ELOGIO DE LA POLÍTICA

FESTINA LENTE

jueves, 20 de enero de 2011

EBHISA no prevé crecimiento en 2011

La terminal granelera de El Musel (EBHISA) no espera un aumento significativo de sus tráficos en 2011, debido a la incertidumbre que rodea las importaciones de carbón térmico, según informaron ayer a EL COMERCIO fuentes de la citada empresa. La EBHI movió el pasado año 10.636.000 toneladas (5.796.000 de mineral de hierro y 4.840.000 de carbón) al descargar un total de 116 barcos. La caída del carbón térmico no sólo reduce el tráfico de El Musel, sino también el peso de la terminal granelera en el contexto portuario, aunque su actividad sigue siendo ampliamente mayoritaria. El pasado año, la terminal granelera que opera en el muelle de Marcelino León movió el 68% de la mercancía que pasó por El Musel, mientras el mismo porcentaje fue del 77,7% en 2005, año récord de tráfico en el puerto gijonés. O sea, casi diez puntos menos en un quinquenio.
Las fuentes referidas indicaron que las previsiones son ahora menos concretas que hace unos años y están sometidas a lo largo del ejercicio a cambios que pueden llegar a ser significativos. Sin embargo, todo apunta a que el principal cliente de la terminal, Arcelor Mittal, mantendrá sus importaciones de materia prima en niveles similares a los de 2010 y que la llegada de carbón térmico se estancará.
No obstante, lo que ocurra definitivamente con el decreto que obliga a las térmicas a comprar altos porcentajes de carbón nacional puede cambiar las cosas. Las empresas eléctricas recurrieron el decreto, que quedó en suspenso, al menos en la práctica, a la espera de resolución judicial.
La obligación que el Gobierno pretende imponer para proteger el carbón nacional limita las importaciones en porcentaje variable según la capacidad y otros factores de cada térmica, pero la gran mayoría del consumo, entre el 70% y el 85%, debe ser carbón nacional.
Transbordos
EBHISA no se plantea, al menos por el momento, realizar inversiones con vistas a efectuar transbordos. Una de las ideas de la Autoridad Portuaria de Gijón, que tiene mayoría accionarial en la EBHI, para aumentar el tráfico granelero es que El Musel actúe como puerto distribuidor, es decir, que reciba grandes barcos aprovechando sus calados importantes, y transborde la mercancía a barcos más pequeños para atender las necesidades de otros puertos. Un operador ubicado en Aboño realiza ya importaciones de carbón, en barcos de unas 70.000 toneladas, que criba y selecciona para redistribuirlo luego con barcos más pequeños.
EBHISA ha desestibado alguno de los barcos de entrada, pero actualmente no dispone de cargador, que otrora tuvo y fue vendido al puerto de Tarragona por su nulo uso, de forma que son estibadoras privadas las que cargan los barcos distribuidores.
Las fuentes consultadas por este periódico indicaron que el volumen de transbordos no justifica la inversión necesaria para optar a esos tráficos. La mera opción, por otra parte, podría causar no poca polémica, por la competencia que una empresa mixta, pero de mayoría pública, como es la EBHI, ocasionaría a la iniciativa privada.
La vigente normativa aboca a la privatización de la EBHI, pero parece ser que no están previstos pasos en ese sentido.

El recurso de la ZALIA busca evitar «un efecto multiplicador en otras regiones», dice la CNC

