La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) protesta por las restricciones aprobadas por el Gobierno central sobre la financiación de los ayuntamientos. La primera sorpresa llegó con el aplazamiento del diálogo sobre el modelo de financiación municipal que se había comprometido el Gobierno a realizar simultáneamente a la negociación con las comunidades autónomas. Pero lo que ha colmado la paciencia de alcaldes de todos los partidos ha sido la aprobación del decreto-ley impidiendo que los ayuntamientos recurran a la deuda. Esta medida fue tomada en plena histeria sobre la quiebra de Grecia. La propuesta supone la puesta en vigor de un plan de excepción para las corporaciones municipales. No tiene ningún sentido que las grandes administraciones (Estado y comunidades autónomas), responsables del crecimiento de la deuda y del abultado déficit público, puedan planificar su actividad con el apoyo de recursos ajenos, y los ayuntamientos tengan que recurrir a pagar todo con el saldo de caja.
Una cosa es ajustar las cuentas y aprobar medidas que obliguen a gestionar con austeridad y otra muy distinta hacer trabajar a una gran empresa de servicios (así se puede ver a los ayuntamientos) con los resortes de financiación de la antigua sociedad rural. Si el Gobierno no hace caso de la protesta de la FEMP, muchos proyectos ya iniciados que cuentan con inversiones plurianuales quedarán detenidos al no poder los alcaldes endeudarse en los próximos ejercicios como tenían planeado.
En una época de dificultades económicas y de restricción de gastos no es fácil tener contentos a los alcaldes. Ahora bien, no cabe tratarlos como si fueran menores de edad e impedirles solicitar un crédito. Si el Gobierno central toma esta medida es porque las corporaciones municipales no forman un 'lobby' en la política española, como ocurre con las comunidades autónomas. La razón de ello estriba en que bajo el rótulo de 'ayuntamiento' se esconden realidades muy heterogéneas. No tienen nada que ver los más de 7.000 minúsculos ayuntamientos con los consistorios de las grandes ciudades. La actuación de Zapatero con los ayuntamientos ha sido muy errática. Con la disculpa de luchar contra el paro les hizo inversiones por valor de 13.000 millones de euros. Una vez inauguradas las piscinas climatizadas las deja sin agua.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100726/politica/menores-edad-20100726.html
lunes, 26 de julio de 2010
Uno de cada cinco consistorios puede verse obligado a declararse en quiebra
Algunos ayuntamientos españoles ya no llegan a fin de mes. Existe constancia de que 400 municipios de los más de ocho mil que hay en España hace tiempo que dejaron de asumir las facturas del agua, la luz o el teléfono. No tardarán mucho, afirman, en dejar de pagar las nóminas a sus trabajadores. La drástica reducción de ingresos y el difícil contexto económico de los últimos dos años ha puesto entre la espada y la pared a muchos alcaldes que ya no saben cómo cuadrar los números de sus balances. Se estima que uno de cada cinco consistorios en España puede declararse en quiebra antes de que termine este año.
Salvo sorpresa, los ayuntamientos asturianos se libran de la quema. A pesar de las dificultades financieras a las que tienen que hacer frente la gran mayoría, ninguno está en una situación tan dramática a día de hoy para verse obligado a la suspensión de pagos. La inyección económica que han supuesto los planes de inversión local les ha permitido, en buena parte, lidiar con el toro de la crisis. No obstante, hay que tener en cuenta los precedentes para entender el presente. Los ayuntamientos asturianos, salvo alguna excepción, no han supeditado su tesorería a los ingresos por licencias urbanísticas, como ocurrió en muchos municipios de Andalucía o Madrid. Eso les ha permitido salir adelante en la actual coyuntura aunque sin grandes alardes. Más de uno, admiten, ha tenido que hacer frente a cortes de suministro y se ha visto obligado a renegociar el pago con los provedores ante la imposibilidad de afrontar las deuda en el plazo previsto.
Más problemas tienen en otros lugares. En Cenicientos, un pequeño municipio de Madrid, el alcalde ha reconocido que no puede hacer frente a los sueldos de julio de sus 30 empleados. Son 60.000 euros que, asegura, no tiene el ayuntamiento. No es un caso aislado. El cinturón de los entes locales se ha quedado sin agujeros y no encuentran alternativas de recuperación. El endeudamiento les ha superado. Tal es así la situación que decenas de consistorios ya han comunicado a Hacienda que no podrán devolver al Estado los fondos que éste le adelantó. Es el caso, por ejemplo, de Alcalá de Henares, que tiene que rembolsar tres millones de euros a las arcas estatales.
