FERNANDO SAVATER
EL PAÍS - 29-07-2010
Por supuesto, no es el caso presentar argumentos a favor o en contra de mantener las corridas de toros, como suele decirse: quienes tienen que justificar la insólita medida son los que han decidido prohibirlas parlamentariamente. Hay gente a la que le gustan los toros y otros muchos que no han pisado una plaza en su vida o que sienten repugnancia por la fiesta: es la diversidad de los hijos de Dios. Pero que un Parlamento prohíba una costumbre arraigada, una industria, una forma de vida popular... es algo que necesita una argumentación muy concluyente. La que hemos oído hasta la fecha dista mucho de serlo.
¿Son las corridas una forma de maltrato animal? A los animales domésticos se les maltrata cuando no se les trata de manera acorde con el fin para el que fueron criados. No es maltrato obtener huevos de las gallinas, jamones del cerdo, velocidad del caballo o bravura del toro. Todos esos animales y tantos otros no son fruto de la mera evolución sino del designio humano (precisamente estudiar la cría de animales domésticos inspiró a Darwin El origen de las especies). Lo que en la naturaleza es resultado de tanteos azarosos combinados con circunstancias ambientales, en los animales que viven en simbiosis con el hombre es logro de un proyecto más o menos definido. Tratar bien a un toro de lidia consiste precisamente en lidiarlo. No hace falta insistir en que, comparada con la existencia de muchos animales de nuestras granjas o nuestros laboratorios, la vida de los toros es principesca. Y su muerte luchando en la plaza no desmiente ese privilegio, lo mismo que seguimos considerando en conjunto afortunado a un millonario que tras sesenta o setenta años a cuerpo de rey pasa su último mes padeciendo en la UCI.
¿Son inmorales las corridas de toros? Dejemos de lado esa sandez de que el aficionado disfruta con la crueldad y el sufrimiento que ve en la plaza: si lo que quisiera era ver sufrir, le bastaría con pasearse por el matadero municipal. Puede que haya muchos que no encuentren simbolismo ni arte en las corridas, pero no tienen derecho a establecer que nadie sano de espíritu puede verlos allí. La sensibilidad o el gusto estético (esa "estética de la generosidad" de la que hablaba Nietzsche) deben regular nuestra relación compasiva con los animales, pero desde luego no es una cuestión ética ni de derechos humanos (no hay derechos "animales"), pues la moral trata de las relaciones con nuestros semejantes y no con el resto de la naturaleza. Precisamente la ética es el reconocimiento de la excepcionalidad de la libertad racional en el mundo de las necesidades y los instintos. No creo que cambiar esta tradición occidental, que va de Aristóteles a Kant, por un conductismo zoófilo espiritualizado con pinceladas de budismo al baño María suponga progreso en ningún sentido respetable del término ni mucho menos que constituya una obligación cívica.
¿Es papel de un Parlamento establecer pautas de comportamiento moral para sus ciudadanos, por ejemplo diciéndoles cómo deben vestirse para ser "dignos" y "dignas" o a que espectáculos no deber ir para ser compasivos como es debido? ¿Debe un Parlamento laico, no teocrático, establecer la norma ética general obligatoria o más bien debe institucionalizar un marco legal para que convivan diversas morales y cada cual pueda ir al cielo o al infierno por el camino que prefiera? A mí esta prohibición de los toros en Cataluña me recuerda tantas otras recomendaciones o prohibiciones semejantes del Estatut, cuya característica legal más notable es un intervencionismo realmente maníaco en los aspectos triviales o privados de la vida de los ciudadanos.
En cambio no estoy de acuerdo en que se trate de una toma de postura antiespañola. No señor, todo lo contrario. El Parlamento de Cataluña prohíbe los toros pero de paso reinventa el Santo Oficio, con lo cual se mantiene dentro de la tradición de la España más castiza y ortodoxa.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100729elpepirdv_2&type=Tes&anchor=elpepiopi
jueves, 29 de julio de 2010
miércoles, 28 de julio de 2010
Unión Progreso y Democracia en Gijón considera que la labor del equipo de gobierno
En el debe del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón están la prepotencia en el urbanismo, el seguidismo y silencio cómplice ante los desaguisados de Zapatero y un secular intervencionismo que le lleva a querer estar omnipresente y controlando toda la vida asociativa, cultural y económica de la ciudad
28 de julio de 2010.- Unión Progreso y Democracia en Gijón considera que la labor del equipo de gobierno durante el último mandato de Paz Fernández Felgueroso es insuficiente. La propia Alcaldesa ha caído en la tentación de manejar un discurso simplista justificando su gestión en base al cambio registrado por la ciudad en los últimos diez años. Más allá de discretas actuaciones concretas más o menos afortunadas como los carriles bici y la ampliación de los Pericones, creemos que estos últimos tres años se han caracterizado por un seguidismo cómplice de las erráticas decisiones que se han ido dictando desde Madrid y que, por otro lado, se ha continuado manteniendo el entramado clientelar que el PSOE ha ido tejiendo en Gijón en los últimos treinta años y que va en dirección opuesta a conseguir una ciudad innovadora y dinámica con un tejido productivo y social autónomo de regalías políticas
Para Armando Fernández Bartolomé, coordinador de UPyD en Gijón, “pasando por alto el cierre de industrias emblemáticas y rentables en otros sitios como son los astilleros, la falta de transparencia con los sobrecostes del Musel, los puntos oscuros que enturbian el PGOU o el aumento del paro a pesar de las cantidades millonarias que se manejan en cada Plan de Empleo que se emprende, en Unión Progreso y Democracia estamos sobre todo preocupados por la falta de realismo que ciega a quienes llevan demasiados años ya al frente de la gestión municipal en los que no se ve ni un asomo de autocrítica. El balance de Doña Paz Fernández Felgueroso fue buena prueba de ello porque cómplicemente silenció una evidencia: en estos momentos las cuestiones domésticas más importantes para los ciudadanos gijoneses, especialmente las derivadas de la crisis económica, están absolutamente condicionadas por la crisis del sistema político español que tiene al PSOE como principal responsable y protagonista; es decir, el mismo partido que, con la ayuda inestimable de IU, lleva gobernando y callando tres años en Gijón y en Asturias” .
28 de julio de 2010.- Unión Progreso y Democracia en Gijón considera que la labor del equipo de gobierno durante el último mandato de Paz Fernández Felgueroso es insuficiente. La propia Alcaldesa ha caído en la tentación de manejar un discurso simplista justificando su gestión en base al cambio registrado por la ciudad en los últimos diez años. Más allá de discretas actuaciones concretas más o menos afortunadas como los carriles bici y la ampliación de los Pericones, creemos que estos últimos tres años se han caracterizado por un seguidismo cómplice de las erráticas decisiones que se han ido dictando desde Madrid y que, por otro lado, se ha continuado manteniendo el entramado clientelar que el PSOE ha ido tejiendo en Gijón en los últimos treinta años y que va en dirección opuesta a conseguir una ciudad innovadora y dinámica con un tejido productivo y social autónomo de regalías políticas
Para Armando Fernández Bartolomé, coordinador de UPyD en Gijón, “pasando por alto el cierre de industrias emblemáticas y rentables en otros sitios como son los astilleros, la falta de transparencia con los sobrecostes del Musel, los puntos oscuros que enturbian el PGOU o el aumento del paro a pesar de las cantidades millonarias que se manejan en cada Plan de Empleo que se emprende, en Unión Progreso y Democracia estamos sobre todo preocupados por la falta de realismo que ciega a quienes llevan demasiados años ya al frente de la gestión municipal en los que no se ve ni un asomo de autocrítica. El balance de Doña Paz Fernández Felgueroso fue buena prueba de ello porque cómplicemente silenció una evidencia: en estos momentos las cuestiones domésticas más importantes para los ciudadanos gijoneses, especialmente las derivadas de la crisis económica, están absolutamente condicionadas por la crisis del sistema político español que tiene al PSOE como principal responsable y protagonista; es decir, el mismo partido que, con la ayuda inestimable de IU, lleva gobernando y callando tres años en Gijón y en Asturias” .
lunes, 26 de julio de 2010
Menores de edad
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) protesta por las restricciones aprobadas por el Gobierno central sobre la financiación de los ayuntamientos. La primera sorpresa llegó con el aplazamiento del diálogo sobre el modelo de financiación municipal que se había comprometido el Gobierno a realizar simultáneamente a la negociación con las comunidades autónomas. Pero lo que ha colmado la paciencia de alcaldes de todos los partidos ha sido la aprobación del decreto-ley impidiendo que los ayuntamientos recurran a la deuda. Esta medida fue tomada en plena histeria sobre la quiebra de Grecia. La propuesta supone la puesta en vigor de un plan de excepción para las corporaciones municipales. No tiene ningún sentido que las grandes administraciones (Estado y comunidades autónomas), responsables del crecimiento de la deuda y del abultado déficit público, puedan planificar su actividad con el apoyo de recursos ajenos, y los ayuntamientos tengan que recurrir a pagar todo con el saldo de caja.
Una cosa es ajustar las cuentas y aprobar medidas que obliguen a gestionar con austeridad y otra muy distinta hacer trabajar a una gran empresa de servicios (así se puede ver a los ayuntamientos) con los resortes de financiación de la antigua sociedad rural. Si el Gobierno no hace caso de la protesta de la FEMP, muchos proyectos ya iniciados que cuentan con inversiones plurianuales quedarán detenidos al no poder los alcaldes endeudarse en los próximos ejercicios como tenían planeado.
En una época de dificultades económicas y de restricción de gastos no es fácil tener contentos a los alcaldes. Ahora bien, no cabe tratarlos como si fueran menores de edad e impedirles solicitar un crédito. Si el Gobierno central toma esta medida es porque las corporaciones municipales no forman un 'lobby' en la política española, como ocurre con las comunidades autónomas. La razón de ello estriba en que bajo el rótulo de 'ayuntamiento' se esconden realidades muy heterogéneas. No tienen nada que ver los más de 7.000 minúsculos ayuntamientos con los consistorios de las grandes ciudades. La actuación de Zapatero con los ayuntamientos ha sido muy errática. Con la disculpa de luchar contra el paro les hizo inversiones por valor de 13.000 millones de euros. Una vez inauguradas las piscinas climatizadas las deja sin agua.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100726/politica/menores-edad-20100726.html
Una cosa es ajustar las cuentas y aprobar medidas que obliguen a gestionar con austeridad y otra muy distinta hacer trabajar a una gran empresa de servicios (así se puede ver a los ayuntamientos) con los resortes de financiación de la antigua sociedad rural. Si el Gobierno no hace caso de la protesta de la FEMP, muchos proyectos ya iniciados que cuentan con inversiones plurianuales quedarán detenidos al no poder los alcaldes endeudarse en los próximos ejercicios como tenían planeado.
En una época de dificultades económicas y de restricción de gastos no es fácil tener contentos a los alcaldes. Ahora bien, no cabe tratarlos como si fueran menores de edad e impedirles solicitar un crédito. Si el Gobierno central toma esta medida es porque las corporaciones municipales no forman un 'lobby' en la política española, como ocurre con las comunidades autónomas. La razón de ello estriba en que bajo el rótulo de 'ayuntamiento' se esconden realidades muy heterogéneas. No tienen nada que ver los más de 7.000 minúsculos ayuntamientos con los consistorios de las grandes ciudades. La actuación de Zapatero con los ayuntamientos ha sido muy errática. Con la disculpa de luchar contra el paro les hizo inversiones por valor de 13.000 millones de euros. Una vez inauguradas las piscinas climatizadas las deja sin agua.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100726/politica/menores-edad-20100726.html
Uno de cada cinco consistorios puede verse obligado a declararse en quiebra
Algunos ayuntamientos españoles ya no llegan a fin de mes. Existe constancia de que 400 municipios de los más de ocho mil que hay en España hace tiempo que dejaron de asumir las facturas del agua, la luz o el teléfono. No tardarán mucho, afirman, en dejar de pagar las nóminas a sus trabajadores. La drástica reducción de ingresos y el difícil contexto económico de los últimos dos años ha puesto entre la espada y la pared a muchos alcaldes que ya no saben cómo cuadrar los números de sus balances. Se estima que uno de cada cinco consistorios en España puede declararse en quiebra antes de que termine este año.
Salvo sorpresa, los ayuntamientos asturianos se libran de la quema. A pesar de las dificultades financieras a las que tienen que hacer frente la gran mayoría, ninguno está en una situación tan dramática a día de hoy para verse obligado a la suspensión de pagos. La inyección económica que han supuesto los planes de inversión local les ha permitido, en buena parte, lidiar con el toro de la crisis. No obstante, hay que tener en cuenta los precedentes para entender el presente. Los ayuntamientos asturianos, salvo alguna excepción, no han supeditado su tesorería a los ingresos por licencias urbanísticas, como ocurrió en muchos municipios de Andalucía o Madrid. Eso les ha permitido salir adelante en la actual coyuntura aunque sin grandes alardes. Más de uno, admiten, ha tenido que hacer frente a cortes de suministro y se ha visto obligado a renegociar el pago con los provedores ante la imposibilidad de afrontar las deuda en el plazo previsto.
Más problemas tienen en otros lugares. En Cenicientos, un pequeño municipio de Madrid, el alcalde ha reconocido que no puede hacer frente a los sueldos de julio de sus 30 empleados. Son 60.000 euros que, asegura, no tiene el ayuntamiento. No es un caso aislado. El cinturón de los entes locales se ha quedado sin agujeros y no encuentran alternativas de recuperación. El endeudamiento les ha superado. Tal es así la situación que decenas de consistorios ya han comunicado a Hacienda que no podrán devolver al Estado los fondos que éste le adelantó. Es el caso, por ejemplo, de Alcalá de Henares, que tiene que rembolsar tres millones de euros a las arcas estatales.
Sin el colchón del sector inmobiliario, como ha ocurrido en los últimos años, y sin la ley de financiación local prometida por el Gobierno, los ayuntamientos sangran por la herida y algunos corren el riesgo de perecer. «Veremos ayuntamientos en quiebra técnica antes de final de año», reconoce el presidente de los municipios de Castilla y León.
La comunidad vecina tiene un problema: el exceso de ayuntamientos. «La crisis debe aprovecharse para reordenar el sector local, igual que se está haciendo con las cajas», reflexiona el catedrático Javier Suárez Pandiello.
Andalucía transita por los mismos derroteros. Según la institución que aglutina a las entidades locales andaluzas, dos de cada tres ayuntamientos están al borde de la suspensión de pagos. Pronostican una cascada de regulaciones de empleo en las administraciones municipales. Algunos consistorios, de más de cinco mil habitantes, aseguran que están en quiebra desde hace más de un año y si fueran una empresa «cerrarían». No han sido capaces de superar el pinchazo de la burbuja inmobilizaria y los ingresos se han desplomado en más de un 95%. En algunos lugares, como Jerez, se adeuda a los 2.600 empleados públicos más de 13 millones de euros.
El gran escollo
El principal problema de los ayuntamientos tiene nombre y apellidos: 1.600 millones de euros. Es la cifra que tendrán que devolver los municipios españoles al Estado después de que éste adelantara partidas por esta cuantía. La Administración central calcula la aportación de cada ente en función de los resultados del año anterior y luego liquida las cuentas con los resultados definitivos. La FEMP reconoce que esa cantidad de dinero es inasumible en la actual situación y ha pedido un aplazamiento hasta 2012. Creen que en el plazo de dos años los municipios podrán recuperarse y entonces tendrán margen para asumir el pago de sus deudas.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100726/politica/cada-cinco-consistorios-puede-20100726.html
Salvo sorpresa, los ayuntamientos asturianos se libran de la quema. A pesar de las dificultades financieras a las que tienen que hacer frente la gran mayoría, ninguno está en una situación tan dramática a día de hoy para verse obligado a la suspensión de pagos. La inyección económica que han supuesto los planes de inversión local les ha permitido, en buena parte, lidiar con el toro de la crisis. No obstante, hay que tener en cuenta los precedentes para entender el presente. Los ayuntamientos asturianos, salvo alguna excepción, no han supeditado su tesorería a los ingresos por licencias urbanísticas, como ocurrió en muchos municipios de Andalucía o Madrid. Eso les ha permitido salir adelante en la actual coyuntura aunque sin grandes alardes. Más de uno, admiten, ha tenido que hacer frente a cortes de suministro y se ha visto obligado a renegociar el pago con los provedores ante la imposibilidad de afrontar las deuda en el plazo previsto.
Más problemas tienen en otros lugares. En Cenicientos, un pequeño municipio de Madrid, el alcalde ha reconocido que no puede hacer frente a los sueldos de julio de sus 30 empleados. Son 60.000 euros que, asegura, no tiene el ayuntamiento. No es un caso aislado. El cinturón de los entes locales se ha quedado sin agujeros y no encuentran alternativas de recuperación. El endeudamiento les ha superado. Tal es así la situación que decenas de consistorios ya han comunicado a Hacienda que no podrán devolver al Estado los fondos que éste le adelantó. Es el caso, por ejemplo, de Alcalá de Henares, que tiene que rembolsar tres millones de euros a las arcas estatales.
Sin el colchón del sector inmobiliario, como ha ocurrido en los últimos años, y sin la ley de financiación local prometida por el Gobierno, los ayuntamientos sangran por la herida y algunos corren el riesgo de perecer. «Veremos ayuntamientos en quiebra técnica antes de final de año», reconoce el presidente de los municipios de Castilla y León.
La comunidad vecina tiene un problema: el exceso de ayuntamientos. «La crisis debe aprovecharse para reordenar el sector local, igual que se está haciendo con las cajas», reflexiona el catedrático Javier Suárez Pandiello.
Andalucía transita por los mismos derroteros. Según la institución que aglutina a las entidades locales andaluzas, dos de cada tres ayuntamientos están al borde de la suspensión de pagos. Pronostican una cascada de regulaciones de empleo en las administraciones municipales. Algunos consistorios, de más de cinco mil habitantes, aseguran que están en quiebra desde hace más de un año y si fueran una empresa «cerrarían». No han sido capaces de superar el pinchazo de la burbuja inmobilizaria y los ingresos se han desplomado en más de un 95%. En algunos lugares, como Jerez, se adeuda a los 2.600 empleados públicos más de 13 millones de euros.
El gran escollo
El principal problema de los ayuntamientos tiene nombre y apellidos: 1.600 millones de euros. Es la cifra que tendrán que devolver los municipios españoles al Estado después de que éste adelantara partidas por esta cuantía. La Administración central calcula la aportación de cada ente en función de los resultados del año anterior y luego liquida las cuentas con los resultados definitivos. La FEMP reconoce que esa cantidad de dinero es inasumible en la actual situación y ha pedido un aplazamiento hasta 2012. Creen que en el plazo de dos años los municipios podrán recuperarse y entonces tendrán margen para asumir el pago de sus deudas.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100726/politica/cada-cinco-consistorios-puede-20100726.html
El Gobierno aparca la financiación local hasta que mejore la situación financiera
Desde que Zapatero llegó a La Moncloa, la ley de financiación local estuvo siempre en su agenda de prioridades. Sin embargo, todo eso ha quedado en agua de borrajas. La falta de acuerdo en el primer mandato y la crisis en el segundo ha obligado al Gobierno socialista a aparcar la reforma hasta «tiempos mejores». El vicepresidente del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, asegura que el Ejecutivo abordara este debate en una «coyuntura diferente» y sin que perjudique el principal objetivo que es reducir el déficit hasta el 3%.
El diputado del PP Manuel Moreno califica esta actitud de «tomadura de pelo» y acusa a los socialistas de incumplir «permanentemente» los acuerdos sobre la financiación de los ayuntamientos. El Gobierno, pese a todo, aspira a presentar el proyecto en el próximo periodo de sesiones, aunque admite que no se resolverá en esta legislatura.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100726/politica/gobierno-aparca-financiacion-local-20100726.html
El diputado del PP Manuel Moreno califica esta actitud de «tomadura de pelo» y acusa a los socialistas de incumplir «permanentemente» los acuerdos sobre la financiación de los ayuntamientos. El Gobierno, pese a todo, aspira a presentar el proyecto en el próximo periodo de sesiones, aunque admite que no se resolverá en esta legislatura.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100726/politica/gobierno-aparca-financiacion-local-20100726.html
Los ayuntamientos suspenden a Zapatero
Los ayuntamientos no dan el aprobado al Gobierno de Rodríguez Zapatero. No les ha gustado que la nueva ley de financiación local quede aparcada hasta la próxima legislatura, pero mucho menos que se les restrinja sus posibilidades de endeudamiento. Los municipios sostienen que las últimas decisiones del Ejecutivo suponen una «vulneración» de los derechos de la autonomía local y piden que se levante la mano para evitar el freno a su gestión. El penúltimo consistorio en hacer esta reclamación ha sido el de Gijón. El Ayuntamiento que preside Paz Fernández Felgueroso necesita para cuadrar las cuentas del presupuesto recurrir a un nuevo crédito de 8 millones de euros. Sólo así podrá finalizar buena parte de los proyectos que ya están en marcha.
Este no es un caso aislado y así lo ha trasladado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al Gobierno. Los ayuntamientos españoles asumen la necesidad de contribuir a la reducción del déficit público, pero advierten de que ese compromiso debe ser compartido por todas las administraciones. Así lo han hecho saber en la última resolución aprobada por la ejecutiva de la institución, que preside Pedro Castro, y que se debatirá en todos los ayuntamientos españoles en forma de moción.
