14/10/2010 00:00 / Pablo Zariquiegui Oviedo
Vivir cerca de industrias contaminantes duplica el riesgo de padecer cáncer de pulmón. Es la conclusión preliminar de un estudio realizado en las ciudades de Gijón y Avilés por el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA). La investigación, dirigida por la profesora titular de Medicina Preventiva y Salud Pública, Adonina Tardón, confirma para la comunidad autónoma lo que, hasta ahora, era sólo una sospecha.
Tardón subraya que, por primera vez en el año 2002, se demuestra, gracias a un estudio internacional, que residir en entornos industrializados eleva las probabilidades de sufrir cáncer de pulmón.
La profesora de Medicina Preventiva de la Universidad de Oviedo destaca que ahora, también por primera vez, existen datos , evidencias científicas, que indican que la exposición a los contaminantes industriales en Asturias duplica en la práctica el riesgo de padecer tumores de pulmón.
Tardón indica que el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA) comenzó ya en el año 2000 el estudio Capua (cáncer de pulmón en Asturias). La investigación, de la que se conocen sólo las conclusiones preliminares, relaciona el lugar de residencia con el riesgo de padecer tumores. Con este propósito, los investigadores recogieron los casos de cáncer de pulmón de dos áreas especialmente industrializadas --Gijón y Avilés-- y estudiaron su lugar de residencia, la distancia de las viviendas al centro de la ciudad y a las industrias situadas en el entorno. El Instituto Universitario de Oncología analizó 626 procesos y los cotejó con otros 626 casos de control. Los resultados confirman la sospecha. Tardón subraya que se ha demostrado que existe un incremento del riesgo estadísticamente significativo de sufrir cáncer cuando se vive cerca de núcleos urbanos muy industrializados. La probabilidad, según el estudio, es mayor, curiosamente, en el área de Gijón que de Avilés. En concreto, la población de Gijón que vive cerca de las grandes industrias tiene el doble de posibilidades de padecer un carcinoma.
La directora del trabajo afirma que la investigación, realizada en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III, ha tomado como base la llamada geocodificación. Dicho de forma más sencilla, se ha estratificado a la población en función de los metros que separan su lugar de residencia de los principales agentes industriales contaminantes.
Tardón subraya que, pese a que los datos puedan parecer alarmantes, no dejan lugar a dudas. Y pone, además, un ejemplo claro. Supongamos dos individuos con el mismo riesgo familiar o genético, con una alimentación similar, con la misma edad y los mismos estilos de vida; pues bien, en este contexto, sólo residir cerca de un área industrializada eleva el riesgo de cáncer hasta llegar a duplicarlo.
La profesora de Medicina Preventiva, secretaria además del IUOPA, asegura que, con los resultados, ha llegado el momento de pasar a la acción. “Tenemos datos suficientes para actuar”, indica. Tardón anima a las autoridades a tomar medidas urgentes para proteger a la población.
D
jueves, 14 de octubre de 2010
Gijón deberá asumir la plantilla de las escuelas de 0 a 3
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha revocado la sentencia dictada en enero por el Juzgado de lo Social número 3 de Gijón con respecto a la situación laboral y salarial del personal de las escuelas infantiles del concejo y obliga al Ayuntamiento a integrar a estos trabajadores en su convenio colectivo con efecto retroactivo y a compensarles por la diferencia económica correspondiente entre su categoría actual y la que, según la sentencia, deberían mantener desde el 1 de septiembre de 2009. Según estimaciones de los sindicatos UGT y CC OO, impulsores de este recurso contra la sentencia de enero, la integración en el convenio colectivo supone una diferencia salarial de entre 7.000 y 13.000 euros anuales por cada uno de los 103 trabajadores afectados por esta sentencia.
En noviembre de 2002 se firmó un convenio de colaboración entre el Principado y el Ayuntamiento de Gijón -en condiciones similares a los alcanzados con otros concejos- que regulaba las condiciones laborales de los trabajadores contratados para las escuelas municipales de 0 a 3 años. Este convenio establecía su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2003, y debía haberse renegociado antes del 30 de noviembre de ese año, si bien fue prorrogado de forma anual sin nuevas actualizaciones.