Sin el colchón del sector inmobiliario, como ha ocurrido en los últimos años, y sin la ley de financiación local prometida por el Gobierno, los ayuntamientos sangran por la herida y algunos corren el riesgo de perecer. «Veremos ayuntamientos en quiebra técnica antes de final de año», reconoce el presidente de los municipios de Castilla y León.
La comunidad vecina tiene un problema: el exceso de ayuntamientos. «La crisis debe aprovecharse para reordenar el sector local, igual que se está haciendo con las cajas», reflexiona el catedrático Javier Suárez Pandiello.
Andalucía transita por los mismos derroteros. Según la institución que aglutina a las entidades locales andaluzas, dos de cada tres ayuntamientos están al borde de la suspensión de pagos. Pronostican una cascada de regulaciones de empleo en las administraciones municipales. Algunos consistorios, de más de cinco mil habitantes, aseguran que están en quiebra desde hace más de un año y si fueran una empresa «cerrarían». No han sido capaces de superar el pinchazo de la burbuja inmobilizaria y los ingresos se han desplomado en más de un 95%. En algunos lugares, como Jerez, se adeuda a los 2.600 empleados públicos más de 13 millones de euros.
El gran escollo
El principal problema de los ayuntamientos tiene nombre y apellidos: 1.600 millones de euros. Es la cifra que tendrán que devolver los municipios españoles al Estado después de que éste adelantara partidas por esta cuantía. La Administración central calcula la aportación de cada ente en función de los resultados del año anterior y luego liquida las cuentas con los resultados definitivos. La FEMP reconoce que esa cantidad de dinero es inasumible en la actual situación y ha pedido un aplazamiento hasta 2012. Creen que en el plazo de dos años los municipios podrán recuperarse y entonces tendrán margen para asumir el pago de sus deudas.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100726/politica/cada-cinco-consistorios-puede-20100726.html
Salvo sorpresa, los ayuntamientos asturianos se libran de la quema. A pesar de las dificultades financieras a las que tienen que hacer frente la gran mayoría, ninguno está en una situación tan dramática a día de hoy para verse obligado a la suspensión de pagos. La inyección económica que han supuesto los planes de inversión local les ha permitido, en buena parte, lidiar con el toro de la crisis. No obstante, hay que tener en cuenta los precedentes para entender el presente. Los ayuntamientos asturianos, salvo alguna excepción, no han supeditado su tesorería a los ingresos por licencias urbanísticas, como ocurrió en muchos municipios de Andalucía o Madrid. Eso les ha permitido salir adelante en la actual coyuntura aunque sin grandes alardes. Más de uno, admiten, ha tenido que hacer frente a cortes de suministro y se ha visto obligado a renegociar el pago con los provedores ante la imposibilidad de afrontar las deuda en el plazo previsto.
Más problemas tienen en otros lugares. En Cenicientos, un pequeño municipio de Madrid, el alcalde ha reconocido que no puede hacer frente a los sueldos de julio de sus 30 empleados. Son 60.000 euros que, asegura, no tiene el ayuntamiento. No es un caso aislado. El cinturón de los entes locales se ha quedado sin agujeros y no encuentran alternativas de recuperación. El endeudamiento les ha superado. Tal es así la situación que decenas de consistorios ya han comunicado a Hacienda que no podrán devolver al Estado los fondos que éste le adelantó. Es el caso, por ejemplo, de Alcalá de Henares, que tiene que rembolsar tres millones de euros a las arcas estatales.
Sin el colchón del sector inmobiliario, como ha ocurrido en los últimos años, y sin la ley de financiación local prometida por el Gobierno, los ayuntamientos sangran por la herida y algunos corren el riesgo de perecer. «Veremos ayuntamientos en quiebra técnica antes de final de año», reconoce el presidente de los municipios de Castilla y León.
La comunidad vecina tiene un problema: el exceso de ayuntamientos. «La crisis debe aprovecharse para reordenar el sector local, igual que se está haciendo con las cajas», reflexiona el catedrático Javier Suárez Pandiello.
