5 de mayo de 2010
En relación con las declaraciones del Rector y miembros del equipo de gobierno de la Universidad de Oviedo en que se afirma que el acceso de algunos alumnos de FP a la Universidad es "injusto", UPyD quiere denunciar la falta de control por parte de los servicios de inspección de la Consejería de Educación en relación a las notas de algunos centros privados, concertados y públicos, especialmente en etapas muy importantes como el Bachillerato y la FP de grado superior en las que las calificaciones influyen en el acceso a estudios universitarios. Es constatable que existen centros donde los alumnos obtienen unos sorprendentemente buenos resultados académicos que rompen todos los promedios conocidos y que esta práctica, amen de injusta, desvaloriza las titulaciones.
Para Unión Progreso y Democracia es responsabilidad de la administración un control exhaustivo que evite estas prácticas que ponen en riesgo la igualdad de las personas ante la ley y pervierten los fundamentos del sistema educativo reglado que deben tener en la justicia y el mérito su columna vertebral.
Humberto Rodríguez Solla ha declarado que “tenemos unos deficientes servicios de inspección, en concreto en el ámbito educativo, no por desconocimiento por parte del ejecutivo de los fraudes que lo acucian sino por incompetencia y falta de voluntad política para ponerles solución. Los propios servicios de inspección educativa se han organizado desde hace ya años en torno a la cooptación partidista y no al mérito y están más a las órdenes del ejecutivo que al cumplimiento estricto de la ley . Si la inspección no puede garantizar la equidad en las calificaciones entonces hay que revisar el sistema de acceso a las universidades públicas”.
miércoles, 5 de mayo de 2010
«Es mejor que vayan ampliando el cementerio de Carrió»
Los vecinos dicen que no pueden esperar 17 años a que otro PGOU incluya su realojo ante la contaminación que sufren en sus casas
05.05.2010 - PEPE G.-PUMARINOCANDÁS.
Los vecinos de la parroquia de Carrió, a través del presidente de la Asociación de Vecinos El Filandón, Pablo Quiroga, criticaron ayer con dureza el «olvido» de la Corporación de Carreño. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no recoge el compromiso de 2007 de establecer una reserva de suelo para el realojo de los cerca de 200 residentes afectados por la contaminación industrial.
Fue un compromiso contraído en su día por todas las formaciones políticas durante la última campaña electoral. Y, como señaló el portavoz vecinal, «la única conclusión que se puede extraer de esta actitud es que no podemos sentirnos representados en los partidos que ocupan el Pleno de Carreño». Quiroga, adelantó que dentro del trámite de alegaciones al PGOU «pediremos que el Ayuntamiento desplace a los técnicos para que expliquen a los vecinos las previsiones para esta parroquia dentro del PGOU».
Movilizaciones
Además, la asociación vecinal ha solicitado conocer los planes de expansión industrial en el concejo. «A partir de ahí, y de no obtener una respuesta positiva, estamos dispuestos a iniciar una serie de movilizaciones de protesta», indicó Quiroga. El malestar de la comunidad de residentes va 'in crescendo' aun más, si cabe, por la falta de interés demostrada por todos los partidos políticos: «Si todos los marginados por este cinturón industrial tienen que esperar a que les resuelva sus problemas el próximo PGOU, lo mejor es que vayan ampliando el cementerio de Carrió», aseguró rotundo Pablo Quiroga, al recordar que el planeamiento que negocia ahora el Consistorio ha tardado 17 años en ver la luz.
Explicó también que hay los efectos contaminantes de las industrias pesadas que padece la población no son exclusiva de esta parroquia, porque hay otras que también se enfrentarán a los mismos problemas caso de las situadas al sur del concejo. La obligación contraída entre el Ayuntamiento y el Principado, fue la de generar una reserva de suelo destinada al realojo de los residentes. Este compromiso estuvo supeditado el nuevo PGOU.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100505/gozon-carreno/mejor-vayan-ampliando-cementerio-20100505.html
05.05.2010 - PEPE G.-PUMARINOCANDÁS.
Los vecinos de la parroquia de Carrió, a través del presidente de la Asociación de Vecinos El Filandón, Pablo Quiroga, criticaron ayer con dureza el «olvido» de la Corporación de Carreño. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no recoge el compromiso de 2007 de establecer una reserva de suelo para el realojo de los cerca de 200 residentes afectados por la contaminación industrial.