Este periódico ha tenido acceso a ese documento en el que los municipios españoles escenifican su pataleo por las últimas decisiones adoptadas desde el Gobierno. «La responsabilidad que se nos exige -advierten- no puede suponer en ningún caso la vulneración de la autonomía local, ni puede suponer una restricción a nuestra actuación, muy superior proporcionalmente a la asumida por el Estado y las comunidades». Aluden los ayuntamientos con esta referencia a las dificultades que se van a encontrar si el Gobierno no da marcha atrás y permite un margen de endeudamiento para culminar, al menos, aquellos proyectos cofinanciados con otras administraciones. Algunos consistorios asturianos como Siero o Mieres reconocen que hay actuaciones financiadas con cargos plurianuales que están en entredicho en el caso de que las entidades locales no puedan aportar el porcentaje que les corresponde. No son pocos los consistorios asturianos que han elevado la voz contra la medida y piden que se apliquen las restricciones sólo en aquellos casos donde no ha habido una gestión responsable en el pasado.
Puntos de vista
No es difícil entender que los ayuntamientos gobernados por el PP critiquen la gestión del Ejecutivo y que los gestionados por dirigentes socialistas avalen, aunque sea públicamente, el trabajo de los últimos años. Estos últimos esgrimen como argumento el plan de inversión local, también denominado 'plan E'. Una iniciativa impulsada en el escenario de la crisis que tenía por objeto frenar el aumento del paro y mantener altos niveles de inversión en los municipios.
«Ha sido sólo una tirita para muchos de nosotros», reconoce un edil socialista. Asegura que el plan ha servido para hacer proyectos puntuales, pero en ningún caso para sanear las arcas de los entes públicos. La FEMP avisa de que la restricción que trae consigo el decreto del Gobierno, que impedirá a los municipios acudir al déficit, «puede abocar a muchos ayuntamientos a liquidar sus presupuestos generando así importantes tensiones de tesorería».
Una deuda pequeña
Piden, en cambio, que se tenga en cuenta el escaso peso de la deuda municipal en el conjunto de la del país para revocar la prohibición de endeudamiento a los consistorios. De lo contrario, reconocen se pondrían en peligro tanto proyectos futuros como otros que ya están en marcha. Esto agravaría aún más su delicada salud económica puesto que, en opinión de la FEMP, «generaría importantísimos costes adicionales derivados tanto de la obligación de indemnizar a los contratistas como del deterioro físico que sufrirían las obras en curso durante el tiempo de su interrupción».
Conscientes de la dificultades de hacer cambiar de opinión al Gobierno, los ayuntamientos españoles se conforman, al menos, con que se permita continuar financiando mediante el endeudamiento la ejecución de contratos, incluidos los plurianuales, que hubiesen sido adjudicados antes de la entrada en vigor del real decreto. Hacen una salvedad en el caso de las obras cofinanciadas con recursos externos. En estas situaciones, las corporaciones quieren tener vía libre para endeudarse, con independencia de su fecha de adjudicación.
La moción, en la que se incluyen estas reivindicaciones, será debatida y aprobada en los ayuntamientos de toda España. Es la forma de protestar que, de momento, articulan las entidades locales en España después de la última reunión de la ejecutiva de la FEMP. La institución no quiere hacer sangre ni provocar un conflicto político a raíz de estas últimas decisiones. No obstante, esa decisión puede alterarse en la reunión de portavoces que tendrá lugar esta semana y donde se puede definir el nuevo marco de relaciones.
A salvo de circunstancias puntuales -como cuando el presidente de la FEMP insultó a los votantes populares- la institución que aglutina a los ayuntamientos de toda España ha caminado unida en las reivindicaciones municipales ya que han entendido que los problemas que tienen los consistorios son iguales gobierne quien los gobierne. Quizás por eso casi todos se sienten frustrados por la falta de compromiso que el Gobierno ha demostrado con el poder local.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100726/politica/ayuntamientos-suspenden-zapatero-20100726.html
Este no es un caso aislado y así lo ha trasladado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al Gobierno. Los ayuntamientos españoles asumen la necesidad de contribuir a la reducción del déficit público, pero advierten de que ese compromiso debe ser compartido por todas las administraciones. Así lo han hecho saber en la última resolución aprobada por la ejecutiva de la institución, que preside Pedro Castro, y que se debatirá en todos los ayuntamientos españoles en forma de moción.
Este periódico ha tenido acceso a ese documento en el que los municipios españoles escenifican su pataleo por las últimas decisiones adoptadas desde el Gobierno. «La responsabilidad que se nos exige -advierten- no puede suponer en ningún caso la vulneración de la autonomía local, ni puede suponer una restricción a nuestra actuación, muy superior proporcionalmente a la asumida por el Estado y las comunidades». Aluden los ayuntamientos con esta referencia a las dificultades que se van a encontrar si el Gobierno no da marcha atrás y permite un margen de endeudamiento para culminar, al menos, aquellos proyectos cofinanciados con otras administraciones. Algunos consistorios asturianos como Siero o Mieres reconocen que hay actuaciones financiadas con cargos plurianuales que están en entredicho en el caso de que las entidades locales no puedan aportar el porcentaje que les corresponde. No son pocos los consistorios asturianos que han elevado la voz contra la medida y piden que se apliquen las restricciones sólo en aquellos casos donde no ha habido una gestión responsable en el pasado.
Puntos de vista
No es difícil entender que los ayuntamientos gobernados por el PP critiquen la gestión del Ejecutivo y que los gestionados por dirigentes socialistas avalen, aunque sea públicamente, el trabajo de los últimos años. Estos últimos esgrimen como argumento el plan de inversión local, también denominado 'plan E'. Una iniciativa impulsada en el escenario de la crisis que tenía por objeto frenar el aumento del paro y mantener altos niveles de inversión en los municipios.
«Ha sido sólo una tirita para muchos de nosotros», reconoce un edil socialista. Asegura que el plan ha servido para hacer proyectos puntuales, pero en ningún caso para sanear las arcas de los entes públicos. La FEMP avisa de que la restricción que trae consigo el decreto del Gobierno, que impedirá a los municipios acudir al déficit, «puede abocar a muchos ayuntamientos a liquidar sus presupuestos generando así importantes tensiones de tesorería».
Una deuda pequeña
Piden, en cambio, que se tenga en cuenta el escaso peso de la deuda municipal en el conjunto de la del país para revocar la prohibición de endeudamiento a los consistorios. De lo contrario, reconocen se pondrían en peligro tanto proyectos futuros como otros que ya están en marcha. Esto agravaría aún más su delicada salud económica puesto que, en opinión de la FEMP, «generaría importantísimos costes adicionales derivados tanto de la obligación de indemnizar a los contratistas como del deterioro físico que sufrirían las obras en curso durante el tiempo de su interrupción».
Conscientes de la dificultades de hacer cambiar de opinión al Gobierno, los ayuntamientos españoles se conforman, al menos, con que se permita continuar financiando mediante el endeudamiento la ejecución de contratos, incluidos los plurianuales, que hubiesen sido adjudicados antes de la entrada en vigor del real decreto. Hacen una salvedad en el caso de las obras cofinanciadas con recursos externos. En estas situaciones, las corporaciones quieren tener vía libre para endeudarse, con independencia de su fecha de adjudicación.
La moción, en la que se incluyen estas reivindicaciones, será debatida y aprobada en los ayuntamientos de toda España. Es la forma de protestar que, de momento, articulan las entidades locales en España después de la última reunión de la ejecutiva de la FEMP. La institución no quiere hacer sangre ni provocar un conflicto político a raíz de estas últimas decisiones. No obstante, esa decisión puede alterarse en la reunión de portavoces que tendrá lugar esta semana y donde se puede definir el nuevo marco de relaciones.
A salvo de circunstancias puntuales -como cuando el presidente de la FEMP insultó a los votantes populares- la institución que aglutina a los ayuntamientos de toda España ha caminado unida en las reivindicaciones municipales ya que han entendido que los problemas que tienen los consistorios son iguales gobierne quien los gobierne. Quizás por eso casi todos se sienten frustrados por la falta de compromiso que el Gobierno ha demostrado con el poder local.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100726/politica/ayuntamientos-suspenden-zapatero-20100726.html
Realidades o incumplimientos
Los partidos políticos con representación municipal afrontarán mañana, a partir de las diez de la mañana, uno de los debates más esperados en el año, el del estado del municipio. PSOE, IU y PP presentarán en el salón de plenos un debate que estará marcado por el reciente anuncio de la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, de no presentarse a las próximas elecciones locales y la proclamación como candidato socialista de Santiago Martínez Argüelles.
Por ello, el PSOE tratará de mostrar ante el plenario el cambio que ha sufrido la ciudad no sólo durante el último año, sino desde la llegada al sillón de la Alcaldía de Fernández Felgueroso, en 1999, hasta nuestros días.
IU intentará aprovechar las últimas actuaciones del gobierno de coalición en vivienda, servicios sociales y cooperación internacional, al tiempo que defenderá el cariz industrial del municipio y su defensa de una economía más social, haciendo expreso apoyo a la huelga general del 29 de septiembre.
Finalmente, el PP hablará de las acciones del equipo de gobierno desde las últimas elecciones, en 2007, bajo la premisa de que «no ha hecho nada de lo prometido».
Diez años de cambios con la micropolítica de Fernández Felgueroso
Los socialistas gijoneses destacan la importancia del debate porque «cuando estamos finalizando un mandato, se convierte en el balance de gestión de un periodo más largo». En este sentido, aseguran que tras el anuncio de la alcaldesa de no presentarse a las próximas elecciones «se hace inevitable que no sólo hablemos de cómo está Gijón en estos momentos, sino que también recordemos cómo estaba hace diez años». Estas referencias, en las que se destacará cómo Paz Fernández Felgueroso «hizo bandera de la micropolítica», no se ceñirán a «los proyectos estrella» como el Botánico, el Acuario o Talasoponiente, sino que incluirán también «cantidad de programas y proyectos que tienen que ver con las políticas activas de empleo, juventud, igualdad, mayores e infancia».
En su repaso por estos diez años el PSOE hablará de «centros municipales, polideportivos, escuelas infantiles, grandes avenidas, pequeñas calles, traídas de agua y obras de saneamiento», inexistentes en 1999. «En este tiempo el patrimonio municipal ha pasado de 445 millones de euros a 800». No se obviará la situación del empleo, «una espina que tenemos clavada a medias. Lucharemos por supererarla». Mantendrán que «Asturias y Gijón están resisitiendo mejor que otros territorios» y destacarán cómo «hoy tenemos muchas más personas trabajando que hace diez años». También se referirán «al cambio que ha protagonizado el tejido económico. Ahí están los polígonos, el parque científico y la ampliación de El Musel».
En todo el mandato, no ha hecho nada de lo prometido»
El Partido Popular tiene claro que en el debate realizará un balance desde el comienzo del actual mandato del gobierno socialista, en 2007. La conclusión de su portavoz, Pilar Fernández Pardo, es taxativo: «No ha hecho nada de lo prometido». Y es que para el partido de la oposición municipal, el equipo encabezado por Paz Fernández Felgueroso no ha llevado a la práctica su programa electoral y que «denominaron literalmente 'contrato a suscribir con los gijoneses y gijonesas a partir del 27 de mayo' de aquel año».
«Vender humo» o «intentar engañar a los gijoneses» son algunas de las conclusiones a las que llega el PP local, pues recuerda que «no hay nada de lo prometido» en asuntos como el metrotrén y su llegada a Viesques y Cabueñes, el AVE, el plan de vías o actuaciones como el parque empresarial de La Camocha, el bulevar de Jove, los accesos a El Musel, la reordenación de El Humedal, las diez avenidas a renovar «que sólo quedaron en tres», el plan del Muro y un largo etcétera de proyectos que aún no se han desarrollado. Otros asuntos que critica el grupo de Fernández Pardo pasan por el desempleo, «con 10.584 personas más en paro», las empresas que han cerrado, como La Camocha o Naval Gijón y, sobre todo, el incremento de los impuestos, como el IBI. Al final, Fernández Pardo concluye que «se acaba ya un ciclo de mentiras e incumplientos».
La defensa de Gijón como capital industrial de Asturias
El planteamiento de Izquierda Unida en el debate del estado del municipio se basa en la defensa de la estructura económica de la ciudad, las mejoras medioambientales y la cooperación internacional. No dejarán pasar la oportunidad para criticar los orígenes de la crisis económica que, aseguran, «no nació en ningún taller de Tremañes ni de ningún otro lugar de Gijón».
Partiendo de la «defensa de Gijón como capital industrial de Asturias», la coalición apuesta por la ZALIA, la ampliación de El Musel y el desarrollo de los parques científicos y tecnológicos de La Camocha y Naval Gijón. Pero también se muestra firme en el respaldo de las empresas públicas «como órganos de gestión que funcionan y que hay que mantener y potenciar, en contra de los dictados del Fondo Monetario Internacioal y la Comisión Europea, que hablan de su privatización».
El desarrollo de viviendas de protección en el Plan General de Ordenación, el incremento de espacios verdes y el incremento de la cooperación internacional a un 0,89% del presupuesto municipal son algunos de los logros que presentarán en el debate. En su discurso, el portavoz de la coalición, Jesús Montes Estrada, dejará claro el respaldo de la formación a la huelga general convocada para el próximo 29 de septiembre, así como la necesidad de defender las cajas de ahorro «contra las decisiones que pretende excluir la representación pública de sus consejos de administración».
http://www.elcomerciodigital.com/gijon/
Por ello, el PSOE tratará de mostrar ante el plenario el cambio que ha sufrido la ciudad no sólo durante el último año, sino desde la llegada al sillón de la Alcaldía de Fernández Felgueroso, en 1999, hasta nuestros días.
IU intentará aprovechar las últimas actuaciones del gobierno de coalición en vivienda, servicios sociales y cooperación internacional, al tiempo que defenderá el cariz industrial del municipio y su defensa de una economía más social, haciendo expreso apoyo a la huelga general del 29 de septiembre.
Finalmente, el PP hablará de las acciones del equipo de gobierno desde las últimas elecciones, en 2007, bajo la premisa de que «no ha hecho nada de lo prometido».
Diez años de cambios con la micropolítica de Fernández Felgueroso
Los socialistas gijoneses destacan la importancia del debate porque «cuando estamos finalizando un mandato, se convierte en el balance de gestión de un periodo más largo». En este sentido, aseguran que tras el anuncio de la alcaldesa de no presentarse a las próximas elecciones «se hace inevitable que no sólo hablemos de cómo está Gijón en estos momentos, sino que también recordemos cómo estaba hace diez años». Estas referencias, en las que se destacará cómo Paz Fernández Felgueroso «hizo bandera de la micropolítica», no se ceñirán a «los proyectos estrella» como el Botánico, el Acuario o Talasoponiente, sino que incluirán también «cantidad de programas y proyectos que tienen que ver con las políticas activas de empleo, juventud, igualdad, mayores e infancia».
En su repaso por estos diez años el PSOE hablará de «centros municipales, polideportivos, escuelas infantiles, grandes avenidas, pequeñas calles, traídas de agua y obras de saneamiento», inexistentes en 1999. «En este tiempo el patrimonio municipal ha pasado de 445 millones de euros a 800». No se obviará la situación del empleo, «una espina que tenemos clavada a medias. Lucharemos por supererarla». Mantendrán que «Asturias y Gijón están resisitiendo mejor que otros territorios» y destacarán cómo «hoy tenemos muchas más personas trabajando que hace diez años». También se referirán «al cambio que ha protagonizado el tejido económico. Ahí están los polígonos, el parque científico y la ampliación de El Musel».
En todo el mandato, no ha hecho nada de lo prometido»
El Partido Popular tiene claro que en el debate realizará un balance desde el comienzo del actual mandato del gobierno socialista, en 2007. La conclusión de su portavoz, Pilar Fernández Pardo, es taxativo: «No ha hecho nada de lo prometido». Y es que para el partido de la oposición municipal, el equipo encabezado por Paz Fernández Felgueroso no ha llevado a la práctica su programa electoral y que «denominaron literalmente 'contrato a suscribir con los gijoneses y gijonesas a partir del 27 de mayo' de aquel año».
«Vender humo» o «intentar engañar a los gijoneses» son algunas de las conclusiones a las que llega el PP local, pues recuerda que «no hay nada de lo prometido» en asuntos como el metrotrén y su llegada a Viesques y Cabueñes, el AVE, el plan de vías o actuaciones como el parque empresarial de La Camocha, el bulevar de Jove, los accesos a El Musel, la reordenación de El Humedal, las diez avenidas a renovar «que sólo quedaron en tres», el plan del Muro y un largo etcétera de proyectos que aún no se han desarrollado. Otros asuntos que critica el grupo de Fernández Pardo pasan por el desempleo, «con 10.584 personas más en paro», las empresas que han cerrado, como La Camocha o Naval Gijón y, sobre todo, el incremento de los impuestos, como el IBI. Al final, Fernández Pardo concluye que «se acaba ya un ciclo de mentiras e incumplientos».
La defensa de Gijón como capital industrial de Asturias
El planteamiento de Izquierda Unida en el debate del estado del municipio se basa en la defensa de la estructura económica de la ciudad, las mejoras medioambientales y la cooperación internacional. No dejarán pasar la oportunidad para criticar los orígenes de la crisis económica que, aseguran, «no nació en ningún taller de Tremañes ni de ningún otro lugar de Gijón».
Partiendo de la «defensa de Gijón como capital industrial de Asturias», la coalición apuesta por la ZALIA, la ampliación de El Musel y el desarrollo de los parques científicos y tecnológicos de La Camocha y Naval Gijón. Pero también se muestra firme en el respaldo de las empresas públicas «como órganos de gestión que funcionan y que hay que mantener y potenciar, en contra de los dictados del Fondo Monetario Internacioal y la Comisión Europea, que hablan de su privatización».
El desarrollo de viviendas de protección en el Plan General de Ordenación, el incremento de espacios verdes y el incremento de la cooperación internacional a un 0,89% del presupuesto municipal son algunos de los logros que presentarán en el debate. En su discurso, el portavoz de la coalición, Jesús Montes Estrada, dejará claro el respaldo de la formación a la huelga general convocada para el próximo 29 de septiembre, así como la necesidad de defender las cajas de ahorro «contra las decisiones que pretende excluir la representación pública de sus consejos de administración».
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jueves, 22 de julio de 2010
Aparachiquis
21.07.10 - 07:54 - PEDRO HERRERO |
En el año 2000 Zapatero se hizo con el liderazgo de un partido socialista desarbolado tras el sieso de Almunia y el fuego amigo suministrado a Borrell. Con la promesa de traer un cambio tranquilo ZP prometió federalismo, listas abiertas y primarias. Que la actual crisis del modelo territorial y la ruptura del pacto constitucional es culpa de nuestro presidente y su dócil partido, es evidente. Que lo que él y los nacionalistas estén planteando para España pretenda pasar por federalismo es una burda patraña.
Si valoramos sus promesas de listas abiertas y primarias, el persistente modelo de cooptación vaticano del que se nutre la cultura socialista ha generado una organización disciplinada y una militancia con enormes tragaderas ideológicas, mansa, silenciosa y obediente.
«No se ha perdido ni un minuto en debatir quién debe ser el candidato», ha dicho Hugo Morán sobre la candidatura autonómica, en una frase demoledora de tristes implicaciones. Para Gijón, Santiago Martínez, será designado candidato en un 'teatrillo' ante la ausencia de candidaturas alternativas. Mientras tanto el PP asturiano, ese partido de caciques locales y ácratas francotiradores con tics de partido minoritario, se empeña en complicarse la vida escenificando ridículos de manera pública.
Asturias vive en un sistema de partido hegemónico, con una organización socialista de aristócratas, eternizada en los órganos de poder administrativo y controlando los presupuestos; como mera estructura burocrática desideologizada y modelo de carrera profesional vinculada a los cargos públicos. Los democristianos gobernaron Italia del 48 al 90, basados en una política clientelar, redes parentales y una compra sistemática de la oposición (comunistas incluidos). ¿Primarias, para qué?
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100721/gijon/aparachiquis-20100721.html
En el año 2000 Zapatero se hizo con el liderazgo de un partido socialista desarbolado tras el sieso de Almunia y el fuego amigo suministrado a Borrell. Con la promesa de traer un cambio tranquilo ZP prometió federalismo, listas abiertas y primarias. Que la actual crisis del modelo territorial y la ruptura del pacto constitucional es culpa de nuestro presidente y su dócil partido, es evidente. Que lo que él y los nacionalistas estén planteando para España pretenda pasar por federalismo es una burda patraña.
Si valoramos sus promesas de listas abiertas y primarias, el persistente modelo de cooptación vaticano del que se nutre la cultura socialista ha generado una organización disciplinada y una militancia con enormes tragaderas ideológicas, mansa, silenciosa y obediente.
«No se ha perdido ni un minuto en debatir quién debe ser el candidato», ha dicho Hugo Morán sobre la candidatura autonómica, en una frase demoledora de tristes implicaciones. Para Gijón, Santiago Martínez, será designado candidato en un 'teatrillo' ante la ausencia de candidaturas alternativas. Mientras tanto el PP asturiano, ese partido de caciques locales y ácratas francotiradores con tics de partido minoritario, se empeña en complicarse la vida escenificando ridículos de manera pública.
Asturias vive en un sistema de partido hegemónico, con una organización socialista de aristócratas, eternizada en los órganos de poder administrativo y controlando los presupuestos; como mera estructura burocrática desideologizada y modelo de carrera profesional vinculada a los cargos públicos. Los democristianos gobernaron Italia del 48 al 90, basados en una política clientelar, redes parentales y una compra sistemática de la oposición (comunistas incluidos). ¿Primarias, para qué?