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) mantiene firme su intención de denunciar ante los tribunales la licitación de los accesos a la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA). Empresarios y constructores asturianos han cargado muy duramente contra esta posibilidad, pero desde la CNC replican que la decisión de llevar el caso ante la Justicia «es firme» y que responde a «un acuerdo mayoritario de nuestro consejo de Gobierno».
Se da la circunstancia de que en este órgano está presente la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon), cuyo presidente, Serafín Abilio, reconoció a este periódico que la discrepancia sobre la ZALIA se había debatido en dicho órgano «entre octubre y noviembre». La disputa estriba en que el Principado ha dividido los accesos en tres contratos y establece para ellos una financiación basada en el pago diferido. Según el mismo, serán las empresas las que tengan que pagarse la obra y, después de la inauguración, la Administración ya les irá retribuyendo el esfuerzo a lo largo de quince anualidades.
La CNC considera que este retraso incumple la Ley de Morosidad, que reduce el margen que las administraciones tienen para saldar sus deudas a solo 50 días para este año, 45 en 2012, y finalmente 30 a partir del 1 de enero de 2013. El presidente de la CAC-Asprocon, Serafín Abilio Martínez, está de acuerdo con que la citada norma «está mal planteada y además no se cumple, pero hay otras maneras de oponerse a ella».
Esa es la posición que expuso en su día en el seno de la CNC y que consideró aceptada por el resto de asociados. De ahí su «sorpresa e indignación» ante el proceder de la patronal nacional, que en diciembre ya presentó un recurso ante la Consejería de Infraestructuras y ahora amenaza con elevar el asunto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
Con esta maniobra, la CNC persigue «evitar un efecto multiplicados en otras comunidades» que podrían licitar su obra pública también bajo la fórmula del pago diferido. Según explicaba ayer este diario, en el sector se da por hecho que la maniobra la está espoleando la organización Seopan, representante de las 32 mayores empresas de la construcción. Paradójicamente, el pago diferido, así como el resto de fórmulas de colaboración público-privadas, perjudica a las medianas y pequeñas compañías y favorece los intereses de las grandes firmas con balances saneados, pues son ellas las que tienen mayor facilidad para lograr créditos o poner los recursos propios suficientes para financiar la ejecución de la obra.
Sobre este particular apuntó ayer el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, que la licitación de los accesos exige el concurso de «empresas que tienen que venir con su problema de financiación resuelto; hay muchas que ya lo tienen y otras que parecen tener dificultades». El presidente del Ejecutivo asturiano advirtió: «No vamos a aceptar que la CNC nos traslade los problemas de las empresas que tienen dificultades».
Álvarez Areces considera del todo «inaceptable» que la CNC «increíblemente» trate de impugnar una licitación que fue «pactado en la concertación social». Por ello se congratuló de que la CAC-Asprocon y Fade hayan salido en defensa del Principado en este conflicto.
Las espadas están en todo lo alto ante la reunión que esta mañana celebra la CNC en Madrid y en la que Abilio Martínez ha prometido tratar el asunto. «Confío en que nos entiendan y no pongan el recurso porque, de lo contrario, tendremos que tomar medidas», indicó.

El informe de alegaciones rechaza la ampliación de los núcleos rurales

El edil de Urbanismo explicó ayer que de los 1.510 escritos alegatorios recibidos por el Ayuntamiento, en torno a 800 tenían que ver con pretensiones de particulares de modificar usos y aprovechamientos en suelos calificados como no urbanizables y de incorporar sus fincas a los núcleos rurales del municipio.
Sanjurjo avanzó que todos esos recursos han sido desestimados en el informe de alegaciones que se llevará al Pleno del día 28. El motivo no es otro que el ya esgrimido durante el proceso de aprobación inicial de revisión del PGO. El Ayuntamiento considera que los 154 núcleos existentes, que ocupan el 12% del territorio municipal, «tienen capacidad suficiente para atender las necesidades residenciales de la población que sigue vinculada en Gijón al mundo rural. El concejal indicó que en los núcleos rurales cuyo crecimiento se quiere contener existen 3.979 viviendas construidas y, con la previsiones del nuevo documento urbanístico, hay capacidad para desarrollar otras 4.367.
Sanjurjo insistió en que la normativa del Principado (ROTU y TROTU) es muy clara al respecto cuando se refiere a los núcleos rurales. «Tienen la finalidad de atender soluciones residenciales de personas vinculadas con la actividad primaria (ganadería y agricultura), pero no pueden sustituirlos usos del suelo urbano», subrayó.
Corredores fluviales
Sobre las zonas de protección ambiental, indicó que no se han producido cambios en esta fase de la tramitación del PGO: sí es novedad, dijo, la delimitación de corredores fluviales «para evitar problemas de afecciones a viviendas en zonas con riesgo de inundación». En este sentido, el Ayuntamiento ha reproducido los corredores que tiene previstos en su mapa de zonas de riesgo la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC).
Sanjurjo también destacó que en este trámite de revisión de la normativa urbanística ha habido menos alegaciones que en ocasiones anteriores y que el proceso se ha desarrollado en «un clima de debate y participación satisfactorios».
Sobre el 30% de alegaciones estimadas parcial o totalmente, dijo que es «un reflejo de la voluntad del equipo de gobierno de estudiar y conocer las inquietudes de los ciudadanos siempre que no se modifiquen criterios básicos de ordenación». También recordó el calendario del PGO, cuya aprobación provisional tendrá lugar en el próximo Pleno. Durante febrero -explicó- los ciudadanos y entidades empezarán a recibir las respuestas individuales de sus alegaciones.