Fue un compromiso contraído en su día por todas las formaciones políticas durante la última campaña electoral. Y, como señaló el portavoz vecinal, «la única conclusión que se puede extraer de esta actitud es que no podemos sentirnos representados en los partidos que ocupan el Pleno de Carreño». Quiroga, adelantó que dentro del trámite de alegaciones al PGOU «pediremos que el Ayuntamiento desplace a los técnicos para que expliquen a los vecinos las previsiones para esta parroquia dentro del PGOU».
Movilizaciones
Además, la asociación vecinal ha solicitado conocer los planes de expansión industrial en el concejo. «A partir de ahí, y de no obtener una respuesta positiva, estamos dispuestos a iniciar una serie de movilizaciones de protesta», indicó Quiroga. El malestar de la comunidad de residentes va 'in crescendo' aun más, si cabe, por la falta de interés demostrada por todos los partidos políticos: «Si todos los marginados por este cinturón industrial tienen que esperar a que les resuelva sus problemas el próximo PGOU, lo mejor es que vayan ampliando el cementerio de Carrió», aseguró rotundo Pablo Quiroga, al recordar que el planeamiento que negocia ahora el Consistorio ha tardado 17 años en ver la luz.
Explicó también que hay los efectos contaminantes de las industrias pesadas que padece la población no son exclusiva de esta parroquia, porque hay otras que también se enfrentarán a los mismos problemas caso de las situadas al sur del concejo. La obligación contraída entre el Ayuntamiento y el Principado, fue la de generar una reserva de suelo destinada al realojo de los residentes. Este compromiso estuvo supeditado el nuevo PGOU.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100505/gozon-carreno/mejor-vayan-ampliando-cementerio-20100505.html
Carta de UPyD al ministro sobre el pacto educativo
Rosa Díez González
Diputada en el Congreso de los Diputados
Portavoz de Unión Progreso y Democracia
Congreso de los Diputados
28071-Madrid
Excmo. Sr. Ministro de Educación, D. Ángel Gabilondo
C/ Alcalá, 34
28071, Madrid
Madrid, 4 de mayo de 2010
Estimado Ministro:
Unión Progreso y Democracia valora positivamente la iniciativa del Ministerio de Educación de proponer un Pacto Educativo, así como algunas de las medidas que contienen los documentos presentados. Sin embargo, manifiesta que, en su conjunto, la propuesta es decepcionante y anuncia su decisión de no suscribirla.
El Pacto Educativo que España necesita debe partir del reconocimiento de la crisis de nuestro sistema educativo y de un análisis riguroso de sus causas. Debe asimismo incluir reformas que permitan situar la educación en España en el nivel que corresponde a nuestro grado de desarrollo. Por el contrario, la propuesta del Ministerio parte de un análisis triunfalista y no realiza de los problemas ni de sus causas. El resultado es un documento excesivamente conservador que, en lugar de las reformas educativas que España necesita con urgencia, plantea buenas intenciones y medidas que ya han mostrado su ineficacia o su insuficiencia. Con ello el Ministerio ha renunciado a abrir un verdadero debate y a liderar los cambios que la educación española necesita.
Un verdadero Pacto de Estado debe incluir las medidas necesarias para garantizar:
1. Un sistema educativo común.
2. Un modelo educativo eficaz.
3. Un sistema público de calidad.
4. Una enseñanza integradora.
La propuesta ministerial no satisface ninguno de los requisitos:
1. La recuperación de competencias educativas por el Estado ni siquiera se plantea, con lo que no se detendrá el proceso actual de fragmentación, con sus conocidas secuelas: imposición lingüística, adoctrinamientos nacionalistas o localistas, obstáculos crecientes a la movilidad de alumnos y profesores, etc.
2. No se hace una evaluación realista del sistema actual ni se propone una reforma ambiciosa. Se mantiene, con algunos retoques, el modelo, ya fracasado, de la LOGSE. En consecuencia, seguiremos con cifras muy preocupantes de fracaso y abandono y no se corregirá la tendencia a la degradación de la disciplina en los centros.
3. No se incluye un plan para mejorar el sistema público. Al contrario, se apuesta por consolidar el actual modelo, con lo que continuará el proceso de transformación de la red pública en una red subsidiaria y la tendencia a la dualización del sistema.
4. Se habla de una enseñanza “intercultural” pero no se plantea la revisión del actual modelo semiconfesional.
Un acuerdo en el que el Estado renuncia a sus competencias educativas, mantiene un modelo fracasado, se desentiende de la red pública y abdica de su aconfesionalidad, no constituye un verdadero Pacto de Estado y suscribirlo sería manifiestamente incoherente con el ideario político de UPyD.