En octubre de 2007, CC OO denunció el convenio ante la Dirección General de Empleo del Principado y pidió la convocatoria de la mesa de negociación. En mayo de 2008 presentó demanda de conflicto colectivo ante el TSJA para que obligara a iniciar la negociación de un nuevo convenio, debate que aún está en curso.
Convenio colectivo
Por otra parte, en junio de 2008 se reunió la mesa general de negociación del Ayuntamiento para establecer, entre otros asuntos, la relación de puestos de trabajo. En esa reunión se acordaron una bases de preacuerdo que se presentaron al Consistorio. Y éstas señalaban en un anexo que «los trabajadores de las escuelas infantiles se integrarán en el convenio de referencia, ya sea en el ámbito de la Administración del Principado o en el del Ayuntamiento de Gijón, con referencia al 1 de septiembre de 2009». Ese anexo se incluyó posteriormente, en noviembre de 2008, en la firma definitiva del convenio colectivo. Sin embargo, llegada la fecha señalada no se materializó este acuerdo, alegando que era necesaria una nueva negociación.
UGT y CC OO presentaron ante el juzgado de lo Social una demanda de conflicto colectivo para que se aprobase esta inclusión de los trabajadores de las escuelas de 0 a 3 en el convenio, pero fue desestimada por el juez, por lo que elevaron recurso de súplica ante el TSJA. En el mismo señalaban que la inclusión en el convenio del Ayuntamiento «no supone invadir» el ámbito del convenio regional, que entienden que dejó de estar vigente en 2003.
En su recurso los sindicatos sostenían además que «ante la aplicación de dos convenios distintos debe estarse al que resulte más favorable para el trabajador, y en este caso es el del Ayuntamiento». El convenio de las escuelas infantiles fija unas retribuciones de 15.050 euros anuales, mientras el municipal establece para la categoría de maestro educador 28.717,31 euros. La sentencia obliga a incluir a estos trabajadores en el convenio colectivo del Ayuntamiento con fecha 1 de septiembre de 2009, lo que incluye el pago de los retrasos correspondientes, que oscilan entre los 7.000 y los 13.000 euros, en función de la categoría que finalmente se asigne a cada trabajador.
Los servicios jurídicos municipales están analizando la sentencia «de cara a la posibilidad de plantear el correspondiente recurso o, en su caso, entablar las conversaciones pertinentes con los representantes de este colectivo de cara a su ejecución».
En noviembre de 2002 se firmó un convenio de colaboración entre el Principado y el Ayuntamiento de Gijón -en condiciones similares a los alcanzados con otros concejos- que regulaba las condiciones laborales de los trabajadores contratados para las escuelas municipales de 0 a 3 años. Este convenio establecía su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2003, y debía haberse renegociado antes del 30 de noviembre de ese año, si bien fue prorrogado de forma anual sin nuevas actualizaciones.
En octubre de 2007, CC OO denunció el convenio ante la Dirección General de Empleo del Principado y pidió la convocatoria de la mesa de negociación. En mayo de 2008 presentó demanda de conflicto colectivo ante el TSJA para que obligara a iniciar la negociación de un nuevo convenio, debate que aún está en curso.
Convenio colectivo
Por otra parte, en junio de 2008 se reunió la mesa general de negociación del Ayuntamiento para establecer, entre otros asuntos, la relación de puestos de trabajo. En esa reunión se acordaron una bases de preacuerdo que se presentaron al Consistorio. Y éstas señalaban en un anexo que «los trabajadores de las escuelas infantiles se integrarán en el convenio de referencia, ya sea en el ámbito de la Administración del Principado o en el del Ayuntamiento de Gijón, con referencia al 1 de septiembre de 2009». Ese anexo se incluyó posteriormente, en noviembre de 2008, en la firma definitiva del convenio colectivo. Sin embargo, llegada la fecha señalada no se materializó este acuerdo, alegando que era necesaria una nueva negociación.