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100721/gijon/aparachiquis-20100721.html
Al PGOU se le abre un nuevo frente de polémica en El Muselín
21 de julio de 2010
Las declaraciones de Pedro Sanjurjo, concejal de Urbanismo, no tranquilizan en absoluto, más bien al contrario, sus contradicciones crean una incertidumbre evidente. Si la principal razón para hacer desaparecer el barrio es la seguridad, cómo puede ser que el desalojo se contemple a largo plazo, comparando la situación a los veinte años que llevó hacer Los Pericones, y cómo se entiende que en una zona en la que puedan darse desprendimientos se quiera hacer un parque para disfrute de todos los gijoneses.
Unión Progreso y Democracia en Gijón no oculta su preocupación por la tramitación de un Plan de Ordenación Urbana que concita cada vez más recelos y suspicacias entre diferentes colectivos vecinales, afectados todos ellos, por lo que consideran un atropello a sus intereses, y lo que en opinión de UPyD es más preocupante y relevante cara al interés general, por la opacidad de fondo que envuelve todo el planeamiento urbano más allá de los anuncios bienintencionados que el Ayuntamiento se empeña en propagar en cada ocasión que se le presenta. A la sospecha de especulación en algunas de las parroquias rurales, se une la protesta de los vecinos de El Muselín que no parecen estar de acuerdo con las razones que se les da desde la Concejalía de Urbanismo para el futuro desalojo y desaparición del barrio.
Para Armando Fernández Bartolomé, coordinador del Consejo Local de UPyD, “nuevamente el Plan General vuelve a crear polémica entre vecinos del municipio, en este caso los de El Muselín. Las declaraciones de Pedro Sanjurjo, concejal de Urbanismo, no tranquilizan en absoluto, más bien al contrario, sus contradicciones crean una incertidumbre evidente. Si la principal razón para hacer desaparecer el barrio es la seguridad, cómo puede ser que el desalojo se contemplea largo plazo, comparando la situación a los veinte años que llevó hacer Los Pericones, y cómo se entiende que en una zona en la que puedan darse desprendimientos se quiera hacer un parque para disfrute de todos los gijoneses”.
Desde UPyD reiteramos que una vez más el equipo de gobierno formado por el PSOE e IU vuelve a meterse en un jardín, abriendo un nuevo foco de polémica. Tal vez la dilatada experiencia de gobierno municipal les ha hecho perder el sentido de la realidad, no aceptando las legítimas críticas que reciben desde colectivos vecinales ajenos el tejido clientelar desplegado durante todos estos años de gestión municipal.
Las declaraciones de Pedro Sanjurjo, concejal de Urbanismo, no tranquilizan en absoluto, más bien al contrario, sus contradicciones crean una incertidumbre evidente. Si la principal razón para hacer desaparecer el barrio es la seguridad, cómo puede ser que el desalojo se contemple a largo plazo, comparando la situación a los veinte años que llevó hacer Los Pericones, y cómo se entiende que en una zona en la que puedan darse desprendimientos se quiera hacer un parque para disfrute de todos los gijoneses.
Unión Progreso y Democracia en Gijón no oculta su preocupación por la tramitación de un Plan de Ordenación Urbana que concita cada vez más recelos y suspicacias entre diferentes colectivos vecinales, afectados todos ellos, por lo que consideran un atropello a sus intereses, y lo que en opinión de UPyD es más preocupante y relevante cara al interés general, por la opacidad de fondo que envuelve todo el planeamiento urbano más allá de los anuncios bienintencionados que el Ayuntamiento se empeña en propagar en cada ocasión que se le presenta. A la sospecha de especulación en algunas de las parroquias rurales, se une la protesta de los vecinos de El Muselín que no parecen estar de acuerdo con las razones que se les da desde la Concejalía de Urbanismo para el futuro desalojo y desaparición del barrio.
Para Armando Fernández Bartolomé, coordinador del Consejo Local de UPyD, “nuevamente el Plan General vuelve a crear polémica entre vecinos del municipio, en este caso los de El Muselín. Las declaraciones de Pedro Sanjurjo, concejal de Urbanismo, no tranquilizan en absoluto, más bien al contrario, sus contradicciones crean una incertidumbre evidente. Si la principal razón para hacer desaparecer el barrio es la seguridad, cómo puede ser que el desalojo se contemplea largo plazo, comparando la situación a los veinte años que llevó hacer Los Pericones, y cómo se entiende que en una zona en la que puedan darse desprendimientos se quiera hacer un parque para disfrute de todos los gijoneses”.
Desde UPyD reiteramos que una vez más el equipo de gobierno formado por el PSOE e IU vuelve a meterse en un jardín, abriendo un nuevo foco de polémica. Tal vez la dilatada experiencia de gobierno municipal les ha hecho perder el sentido de la realidad, no aceptando las legítimas críticas que reciben desde colectivos vecinales ajenos el tejido clientelar desplegado durante todos estos años de gestión municipal.
miércoles, 14 de julio de 2010
Maquillaje para el PGO de Gijón
JORGE J. URÍA MIEMBRO DE UPYD En la sociedad de los mass-media, como dirían los cursis, tener una buena política comunicativa significa tanto como estar en posesión de la lámpara maravillosa a la que tanto lustre sacó Aladino. Lo sabe bien el Ayuntamiento de Gijón que últimamente, un día sí y otro también, nos sorprende con las bondades que destila un Plan Urbanístico bajo sospecha permanente, sobre todo por parte de los vecinos de la zona rural. Esto no impide que, desde el Consistorio, las manos de quienes tienen responsabilidad en el mismo e intereses en su desarrollo, se afanen en frotar las veces que haga falta la lámpara del genio que nos haga convencer de que el Plan General de Ordenación Urbana redactado cubrirá a la perfección las necesidades futuras de vivienda y desarrollo económico del concejo.
Fomentar el uso de la bicicleta obligando a los constructores a habilitar espacios en las viviendas de nueva construcción que permitan estacionarla o potenciar los usos agrícolas y ganaderos, forman parte de la mano de pintura que quiere aplicarse al urbanismo de Gijón con motivo de que cumpla con la noble y bien timbrada causa de ser medioambientalmente sostenible, libre de humos y comprometido con un medio rural respetuoso que no olvide los usos tradicionales de la aldea. Es correcto y aplaudimos dichas iniciativas, pero si de maquillar la realidad se trata, convendría hacerlo de forma tal que, al menos, a poco que uno rasque, no se vea el verdadero color de lo que esconde cada brochazo de terquedad institucional.
La sombra de la sospecha alcanza un plan que se elabora con material sensible. Tras años de atropellos y desmanes especulativos inflando la burbuja inmobiliaria, el urbanismo es visto como un foco de corrupción y Gijón no es una ciudad ajena a esta realidad. Las operaciones sucesivas de compraventa en torno a la misma finca en Cabueñes por parte de quien fuera arquitecto jefe en el Ayuntamiento y posterior técnico en SOGEPSA o la exclusión sin causa justificada en la redacción del Plan General de Ramón Fernández-Rañada, autor de los anteriores desarrollos urbanísticos y contrario a la edificación de pisos en zonas rurales, nos obligan a estar vigilantes para no dejarnos engañar por cantos de sirena y evitar en lo posible que el genio de la lámpara del urbanismo gijonés conceda sus deseos a quienes buscan intereses ajenos al bien común, el de todos.
http://www.lne.es/gijon/2010/07/14/maquillaje-pgo-gijon/942101.html
Fomentar el uso de la bicicleta obligando a los constructores a habilitar espacios en las viviendas de nueva construcción que permitan estacionarla o potenciar los usos agrícolas y ganaderos, forman parte de la mano de pintura que quiere aplicarse al urbanismo de Gijón con motivo de que cumpla con la noble y bien timbrada causa de ser medioambientalmente sostenible, libre de humos y comprometido con un medio rural respetuoso que no olvide los usos tradicionales de la aldea. Es correcto y aplaudimos dichas iniciativas, pero si de maquillar la realidad se trata, convendría hacerlo de forma tal que, al menos, a poco que uno rasque, no se vea el verdadero color de lo que esconde cada brochazo de terquedad institucional.
La sombra de la sospecha alcanza un plan que se elabora con material sensible. Tras años de atropellos y desmanes especulativos inflando la burbuja inmobiliaria, el urbanismo es visto como un foco de corrupción y Gijón no es una ciudad ajena a esta realidad. Las operaciones sucesivas de compraventa en torno a la misma finca en Cabueñes por parte de quien fuera arquitecto jefe en el Ayuntamiento y posterior técnico en SOGEPSA o la exclusión sin causa justificada en la redacción del Plan General de Ramón Fernández-Rañada, autor de los anteriores desarrollos urbanísticos y contrario a la edificación de pisos en zonas rurales, nos obligan a estar vigilantes para no dejarnos engañar por cantos de sirena y evitar en lo posible que el genio de la lámpara del urbanismo gijonés conceda sus deseos a quienes buscan intereses ajenos al bien común, el de todos.
http://www.lne.es/gijon/2010/07/14/maquillaje-pgo-gijon/942101.html
El abandono escolar solo remite entre extranjeros
Los inmigrantes dejan las aulas en la obligatoria y los españoles, más tarde - La oleada de alumnos foráneos ha puesto a prueba un sistema sin salidas para los jóvenes con más dificultades
J. A. AUNIÓN
EL PAÍS - Sociedad - 14-07-2010
La cifra de abandono educativo temprano es una sola, y es tan tremenda como insoportable para un país con las aspiraciones económicas y sociales de España: un 31,2%, el doble de la media europea. Pero abandonos escolares hay muchos: está el del que no consigue el título más básico, el de ESO, y se ve empujado al mercado de trabajo sin la formación mínima que se ha marcado la sociedad. Está el que consigue ese título, pero igualmente se lanza a trabajar atraído por el empleo fácil o hastiado de un sistema educativo que no responde ni a sus intereses ni a sus necesidades. Y también está el que empieza el Bachillerato, o la FP de grado medio, y lo deja antes de concluirlo porque no se ve capaz o por una mezcla de todas las razones anteriores.
Para comprender el que se ha señalado por activa y por pasiva como el gran problema de la educación española -ese 31% de jóvenes que dejan de estudiar después de la enseñanza obligatoria, con o sin el título de ESO, y sin uno de Bachillerato o FP- conviene verlo con todos sus matices y problemas particulares. Por ejemplo, que abandonan mucho más los chicos que las chicas (el 38% de ellos frente al 26% de ellas), o que más de la mitad de los que saltan en marcha lo hacen ya en la etapa posobligatoria, el Bachillerato o la FP, según un estudio de la Fundación La Caixa.
Un reciente trabajo de la Fundación 1º de Mayo de CC OO se ha detenido en las diferencias de abandono entre jóvenes españoles y extranjeros. Y han visto, para empezar, que a pesar de que la cifra creció en España en la última década más de 1,5 puntos -la media de la UE bajó del 17,6% al 14,9%-, si se toman por separado los datos de nativos e inmigrantes y no se tiene en cuenta el aumento de la población, las dos comunidades han mejorado. Entre los españoles, el indicador está estancado, con una ligera mejoría (del 29% al 28%). Mientras, para los extranjeros bajó del 53,1% al 46,4%. El aumento de un 777% de la población inmigrante de 18 a 24 años, entre los que el abandono es mucho mayor, es la causa de que, a pesar de la mejora por separado, la cifra total haya empeorado, explica el trabajo de la 1º de Mayo, que ha escrutado los datos de la Encuesta de Población Activa de la última década.
En 2009 mejoraron las estadísticas en general con respecto a 2008, de un 32% a un 31,2%. Los autores del trabajo (Manuel de la Cruz y Miguel Recio) creen que ha sido por la crisis: con menos empleo, hay mayor propensión a seguir estudiando en lugar de quedarse en casa. Sin embargo, otros estudiosos como el catedrático de Sociología de la Complutense Julio Carabaña creen que todavía no se puede notar ese factor. En cualquier caso, si se toma 2008, año que arroja uno de los peores datos de la década en abandono, y se separan los alumnos por su procedencia, las cifras dan el mismo resultado: estancamiento entre los españoles y gran mejoría para los extranjeros.
Los autores del estudio insisten en que no se trata de echar ninguna culpa sobre los inmigrantes, pero lo cierto es que, mirada de este modo, la estadística más famosa de la educación española, aún siendo muy preocupante e indiscutiblemente grave en cualquier caso, dibuja un mapa distinto y problemas particulares.
Tomando solo a los jóvenes españoles, el abandono ha crecido en Madrid (3,8%), La Rioja (2,6%), Castilla y León (1,3%) y Aragón (0,4%); y ha decrecido en Extremadura (-9,1%), Baleares (-5,4%), Navarra (-5,1%) y Galicia (-5%). Para los jóvenes extranjeros, la evolución por comunidades no se puede hacer, ya que en 2000 la población extranjera era muy pequeña. Así, los autores del estudio dan la cifra actual de abandono en este colectivo. Los peores datos están en Extremadura (82,1%), Galicia (58,5%), Andalucía (55,8%) y Baleares (53,4%); y las más bajas, en Asturias (38,4%), Aragón (38%), Madrid (36,8%) y Canarias (34,9%).
A pesar de que el dato de abandono educativo temprano (el número de jóvenes de 18 a 24 años que solo completa la etapa obligatoria) es una de las principales convenciones internacionales para comparar la salud de los sistemas educativos, tiene una parte que no dice nada de la escuela de un país. La razón es que una parte de esos alumnos extranjeros que engrosan la estadística no ha llegado ni siquiera a pasar por el sistema educativo español. "Tenían 15 o más años (edad a partir de la cual su paso por el sistema es irrelevante para conseguir titulación, si es que se produce) un 71,2% de los que llegaron en 2000 y un 73,2% en 2009", explica Miguel Recio.
Esto no significa que no sea importante para el conjunto de la sociedad mejorar el nivel de formación de este colectivo, sino que lo primordial para hacerlo es ofrecerles oportunidades de reenganche en los centros de personas adultas o con cursos de formación continua o con facilidades reales para compaginar estudio y trabajo. El curso que acaba de terminar, la matriculación en las escuelas de adultos, llenas en realidad de jóvenes de 18 a 24 años, ha crecido un 18% en los cursos para sacarse la ESO y un 17% en los de preparación para acceder a ciclos formativos de FP.
En cualquier caso, todo esto tampoco debe ocultar la otra cara de la estadística, la que sí habla de la escuela española. Aun cuando hay factores externos a la escuela que condicionan enormemente el abandono, la cifra también habla de la incapacidad del sistema para contrarrestarlos. Pero vayamos por partes.
Hay, por supuesto, razones educativas, de calidad y atención, pero también de nivel de exigencia. Los ejemplos más claros son La Rioja, con una cifra muy alta de abandono, y Castilla y León, que ha visto aumentar el porcentaje de abandono entre los estudiantes españoles, y, sin embargo, tienen niveles en PISA (el informe de la OCDE que mide el aprendizaje en medio centenar de países) cercanos a los mejores del mundo en sus alumnos de 15 años, y también en los de 10, según la última evaluación del Ministerio de Educación de la enseñanza Primaria. Esto se puede deber, según distintos expertos, al estilo de evaluación del profesorado, que cree que siempre hay que suspender a parte de la clase, en lugar de aprobar a todos los que pasen un mínimo.
Hay otra parte muy importante, efectivamente, de inercia social -que depende del origen socioeconómico del alumno y de su alrededor- y otra más que tiene que ver con el mercado de trabajo: cuando hay mucho empleo para personas sin cualificación los estudios se dejan de lado. Las comunidades mediterráneas, en especial las Islas Baleares, con mucho turismo, probablemente son el paradigma de este factor vinculado al abandono escolar temprano.
En el caso de los inmigrantes, la proporción de clases sociales humildes es mucho mayor que en la población en general, y eso casi siempre se traduce en una mayor importancia por el trabajo que por los estudios. A la falta de recursos económicos, que precipita esa ecuación, se suman las dificultades de cambiar de país y de sistema escolar, de idioma, explica el profesor de Sociología de la Universidad de Salamanca Jaime Riviere.
El volumen de la inmigración sobre la población total, la composición y procedencia de la comunidad extranjera pueden condicionar las diferencias entre comunidades. Unas diferencias que, según Riviere, también se deben al tiempo que cada autonomía lleve recibiendo oleadas migratorias. "Las zonas con inmigración más reciente deben tener peores resultados que las zonas que ya están habituadas a este fenómeno", ya que los recién llegados tienen más dificultades que los que llevan más tiempo escolarizados en España y también que quizá el sistema vaya aprendiendo poco a poco a trabajar mejor con estos alumnos.
Todos estos factores no afectan de igual modo a españoles y extranjeros y, aunque hay indicios, las causas no están totalmente claras, según un estudio de la Fundación La Caixa firmado por Riviere, Mariano Fernández Enguita y Luis Mena. Objetivamente, los momentos en los que abandonan no son los mismos. Entre los españoles, la mayoría (el 61,2%) lo hace en la educación posobligatoria, cuando ya ha empezado el Bachillerato o un ciclo de FP, mientras que la mayoría de los extranjeros no acaba con éxito la ESO. Por lo tanto, dentro de la misma estadística, terminan en peores condiciones, porque los españoles, si quieren seguir estudiando pueden hacerlo sin más, mientras que los extranjeros tienen vías de reenganche más complicadas para acabar la etapa obligatoria.
Así pues, mientras las características del fracaso entre los inmigrantes son las clásicas de una coyuntura que responde a factores muy determinados y con soluciones ya ensayadas en este país durante décadas, el abandono entre los españoles parece estructural: un 28%, 13 puntos por encima de la media de la UE, un dato preocupante y de peor solución. Poseedores de muchos más recursos y comodidades que sus compañeros extranjeros, quizá están hibernando en un aburrido sistema educativo que no les satisface. Si bien la crisis actual (que se prevé larga) puede detenerles más tiempo en las aulas, según distintos expertos, eso no parece suficiente. Sobre todo si se tiene en cuenta cómo la mayoría de países de la UE han mejorado sus cifras entre 2000 y 2008 (del 17,6% al 14,9%. La secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, ha admitido que España no puede permitirse un abandono tan alto que apenas se ha movido en una década.
"Está claro que España se queda atrás mientras los demás avanzan. Esto significa que hay que aplicar nuevas medidas: atender los problemas en Primaria y primer ciclo de la ESO, reducir la repetición, flexibilizar la consecución del título de la ESO o postobligatorias, potenciar las segundas oportunidades (centros de adultos, etcétera). Si no cambiamos, para 2020 vamos a seguir así de mal", dicen los autores del estudio de la Fundación 1º de Mayo. En esa dirección, de hecho, van muchas de las medidas que está intentando introducir el Gobierno. Por ejemplo, el aumento de refuerzos en Primaria y Secundaria, de los programas preprofesionales para los alumnos que no consiguen el título por la vía ordinaria, la futura reforma de 4º de ESO para orientarlo en dos vías (una hacia la FP y otra al Bachillerato, aunque sin ser excluyentes), o incentivos a las empresas para que faciliten a sus empleados jóvenes compaginar estudios y trabajo.
El catedrático de Sociología de la Universidad Complutense Julio Carabaña argumenta que la estadística de abandono educativo temprano es consecuencia directa, ni más ni menos, que de la configuración del sistema educativo. Según escribe en una reciente publicación titulada Una vindicación de la escuela española, la escasez de titulados de FP de grado medio se debe a que los alumnos que suspenden la ESO tienen vetado su acceso, algo que no pasaba con la antigua EGB. Ese es el auténtico talón de Aquiles, ya que la proporción de titulados en Bachillerato está muy cerca de las medias internacionales.
El medio más directo para disminuir el abandono "es reordenar el sistema educativo creando escuelas, itinerarios o modalidades de enseñanza que puedan acoger a los actuales fracasados escolares hasta obtener un título", dice el catedrático. Hacia ahí apuntan muchas de las medidas que está poniendo o va a poner en marcha el Gobierno. Pero, acto seguido, se pregunta: "¿Se derivarían de ello grandes bienes para los afectados y para la economía? En ningún caso. Aumentarían los títulos y los titulados, pero muy poco las cualificaciones y las competencias".
Entonces, ¿cómo se puede mejorar? Carabaña sostiene en su texto que, llegados a un nivel, es muy difícil mejorar los resultados educativos. Lo que propone, tras hacer una lectura de los resultados del informe Pisa en la que las diferencias entre un enorme grupo de países intermedios (entre ellos, España) son insignificantes, es una suma de mejoras individuales. "Los administradores pueden mejorar la eficacia y eficiencia de los recursos, los directores, la motivación y el orden de sus centros, los profesores mejorar sus clases, los alumnos intensificar su estudio, los padres perfeccionar su cuidado. Ninguno tiene que esperar a los demás, y ninguno debería, además, invadir el terreno del otro".
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100714elpepisoc_1&type=Tes&anchor=elpepusoc
J. A. AUNIÓN
EL PAÍS - Sociedad - 14-07-2010
La cifra de abandono educativo temprano es una sola, y es tan tremenda como insoportable para un país con las aspiraciones económicas y sociales de España: un 31,2%, el doble de la media europea. Pero abandonos escolares hay muchos: está el del que no consigue el título más básico, el de ESO, y se ve empujado al mercado de trabajo sin la formación mínima que se ha marcado la sociedad. Está el que consigue ese título, pero igualmente se lanza a trabajar atraído por el empleo fácil o hastiado de un sistema educativo que no responde ni a sus intereses ni a sus necesidades. Y también está el que empieza el Bachillerato, o la FP de grado medio, y lo deja antes de concluirlo porque no se ve capaz o por una mezcla de todas las razones anteriores.
