Pregunta del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Luis Armando Fernández Bartolomé a la Consejera de Derechos Sociales y Bienestar sobre si contempla su Consejería establecer protocolos en los centros sanitarios, escolares, de ocio y de tiempo libre para la detección y atención de casos de negligencia, violencia física, psicológica o sexual, así como de los problemas de salud mental que pueden padecer los menores .
Camila tiene catorce años y ha
cambiado de carácter de forma radical durante el último curso. Su familia está
muy preocupada, pero no consigue saber qué le pasa. Parece ser que a principios
de este año escolar tuvo una discusión con su amiga Fabiola y dejaron de
hablarse. Desde entonces está muy irritable y agresiva en casa, y reciben notas
de la escuela en las que sus profesores comentan que está iniciando peleas
continuamente y que se está quedando sola por eso. Camila a menudo se siente
tan mal que no es capaz de ir a la escuela. Cuando su antigua amiga Fabiola
pasa por casa para traerle las tareas, Camila se muestra muy callada, y sus
padres le agradecen a Fabiola que siga haciendo intentos por ayudarla. Camila
está teniendo problemas para dormir, y no consiguen que salga sola de casa.
Cuando se encuentran olvidados en la cocina unas escritos de Camila en los que
expresa que quiere morir, sus padres deciden consultar a una experta, y después
de varias semanas averiguan con sorpresa que la causante de todos esos
problemas es Fabiola, que ha estado poniendo en contra de Camila a toda su
clase mediante falsas apariencias y manipulación psicológica, a la vez que
aislaba y le creaba nuevos problemas a Camila. Cuando se descubre la situación,
Camila les pide a sus padres que la cambien de centro educativo, porque nota
que Fabiola todavía domina la situación y que muchos profesores y compañeros
creen que es inocente y que la culpa de todo es de Camila.
La lucha contra la violencia en la infancia es un imperativo de derechos humanos. Para promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño es esencial asegurar y promover el respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de violencia
Las graves repercusiones de la violencia y los
malos tratos sufridos por los niños, niñas y adolescentes son sobradamente
conocidas. Esos actos, entre otras muchas consecuencias, pueden causar
lesiones que pueden provocar discapacidades. Entre otras:
-
problemas de salud física, como el retraso en el desarrollo físico y la aparición
posterior de enfermedades.
- dificultades
de aprendizaje incluidos problemas de rendimiento en la escuela y en el
trabajo.
-
consecuencias psicológicas y emocionales como trastornos afectivos, trauma,
ansiedad, inseguridad y destrucción de la autoestima;
- problemas
de salud mental como ansiedad y trastornos depresivos o intentos de
suicidio,
-
comportamientos perjudiciales para la salud como el abuso de sustancias
adictivas o la iniciación precoz en la actividad sexual.
La
violencia sobre personas menores de edad es una realidad execrable y extendida
a pluralidad de frentes. Puede pasar desapercibida en numerosas ocasiones por
la intimidad de los ámbitos en los que tiene lugar, tal es el caso de las esferas
familiar y escolar, entornos en los que suceden la mayor parte de los
incidentes y que, en todo caso, debieran ser marcos de seguridad y desarrollo
personal para niños, niñas y adolescentes. Además, es frecuente que en estos
escenarios de violencia confluyan variables sociológicas, educativas, culturales,
sanitarias, económicas, administrativas y jurídicas, lo que obliga a que
cualquier aproximación sobre la cuestión requiera un amplio enfoque
multidisciplinar.