UGT y CC OO presentaron ante el juzgado de lo Social una demanda de conflicto colectivo para que se aprobase esta inclusión de los trabajadores de las escuelas de 0 a 3 en el convenio, pero fue desestimada por el juez, por lo que elevaron recurso de súplica ante el TSJA. En el mismo señalaban que la inclusión en el convenio del Ayuntamiento «no supone invadir» el ámbito del convenio regional, que entienden que dejó de estar vigente en 2003.
En su recurso los sindicatos sostenían además que «ante la aplicación de dos convenios distintos debe estarse al que resulte más favorable para el trabajador, y en este caso es el del Ayuntamiento». El convenio de las escuelas infantiles fija unas retribuciones de 15.050 euros anuales, mientras el municipal establece para la categoría de maestro educador 28.717,31 euros. La sentencia obliga a incluir a estos trabajadores en el convenio colectivo del Ayuntamiento con fecha 1 de septiembre de 2009, lo que incluye el pago de los retrasos correspondientes, que oscilan entre los 7.000 y los 13.000 euros, en función de la categoría que finalmente se asigne a cada trabajador.
Los servicios jurídicos municipales están analizando la sentencia «de cara a la posibilidad de plantear el correspondiente recurso o, en su caso, entablar las conversaciones pertinentes con los representantes de este colectivo de cara a su ejecución».
Noticia resumen del desgobierno de lo publico
El Supremo declara nulo el convenio colectivo del Ayuntamiento de 2003
Confusión entre funcionarios y personal laboral. Mesa de negociación con UGT y CCOO : o sea, con el propio PSOE. Aquí se resume la forma de actuar desde hace treinta años que ha propiciado el asalto a la administración por la partitocracia.Por no hablar de la sentencia de los trabajadores de O-3 que deja en muy mal lugar la coordinación entre Ayuntamiento y Principado. Tamos tocando fondo.
Confusión entre funcionarios y personal laboral. Mesa de negociación con UGT y CCOO : o sea, con el propio PSOE. Aquí se resume la forma de actuar desde hace treinta años que ha propiciado el asalto a la administración por la partitocracia.Por no hablar de la sentencia de los trabajadores de O-3 que deja en muy mal lugar la coordinación entre Ayuntamiento y Principado. Tamos tocando fondo.
El Supremo declara nulo el convenio colectivo del Ayuntamiento de 2003
El fallo judicial obliga al Consistorio a negociar en mesas separadas con funcionarios y personal laboral
El Ayuntamiento de Gijón tendrá que negociar los futuros convenios colectivos por separado con funcionarios y personal laboral, tras una sentencia del Tribunal Supremo que ha declarado nulo el convenio colectivo para los años 2003-2007, precisamente por haberse alcanzado en una negociación conjunta. Desde 2003, el Ayuntamiento ha establecido una única mesa de negociación para funcionarios y laborales, una medida que le permite a UGT y CC OO cerrar acuerdos sobre los funcionarios, a pesar de que ambos sindicatos son minoría en este colectivo. En cambio, entre el personal laboral de fundaciones y patronatos municipales cuentan con una mayoría aplastante.
La maniobra del gobierno local para variar el peso de los distintos sindicatos en la negociación colectiva de los funcionarios municipales fue denunciada ante los tribunales por el sindicato AFAG. Con la creación de una mesa conjunta, éste sindicato, USIPA y CSI quedan excluidos de la misma, al no contar con suficiente representatividad. Sólo el sindicato de policías locales SIPLA, que es el mayoritario entre los funcionarios, puede acceder a esa mesa conjunta de negociación, eso sí, como minoritarios frente a la mayoría aplastante de UGT y CC OO.
La sentencia del Tribunal Supremo ratifica ahora la inconstitucionalidad de la negociación conjunta auspiciada por el gobierno municipal. La legislación que había en el momento en el que se negoció aquel convenio ha sido modificada parcialmente, para permitir a las administraciones establecer una mesa de negociación conjunta para materias comunes, pero sigue siendo precisa una negociación separada para cuestiones específicas de los funcionarios, como la carrera administrativa y las retribuciones, que son el meollo de cualquier negociación. El Ayuntamiento ha seguido mezclando a ambos colectivos también en estos apartados, en el convenio actualmente en vigor y que ha sido impugnado judicialmente por AFAG.