Andalucía transita por los mismos derroteros. Según la institución que aglutina a las entidades locales andaluzas, dos de cada tres ayuntamientos están al borde de la suspensión de pagos. Pronostican una cascada de regulaciones de empleo en las administraciones municipales. Algunos consistorios, de más de cinco mil habitantes, aseguran que están en quiebra desde hace más de un año y si fueran una empresa «cerrarían». No han sido capaces de superar el pinchazo de la burbuja inmobilizaria y los ingresos se han desplomado en más de un 95%. En algunos lugares, como Jerez, se adeuda a los 2.600 empleados públicos más de 13 millones de euros.
El gran escollo
El principal problema de los ayuntamientos tiene nombre y apellidos: 1.600 millones de euros. Es la cifra que tendrán que devolver los municipios españoles al Estado después de que éste adelantara partidas por esta cuantía. La Administración central calcula la aportación de cada ente en función de los resultados del año anterior y luego liquida las cuentas con los resultados definitivos. La FEMP reconoce que esa cantidad de dinero es inasumible en la actual situación y ha pedido un aplazamiento hasta 2012. Creen que en el plazo de dos años los municipios podrán recuperarse y entonces tendrán margen para asumir el pago de sus deudas.
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El Gobierno aparca la financiación local hasta que mejore la situación financiera
Desde que Zapatero llegó a La Moncloa, la ley de financiación local estuvo siempre en su agenda de prioridades. Sin embargo, todo eso ha quedado en agua de borrajas. La falta de acuerdo en el primer mandato y la crisis en el segundo ha obligado al Gobierno socialista a aparcar la reforma hasta «tiempos mejores». El vicepresidente del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, asegura que el Ejecutivo abordara este debate en una «coyuntura diferente» y sin que perjudique el principal objetivo que es reducir el déficit hasta el 3%.
El diputado del PP Manuel Moreno califica esta actitud de «tomadura de pelo» y acusa a los socialistas de incumplir «permanentemente» los acuerdos sobre la financiación de los ayuntamientos. El Gobierno, pese a todo, aspira a presentar el proyecto en el próximo periodo de sesiones, aunque admite que no se resolverá en esta legislatura.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100726/politica/gobierno-aparca-financiacion-local-20100726.html
El diputado del PP Manuel Moreno califica esta actitud de «tomadura de pelo» y acusa a los socialistas de incumplir «permanentemente» los acuerdos sobre la financiación de los ayuntamientos. El Gobierno, pese a todo, aspira a presentar el proyecto en el próximo periodo de sesiones, aunque admite que no se resolverá en esta legislatura.
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Los ayuntamientos suspenden a Zapatero
Los ayuntamientos no dan el aprobado al Gobierno de Rodríguez Zapatero. No les ha gustado que la nueva ley de financiación local quede aparcada hasta la próxima legislatura, pero mucho menos que se les restrinja sus posibilidades de endeudamiento. Los municipios sostienen que las últimas decisiones del Ejecutivo suponen una «vulneración» de los derechos de la autonomía local y piden que se levante la mano para evitar el freno a su gestión. El penúltimo consistorio en hacer esta reclamación ha sido el de Gijón. El Ayuntamiento que preside Paz Fernández Felgueroso necesita para cuadrar las cuentas del presupuesto recurrir a un nuevo crédito de 8 millones de euros. Sólo así podrá finalizar buena parte de los proyectos que ya están en marcha.
Este no es un caso aislado y así lo ha trasladado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al Gobierno. Los ayuntamientos españoles asumen la necesidad de contribuir a la reducción del déficit público, pero advierten de que ese compromiso debe ser compartido por todas las administraciones. Así lo han hecho saber en la última resolución aprobada por la ejecutiva de la institución, que preside Pedro Castro, y que se debatirá en todos los ayuntamientos españoles en forma de moción.
Este periódico ha tenido acceso a ese documento en el que los municipios españoles escenifican su pataleo por las últimas decisiones adoptadas desde el Gobierno. «La responsabilidad que se nos exige -advierten- no puede suponer en ningún caso la vulneración de la autonomía local, ni puede suponer una restricción a nuestra actuación, muy superior proporcionalmente a la asumida por el Estado y las comunidades». Aluden los ayuntamientos con esta referencia a las dificultades que se van a encontrar si el Gobierno no da marcha atrás y permite un margen de endeudamiento para culminar, al menos, aquellos proyectos cofinanciados con otras administraciones. Algunos consistorios asturianos como Siero o Mieres reconocen que hay actuaciones financiadas con cargos plurianuales que están en entredicho en el caso de que las entidades locales no puedan aportar el porcentaje que les corresponde. No son pocos los consistorios asturianos que han elevado la voz contra la medida y piden que se apliquen las restricciones sólo en aquellos casos donde no ha habido una gestión responsable en el pasado.
