pía angustiosamente en el suelo expuesto a todos los peligros: como soy compasivo, lo recojo y lo devuelvo a su hogar... aunque así perjudique a la serpiente que también tiene que comer para vivir. ¡Bravo, tengo buen corazón! Pero si quien gime abandonado en un cubo de basura es un bebé, tengo la obligación ética de ayudarle, me compadezca de él o no. Si no lo hago, no seré poco sentimental o duro de corazón sino claramente inmoral. La diferencia es importante, todo lo que cuenta en la ética -el reconocimiento de lo humano por lo humano y el deber íntimo que nos impone- reside ahí.
Peter Singer, el filósofo que oficia como mentor del animalismo, relativiza esta norma: si el bebé humano padece malformaciones y anormalidades, tengo menos obligación ética de salvarle que al gorrioncillo o a cualquier otro animal sano, en caso de que deba elegir. Y así llegamos al tema de la barbarie. Porque en su sentido prístino y radical, el bárbaro no es quien maltrata o no se compadece de las bestias, sino quien no distingue entre el trato que debemos a los humanos y el que corresponde a los animales. La auténtica imagen de la barbarie no ocurre dentro de la plaza donde se lidia al toro, sino fuera: son esas personas que yacen desnudas, cubiertas de falsas banderillas y pintura color sangre, y que dan a entender que es lo mismo matar a un toro que a un ser humano. Dice una barbaridad el portavoz de ATEA en el País Vasco cuando pide explicaciones porque se condene a ETA pero no a Jesulín de Ubrique y otra aún peor los que se ufanan de alegrarse cuando el toro mata al torero. Donde no se asume la excepcionalidad del vínculo recíproco entre semejantes racionales, ese es el predio de los bárbaros.
Hace poco una conocida novelista mandó una carta a este periódico abogando por los derechos de los animales. Concluía diciendo: "¿No somos también nosotros simple y gozosamente animales?". Sin duda biológicamente somos animales, no vegetales. Pero desde luego ni simple ni gozosamente. Por culpa de ello existen las novelas... y la ética.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100907elpepicul_7&type=Tes&anchor=elpepiopi
EL PAÍS - Cultura - 07-09-2010
En los últimos meses, durante la ofensiva antitaurina que culminó con la prohibición de los toros en Cataluña, dos de la palabras más repetidas fueron "compasión" y "barbarie". Dejemos a un lado la fundada sospecha de que en la decisión del Parlamento autonómico tuvo más peso la voluntad separatista de abandonar una tradición compartida con el resto de España que cualquier argumento animalista. Ya se ha insistido incluso demasiado en este aspecto -tan romo de interés teórico como casi todo lo que atañe al nacionalismo- olvidando en cambio los pretextos, que en este caso son más interesantes que el contexto. No se necesita una argumentación ética fundada para que a uno personalmente le desagraden o hasta le asqueen los toros: pero en cambio es imprescindible para prohibirlos en una comunidad con carácter imperativo y general.
Se apela a la compasión como última ratio moral y se nos recuerda el principio budista de no dañar bajo ningún pretexto a otro ser vivo. Con todos mis respetos para Richard Gere y compañía, quienes no somos budistas no nos sentimos obligados por él (sobre todo si comemos carne o pescado y nos curamos con antibióticos, cuyo simple nombre ya promete matanzas): a trancas y barrancas, pero vivimos en un estado laico... hasta en Cataluña. Fuera de esa postura religiosa, no es cierto que la compasión por el dolor universal sea la base de la ética. Sin duda ser compasivo es un sentimiento que nos mejora, pero no un precepto moral ineludible. Paseando por el campo, veo que un gorrioncillo recién nacido se ha caído del nido y pía angustiosamente en el suelo expuesto a todos los peligros: como soy compasivo, lo recojo y lo devuelvo a su hogar... aunque así perjudique a la serpiente que también tiene que comer para vivir. ¡Bravo, tengo buen corazón! Pero si quien gime abandonado en un cubo de basura es un bebé, tengo la obligación ética de ayudarle, me compadezca de él o no. Si no lo hago, no seré poco sentimental o duro de corazón sino claramente inmoral. La diferencia es importante, todo lo que cuenta en la ética -el reconocimiento de lo humano por lo humano y el deber íntimo que nos impone- reside ahí.