Para comprender el que se ha señalado por activa y por pasiva como el gran problema de la educación española -ese 31% de jóvenes que dejan de estudiar después de la enseñanza obligatoria, con o sin el título de ESO, y sin uno de Bachillerato o FP- conviene verlo con todos sus matices y problemas particulares. Por ejemplo, que abandonan mucho más los chicos que las chicas (el 38% de ellos frente al 26% de ellas), o que más de la mitad de los que saltan en marcha lo hacen ya en la etapa posobligatoria, el Bachillerato o la FP, según un estudio de la Fundación La Caixa.
Un reciente trabajo de la Fundación 1º de Mayo de CC OO se ha detenido en las diferencias de abandono entre jóvenes españoles y extranjeros. Y han visto, para empezar, que a pesar de que la cifra creció en España en la última década más de 1,5 puntos -la media de la UE bajó del 17,6% al 14,9%-, si se toman por separado los datos de nativos e inmigrantes y no se tiene en cuenta el aumento de la población, las dos comunidades han mejorado. Entre los españoles, el indicador está estancado, con una ligera mejoría (del 29% al 28%). Mientras, para los extranjeros bajó del 53,1% al 46,4%. El aumento de un 777% de la población inmigrante de 18 a 24 años, entre los que el abandono es mucho mayor, es la causa de que, a pesar de la mejora por separado, la cifra total haya empeorado, explica el trabajo de la 1º de Mayo, que ha escrutado los datos de la Encuesta de Población Activa de la última década.
En 2009 mejoraron las estadísticas en general con respecto a 2008, de un 32% a un 31,2%. Los autores del trabajo (Manuel de la Cruz y Miguel Recio) creen que ha sido por la crisis: con menos empleo, hay mayor propensión a seguir estudiando en lugar de quedarse en casa. Sin embargo, otros estudiosos como el catedrático de Sociología de la Complutense Julio Carabaña creen que todavía no se puede notar ese factor. En cualquier caso, si se toma 2008, año que arroja uno de los peores datos de la década en abandono, y se separan los alumnos por su procedencia, las cifras dan el mismo resultado: estancamiento entre los españoles y gran mejoría para los extranjeros.
Los autores del estudio insisten en que no se trata de echar ninguna culpa sobre los inmigrantes, pero lo cierto es que, mirada de este modo, la estadística más famosa de la educación española, aún siendo muy preocupante e indiscutiblemente grave en cualquier caso, dibuja un mapa distinto y problemas particulares.
Tomando solo a los jóvenes españoles, el abandono ha crecido en Madrid (3,8%), La Rioja (2,6%), Castilla y León (1,3%) y Aragón (0,4%); y ha decrecido en Extremadura (-9,1%), Baleares (-5,4%), Navarra (-5,1%) y Galicia (-5%). Para los jóvenes extranjeros, la evolución por comunidades no se puede hacer, ya que en 2000 la población extranjera era muy pequeña. Así, los autores del estudio dan la cifra actual de abandono en este colectivo. Los peores datos están en Extremadura (82,1%), Galicia (58,5%), Andalucía (55,8%) y Baleares (53,4%); y las más bajas, en Asturias (38,4%), Aragón (38%), Madrid (36,8%) y Canarias (34,9%).
A pesar de que el dato de abandono educativo temprano (el número de jóvenes de 18 a 24 años que solo completa la etapa obligatoria) es una de las principales convenciones internacionales para comparar la salud de los sistemas educativos, tiene una parte que no dice nada de la escuela de un país. La razón es que una parte de esos alumnos extranjeros que engrosan la estadística no ha llegado ni siquiera a pasar por el sistema educativo español. "Tenían 15 o más años (edad a partir de la cual su paso por el sistema es irrelevante para conseguir titulación, si es que se produce) un 71,2% de los que llegaron en 2000 y un 73,2% en 2009", explica Miguel Recio.
Esto no significa que no sea importante para el conjunto de la sociedad mejorar el nivel de formación de este colectivo, sino que lo primordial para hacerlo es ofrecerles oportunidades de reenganche en los centros de personas adultas o con cursos de formación continua o con facilidades reales para compaginar estudio y trabajo. El curso que acaba de terminar, la matriculación en las escuelas de adultos, llenas en realidad de jóvenes de 18 a 24 años, ha crecido un 18% en los cursos para sacarse la ESO y un 17% en los de preparación para acceder a ciclos formativos de FP.
En cualquier caso, todo esto tampoco debe ocultar la otra cara de la estadística, la que sí habla de la escuela española. Aun cuando hay factores externos a la escuela que condicionan enormemente el abandono, la cifra también habla de la incapacidad del sistema para contrarrestarlos. Pero vayamos por partes.
Hay, por supuesto, razones educativas, de calidad y atención, pero también de nivel de exigencia. Los ejemplos más claros son La Rioja, con una cifra muy alta de abandono, y Castilla y León, que ha visto aumentar el porcentaje de abandono entre los estudiantes españoles, y, sin embargo, tienen niveles en PISA (el informe de la OCDE que mide el aprendizaje en medio centenar de países) cercanos a los mejores del mundo en sus alumnos de 15 años, y también en los de 10, según la última evaluación del Ministerio de Educación de la enseñanza Primaria. Esto se puede deber, según distintos expertos, al estilo de evaluación del profesorado, que cree que siempre hay que suspender a parte de la clase, en lugar de aprobar a todos los que pasen un mínimo.
Hay otra parte muy importante, efectivamente, de inercia social -que depende del origen socioeconómico del alumno y de su alrededor- y otra más que tiene que ver con el mercado de trabajo: cuando hay mucho empleo para personas sin cualificación los estudios se dejan de lado. Las comunidades mediterráneas, en especial las Islas Baleares, con mucho turismo, probablemente son el paradigma de este factor vinculado al abandono escolar temprano.
En el caso de los inmigrantes, la proporción de clases sociales humildes es mucho mayor que en la población en general, y eso casi siempre se traduce en una mayor importancia por el trabajo que por los estudios. A la falta de recursos económicos, que precipita esa ecuación, se suman las dificultades de cambiar de país y de sistema escolar, de idioma, explica el profesor de Sociología de la Universidad de Salamanca Jaime Riviere.
El volumen de la inmigración sobre la población total, la composición y procedencia de la comunidad extranjera pueden condicionar las diferencias entre comunidades. Unas diferencias que, según Riviere, también se deben al tiempo que cada autonomía lleve recibiendo oleadas migratorias. "Las zonas con inmigración más reciente deben tener peores resultados que las zonas que ya están habituadas a este fenómeno", ya que los recién llegados tienen más dificultades que los que llevan más tiempo escolarizados en España y también que quizá el sistema vaya aprendiendo poco a poco a trabajar mejor con estos alumnos.
Todos estos factores no afectan de igual modo a españoles y extranjeros y, aunque hay indicios, las causas no están totalmente claras, según un estudio de la Fundación La Caixa firmado por Riviere, Mariano Fernández Enguita y Luis Mena. Objetivamente, los momentos en los que abandonan no son los mismos. Entre los españoles, la mayoría (el 61,2%) lo hace en la educación posobligatoria, cuando ya ha empezado el Bachillerato o un ciclo de FP, mientras que la mayoría de los extranjeros no acaba con éxito la ESO. Por lo tanto, dentro de la misma estadística, terminan en peores condiciones, porque los españoles, si quieren seguir estudiando pueden hacerlo sin más, mientras que los extranjeros tienen vías de reenganche más complicadas para acabar la etapa obligatoria.
Así pues, mientras las características del fracaso entre los inmigrantes son las clásicas de una coyuntura que responde a factores muy determinados y con soluciones ya ensayadas en este país durante décadas, el abandono entre los españoles parece estructural: un 28%, 13 puntos por encima de la media de la UE, un dato preocupante y de peor solución. Poseedores de muchos más recursos y comodidades que sus compañeros extranjeros, quizá están hibernando en un aburrido sistema educativo que no les satisface. Si bien la crisis actual (que se prevé larga) puede detenerles más tiempo en las aulas, según distintos expertos, eso no parece suficiente. Sobre todo si se tiene en cuenta cómo la mayoría de países de la UE han mejorado sus cifras entre 2000 y 2008 (del 17,6% al 14,9%. La secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, ha admitido que España no puede permitirse un abandono tan alto que apenas se ha movido en una década.
"Está claro que España se queda atrás mientras los demás avanzan. Esto significa que hay que aplicar nuevas medidas: atender los problemas en Primaria y primer ciclo de la ESO, reducir la repetición, flexibilizar la consecución del título de la ESO o postobligatorias, potenciar las segundas oportunidades (centros de adultos, etcétera). Si no cambiamos, para 2020 vamos a seguir así de mal", dicen los autores del estudio de la Fundación 1º de Mayo. En esa dirección, de hecho, van muchas de las medidas que está intentando introducir el Gobierno. Por ejemplo, el aumento de refuerzos en Primaria y Secundaria, de los programas preprofesionales para los alumnos que no consiguen el título por la vía ordinaria, la futura reforma de 4º de ESO para orientarlo en dos vías (una hacia la FP y otra al Bachillerato, aunque sin ser excluyentes), o incentivos a las empresas para que faciliten a sus empleados jóvenes compaginar estudios y trabajo.
El catedrático de Sociología de la Universidad Complutense Julio Carabaña argumenta que la estadística de abandono educativo temprano es consecuencia directa, ni más ni menos, que de la configuración del sistema educativo. Según escribe en una reciente publicación titulada Una vindicación de la escuela española, la escasez de titulados de FP de grado medio se debe a que los alumnos que suspenden la ESO tienen vetado su acceso, algo que no pasaba con la antigua EGB. Ese es el auténtico talón de Aquiles, ya que la proporción de titulados en Bachillerato está muy cerca de las medias internacionales.
El medio más directo para disminuir el abandono "es reordenar el sistema educativo creando escuelas, itinerarios o modalidades de enseñanza que puedan acoger a los actuales fracasados escolares hasta obtener un título", dice el catedrático. Hacia ahí apuntan muchas de las medidas que está poniendo o va a poner en marcha el Gobierno. Pero, acto seguido, se pregunta: "¿Se derivarían de ello grandes bienes para los afectados y para la economía? En ningún caso. Aumentarían los títulos y los titulados, pero muy poco las cualificaciones y las competencias".
Entonces, ¿cómo se puede mejorar? Carabaña sostiene en su texto que, llegados a un nivel, es muy difícil mejorar los resultados educativos. Lo que propone, tras hacer una lectura de los resultados del informe Pisa en la que las diferencias entre un enorme grupo de países intermedios (entre ellos, España) son insignificantes, es una suma de mejoras individuales. "Los administradores pueden mejorar la eficacia y eficiencia de los recursos, los directores, la motivación y el orden de sus centros, los profesores mejorar sus clases, los alumnos intensificar su estudio, los padres perfeccionar su cuidado. Ninguno tiene que esperar a los demás, y ninguno debería, además, invadir el terreno del otro".
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100714elpepisoc_1&type=Tes&anchor=elpepusoc
'Inferir',
Mientras mis ojos asombrados observan la creación de un nuevo tipo de nacionalista catalán (andaluz); y nuestro presidente y el PSOE viven preocupados por la imposible resolución de un conflicto melancólico, de quien, paradójicamente, son los máximos responsables; al resto del país nos toca preocuparnos por las cosas del comer. Datos: la recaudación ha bajado un 13,6% en 2008 y un 17% en 2009. No hay que controlar los arcanos de la contabilidad pública para entender las implicaciones. Dentro de ese mapa, toda la Administración comparte dificultades, pero especialmente unos ayuntamientos cuyos problemas de endeudamiento son anteriores a la crisis.
Nuestro gobierno obvia el más mínimo análisis sobre un modelo de estado inviable con nuestros actuales ingresos. En el ámbito local, sobre el problema de financiación estructural que aqueja a todos los ayuntamientos de España, ha optado, tras el espectáculo habitual de errores, por la tontería supina de decretar que ninguno pueda acudir a la deuda. La medida ya ha tenido toda clase de efectos perversos potenciados por el año electoral: plenos extraordinarios a las carreras, penalización a los buenos gestores que gozan de un nivel de endeudamiento menor, infraestructuras de inversión plurianual paralizadas. Y lo más grave es que no ataca la raíz del problema.
España, por la vía de los hechos y de la falta de ingresos, ha entrado en un nuevo proceso constituyente. En los años de invierno económico que nos esperan, necesitamos construir un nuevo modelo de Estado integrando los tres niveles territoriales de una manera más eficiente. Debemos cuestionarnos, por encima de estériles debates sentimentales, si el Estado 'superdescentralizado' y redundante no murió con la crisis.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100714/gijon/inferir-pedro-herrero-20100714.html
Nuestro gobierno obvia el más mínimo análisis sobre un modelo de estado inviable con nuestros actuales ingresos. En el ámbito local, sobre el problema de financiación estructural que aqueja a todos los ayuntamientos de España, ha optado, tras el espectáculo habitual de errores, por la tontería supina de decretar que ninguno pueda acudir a la deuda. La medida ya ha tenido toda clase de efectos perversos potenciados por el año electoral: plenos extraordinarios a las carreras, penalización a los buenos gestores que gozan de un nivel de endeudamiento menor, infraestructuras de inversión plurianual paralizadas. Y lo más grave es que no ataca la raíz del problema.
España, por la vía de los hechos y de la falta de ingresos, ha entrado en un nuevo proceso constituyente. En los años de invierno económico que nos esperan, necesitamos construir un nuevo modelo de Estado integrando los tres niveles territoriales de una manera más eficiente. Debemos cuestionarnos, por encima de estériles debates sentimentales, si el Estado 'superdescentralizado' y redundante no murió con la crisis.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100714/gijon/inferir-pedro-herrero-20100714.html
lunes, 12 de julio de 2010
UPyD califica de «lamentable» el Pleno del pasado viernes
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha emitido un comunicado en el que califica de «lamentable» la actitud de todos los grupos municipales de la ciudad durante la celebración del Pleno municipal del pasado viernes. Según esta formación, los concejales «se enfrascaron en una lucha cuerpo a cuerpo y un patético cruce de acusaciones propio de un "reality show"» que deja de lado los problemas de los gijoneses. Por eso urgen a una «regeneración democrática».
http://www.lne.es/gijon/2010/07/12/upyd-califica-lamentable-pleno-pasado-viernes/941541.html
http://www.lne.es/gijon/2010/07/12/upyd-califica-lamentable-pleno-pasado-viernes/941541.html
Autopistas del mar y autocaravanas
12.07.2010 - MANUEL IÑARRARESPONSABLE DE DEPORTES Y TURISMO DE UPYD DE GIJÓN
Nadie pone en duda de que el turismo en nuestra región debe ser elemento dinamizador y parte esencial del nuevo desarrollo económico, a pesar de que la Dirección General de Turismo parece empecinada en lo contrario. Sólo hay que ver su actuación en asuntos como los ya famosos vuelos baratos, el turismo de aventura o las autocaravanas, un colectivo al que me voy a referir y con el que nuestra región comparte, junto a Cantabria, el dudoso honor de ser el único lugar de toda Europa donde este fenómeno es perseguido y multado. Como introducción, sirva la normativa que la DGT tiene al respecto: «Mientras un vehículo cualquiera esté correctamente estacionado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni limitación temporal del mismo, si la hubiere, no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo y la autocaravana no es una excepción». Sabido esto y desconociendo qué intereses se protegen, en Asturias los amantes de este tipo de vehículos que reúne a cerca de 800 usuarios (50.000 en toda España) sufren una persecución que lo único que está provocando es que en los diversos foros de turismo y autocaravanistas, a la vez que se alaba la belleza de nuestra tierra, avisan del riesgo que se corre a ser multado si se pernocta en el Principado, pues nuestra comunidad cuenta con la ley autonómica más restrictiva del Estado, lo que nos convierte en lugar de paso. Para muestra, un botón: una familia puede dormir en Ribadeo con su autocaravana en un parking o lugar habilitado, mientras que en Vegadeo puede recibir desde una multa hasta la inmovilización del vehículo. Lo que para nuestros gobernantes es un problema, para los gobiernos de Galicia y País Vasco ha sido uno de los principales reclamos para promocionar las excelencias de sus comunidades con la intención de atraer este tipo de turismo. En Asturias, sin embargo, todo se resume a las dos áreas específicas situadas en Cangas de Onís y El Entrego, aunque bien es cierto que nuestros responsables tienen una nueva oportunidad para dejar de poner puertas al mar. En Gijón, la apertura de las autopistas marítimas con el norte de Europa abre una oportunidad y un potencial que no se debe desaprovechar. En apenas veinte horas se podrá estar en Francia, cerca de París, o Irlanda, ahorrando dos o tres días de viaje por carretera a un precio muy competitivo. No parece, por tanto, difícil la posibilidad de recuperar el proyecto realizado en su momento por técnicos municipales: la construcción de una plataforma para carga y descarga de agua en el área del Arbeyal, dada su estratégica situación. Si a esto unimos los campings y zonas de estacionamiento, supondría una oferta que, con una inversión mínima por parte del Ayuntamiento, atraería a muchos turistas, lo que sería un gran beneficio a todos los niveles.
Nadie pone en duda de que el turismo en nuestra región debe ser elemento dinamizador y parte esencial del nuevo desarrollo económico, a pesar de que la Dirección General de Turismo parece empecinada en lo contrario. Sólo hay que ver su actuación en asuntos como los ya famosos vuelos baratos, el turismo de aventura o las autocaravanas, un colectivo al que me voy a referir y con el que nuestra región comparte, junto a Cantabria, el dudoso honor de ser el único lugar de toda Europa donde este fenómeno es perseguido y multado. Como introducción, sirva la normativa que la DGT tiene al respecto: «Mientras un vehículo cualquiera esté correctamente estacionado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni limitación temporal del mismo, si la hubiere, no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo y la autocaravana no es una excepción». Sabido esto y desconociendo qué intereses se protegen, en Asturias los amantes de este tipo de vehículos que reúne a cerca de 800 usuarios (50.000 en toda España) sufren una persecución que lo único que está provocando es que en los diversos foros de turismo y autocaravanistas, a la vez que se alaba la belleza de nuestra tierra, avisan del riesgo que se corre a ser multado si se pernocta en el Principado, pues nuestra comunidad cuenta con la ley autonómica más restrictiva del Estado, lo que nos convierte en lugar de paso. Para muestra, un botón: una familia puede dormir en Ribadeo con su autocaravana en un parking o lugar habilitado, mientras que en Vegadeo puede recibir desde una multa hasta la inmovilización del vehículo. Lo que para nuestros gobernantes es un problema, para los gobiernos de Galicia y País Vasco ha sido uno de los principales reclamos para promocionar las excelencias de sus comunidades con la intención de atraer este tipo de turismo. En Asturias, sin embargo, todo se resume a las dos áreas específicas situadas en Cangas de Onís y El Entrego, aunque bien es cierto que nuestros responsables tienen una nueva oportunidad para dejar de poner puertas al mar. En Gijón, la apertura de las autopistas marítimas con el norte de Europa abre una oportunidad y un potencial que no se debe desaprovechar. En apenas veinte horas se podrá estar en Francia, cerca de París, o Irlanda, ahorrando dos o tres días de viaje por carretera a un precio muy competitivo. No parece, por tanto, difícil la posibilidad de recuperar el proyecto realizado en su momento por técnicos municipales: la construcción de una plataforma para carga y descarga de agua en el área del Arbeyal, dada su estratégica situación. Si a esto unimos los campings y zonas de estacionamiento, supondría una oferta que, con una inversión mínima por parte del Ayuntamiento, atraería a muchos turistas, lo que sería un gran beneficio a todos los niveles.
sábado, 10 de julio de 2010
UPyD-Gijón lamenta el "reality show" en que los ediles de la ciudad convirtieron el Pleno de ayer
10 de julio de 2010
Desde UPyD entendemos que nunca antes fue tan necesaria una regeneración democrática. El espectáculo ofrecido ayer lo único que genera son actitudes totalmente alejadas de la realidad y de los asuntos más importantes para los gijoneses como el paro o la inseguridad laboral, a los que habría que añadir, además, la existencia de una clase política carente de todo rigor y decencia democrática.
Lamentable. De los muchos apelativos que pueden ilustrar lo ocurrido ayer en el Pleno del Ayuntamiento, este es para Unión Progreso y Democracia el que mejor define el espectáculo ofrecido por los gestores públicos de la ciudad. Los ediles de nuestra corporación tanto del gobierno como de la oposición, lejos de ocuparse de los problemas que preocupan a los ciudadanos, se han enfrascado en una lucha cuerpo a cuerpo y un patético cruce de acusaciones con constantes enfrentamientos personales ofreciendo con ello una imagen bien alejada de los problemas y la realidad de la ciudad, convirtiendo el Pleno en un espectáculo que por ética política y dignidad personal nunca debería haberse producido.
Saber quién vaya a encabezar la candidatura a las próximas elecciones, el coste de la sede del PSOE, o los problemas que pueda tener algún concejal con el cobro de subvenciones en sus empresas no soluciona ninguno de los muchos problemas que acucian a los ciudadanos, muy al contrario, entendemos que estas disputas innecesarias colocan al ayuntamiento de los gijoneses más cerca de un plató de “reality show” que del lugar de representación de los ciudadanos.