Puntos de vista
No es difícil entender que los ayuntamientos gobernados por el PP critiquen la gestión del Ejecutivo y que los gestionados por dirigentes socialistas avalen, aunque sea públicamente, el trabajo de los últimos años. Estos últimos esgrimen como argumento el plan de inversión local, también denominado 'plan E'. Una iniciativa impulsada en el escenario de la crisis que tenía por objeto frenar el aumento del paro y mantener altos niveles de inversión en los municipios.
«Ha sido sólo una tirita para muchos de nosotros», reconoce un edil socialista. Asegura que el plan ha servido para hacer proyectos puntuales, pero en ningún caso para sanear las arcas de los entes públicos. La FEMP avisa de que la restricción que trae consigo el decreto del Gobierno, que impedirá a los municipios acudir al déficit, «puede abocar a muchos ayuntamientos a liquidar sus presupuestos generando así importantes tensiones de tesorería».
Una deuda pequeña
Piden, en cambio, que se tenga en cuenta el escaso peso de la deuda municipal en el conjunto de la del país para revocar la prohibición de endeudamiento a los consistorios. De lo contrario, reconocen se pondrían en peligro tanto proyectos futuros como otros que ya están en marcha. Esto agravaría aún más su delicada salud económica puesto que, en opinión de la FEMP, «generaría importantísimos costes adicionales derivados tanto de la obligación de indemnizar a los contratistas como del deterioro físico que sufrirían las obras en curso durante el tiempo de su interrupción».
Conscientes de la dificultades de hacer cambiar de opinión al Gobierno, los ayuntamientos españoles se conforman, al menos, con que se permita continuar financiando mediante el endeudamiento la ejecución de contratos, incluidos los plurianuales, que hubiesen sido adjudicados antes de la entrada en vigor del real decreto. Hacen una salvedad en el caso de las obras cofinanciadas con recursos externos. En estas situaciones, las corporaciones quieren tener vía libre para endeudarse, con independencia de su fecha de adjudicación.
La moción, en la que se incluyen estas reivindicaciones, será debatida y aprobada en los ayuntamientos de toda España. Es la forma de protestar que, de momento, articulan las entidades locales en España después de la última reunión de la ejecutiva de la FEMP. La institución no quiere hacer sangre ni provocar un conflicto político a raíz de estas últimas decisiones. No obstante, esa decisión puede alterarse en la reunión de portavoces que tendrá lugar esta semana y donde se puede definir el nuevo marco de relaciones.
A salvo de circunstancias puntuales -como cuando el presidente de la FEMP insultó a los votantes populares- la institución que aglutina a los ayuntamientos de toda España ha caminado unida en las reivindicaciones municipales ya que han entendido que los problemas que tienen los consistorios son iguales gobierne quien los gobierne. Quizás por eso casi todos se sienten frustrados por la falta de compromiso que el Gobierno ha demostrado con el poder local.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100726/politica/ayuntamientos-suspenden-zapatero-20100726.html
Este no es un caso aislado y así lo ha trasladado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al Gobierno. Los ayuntamientos españoles asumen la necesidad de contribuir a la reducción del déficit público, pero advierten de que ese compromiso debe ser compartido por todas las administraciones. Así lo han hecho saber en la última resolución aprobada por la ejecutiva de la institución, que preside Pedro Castro, y que se debatirá en todos los ayuntamientos españoles en forma de moción.
Este periódico ha tenido acceso a ese documento en el que los municipios españoles escenifican su pataleo por las últimas decisiones adoptadas desde el Gobierno. «La responsabilidad que se nos exige -advierten- no puede suponer en ningún caso la vulneración de la autonomía local, ni puede suponer una restricción a nuestra actuación, muy superior proporcionalmente a la asumida por el Estado y las comunidades». Aluden los ayuntamientos con esta referencia a las dificultades que se van a encontrar si el Gobierno no da marcha atrás y permite un margen de endeudamiento para culminar, al menos, aquellos proyectos cofinanciados con otras administraciones. Algunos consistorios asturianos como Siero o Mieres reconocen que hay actuaciones financiadas con cargos plurianuales que están en entredicho en el caso de que las entidades locales no puedan aportar el porcentaje que les corresponde. No son pocos los consistorios asturianos que han elevado la voz contra la medida y piden que se apliquen las restricciones sólo en aquellos casos donde no ha habido una gestión responsable en el pasado.