UPyD reitera su disposición al diálogo y su apuesta por un amplio acuerdo que dé realmente respuesta a uno de los principales retos de la sociedad española y del que depende en muy buena medida el futuro de nuestro país.
Un saludo muy cordial,
Rosa Díez
Portavoz de Unión Progreso y Democracia
Diputada en el Congreso de los Diputados
Portavoz de Unión Progreso y Democracia
Congreso de los Diputados
28071-Madrid
Excmo. Sr. Ministro de Educación, D. Ángel Gabilondo
C/ Alcalá, 34
28071, Madrid
Madrid, 4 de mayo de 2010
Estimado Ministro:
Unión Progreso y Democracia valora positivamente la iniciativa del Ministerio de Educación de proponer un Pacto Educativo, así como algunas de las medidas que contienen los documentos presentados. Sin embargo, manifiesta que, en su conjunto, la propuesta es decepcionante y anuncia su decisión de no suscribirla.
El Pacto Educativo que España necesita debe partir del reconocimiento de la crisis de nuestro sistema educativo y de un análisis riguroso de sus causas. Debe asimismo incluir reformas que permitan situar la educación en España en el nivel que corresponde a nuestro grado de desarrollo. Por el contrario, la propuesta del Ministerio parte de un análisis triunfalista y no realiza de los problemas ni de sus causas. El resultado es un documento excesivamente conservador que, en lugar de las reformas educativas que España necesita con urgencia, plantea buenas intenciones y medidas que ya han mostrado su ineficacia o su insuficiencia. Con ello el Ministerio ha renunciado a abrir un verdadero debate y a liderar los cambios que la educación española necesita.
Un verdadero Pacto de Estado debe incluir las medidas necesarias para garantizar:
1. Un sistema educativo común.
2. Un modelo educativo eficaz.
3. Un sistema público de calidad.
4. Una enseñanza integradora.
La propuesta ministerial no satisface ninguno de los requisitos:
1. La recuperación de competencias educativas por el Estado ni siquiera se plantea, con lo que no se detendrá el proceso actual de fragmentación, con sus conocidas secuelas: imposición lingüística, adoctrinamientos nacionalistas o localistas, obstáculos crecientes a la movilidad de alumnos y profesores, etc.
2. No se hace una evaluación realista del sistema actual ni se propone una reforma ambiciosa. Se mantiene, con algunos retoques, el modelo, ya fracasado, de la LOGSE. En consecuencia, seguiremos con cifras muy preocupantes de fracaso y abandono y no se corregirá la tendencia a la degradación de la disciplina en los centros.
3. No se incluye un plan para mejorar el sistema público. Al contrario, se apuesta por consolidar el actual modelo, con lo que continuará el proceso de transformación de la red pública en una red subsidiaria y la tendencia a la dualización del sistema.
4. Se habla de una enseñanza “intercultural” pero no se plantea la revisión del actual modelo semiconfesional.
Un acuerdo en el que el Estado renuncia a sus competencias educativas, mantiene un modelo fracasado, se desentiende de la red pública y abdica de su aconfesionalidad, no constituye un verdadero Pacto de Estado y suscribirlo sería manifiestamente incoherente con el ideario político de UPyD.
UPyD reitera su disposición al diálogo y su apuesta por un amplio acuerdo que dé realmente respuesta a uno de los principales retos de la sociedad española y del que depende en muy buena medida el futuro de nuestro país.
Un saludo muy cordial,
Rosa Díez
Portavoz de Unión Progreso y Democracia
UPyD no suscribirá la propuesta del pacto educativo porque lo considera "decepcionante"
Rosa Díez se lo anuncia al ministro Gabilondo mediante un carta
Para UPyD, el documento es "excesivamente conservador"
RTVE.es/AGENCIAS - MADRID 04.05.2010UPyD no suscribirá el pacto educativo promovido por el ministro Ángel Gabilondo, al entender que la última propuesta que éste puso sobre la mesa es "decepcionante", puesto que no plantea la recuperación de las competencias educativas por el Estado ni incluye un plan para mejorar el sistema público.
La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha enviado una carta a Gabilondo en la que le anuncia que no suscribirá el documento final para el acuerdo en la reunión de este jueves, en la que los partidos tienen que decidir si aceptan o no el pacto.
