Sobre las declaraciones de Javier Fernández en Sobrescobio

UPyD Asturias quiere expresar que el gobierno de España del PSOE ha variado su política de vivienda a nivel nacional por considerar que la coyuntura ha variado. Existe el consenso general de que es innecesario sostener económicamente un sector sobredimensionado como el de la construcción. Declarar que el Principado "no va a cambiar la política de vivienda" revela su desconexión con la realidad económica asturiana, o lo que es peor, la supeditación de las políticas presupuestarias al acuerdo con las consejerías de Izquierda Unida por encima de las necesidades de los ciudadanos.

Ignacio Prendes ha declarado “Javier Fernández no puede defender no cambiar la política de vivienda del Principado, plantear una política de defensa de los fondos mineros, de la cual los socialistas han sido fracasados gestores, decir que «el modelo a seguir por Asturias es lo que se ha hecho en las cuencas mineras»  donde se han perdido 19.000 habitantes en el periodo 00/10, declarar que es necesario “ ir ganando tiempo en la defensa del carbón autóctono” y al mismo tiempo solicitar un cambio de modelo productivo «flexible, moderno y orientado al exterior». Al candidato socialista se le debe exigir que explique de manera clara que nuevo modelo sanitario, educativo y económico propone, si este pasa por un hipotético “modelo cuencas mineras” de que consta de manera exacta tal modelo y si pretende exportarlo al resto de Asturias. “

Respecto a las declaraciones del Consejero de Economía y Hacienda Sr. D. Jaime Rabanal sobre los presupuestos del Principado de Asturias.

UPyD Asturias considera que durante la aprobación de estos presupuestos se ha perdido la oportunidad de mandar un mensaje claro de unidad y rigor a la ciudadanía por parte de los partidos políticos. Si por parte del PSOE e Izquierda Unida la interpretación de estos presupuestos ha sido fundamentalmente de carácter político y clientelar, un Partido Popular perdido en cuitas internas se ha desentendido de este fundamental proceso.

UPyD quiere solicitar al Consejero de Hacienda y al gobierno socialista que no aplacen las reformas necesarias, que él mismo reconoce como necesarias en sus declaraciones, al mismo tiempo, que preparen una verdadera priorización en los ajustes presupuestarios, en los actuales y en los venideros. En este escenario de retroceso de ingresos, con el objetivo de mantener nuestro estado del bienestar, es imprescindible que se acometan aquellas reformas necesarias que garanticen a los asturianos la prestación en condiciones de calidad de aquellos servicios públicos que conforman el núcleo duro de nuestro estado del bienestar. Existe un evidente margen de mejora en cuanto al gasto superfluo, y es el momento de concentrar los esfuerzos de nuestra administración pública en lo fundamental.

Ignacio Prendes candidato de UPyD a la JGPA ha declarado “Estos son tiempo para una política responsable. UPyD ha propuesto desde hace meses el seguimiento de los compromisos de reducción del déficit y la realización de aquellas reformas estructurales necesarias para la racionalización de las administraciones públicas. Por lo tanto, al mismo tiempo que le pedimos firmeza y determinación a los partidos políticos, seremos solidarios con el Gobierno que lleve a cabo estas medidas valientes y necesarias con la intención de garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos asturianos.”