Peter Singer, el filósofo que oficia como mentor del animalismo, relativiza esta norma: si el bebé humano padece malformaciones y anormalidades, tengo menos obligación ética de salvarle que al gorrioncillo o a cualquier otro animal sano, en caso de que deba elegir. Y así llegamos al tema de la barbarie. Porque en su sentido prístino y radical, el bárbaro no es quien maltrata o no se compadece de las bestias, sino quien no distingue entre el trato que debemos a los humanos y el que corresponde a los animales. La auténtica imagen de la barbarie no ocurre dentro de la plaza donde se lidia al toro, sino fuera: son esas personas que yacen desnudas, cubiertas de falsas banderillas y pintura color sangre, y que dan a entender que es lo mismo matar a un toro que a un ser humano. Dice una barbaridad el portavoz de ATEA en el País Vasco cuando pide explicaciones porque se condene a ETA pero no a Jesulín de Ubrique y otra aún peor los que se ufanan de alegrarse cuando el toro mata al torero. Donde no se asume la excepcionalidad del vínculo recíproco entre semejantes racionales, ese es el predio de los bárbaros.
Hace poco una conocida novelista mandó una carta a este periódico abogando por los derechos de los animales. Concluía diciendo: "¿No somos también nosotros simple y gozosamente animales?". Sin duda biológicamente somos animales, no vegetales. Pero desde luego ni simple ni gozosamente. Por culpa de ello existen las novelas... y la ética.
FERNANDO SAVATER
EL PAÍS - Cultura - 07-09-2010
En los últimos meses, durante la ofensiva antitaurina que culminó con la prohibición de los toros en Cataluña, dos de la palabras más repetidas fueron "compasión" y "barbarie". Dejemos a un lado la fundada sospecha de que en la decisión del Parlamento autonómico tuvo más peso la voluntad separatista de abandonar una tradición compartida con el resto de España que cualquier argumento animalista. Ya se ha insistido incluso demasiado en este aspecto -tan romo de interés teórico como casi todo lo que atañe al nacionalismo- olvidando en cambio los pretextos, que en este caso son más interesantes que el contexto. No se necesita una argumentación ética fundada para que a uno personalmente le desagraden o hasta le asqueen los toros: pero en cambio es imprescindible para prohibirlos en una comunidad con carácter imperativo y general.
Se apela a la compasión como última ratio moral y se nos recuerda el principio budista de no dañar bajo ningún pretexto a otro ser vivo. Con todos mis respetos para Richard Gere y compañía, quienes no somos budistas no nos sentimos obligados por él (sobre todo si comemos carne o pescado y nos curamos con antibióticos, cuyo simple nombre ya promete matanzas): a trancas y barrancas, pero vivimos en un estado laico... hasta en Cataluña. Fuera de esa postura religiosa, no es cierto que la compasión por el dolor universal sea la base de la ética. Sin duda ser compasivo es un sentimiento que nos mejora, pero no un precepto moral ineludible. Paseando por el campo, veo que un gorrioncillo recién nacido se ha caído del nido y pía angustiosamente en el suelo expuesto a todos los peligros: como soy compasivo, lo recojo y lo devuelvo a su hogar... aunque así perjudique a la serpiente que también tiene que comer para vivir. ¡Bravo, tengo buen corazón! Pero si quien gime abandonado en un cubo de basura es un bebé, tengo la obligación ética de ayudarle, me compadezca de él o no. Si no lo hago, no seré poco sentimental o duro de corazón sino claramente inmoral. La diferencia es importante, todo lo que cuenta en la ética -el reconocimiento de lo humano por lo humano y el deber íntimo que nos impone- reside ahí.