Según expone Díez en su misiva, el documento es "decepcionante" y "excesivamente conservador", puesto que parte de un diagnóstico "triunfalista" y, en vez de plantear las reformas educativas que España "necesita con urgencia", lo que hace es plantear "buenas intenciones y medidas que ya han mostrado su ineficacia o su insuficiencia".
"Con ello el Ministerio ha renunciado a abrir un verdadero debate y a liderar los cambios que la educación española necesita", sostiene la portavoz de UPyD en la carta.
Un sistema educativo "común"
Para Díez, un "verdadero" pacto de Estado debe incluir las medidas necesarias para garantizar un sistema educativo "común", un sistema público de calidad y una enseñanza "integradora". Y, en su opinión, estos requisitos no quedan recogidos en la propuesta del Ministerio.
No se plantea, en primer lugar, la recuperación de las competencias educativas por parte del Estado, "con lo que no se detendrá el proceso actual de fragmentación con sus conocidas secuelas: imposición lingüística, adoctrinamientos nacionalistas o localistas u obstáculos crecientes a la movilidad de alumnos y profesores".
Tampoco evalúa de forma "realista" el sistema ni propone una reforma "ambiciosa", sino que mantiene "con algunos retoques" el modelo actual de la LOGSE, "ya fracasado", lo que no evitará las "muy preocupantes" cifras de fracaso y abandono escolar ni se corregirá la "tendencia a la degradación de la disciplina" en los centros.
Díez, además, advierte de que la propuesta del Ministerio no incluye un plan de mejora del sistema público y habla de una enseñanza "intercultural", pero "no se plantea la revisión del actual modelo semiconfesional".
"Un acuerdo en el que el Estado renuncia a sus competencias educativas, mantiene un modelo fracasado, se desentiende de la red pública y abdica de su aconfesionalidad no constituye un verdadero pacto de Estado, y suscribirlo sería manifiestamente incoherente con el ideario político de UPyD", concluye Díez, antes de reiterar a Gabilondo su disposición al diálogo
Para UPyD, el documento es "excesivamente conservador"
RTVE.es/AGENCIAS - MADRID 04.05.2010UPyD no suscribirá el pacto educativo promovido por el ministro Ángel Gabilondo, al entender que la última propuesta que éste puso sobre la mesa es "decepcionante", puesto que no plantea la recuperación de las competencias educativas por el Estado ni incluye un plan para mejorar el sistema público.
La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha enviado una carta a Gabilondo en la que le anuncia que no suscribirá el documento final para el acuerdo en la reunión de este jueves, en la que los partidos tienen que decidir si aceptan o no el pacto.
Según expone Díez en su misiva, el documento es "decepcionante" y "excesivamente conservador", puesto que parte de un diagnóstico "triunfalista" y, en vez de plantear las reformas educativas que España "necesita con urgencia", lo que hace es plantear "buenas intenciones y medidas que ya han mostrado su ineficacia o su insuficiencia".
"Con ello el Ministerio ha renunciado a abrir un verdadero debate y a liderar los cambios que la educación española necesita", sostiene la portavoz de UPyD en la carta.
Un sistema educativo "común"
Para Díez, un "verdadero" pacto de Estado debe incluir las medidas necesarias para garantizar un sistema educativo "común", un sistema público de calidad y una enseñanza "integradora". Y, en su opinión, estos requisitos no quedan recogidos en la propuesta del Ministerio.
No se plantea, en primer lugar, la recuperación de las competencias educativas por parte del Estado, "con lo que no se detendrá el proceso actual de fragmentación con sus conocidas secuelas: imposición lingüística, adoctrinamientos nacionalistas o localistas u obstáculos crecientes a la movilidad de alumnos y profesores".
Tampoco evalúa de forma "realista" el sistema ni propone una reforma "ambiciosa", sino que mantiene "con algunos retoques" el modelo actual de la LOGSE, "ya fracasado", lo que no evitará las "muy preocupantes" cifras de fracaso y abandono escolar ni se corregirá la "tendencia a la degradación de la disciplina" en los centros.
Díez, además, advierte de que la propuesta del Ministerio no incluye un plan de mejora del sistema público y habla de una enseñanza "intercultural", pero "no se plantea la revisión del actual modelo semiconfesional".