Presupuesto irresponsable

El presupuesto para el año 2011 que acaba de ser aprobado por el Gobierno del Principado incurre en uno de los peores vicios en que cualquier presupuesto puede caer, no se ajusta a la realidad económica asturiana ni española, y ese defecto, cuando ya sabemos que la ocultación consciente de la realidad ha sido una de las principales causas de que la crisis económica nacida con carácter internacional tenga en España especial virulencia, es un auténtico ejercicio de irresponsabilidad.
Según los cálculos más sensatos y razonables, tal como el propio consejero Rabanal reconoció en sus primeras estimaciones y llegando al máximo endeudamiento posible, la capacidad de gasto de Asturias para el próximo año rondará como mucho los 3.700-3.800 millones de euros. Por lo tanto, estos presupuestos que se estiran hasta la cifra de los 4.133 millones son irresponsables por irreales. Al plantear un nivel de gasto que no se corresponde con los ingresos que se van a obtener seguramente estaremos abocados a partir del segundo semestre de 2011 a dejar partidas sin ejecutar además de aplicar nuevos recortes y diferir gastos hacia el futuro.
En esa situación pueden quedar debilitadas preciosamente partidas del presupuesto que en todo caso habría que proteger.
Al mismo tiempo, esta actitud hace que no se acometa ninguna medida de racionalización administrativa, lo que en el actual contexto resulta inevitable e inaplazable, perdiéndose de nuevo un tiempo precioso por sus posibles consecuencias para la población asturiana, imperdonable en un Gobierno que pretenda defender el interés general por encima de los intereses partidistas. Traslada por tanto al Gobierno salido de las próximas elecciones de mayo de 2011 una responsabilidad que se niega a asumir.
En cuanto a los ahorros que se presentan como más relevantes, entre los que se encuentra el acometido en la Consejería de Sanidad, el ahorro real sobre el gasto ejecutado el pasado año no será del 5% que se viene anunciando, sino de poco más del 2%, y este vendrá dado fundamentalmente por el recorte en el sueldo de los funcionarios siguiendo los recortes aprobados en mayo ya por el Gobierno Zapatero y seguramente por recortes en las sustituciones del personal sanitario. El otro ahorro relevante viene motivado por los acuerdos con las farmacéuticas, que también se han generado a nivel nacional. Sin embargo, la inercia en el incremento del gasto sanitario que no se ha parado exige de profundas medidas de reforma en el ámbito autonómico y también nacional, lo que en ningún caso se acomete.
En lo que se refiere a política de vivienda, las medidas aprobadas van en contra de la política del Gobierno socialista a nivel nacional, lo que llama la atención; así, mientras Zapatero ha suprimido los incentivos fiscales y las ayudas a la compra de vivienda, en Asturias se aumentan de 21 a 29 millones de euros –lo que supone, por ejemplo, una cuantía superior al presupuesto anual de un Hospital Comarcal como el de Arriondas–. La incoherencia de sostener artificialmente en el actual escenario de crisis y riesgo un sector sobredimensionado revela el penoso coste económico de un pacto de gobierno que van a pagar todos los asturianos.
Por otra parte, resulta tremendamente preocupante el permanente recurso a artificios contables, como la venta de viviendas a la entidad Vipasa para generar unos ingresos ficticios de 102 millones de euros, el traslado a entidades y entes externos a la Administración de importantes partidas de gasto con el fin de que no consoliden en el presupuesto aunque se trate de entidades 100% públicas o el sistemático retraso de las deudas con proveedores que a tantas pequeñas y medianas empresas perjudica; todas estas maniobras suponen cerrar los ojos a la cruda realidad por el viejo método de «barrer debajo de la alfombra», generan confusión, falta de credibilidad y confianza, que es lo que más necesitamos en este momento, y hacen caer a todos los asturianos en un engaño sobre nuestra situación real y verdadero nivel de deuda.
En UPyD consideramos que en este momento resulta más necesario que nunca mantener los servicios públicos ligados al Estado del Bienestar: educación, sanidad, justicia, servicios sociales, pero hay un importante campo de mejora dentro del entramado de nuestra Administración autonómica para ganar eficacia y eficiencia en el gasto que requiere valentía y un gobierno fuerte que apueste por un nuevo modelo económico, administrativo y social. Como ejemplo, no es posible que no existan fondos para el Campus de la Excelencia de la Universidad de Oviedo, los nuevos Centros de Investigación y Desarrollo o los convenios sanitarios mientras se consumen casi cuarenta millones de euros en un Ente de Radio Televisión Pública (RTPA) perfectamente prescindible.
Por eso este presupuesto es un ejercicio de hipocresía política del Partido Socialista y de su candidato, Javier Fernández, que se hace evidente cuando habla recurrentemente de un cambio de modelo productivo mientras no toma ninguna medida de calado que lo promueva y apuesta por ir a remolque de la realidad.
J. Ignacio Prendes,

Zapatero descubre la agenda social

28.11.2010 -

JOSÉ IGNACIO PRENDES

ABOGADO Y CANDIDATO DE UPYD A LA PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO

Reunión con los treinta mayores grupos empresariales a la búsqueda de ideas, pleno en el Congreso sobre el desempleo y nuevo plan de veintiséis leyes hasta mayo para retomar la iniciativa -con cuestiones tan vitales para la recuperación económica como la regulación de la muerte digna o los consejos de justicia autonómicos-, la creación de la denominada Comisión Nacional de Competitividad, anunciada en la última entrevista dominical, encargada nada más y nada menos que de «definir, evaluar y promover la competitividad de nuestra economía»... ¿Qué vendrá después? Con todo lo que ha llovido, todos los discursos, todas las reformas publicitadas, todos los pactos anunciados -¿alguien se acuerda ya del fracasado Pacto de Zurbano?-, asistimos a la constatación de que la impotencia se extiende hasta el corazón del nuevo Gobierno. Y es que el optimismo irracional de nuestro presidente nos ha hecho perder demasiado tiempo atisbando «brotes verdes», anticipando la salida del túnel para el «próximo trimestre» o anunciando la creación de «un millón de empleos verdes» en los próximos diez años. Tiempo perdido sin adoptar ninguna de las reformas profundas y estructurales que nuestra economía y nuestro país necesitan, mientras crece la inestabilidad en la zona euro. Una vez cobrada la pieza de Irlanda, el gran problema de Europa sigue siendo la falta de confianza en España, que no es otra cosa que la falta de credibilidad de este Gobierno, del Gobierno de Zapatero.

Siguiendo esa tendencia tan querida para el presidente Zapatero de convertir la política en un híbrido de marketing y demoscopia, ha descubierto un nuevo nicho de iniciativa con el que insuflar ánimo a los suyos, lanzar lo que ha denominado una nueva 'agenda social' en la que ocupa lugar relevante la reforma de las políticas activas de empleo. Nuevo descubrimiento, recibido con alborozo por los barones de su partido, que no es sino la constatación de algo de sobra conocido: tenemos un grave problema, con la situación económica estancada (el último dato del PIB es demoledor) y más de 4.600.000 parados, resulta que las políticas activas de empleo no funcionan.

Los datos facilitados hace escasos días por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias son esclarecedores: más de la mitad de los fondos destinados a subvencionar las contrataciones de parados por las empresas asturianas ni siquiera se han gastado: de una partida de 20 millones de euros, sólo se emplearon 9 millones. Síntoma evidente de que las subvenciones a la contratación no sirven para fomentar la creación de empleo; a otros fines, quizá; a este, desde luego no. Desde hace mucho tiempo, esto es un lugar común para la mayoría de los expertos que se han preocupado por estudiar nuestro mercado laboral, al igual que el hecho de que la formación para el empleo, controlada en gran parte por los agentes sociales y de la que desconocemos muchos datos, y la actual estructura de los servicios públicos de empleo, tampoco son un instrumento adecuado para luchar contra el paro. Desgraciadamente, en un ejercicio de auténtica irresponsabilidad política, la reforma de todos estos instrumentos no fue un asunto prioritario para el Gobierno y el PSOE en la reciente e inane reforma laboral, negociada durante más de dos años y que se acabó imponiendo por decreto.

A todos aquellos que defendemos la necesidad urgente de reforzar la columna vertebral y común del Estado, las líneas generales de esta nueva reforma apuntadas por uno de los últimos portavoces del Gobierno, José María Barreda, pueden parecernos un primer paso. Pero las dudas afloran de inmediato, y es que la credibilidad de este Gobierno roza mínimos históricos ganados a pulso.

Es el mismo Gobierno y el mismo partido que acaba de pactar con el PNV una nueva ruptura de la cohesión, un nuevo privilegio, un paso más (y van..) hacia la deconstrucción del Estado: la transferencia de las políticas activas de empleo a cambio de año y medio de estabilidad parlamentaria. Un pacto en absoluto inocuo como se ha querido vender, ya que supone abrir una grieta estimable en uno de los últimos reductos de la solidaridad interterritorial que resistía incólume en España: la caja única de la Seguridad Social. En esta cuestión, el meollo no está tanto en qué se ha cedido, sino en cómo se ha hecho. Para atender al 2,36% de los parados españoles que son vascos -la tasa de paro en el País Vasco es la más baja de España- se han transferido a esa comunidad 472 millones de euros, el 6,24% de los fondos estatales para políticas activas de empleo, porcentaje calculado según el ventajoso e injusto sistema de cálculo del cupo. Así, cada parado vasco dispondrá de 4.298 euros de media para las políticas activas que fomenten su recolocación, mientras que un parado asturiano medio (o extremeño, murciano, gallego.) dispondrá de 1.688 euros para los mismos fines. Amén de la cesión en igual porcentaje de las bonificaciones a las cuotas empresariales a la Seguridad Social, lo que afecta al corazón mismo de la caja única: la capacidad de recaudación. Una contradicción evidente con lo que se dice pretender con esta nueva 'agenda social'.