Peter Singer, el filósofo que oficia como mentor del animalismo, relativiza esta norma: si el bebé humano padece malformaciones y anormalidades, tengo menos obligación ética de salvarle que al gorrioncillo o a cualquier otro animal sano, en caso de que deba elegir. Y así llegamos al tema de la barbarie. Porque en su sentido prístino y radical, el bárbaro no es quien maltrata o no se compadece de las bestias, sino quien no distingue entre el trato que debemos a los humanos y el que corresponde a los animales. La auténtica imagen de la barbarie no ocurre dentro de la plaza donde se lidia al toro, sino fuera: son esas personas que yacen desnudas, cubiertas de falsas banderillas y pintura color sangre, y que dan a entender que es lo mismo matar a un toro que a un ser humano. Dice una barbaridad el portavoz de ATEA en el País Vasco cuando pide explicaciones porque se condene a ETA pero no a Jesulín de Ubrique y otra aún peor los que se ufanan de alegrarse cuando el toro mata al torero. Donde no se asume la excepcionalidad del vínculo recíproco entre semejantes racionales, ese es el predio de los bárbaros.
Hace poco una conocida novelista mandó una carta a este periódico abogando por los derechos de los animales. Concluía diciendo: "¿No somos también nosotros simple y gozosamente animales?". Sin duda biológicamente somos animales, no vegetales. Pero desde luego ni simple ni gozosamente. Por culpa de ello existen las novelas... y la ética.
FERNANDO SAVATER
EL PAÍS - Cultura - 07-09-2010
En los últimos meses, durante la ofensiva antitaurina que culminó con la prohibición de los toros en Cataluña, dos de la palabras más repetidas fueron "compasión" y "barbarie". Dejemos a un lado la fundada sospecha de que en la decisión del Parlamento autonómico tuvo más peso la voluntad separatista de abandonar una tradición compartida con el resto de España que cualquier argumento animalista. Ya se ha insistido incluso demasiado en este aspecto -tan romo de interés teórico como casi todo lo que atañe al nacionalismo- olvidando en cambio los pretextos, que en este caso son más interesantes que el contexto. No se necesita una argumentación ética fundada para que a uno personalmente le desagraden o hasta le asqueen los toros: pero en cambio es imprescindible para prohibirlos en una comunidad con carácter imperativo y general.
Se apela a la compasión como última ratio moral y se nos recuerda el principio budista de no dañar bajo ningún pretexto a otro ser vivo. Con todos mis respetos para Richard Gere y compañía, quienes no somos budistas no nos sentimos obligados por él (sobre todo si comemos carne o pescado y nos curamos con antibióticos, cuyo simple nombre ya promete matanzas): a trancas y barrancas, pero vivimos en un estado laico... hasta en Cataluña. Fuera de esa postura religiosa, no es cierto que la compasión por el dolor universal sea la base de la ética. Sin duda ser compasivo es un sentimiento que nos mejora, pero no un precepto moral ineludible. Paseando por el campo, veo que un gorrioncillo recién nacido se ha caído del nido y pía angustiosamente en el suelo expuesto a todos los peligros: como soy compasivo, lo recojo y lo devuelvo a su hogar... aunque así perjudique a la serpiente que también tiene que comer para vivir. ¡Bravo, tengo buen corazón! Pero si quien gime abandonado en un cubo de basura es un bebé, tengo la obligación ética de ayudarle, me compadezca de él o no. Si no lo hago, no seré poco sentimental o duro de corazón sino claramente inmoral. La diferencia es importante, todo lo que cuenta en la ética -el reconocimiento de lo humano por lo humano y el deber íntimo que nos impone- reside ahí.
Peter Singer, el filósofo que oficia como mentor del animalismo, relativiza esta norma: si el bebé humano padece malformaciones y anormalidades, tengo menos obligación ética de salvarle que al gorrioncillo o a cualquier otro animal sano, en caso de que deba elegir. Y así llegamos al tema de la barbarie. Porque en su sentido prístino y radical, el bárbaro no es quien maltrata o no se compadece de las bestias, sino quien no distingue entre el trato que debemos a los humanos y el que corresponde a los animales. La auténtica imagen de la barbarie no ocurre dentro de la plaza donde se lidia al toro, sino fuera: son esas personas que yacen desnudas, cubiertas de falsas banderillas y pintura color sangre, y que dan a entender que es lo mismo matar a un toro que a un ser humano. Dice una barbaridad el portavoz de ATEA en el País Vasco cuando pide explicaciones porque se condene a ETA pero no a Jesulín de Ubrique y otra aún peor los que se ufanan de alegrarse cuando el toro mata al torero. Donde no se asume la excepcionalidad del vínculo recíproco entre semejantes racionales, ese es el predio de los bárbaros.
