Debates imposibles

JOSÉ MARÍA RUIZ SOROA

EL PAÍS - Opinión - 26-08-2010
Supongamos, que ya es mucho suponer, que es posible un debate público sobre la fiscalidad en España con unos gobernantes socialistas que en menos de dos años han pasado de decir que se podía devolver a los ciudadanos parte de sus impuestos, porque sobraba recaudación, a afirmar ahora que los ciudadanos pagan pocos impuestos para financiar los servicios públicos. Supongamos, que ya es mucho suponer, que es posible un debate sobre la cuestión con unos gobernantes que utilizan como argumento el dato bruto de la presión fiscal comparada entre países distintos, cuando cualquiera sabe hoy que la única comparación válida entre países es la del índice de esfuerzo fiscal de la población, ese que tiene en cuenta la distinta capacidad para pagar impuestos en función de la renta disponible.

Pues bien, aun suponiendo lo anterior, resultaría que a los ciudadanos nos falta un elemento de juicio esencial para poder debatir razonablemente sobre la relación entre impuestos y servicios públicos, un elemento que se nos oculta con alevosía y premeditación por nuestros gobernantes de toda laya, sean los estatales, los autonómicos o los locales. Hablo de los datos económicos sobre la eficiencia del gasto público en la prestación de los diversos servicios, es decir, de los datos que nos muestren cuánto invierten nuestras Administraciones Públicas para lograr unos determinados servicios, cuál es el coste comparativo de un mismo servicio tal como una operación cardiaca concreta prestado en España o en Suecia, o en Bilbao y Sevilla. Porque hablar solo del volumen del gasto público, sin contar con los datos mínimos acerca de la eficiencia de ese gasto, es un diálogo de tontos.

En uno de los pocos sectores en que existe una comparativa internacional continuada en el tiempo acerca de resultados del gasto público a nivel internacional, como es el sector de la enseñanza no universitaria, los sucesivos Informes PISA han puesto de manifiesto que no existe relación ninguna entre volumen total del gasto público por alumno y la competencia cognitiva o aprovechamiento obtenido por éstos (Julio Carabaña). Que hay países, como Dinamarca y Noruega, que obtienen peores resultados que otros que invierten mucho menos que ellos, como la República Checa. Que hay Comunidades Autónomas que invierten 8.858 euros anuales por alumno (País Vasco) y obtienen peores resultados que otras que invierten 5.791 (La Rioja). Que la enseñanza concertada obtiene los mismos resultados educativos que la pública con un coste inferior en más de un 40%. Vamos, que la calidad de los servicios públicos no depende en exclusiva del volumen global de la financiación a ellos destinada, sino también depende mucho de la eficiencia de la organización y gestión del servicio.

Y sobre este punto carecemos de datos: con lo que llegamos a la escasamente democrática situación de que a los ciudadanos se nos piden los impuestos, pero no se nos facilitan a cambio los índices de eficiencia comparativa de los Gobiernos en la gestión de esos impuestos. Se nos trata en esta cuestión (mejor dicho, nos dejamos tratar) como súbditos y no como ciudadanos.

En una reciente obra sobre la financiación de las autonomías, el hacendista Carlos Monasterio ha puesto de manifiesto la perversión a que ha conducido la falta de información contrastada y fiable sobre el grado de eficiencia en la gestión de los servicios públicos por los Gobiernos autonómicos, que son los que prestan la mayor parte de ellos (sanidad y educación, por ejemplo). Los ciudadanos carecemos de la información mínima para juzgar la gestión de nuestros respectivos Gobiernos, no sabemos si lo hacen peor o mejor, no podemos someterles a un verdadero juicio político en su gestión. Esa famosa democratic accountability que los políticos no se quitan de la boca en sus discursos, la hacen en realidad imposible en su práctica cotidiana.