El Ayuntamiento da marcha atrás a los derribos hosteleros en la Ería del Piles

El Ayuntamiento dará marcha atrás a su pretensión inicial de derribar todos los negocios hosteleros y un bloque de apartamentos del borde costero de la Ería del Piles. El cambio está ligado a los 490 recursos ciudadanos que se han estimado parcialmente o en su totalidad tras la última información pública de la revisión del Plan General de Ordenación (PGO). Según explicó ayer el concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, se han tomado en consideración el 30% de las alegaciones presentadas de un total de 1.510 para «mejorar y perfeccionar» el documento.
El anterior planteamiento municipal para la regeneración urbanística de la Ería del Piles se encontró desde el primer momento con el rechazo frontal de los arrendatarios de negocios hosteleros en la zona, porque implicaba traslados obligatorios y generaba una gran incertidumbre laboral.
Con el respaldo de la Asociación de Hostelería de Gijón, hicieron frente común para mantener su privilegiada ubicación en primera línea de playa y ahora, tras defender a través de elaboradas, complejas y costosas alegaciones su postura, han conseguido que el Ayuntamiento cambie su plan inicial y deje las cosas tal y como estaban. La solución que se llevará al Pleno del próximo día 28 desdoblará el ámbito comprendido entre el Sanatorio Marítimo y lo que fue El Parque de El Piles. Por un lado estará la franja que va de Las Terrazas del Pery al Marítimo en la que el empresario hostelero Ricardo Tascón es el mayor propietario de suelo (con la nomenclatura de PE 11-A) y por otro quedará desgajada la zona en que se concentran los actuales negocios de hostelería y el edificio ahora sin uso de Ingemas (con la nomenclatura de PE 11-B).
Respecto a ese segundo espacio de concentración hostelera, Sanjurjo garantizó que La Buena Vida, el Bellavista, el Faro del Piles y Las Terrazas del Pery podrán seguir desarrollando su actividad en el emplazamiento actual. También indicó que esa permanencia no elimina la posibilidad de introducir cambios urbanísticos en ese enclave de usos terciarios que, en todo caso, estarían sujetos a la tramitación de un plan especial promovido por iniciativa privada.
Ello significa que los edificios actuales se podrían reformar enteros e, incluso, ser sustituidos por otros en el mismo lugar si así lo decidieran los propietarios afectados en junta de compensación. La premisa es que se debe mantener el aprovechamiento hostelero, así como una edificabilidad de 0,3 metros cuadrados por metro cuadrado y que las nuevas construcciones deben tener una altura máxima de bajo más dos plantas.
El bloque de 38 apartamentos del Rick's, en la avenida de José García Bernardo, también podrá permanecer donde está. Pero en su caso el Plan General le obligará a reformar «toda su envolvente» para adecuarse a la estética de cinco edificios de nueva planta que se construirán orillados a la carretera de La Providencia, en disposición perpendicular al paseo marítimo y separados entre sí, para albergar usos hosteleros (60%) y residenciales (40%).
El primero de esos bloques, según explicó Sanjurjo, será una especie de prolongación del propio edificio del Rick's. Los volúmenes de estas nuevas piezas edificatorias guardarán semejanza con los que se proyectan para el complejo comercial y de ocio de iniciativa privada en la vecina unidad 100 (UA-100), actualmente paralizada por los tribunales. Y su altura oscilará entre las dos y las tres plantas más bajo.
El esquema para el plan urbanístico en el entorno de El Rinconín mantendrá el criterio de liberar espacio en el borde costero para una nueva playa verde de 20.000 metros cuadrados y de incardinar en la zona un equipamiento dotacional de 8.000 metros cuadrados (en el espacio donde estaba el Rocamar).
Realojo para 14 chalés