Hace poco una conocida novelista mandó una carta a este periódico abogando por los derechos de los animales. Concluía diciendo: "¿No somos también nosotros simple y gozosamente animales?". Sin duda biológicamente somos animales, no vegetales. Pero desde luego ni simple ni gozosamente. Por culpa de ello existen las novelas... y la ética.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100907elpepicul_7&type=Tes&anchor=elpepiopi
La ciudad de TROTU y ROTU
JAVIER MORÁN Por sus nombres parecen personajes de comedia, o de serie de dibujos animados, o de educación infantil. Una suposición: si las autoridades asturianas deseasen divulgar lo qué es el urbanismo, podrían encargar a la TPA la producción de una especie de «Barrio Sésamo». Pues bien, si así fuera, sus personajes principales se llamarían TROTU y ROTU,
De TROTU y ROTU depende hoy cuanto se haga en el urbanismo asturiano, incluida la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que hoy inicia oficialmente el Ayuntamiento de Gijón con el paso del Documento de Prioridades por el Pleno Municipal.
ROTU es el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias; y TROTU el Texto Refundido de las disposiciones regionales sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo. En realidad, TROTU y ROTU son fruto de complejo proceso legislativo del urbanismo de Asturias. En concreto, el Principado alumbró en 2002 su primera Ley del Suelo, tras un procedimiento tortuoso en el que se rechazó un borrador inicial. La norma resultante dejaba unas cuantas cosas en el aire, de modo que no fue operativa hasta que un Reglamento le dio realismo. Pero por el medio se cruzaron una medidas urgentes en materia urbanística, de modo que al final hubo que refundir la Ley, las medidas y el Reglamento mediante el TROTU.
Con todo, no había llegado aún la paz legislativa al urbanismo asturiano, ya que en el año 2007 el Gobierno de Zapatero promulgaba una nueva Ley del Suelo. Teóricamente, las leyes autonómicas tendrían que haberse adaptado a esa nueva Ley estatal, pero el Principado no lo ha hecho, aunque sí ha procedido a ello el Gobierno de Aragón (también socialista), con una ley promulgada el pasado julio.
La existencia de un mar de normas autonómicas que no sean del todo concordantes con la Ley estatal provoca que el urbanismo sean un pantano de inseguridad jurídica en el que en el que a menudo se hunden los planeamientos locales.
Siempre existirá un abogado que encuentre un precepto incumplido y un juez que le dé la razón. Y a los ayuntamientos no les queda más remedio que cruzar los dedos y respirar hondo cuando inician una tramitación urbanística de gran relieve, como es un Plan General. En el caso del Ayuntamiento de Gijón, sus aliados serán los citados TROTU y ROTU.
Sin embargo, la Ley estatal de 2007 aporta buenas cargas de profundidad al urbanismo cuya presencia en la legislación del Principado es dudosa. Es decir, al no haberse procedido a la adaptación de la norma autonómica a la nacional, quedan sin desarrollo en la legislación del Principado los dos platos fuertes de la ley del PSOE: el ciudadano como centro del urbanismo y de un medio de vida de calidad. Dicho con otras palabras, participación y medio ambiente. En este último punto se aplica el criterio de «sostenibilidad», o desarrollo de una ciudad compacta, nueva versión del viejo crecimiento de la edificación como una mancha de aceite.
La ley de 2007, recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PP y la Comunidad de Madrid, ha recibido numerosos elogios de los sectores progresistas. Refuerza los valores clásicos de la izquierda y derriba la pretensión del Gobierno de Aznar de que sea urbanizable todo el suelo que no tenga valores protegibles. Según la Ley de 2007, las administraciones ha de declarar urbanizable sólo el suelo que estimen necesario. Hay también medidas contra le especulación, como la de valorar el suelo según su situación: rural o urbana, lo cual perjudica por su lado a los propietarios de fincas rústicas en el caso de expropiaciones.