La hoja de ruta trazada se antoja complicada y difícil. Se anuncia un periodo de diálogo con los agentes sociales a la búsqueda de consensos, y nada hace presagiar que los que no fueron capaces de pactar una reforma laboral digna de ese nombre, ahora van a ser capaces de aceptar los cambios radicales y necesarios en cuestiones vitales como la formación continua o la formación ocupacional. Y por si esto fuera poco, la ruta negociadora continuará con el intento de coordinación de los diecisiete responsables de las comunidades autónomas. En este contexto de extrema debilidad política del Gobierno, este nuevo intento de 'coordinación' vuelve a parecer un obstáculo infranqueable. Y es que un modelo de Estado que ha convertido al Gobierno de España en mero coordinador de intereses territoriales introduce unas debilidades en nuestro sistema que no nos podemos permitir. Es bueno que los ciudadanos tomemos conciencia de ello. Las decisiones que habrá que tomar en el futuro así lo exigen.

400.000 asturianos cobran nómina pública

Oviedo, Luis GANCEDO
Asturias, antaño tan subordinada a la actividad y al empleo de las empresas industriales del Estado -superaban los 50.000 puestos de trabajo a principios de los años ochenta-, mantiene, tres décadas después, una elevada dependencia de las funciones económicas que desempeña la Administración. Casi 400.000 asturianos, entre pensionistas, funcionarios, parados y beneficiarios de otros subsidios, están en la nómina del sector público, según datos recogidos en un documento de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Sus números trazan un perfil de Asturias que, a decir de la misma patronal y de algunos expertos, condiciona el porvenir de la región y puede hacerla más vulnerable cuando, como en esta crisis, están comprometidos los recursos de todas las administraciones.

Las cuentas de FADE están basadas en fuentes estadísticas oficiales y reflejan aspectos como los que se sintetizan a continuación.

l Entre pensionistas, desempleados que cobran prestaciones, empleados públicos y beneficiarios del salario social del Principado y de la ley de Dependencia, Asturias tiene unas 400.000 personas cuyos ingresos dependen de las administraciones públicas. Esto es, 43 de cada 100 asturianos mayores de 16 años están en esa situación.

l Los asturianos cobran algo más de 293.000 pensiones contributivas, cifras que no coinciden exactamente con el número de pensionistas, porque no son infrecuentes los casos de individuos que tienen derecho a dos pagas. Según otra estimación de la Agencia Tributaria, Asturias tiene unos 260.000 pensionistas. Sus ingresos anuales, superiores a los 3.000 millones de euros, tienen una relevancia capital en la renta de las familias. Aportan el equivalente al 15% del producto interior bruto (PIB), una proporción que no se alcanza en ninguna otra comunidad. La singularidad asturiana se explica por el envejecimiento de la población, por la temprana salida del mercado laboral de miles de trabajadores excedentes de actividades en reconversión y por la elevada cuantía de las prestaciones, resultante de la relevancia pasada del empleo industrial, con salarios y cotizaciones más altos.

l La singularidad de Asturias en el caso de las pensiones no lo es tanto en el capítulo de los empleados públicos. La encuesta de población activa (EPA) señala que el conjunto de las administraciones y sus apéndices empresariales tienen unos 73.000 trabajadores en la región, equivalentes al 21,6% de todos los asalariados. Asturias supera ligeramente la media española (20,1%). Los salarios de los empleados públicos inyectan anualmente más de 2.000 millones.

l La gran recesión ha disparado dentro y fuera de Asturias el número de ciudadanos que dependen de las prestaciones y subsidios de desempleo. Tal nómina está formada por casi 49.000 asturianos y supone para el antiguo Inem un desembolso anual cercano a los 580 millones de euros. Otros 7.900 asturianos ingresan el salario social que abona el Principado.

l En total, las transferencias que por los comentados conceptos y por otros análogos recibe la región sobrepasan los 6.100 millones al año, tanto como el 27% del PIB.

