España en el laberinto

OPINIÓN ARTICULOS
España en el laberinto
Desde Cataluña ya se anuncia el propósito de ahondar en la bilateralidad, en el pacto Cataluña/España para romper por la vía de la legislación ordinaria los límites impuestos
03.07.2010 -
JOSÉ IGNACIO PRENDES
ABOGADO
Salió el Tribunal Constitucional de su laberinto y en tres horas desató el nudo gordiano que amenazaba con estrangularlo de forma definitiva, así que ya tenemos fallo sobre el Estatut catalán y hay que felicitarse por ello. Se ha evitado el mal mayor que hubiese supuesto no tener sentencia antes de que culminasen los movimientos iniciados por el president Montilla en el Senado para la modificación de la actual composición del Tribunal. Lo que no está nada claro es que otros peligros igual de urgentes se hayan conjurado.
La sentencia parece muy similar a la fallida ponencia del mes de abril, convenientemente filtrada entonces a la prensa, con el refuerzo de la indudable declaración de la nula validez jurídica de las apelaciones a la condición de «Cataluña como nación» y a la «realidad nacional de Cataluña», gracias a la obstinación del magistrado Manuel Aragón Reyes. Afecta, por tanto, a la clave de bóveda sobre la que se construyó la totalidad del texto y a otras partes sensibles y de indudable calado, 41 artículos y disposiciones adicionales que se declaran nulos bien de forma directa o mediante una interpretación que se aparta radicalmente del sentido que le quisieron dar los redactores.
Más allá de que el Tribunal Constitucional, en un alarde de 'finezza' jurídica haya usado la vía indirecta de la sentencia interpretativa para causar el menor destrozo político posible, la primera conclusión debería ser clara: nos hallamos ante un Estatuto que en su configuración resulta inequívocamente inconstitucional, que no encaja ni por asomo en los márgenes de la Constitución del 78. Seamos generosos con una institución tan manoseada en los últimos tiempos; probablemente se le ha pedido al Tribunal Constitucional una tarea que no podía hacer, una tarea que correspondía a los políticos. Pero quien pensase que con esta sentencia el llamado problema territorial quedaría encarrilado se equivocaba de medio a medio.
Desde Cataluña ya se anuncia el propósito de ahondar en la bilateralidad, en el pacto Cataluña/España para romper por la vía de la legislación ordinaria los límites impuestos. Pero es que, además, hay del orden de 45 leyes, alguna recientísima, derivadas del antiguo texto estatutario que quedan en entredicho y ello sin tener en cuenta que al catalán han seguido toda una serie de estatutos con una concepción similar, en un remedo de la estrategia de la liebre y la tortuga jaleada por PSOE y PP. La conclusión parece clara. El caos territorial en el que nos hayamos sumidos no podrá ser atajado sin un nuevo pacto, pero no el bilateral en el que se insiste desde Cataluña, sino un nuevo pacto constitucional que reforme íntegramente el Título VIII de nuestra Constitución e imponga cordura y cohesión ante tanto desbarajuste.
Para ello va a resultar imprescindible contar con las dos grandes fuerzas nacionales, PSOE y PP, y aquí el paisaje se vuelve descorazonador. Este es el punto central de la crisis política en que nos hallamos: la incapacidad de ambos para completar nuestro modelo territorial desde la única visión posible, la visión de Estado, sobre todo, hay que decirlo, en lo que afecta al Partido Socialista.
El PSOE, con su discurso dual, se ha convertido en un serio problema, mientras en Madrid se echa agua al vino anunciando lo único que les importa: la derrota del PP («la sentencia de 39.000 palabras sólo afecta a 300»); en Cataluña Montilla se envuelve en la bandera, proclama la nación catalana y se lanza a la calle. Esta esquizofrenia, evidentemente calculada, supone un peligroso juego que compromete la estabilidad del país. La manifestación del próximo día 10, anunciada ya por Montilla el mismo día de conocerse la sentencia, unida a toda la estrategia previa de deslegitimación del Tribunal Constitucional, constituye un ataque al orden constitucional como mínimo de igual calibre que el 'Plan Ibarretxe'; peor aún, aquello era cosa de nacionalistas y ahora quien arenga a la insurrección en el Parlamento catalán y se pone al frente de la manifestación es el mismo partido que gobierna en La Moncloa. La dualidad PSC/PSOE es un viejo truco que deberíamos desenmascarar: ¿pertenecen al mismo partido los señores Areces o González-Vara y el señor Montilla? Pues sí, aunque no lo parezca. No está de más recordar que los partidos, sobre todo si son de gobierno, tienen una tremenda responsabilidad a la hora de asumir el papel que en cada circunstancia histórica les corresponde, una responsabilidad colectiva que alcanza sobre todo a aquellos a los que se les supone alguna tarea dirigente.
Cuando estos días escuchaba a Alfonso Guerra rebajar la rebeldía de Montilla a la mera categoría de anécdota preelectoral, me venían a la mente dos fechas. La primera, de sobra citada, aquella con la que arranca todo este proceso, fue un 13 de noviembre del año 2003, cuando Zapatero, en el Palau San Jordi, en apoyo de Pascual Maragall, lanza su famoso compromiso: «apoyaré la reforma del Estatut que salga del Parlament de Cataluña». Fue otro noviembre, este de 1993, en medio de aquel ciclo del 93 al 96 lleno de convulsiones, escándalos y problemas, cuando el Tribunal Constitucional anula dos apartados del artículo 21 de la Ley de Seguridad Ciudadana (la famosa Ley Corcuera) y de forma inmediata el ministro del Interior, José Luis Corcuera, presenta su dimisión. No se trata de rescatar la biografía de nadie, pero hay que reconocer que su forma de actuar fue consecuente. Entonces, no pareció aquel gesto algo extraordinario (igual a Felipe González si). Hoy parecería una heroicidad. ¿Cuántas dimisiones corresponden por este fiasco de Estatut?
También en Bélgica andan preguntándose en qué momento traspasaron los límites de lo admisible para llegar sin darse cuenta a la actual situación de fractura y bloqueo institucional. Así que resulta imprescindible que en España, quien tiene que hacerse las preguntas necesarias, se las vaya haciendo y más pronto que tarde.