Puntos de vista
No es difícil entender que los ayuntamientos gobernados por el PP critiquen la gestión del Ejecutivo y que los gestionados por dirigentes socialistas avalen, aunque sea públicamente, el trabajo de los últimos años. Estos últimos esgrimen como argumento el plan de inversión local, también denominado 'plan E'. Una iniciativa impulsada en el escenario de la crisis que tenía por objeto frenar el aumento del paro y mantener altos niveles de inversión en los municipios.
«Ha sido sólo una tirita para muchos de nosotros», reconoce un edil socialista. Asegura que el plan ha servido para hacer proyectos puntuales, pero en ningún caso para sanear las arcas de los entes públicos. La FEMP avisa de que la restricción que trae consigo el decreto del Gobierno, que impedirá a los municipios acudir al déficit, «puede abocar a muchos ayuntamientos a liquidar sus presupuestos generando así importantes tensiones de tesorería».
Una deuda pequeña
Piden, en cambio, que se tenga en cuenta el escaso peso de la deuda municipal en el conjunto de la del país para revocar la prohibición de endeudamiento a los consistorios. De lo contrario, reconocen se pondrían en peligro tanto proyectos futuros como otros que ya están en marcha. Esto agravaría aún más su delicada salud económica puesto que, en opinión de la FEMP, «generaría importantísimos costes adicionales derivados tanto de la obligación de indemnizar a los contratistas como del deterioro físico que sufrirían las obras en curso durante el tiempo de su interrupción».
Conscientes de la dificultades de hacer cambiar de opinión al Gobierno, los ayuntamientos españoles se conforman, al menos, con que se permita continuar financiando mediante el endeudamiento la ejecución de contratos, incluidos los plurianuales, que hubiesen sido adjudicados antes de la entrada en vigor del real decreto. Hacen una salvedad en el caso de las obras cofinanciadas con recursos externos. En estas situaciones, las corporaciones quieren tener vía libre para endeudarse, con independencia de su fecha de adjudicación.
La moción, en la que se incluyen estas reivindicaciones, será debatida y aprobada en los ayuntamientos de toda España. Es la forma de protestar que, de momento, articulan las entidades locales en España después de la última reunión de la ejecutiva de la FEMP. La institución no quiere hacer sangre ni provocar un conflicto político a raíz de estas últimas decisiones. No obstante, esa decisión puede alterarse en la reunión de portavoces que tendrá lugar esta semana y donde se puede definir el nuevo marco de relaciones.
A salvo de circunstancias puntuales -como cuando el presidente de la FEMP insultó a los votantes populares- la institución que aglutina a los ayuntamientos de toda España ha caminado unida en las reivindicaciones municipales ya que han entendido que los problemas que tienen los consistorios son iguales gobierne quien los gobierne. Quizás por eso casi todos se sienten frustrados por la falta de compromiso que el Gobierno ha demostrado con el poder local.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100726/politica/ayuntamientos-suspenden-zapatero-20100726.html
Realidades o incumplimientos
Los partidos políticos con representación municipal afrontarán mañana, a partir de las diez de la mañana, uno de los debates más esperados en el año, el del estado del municipio. PSOE, IU y PP presentarán en el salón de plenos un debate que estará marcado por el reciente anuncio de la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, de no presentarse a las próximas elecciones locales y la proclamación como candidato socialista de Santiago Martínez Argüelles.
Por ello, el PSOE tratará de mostrar ante el plenario el cambio que ha sufrido la ciudad no sólo durante el último año, sino desde la llegada al sillón de la Alcaldía de Fernández Felgueroso, en 1999, hasta nuestros días.
IU intentará aprovechar las últimas actuaciones del gobierno de coalición en vivienda, servicios sociales y cooperación internacional, al tiempo que defenderá el cariz industrial del municipio y su defensa de una economía más social, haciendo expreso apoyo a la huelga general del 29 de septiembre.
Finalmente, el PP hablará de las acciones del equipo de gobierno desde las últimas elecciones, en 2007, bajo la premisa de que «no ha hecho nada de lo prometido».