Pero es en el plano de los ideales donde la Ley de 2007 ha ido más lejos. El derecho constitucional a una vivienda digna, la libertad del ciudadano para disfrutar de su medio de vida, o la necesaria participación en la creación y desarrollo de dicho medio se hallan en el frontispicio de dicha norma.
La referida ley de Urbanismo de Aragón, al adaptarse a la legislación estatal, ha incorporado un Estatuto Urbanístico de la Ciudadanía, uno de cuyos párrafos reza: el ciudadano tiene derecho «a la puesta en el mercado por las administraciones públicas de suelo de su propiedad, dirigido a la regulación del mercado y a la lucha contra la especulación».
De TROTU y ROTU depende hoy cuanto se haga en el urbanismo asturiano, incluida la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que hoy inicia oficialmente el Ayuntamiento de Gijón con el paso del Documento de Prioridades por el Pleno Municipal.
ROTU es el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias; y TROTU el Texto Refundido de las disposiciones regionales sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo. En realidad, TROTU y ROTU son fruto de complejo proceso legislativo del urbanismo de Asturias. En concreto, el Principado alumbró en 2002 su primera Ley del Suelo, tras un procedimiento tortuoso en el que se rechazó un borrador inicial. La norma resultante dejaba unas cuantas cosas en el aire, de modo que no fue operativa hasta que un Reglamento le dio realismo. Pero por el medio se cruzaron una medidas urgentes en materia urbanística, de modo que al final hubo que refundir la Ley, las medidas y el Reglamento mediante el TROTU.
Con todo, no había llegado aún la paz legislativa al urbanismo asturiano, ya que en el año 2007 el Gobierno de Zapatero promulgaba una nueva Ley del Suelo. Teóricamente, las leyes autonómicas tendrían que haberse adaptado a esa nueva Ley estatal, pero el Principado no lo ha hecho, aunque sí ha procedido a ello el Gobierno de Aragón (también socialista), con una ley promulgada el pasado julio.
La existencia de un mar de normas autonómicas que no sean del todo concordantes con la Ley estatal provoca que el urbanismo sean un pantano de inseguridad jurídica en el que en el que a menudo se hunden los planeamientos locales.
Siempre existirá un abogado que encuentre un precepto incumplido y un juez que le dé la razón. Y a los ayuntamientos no les queda más remedio que cruzar los dedos y respirar hondo cuando inician una tramitación urbanística de gran relieve, como es un Plan General. En el caso del Ayuntamiento de Gijón, sus aliados serán los citados TROTU y ROTU.
Sin embargo, la Ley estatal de 2007 aporta buenas cargas de profundidad al urbanismo cuya presencia en la legislación del Principado es dudosa. Es decir, al no haberse procedido a la adaptación de la norma autonómica a la nacional, quedan sin desarrollo en la legislación del Principado los dos platos fuertes de la ley del PSOE: el ciudadano como centro del urbanismo y de un medio de vida de calidad. Dicho con otras palabras, participación y medio ambiente. En este último punto se aplica el criterio de «sostenibilidad», o desarrollo de una ciudad compacta, nueva versión del viejo crecimiento de la edificación como una mancha de aceite.
La ley de 2007, recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PP y la Comunidad de Madrid, ha recibido numerosos elogios de los sectores progresistas. Refuerza los valores clásicos de la izquierda y derriba la pretensión del Gobierno de Aznar de que sea urbanizable todo el suelo que no tenga valores protegibles. Según la Ley de 2007, las administraciones ha de declarar urbanizable sólo el suelo que estimen necesario. Hay también medidas contra le especulación, como la de valorar el suelo según su situación: rural o urbana, lo cual perjudica por su lado a los propietarios de fincas rústicas en el caso de expropiaciones.
