UPyD Asturias
20 de abril de 2010
Unión Progreso y Democracia en Asturias, a raíz de las declaraciones de Javier Fernández en las que pide arbitrar normas que permitan una gestión profesional de las cajas, quiere manifestar su indignación y recordarle al dirigente socialista que el 9 de febrero de 2010 en el Pleno del Congreso de los Diputados su grupo parlamentario votó en contra de una Proposición No de Ley presentada por UPyD sobre la reforma de la Ley de Órganos de Representación de las Cajas de Ahorros (LORCA), en la que se reclamaba, entre otras cuestiones, la despolitización de las entidades, la profesionalización de su gestión y la supresión del derecho de veto de las CCAA a las fusiones entre Cajas.
En este sentido, la propuesta de UPyD abogaba por modificar la LORCA, con carácter previo a los procesos de fusión, para retirar de los órganos de gestión a los cargos políticos, así como condicionar las ayudas del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) a la aceptación de estos cambios por parte de los gobiernos autonómicos y de las propias entidades
La iniciativa fue rechazada por 339 votos contra sólo dos a favor, uno de ellos el de un Diputado popular que votó a favor por error.
Humberto Rodríguez Solla, coordinador de UPyD Asturias, ha declarado que “las declaraciones del Sr. Fernández son una muestra más de la desvergüenza y la esquizofrenia del discurso político del PSOE, que defiende versiones distintas dependiendo del territorio donde se encuentre y de los intereses políticos del momento. Estas manifestaciones son incoherentes con el comportamiento de su partido en el Congreso y con la política seguida en este asunto por los ejecutivos de CCAA allí donde gobierna el PSOE.”
miércoles, 21 de abril de 2010
Jordi Sevilla: "Las comunidades deben compartir ingresos con los ayuntamientos
El ex ministro de Administraciones Públicas dice que "hay que revisar el modelo de financiación municipal" en una entrevista con los lectores de ELPAÍS.com
MIGUEL ÁNGEL MEDINA - Madrid
ELPAIS.com - Economía - 20-04-2010
Los ayuntamientos se enfrentan a un enorme problema de financiación que se ha agravado con la actual crisis económica. ¿Cuál podría ser la receta para superar esta situación? Para el ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, "debería definirse una participación [de las entidades locales] en los ingresos de las comunidades autónomas". Sevilla respaldaba así la tribuna publicada este martes en EL PAÍS por Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), quien aboga por que las autonomías "no escurran el bulto" en este tema.
"Hay que revisar el modelo de financiación municipal", explicó el ex ministro, "después de haber dejado claras sus competencias y después de modificar sus mecanismos de gobierno local". El también asesor de PricewaterhouseCoopers ha criticado que "se ha perdido una oportunidad de hacerlo en la reciente revisión del modelo de financiación autonómica". "Lo intenté con la nueva ley de régimen local, que sigue pendiente", dijo.
En su opinión, los cambios no debería quedarse ahí, sino que habría que modificar también el actual sistema de comunidades autónomas, con "una reforma que sólo puede ser hacia adelante, es decir, consolidar una modelo federal con mecanismos de cooperación y con un Estatuto del Gobierno Central que le permita desarrollar sus funciones constitucionales". "Y reformar el Senado, y la Conferencia de Presidentes", dijo.
"No hay demasiados funcionarios"
El ex titular de Administraciones Públicas defendió además a los trabajadores públicos. "No tenemos un número elevado de funcionarios", apuntó, "otra cosa es que debamos evaluar su desempeño y establecer mecanismos de recompensas y sanciones en función de su trabajo". No creo que sobren funcionarios en número absoluto. Creo que sobran determinados funcionarios y hacen falta otros con otra formación y para hacer otras cosas. Creo que debería aprobarse un plan de jubilación anticipada y voluntaria, para sustituir a unos por otros".
Sevilla se mostró convencido de que "hay una campaña de desprestigio del empleado público". "Pensar que todo lo bueno se concentra en la empresa privada y todo lo malo en la Administración es una simplificación interesada. Sobre todo, por parte de quienes en el fondo lo que no quieren es pagar impuestos o ser controlados". "Los de Goldman Sach que han sido acusados de cometer fraude con sus productos financieros, seguro que criticaban la vigilancia pública sobre sus actividades", ironizó.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100420elpepueco_4&type=Tes
MIGUEL ÁNGEL MEDINA - Madrid
ELPAIS.com - Economía - 20-04-2010
Los ayuntamientos se enfrentan a un enorme problema de financiación que se ha agravado con la actual crisis económica. ¿Cuál podría ser la receta para superar esta situación? Para el ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, "debería definirse una participación [de las entidades locales] en los ingresos de las comunidades autónomas". Sevilla respaldaba así la tribuna publicada este martes en EL PAÍS por Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), quien aboga por que las autonomías "no escurran el bulto" en este tema.
