@Álvaro Anchuelo - 27/10/2010 06:00h
Es un ejercicio poco habitual, pero clarificador, leer las cuentas públicas en clave territorial. En ellas queda plasmado cada año numéricamente el proceso de centrifugación del Estado que padecemos. Eso sí, de forma difícilmente discernible para el ojo no especializado. Así se evita el escándalo, pues la mayoría de los ciudadanos no son todavía conscientes de lo sucedido. El año pasado por estas fechas realizábamos un ejercicio similar. Repitámoslo con las cuentas del 2011.
La conclusión general sigue siendo la misma. La capacidad de actuación que la dimensión de los Presupuestos Generales parece proporcionar al Estado resulta engañosa. Detrás de esas macromagnitudes subyace un Estado residual, que ha ido entregando toda capacidad de articular unas políticas comunes en España. Lo que subsiste es un mero "Estado de transferencias", cuya función básica es hacer de intermediario entre los ingresos públicos que recauda y otros destinatarios últimos, que son quienes realmente los gastan. Esto apenas le deja ninguna capacidad de actuación discrecional. Casi todos sus recursos se van en esas transferencias obligatorias, previamente comprometidas.
Veámoslo en cifras presupuestarias. En 2011, el gasto consolidado previsto es de 297.425 millones. Pero, de ellos, 112.215 millones se gastarán en pagar las pensiones de la Seguridad Social, 30.474 millones en las prestaciones y subsidios de desempleo de los parados, 25.268 se transferirán a las Comunidades Autónomas (que, además, se llevarán el 50% de la recaudación del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales), 14.170 se transferirán a las corporaciones locales y 12.117 a la Unión Europea. Réstense asimismo los 27.400 millones correspondientes a los pagos de intereses de la deuda pública. Una vez hechos todos los ajustes, a los Ministerios les quedan 50.468 millones, equivalentes a sólo un 5% del PIB.
El proceso de debilitación de la Administración Central no se ha detenido, ni se está corrigiendo. Todo lo contrario, se acentúa progresivamente. A él han contribuido los nuevos Estatutos y la reforma de la financiación autonómica. Incluso la aprobación de cada Presupuesto requiere jirones adicionales del Estado, como los extraídos por el PNV recientemente. A esto se suma la cuantía cada vez mayor de las prestaciones por desempleo (debido a una tasa de paro que duplica la media de la Unión Europea) y los pagos por intereses de la deuda (reflejo de los insostenibles déficit públicos de los últimos años).
Junto a esta tendencia general, pueden señalarse otras curiosidades que el diseño del Estado autonómico provoca en las cuentas públicas. La nueva financiación autonómica implica una mayor participación de las Comunidades en los tributos estatales, como arriba se ha señalado. Este incremento supera a la disminución de las transferencias, aumentando el total de recursos que la Administración Central cede a las Comunidades. Por ello, aunque los ingresos públicos subiesen el 6% que pronostica el gobierno en 2011, ello no se traduciría en un aumento de los recursos estatales (que caerían un 12,8%).
Por otro lado, algunas Comunidades Autónomas han introducido recargos en su parte del IRPF, con tramos cuyos umbrales no siempre coinciden con los del tramo estatal. Comunidades como Asturias o Extremadura tendrán así 8 tramos. En Cataluña, el tipo marginal para rentas superiores a 175.000 euros se situará en el 49%. Todo esto complica el funcionamiento del sistema fiscal, e implica niveles de fiscalidad propios de los países nórdicos (pero sin las contrapartidas).
Un año más, el País Vasco y Navarra reciben un trato privilegiado, que les proporciona una financiación autonómica per cápita que duplica la de las Comunidades de régimen común. Este privilegio se verá incrementado en el País Vasco al incluir en el cupo lo arrancado en la negociación de estos Presupuestos. El botín incluye no sólo las políticas activas de empleo, sino también un aumento de los recursos para I+D, que contrasta con la reducción global que sufren en el conjunto de España.
Incluso la principal partida activa de cierta influencia que quedaba dentro del gasto del Estado, el gasto en infraestructuras, está siendo preasignada en los nuevos Estatutos (con unos porcentajes que nada garantiza que acaben sumando 100). La inversión pública territorializada refleja esto, unido al tratamiento preferencial que otorga el gobierno a las Comunidades políticamente afines. Un año más, Andalucía (con el 17,8%) y Cataluña (con el 15,2%) reciben la tercera parte del total. Cataluña, al quedar por debajo del límite del 18,6% fijado unilateralmente en su nuevo Estatuto, recibe además "proyectos pendientes de determinar" hasta alcanzar dicho límite. Frente a ellas, a la Comunidad de Madrid se le asigna un 10,6%, por ejemplo.
El Fondo de Compensación Interterritorial podría ser un importante instrumento de reequilibrio regional, al permitir la financiación de infraestructuras en las Comunidades menos ricas. La disminución de los fondos europeos acentúa la necesidad de reforzarlo. En estos presupuestos, por el contrario, se reduce un 36,8%, quedando en la cifra a todas luces insuficiente de 762 millones de euros.
Estos son los resultados de las cesiones realizadas por PSOE y PP durante décadas a unas muy reducidas minorías nacionalistas, a las que necesitan para mantenerse en el poder. Tal vez por ello, sólo un partido (UPyD) ha señalado estas contradicciones durante el debate presupuestario.