Pero es en el plano de los ideales donde la Ley de 2007 ha ido más lejos. El derecho constitucional a una vivienda digna, la libertad del ciudadano para disfrutar de su medio de vida, o la necesaria participación en la creación y desarrollo de dicho medio se hallan en el frontispicio de dicha norma.
La referida ley de Urbanismo de Aragón, al adaptarse a la legislación estatal, ha incorporado un Estatuto Urbanístico de la Ciudadanía, uno de cuyos párrafos reza: el ciudadano tiene derecho «a la puesta en el mercado por las administraciones públicas de suelo de su propiedad, dirigido a la regulación del mercado y a la lucha contra la especulación».
domingo, 5 de septiembre de 2010
Sentencia de muerte para el carbón
Las minas españolas, abocadas al cierre por el fin de las ayudas públicas
JAVIER CUARTAS - Oviedo
EL PAÍS - Economía - 05-09-2010
España tenía hace 25 años 52.910 mineros del carbón. Hoy hay 7.967. El 15 de octubre de 2014 no quedará ninguno.
Si prospera la decisión comunitaria, anunciada el 20 de julio pasado de que en 2014 sólo puedan permanecer abiertas las explotaciones carboneras que no precisen ayudas públicas, el sector español de la hulla, la antracita y el lignito estará abocado al cierre. Hasta entonces, los auxilios estatales (320 millones anuales en subvención directa) deberán ser decrecientes, con recortes de al menos el 33% cada 15 meses. El sector en España lo forman 15 compañías, en Asturias (3.875 empleos), Castilla y León, Teruel, Ciudad Real y Córdoba.
Pero además de la condena a muerte a plazo fijo sobre el sector pende una amenaza mayor y más urgente. La resistencia comunitaria a aprobar los incentivos públicos al consumo de mineral nacional por las centrales térmicas españolas ha colocado al carbón ya al borde del colapso. El mineral nacional es más caro que el de importación y las eléctricas sólo lo consumen si el Estado les subvenciona su adquisición.
En la esperanza de poder desbloquear la situación este mes (la Comisión de la Competencia, en manos del socialista español Joaquín Almunia, es favorable a la autorización, pero no otros miembros del ejecutivo europeo), el Gobierno ha vuelto a encomendar a la empresa estatal Hunosa, como solución transitoria, la compra masiva del stock de carbón de las compañías privadas para que puedan mantener su actividad. Pese a esta intervención pública, algunas empresas carboneras han suspendido el pago de salarios como medida de presión. Los mineros, que han emprendido encierros (en Teruel y Palencia) y cortes de carreteras, amenazan con una escalada de movilizaciones.
Para justificar las ayudas a las eléctricas, el Gobierno español invoca el riesgo para la seguridad del suministro, que contempla la legislación comunitaria. Pero hay sectores en la UE que niegan que España esté en este supuesto.
Si finalmente la UE autorizase la reanudación de las ayudas a las térmicas para el consumo de mineral nacional, el carbón español podrá normalizar su actividad. Pero sólo hasta 2014.
Sin subvenciones estatales, la industria carbonera nacional será inviable. La historia del carbón español es la de un sector crónicamente auxiliado. Primero lo fue porque no era capaz de competir en precio a fines del XIX y primer tercio del XX con el mineral británico, ni ahora con el de los grandes productores, en su mayor parte países emergentes. Un problema estructural de competitividad que abocaba a una muerte pronosticada al menos desde 1933.
Desde entonces, la fuerte capacidad organizativa de los sindicatos mineros, las alianzas de empresarios y trabajadores, la presión de las compañías y el respaldo de las fuerzas sociales y políticas de los territorios afectados han sido capaces de postergar el desmantelamiento, aunque no han podido evitar un ajuste acelerado, sobre todo desde las reconversiones de los años 80.
Pero la decisión de Bruselas de que las ayudas públicas sólo se pueden prorrogar hasta 2014 ha puesto fecha de liquidación al sector. Y esta vez sin vuelta atrás. "La contundencia con que se expresó Almunia deja poco margen de esperanza", señaló el presidente de una carbonera.