Para Armando Fernández Bartolomé, coordinador en Gijón, “desde UPyD entendemos que nunca antes fue tan necesaria una regeneración democrática. Causas tales como el inmovilismo de nuestros dirigentes o la creencia en que pase lo que pase no habrá consecuencias políticas, únicamente genera son actitudes como las vividas ayer totalmente alejadas de la realidad y de los asuntos más importantes para los gijoneses como el paro o la inseguridad laboral, a los que habría que añadir, además, la existencia de una clase política carente de todo rigor y decencia democrática”.
Desde UPyD entendemos que nunca antes fue tan necesaria una regeneración democrática. El espectáculo ofrecido ayer lo único que genera son actitudes totalmente alejadas de la realidad y de los asuntos más importantes para los gijoneses como el paro o la inseguridad laboral, a los que habría que añadir, además, la existencia de una clase política carente de todo rigor y decencia democrática.
Lamentable. De los muchos apelativos que pueden ilustrar lo ocurrido ayer en el Pleno del Ayuntamiento, este es para Unión Progreso y Democracia el que mejor define el espectáculo ofrecido por los gestores públicos de la ciudad. Los ediles de nuestra corporación tanto del gobierno como de la oposición, lejos de ocuparse de los problemas que preocupan a los ciudadanos, se han enfrascado en una lucha cuerpo a cuerpo y un patético cruce de acusaciones con constantes enfrentamientos personales ofreciendo con ello una imagen bien alejada de los problemas y la realidad de la ciudad, convirtiendo el Pleno en un espectáculo que por ética política y dignidad personal nunca debería haberse producido.
Saber quién vaya a encabezar la candidatura a las próximas elecciones, el coste de la sede del PSOE, o los problemas que pueda tener algún concejal con el cobro de subvenciones en sus empresas no soluciona ninguno de los muchos problemas que acucian a los ciudadanos, muy al contrario, entendemos que estas disputas innecesarias colocan al ayuntamiento de los gijoneses más cerca de un plató de “reality show” que del lugar de representación de los ciudadanos.
Para Armando Fernández Bartolomé, coordinador en Gijón, “desde UPyD entendemos que nunca antes fue tan necesaria una regeneración democrática. Causas tales como el inmovilismo de nuestros dirigentes o la creencia en que pase lo que pase no habrá consecuencias políticas, únicamente genera son actitudes como las vividas ayer totalmente alejadas de la realidad y de los asuntos más importantes para los gijoneses como el paro o la inseguridad laboral, a los que habría que añadir, además, la existencia de una clase política carente de todo rigor y decencia democrática”.
MANIFIESTO EN DEFENSA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL
10 de julio de 2010
MANIFIESTO EN DEFENSA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL
La principal diferencia entre la democracia y cualquier otro sistema político es que la primera se funda en un orden constitucional que garantiza a los ciudadanos sus libertades básicas y su igualdad ante las leyes. La Constitución es la clave de bóveda del edificio legislativo que desarrolla y ordena derechos y obligaciones que deben ser iguales para todos. Por eso atacar la Constitución vaciándola de contenido y debilitando su carácter de ley de leyes, es atacar la libertad, la igualdad y la propia democracia.
En estos últimos años los ciudadanos españoles estamos padeciendo una erosión constante de nuestro orden constitucional, y por tanto de nuestras libertades y de nuestra igualdad ante la ley. Nada hay más frágil que la democracia, cuyo mantenimiento y mejora exige de todos una vigilancia constante y comprometida. Resulta intolerable que los propios gobernantes elegidos para defender el orden constitucional sean quienes más empeño ponen en convertirlo en un caos sin sentido.
Hoy nos hemos reunido aquí, ante la sede del Tribunal Constitucional, para expresar nuestra protesta contra la manipulación de las instituciones encargadas de velar por el mantenimiento del orden constitucional, o lo que es lo mismo, de velar por los derechos y obligaciones iguales para todos, y por nuestra libertad personal. Nos hemos reunido aquí, ante la sede del más Alto Tribunal, para proclamar que sin justicia constitucional, no hay democracia.
La unidad de la Nación española que proclama nuestra Constitución no es otra cosa que la igualdad jurídica de todos nosotros tomados de uno en uno, como sujetos libres y miembros conscientes de la misma democracia. Y esta es, ciertamente, la unidad que pone en peligro la negación del orden constitucional a través de leyes y de acciones de gobierno que no nos consideran ciudadanos de la misma Nación sino que, imponiendo obligaciones y deberes diferentes, convirtiendo privilegios en falsos derechos y arbitrariedades en falsas obligaciones, nos dividen en rebaños enfrentados donde lo que importa no es la libertad y la igualdad entre ciudadanos personalmente diferentes, sino la identificación cerril con un pensamiento obligatorio y uniforme que llaman, sin serlo, “identidad cultural”.
Con la excusa de contentar a nacionalistas descontentos por definición, de potenciar disparatados derechos de lenguas y territorios a base de restarlos a las personas, de reparar viejas heridas sentimentales y resucitados agravios históricos, de imponernos por nuestro presunto bien leyes sectarias que casi nadie reclama, los partidos que gobiernan España y numerosas comunidades autónomas protagonizan constantes ataques contra la Constitución. Sus esfuerzos por controlar y manipular la justicia, la hacienda, los medios de comunicación y todas las demás instituciones públicas para ponerlas al servicio de sus intereses particulares, su contumacia en tomar decisiones claramente inconstitucionales, nos han conducido a una gravísima crisis política.
Naturalmente, la Constitución puede cambiarse para mejorar la democracia. Nosotros proponemos una reforma constitucional que mejore nuestro orden político a la luz de las experiencias de todos estos años. No somos partidarios de la inmovilidad o la fosilización de nuestra Constitución, sino de adecuarla a los retos del siglo XXI. Pero cualquier reforma que se proponga debe ser fiel y leal al orden constitucional, seguir los procedimientos establecidos por la propia Constitución para su reforma. Y lo que rechazamos es la práctica viciosa de cambiar la Constitución por la puerta de atrás, mediante reformas de Estatutos de Autonomía o por medio de leyes y decretos que chocan con su letra y su sentido. Como ciudadanos españoles, libres e iguales, exigimos ser consultados por quienes quieren cambiar la Constitución por la vía de los hechos consumados, burlando el “derecho a decidir” básico de la democracia, el de participar en la toma de decisiones sobre lo que nos afecta a todos y no sólo a una parte de nuestro país.
Cuando el orden constitucional está en peligro, también lo está la libertad de todos y cada uno de nosotros. Es el momento de que los ciudadanos conscientes digamos de nuevo basta ya, como muchos miles dijeron no hace tanto frente al terrorismo y al nacionalismo obligatorio en el País Vasco. Es el momento de exigir el cese de todo ataque contra la Constitución, y el fin del desacato de los gobiernos a las leyes y sentencias que no les gustan.
Como ciudadanos que cumplimos las leyes y acatamos las sentencias de los tribunales de justicia, incluso las que no compartimos, exigimos a los gobernantes, comenzando por el Gobierno de la Nación, que también ellos respeten la legalidad y cumplan y hagan cumplir las sentencias de los tribunales, incluyendo la de este Tribunal Constitucional relativa al Estatuto de Cataluña. Porque un país donde los gobernantes se reservan cumplir o no la legalidad a su conveniencia no es un Estado de derecho, sino el reino de la arbitrariedad. Porque sin justicia constitucional, no hay democracia.
No denunciamos ataques abstractos. Mientras hoy nos concentramos ante el Tribunal Constitucional para defender la Constitución y protestar contra quienes la quieren vaciar de contenido, en Barcelona se celebra una manifestación contra la Constitución convocada expresamente por el presidente de la Generalitat; una convocatoria basada en las falacias de que la voluntad del pueblo y la nacionalidad sentimental están por encima del Estado de derecho y de la nación constitucional.
Con independencia de la opinión que cada cual tenga de los conflictos políticos y jurídicos creados por la irresponsable gestación de un Estatuto de Autonomía claramente inconstitucional --conflictos artificiales de los que el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es el máximo responsable--, la manifestación de Barcelona representa un ataque a la Constitución, y es un acto de desacato al orden constitucional que adquiere su máxima gravedad al estar liderado por el Gobierno y las instituciones de Cataluña.
Es una manifestación contra la separación de poderes y la autonomía de la justicia, contra la igualdad de los ciudadanos y contra el imperio de las leyes mientras sigan vigentes. En definitiva, es una manifestación contra la democracia.
Nosotros exigimos a la Generalitat de Cataluña que cumpla con su obligación democrática de acatar la sentencia del Tribunal Constitucional; y exigimos al Gobierno de la Nación que haga cumplir la sentencia y promueva la derogación de todas las leyes que se han aprobado en desarrollo de artículos declarados inconstitucionales por el fallo del TC. Exigimos que cualquier solución a las deficiencias de la actual estructura territorial del Estado se discutan con transparencia en el Parlamento Nacional, con argumentos y propuestas políticas, impidiendo que el futuro de España, nuestro futuro, sea objeto de oscuros trapicheos celebrados a nuestras espaldas.
El objetivo de la política democrática no es hacer que unos se sientan más cómodos que otros a base de imponernos a todos sus sentimientos, haciéndolos obligatorios; el objetivo de la democracia no es restañar heridas imaginarias ni ganar retroactivamente guerras del pasado. El objetivo de la Constitución no es dar satisfacción a mitos y emociones que, por muy comprensibles y humanas que sean, van contra los principios de solidaridad, libertad e igualdad sin los cuales no hay democracia ni ciudadanía, sólo tribus enfrentadas y encadenadas a emociones primarias.
La política democrática debe perseguir el perfeccionamiento incesante de las instituciones, trabajar por un gobierno más eficaz y transparente, por un parlamento más representativo y reflexivo, por una justicia más autónoma y justa. La democracia es la consecución de más libertad personal y de más igualdad entre los ciudadanos con independencia de cuál sea su riqueza, su lugar de nacimiento o residencia, su profesión, su lengua materna, su sexualidad, sus creencias y sentimientos de identidad o pertenencia. Libertad e igualdad son los valores supremos que debe preservar y cultivar el orden constitucional de la democracia, y estos son precisamente los valores que están poniendo en grave peligro los ataques contra el orden constitucional de la España democrática que hoy hemos venido a defender.
Ciudadanos, nuestra libertad está amenazada por quienes creen que pueden dividirnos para acabar con la igualdad y la solidaridad entre nosotros, levantando fronteras artificiosas en nombre de mitos y prejuicios que encubren turbios intereses e impiden la regeneración de la política democrática.
Ciudadanos, ¡Basta ya de ataques a la democracia!
Ciudadanos, ¡Viva la Constitución!
MANIFIESTO EN DEFENSA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL
La principal diferencia entre la democracia y cualquier otro sistema político es que la primera se funda en un orden constitucional que garantiza a los ciudadanos sus libertades básicas y su igualdad ante las leyes. La Constitución es la clave de bóveda del edificio legislativo que desarrolla y ordena derechos y obligaciones que deben ser iguales para todos. Por eso atacar la Constitución vaciándola de contenido y debilitando su carácter de ley de leyes, es atacar la libertad, la igualdad y la propia democracia.
En estos últimos años los ciudadanos españoles estamos padeciendo una erosión constante de nuestro orden constitucional, y por tanto de nuestras libertades y de nuestra igualdad ante la ley. Nada hay más frágil que la democracia, cuyo mantenimiento y mejora exige de todos una vigilancia constante y comprometida. Resulta intolerable que los propios gobernantes elegidos para defender el orden constitucional sean quienes más empeño ponen en convertirlo en un caos sin sentido.
Hoy nos hemos reunido aquí, ante la sede del Tribunal Constitucional, para expresar nuestra protesta contra la manipulación de las instituciones encargadas de velar por el mantenimiento del orden constitucional, o lo que es lo mismo, de velar por los derechos y obligaciones iguales para todos, y por nuestra libertad personal. Nos hemos reunido aquí, ante la sede del más Alto Tribunal, para proclamar que sin justicia constitucional, no hay democracia.
La unidad de la Nación española que proclama nuestra Constitución no es otra cosa que la igualdad jurídica de todos nosotros tomados de uno en uno, como sujetos libres y miembros conscientes de la misma democracia. Y esta es, ciertamente, la unidad que pone en peligro la negación del orden constitucional a través de leyes y de acciones de gobierno que no nos consideran ciudadanos de la misma Nación sino que, imponiendo obligaciones y deberes diferentes, convirtiendo privilegios en falsos derechos y arbitrariedades en falsas obligaciones, nos dividen en rebaños enfrentados donde lo que importa no es la libertad y la igualdad entre ciudadanos personalmente diferentes, sino la identificación cerril con un pensamiento obligatorio y uniforme que llaman, sin serlo, “identidad cultural”.
Con la excusa de contentar a nacionalistas descontentos por definición, de potenciar disparatados derechos de lenguas y territorios a base de restarlos a las personas, de reparar viejas heridas sentimentales y resucitados agravios históricos, de imponernos por nuestro presunto bien leyes sectarias que casi nadie reclama, los partidos que gobiernan España y numerosas comunidades autónomas protagonizan constantes ataques contra la Constitución. Sus esfuerzos por controlar y manipular la justicia, la hacienda, los medios de comunicación y todas las demás instituciones públicas para ponerlas al servicio de sus intereses particulares, su contumacia en tomar decisiones claramente inconstitucionales, nos han conducido a una gravísima crisis política.
Naturalmente, la Constitución puede cambiarse para mejorar la democracia. Nosotros proponemos una reforma constitucional que mejore nuestro orden político a la luz de las experiencias de todos estos años. No somos partidarios de la inmovilidad o la fosilización de nuestra Constitución, sino de adecuarla a los retos del siglo XXI. Pero cualquier reforma que se proponga debe ser fiel y leal al orden constitucional, seguir los procedimientos establecidos por la propia Constitución para su reforma. Y lo que rechazamos es la práctica viciosa de cambiar la Constitución por la puerta de atrás, mediante reformas de Estatutos de Autonomía o por medio de leyes y decretos que chocan con su letra y su sentido. Como ciudadanos españoles, libres e iguales, exigimos ser consultados por quienes quieren cambiar la Constitución por la vía de los hechos consumados, burlando el “derecho a decidir” básico de la democracia, el de participar en la toma de decisiones sobre lo que nos afecta a todos y no sólo a una parte de nuestro país.
Cuando el orden constitucional está en peligro, también lo está la libertad de todos y cada uno de nosotros. Es el momento de que los ciudadanos conscientes digamos de nuevo basta ya, como muchos miles dijeron no hace tanto frente al terrorismo y al nacionalismo obligatorio en el País Vasco. Es el momento de exigir el cese de todo ataque contra la Constitución, y el fin del desacato de los gobiernos a las leyes y sentencias que no les gustan.
Como ciudadanos que cumplimos las leyes y acatamos las sentencias de los tribunales de justicia, incluso las que no compartimos, exigimos a los gobernantes, comenzando por el Gobierno de la Nación, que también ellos respeten la legalidad y cumplan y hagan cumplir las sentencias de los tribunales, incluyendo la de este Tribunal Constitucional relativa al Estatuto de Cataluña. Porque un país donde los gobernantes se reservan cumplir o no la legalidad a su conveniencia no es un Estado de derecho, sino el reino de la arbitrariedad. Porque sin justicia constitucional, no hay democracia.
No denunciamos ataques abstractos. Mientras hoy nos concentramos ante el Tribunal Constitucional para defender la Constitución y protestar contra quienes la quieren vaciar de contenido, en Barcelona se celebra una manifestación contra la Constitución convocada expresamente por el presidente de la Generalitat; una convocatoria basada en las falacias de que la voluntad del pueblo y la nacionalidad sentimental están por encima del Estado de derecho y de la nación constitucional.
Con independencia de la opinión que cada cual tenga de los conflictos políticos y jurídicos creados por la irresponsable gestación de un Estatuto de Autonomía claramente inconstitucional --conflictos artificiales de los que el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es el máximo responsable--, la manifestación de Barcelona representa un ataque a la Constitución, y es un acto de desacato al orden constitucional que adquiere su máxima gravedad al estar liderado por el Gobierno y las instituciones de Cataluña.
Es una manifestación contra la separación de poderes y la autonomía de la justicia, contra la igualdad de los ciudadanos y contra el imperio de las leyes mientras sigan vigentes. En definitiva, es una manifestación contra la democracia.
Nosotros exigimos a la Generalitat de Cataluña que cumpla con su obligación democrática de acatar la sentencia del Tribunal Constitucional; y exigimos al Gobierno de la Nación que haga cumplir la sentencia y promueva la derogación de todas las leyes que se han aprobado en desarrollo de artículos declarados inconstitucionales por el fallo del TC. Exigimos que cualquier solución a las deficiencias de la actual estructura territorial del Estado se discutan con transparencia en el Parlamento Nacional, con argumentos y propuestas políticas, impidiendo que el futuro de España, nuestro futuro, sea objeto de oscuros trapicheos celebrados a nuestras espaldas.
El objetivo de la política democrática no es hacer que unos se sientan más cómodos que otros a base de imponernos a todos sus sentimientos, haciéndolos obligatorios; el objetivo de la democracia no es restañar heridas imaginarias ni ganar retroactivamente guerras del pasado. El objetivo de la Constitución no es dar satisfacción a mitos y emociones que, por muy comprensibles y humanas que sean, van contra los principios de solidaridad, libertad e igualdad sin los cuales no hay democracia ni ciudadanía, sólo tribus enfrentadas y encadenadas a emociones primarias.
La política democrática debe perseguir el perfeccionamiento incesante de las instituciones, trabajar por un gobierno más eficaz y transparente, por un parlamento más representativo y reflexivo, por una justicia más autónoma y justa. La democracia es la consecución de más libertad personal y de más igualdad entre los ciudadanos con independencia de cuál sea su riqueza, su lugar de nacimiento o residencia, su profesión, su lengua materna, su sexualidad, sus creencias y sentimientos de identidad o pertenencia. Libertad e igualdad son los valores supremos que debe preservar y cultivar el orden constitucional de la democracia, y estos son precisamente los valores que están poniendo en grave peligro los ataques contra el orden constitucional de la España democrática que hoy hemos venido a defender.
Ciudadanos, nuestra libertad está amenazada por quienes creen que pueden dividirnos para acabar con la igualdad y la solidaridad entre nosotros, levantando fronteras artificiosas en nombre de mitos y prejuicios que encubren turbios intereses e impiden la regeneración de la política democrática.
Ciudadanos, ¡Basta ya de ataques a la democracia!
Ciudadanos, ¡Viva la Constitución!
jueves, 8 de julio de 2010
¿Prohibido permitir?
FERNANDO SAVATER 30/06/2010
Como ha señalado Sánchez Ferlosio, no hay disparo más peligroso que el de quien se ha cargado de razón. Ejemplo señero es el de aquel boy-scout cuya obra buena del día fue ayudar a cruzar la calle al ciego que no quería cambiar de acera. En España padecemos hoy una conjura de salvadores para redimirnos de nuestros vicios y nuestras devociones, en la que confluyen una derecha que tiene de liberal lo que yo de obispo y una izquierda torpe en la gestión económica y laboral pero firme en las prohibiciones: del tabaco, de los toros, de la rotulación comercial en lengua impropia y quizá mañana de las corrientes de aire, que también salen caras a la Seguridad Social. A los desobedientes solo nos salva que no siempre se ponen de acuerdo en lo que debe ser proscrito: cuando coinciden, estamos perdidos.
Ahora les toca el turno al burka y al niqab. El Senado -que de irrelevante parece decidido a ascender a nocivo en varias lenguas- recomienda prohibirlo por ley en los espacios públicos... incluida la calle, en nombre de la libertad, la igualdad y la seguridad. Quienes han votado en contra sostienen que no es para tanto, aunque apoyan el fondo de esa argumentación. Admirable batiburrillo. Hay espacios públicos que nadie duda de que deben estar regulados (escuelas, oficinas ministeriales o municipales, controles de aeropuerto, etcétera) y en los que no caben máscaras o disfraces. Pero en otros espacios públicos los controles son más discutibles: ¿debe la autoridad decidir cómo debemos ir por la calle? ¿Pueden prohibirme el maquillaje estrafalario, las pelucas de colores o la barba postiza? ¿Qué me dicen de los tatuajes? ¿Está permitido que un hombre se vista de mujer, aunque eso vaya contra su "dignidad" según el criterio de algunos?
En efecto, las instituciones (que son de todos) no deben implicarse en ceremonias religiosas particulares. Los demócratas laicos (católicos incluidos) celebran que se suprima la implicación militar en el Corpus toledano, indeseable residuo teocrático. Ojalá también se suprimieran los capellanes militares y demás jerarquía clerosoldadesca. Lo mismo cabe decir de los crucifijos en las aulas, etcétera. Pero la neutralidad laica de lo público tiene como objetivo permitir la libertad confesional o impía de los particulares. Mejor dicho, su libertad a secas, de expresar como quieran su personalidad, religiosa o estética, en ciertos lugares públicos y desde luego en su privacidad.
Cubrirse con velos o enseñar todo lo posible forman parte de esa libertad. En el caso de las mujeres que optan voluntariamente por velarse, resulta obvio que no es el velo lo que conculca su libertad, sino la imposiciónde prescindir de él les guste o no. Y tampoco el más tupido de los velos ofende su dignidad tanto como quienes no escuchan su testimonio de lo que piensan o desean y las declara sin apelación esclavas de lo irracional. Llamar a esos procedimientos impositivos "libertad" o "dignidad" es utilizar un nuevo lenguaje similar al que George Orwell patentó en 1984.