"Hay que revisar el modelo de financiación municipal", explicó el ex ministro, "después de haber dejado claras sus competencias y después de modificar sus mecanismos de gobierno local". El también asesor de PricewaterhouseCoopers ha criticado que "se ha perdido una oportunidad de hacerlo en la reciente revisión del modelo de financiación autonómica". "Lo intenté con la nueva ley de régimen local, que sigue pendiente", dijo.
En su opinión, los cambios no debería quedarse ahí, sino que habría que modificar también el actual sistema de comunidades autónomas, con "una reforma que sólo puede ser hacia adelante, es decir, consolidar una modelo federal con mecanismos de cooperación y con un Estatuto del Gobierno Central que le permita desarrollar sus funciones constitucionales". "Y reformar el Senado, y la Conferencia de Presidentes", dijo.
"No hay demasiados funcionarios"
El ex titular de Administraciones Públicas defendió además a los trabajadores públicos. "No tenemos un número elevado de funcionarios", apuntó, "otra cosa es que debamos evaluar su desempeño y establecer mecanismos de recompensas y sanciones en función de su trabajo". No creo que sobren funcionarios en número absoluto. Creo que sobran determinados funcionarios y hacen falta otros con otra formación y para hacer otras cosas. Creo que debería aprobarse un plan de jubilación anticipada y voluntaria, para sustituir a unos por otros".
Sevilla se mostró convencido de que "hay una campaña de desprestigio del empleado público". "Pensar que todo lo bueno se concentra en la empresa privada y todo lo malo en la Administración es una simplificación interesada. Sobre todo, por parte de quienes en el fondo lo que no quieren es pagar impuestos o ser controlados". "Los de Goldman Sach que han sido acusados de cometer fraude con sus productos financieros, seguro que criticaban la vigilancia pública sobre sus actividades", ironizó.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100420elpepueco_4&type=Tes
Que las autonomías no escurran el bulto
PEDRO CASTRO
EL PAÍS - Economía - 20-04-2010
España, como el resto del mundo, afronta el reto de salir de una crisis que nos ha demostrado que la única forma sensata de desarrollo es la que garantice el Estado del bienestar y la que prime el bien común sobre los abusos de la especulación. Es en los momentos de crisis cuando lo público adquiere su verdadero valor, no sólo para ayudar a los más débiles, sino también para consolidar estructuras que proporcionen riqueza y bienestar a largo plazo, apostando por un desarrollo económico social y humano. Y en esta tarea, los distintos niveles de Gobierno tienen la misma responsabilidad, el mismo derecho y la misma obligación a participar en la toma de decisiones. Por eso, los Gobiernos locales, ahora, son más necesarios que nunca.
El desarrollo del nuevo modelo económico y la sostenibilidad de las finanzas públicas, el futuro del Estado del bienestar, en definitiva, están íntimamente ligados a la capacidad que puedan tener los Gobiernos locales de contribuir a su consolidación. Por ello, es más necesario que nunca aplicar, de verdad y de forma efectiva, el principio de subsidiariedad y la gobernanza multinivel.
Durante los últimos 30 años, los ayuntamientos han sido los principales artífices del incremento de los servicios a las personas y de la calidad de vida de los ciudadanos. Si de verdad queremos que sigan prestando servicios con la misma eficacia que hasta ahora y que contribuyan al mantenimiento del bienestar, sin que se resientan los principios de una sociedad justa y solidaria, es imprescindible cambiar el marco normativo actual y que se apruebe cuanto antes un sistema de financiación suficiente, justo y previsible.
Los ayuntamientos hemos dado ejemplo de responsabilidad y de lealtad institucional. Nuestro déficit es insignificante en relación con el de las demás Administraciones públicas y nuestra deuda apenas ha variado cuatro décimas respecto al PIB en la última década. Al mismo tiempo, hemos tenido que cubrir responsabilidades y obligaciones de otras Administraciones, por unos importes que rondan un tercio del total de nuestros gastos.
Es inaplazable la aprobación de las leyes de Gobierno Local y de Financiación Local. El Gobierno central ya ha manifestado su intención de afrontar estas reformas pronto; esperamos que las comunidades autónomas no escurran el bulto y acometan la parte que les corresponde: garantizar la participación de los ayuntamientos en sus ingresos tributarios, como dice el artículo 142. No hacerlo significaría un grave incumplimiento del mandato constitucional.