Representantes del sindicato explican que la negociación en una mesa conjunta es lo que ha propiciado que en el Ayuntamiento de Gijón se dé el caso de que existan jefaturas de servicio desempeñadas por personal laboral, en lugar de funcionarios. En concreto, en la Agencia Local de Empleo, por la que pasa la gestión de las suculentas ayudas al empleo y a la promoción económica.
El convenio que ha sido declarado ahora nulo es el segundo del Ayuntamiento de Gijón en el que los tribunales aprecian ilegalidades. Uno anterior ya fue anulado parcialmente. Cuando AFAG interpuso la demanda, en 2004, UGT y CC OO convocaron manifestaciones contra el sindicato de funcionarios.
Equilibrio de fuerzas sindicales
Negociación conjunta
En 2003 el Ayuntamiento comenzó a negociar de forma conjunta para funcionarios y personal laboral el convenio colectivo.
Fuerzas
Con esa medida, CC OO y UGT, minoritarios entre los funcionarios, pasaban a ser los mayoritarios al sumar sus delegados de personal laboral en fundaciones y patronatos.
Sentencia
El Tribunal Supremo declara nulo ahora el primer convenio colectivo que se negoció así, el de 2003-2007.
Consecuencias
El Ayuntamiento difícilmente podrá volver a hacer una negociación conjunta.
El Ayuntamiento de Gijón tendrá que negociar los futuros convenios colectivos por separado con funcionarios y personal laboral, tras una sentencia del Tribunal Supremo que ha declarado nulo el convenio colectivo para los años 2003-2007, precisamente por haberse alcanzado en una negociación conjunta. Desde 2003, el Ayuntamiento ha establecido una única mesa de negociación para funcionarios y laborales, una medida que le permite a UGT y CC OO cerrar acuerdos sobre los funcionarios, a pesar de que ambos sindicatos son minoría en este colectivo. En cambio, entre el personal laboral de fundaciones y patronatos municipales cuentan con una mayoría aplastante.
La maniobra del gobierno local para variar el peso de los distintos sindicatos en la negociación colectiva de los funcionarios municipales fue denunciada ante los tribunales por el sindicato AFAG. Con la creación de una mesa conjunta, éste sindicato, USIPA y CSI quedan excluidos de la misma, al no contar con suficiente representatividad. Sólo el sindicato de policías locales SIPLA, que es el mayoritario entre los funcionarios, puede acceder a esa mesa conjunta de negociación, eso sí, como minoritarios frente a la mayoría aplastante de UGT y CC OO.
La sentencia del Tribunal Supremo ratifica ahora la inconstitucionalidad de la negociación conjunta auspiciada por el gobierno municipal. La legislación que había en el momento en el que se negoció aquel convenio ha sido modificada parcialmente, para permitir a las administraciones establecer una mesa de negociación conjunta para materias comunes, pero sigue siendo precisa una negociación separada para cuestiones específicas de los funcionarios, como la carrera administrativa y las retribuciones, que son el meollo de cualquier negociación. El Ayuntamiento ha seguido mezclando a ambos colectivos también en estos apartados, en el convenio actualmente en vigor y que ha sido impugnado judicialmente por AFAG.
Representantes del sindicato explican que la negociación en una mesa conjunta es lo que ha propiciado que en el Ayuntamiento de Gijón se dé el caso de que existan jefaturas de servicio desempeñadas por personal laboral, en lugar de funcionarios. En concreto, en la Agencia Local de Empleo, por la que pasa la gestión de las suculentas ayudas al empleo y a la promoción económica.
El convenio que ha sido declarado ahora nulo es el segundo del Ayuntamiento de Gijón en el que los tribunales aprecian ilegalidades. Uno anterior ya fue anulado parcialmente. Cuando AFAG interpuso la demanda, en 2004, UGT y CC OO convocaron manifestaciones contra el sindicato de funcionarios.