Diez años de cambios con la micropolítica de Fernández Felgueroso
Los socialistas gijoneses destacan la importancia del debate porque «cuando estamos finalizando un mandato, se convierte en el balance de gestión de un periodo más largo». En este sentido, aseguran que tras el anuncio de la alcaldesa de no presentarse a las próximas elecciones «se hace inevitable que no sólo hablemos de cómo está Gijón en estos momentos, sino que también recordemos cómo estaba hace diez años». Estas referencias, en las que se destacará cómo Paz Fernández Felgueroso «hizo bandera de la micropolítica», no se ceñirán a «los proyectos estrella» como el Botánico, el Acuario o Talasoponiente, sino que incluirán también «cantidad de programas y proyectos que tienen que ver con las políticas activas de empleo, juventud, igualdad, mayores e infancia».
En su repaso por estos diez años el PSOE hablará de «centros municipales, polideportivos, escuelas infantiles, grandes avenidas, pequeñas calles, traídas de agua y obras de saneamiento», inexistentes en 1999. «En este tiempo el patrimonio municipal ha pasado de 445 millones de euros a 800». No se obviará la situación del empleo, «una espina que tenemos clavada a medias. Lucharemos por supererarla». Mantendrán que «Asturias y Gijón están resisitiendo mejor que otros territorios» y destacarán cómo «hoy tenemos muchas más personas trabajando que hace diez años». También se referirán «al cambio que ha protagonizado el tejido económico. Ahí están los polígonos, el parque científico y la ampliación de El Musel».
En todo el mandato, no ha hecho nada de lo prometido»
El Partido Popular tiene claro que en el debate realizará un balance desde el comienzo del actual mandato del gobierno socialista, en 2007. La conclusión de su portavoz, Pilar Fernández Pardo, es taxativo: «No ha hecho nada de lo prometido». Y es que para el partido de la oposición municipal, el equipo encabezado por Paz Fernández Felgueroso no ha llevado a la práctica su programa electoral y que «denominaron literalmente 'contrato a suscribir con los gijoneses y gijonesas a partir del 27 de mayo' de aquel año».
«Vender humo» o «intentar engañar a los gijoneses» son algunas de las conclusiones a las que llega el PP local, pues recuerda que «no hay nada de lo prometido» en asuntos como el metrotrén y su llegada a Viesques y Cabueñes, el AVE, el plan de vías o actuaciones como el parque empresarial de La Camocha, el bulevar de Jove, los accesos a El Musel, la reordenación de El Humedal, las diez avenidas a renovar «que sólo quedaron en tres», el plan del Muro y un largo etcétera de proyectos que aún no se han desarrollado. Otros asuntos que critica el grupo de Fernández Pardo pasan por el desempleo, «con 10.584 personas más en paro», las empresas que han cerrado, como La Camocha o Naval Gijón y, sobre todo, el incremento de los impuestos, como el IBI. Al final, Fernández Pardo concluye que «se acaba ya un ciclo de mentiras e incumplientos».
La defensa de Gijón como capital industrial de Asturias
El planteamiento de Izquierda Unida en el debate del estado del municipio se basa en la defensa de la estructura económica de la ciudad, las mejoras medioambientales y la cooperación internacional. No dejarán pasar la oportunidad para criticar los orígenes de la crisis económica que, aseguran, «no nació en ningún taller de Tremañes ni de ningún otro lugar de Gijón».
Partiendo de la «defensa de Gijón como capital industrial de Asturias», la coalición apuesta por la ZALIA, la ampliación de El Musel y el desarrollo de los parques científicos y tecnológicos de La Camocha y Naval Gijón. Pero también se muestra firme en el respaldo de las empresas públicas «como órganos de gestión que funcionan y que hay que mantener y potenciar, en contra de los dictados del Fondo Monetario Internacioal y la Comisión Europea, que hablan de su privatización».
El desarrollo de viviendas de protección en el Plan General de Ordenación, el incremento de espacios verdes y el incremento de la cooperación internacional a un 0,89% del presupuesto municipal son algunos de los logros que presentarán en el debate. En su discurso, el portavoz de la coalición, Jesús Montes Estrada, dejará claro el respaldo de la formación a la huelga general convocada para el próximo 29 de septiembre, así como la necesidad de defender las cajas de ahorro «contra las decisiones que pretende excluir la representación pública de sus consejos de administración».
http://www.elcomerciodigital.com/gijon/
Por ello, el PSOE tratará de mostrar ante el plenario el cambio que ha sufrido la ciudad no sólo durante el último año, sino desde la llegada al sillón de la Alcaldía de Fernández Felgueroso, en 1999, hasta nuestros días.