Hoy España es un Estado más descentralizado, pero no un Estado descentralizado, porque no ha llegado al escalón más cercano a los ciudadanos. Hay que avanzar mucho más hasta ser un Estado cooperativo, en el que cada parte haga lo que tenga que hacer de la forma más eficaz, con los recursos necesarios para alcanzar el mayor grado de eficiencia. Un Estado en el que los gobiernos locales sean considerados socios, no meros intermediarios, en la definición y ejecución de las políticas públicas y sectoriales que afectan a cada territorio.
Los 8.115 municipios, las Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares forman la más amplia red pública de España; la que garantiza realmente la cohesión social en todo el territorio nacional y la extensión más eficaz, democrática y solidaria de la red de servicios. No sería justo ni rentable que se les impida trabajar al máximo de sus posibilidades. Las comunidades autónomas y los Gobiernos locales tienen un papel complementario y no excluyente.
Es cierto que estamos ante problemas globales, pero que afectan directamente a las personas que está a nuestro lado, personas a las que los alcaldes sí ponemos nombre y rostro, porque son nuestros vecinos o nuestras vecinas. Problemas globales a los que tenemos que dar necesariamente soluciones locales.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100420elpepieco_10&type=Tes
EL PAÍS - Economía - 20-04-2010
España, como el resto del mundo, afronta el reto de salir de una crisis que nos ha demostrado que la única forma sensata de desarrollo es la que garantice el Estado del bienestar y la que prime el bien común sobre los abusos de la especulación. Es en los momentos de crisis cuando lo público adquiere su verdadero valor, no sólo para ayudar a los más débiles, sino también para consolidar estructuras que proporcionen riqueza y bienestar a largo plazo, apostando por un desarrollo económico social y humano. Y en esta tarea, los distintos niveles de Gobierno tienen la misma responsabilidad, el mismo derecho y la misma obligación a participar en la toma de decisiones. Por eso, los Gobiernos locales, ahora, son más necesarios que nunca.
El desarrollo del nuevo modelo económico y la sostenibilidad de las finanzas públicas, el futuro del Estado del bienestar, en definitiva, están íntimamente ligados a la capacidad que puedan tener los Gobiernos locales de contribuir a su consolidación. Por ello, es más necesario que nunca aplicar, de verdad y de forma efectiva, el principio de subsidiariedad y la gobernanza multinivel.
Durante los últimos 30 años, los ayuntamientos han sido los principales artífices del incremento de los servicios a las personas y de la calidad de vida de los ciudadanos. Si de verdad queremos que sigan prestando servicios con la misma eficacia que hasta ahora y que contribuyan al mantenimiento del bienestar, sin que se resientan los principios de una sociedad justa y solidaria, es imprescindible cambiar el marco normativo actual y que se apruebe cuanto antes un sistema de financiación suficiente, justo y previsible.
Los ayuntamientos hemos dado ejemplo de responsabilidad y de lealtad institucional. Nuestro déficit es insignificante en relación con el de las demás Administraciones públicas y nuestra deuda apenas ha variado cuatro décimas respecto al PIB en la última década. Al mismo tiempo, hemos tenido que cubrir responsabilidades y obligaciones de otras Administraciones, por unos importes que rondan un tercio del total de nuestros gastos.
Es inaplazable la aprobación de las leyes de Gobierno Local y de Financiación Local. El Gobierno central ya ha manifestado su intención de afrontar estas reformas pronto; esperamos que las comunidades autónomas no escurran el bulto y acometan la parte que les corresponde: garantizar la participación de los ayuntamientos en sus ingresos tributarios, como dice el artículo 142. No hacerlo significaría un grave incumplimiento del mandato constitucional.
Hoy España es un Estado más descentralizado, pero no un Estado descentralizado, porque no ha llegado al escalón más cercano a los ciudadanos. Hay que avanzar mucho más hasta ser un Estado cooperativo, en el que cada parte haga lo que tenga que hacer de la forma más eficaz, con los recursos necesarios para alcanzar el mayor grado de eficiencia. Un Estado en el que los gobiernos locales sean considerados socios, no meros intermediarios, en la definición y ejecución de las políticas públicas y sectoriales que afectan a cada territorio.
Los 8.115 municipios, las Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares forman la más amplia red pública de España; la que garantiza realmente la cohesión social en todo el territorio nacional y la extensión más eficaz, democrática y solidaria de la red de servicios. No sería justo ni rentable que se les impida trabajar al máximo de sus posibilidades. Las comunidades autónomas y los Gobiernos locales tienen un papel complementario y no excluyente.