Si una mujer es obligada a desnudarse por un proxeneta o a cubrirse de pies a cabeza por un imán, debe haber instancias legales que la protejan eficazmente de tales atropellos. Pero si lo hacen de acuerdo a su voluntad, por mal orientada que esté según opinión de algunos, el atropello vendrá de quien se lo prohíba decidiendo que su criterio es mejor que el suyo, como si ellas no tuvieran raciocinio propio en materia ética. O aún peor, de quienes supongan según su prejuicio que cuando se desnudan lo hacen por gozo liberador y cuando se tapan son prisioneras de negras supersticiones. Según la ministra Bibiana Aído, que no es partidaria de la prohibición, las mujeres veladas son "víctimas" con las que no hay que ensañarse, aunque el objetivo gubernamental sea acabar con el burka "en público y en privado". ¿Víctimas? Entonces ¿por qué no las salva? ¿No es humillante considerarlas a todas así, quieran o no? ¿No es una ofensa a su dignidad y a su libertad? ¿Por qué la ministra Aído no se decide ya a declararlas "enfermas" y tratarlas como a los homosexuales en esa clínica catalana que se ofrece a curarlos?
La ciudadanía democrática es un marco abstracto e igualitario para que cada cual intente su concreta realización personal, de acuerdo con su cultura, sus creencias, sus pasiones y manías. Como bien analiza Carlo Galli en su jugoso librito La humanidad multicultural (ed. Katz) no es fácil "mantener juntos, sin síntesis definitivas, los diferentes niveles de las culturas (de los grupos dotados de sentido, de lo común), de lo universal (de todos) y de las individualidades (de los particulares)". Un empeño urgente en nuestras complejas y mestizas sociedades europeas, donde la humanidad concreta "solo puede ser imaginada y producida como crítica universal de los universalismos no críticos y, por igual razón, de los particularismos tribales". Aquí es imprescindible la educación en valores cívicos y una paciente labor social con los inmigrantes, mientras que la actitud prohibicionista es un atajo que ni comprende ni asume ni remedia las irremediables diferencias.
Yo no sé si los diversos velos islámicos representan (sobre todo para quienes los llevan) la "opresión" de lo femenino: el día que me dé por averiguarlo procuraré acudir a fuentes antropológicas más fiables que la señora Sánchez Camacho, CiU y demás criaturas electorales. Tampoco sé si es ofensivo para la dignidad cívica pintarse la cara con los colores nacionales -y aún peor, la de los niños- para ir al fútbol o airear los trapos sucios familiares en programas del corazón. En cambio creo saber en qué consiste la libertad democrática: en aprender a convivir con lo que no nos gusta. Conviene recordarlo ahora que hay tantos paladines dispuestos a todo por defender "nuestros valores", porque hay amores que matan... Personalmente, a mí me desagrada profundamente ver mujeres con burka o niqab, pero procuro recordar que también las señoras que los llevan desaprobarán muchas de mis aficiones que no quisiera ver prohibidas (aunque hay quien lo intenta, desde luego).
"Prohibido prohibir" fue uno de los lemas del ahora denostado -por carcas y arrepentidos, a cual más bobo- Mayo del 68 y acepto desde luego que, tomado literalmente, se trata de una peligrosa exageración. Pero entiendo que su verdadero significado era: "prohibidos los inquisidores que quieren salvarnos de lo que somos, por nuestro bien". Y esta prohibición es de las pocas que siguen en mi devocionario plenamente vigente.
Fernando Savater es escritor.
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Prohibido/permitir/elpepiopi/20100630elpepiopi_4/Tes
Como ha señalado Sánchez Ferlosio, no hay disparo más peligroso que el de quien se ha cargado de razón. Ejemplo señero es el de aquel boy-scout cuya obra buena del día fue ayudar a cruzar la calle al ciego que no quería cambiar de acera. En España padecemos hoy una conjura de salvadores para redimirnos de nuestros vicios y nuestras devociones, en la que confluyen una derecha que tiene de liberal lo que yo de obispo y una izquierda torpe en la gestión económica y laboral pero firme en las prohibiciones: del tabaco, de los toros, de la rotulación comercial en lengua impropia y quizá mañana de las corrientes de aire, que también salen caras a la Seguridad Social. A los desobedientes solo nos salva que no siempre se ponen de acuerdo en lo que debe ser proscrito: cuando coinciden, estamos perdidos.
Ahora les toca el turno al burka y al niqab. El Senado -que de irrelevante parece decidido a ascender a nocivo en varias lenguas- recomienda prohibirlo por ley en los espacios públicos... incluida la calle, en nombre de la libertad, la igualdad y la seguridad. Quienes han votado en contra sostienen que no es para tanto, aunque apoyan el fondo de esa argumentación. Admirable batiburrillo. Hay espacios públicos que nadie duda de que deben estar regulados (escuelas, oficinas ministeriales o municipales, controles de aeropuerto, etcétera) y en los que no caben máscaras o disfraces. Pero en otros espacios públicos los controles son más discutibles: ¿debe la autoridad decidir cómo debemos ir por la calle? ¿Pueden prohibirme el maquillaje estrafalario, las pelucas de colores o la barba postiza? ¿Qué me dicen de los tatuajes? ¿Está permitido que un hombre se vista de mujer, aunque eso vaya contra su "dignidad" según el criterio de algunos?
En efecto, las instituciones (que son de todos) no deben implicarse en ceremonias religiosas particulares. Los demócratas laicos (católicos incluidos) celebran que se suprima la implicación militar en el Corpus toledano, indeseable residuo teocrático. Ojalá también se suprimieran los capellanes militares y demás jerarquía clerosoldadesca. Lo mismo cabe decir de los crucifijos en las aulas, etcétera. Pero la neutralidad laica de lo público tiene como objetivo permitir la libertad confesional o impía de los particulares. Mejor dicho, su libertad a secas, de expresar como quieran su personalidad, religiosa o estética, en ciertos lugares públicos y desde luego en su privacidad.
Cubrirse con velos o enseñar todo lo posible forman parte de esa libertad. En el caso de las mujeres que optan voluntariamente por velarse, resulta obvio que no es el velo lo que conculca su libertad, sino la imposiciónde prescindir de él les guste o no. Y tampoco el más tupido de los velos ofende su dignidad tanto como quienes no escuchan su testimonio de lo que piensan o desean y las declara sin apelación esclavas de lo irracional. Llamar a esos procedimientos impositivos "libertad" o "dignidad" es utilizar un nuevo lenguaje similar al que George Orwell patentó en 1984.
Si una mujer es obligada a desnudarse por un proxeneta o a cubrirse de pies a cabeza por un imán, debe haber instancias legales que la protejan eficazmente de tales atropellos. Pero si lo hacen de acuerdo a su voluntad, por mal orientada que esté según opinión de algunos, el atropello vendrá de quien se lo prohíba decidiendo que su criterio es mejor que el suyo, como si ellas no tuvieran raciocinio propio en materia ética. O aún peor, de quienes supongan según su prejuicio que cuando se desnudan lo hacen por gozo liberador y cuando se tapan son prisioneras de negras supersticiones. Según la ministra Bibiana Aído, que no es partidaria de la prohibición, las mujeres veladas son "víctimas" con las que no hay que ensañarse, aunque el objetivo gubernamental sea acabar con el burka "en público y en privado". ¿Víctimas? Entonces ¿por qué no las salva? ¿No es humillante considerarlas a todas así, quieran o no? ¿No es una ofensa a su dignidad y a su libertad? ¿Por qué la ministra Aído no se decide ya a declararlas "enfermas" y tratarlas como a los homosexuales en esa clínica catalana que se ofrece a curarlos?
La ciudadanía democrática es un marco abstracto e igualitario para que cada cual intente su concreta realización personal, de acuerdo con su cultura, sus creencias, sus pasiones y manías. Como bien analiza Carlo Galli en su jugoso librito La humanidad multicultural (ed. Katz) no es fácil "mantener juntos, sin síntesis definitivas, los diferentes niveles de las culturas (de los grupos dotados de sentido, de lo común), de lo universal (de todos) y de las individualidades (de los particulares)". Un empeño urgente en nuestras complejas y mestizas sociedades europeas, donde la humanidad concreta "solo puede ser imaginada y producida como crítica universal de los universalismos no críticos y, por igual razón, de los particularismos tribales". Aquí es imprescindible la educación en valores cívicos y una paciente labor social con los inmigrantes, mientras que la actitud prohibicionista es un atajo que ni comprende ni asume ni remedia las irremediables diferencias.
Yo no sé si los diversos velos islámicos representan (sobre todo para quienes los llevan) la "opresión" de lo femenino: el día que me dé por averiguarlo procuraré acudir a fuentes antropológicas más fiables que la señora Sánchez Camacho, CiU y demás criaturas electorales. Tampoco sé si es ofensivo para la dignidad cívica pintarse la cara con los colores nacionales -y aún peor, la de los niños- para ir al fútbol o airear los trapos sucios familiares en programas del corazón. En cambio creo saber en qué consiste la libertad democrática: en aprender a convivir con lo que no nos gusta. Conviene recordarlo ahora que hay tantos paladines dispuestos a todo por defender "nuestros valores", porque hay amores que matan... Personalmente, a mí me desagrada profundamente ver mujeres con burka o niqab, pero procuro recordar que también las señoras que los llevan desaprobarán muchas de mis aficiones que no quisiera ver prohibidas (aunque hay quien lo intenta, desde luego).
"Prohibido prohibir" fue uno de los lemas del ahora denostado -por carcas y arrepentidos, a cual más bobo- Mayo del 68 y acepto desde luego que, tomado literalmente, se trata de una peligrosa exageración. Pero entiendo que su verdadero significado era: "prohibidos los inquisidores que quieren salvarnos de lo que somos, por nuestro bien". Y esta prohibición es de las pocas que siguen en mi devocionario plenamente vigente.
Fernando Savater es escritor.
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Prohibido/permitir/elpepiopi/20100630elpepiopi_4/Tes
martes, 6 de julio de 2010
¿Qué país queremos para nuestros hijos?
Debemos dejar de lamentarnos por la crisis y empezar a construir en positivo. Para cambiar el modelo económico, hay que ver en qué podemos ser excelentes. Y ya lo somos en algunos sectores de alta tecnología
ANTONI ESTEVE
EL PAÍS - Opinión - 06-07-2010
Realizar un ejercicio de prospectiva, anticipar qué nos deparará el futuro y determinar la probabilidad de que se confirme esa previsión, incorpora siempre incertidumbre y la posibilidad de cometer grandes errores. En cambio, realizar un ejercicio de visión, lleva implícito el deseo de conseguir algo o llegar a ser algo de una forma concreta. Pues bien, de eso se trata. De visionar, por un momento, qué tipo de país heredarán las nuevas generaciones y, de este modo, intentar entre todos encontrar el camino para construirlo.
Me gustaría visionar, para un futuro cercano, un país donde la educación primaria, secundaria y universitaria incorporasen la capacidad y actitud de emprender como asignatura básica, fomentando desde edades tempranas, la iniciativa y la inquietud emprendedora en el sentido más amplio de la palabra. Huyamos de la percepción más simple que clasifica al emprendedor como el que apuesta por un nuevo negocio, e intentemos convertir en héroe nacional a toda persona capaz de generar cambios, de arriesgar en la puesta en marcha de proyectos, ya sean culturales, intelectuales, artísticos, científicos, sociales o empresariales, con el fin último de contribuir a la creación de valor para su entorno.
Un país donde las empresas, especialmente las empresas nacionales, se sintieran apoyadas por las instituciones y reconocidas por su capacidad para generar riqueza y promover el crecimiento económico y el desarrollo social. Un país donde la capacidad innovadora fuera valorada por la sociedad, más allá de retóricas repletas de lugares comunes y ejercicios voluntaristas basados en buenas intenciones pero carentes de un compromiso real. Un país con un ecosistema propicio, en un entorno donde el esfuerzo innovador, la inversión en la generación de nuevos productos y el riesgo que asumen las empresas fueran reconocidos y apreciados en su justa medida. Un país en el que los hechos acompañaran a las palabras y a las promesas, cuyos caminos tantas veces divergen.
Un país en el que la colaboración, el partenariado y las alianzas público-privadas no fueran vistas como rara avis o signo de debilidad de alguna de las partes, sino como la mejor manera de combinar talento, experiencia y capacidad en un engranaje que proporcione beneficios para todos, sin que nadie tenga que perder para que alguno gane. Se trata de aunar esfuerzos, sumando compromisos de todas las partes: agentes sociales, gobernantes, políticos, empresarios, ciudadanos y sociedad en general, que quieran compartir un proyecto, un país, para superar los enormes retos a los que nos enfrentamos. En definitiva, debemos entre todos, reforzar aquello que nos une, que es mucho más que lo que nos separa, y que nos permitirá avanzar.
Podría enumerar muchos otros deseos para ese futuro que me gustaría vislumbrar cercano, pero la realidad se impone y para iniciar el camino hacia él debemos dejar de lamentarnos por la crisis que nuestro país vive y empezar a construir en positivo.
España ha sido, hasta hace no mucho tiempo, destino preferente para las inversiones de muchas compañías multinacionales que, atraídas por los bajos costes laborales y las fuertes expectativas de crecimiento, se implantaron, proporcionando bienestar, trabajo y recursos a un país que se encontraba a la cola de la Unión Europea en los principales indicadores socio-económicos. Posteriormente hemos vivido muchos años en una creciente prosperidad y más recientemente, potenciada por una burbuja inmobiliaria de un tamaño espectacular, en la que todos nos sentíamos cada día más ricos, con más patrimonio, cuando en realidad estábamos cada vez más hipotecados y más endeudados, individual y colectivamente. Y un día la burbuja explotó, poniendo al descubierto, con toda la crudeza de cuatro millones de parados, la imperiosa necesidad de un cambio radical de modelo económico que permita afrontar el futuro con ciertas garantías de éxito.
España debe definir y clarificar qué tipo de país desea ser. Especialmente en los momentos de dificultades que estamos atravesando y al no poder apoyar a todos los segmentos económico-empresariales, nuestros representantes políticos deben analizar en qué podemos ser excelentes e identificar qué sectores actúan como locomotora del avance científico-tecnológico, sin duda una de las vías de competitividad futura de cualquier nación, y apostar fuertemente por ellos. Por supuesto, todo ello sin olvidar nuestro tradicional atractivo como destino turístico de primer orden y con la fuerza que nos da un idioma que es el segundo más hablado en el mundo.
El modelo de crecimiento español necesita reorientarse hacia sectores intensivos en innovación y conocimiento en los que también tenemos ventajas importantes, porque, aunque haya alguien a quien le parezca sorprendente, en España ya existen sectores de alta tecnología, intensivos en investigación y desarrollo que cuentan con fuerte implantación empresarial tanto a escala nacional como internacional.
Esto es, no se trata de inventarse una nueva industria de la nada, sino de creer, potenciar y apostar por el desarrollo de lo que ya tenemos. Disponemos de importantes candidatos entre estos sectores de vanguardia, como por ejemplo la industria farmacéutica. Una industria que, a su vez, forma parte de un ecosistema más global formado, entre otros, por centros públicos de investigación, una red hospitalaria de primer nivel internacional, una eficiente red asistencial sanitaria (médicos y farmacéuticos), universidades de reconocido prestigio y, sobre todo, talento.
Por mi conocimiento acerca de esta industria farmacéutica, permítanme que les dé algunos datos al respecto, adicionales a su misión per se que es la de aportar nuevos medicamentos a la sociedad: i) la industria farmacéutica es líder en investigación en España, al ser responsable de más del 20% de toda la I+D privada de nuestro país; ii) su productividad supera la media de la industria manufacturera española en más del 100%; iii) realiza exportaciones de más de 8.100 millones de euros al año, que la sitúan en el cuarto lugar de los sectores exportadores; iv) cuenta con un volumen de empleo directo, indirecto e inducido superior a los 200.000 profesionales, la mayoría de elevada cualificación técnico-científica, y v) es responsable del 50% de todo el Valor Añadido Bruto generado por los sectores de alta tecnología en nuestro país.
A la vista de estos datos, es evidente que no hablamos de una futura promesa, sino de una realidad tangible en España. Una industria que merece la pena potenciar. Para ello es imprescindible contar con el apoyo, no tanto financiero como operativo, de las Administraciones Públicas, profesionales sanitarios, investigadores y resto de agentes sociales, ya que sin su impulso y su complicidad nos va a resultar muy complicado competir con otros países que ya han apostado por la industria farmacéutica como uno de los sectores que deben liderar su nuevo modelo de crecimiento sostenido a medio y largo plazo, como por ejemplo Reino Unido, Francia o Irlanda.
Por último, y en mi condición de empresario familiar de tercera generación, mi visión es la de ser innovador, como lo fue mi abuelo desde su rebotica de la farmacia de Manresa. Él fue capaz de sintetizar la primera sulfamida y atraer la atención del Nobel Dr. Fleming y sentar las bases de un proyecto empresarial que aún hoy sigue avanzando bajo su filosofía. La visión, decía al principio, construye realidades: me gustaría seguir liderando un proyecto innovador, que refuerce el tejido empresarial nacional y lo eleve al ámbito internacional. Existen oportunidades y debemos aprovecharlas. Es el momento de actuar, de generar alianzas, de formalizar pactos que permitan sumar las habilidades individuales en favor de la sostenibilidad, del progreso y avance de nuestra sociedad, para que nuestros hijos reciban en herencia un país más próspero y más competitivo, en definitiva, un mejor país, un país emprendedor.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100706elpepiopi_13&type=Tes&anchor=elpepuopi
ANTONI ESTEVE
EL PAÍS - Opinión - 06-07-2010
Realizar un ejercicio de prospectiva, anticipar qué nos deparará el futuro y determinar la probabilidad de que se confirme esa previsión, incorpora siempre incertidumbre y la posibilidad de cometer grandes errores. En cambio, realizar un ejercicio de visión, lleva implícito el deseo de conseguir algo o llegar a ser algo de una forma concreta. Pues bien, de eso se trata. De visionar, por un momento, qué tipo de país heredarán las nuevas generaciones y, de este modo, intentar entre todos encontrar el camino para construirlo.
Me gustaría visionar, para un futuro cercano, un país donde la educación primaria, secundaria y universitaria incorporasen la capacidad y actitud de emprender como asignatura básica, fomentando desde edades tempranas, la iniciativa y la inquietud emprendedora en el sentido más amplio de la palabra. Huyamos de la percepción más simple que clasifica al emprendedor como el que apuesta por un nuevo negocio, e intentemos convertir en héroe nacional a toda persona capaz de generar cambios, de arriesgar en la puesta en marcha de proyectos, ya sean culturales, intelectuales, artísticos, científicos, sociales o empresariales, con el fin último de contribuir a la creación de valor para su entorno.
Un país donde las empresas, especialmente las empresas nacionales, se sintieran apoyadas por las instituciones y reconocidas por su capacidad para generar riqueza y promover el crecimiento económico y el desarrollo social. Un país donde la capacidad innovadora fuera valorada por la sociedad, más allá de retóricas repletas de lugares comunes y ejercicios voluntaristas basados en buenas intenciones pero carentes de un compromiso real. Un país con un ecosistema propicio, en un entorno donde el esfuerzo innovador, la inversión en la generación de nuevos productos y el riesgo que asumen las empresas fueran reconocidos y apreciados en su justa medida. Un país en el que los hechos acompañaran a las palabras y a las promesas, cuyos caminos tantas veces divergen.
Un país en el que la colaboración, el partenariado y las alianzas público-privadas no fueran vistas como rara avis o signo de debilidad de alguna de las partes, sino como la mejor manera de combinar talento, experiencia y capacidad en un engranaje que proporcione beneficios para todos, sin que nadie tenga que perder para que alguno gane. Se trata de aunar esfuerzos, sumando compromisos de todas las partes: agentes sociales, gobernantes, políticos, empresarios, ciudadanos y sociedad en general, que quieran compartir un proyecto, un país, para superar los enormes retos a los que nos enfrentamos. En definitiva, debemos entre todos, reforzar aquello que nos une, que es mucho más que lo que nos separa, y que nos permitirá avanzar.
Podría enumerar muchos otros deseos para ese futuro que me gustaría vislumbrar cercano, pero la realidad se impone y para iniciar el camino hacia él debemos dejar de lamentarnos por la crisis que nuestro país vive y empezar a construir en positivo.
España ha sido, hasta hace no mucho tiempo, destino preferente para las inversiones de muchas compañías multinacionales que, atraídas por los bajos costes laborales y las fuertes expectativas de crecimiento, se implantaron, proporcionando bienestar, trabajo y recursos a un país que se encontraba a la cola de la Unión Europea en los principales indicadores socio-económicos. Posteriormente hemos vivido muchos años en una creciente prosperidad y más recientemente, potenciada por una burbuja inmobiliaria de un tamaño espectacular, en la que todos nos sentíamos cada día más ricos, con más patrimonio, cuando en realidad estábamos cada vez más hipotecados y más endeudados, individual y colectivamente. Y un día la burbuja explotó, poniendo al descubierto, con toda la crudeza de cuatro millones de parados, la imperiosa necesidad de un cambio radical de modelo económico que permita afrontar el futuro con ciertas garantías de éxito.
España debe definir y clarificar qué tipo de país desea ser. Especialmente en los momentos de dificultades que estamos atravesando y al no poder apoyar a todos los segmentos económico-empresariales, nuestros representantes políticos deben analizar en qué podemos ser excelentes e identificar qué sectores actúan como locomotora del avance científico-tecnológico, sin duda una de las vías de competitividad futura de cualquier nación, y apostar fuertemente por ellos. Por supuesto, todo ello sin olvidar nuestro tradicional atractivo como destino turístico de primer orden y con la fuerza que nos da un idioma que es el segundo más hablado en el mundo.