Almunia dijo en julio que el objetivo es "garantizar el cierre definitivo de las minas no competitivas antes del 15 de octubre de 2014". "No debe haber ninguna duda al respecto". Según el ejecutivo comunitario, "las empresas tienen que ser viables sin subvenciones". "No es sólo una cuestión de justicia para los competidores que operan sin ayudas estatales, sino que también revierte en el interés de los contribuyentes y de unas finanzas públicas que se encuentran en un contexto de austeridad". "El camino a seguir", señaló, "es el de las energías renovables y limpias".
Esta posición supone un endurecimiento súbito del borrador de reglamento que manejaba Bruselas y que apuntaba al mantenimiento hasta 2022 de las subvenciones a la explotación y hasta 2030 de las ayudas al cierre y las medidas sociales.
La patronal carbonera Carbunión y los sindicatos se declaran desconcertados y sorprendidos por una decisión que anticipa el cierre de las minas deficitarias en ocho años y que, a juicio del sector, vulnera el espíritu y la letra de la decisión comunitaria de 2003 que estableció el concepto de "reserva estratégica" (mantenimiento de un tamaño mínimo de producción autóctona) y mediante la que se autorizó, "por motivos de seguridad del suministro", que los Estados miembros pudieran dar prioridad a las fuentes de combustión de energía primaria autóctona en una proporción que no supere cada año el 15% de la energía necesaria para producir la electricidad que se consume anualmente en el país.
La patronal minera afirma además que muchas empresas han realizado inversiones que ahora no podrán amortizar y denuncian que España no puede competir en costes con los bajos salarios y escasas medidas de seguridad de otros países. Y empresas y sindicatos juzgan como un "despropósito" que España renuncie a su propio carbón cuando ya depende del exterior en el 85% de la energía primaria que consume.
Almunia ataca el argumento de la "reserva estratégica" y esgrime que el carbón europeo apenas representa el 1,4% del abastecimiento de consumo energético de la UE. Pero las empresas replican que las ayudas oficiales al carbón (2.900 millones en 2008 en la UE) son muy poco relevantes en comparación con las que obtienen algunas energías renovables. "¿Puede competir la industria de Europa con países que no asumen los costes de Kioto y a los que además les vamos a comprar su carbón porque es más barato que el nuestro por sus menores salarios y sus ínfimas medidas de seguridad?", se pregunta un representante de los intereses empresariales hulleros.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100905elpepieco_4&type=Tes&anchor=elpepueco
JAVIER CUARTAS - Oviedo
EL PAÍS - Economía - 05-09-2010
España tenía hace 25 años 52.910 mineros del carbón. Hoy hay 7.967. El 15 de octubre de 2014 no quedará ninguno.
Si prospera la decisión comunitaria, anunciada el 20 de julio pasado de que en 2014 sólo puedan permanecer abiertas las explotaciones carboneras que no precisen ayudas públicas, el sector español de la hulla, la antracita y el lignito estará abocado al cierre. Hasta entonces, los auxilios estatales (320 millones anuales en subvención directa) deberán ser decrecientes, con recortes de al menos el 33% cada 15 meses. El sector en España lo forman 15 compañías, en Asturias (3.875 empleos), Castilla y León, Teruel, Ciudad Real y Córdoba.
Pero además de la condena a muerte a plazo fijo sobre el sector pende una amenaza mayor y más urgente. La resistencia comunitaria a aprobar los incentivos públicos al consumo de mineral nacional por las centrales térmicas españolas ha colocado al carbón ya al borde del colapso. El mineral nacional es más caro que el de importación y las eléctricas sólo lo consumen si el Estado les subvenciona su adquisición.
En la esperanza de poder desbloquear la situación este mes (la Comisión de la Competencia, en manos del socialista español Joaquín Almunia, es favorable a la autorización, pero no otros miembros del ejecutivo europeo), el Gobierno ha vuelto a encomendar a la empresa estatal Hunosa, como solución transitoria, la compra masiva del stock de carbón de las compañías privadas para que puedan mantener su actividad. Pese a esta intervención pública, algunas empresas carboneras han suspendido el pago de salarios como medida de presión. Los mineros, que han emprendido encierros (en Teruel y Palencia) y cortes de carreteras, amenazan con una escalada de movilizaciones.