Es más, nuestros gobernantes autonómicos han conseguido algo verdaderamente pasmoso: no solo que no podamos juzgar su gestión y corregirla en su caso en las urnas, sino que han logrado que el debate público se desplace siempre a la presunta cicatería de la Administración Central en la financiación. El mensaje que propalan y que ha calado en un público indefenso es el de que cualquier deficiencia de gestión se debe a una insuficiente provisión de financiación procedente del Estado, nunca a su gestión mejor o peor del dinero a su disposición. Con lo que el juego político permanente que presenciamos es el de la permanente renegociación de la distribución de recursos entre Estado y Comunidades, como si esa fuera la cuestión relevante y no la gestión que realmente se hace de los recursos disponibles.

Para poder establecer un debate público serio e informado sobre impuestos y servicios públicos es preciso que los gobernantes nos muestren la parte de la cuestión que sistemáticamente nos ocultan: la de sus índices de gestión y resultados. Sin ellos lo que tenemos no es debate, sino palabrería barata.

http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100826elpepiopi_5&type=Tes&anchor=elpepiopi

Denuncian a la fiscalía el relleno de arena en la playa de San Lorenzo

El relleno de arena que la Dirección General de Costas tiene previsto iniciar en septiembre para «regenerar» la playa de San Lorenzo tras la pérdida de soporte que ha sufrido en los últimos meses ya cuenta con su primer obstáculo legal. Marcelino Laruelo Roa, escritor y antiguo líder obrerista, ha presentado ante la fiscalía de Medio Ambiente una denuncia para que se frene lo que denomina como la «mediterraneización» de la bahía gijonesa. Según alega en su demanda -que se añade a la presentada contra la extracción de 24 millones de metros cúbicos del mismo material para la ampliación de El Musel-, la principal playa del concejo no necesita «recuperar su imagen» mediante un vertido que «la transformará en algo nuevo y radicalmente diferente en beneficio de los intereses crematísticos de unos cuantos».

La Dirección General de Costas anunció en el mes de julio que procedería al aporte de 155.000 metros cúbicos de arena en San Lorenzo tras las pérdidas sufridas durante el invierno y por las riadas que provocaron las fuertes lluvias del mes de junio. Esta operación, que está prevista para dentro de unas semanas y tendrá un coste de 2,6 millones de euros, aparecía incluida en el estudio de impacto ambiental que la Autoridad Portuaria presentó para las obras de ampliación de El Musel. Sin embargo, Laruelo Roa considera que su finalidad es «elevar el nivel de la arena en unos cinco metros de altura para tratar de crear una franja de unos treinta metros de ancho a lo largo de la concha, que no alcance a cubrir la mar en las pleamares».

El denunciante vincula estos trabajos con el proyecto aprobado en la década de los 80 por el PSOE, Izquierda Unida y el CDS para construir un dique «semisumergido» que evitara las pérdidas de áridos en San Lorenzo. «Ahora ya no les hace falta dicho dique porque con la ampliación del puerto se ha construido otro quince veces mayor», señala Laruelo Roa. El escritor utiliza este punto para lanzar un duro ataque político a los impulsores de ese viejo plan, que «han ascendido puestos en el escalafón». En este sentido, señala que el entonces alcalde, Vicente Álvarez Areces, «es ahora presidente autonómico asturiano» y los que «entonces aparecieron como autores-padres del proyecto, Miguel Velasco y Ramón Galán son subdirector general de Sostenibilidad de las Costas, en el Ministerio, y jefe de la Demarcación de Costas de Asturias, respectivamente».

Para justificar su escrito, el denunciante incluye además varios estudios que defienden que las labores de extracción de arena para la construcción del superpuerto no acarrearían problemas para la playa de San Lorenzo. Ahora, la fiscalía de Medio Ambiente tendrá la última palabra sobre las labores previstas tras la temporada de baños

http://www.lne.es/gijon/2010/08/26/denuncian-fiscalia-relleno-arena-playa-san-lorenzo/959639.html