Es cierto que estamos ante problemas globales, pero que afectan directamente a las personas que está a nuestro lado, personas a las que los alcaldes sí ponemos nombre y rostro, porque son nuestros vecinos o nuestras vecinas. Problemas globales a los que tenemos que dar necesariamente soluciones locales.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100420elpepieco_10&type=Tes
Los municipios aspiran a los ingresos de las comunidades
Clarificar el reparto de competencias es necesario para que los ayuntamientos no asuman gastos insostenibles
ALEJANDRO BOLAÑOS - Madrid
EL PAÍS - Economía - 20-04-2010
El Gobierno y las comunidades autónomas atraen todos los focos, pero son los ayuntamientos los que sufren el rigor del desplome de los ingresos públicos en primera línea. Como el resto, en los buenos tiempos pisaron el acelerador del gasto y ahora, con las arcas demediadas, se enfrentan a la disyuntiva de recortar plantillas o de dejar de prestar servicios. Pero lo que hace que esa elección sea más apremiante es que, a diferencia de otros niveles de la Administración, apenas tienen margen para aumentar la recaudación con subidas de impuestos (el alza en las tasas tiene un efecto en los ingresos limitado). Y el recurso al endeudamiento está muy acotado por la ley. Resultado: es la Administración con menor nivel de déficit (0,5% del PIB) y deuda pública (3,3% del PIB), pero la que tiene más dificultades.
Expertos y políticos locales coinciden en señalar que en 2011 la situación será peliaguda: el sistema de financiación va con dos años de retraso, y las entidades locales deben devolver entonces, con las arcas ya tiritando, el dinero que el Ejecutivo central les transfirió de más en 2009, basándose en unas previsiones que la Gran Recesión destrozó. También coinciden en que la solución pasa por que se culmine la reforma de la financiación local, patata caliente de los últimos Gobiernos, y se cierre, de forma definitiva, el reparto de competencias. Pero, como señala Alfonso Utrilla, profesor de Economía de la Universidad Complutense, "con el sistema tributario funcionando tan mal por la crisis, es el peor momento posible".
"Si las entidades locales sólo prestaran el mínimo de servicios que les exige la ley, tendrían muchos menos problemas", puntualiza Núria Bosch, catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona. Aprovechando el maná de los ingresos públicos derivados del boom inmobiliario, los ayuntamientos se lanzaron a atender "las necesidades de los ciudadanos", argumento infinito que justifica cualquier decisión. "Si el pueblo de al lado hacía un campo de fútbol de hierba o un polideportivo, tú hacías otro igual", ejemplifica Bosch. Son inversiones que luego hipotecan gasto corriente.
Pero el desembolso no se hinchó sólo para lograr votos. En muchos casos, las leyes de las comunidades obligan a los ayuntamientos a completar proyectos autonómicos. En otros casos, es el dinero municipal lo que permite que los equipamientos sociales sigan en marcha. Y aquí es donde entra en juego la falta de definición en el reparto de competencias.
"Tras el pacto de la financiación autonómica, ahora toca descentralizar desde las comunidades a los municipios, que tengan una mayor participación en sus ingresos", afirma la catedrática de la Universidad de Barcelona, en alusión a uno de los puntos clave de la reforma de la financiación local, que el Gobierno ha prometido afrontar en 2011.
La situación es tan precaria que ha llevado al Ejecutivo a concentrar en los municipios sus fondos extraordinarios de inversión (13.000 millones del Plan E entre 2009 y 2010) y a facilitarles financiación para que puedan pagar a los proveedores. Y, aun así, algunos ayuntamientos (Jerez de la Frontera es la localidad de mayor tamaño afectada) han tenido que recurrir a expedientes de regulación de empleo. "Aunque su utilidad a medio plazo sea dudosa, los fondos del Plan E han cumplido con el cometido de completar el gasto de capital de los municipios, pero siguen teniendo muchos problemas con el gasto corriente", señala Utrilla, quien cree que, como ocurriera con las comunidades, el Gobierno tendrá que aplazar las devoluciones de 2011 "si no quiere que la situación sea insostenible".