"Un acuerdo en el que el Estado renuncia a sus competencias educativas, mantiene un modelo fracasado, se desentiende de la red pública y abdica de su aconfesionalidad no constituye un verdadero pacto de Estado, y suscribirlo sería manifiestamente incoherente con el ideario político de UPyD", concluye Díez, antes de reiterar a Gabilondo su disposición al diálogo
DEPENDENCIA. LA COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA
Ideas para ahorrar 1.500 millones
Algunos ingresos en hospitales podrían tratarse en los geriátricos o en casa
CARMEN MORÁN - Madrid
04-05-2010
El 35% de los ingresos en hospitales corresponden a personas mayores de 65 años y tres cuartas partes de esas entradas se producen para tratar patologías crónicas, según los datos de la Sociedad Española de Médicos de Residencias (Semer). A las urgencias de los hospitales también entran ancianos con algún problema propio de la edad que no tarda en resolverse y en tramitarse el alta. Pero esa persona ha tenido que trasladarse durante kilómetros en una ambulancia: es una molestia y un coste que, quizá, pueden evitarse.
Un estudio de la empresa Antares Consulting cifra en 1.500 millones los que podrían gastarse de forma más eficiente si se diera una correcta coordinación sociosanitaria. Si un anciano se opera de una rodilla y vive en un cuarto piso sin ascensor es probable que la convalecencia la pase entera en el hospital; la cama estará ocupada sin necesidad y el paciente deseando largarse a casa. "Un gestor del caso sería esa persona que conocería perfectamente la situación del paciente, social y sanitaria, y tramitaría de inmediato las ayudas necesarias para que el recién operado pueda volver a su casa", pone como ejemplo Montserrat Cervera, la responsable de la Unidad Social y Sociosanitaria de Antares Consulting. En el informe que ha coordinado, Cervera calcula que hay en la actualidad 5.316 camas de hospital para enfermedades agudas que están ocupadas por crónicos. "Muchos de ellos podrían estar atendidos en las residencias geriátricas o en sus domicilios, eso sería un gasto eficiente", dice.
En España hay casi 5.100 residencias geriátricas y unos 5.000 médicos que las atienden, la mayoría, unos 4.000, con su oficina fija en el centro. "En algunas comunidades la rehabilitación tras las caídas la remiten a estos centros, que tienen plazas de fisioterapia libres. En los centros concertados funcionan al 40% estos servicios y los públicos también tienen margen", dice el presidente de Semer, Alberto López Rocha. Cree que ese sería un buen ejemplo de una política que ahorraría costes.
En el diseño de ese espacio sociosanitario están ahora las comunidades y el Gobierno, para tratar, por ejemplo, los casos de enfermedades mentales, que requieren internamientos puntuales, o los cuidados paliativos o la ayuda a domicilio, entre otras cosas. "En todas las comunidades hay ya experiencias que las demás pueden aprovechar. Se trata de mejorar la atención al ciudadano y de aprovechar mejor los recursos", dice el secretario general de Política Social, Francisco Moza.
María Jesús Brezmes, que es consultora de desarrollo de organización y participó en el II Plan Sociosanitario de Castilla y León, pone un ejemplo de la necesaria cooperación entre la sanidad y los servicios sociales. "Cuando el suministro de los medicamentos a las residencias procede de la farmacia del hospital se ahorra un 50% en fármacos". "Y cuando están bien atendidos en las residencias se reducen los ingresos".
Ahorro tampoco es la palabra que utilizan los políticos. César Antón y Fernando Lamata conocen bien el asunto. El primero es consejero de Bienestar Social de Castilla y Léon y antes lo fue de Sanidad, y en Lamata coinciden ahora ambas carteras en Castilla-La Mancha. "El personal sanitario de las residencias ya lo tenemos integrado en el servicio de salud y comparten información. Completaremos esta información única en un año. No creo que haya que hacer un sistema intermedio entre el sanitario y el social, lo que hay que hacer es consolidar el segundo y establecer protocolos de atención comunes", dice Lamata. "Pero ahorrar no, porque la cama de hospital que pudiera quedar libre la ocuparía otro inmediatamente".
"Ahorro no", dice también Antón. Pero, en su caso, sí se decanta por residencias donde se integren cuidados de enfermería y vigilancia que les permitan, superada la crisis, volver a sus domicilios o a la residencia habitual. Algo así han hecho en Toro (Zamora) para tratar la enfermedad mental. Los profesionales sanitarios y sociales están coordinados para decidir en qué momento el paciente debe quedar ingresado o volver a casa y en qué condiciones. "También supone un alivio para la familia", dice.
