Las contrataciones externas de abogados reportan un gasto anual de unos 70.000 euros El Ayuntamiento dispone de un presupuesto anual de 500.000 euros para hacer frente a posibles indemnizaciones en los pleitos judiciales que tiene abiertos. Así lo explicó ayer en el programa 'La Lupa' Ignacio Villaverde, director de la asesoría jurídica del Consistorio gijonés. El jurista también expuso que las contrataciones externas de abogados reportan unos gastos anuales que oscilan entre los 60.000 y 70.000 euros. Se recurre a la externalización por la especialidad de la materia o por su complejidad, como sucedió en los recursos de casación de las 31 sentencias anulatorias del PGO de 2005 dictadas por el Tribunal Superior de justicia de Asturias (TSJA). La defensa en la mayoría de los litigios recae en cinco letrados asesores de la casa. Villaverde explicó que el 90% de los asuntos litigiosos que afectan a la Administración local son por recursos contencioso-administrativos, entre los que se incluyen los casos de responsabilidad patrimonial. El Ayuntamiento afronta entre 280 y 300 pleitos al año por esta vía, a los que hay que sumar medio centenar de asuntos penales y, en mucha menor cuantía, asuntos civiles y de jurisdicción social. El experto aseguró en el programa de Canal 10 que las estadísticas gijonesas no suponen «una media excesiva» en comparación con otros ayuntamientos de su tamaño y entidad, que prácticamente le doblan en litigiosidad en este momento. En cuanto a los asuntos estrella que motivan el mayor número de demandas enumeró los contenciosos por responsabilidad patrimonial (el 28% del total), las sanciones de tráfico recurridas (el 18%), los casos de disciplina urbanística (en torno al 8%) y las cuestiones de personal (otro 8%). El director de los servicios jurídicos municipales también precisó que la tasa de éxito judicial en pleitos municipales se sitúa en este momento en el 70%, «un porcentaje parejo» a las resoluciones favorables que consigue de los tribunales en multas de tráfico recurridas por infractores. Según Ignacio Villaverde, esto último es achacable «al buen trabajo policial, con unos atestados bien hechos que facilitan la labor administrativa».
El Ayuntamiento dispone de un presupuesto anual de 500.000 euros para hacer frente a posibles indemnizaciones en los pleitos judiciales que tiene abiertos. Así lo explicó ayer en el programa 'La Lupa' Ignacio Villaverde, director de la asesoría jurídica del Consistorio gijonés. El jurista también expuso que las contrataciones externas de abogados reportan unos gastos anuales que oscilan entre los 60.000 y 70.000 euros. Se recurre a la externalización por la especialidad de la materia o por su complejidad, como sucedió en los recursos de casación de las 31 sentencias anulatorias del PGO de 2005 dictadas por el Tribunal Superior de justicia de Asturias (TSJA). La defensa en la mayoría de los litigios recae en cinco letrados asesores de la casa.
Villaverde explicó que el 90% de los asuntos litigiosos que afectan a la Administración local son por recursos contencioso-administrativos, entre los que se incluyen los casos de responsabilidad patrimonial. El Ayuntamiento afronta entre 280 y 300 pleitos al año por esta vía, a los que hay que sumar medio centenar de asuntos penales y, en mucha menor cuantía, asuntos civiles y de jurisdicción social.
El experto aseguró en el programa de Canal 10 que las estadísticas gijonesas no suponen «una media excesiva» en comparación con otros ayuntamientos de su tamaño y entidad, que prácticamente le doblan en litigiosidad en este momento.
En cuanto a los asuntos estrella que motivan el mayor número de demandas enumeró los contenciosos por responsabilidad patrimonial (el 28% del total), las sanciones de tráfico recurridas (el 18%), los casos de disciplina urbanística (en torno al 8%) y las cuestiones de personal (otro 8%).
El director de los servicios jurídicos municipales también precisó que la tasa de éxito judicial en pleitos municipales se sitúa en este momento en el 70%, «un porcentaje parejo» a las resoluciones favorables que consigue de los tribunales en multas de tráfico recurridas por infractores. Según Ignacio Villaverde, esto último es achacable «al buen trabajo policial, con unos atestados bien hechos que facilitan la labor administrativa».
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