1. Pregunta del Diputado del Grupo Mixto don Luis Armando Fernández Bartolomé a la Consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo sobre cuáles son las prioridades de su Consejería en materia de turismo para impulsar un modelo turístico propio.
2. Pregunta del Diputado del Grupo Mixto don Luis Armando Fernández Bartolomé a la Consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo sobre qué medidas de control desarrolla la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo para evitar la proliferación de viviendas de uso turístico sin licencia para ello.
3. Pregunta del Diputado de Grupo Mixto don Luis Armando Fernández Bartolomé a la Consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo sobre qué acciones tiene pensado desarrollar su Consejería para favorecer la música callejera y en lugares públicos.
4. Pregunta del Diputado del Grupo Mixto don Luis Armando Fernández Bartolomé a la Consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo sobre qué medidas tiene previstas su Consejería para fomentar los comportamientos medioambientalmente responsables ante las previsiones de aumento de visitantes en los entornos naturales y paisajísticos del Principado de Asturias.
Comparecencia de la Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, a solicitud de la Diputada del Grupo Parlamentario Vox doña Sara Concepción Álvarez Rouco, para que informe sobre la política en general en materia de acogimiento de menores y, más en concreto, en relación al Proyecto Marco de Acogimiento Residencial y el nuevo modelo que se plantea.
En 2018, el 21% de los menores de los que el Principado guardaba la tutela o la custodia tenía menos de 6 años. El grupo mayoritario, de hecho, lo protagonizaban los 19 bebés recién nacidos. Hasta los 6 años, eran 47 los menores que residían en centros públicos o concertados. En aquel momento, los adolescentes, entre los 16 años y la mayoría de edad, representaban el 15% del total de 224 menores bajo la protección del Gobierno regional. Es decir, 35.
Cinco años después, las cifras han dado un vuelco. De los 352 menores que tutela el Principado, solo el 8% son menores de seis años. La mayoría, el 35%, ya han cumplido los 16 años. En cifras, en los centros públicos y concertados que gestiona la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar viven solo 28 menores de 6 años frente a los 123 que ya han cumplido los 16.
Un giro que la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha reconocido durante la comparecencia que, junto a la directora del Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia y a las Familias, Marta del Arco, ha tenido hoy ante la Comisión de Derechos Sociales y Bienestar de la Junta General del Principado. Según explicaron ambas, el giro lleva por dos motivos principales. «Uno, por la aplicación de la nueva ley de infancia, que obliga a que los menores de 6 años no estén institucionalizados, sino que se les busque familia de acogida, ya sea propia o ajena». Esa norma ha llevado a que, ahora mismo, «los ingresos de esos menores sean de cuatro, como media mensual». El giro en el grupo de edad a proteger ella por un problema que ha ido a más en la última década «la incapacidad parental para el control de hijos e hijas adolescentes».
Una situación por la que le preguntaron los portavoces de PP, Ciudadanos, Foro y Grupo Mixto, Reyes Fernández Hurlé, Manuel Cifuentes, Adrián Pumares y Armando Fernández Bartolomé, respectivamente. Pese a que Vox fue el grupo que forzó la comparecencia de la consejera, no asistió a la misma. IU declinó hacer preguntas y el PSOE respaldó la gestión de la consejería.
Tanto Melania Álvarez como Marta del Arco aclararon que el aumento de casos de adolescentes «por la incapacidad de control parental no responde siempre a problemas de conducta del menor», sino que también hay dificultad en los padres para gestionar la adolescencia de sus hijos. En esa línea, Del Arco explicó que «muchos de los jóvenes que llegan por maltrato intrafamiliar, es decir, maltrato de hijos, normalmente varones, a sus madres, cuando entran en un centro tienen un comportamiento muy adaptativo».
Armando Fernández Bartolomé, ex diputado de Ciudadanos y portavoz del Grupo Mixto, lideró el debate reprochando que no haya «memoria 2022», y, sobre todo, «que no haya una memoria económica». Advirtió que «hay menores en zonas de sombra, que no van a llegar por sí mismos a la Administración, que debe ser proactiva».