Para justificar las ayudas a las eléctricas, el Gobierno español invoca el riesgo para la seguridad del suministro, que contempla la legislación comunitaria. Pero hay sectores en la UE que niegan que España esté en este supuesto.
Si finalmente la UE autorizase la reanudación de las ayudas a las térmicas para el consumo de mineral nacional, el carbón español podrá normalizar su actividad. Pero sólo hasta 2014.
Sin subvenciones estatales, la industria carbonera nacional será inviable. La historia del carbón español es la de un sector crónicamente auxiliado. Primero lo fue porque no era capaz de competir en precio a fines del XIX y primer tercio del XX con el mineral británico, ni ahora con el de los grandes productores, en su mayor parte países emergentes. Un problema estructural de competitividad que abocaba a una muerte pronosticada al menos desde 1933.
Desde entonces, la fuerte capacidad organizativa de los sindicatos mineros, las alianzas de empresarios y trabajadores, la presión de las compañías y el respaldo de las fuerzas sociales y políticas de los territorios afectados han sido capaces de postergar el desmantelamiento, aunque no han podido evitar un ajuste acelerado, sobre todo desde las reconversiones de los años 80.
Pero la decisión de Bruselas de que las ayudas públicas sólo se pueden prorrogar hasta 2014 ha puesto fecha de liquidación al sector. Y esta vez sin vuelta atrás. "La contundencia con que se expresó Almunia deja poco margen de esperanza", señaló el presidente de una carbonera.
Almunia dijo en julio que el objetivo es "garantizar el cierre definitivo de las minas no competitivas antes del 15 de octubre de 2014". "No debe haber ninguna duda al respecto". Según el ejecutivo comunitario, "las empresas tienen que ser viables sin subvenciones". "No es sólo una cuestión de justicia para los competidores que operan sin ayudas estatales, sino que también revierte en el interés de los contribuyentes y de unas finanzas públicas que se encuentran en un contexto de austeridad". "El camino a seguir", señaló, "es el de las energías renovables y limpias".
Esta posición supone un endurecimiento súbito del borrador de reglamento que manejaba Bruselas y que apuntaba al mantenimiento hasta 2022 de las subvenciones a la explotación y hasta 2030 de las ayudas al cierre y las medidas sociales.
La patronal carbonera Carbunión y los sindicatos se declaran desconcertados y sorprendidos por una decisión que anticipa el cierre de las minas deficitarias en ocho años y que, a juicio del sector, vulnera el espíritu y la letra de la decisión comunitaria de 2003 que estableció el concepto de "reserva estratégica" (mantenimiento de un tamaño mínimo de producción autóctona) y mediante la que se autorizó, "por motivos de seguridad del suministro", que los Estados miembros pudieran dar prioridad a las fuentes de combustión de energía primaria autóctona en una proporción que no supere cada año el 15% de la energía necesaria para producir la electricidad que se consume anualmente en el país.
La patronal minera afirma además que muchas empresas han realizado inversiones que ahora no podrán amortizar y denuncian que España no puede competir en costes con los bajos salarios y escasas medidas de seguridad de otros países. Y empresas y sindicatos juzgan como un "despropósito" que España renuncie a su propio carbón cuando ya depende del exterior en el 85% de la energía primaria que consume.
Almunia ataca el argumento de la "reserva estratégica" y esgrime que el carbón europeo apenas representa el 1,4% del abastecimiento de consumo energético de la UE. Pero las empresas replican que las ayudas oficiales al carbón (2.900 millones en 2008 en la UE) son muy poco relevantes en comparación con las que obtienen algunas energías renovables. "¿Puede competir la industria de Europa con países que no asumen los costes de Kioto y a los que además les vamos a comprar su carbón porque es más barato que el nuestro por sus menores salarios y sus ínfimas medidas de seguridad?", se pregunta un representante de los intereses empresariales hulleros.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100905elpepieco_4&type=Tes&anchor=elpepueco
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