«Los números retratan el panorama económico y social de Asturias, una situación que no nos ahoga de momento, pero que tarde o temprano lo puede hacer», expone Alberto González, economista y secretario general de la FADE. Su tesis viene a ser la siguiente: Asturias, a pesar de las transformaciones de las dos últimas décadas, tiene un severo desequilibrio entre el tamaño de su actividad productiva y la dimensión de los ingresos y prestaciones que recibe con cargo a impuestos y cotizaciones. Un déficit estructural que, sostiene González, debería ser muy tenido en cuenta por el poder político al orientar las decisiones de gasto.

A decir del también economista Joaquín Lorences, catedrático de la Universidad de Oviedo, la «posición deudora» de Asturias impone, por un lado, ser «exigentes y muy cuidadosos» con el gasto público y, por otro, desplegar una estrategia que aumente la musculatura de la economía privada y sobremanera el número de empleos.

Esa «posición deudora» convierte a Asturias en una de las regiones que más dependen de las funciones de solidaridad y redistribución de la renta, que, señalan los hacendistas, son propias del sector público en España, constitucionalmente una «economía social de mercado». Y la evolución de la renta de las familias delata, subraya Alberto González, cómo el bienestar de los asturianos sigue claramente por encima de su actividad productiva.

La Fundación Municipal de Cultura reducirá un 6,91% su presupuesto para 2011

Vilabrille asegura que se «mantendrá el nivel de actividad», aunque se acortará la duración de algunas citas y las exposiciones se harán con fondos propios

La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular sufrirá en 2011 un recorte en su presupuesto del 6,91% respecto al ejercicio anterior. Todo ello como consecuencia de las políticas de contención del gasto en las administraciones publicas. En total, dispondrá de 10.491.800 euros para la prestación de los servicios públicos que dependen de ella.

El concejal Justo Vilabrille aseguró que con este soporte económico se mantendrá el mismo nivel de actividad, aunque algunos programas como Danza Gijón, que antes duraba todo un mes, verán reducida su duración por la menor disponibilidad presupuestaria. Y las exposiciones que se organizarán el próximo año se harán con fondos artísticos propios para abaratar también los costes por esa vía.

El edil de Educación y Cultura también garantizó que la fundación que preside seguirá apoyando al tejido asociativo detrás del movimiento cultural de la ciudad con medio millón de euros para subvenciones. Vilabrille indicó que se atenderán sin problemas grandes citas como la Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas (Feten) y se proseguirá la descentralización cultural a través de los centros municipales integrados. Los servicios bibliotecarios municipales, los más demandados por los ciudadanos, contarán con un presupuesto de 1,2 millones de euros.

En el apartado museístico se fijan como prioridades avanzar en el desarrollo de gran proyecto cultural del Museo de Gijón para la antigua fábrica de tabacos -a pesar de la falta de recursos-, las actuaciones y seguimiento de los procesos de conservación de los bienes exhumadnos durante las campañas de excavaciones arqueológicas en Cimadevilla y la participación en los actos conmemorativos del bicentenario de la muerte de Jovellanos.

La Universidad Popular ofertará en torno a 330 cursos con la participación de alrededor de 4.800 gijoneses. Además, el Proyecto Educativo de Ciudad dará cabida a 32.000 alumnos de los 86 centros educativos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de Gijón.

La Camocha, para enero

Por otra parte, el concejal de Educación y Cultura también expresó ayer la «satisfacción municipal» por la resolución con acuerdo del conflicto con las educadoras del ciclo de 0 a 3 años. Vilabrille calificó la negociación llevada a cabo con ellas y los sindicatos de «responsable» y valoró la oferta económica municipal como «buena y generosa». Además, aseguró que las mejoras retributivas «redundarán en beneficio de la calidad del servicio que se presta» en el conjunto de estas escuelas para bebés.

Vilabrille también avanzó que en los próximos días saldrá la convocatoria para cubrir 39 plazas en la nueva escuela construida en La Camocha, cuya actividad empezará en enero.