Desde Ciudadanos Manuel Cifuentes puso el foco en «las ayudas a las familias de acogida, que no tuvieron retrasos en el pago». A ese respecto, Melania Álvarez reconoció los problemas de gestión «tras la entrada en vigor de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Sociales», pero, aseguró, «ya están solventados. Se realizan pagos mensuales, vinculados a los derechos del menor». El PP pidió no separar a los hermanos. «Algo que, por norma, no hacemos», dijo Álvarez.
Pregunta del Diputado del Grupo Mixto don Luis Armando Fernández Bartolomé a la Consejera de Derechos Sociales y Bienestar sobre si cree que podría ayudar a la mejora de los tiempos para el acceso, valoración y reconocimiento de la dependencia y discapacidad integrar los procedimientos y equipos de valoración de cada una de estas situaciones.
Las dos principales
causas que llevan a una persona a estar en situación de dependencia son el
envejecimiento y la discapacidad.
La discapacidad es un
elemento inseparable de la dependencia: todas las personas en situación de
dependencia lo son a consecuencia de una discapacidad (funcional, cognitiva, provocada
por el envejecimiento o no) que les dificulta o impide atender por sí mismas
las necesidades de la vida ordinaria, y que precisan, por tanto, de apoyos
externos.
Es cierto que esto no
ocurre al revés, no todas las personas con discapacidad son dependientes.
Sin embargo a pesar de
esta relación entre ambas situaciones, la opción que se ha adoptado en nuestro
país es clasificar y valorar por separado discapacidad y dependencia:
-las
situaciones administrativas de discapacidad y de dependencia son distintas
-se
reconocen con un procedimiento diferente
-dan
derecho a prestaciones diferenciadas
-en
general, son atendidas por redes y dispositivos diferentes
La ley estatal no contempla ninguna homologación entre el grado de
dependencia y el de discapacidad (existe alguna excepción para discapacitados que
precisan ayuda de una tercera persona o tiene reconocida una pensión por gran
invalidez).
Es decir, aunque una persona
tenga reconocido un porcentaje de discapacidad y esto implique una dependencia
evidente, debe realizar los trámites pertinentes para el reconocimiento de la
dependencia si quiere alguna prestación recogida en la ley de dependencia.
Simplificando,
el certificado del grado de discapacidad y el reconocimiento de la situación de
dependencia no son lo mismo. Para la solicitud del reconocimiento de la
situación de dependencia no es preciso disponer de un certificado del grado de
discapacidad. Y el certificado del grado de discapacidad no te da acceso al
reconocimiento de la situación de dependencia, y por tanto, no tienes acceso a
sus prestaciones.
Pero es que
además en general, los procedimientos y baremos para la valoración de la
discapacidad y la dependencia están totalmente desconectados, también en
Asturias, lo que supone que las personas se ven sometidas a procesos
burocráticos duplicados, dictámenes por tribunales valoradores distintos, a la
presentación de la misma documentación en ambos procesos, a largas esperas en
el reconocimiento en ambas situaciones, etc… y esto crea desorientación,
cansancio y un desconocimiento de los recursos y derechos que existen.
Una consecuencia de esta
desconexión de los dos sistemas de valoración es la existencia de una cantidad
muy importante de personas que cumpliendo los requisitos para estar en ambas
situaciones sólo han accedido a una de ellas.
Especialmente importante es la
existencia de población potencialmente dependiente no atendida, porque teniendo
reconocida la situación de discapacidad no ha accedido al reconocimiento de la
situación de dependencia.
Pero también, podríamos
señalar que otra de las consecuencias de la existencia de procedimientos
desconectados y con equipos de valoración distintos es la dificultad
organizativa para las administraciones autonómicas, la sobrecarga
administrativa y la ineficiencia en la aplicación de los recursos públicos,
teniendo en cuenta la íntima relación, causa-efecto incluso en muchas de las
situaciones, entre dependencia y discapacidad.
En los
últimos años muchos expertos han apuntado la necesidad de estudiar fórmulas de
coordinación entre ambos sistemas, apuntando la necesidad de establecer
pasarelas entre reconocimientos de dependencia y discapacidad (en Castilla y
León y Cataluña, por ejemplo, se puede valorar el grado de discapacidad por los
informes aportados en los procedimientos dependencia sin una nueva valoración).
Permitir
"pasarelas" entre dependencia y discapacidad que permitiría agilizar,
según las estimaciones menos optimistas, un 25 % del total de las solicitudes
(que no es poca cosa).