Para la bolsa de vivienda unifamiliar que queda en las inmediaciones del Sanatorio Marítimo, en lo que se conocía como barrio de La Folguera, se plantean varias alternativas. Una de ellas es que puedan seguir residiendo en la zona. Para ello se incluye en el ámbito una reserva de terrenos ad hoc para construir pareados. Se trata de una parcela casi contigua a la que los promotores del complejo de ocio tienen habilitada para realojar a los dueños de los chalés que interfieren desde hace años en su proyecto comercial. Según explicó el edil de Urbanismo, hay en torno a 14 chalés que tendrían que moverse de sitio y con los que hay que negociar algún tipo de compensación económica o solución de realojo.
Sanjurjo defendió que la solución adoptada para la Ería del Piles, conciliando intereses vía estimación de alegaciones, «disminuirá los costes de desarrollo y urbanización» de esa degradada franja de fachada marítima aún pendiente de ordenación.
El planteamiento para el tráfico en la zona de El Rinconín también se mantiene. Los coches no podrán circular más allá de la glorieta frente a las Terrazas del Pery. A partir de ahí el itinerario será exclusivo para peatones y ciclistas. Para compensar la pérdida de ese tramo, se establecerá un nuevo circuito interno que conectará la avenida de José García Bernardo con la carretera de La Providencia en una especie de bucle, cuya puesta en servicio depende de la construcción de nuevas glorietas.
Una de ellas, la que tienen que desarrollar los promotores del complejo de ocio en el encuentro de las carreteras del Infanzón y La Providencia.
Retoques en el Oeste
El otro asunto espinoso de la revisión del Plan General, el de la la desaparición del barrio de El Muselín, también será objeto de algunos retoques, aunque en este caso la decisión municipal de desalojar de allí al vecindario no tiene marcha atrás. Sanjurjo aseguró que la oficina de revisión del PGO encargó un nuevo informe geológico que ha vuelto a dictaminar que El Muselín no es apto para la consolidación de un uso residencial por la deficiente estabilidad de los terrenos.
Para intentar rebajar la tensión con la agrupación vecinal que lidera Ángel Piñera, el Ayuntamiento revisará la calificación de las fincas de El Muselín a efectos de su valoración. De esta forma, en lugar de como suelo de protección (suelo no urbanizable) las preexistencias del barrio se pagarán como suelo urbano, con independencia de que en su lugar esté previsto el desarrollo de una nueva zona verde.
«Queremos que los vecinos de El Muselín no vean disminuido su valor patrimonial con esta transición», remarcó Pedro Sanjurjo, quien volvió a recordar que el proceso de sustitución de un centenar de casas por un parque será «gradual y a medio o largo plazo. Un tiempo largo que se resolverá atendiendo al valor de las propiedades de ese barrio».
Soporte de 1.400 pisos
La otra novedad en relación con la operación de El Muselín consistirá en ampliar la carga económica del sistema general previsto para ese barrio a un mayor número de promotores inmobiliarios. La adquisición de las 100 viviendas de El Muselín se vinculará a desarrollos inmobiliarios que prevén la construcción en total de 1.400 pisos. Se trata de operaciones residenciales localizadas en Jove, que van de la mano de la construcción de la nueva ronda Oeste por ese barrio, y a los que ahora se suman también las actuaciones previstas en la avenida del Príncipe de Asturias (siempre que su propiedad revierta en el Ayuntamiento tras la puesta en marcha de los nuevos accesos a El Musel por Jove). Según indicó Sanjurjo, «ello ofrecerá más posibilidades de negociación y compensación y garantizará la viabilidad económica».
El edil de Urbanismo aseguró que el Ayuntamiento «será garante del proceso de desarrollo» de esas operaciones residenciales que deben soportar financieramente el desalojo de los vecinos de El Muselín: «Serán de iniciativa pública, para que el barrio no se sienta solo en este proceso de transición».