"La descentralización está por terminar, las comunidades debían dejar la gestión de las políticas sociales a los ayuntamientos o entidades mancomunadas, como se hace en algunos países nórdicos, y centrarse en el diseño de políticas y en el control de resultados", opina Joan Subirats, del Instituto de Políticas Públicas de la Autónoma de Barcelona. Más allá de la voluntad de las comunidades, el problema radica en el minifundismo de la Administración local, con más de 8.000 entidades. "La mancomunidad para prestar ciertos servicios debería ser obligatoria", aconseja Bosch.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100420elpepieco_9&type=Tes&anchor=elpepieco
ALEJANDRO BOLAÑOS - Madrid
EL PAÍS - Economía - 20-04-2010
El Gobierno y las comunidades autónomas atraen todos los focos, pero son los ayuntamientos los que sufren el rigor del desplome de los ingresos públicos en primera línea. Como el resto, en los buenos tiempos pisaron el acelerador del gasto y ahora, con las arcas demediadas, se enfrentan a la disyuntiva de recortar plantillas o de dejar de prestar servicios. Pero lo que hace que esa elección sea más apremiante es que, a diferencia de otros niveles de la Administración, apenas tienen margen para aumentar la recaudación con subidas de impuestos (el alza en las tasas tiene un efecto en los ingresos limitado). Y el recurso al endeudamiento está muy acotado por la ley. Resultado: es la Administración con menor nivel de déficit (0,5% del PIB) y deuda pública (3,3% del PIB), pero la que tiene más dificultades.
Expertos y políticos locales coinciden en señalar que en 2011 la situación será peliaguda: el sistema de financiación va con dos años de retraso, y las entidades locales deben devolver entonces, con las arcas ya tiritando, el dinero que el Ejecutivo central les transfirió de más en 2009, basándose en unas previsiones que la Gran Recesión destrozó. También coinciden en que la solución pasa por que se culmine la reforma de la financiación local, patata caliente de los últimos Gobiernos, y se cierre, de forma definitiva, el reparto de competencias. Pero, como señala Alfonso Utrilla, profesor de Economía de la Universidad Complutense, "con el sistema tributario funcionando tan mal por la crisis, es el peor momento posible".
"Si las entidades locales sólo prestaran el mínimo de servicios que les exige la ley, tendrían muchos menos problemas", puntualiza Núria Bosch, catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona. Aprovechando el maná de los ingresos públicos derivados del boom inmobiliario, los ayuntamientos se lanzaron a atender "las necesidades de los ciudadanos", argumento infinito que justifica cualquier decisión. "Si el pueblo de al lado hacía un campo de fútbol de hierba o un polideportivo, tú hacías otro igual", ejemplifica Bosch. Son inversiones que luego hipotecan gasto corriente.
Pero el desembolso no se hinchó sólo para lograr votos. En muchos casos, las leyes de las comunidades obligan a los ayuntamientos a completar proyectos autonómicos. En otros casos, es el dinero municipal lo que permite que los equipamientos sociales sigan en marcha. Y aquí es donde entra en juego la falta de definición en el reparto de competencias.
"Tras el pacto de la financiación autonómica, ahora toca descentralizar desde las comunidades a los municipios, que tengan una mayor participación en sus ingresos", afirma la catedrática de la Universidad de Barcelona, en alusión a uno de los puntos clave de la reforma de la financiación local, que el Gobierno ha prometido afrontar en 2011.
La situación es tan precaria que ha llevado al Ejecutivo a concentrar en los municipios sus fondos extraordinarios de inversión (13.000 millones del Plan E entre 2009 y 2010) y a facilitarles financiación para que puedan pagar a los proveedores. Y, aun así, algunos ayuntamientos (Jerez de la Frontera es la localidad de mayor tamaño afectada) han tenido que recurrir a expedientes de regulación de empleo. "Aunque su utilidad a medio plazo sea dudosa, los fondos del Plan E han cumplido con el cometido de completar el gasto de capital de los municipios, pero siguen teniendo muchos problemas con el gasto corriente", señala Utrilla, quien cree que, como ocurriera con las comunidades, el Gobierno tendrá que aplazar las devoluciones de 2011 "si no quiere que la situación sea insostenible".
"La descentralización está por terminar, las comunidades debían dejar la gestión de las políticas sociales a los ayuntamientos o entidades mancomunadas, como se hace en algunos países nórdicos, y centrarse en el diseño de políticas y en el control de resultados", opina Joan Subirats, del Instituto de Políticas Públicas de la Autónoma de Barcelona. Más allá de la voluntad de las comunidades, el problema radica en el minifundismo de la Administración local, con más de 8.000 entidades. "La mancomunidad para prestar ciertos servicios debería ser obligatoria", aconseja Bosch.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100420elpepieco_9&type=Tes&anchor=elpepieco
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