http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100703/opinionarticulos/espana-laberinto-20100703.html

La opaca exclusión de la carbayera de Zarracina del catálogo urbanístico de Gijón demuestra la falta de compromiso del PSOE e IU con los intereses gen

2 de julio de 2010



La maniobra del Ayuntamiento demuestra varias cosas, la opacidad y mala fe con la que el equipo de gobierno municipal actúa cuando busca intereses que no se corresponden con el bien común, el poco respeto que muestra hacia los procedimientos administrativos de obligado cumplimento y de los que debería ser máximo garante, y la nula sensibilidad y compromiso para con el medio ambiente y el patrimonio natural del concejo.

Unión Progreso y Democracia en Gijón ve con preocupación los hechos denunciados por la Plataforma de Cabueñes en relación a la exclusión de la carbayera de Zarracina del catálogo urbanístico. La maniobra del Ayuntamiento demuestra varias cosas, la opacidad y mala fe con la que el equipo de gobierno municipal actúa cuando busca intereses que no se corresponden con el bien común, el poco respeto que muestra hacia los procedimientos administrativos de obligado cumplimento y de los que debería ser máximo garante, y la nula sensibilidad y compromiso para con el medio ambiente y el patrimonio natural del concejo.
Para UPyD tampoco es admisible el silencio cómplice del socio de gobierno en el Ayuntamiento, Izquierda Unida, máxime cuando la formación que representa Jesús Montes Estrada siempre ha pasado por ser defensora de causas nobles como el ecologismo. Para Armando Fernández Bartolomé, coordinador de UPyD en Gijón, “no entendemos como una carbayera como la de Zarracina ha podido perder de la noche a la mañana todos los atributos que la han hecho merecedora de protección y reconocimiento para su inclusión en el catálogo urbanístico, relación de bienes de la ciudad que condiciona cualquier actuación en materia urbanística, lo cual demostraría, como denuncian los vecinos de Cabueñes, hasta qué punto son capaces de llegar quienes ostentan el gobierno municipal con tal de hacer comulgar con ruedas de molino a los ciudadanos a los que dicen representar”.