El modelo de crecimiento español necesita reorientarse hacia sectores intensivos en innovación y conocimiento en los que también tenemos ventajas importantes, porque, aunque haya alguien a quien le parezca sorprendente, en España ya existen sectores de alta tecnología, intensivos en investigación y desarrollo que cuentan con fuerte implantación empresarial tanto a escala nacional como internacional.
Esto es, no se trata de inventarse una nueva industria de la nada, sino de creer, potenciar y apostar por el desarrollo de lo que ya tenemos. Disponemos de importantes candidatos entre estos sectores de vanguardia, como por ejemplo la industria farmacéutica. Una industria que, a su vez, forma parte de un ecosistema más global formado, entre otros, por centros públicos de investigación, una red hospitalaria de primer nivel internacional, una eficiente red asistencial sanitaria (médicos y farmacéuticos), universidades de reconocido prestigio y, sobre todo, talento.
Por mi conocimiento acerca de esta industria farmacéutica, permítanme que les dé algunos datos al respecto, adicionales a su misión per se que es la de aportar nuevos medicamentos a la sociedad: i) la industria farmacéutica es líder en investigación en España, al ser responsable de más del 20% de toda la I+D privada de nuestro país; ii) su productividad supera la media de la industria manufacturera española en más del 100%; iii) realiza exportaciones de más de 8.100 millones de euros al año, que la sitúan en el cuarto lugar de los sectores exportadores; iv) cuenta con un volumen de empleo directo, indirecto e inducido superior a los 200.000 profesionales, la mayoría de elevada cualificación técnico-científica, y v) es responsable del 50% de todo el Valor Añadido Bruto generado por los sectores de alta tecnología en nuestro país.
A la vista de estos datos, es evidente que no hablamos de una futura promesa, sino de una realidad tangible en España. Una industria que merece la pena potenciar. Para ello es imprescindible contar con el apoyo, no tanto financiero como operativo, de las Administraciones Públicas, profesionales sanitarios, investigadores y resto de agentes sociales, ya que sin su impulso y su complicidad nos va a resultar muy complicado competir con otros países que ya han apostado por la industria farmacéutica como uno de los sectores que deben liderar su nuevo modelo de crecimiento sostenido a medio y largo plazo, como por ejemplo Reino Unido, Francia o Irlanda.
Por último, y en mi condición de empresario familiar de tercera generación, mi visión es la de ser innovador, como lo fue mi abuelo desde su rebotica de la farmacia de Manresa. Él fue capaz de sintetizar la primera sulfamida y atraer la atención del Nobel Dr. Fleming y sentar las bases de un proyecto empresarial que aún hoy sigue avanzando bajo su filosofía. La visión, decía al principio, construye realidades: me gustaría seguir liderando un proyecto innovador, que refuerce el tejido empresarial nacional y lo eleve al ámbito internacional. Existen oportunidades y debemos aprovecharlas. Es el momento de actuar, de generar alianzas, de formalizar pactos que permitan sumar las habilidades individuales en favor de la sostenibilidad, del progreso y avance de nuestra sociedad, para que nuestros hijos reciban en herencia un país más próspero y más competitivo, en definitiva, un mejor país, un país emprendedor.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100706elpepiopi_13&type=Tes&anchor=elpepuopi
El nombre de las cosas
FERNANDO SAVATER 06/07/2010
Creo que fue Goethe quien dijo cínicamente que el lenguaje fue dado a los hombres para que ocultasen su pensamiento. En las actuales disputas sobre el Estatut y la sentencia del TC abundan las confirmaciones de su aserto. Por ejemplo, el término "nación". Más allá de los usos técnicos en teoría política, el común de los mortales (y sobre todo de los políticos, que son los más mortales de todos) entiende "nación" bien como una comunidad cultural y afectiva o bien como una entidad política que necesita realizarse en un Estado. Según la primera acepción, las naciones pueden convivir dentro de un mismo organismo estatal (y a veces dentro de una misma ciudad, como en Nueva York) pero según la segunda exigen hegemonía institucional inequívoca en su territorio. Lo malo de ese término aplicado a Cataluña es que unas veces se toma en el primer sentido y otras en el segundo, según conviene. Me temo que la sentencia del TC no despeja la duda confinando la nación en el preámbulo del Estatut, donde no será jurídicamente efectiva pero sí significativamente problemática.
Porque se lea la Constitución a lo ancho o a lo estrecho, España puede ser plurinacional pero no pluriestatal. Como dijo el Guerra (el torero, claro), hay cosas que son imposibles y además no pueden ser. La controvertida sentencia del TC no cierra el paso a lo primero, como dicen hipócritamente algunos, sino a lo segundo, que es lo que ellos precisamente desean. Desdichadamente, este veto necesario -mero instinto político de supervivencia- está formulado con desigual claridad: sin equívocos en el terreno de la justicia, por ejemplo, pero con contradicciones en lo referente a la lengua común, sobre todo en materia de educación. Habrá problemas, ya que no faltan partidos interesados en agudizar lo ambiguo hasta hacerlo insoportable y excluyente. Lo que sin duda no es cierto es que se imposibilite el autogobierno de los catalanes, que lo tienen garantizado como el resto y con el resto de los ciudadanos españoles. Lo vedado -y solo relativamente- es autogobernarse como si fuesen ciudadanos de otro Estado.
También otros usos nominales enmascaran la verdad... reveladoramente. Por ejemplo, decir que el TC es legal pero está "deslegitimado" por la composición politizada que bloquea su renovación. No me parece factible encontrar jueces sobrenaturalmente despolitizados para sentenciar sobre algo tan fundamentalmente político como la Constitución. Ahora bien, puestos a señalar cosas legales pero de legitimidad cuestionable... ¿qué diremos del referéndum del Estatuto, en el que tomó parte solo un tercio del electorado y que sin embargo se considera la voz del "pueblo" catalán? Otro juego de palabras es la afirmación visionaria de Zapatero suponiendo que este Estatuto (o cualquier otro, tanto da) culminará la "descentralización" de España. Como bien le ha recordado Artur Mas, persistirá la descentralización y hasta el descuartizamiento a plazos del Estado mientras los nacionalistas que gestionan y se benefician del proceso sigan siendo imprescindibles, gracias a nuestra ley electoral, para formar mayorías parlamentarias.
También mienten los que manejan las palabras mayores, los nombres sagrados: Cataluña frente a España. No hay tal gigantomaquia. Quienes andan a la greña son los catalanes nacionalistas, que se nutren de antiespañolismo militante y sacan combustible tanto de lo que obtienen como de lo que se les niega, y el resto de sus conciudadanos, que también tienen su corazoncito pero saben que están como nunca y que hay cosas más serias en que pensar. Ahora toca sobreactuar porque se acercan elecciones: de modo que se invierte la fábula, el lobo feroz ocupa la frágil choza y los tres cerditos rugen: "¡Soplaremos, soplaremos y la Constitución derribaremos!". Pero ya verán cómo al final los intereses racionales prevalecen y no es para tanto. Afortunadamente, desde que Berenguer de Entenza y sus almogávares ajustaron las cuentas a los verdugos de Roger de Flor, las "venganzas catalanas" suelen ser ya incruentas...
http://www.elpais.com/articulo/cultura/nombre/cosas/elpepiopi/20100706elpepicul_4/Tes/
Creo que fue Goethe quien dijo cínicamente que el lenguaje fue dado a los hombres para que ocultasen su pensamiento. En las actuales disputas sobre el Estatut y la sentencia del TC abundan las confirmaciones de su aserto. Por ejemplo, el término "nación". Más allá de los usos técnicos en teoría política, el común de los mortales (y sobre todo de los políticos, que son los más mortales de todos) entiende "nación" bien como una comunidad cultural y afectiva o bien como una entidad política que necesita realizarse en un Estado. Según la primera acepción, las naciones pueden convivir dentro de un mismo organismo estatal (y a veces dentro de una misma ciudad, como en Nueva York) pero según la segunda exigen hegemonía institucional inequívoca en su territorio. Lo malo de ese término aplicado a Cataluña es que unas veces se toma en el primer sentido y otras en el segundo, según conviene. Me temo que la sentencia del TC no despeja la duda confinando la nación en el preámbulo del Estatut, donde no será jurídicamente efectiva pero sí significativamente problemática.
Porque se lea la Constitución a lo ancho o a lo estrecho, España puede ser plurinacional pero no pluriestatal. Como dijo el Guerra (el torero, claro), hay cosas que son imposibles y además no pueden ser. La controvertida sentencia del TC no cierra el paso a lo primero, como dicen hipócritamente algunos, sino a lo segundo, que es lo que ellos precisamente desean. Desdichadamente, este veto necesario -mero instinto político de supervivencia- está formulado con desigual claridad: sin equívocos en el terreno de la justicia, por ejemplo, pero con contradicciones en lo referente a la lengua común, sobre todo en materia de educación. Habrá problemas, ya que no faltan partidos interesados en agudizar lo ambiguo hasta hacerlo insoportable y excluyente. Lo que sin duda no es cierto es que se imposibilite el autogobierno de los catalanes, que lo tienen garantizado como el resto y con el resto de los ciudadanos españoles. Lo vedado -y solo relativamente- es autogobernarse como si fuesen ciudadanos de otro Estado.
También otros usos nominales enmascaran la verdad... reveladoramente. Por ejemplo, decir que el TC es legal pero está "deslegitimado" por la composición politizada que bloquea su renovación. No me parece factible encontrar jueces sobrenaturalmente despolitizados para sentenciar sobre algo tan fundamentalmente político como la Constitución. Ahora bien, puestos a señalar cosas legales pero de legitimidad cuestionable... ¿qué diremos del referéndum del Estatuto, en el que tomó parte solo un tercio del electorado y que sin embargo se considera la voz del "pueblo" catalán? Otro juego de palabras es la afirmación visionaria de Zapatero suponiendo que este Estatuto (o cualquier otro, tanto da) culminará la "descentralización" de España. Como bien le ha recordado Artur Mas, persistirá la descentralización y hasta el descuartizamiento a plazos del Estado mientras los nacionalistas que gestionan y se benefician del proceso sigan siendo imprescindibles, gracias a nuestra ley electoral, para formar mayorías parlamentarias.
También mienten los que manejan las palabras mayores, los nombres sagrados: Cataluña frente a España. No hay tal gigantomaquia. Quienes andan a la greña son los catalanes nacionalistas, que se nutren de antiespañolismo militante y sacan combustible tanto de lo que obtienen como de lo que se les niega, y el resto de sus conciudadanos, que también tienen su corazoncito pero saben que están como nunca y que hay cosas más serias en que pensar. Ahora toca sobreactuar porque se acercan elecciones: de modo que se invierte la fábula, el lobo feroz ocupa la frágil choza y los tres cerditos rugen: "¡Soplaremos, soplaremos y la Constitución derribaremos!". Pero ya verán cómo al final los intereses racionales prevalecen y no es para tanto. Afortunadamente, desde que Berenguer de Entenza y sus almogávares ajustaron las cuentas a los verdugos de Roger de Flor, las "venganzas catalanas" suelen ser ya incruentas...
http://www.elpais.com/articulo/cultura/nombre/cosas/elpepiopi/20100706elpepicul_4/Tes/
lunes, 5 de julio de 2010
UPyD critica al Ayuntamiento por «la exclusión de la carbayera de Zarracina del catálogo urbanístico
Unión Progreso y Democracia (UPyD) de Gijón se une a la Plataforma Ciudadana Contra el Muro de Cabueñes en las críticas al Gobierno local por «la exclusión de la carbayera de Zarracina del catálogo urbanístico». En este sentido, UPyD, en un comunicado, considera que «la maniobra del Ayuntamiento demuestra varias cosas: la opacidad con la que el equipo de gobierno municipal (PSOE, IU-BA-LV) actúa cuando busca intereses que no se corresponden con el bien común, el poco respeto que muestra hacia los procedimientos administrativos de obligado cumplimiento y de los que debería ser máximo garante, y la nula sensibilidad y compromiso para con el medio ambiente y el patrimonio natural del concejo».
http://www.lne.es/gijon/2010/07/05/upyd-critica-ayuntamiento-exclusion-carbayera-zarracina-catalogo-urbanistico/938438.html
http://www.lne.es/gijon/2010/07/05/upyd-critica-ayuntamiento-exclusion-carbayera-zarracina-catalogo-urbanistico/938438.html
sábado, 3 de julio de 2010
España en el laberinto
OPINIÓN ARTICULOS
España en el laberinto
Desde Cataluña ya se anuncia el propósito de ahondar en la bilateralidad, en el pacto Cataluña/España para romper por la vía de la legislación ordinaria los límites impuestos
03.07.2010 -
JOSÉ IGNACIO PRENDES
ABOGADO
Salió el Tribunal Constitucional de su laberinto y en tres horas desató el nudo gordiano que amenazaba con estrangularlo de forma definitiva, así que ya tenemos fallo sobre el Estatut catalán y hay que felicitarse por ello. Se ha evitado el mal mayor que hubiese supuesto no tener sentencia antes de que culminasen los movimientos iniciados por el president Montilla en el Senado para la modificación de la actual composición del Tribunal. Lo que no está nada claro es que otros peligros igual de urgentes se hayan conjurado.
La sentencia parece muy similar a la fallida ponencia del mes de abril, convenientemente filtrada entonces a la prensa, con el refuerzo de la indudable declaración de la nula validez jurídica de las apelaciones a la condición de «Cataluña como nación» y a la «realidad nacional de Cataluña», gracias a la obstinación del magistrado Manuel Aragón Reyes. Afecta, por tanto, a la clave de bóveda sobre la que se construyó la totalidad del texto y a otras partes sensibles y de indudable calado, 41 artículos y disposiciones adicionales que se declaran nulos bien de forma directa o mediante una interpretación que se aparta radicalmente del sentido que le quisieron dar los redactores.
Más allá de que el Tribunal Constitucional, en un alarde de 'finezza' jurídica haya usado la vía indirecta de la sentencia interpretativa para causar el menor destrozo político posible, la primera conclusión debería ser clara: nos hallamos ante un Estatuto que en su configuración resulta inequívocamente inconstitucional, que no encaja ni por asomo en los márgenes de la Constitución del 78. Seamos generosos con una institución tan manoseada en los últimos tiempos; probablemente se le ha pedido al Tribunal Constitucional una tarea que no podía hacer, una tarea que correspondía a los políticos. Pero quien pensase que con esta sentencia el llamado problema territorial quedaría encarrilado se equivocaba de medio a medio.
Desde Cataluña ya se anuncia el propósito de ahondar en la bilateralidad, en el pacto Cataluña/España para romper por la vía de la legislación ordinaria los límites impuestos. Pero es que, además, hay del orden de 45 leyes, alguna recientísima, derivadas del antiguo texto estatutario que quedan en entredicho y ello sin tener en cuenta que al catalán han seguido toda una serie de estatutos con una concepción similar, en un remedo de la estrategia de la liebre y la tortuga jaleada por PSOE y PP. La conclusión parece clara. El caos territorial en el que nos hayamos sumidos no podrá ser atajado sin un nuevo pacto, pero no el bilateral en el que se insiste desde Cataluña, sino un nuevo pacto constitucional que reforme íntegramente el Título VIII de nuestra Constitución e imponga cordura y cohesión ante tanto desbarajuste.
Para ello va a resultar imprescindible contar con las dos grandes fuerzas nacionales, PSOE y PP, y aquí el paisaje se vuelve descorazonador. Este es el punto central de la crisis política en que nos hallamos: la incapacidad de ambos para completar nuestro modelo territorial desde la única visión posible, la visión de Estado, sobre todo, hay que decirlo, en lo que afecta al Partido Socialista.
El PSOE, con su discurso dual, se ha convertido en un serio problema, mientras en Madrid se echa agua al vino anunciando lo único que les importa: la derrota del PP («la sentencia de 39.000 palabras sólo afecta a 300»); en Cataluña Montilla se envuelve en la bandera, proclama la nación catalana y se lanza a la calle. Esta esquizofrenia, evidentemente calculada, supone un peligroso juego que compromete la estabilidad del país. La manifestación del próximo día 10, anunciada ya por Montilla el mismo día de conocerse la sentencia, unida a toda la estrategia previa de deslegitimación del Tribunal Constitucional, constituye un ataque al orden constitucional como mínimo de igual calibre que el 'Plan Ibarretxe'; peor aún, aquello era cosa de nacionalistas y ahora quien arenga a la insurrección en el Parlamento catalán y se pone al frente de la manifestación es el mismo partido que gobierna en La Moncloa. La dualidad PSC/PSOE es un viejo truco que deberíamos desenmascarar: ¿pertenecen al mismo partido los señores Areces o González-Vara y el señor Montilla? Pues sí, aunque no lo parezca. No está de más recordar que los partidos, sobre todo si son de gobierno, tienen una tremenda responsabilidad a la hora de asumir el papel que en cada circunstancia histórica les corresponde, una responsabilidad colectiva que alcanza sobre todo a aquellos a los que se les supone alguna tarea dirigente.
Cuando estos días escuchaba a Alfonso Guerra rebajar la rebeldía de Montilla a la mera categoría de anécdota preelectoral, me venían a la mente dos fechas. La primera, de sobra citada, aquella con la que arranca todo este proceso, fue un 13 de noviembre del año 2003, cuando Zapatero, en el Palau San Jordi, en apoyo de Pascual Maragall, lanza su famoso compromiso: «apoyaré la reforma del Estatut que salga del Parlament de Cataluña». Fue otro noviembre, este de 1993, en medio de aquel ciclo del 93 al 96 lleno de convulsiones, escándalos y problemas, cuando el Tribunal Constitucional anula dos apartados del artículo 21 de la Ley de Seguridad Ciudadana (la famosa Ley Corcuera) y de forma inmediata el ministro del Interior, José Luis Corcuera, presenta su dimisión. No se trata de rescatar la biografía de nadie, pero hay que reconocer que su forma de actuar fue consecuente. Entonces, no pareció aquel gesto algo extraordinario (igual a Felipe González si). Hoy parecería una heroicidad. ¿Cuántas dimisiones corresponden por este fiasco de Estatut?
También en Bélgica andan preguntándose en qué momento traspasaron los límites de lo admisible para llegar sin darse cuenta a la actual situación de fractura y bloqueo institucional. Así que resulta imprescindible que en España, quien tiene que hacerse las preguntas necesarias, se las vaya haciendo y más pronto que tarde.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100703/opinionarticulos/espana-laberinto-20100703.html
España en el laberinto
Desde Cataluña ya se anuncia el propósito de ahondar en la bilateralidad, en el pacto Cataluña/España para romper por la vía de la legislación ordinaria los límites impuestos
03.07.2010 -
JOSÉ IGNACIO PRENDES
ABOGADO
Salió el Tribunal Constitucional de su laberinto y en tres horas desató el nudo gordiano que amenazaba con estrangularlo de forma definitiva, así que ya tenemos fallo sobre el Estatut catalán y hay que felicitarse por ello. Se ha evitado el mal mayor que hubiese supuesto no tener sentencia antes de que culminasen los movimientos iniciados por el president Montilla en el Senado para la modificación de la actual composición del Tribunal. Lo que no está nada claro es que otros peligros igual de urgentes se hayan conjurado.
La sentencia parece muy similar a la fallida ponencia del mes de abril, convenientemente filtrada entonces a la prensa, con el refuerzo de la indudable declaración de la nula validez jurídica de las apelaciones a la condición de «Cataluña como nación» y a la «realidad nacional de Cataluña», gracias a la obstinación del magistrado Manuel Aragón Reyes. Afecta, por tanto, a la clave de bóveda sobre la que se construyó la totalidad del texto y a otras partes sensibles y de indudable calado, 41 artículos y disposiciones adicionales que se declaran nulos bien de forma directa o mediante una interpretación que se aparta radicalmente del sentido que le quisieron dar los redactores.
Más allá de que el Tribunal Constitucional, en un alarde de 'finezza' jurídica haya usado la vía indirecta de la sentencia interpretativa para causar el menor destrozo político posible, la primera conclusión debería ser clara: nos hallamos ante un Estatuto que en su configuración resulta inequívocamente inconstitucional, que no encaja ni por asomo en los márgenes de la Constitución del 78. Seamos generosos con una institución tan manoseada en los últimos tiempos; probablemente se le ha pedido al Tribunal Constitucional una tarea que no podía hacer, una tarea que correspondía a los políticos. Pero quien pensase que con esta sentencia el llamado problema territorial quedaría encarrilado se equivocaba de medio a medio.
Desde Cataluña ya se anuncia el propósito de ahondar en la bilateralidad, en el pacto Cataluña/España para romper por la vía de la legislación ordinaria los límites impuestos. Pero es que, además, hay del orden de 45 leyes, alguna recientísima, derivadas del antiguo texto estatutario que quedan en entredicho y ello sin tener en cuenta que al catalán han seguido toda una serie de estatutos con una concepción similar, en un remedo de la estrategia de la liebre y la tortuga jaleada por PSOE y PP. La conclusión parece clara. El caos territorial en el que nos hayamos sumidos no podrá ser atajado sin un nuevo pacto, pero no el bilateral en el que se insiste desde Cataluña, sino un nuevo pacto constitucional que reforme íntegramente el Título VIII de nuestra Constitución e imponga cordura y cohesión ante tanto desbarajuste.
Para ello va a resultar imprescindible contar con las dos grandes fuerzas nacionales, PSOE y PP, y aquí el paisaje se vuelve descorazonador. Este es el punto central de la crisis política en que nos hallamos: la incapacidad de ambos para completar nuestro modelo territorial desde la única visión posible, la visión de Estado, sobre todo, hay que decirlo, en lo que afecta al Partido Socialista.
