400.000 asturianos cobran nómina pública

Oviedo, Luis GANCEDO
Asturias, antaño tan subordinada a la actividad y al empleo de las empresas industriales del Estado -superaban los 50.000 puestos de trabajo a principios de los años ochenta-, mantiene, tres décadas después, una elevada dependencia de las funciones económicas que desempeña la Administración. Casi 400.000 asturianos, entre pensionistas, funcionarios, parados y beneficiarios de otros subsidios, están en la nómina del sector público, según datos recogidos en un documento de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Sus números trazan un perfil de Asturias que, a decir de la misma patronal y de algunos expertos, condiciona el porvenir de la región y puede hacerla más vulnerable cuando, como en esta crisis, están comprometidos los recursos de todas las administraciones.

Las cuentas de FADE están basadas en fuentes estadísticas oficiales y reflejan aspectos como los que se sintetizan a continuación.

l Entre pensionistas, desempleados que cobran prestaciones, empleados públicos y beneficiarios del salario social del Principado y de la ley de Dependencia, Asturias tiene unas 400.000 personas cuyos ingresos dependen de las administraciones públicas. Esto es, 43 de cada 100 asturianos mayores de 16 años están en esa situación.

l Los asturianos cobran algo más de 293.000 pensiones contributivas, cifras que no coinciden exactamente con el número de pensionistas, porque no son infrecuentes los casos de individuos que tienen derecho a dos pagas. Según otra estimación de la Agencia Tributaria, Asturias tiene unos 260.000 pensionistas. Sus ingresos anuales, superiores a los 3.000 millones de euros, tienen una relevancia capital en la renta de las familias. Aportan el equivalente al 15% del producto interior bruto (PIB), una proporción que no se alcanza en ninguna otra comunidad. La singularidad asturiana se explica por el envejecimiento de la población, por la temprana salida del mercado laboral de miles de trabajadores excedentes de actividades en reconversión y por la elevada cuantía de las prestaciones, resultante de la relevancia pasada del empleo industrial, con salarios y cotizaciones más altos.

l La singularidad de Asturias en el caso de las pensiones no lo es tanto en el capítulo de los empleados públicos. La encuesta de población activa (EPA) señala que el conjunto de las administraciones y sus apéndices empresariales tienen unos 73.000 trabajadores en la región, equivalentes al 21,6% de todos los asalariados. Asturias supera ligeramente la media española (20,1%). Los salarios de los empleados públicos inyectan anualmente más de 2.000 millones.

l La gran recesión ha disparado dentro y fuera de Asturias el número de ciudadanos que dependen de las prestaciones y subsidios de desempleo. Tal nómina está formada por casi 49.000 asturianos y supone para el antiguo Inem un desembolso anual cercano a los 580 millones de euros. Otros 7.900 asturianos ingresan el salario social que abona el Principado.

l En total, las transferencias que por los comentados conceptos y por otros análogos recibe la región sobrepasan los 6.100 millones al año, tanto como el 27% del PIB.

«Los números retratan el panorama económico y social de Asturias, una situación que no nos ahoga de momento, pero que tarde o temprano lo puede hacer», expone Alberto González, economista y secretario general de la FADE. Su tesis viene a ser la siguiente: Asturias, a pesar de las transformaciones de las dos últimas décadas, tiene un severo desequilibrio entre el tamaño de su actividad productiva y la dimensión de los ingresos y prestaciones que recibe con cargo a impuestos y cotizaciones. Un déficit estructural que, sostiene González, debería ser muy tenido en cuenta por el poder político al orientar las decisiones de gasto.

A decir del también economista Joaquín Lorences, catedrático de la Universidad de Oviedo, la «posición deudora» de Asturias impone, por un lado, ser «exigentes y muy cuidadosos» con el gasto público y, por otro, desplegar una estrategia que aumente la musculatura de la economía privada y sobremanera el número de empleos.

Esa «posición deudora» convierte a Asturias en una de las regiones que más dependen de las funciones de solidaridad y redistribución de la renta, que, señalan los hacendistas, son propias del sector público en España, constitucionalmente una «economía social de mercado». Y la evolución de la renta de las familias delata, subraya Alberto González, cómo el bienestar de los asturianos sigue claramente por encima de su actividad productiva.