Equilibrio de fuerzas sindicales
Negociación conjunta
En 2003 el Ayuntamiento comenzó a negociar de forma conjunta para funcionarios y personal laboral el convenio colectivo.
Fuerzas
Con esa medida, CC OO y UGT, minoritarios entre los funcionarios, pasaban a ser los mayoritarios al sumar sus delegados de personal laboral en fundaciones y patronatos.
Sentencia
El Tribunal Supremo declara nulo ahora el primer convenio colectivo que se negoció así, el de 2003-2007.
Consecuencias
El Ayuntamiento difícilmente podrá volver a hacer una negociación conjunta.
Ecoloxistes lleva ante la Comisión Europea los dragados de la bahía gijonesa
Ecoloxistes n'Aición d'Asturies ha presentado una queja ante los órganos competentes de la Comisión Europea (CE) por los dragados de la bahía gijonesa, en donde se han extraído unos 24 millones de metros cúbicos de arena para los rellenos de la obra del superpuerto. La citada organización considera que esas operaciones, ya finalizadas y en las que participaron dos dragas, incumplieron la normativa de la UE, en concreto la legislación que afecta a las condiciones de vertido o al límite de las zonas de dragado.
Las autoridades comunitarias pueden abrir ahora, a partir del estudio de la denuncia, un procedimiento de infracción contra España por vulnerar el derecho comunitario. Ese proceso podría sustanciarse, si la CE acepta el contenido de la queja, con sanciones graves.
La citada organización ambientalista pide que se suspenda la tramitación del proyecto, «y, en definitiva, que se lleven a cabo cuantas acciones estén entre las facultades de la Comisión para impedir que se apliquen fondos europeos en actuaciones contrarias al Derecho comunitario».
No es la primera vez que la obra del superpuerto llega ante las autoridades europeas. Los Verdes, que comparten el Ejecutivo de Asturias con el PSOE e IU, lograron el respaldo de la CE a una iniciativa anterior por el uso de ayudas comunitarias en la ampliación de El Musel Tras esa denuncia, la CE calificó de irregular el procedimiento seguido por el Puerto para modificar el presupuesto de la obra debido a un sobrecoste de 216 millones (sin IVA). El Gobierno de España tuvo que resignarse a perder la posibilidad de obtener nuevos fondos de cohesión para el superpuerto.
Ecoloxistes señaló ayer que el Ministerio de Medio de Ambiente y el Gobierno del Principado no tomaron medidas preventivas, correctoras o sancionadas ante los dragados de la bahía. El gijonés Marcelino Laruelo Roa tiene interpuesta una denuncia ante la fiscalía, desde hace meses, por la extracciones en el fondo marino gijonés.
Las autoridades comunitarias pueden abrir ahora, a partir del estudio de la denuncia, un procedimiento de infracción contra España por vulnerar el derecho comunitario. Ese proceso podría sustanciarse, si la CE acepta el contenido de la queja, con sanciones graves.
La citada organización ambientalista pide que se suspenda la tramitación del proyecto, «y, en definitiva, que se lleven a cabo cuantas acciones estén entre las facultades de la Comisión para impedir que se apliquen fondos europeos en actuaciones contrarias al Derecho comunitario».
No es la primera vez que la obra del superpuerto llega ante las autoridades europeas. Los Verdes, que comparten el Ejecutivo de Asturias con el PSOE e IU, lograron el respaldo de la CE a una iniciativa anterior por el uso de ayudas comunitarias en la ampliación de El Musel Tras esa denuncia, la CE calificó de irregular el procedimiento seguido por el Puerto para modificar el presupuesto de la obra debido a un sobrecoste de 216 millones (sin IVA). El Gobierno de España tuvo que resignarse a perder la posibilidad de obtener nuevos fondos de cohesión para el superpuerto.
Ecoloxistes señaló ayer que el Ministerio de Medio de Ambiente y el Gobierno del Principado no tomaron medidas preventivas, correctoras o sancionadas ante los dragados de la bahía. El gijonés Marcelino Laruelo Roa tiene interpuesta una denuncia ante la fiscalía, desde hace meses, por la extracciones en el fondo marino gijonés.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)