El INFORME DE EVALUACIÓN
DEL SISTEMA PARA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA va más allá y recomienda, además de establecer estas
pasarelas entre los reconocimientos de dependencia y discapacidad, estudiar la
posibilidad de integrar los instrumentos y equipos de valoración de la
discapacidad y de la dependencia, de acuerdo con la CDPD, y homologar la
situación de discapacidad (33%) para las personas en situación de dependencia.
Esto agilizaría las
solicitudes, bajando la lista de espera en ambos procedimientos, evitando
duplicidades en los procedimientos, además de la posibilidad de implementar
mejoras en la gestión de los recursos públicos.
En Asturias, donde las
listas de espera para el reconocimiento de dependencia y discapacidad han sido
caballo de batalla toda la legislatura, la gestión de ambos procesos se hace
por equipos distintos y no parece que haya suficientes mecanismos de
coordinación entre ambos. Así que el estudio de ambas posibilidades (pasarelas
e integración de equipos y procedimientos) podría ayudar a mejorar la gestión
en ambos ámbitos.
Es cierto que en Asturias,
más allá de los planes de choque y las encomiendas de gestión para la reducción
de las listas de espera, se han ido introduciendo en los últimos años mejoras
en la gestión de los procesos de valoración y reconocimiento.
Es un dato objetivo por
ejemplo que, en el caso de la dependencia, los esfuerzos a nivel de
contratación de personal, las mejoras en las aplicaciones de expedientes, la compra
de vehículos y la flexibilidad de las condiciones de trabajo de los valoradores
han dado sus frutos.
La aprobación del nuevo
Decreto para el reconocimiento de la dependencia avanza en la simplificación
del procedimiento y la regulación de los procedimientos de revisión (si bien no
está exento de críticas por algunos colectivos como el de trabajadores
sociales). Veremos qué resultados ofrece su aplicación…
Pero en todo caso,
permanece la gestión separada por equipos distintos no interconectados para
dependencia y discapacidad.
Y nosotros creemos, y
así se lo plateamos ya en la negociación de los presupuestos para 2023, que es
necesario explorar las posibilidades que estas dos medidas (pasarelas e
integración de equipos) pueden ofrecer para mejorar la gestión y la aplicación
de recursos públicos, pero sobre todo para dar una mejor respuesta a los asturianos
en el proceso de acceso, valoración y reconocimiento de las situaciones de
dependencia y discpacidad
Propuesta que incluimos en
el documento para la negociación del Presupuesto:
Plan de mejora del acceso, valoración y reconocimiento
de las situaciones de dependencia y discapacidad
A partir de un análisis territorial
detallado, este plan debe incluir:
oEstudio para la integración de los procedimientos y
equipos de valoración de la dependencia y de la discapacidad.
oDefinición y establecimiento de pasarelas entre
reconocimientos de dependencia y discapacidad.
oLa simplificación de los procedimientos de valoración.
oAumento del número de valoradores.
oPlan de formación de los valoradores y la habilitación
de personas de apoyo en las valoraciones de personas con discapacidad
intelectual, daño cerebral o problemas de salud mental
oEstablecimiento de fórmulas flexibles para las
valoraciones, en función del entorno y el territorio.
1. Pregunta sobre si piensa la Consejería de Salud incrementar el número de fisioterapeutas en nuestro sistema sanitario (11/0188/0257/01768).1 2. Pregunta del Diputado del Grupo Mixto don Luis Armando Fernández Bartolomé al Consejero de Salud sobre si piensa la Consejería de Salud actualizar el Plan Autonómico sobre Drogas y Adicciones e incorporar nuevos perfiles de riesgo asegurandolos medios necesarios para atender a todas las personas afectadas en el Principado de Asturias (11/0188/0262/01817). 3. Pregunta del Diputado del Grupo Mixto don Luis Armando Fernández Bartolomé al Consejero de Salud sobre si ha realizado su Consejería la evaluación de la Estrategia sobre Salud Sexual y Reproductiva (ESSR) y, si es así, cuál ha sido su resultado(11/0188/0554/04379).
Interpelación urgente del Diputado del Grupo Mixto Armando Fernández Bartolomé al Consejero de Salud en materia de sanidad y, más en concreto, sobre el sistema de salud asturiano y su nivel asistencial.