El PSOE, con su discurso dual, se ha convertido en un serio problema, mientras en Madrid se echa agua al vino anunciando lo único que les importa: la derrota del PP («la sentencia de 39.000 palabras sólo afecta a 300»); en Cataluña Montilla se envuelve en la bandera, proclama la nación catalana y se lanza a la calle. Esta esquizofrenia, evidentemente calculada, supone un peligroso juego que compromete la estabilidad del país. La manifestación del próximo día 10, anunciada ya por Montilla el mismo día de conocerse la sentencia, unida a toda la estrategia previa de deslegitimación del Tribunal Constitucional, constituye un ataque al orden constitucional como mínimo de igual calibre que el 'Plan Ibarretxe'; peor aún, aquello era cosa de nacionalistas y ahora quien arenga a la insurrección en el Parlamento catalán y se pone al frente de la manifestación es el mismo partido que gobierna en La Moncloa. La dualidad PSC/PSOE es un viejo truco que deberíamos desenmascarar: ¿pertenecen al mismo partido los señores Areces o González-Vara y el señor Montilla? Pues sí, aunque no lo parezca. No está de más recordar que los partidos, sobre todo si son de gobierno, tienen una tremenda responsabilidad a la hora de asumir el papel que en cada circunstancia histórica les corresponde, una responsabilidad colectiva que alcanza sobre todo a aquellos a los que se les supone alguna tarea dirigente.
Cuando estos días escuchaba a Alfonso Guerra rebajar la rebeldía de Montilla a la mera categoría de anécdota preelectoral, me venían a la mente dos fechas. La primera, de sobra citada, aquella con la que arranca todo este proceso, fue un 13 de noviembre del año 2003, cuando Zapatero, en el Palau San Jordi, en apoyo de Pascual Maragall, lanza su famoso compromiso: «apoyaré la reforma del Estatut que salga del Parlament de Cataluña». Fue otro noviembre, este de 1993, en medio de aquel ciclo del 93 al 96 lleno de convulsiones, escándalos y problemas, cuando el Tribunal Constitucional anula dos apartados del artículo 21 de la Ley de Seguridad Ciudadana (la famosa Ley Corcuera) y de forma inmediata el ministro del Interior, José Luis Corcuera, presenta su dimisión. No se trata de rescatar la biografía de nadie, pero hay que reconocer que su forma de actuar fue consecuente. Entonces, no pareció aquel gesto algo extraordinario (igual a Felipe González si). Hoy parecería una heroicidad. ¿Cuántas dimisiones corresponden por este fiasco de Estatut?
También en Bélgica andan preguntándose en qué momento traspasaron los límites de lo admisible para llegar sin darse cuenta a la actual situación de fractura y bloqueo institucional. Así que resulta imprescindible que en España, quien tiene que hacerse las preguntas necesarias, se las vaya haciendo y más pronto que tarde.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100703/opinionarticulos/espana-laberinto-20100703.html
La opaca exclusión de la carbayera de Zarracina del catálogo urbanístico de Gijón demuestra la falta de compromiso del PSOE e IU con los intereses gen
2 de julio de 2010
La maniobra del Ayuntamiento demuestra varias cosas, la opacidad y mala fe con la que el equipo de gobierno municipal actúa cuando busca intereses que no se corresponden con el bien común, el poco respeto que muestra hacia los procedimientos administrativos de obligado cumplimento y de los que debería ser máximo garante, y la nula sensibilidad y compromiso para con el medio ambiente y el patrimonio natural del concejo.
Unión Progreso y Democracia en Gijón ve con preocupación los hechos denunciados por la Plataforma de Cabueñes en relación a la exclusión de la carbayera de Zarracina del catálogo urbanístico. La maniobra del Ayuntamiento demuestra varias cosas, la opacidad y mala fe con la que el equipo de gobierno municipal actúa cuando busca intereses que no se corresponden con el bien común, el poco respeto que muestra hacia los procedimientos administrativos de obligado cumplimento y de los que debería ser máximo garante, y la nula sensibilidad y compromiso para con el medio ambiente y el patrimonio natural del concejo.
Para UPyD tampoco es admisible el silencio cómplice del socio de gobierno en el Ayuntamiento, Izquierda Unida, máxime cuando la formación que representa Jesús Montes Estrada siempre ha pasado por ser defensora de causas nobles como el ecologismo. Para Armando Fernández Bartolomé, coordinador de UPyD en Gijón, “no entendemos como una carbayera como la de Zarracina ha podido perder de la noche a la mañana todos los atributos que la han hecho merecedora de protección y reconocimiento para su inclusión en el catálogo urbanístico, relación de bienes de la ciudad que condiciona cualquier actuación en materia urbanística, lo cual demostraría, como denuncian los vecinos de Cabueñes, hasta qué punto son capaces de llegar quienes ostentan el gobierno municipal con tal de hacer comulgar con ruedas de molino a los ciudadanos a los que dicen representar”.
La maniobra del Ayuntamiento demuestra varias cosas, la opacidad y mala fe con la que el equipo de gobierno municipal actúa cuando busca intereses que no se corresponden con el bien común, el poco respeto que muestra hacia los procedimientos administrativos de obligado cumplimento y de los que debería ser máximo garante, y la nula sensibilidad y compromiso para con el medio ambiente y el patrimonio natural del concejo.
Unión Progreso y Democracia en Gijón ve con preocupación los hechos denunciados por la Plataforma de Cabueñes en relación a la exclusión de la carbayera de Zarracina del catálogo urbanístico. La maniobra del Ayuntamiento demuestra varias cosas, la opacidad y mala fe con la que el equipo de gobierno municipal actúa cuando busca intereses que no se corresponden con el bien común, el poco respeto que muestra hacia los procedimientos administrativos de obligado cumplimento y de los que debería ser máximo garante, y la nula sensibilidad y compromiso para con el medio ambiente y el patrimonio natural del concejo.
Para UPyD tampoco es admisible el silencio cómplice del socio de gobierno en el Ayuntamiento, Izquierda Unida, máxime cuando la formación que representa Jesús Montes Estrada siempre ha pasado por ser defensora de causas nobles como el ecologismo. Para Armando Fernández Bartolomé, coordinador de UPyD en Gijón, “no entendemos como una carbayera como la de Zarracina ha podido perder de la noche a la mañana todos los atributos que la han hecho merecedora de protección y reconocimiento para su inclusión en el catálogo urbanístico, relación de bienes de la ciudad que condiciona cualquier actuación en materia urbanística, lo cual demostraría, como denuncian los vecinos de Cabueñes, hasta qué punto son capaces de llegar quienes ostentan el gobierno municipal con tal de hacer comulgar con ruedas de molino a los ciudadanos a los que dicen representar”.
viernes, 2 de julio de 2010
SUATEA denuncia "irregularidades" en la organización de los "desplazados"
Oviedo, 30 jun (EFE).- SUATEA denuncia "las graves irregularidades" que pretende realizar la Consejería de Educación con la organización del profesorado que ha de ser desplazado de su lugar actual de trabajo por insuficiencia de horario que afectará a la contratación de interinos, informa el sindicato.
El sindicato asegura que "detrás de este proceso se esconde una profunda reconversión de plantilla y que recalca que "en estos momentos es fundamental mantener una postura de solidaridad con el profesorado interino"
Para protestar contra esta situación el sindicato ha convocado una asamblea para tratar este tema de los "mal llamados desplazados voluntarios".
Explica que en el segundo calendario de adjudicaciones propuesto por la administración se iban a publicar los "desplazados por insuficiencia de horario".
Posteriormente, agrega que esto fue modificado y lo que se iba a publicar eran "los centros y especialidades con personal susceptible de desplazamiento voluntario por insuficiencia de horario".
Finalmente, dice que la administración no publicó nada, enviando una "nueva plantilla funcional" a los centros para que sean directamente las direcciones quienes ejerzan presión sobre el personal afectado para que obtengan otro destino provisional.
Ante esto, SUATEA manifiesta que "quiere dejar claro que esto es ilegal, merced a la sentencia ganada por este sindicato el 20 de octubre de 2008".
Reseña que en primer lugar, la mera publicación de listas conteniendo personal afectado por estos conceptos está fuera de regulación legal.
Además, reseña que cualquier modificación en las plantillas de los centros tiene que ser aprobada por Consejo de Gobierno del Principado, lo que, por cuestión de calendario, es imposible que se realice.
Por lo tanto, afirma que no se puede decir que "sobra" ninguna plaza y por consiguiente "no se puede obligar a ningún funcionario a moverse de su puesto de trabajo".
Advierte de que la administración pretende entonces que este proceso de recolocación se lleve a cabo a través de "voluntarios", que se someterán a un proceso de petición sobre las vacantes que deberían estar destinadas a profesorado en prácticas, en expectativa de destino, en comisiones de servicio e interinidades.
"Teniendo en cuenta la actual situación de recortes en la administración pública con la excusa de la crisis económica, y que el más perjudicado por los mismos va a ser el profesorado interino, el más débil y desprotegido, SUATEA invita a todos los que se puedan ver afectados por esta circunstancia a la asamblea que tendrá lugar el día 1 de julio a las 12:00 horas en la sala de conferencias del IES Doctor Fleming de Oviedo", indica. EFECuenta Azul de iBanesto
El sindicato asegura que "detrás de este proceso se esconde una profunda reconversión de plantilla y que recalca que "en estos momentos es fundamental mantener una postura de solidaridad con el profesorado interino"
Para protestar contra esta situación el sindicato ha convocado una asamblea para tratar este tema de los "mal llamados desplazados voluntarios".
Explica que en el segundo calendario de adjudicaciones propuesto por la administración se iban a publicar los "desplazados por insuficiencia de horario".
Posteriormente, agrega que esto fue modificado y lo que se iba a publicar eran "los centros y especialidades con personal susceptible de desplazamiento voluntario por insuficiencia de horario".
Finalmente, dice que la administración no publicó nada, enviando una "nueva plantilla funcional" a los centros para que sean directamente las direcciones quienes ejerzan presión sobre el personal afectado para que obtengan otro destino provisional.
Ante esto, SUATEA manifiesta que "quiere dejar claro que esto es ilegal, merced a la sentencia ganada por este sindicato el 20 de octubre de 2008".
Reseña que en primer lugar, la mera publicación de listas conteniendo personal afectado por estos conceptos está fuera de regulación legal.
Además, reseña que cualquier modificación en las plantillas de los centros tiene que ser aprobada por Consejo de Gobierno del Principado, lo que, por cuestión de calendario, es imposible que se realice.
Por lo tanto, afirma que no se puede decir que "sobra" ninguna plaza y por consiguiente "no se puede obligar a ningún funcionario a moverse de su puesto de trabajo".
Advierte de que la administración pretende entonces que este proceso de recolocación se lleve a cabo a través de "voluntarios", que se someterán a un proceso de petición sobre las vacantes que deberían estar destinadas a profesorado en prácticas, en expectativa de destino, en comisiones de servicio e interinidades.
"Teniendo en cuenta la actual situación de recortes en la administración pública con la excusa de la crisis económica, y que el más perjudicado por los mismos va a ser el profesorado interino, el más débil y desprotegido, SUATEA invita a todos los que se puedan ver afectados por esta circunstancia a la asamblea que tendrá lugar el día 1 de julio a las 12:00 horas en la sala de conferencias del IES Doctor Fleming de Oviedo", indica. EFECuenta Azul de iBanesto
jueves, 1 de julio de 2010
Secretariado Gitano luchará contra el abandono escolar
Nos vamos a implicar con fuerza en que la Secundaria sea algo importante para la comunidad gitana». Con estas palabras, el presidente de la Fundación Secretariado Gitano, Pedro Puente, justificaba ayer la utilidad del proyecto de intervención educativa 'Promociona', que se puso en marcha este año para combatir el abandono escolar entre los jóvenes gitanos.
Puente cifró en un 80% el porcentaje de escolares que abandonan la educación obligatoria. Y, entre las razones que motivan este abandono de la Secundaria, se encuentran el desfase curricular con el que llegan a esta etapa educativa y la carencia de hábitos de trabajo y estudio.
Pedro Puente hizo referencia al proyecto 'Promociona' durante la inauguración del nuevo local de la Fundación Secretariado Gitano, en la calle de Domingo Juliana, en el barrio de La Calzada.
Se trata de un bajo de 200 metros cuadrados de superficie distribuidos en salas de atención y acogida, oficinas, sala de reunión, aulas y un dispositivo de búsqueda activa de empleo. La obra tuvo una inversión total de 325.000 euros subvencionados por el Ministerio de Sanidad y Política Social a cargo de la asignación tributaria del IRPF de estos dos últimos años.
Este nuevo local pretende dar servicio a las 1.500 personas de etnia gitana que residen en el concejo. Especialmente, en aquellos barrios donde se han desarrollado proyectos urbanísticos de vivienda protegida. Una de las herramientas creadas por el Secretariado Gitano más demandadas es el Programa Acceder, que pretende promover oportunidades para la inclusión laboral de los gitanos en el mercado de trabajo normalizado. En 2009, atendió a 2.926 personas en toda Asturias, de las que 1.603 son de etnia gitana, y las 1.323 restantes pertenecen a otras comunidades.
Respecto al municipio de Gijón, desde su puesta en marcha en el año 2000, ha dado servicio a un total de 1.063 personas.
La Fundación Secretariado Gitano se enfrenta en estos tiempos a un nuevo reto: la llegada de gitanos procedentes del Este, que, según Pedro Puente, «superarán en número a los que ya viven en España». Asimismo, destacó un aumento del 27% de usuarios por un 27% de descenso en las contrataciones.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100701/gijon/secretariado-gitano-luchara-contra-20100701.html
Puente cifró en un 80% el porcentaje de escolares que abandonan la educación obligatoria. Y, entre las razones que motivan este abandono de la Secundaria, se encuentran el desfase curricular con el que llegan a esta etapa educativa y la carencia de hábitos de trabajo y estudio.
Pedro Puente hizo referencia al proyecto 'Promociona' durante la inauguración del nuevo local de la Fundación Secretariado Gitano, en la calle de Domingo Juliana, en el barrio de La Calzada.
Se trata de un bajo de 200 metros cuadrados de superficie distribuidos en salas de atención y acogida, oficinas, sala de reunión, aulas y un dispositivo de búsqueda activa de empleo. La obra tuvo una inversión total de 325.000 euros subvencionados por el Ministerio de Sanidad y Política Social a cargo de la asignación tributaria del IRPF de estos dos últimos años.
Este nuevo local pretende dar servicio a las 1.500 personas de etnia gitana que residen en el concejo. Especialmente, en aquellos barrios donde se han desarrollado proyectos urbanísticos de vivienda protegida. Una de las herramientas creadas por el Secretariado Gitano más demandadas es el Programa Acceder, que pretende promover oportunidades para la inclusión laboral de los gitanos en el mercado de trabajo normalizado. En 2009, atendió a 2.926 personas en toda Asturias, de las que 1.603 son de etnia gitana, y las 1.323 restantes pertenecen a otras comunidades.
Respecto al municipio de Gijón, desde su puesta en marcha en el año 2000, ha dado servicio a un total de 1.063 personas.
La Fundación Secretariado Gitano se enfrenta en estos tiempos a un nuevo reto: la llegada de gitanos procedentes del Este, que, según Pedro Puente, «superarán en número a los que ya viven en España». Asimismo, destacó un aumento del 27% de usuarios por un 27% de descenso en las contrataciones.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100701/gijon/secretariado-gitano-luchara-contra-20100701.html
Reforma de la reforma
01.07.2010 - ARMANDO F. BARTOLOMÉ
COORDINADOR LOCAL DE UPYD DE GIJÓN
La reforma del mercado de trabajo es una de nuestras grandes asignaturas pendientes, por razones económicas y de justicia. Ahora es un mercado dual, formado por dos tipos diferentes de contratos de trabajo: los contratos indefinidos blindados, y el abigarrado conjunto de contratos temporales aprobados en los últimos decenios. Este mercado dual hace que la economía española sea rígida y poco competitiva -en esto hay prácticamente consenso universal- y crea dos clases de empleados con distintos derechos, mucho menores en el caso de los que tienen contratos temporales, que, además, son, en la mayoría de los casos, mujeres, emigrantes y jóvenes profesionales (los 'mileuristas'). Esta reforma se debía haber abordado en la época de prosperidad, con un desempleo bajo y sin déficit público; ahora llega con cinco años de retraso.
El Gobierno inicia una reforma laboral en el peor momento, en plena crisis económica, con un desempleo altísimo. Y lo hace por la presión de los países desarrollados y de los mercados internacionales, que exigen señales de confianza en la solvencia del país. La propuesta de reforma que se votó el 22 de junio, en forma de real decreto, que se convertirá en ley dentro de algunos meses (un mal procedimiento que incrementa la inseguridad, porque es posible que la ley definitiva sea diferente al decreto y las empresas esperarán a que se despeje la incertidumbre), está muy lejos del tipo de reforma laboral que UPyD ha propuesto, resumible en crear un tipo único de contrato indefinido con coste creciente del despido.
A continuación, van las razones principales por las que no apoyamos la reforma laboral del decreto ley del Gobierno (aunque nos abstuvimos en la votación del Congreso porque hemos dicho que es necesario debatir qué reforma laboral necesitamos):
- No introduce un tipo único de contrato indefinido, por lo que mantiene la dualidad del mercado de trabajo, con la segregación de derechos laborales y la baja competitividad de la economía española. Además, mantiene muchos de los instrumentos de contratación ya existentes, es decir, retoca un sistema fracasado en lugar de simplificarlo y renovarlo a fondo. Las bonificaciones a la contratación indefinida son costosas e ineficientes.
- No aborda la mejora de la formación de los desempleados ni modifica con claridad la negociación colectiva por ramas de actividad. Se facilita que las empresas con problemas se descuelguen de los convenios colectivos, pero no se definen los supuestos de este descuelgue.
- Aumenta la inseguridad jurídica al remitir a la magistratura laboral la resolución de los despedidos considerados improcedentes, pero sin aclarar qué se entiende ahora por tal cosa, abriendo la puerta a interpretaciones antagónicas. Por otro lado, prevé subvencionar el despedido mediante el dinero del Fondo de Garantías Salariales (Fogasa), sostenido con las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, de manera que se primará a las empresas que despidan trabajadores con el dinero de las que mantienen la plantilla.
En resumen: no resuelve los principales problemas del mercado de trabajo (dualidad y profusión de tipos de contrato).
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100701/opinionarticulos/reforma-reforma-20100701.html
COORDINADOR LOCAL DE UPYD DE GIJÓN
La reforma del mercado de trabajo es una de nuestras grandes asignaturas pendientes, por razones económicas y de justicia. Ahora es un mercado dual, formado por dos tipos diferentes de contratos de trabajo: los contratos indefinidos blindados, y el abigarrado conjunto de contratos temporales aprobados en los últimos decenios. Este mercado dual hace que la economía española sea rígida y poco competitiva -en esto hay prácticamente consenso universal- y crea dos clases de empleados con distintos derechos, mucho menores en el caso de los que tienen contratos temporales, que, además, son, en la mayoría de los casos, mujeres, emigrantes y jóvenes profesionales (los 'mileuristas'). Esta reforma se debía haber abordado en la época de prosperidad, con un desempleo bajo y sin déficit público; ahora llega con cinco años de retraso.
El Gobierno inicia una reforma laboral en el peor momento, en plena crisis económica, con un desempleo altísimo. Y lo hace por la presión de los países desarrollados y de los mercados internacionales, que exigen señales de confianza en la solvencia del país. La propuesta de reforma que se votó el 22 de junio, en forma de real decreto, que se convertirá en ley dentro de algunos meses (un mal procedimiento que incrementa la inseguridad, porque es posible que la ley definitiva sea diferente al decreto y las empresas esperarán a que se despeje la incertidumbre), está muy lejos del tipo de reforma laboral que UPyD ha propuesto, resumible en crear un tipo único de contrato indefinido con coste creciente del despido.
A continuación, van las razones principales por las que no apoyamos la reforma laboral del decreto ley del Gobierno (aunque nos abstuvimos en la votación del Congreso porque hemos dicho que es necesario debatir qué reforma laboral necesitamos):
- No introduce un tipo único de contrato indefinido, por lo que mantiene la dualidad del mercado de trabajo, con la segregación de derechos laborales y la baja competitividad de la economía española. Además, mantiene muchos de los instrumentos de contratación ya existentes, es decir, retoca un sistema fracasado en lugar de simplificarlo y renovarlo a fondo. Las bonificaciones a la contratación indefinida son costosas e ineficientes.
- No aborda la mejora de la formación de los desempleados ni modifica con claridad la negociación colectiva por ramas de actividad. Se facilita que las empresas con problemas se descuelguen de los convenios colectivos, pero no se definen los supuestos de este descuelgue.
- Aumenta la inseguridad jurídica al remitir a la magistratura laboral la resolución de los despedidos considerados improcedentes, pero sin aclarar qué se entiende ahora por tal cosa, abriendo la puerta a interpretaciones antagónicas. Por otro lado, prevé subvencionar el despedido mediante el dinero del Fondo de Garantías Salariales (Fogasa), sostenido con las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, de manera que se primará a las empresas que despidan trabajadores con el dinero de las que mantienen la plantilla.
En resumen: no resuelve los principales problemas del mercado de trabajo (dualidad y profusión de tipos de contrato).
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100701/opinionarticulos/reforma-reforma-20100701.html
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