La cama hospitalaria cuesta unos 500 euros al día, mientras que en las residencias el precio está alrededor de los 100, como media. "No se ahorra, pero se gasta con eficacia", resume Cervera.
Algunos ingresos en hospitales podrían tratarse en los geriátricos o en casa
CARMEN MORÁN - Madrid
04-05-2010
El 35% de los ingresos en hospitales corresponden a personas mayores de 65 años y tres cuartas partes de esas entradas se producen para tratar patologías crónicas, según los datos de la Sociedad Española de Médicos de Residencias (Semer). A las urgencias de los hospitales también entran ancianos con algún problema propio de la edad que no tarda en resolverse y en tramitarse el alta. Pero esa persona ha tenido que trasladarse durante kilómetros en una ambulancia: es una molestia y un coste que, quizá, pueden evitarse.
Un estudio de la empresa Antares Consulting cifra en 1.500 millones los que podrían gastarse de forma más eficiente si se diera una correcta coordinación sociosanitaria. Si un anciano se opera de una rodilla y vive en un cuarto piso sin ascensor es probable que la convalecencia la pase entera en el hospital; la cama estará ocupada sin necesidad y el paciente deseando largarse a casa. "Un gestor del caso sería esa persona que conocería perfectamente la situación del paciente, social y sanitaria, y tramitaría de inmediato las ayudas necesarias para que el recién operado pueda volver a su casa", pone como ejemplo Montserrat Cervera, la responsable de la Unidad Social y Sociosanitaria de Antares Consulting. En el informe que ha coordinado, Cervera calcula que hay en la actualidad 5.316 camas de hospital para enfermedades agudas que están ocupadas por crónicos. "Muchos de ellos podrían estar atendidos en las residencias geriátricas o en sus domicilios, eso sería un gasto eficiente", dice.
En España hay casi 5.100 residencias geriátricas y unos 5.000 médicos que las atienden, la mayoría, unos 4.000, con su oficina fija en el centro. "En algunas comunidades la rehabilitación tras las caídas la remiten a estos centros, que tienen plazas de fisioterapia libres. En los centros concertados funcionan al 40% estos servicios y los públicos también tienen margen", dice el presidente de Semer, Alberto López Rocha. Cree que ese sería un buen ejemplo de una política que ahorraría costes.
En el diseño de ese espacio sociosanitario están ahora las comunidades y el Gobierno, para tratar, por ejemplo, los casos de enfermedades mentales, que requieren internamientos puntuales, o los cuidados paliativos o la ayuda a domicilio, entre otras cosas. "En todas las comunidades hay ya experiencias que las demás pueden aprovechar. Se trata de mejorar la atención al ciudadano y de aprovechar mejor los recursos", dice el secretario general de Política Social, Francisco Moza.
María Jesús Brezmes, que es consultora de desarrollo de organización y participó en el II Plan Sociosanitario de Castilla y León, pone un ejemplo de la necesaria cooperación entre la sanidad y los servicios sociales. "Cuando el suministro de los medicamentos a las residencias procede de la farmacia del hospital se ahorra un 50% en fármacos". "Y cuando están bien atendidos en las residencias se reducen los ingresos".
Ahorro tampoco es la palabra que utilizan los políticos. César Antón y Fernando Lamata conocen bien el asunto. El primero es consejero de Bienestar Social de Castilla y Léon y antes lo fue de Sanidad, y en Lamata coinciden ahora ambas carteras en Castilla-La Mancha. "El personal sanitario de las residencias ya lo tenemos integrado en el servicio de salud y comparten información. Completaremos esta información única en un año. No creo que haya que hacer un sistema intermedio entre el sanitario y el social, lo que hay que hacer es consolidar el segundo y establecer protocolos de atención comunes", dice Lamata. "Pero ahorrar no, porque la cama de hospital que pudiera quedar libre la ocuparía otro inmediatamente".
"Ahorro no", dice también Antón. Pero, en su caso, sí se decanta por residencias donde se integren cuidados de enfermería y vigilancia que les permitan, superada la crisis, volver a sus domicilios o a la residencia habitual. Algo así han hecho en Toro (Zamora) para tratar la enfermedad mental. Los profesionales sanitarios y sociales están coordinados para decidir en qué momento el paciente debe quedar ingresado o volver a casa y en qué condiciones. "También supone un alivio para la familia", dice.
La cama hospitalaria cuesta unos 500 euros al día, mientras que en las residencias el precio está alrededor de los 100, como media. "No se ahorra, pero se gasta con eficacia", resume Cervera.
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