UPyD de Gijón se solidariza con los comerciantes de la calle Los Moros.

“Entendemos que las obras siempre causan molestias a los vecinos y comerciantes afectados pero desde las administraciones se tiene la obligación de  intentar minimizarlas, máxime cuando interfieren en la actividad comercial, y por tanto económica, de la ciudad”, afirma Armando Fernández Bartolomé, candidato de UPyD a la Alcaldía de Gijón

Unión Progreso y Democracia cree que el Ayuntamiento debe hacer una mejor planificación de sus obras puesto que también tememos retrasos en las obras de la avenida de Castilla y de El Parchís.

Para Armando Fernández Bartolmé “es lamentable que a falta de unos días para el inicio de la campaña navideña, importantes ejes comerciales de nuestra ciudad como la calle de Los Moros se encuentren todavía en obras y con grandes incertidumbres sobre los plazos de su finalización lo que está causando importantes perjuicios económicos y gran preocupación a los comerciantes locales. Y tal vez aboque a algún comerciante al cierre, sumándose a ese 4% de comercios que han cerrado en Gijón en lo que va de año”

Para Unión Progreso y Democracia  se trata de un ejemplo más de la mala gestión del Ayuntamiento en la ejecución y planificación de sus obras así como su falta de sensibilidad hacia el comercio local. Además se espera que las próximas remodelaciones de avenidas en la ciudad, tan necesarias por otra parte, se ejecuten íntegramente en los períodos de menor actividad comercial.

El Consistorio reserva 500.000 euros al año para indemnizaciones

Las contrataciones externas de abogados reportan un gasto anual de unos 70.000 euros 

El Ayuntamiento dispone de un presupuesto anual de 500.000 euros para hacer frente a posibles indemnizaciones en los pleitos judiciales que tiene abiertos. Así lo explicó ayer en el programa 'La Lupa' Ignacio Villaverde, director de la asesoría jurídica del Consistorio gijonés. El jurista también expuso que las contrataciones externas de abogados reportan unos gastos anuales que oscilan entre los 60.000 y 70.000 euros. Se recurre a la externalización por la especialidad de la materia o por su complejidad, como sucedió en los recursos de casación de las 31 sentencias anulatorias del PGO de 2005 dictadas por el Tribunal Superior de justicia de Asturias (TSJA). La defensa en la mayoría de los litigios recae en cinco letrados asesores de la casa.

Villaverde explicó que el 90% de los asuntos litigiosos que afectan a la Administración local son por recursos contencioso-administrativos, entre los que se incluyen los casos de responsabilidad patrimonial. El Ayuntamiento afronta entre 280 y 300 pleitos al año por esta vía, a los que hay que sumar medio centenar de asuntos penales y, en mucha menor cuantía, asuntos civiles y de jurisdicción social.

El experto aseguró en el programa de Canal 10 que las estadísticas gijonesas no suponen «una media excesiva» en comparación con otros ayuntamientos de su tamaño y entidad, que prácticamente le doblan en litigiosidad en este momento.

En cuanto a los asuntos estrella que motivan el mayor número de demandas enumeró los contenciosos por responsabilidad patrimonial (el 28% del total), las sanciones de tráfico recurridas (el 18%), los casos de disciplina urbanística (en torno al 8%) y las cuestiones de personal (otro 8%).

El director de los servicios jurídicos municipales también precisó que la tasa de éxito judicial en pleitos municipales se sitúa en este momento en el 70%, «un porcentaje parejo» a las resoluciones favorables que consigue de los tribunales en multas de tráfico recurridas por infractores. Según Ignacio Villaverde, esto último es achacable «al buen trabajo policial, con unos atestados bien hechos que facilitan la labor administrativa».

El curso pasado hubo 43 denuncias por agresiones y acoso en los centros docentes

Los centros escolares asturianos registraron un total de 43 denuncias por violencia o acoso escolar a lo largo del curso 2009-2010, según los datos del Servicio de Inspección de la Consejería de Educación y Ciencia, una cifra que supone el doble de la registrada en el curso anterior.

Estos datos fueron dados a conocer ayer, en el Pleno de la Junta General del Principado, por el consejero de Educación y Ciencia, Herminio Sastre , en respuesta a una pregunta planteada por el diputado del PP Emilio Pérez Cueva.

Sastre explicó que de las 43 denuncias sólo ocho fueron casos de acoso que tuvieron que ser estudiados posteriormente. Respecto a la procedencia de las mismas, 15 procedían de las familias; 10, de los propios centros educativos; 18, de la Comisión Escolar, y una, de otros medios.

Asimismo apuntó que, como viene siendo habitual, la mayor parte de las denuncias -dos tercios- corresponden a alumnas y manifestó que en el 60% de los casos las denuncias se referían a agresiones verbales.