IU intentará aprovechar las últimas actuaciones del gobierno de coalición en vivienda, servicios sociales y cooperación internacional, al tiempo que defenderá el cariz industrial del municipio y su defensa de una economía más social, haciendo expreso apoyo a la huelga general del 29 de septiembre.
Finalmente, el PP hablará de las acciones del equipo de gobierno desde las últimas elecciones, en 2007, bajo la premisa de que «no ha hecho nada de lo prometido».
Diez años de cambios con la micropolítica de Fernández Felgueroso
Los socialistas gijoneses destacan la importancia del debate porque «cuando estamos finalizando un mandato, se convierte en el balance de gestión de un periodo más largo». En este sentido, aseguran que tras el anuncio de la alcaldesa de no presentarse a las próximas elecciones «se hace inevitable que no sólo hablemos de cómo está Gijón en estos momentos, sino que también recordemos cómo estaba hace diez años». Estas referencias, en las que se destacará cómo Paz Fernández Felgueroso «hizo bandera de la micropolítica», no se ceñirán a «los proyectos estrella» como el Botánico, el Acuario o Talasoponiente, sino que incluirán también «cantidad de programas y proyectos que tienen que ver con las políticas activas de empleo, juventud, igualdad, mayores e infancia».
En su repaso por estos diez años el PSOE hablará de «centros municipales, polideportivos, escuelas infantiles, grandes avenidas, pequeñas calles, traídas de agua y obras de saneamiento», inexistentes en 1999. «En este tiempo el patrimonio municipal ha pasado de 445 millones de euros a 800». No se obviará la situación del empleo, «una espina que tenemos clavada a medias. Lucharemos por supererarla». Mantendrán que «Asturias y Gijón están resisitiendo mejor que otros territorios» y destacarán cómo «hoy tenemos muchas más personas trabajando que hace diez años». También se referirán «al cambio que ha protagonizado el tejido económico. Ahí están los polígonos, el parque científico y la ampliación de El Musel».
En todo el mandato, no ha hecho nada de lo prometido»
El Partido Popular tiene claro que en el debate realizará un balance desde el comienzo del actual mandato del gobierno socialista, en 2007. La conclusión de su portavoz, Pilar Fernández Pardo, es taxativo: «No ha hecho nada de lo prometido». Y es que para el partido de la oposición municipal, el equipo encabezado por Paz Fernández Felgueroso no ha llevado a la práctica su programa electoral y que «denominaron literalmente 'contrato a suscribir con los gijoneses y gijonesas a partir del 27 de mayo' de aquel año».
«Vender humo» o «intentar engañar a los gijoneses» son algunas de las conclusiones a las que llega el PP local, pues recuerda que «no hay nada de lo prometido» en asuntos como el metrotrén y su llegada a Viesques y Cabueñes, el AVE, el plan de vías o actuaciones como el parque empresarial de La Camocha, el bulevar de Jove, los accesos a El Musel, la reordenación de El Humedal, las diez avenidas a renovar «que sólo quedaron en tres», el plan del Muro y un largo etcétera de proyectos que aún no se han desarrollado. Otros asuntos que critica el grupo de Fernández Pardo pasan por el desempleo, «con 10.584 personas más en paro», las empresas que han cerrado, como La Camocha o Naval Gijón y, sobre todo, el incremento de los impuestos, como el IBI. Al final, Fernández Pardo concluye que «se acaba ya un ciclo de mentiras e incumplientos».
La defensa de Gijón como capital industrial de Asturias
El planteamiento de Izquierda Unida en el debate del estado del municipio se basa en la defensa de la estructura económica de la ciudad, las mejoras medioambientales y la cooperación internacional. No dejarán pasar la oportunidad para criticar los orígenes de la crisis económica que, aseguran, «no nació en ningún taller de Tremañes ni de ningún otro lugar de Gijón».
Partiendo de la «defensa de Gijón como capital industrial de Asturias», la coalición apuesta por la ZALIA, la ampliación de El Musel y el desarrollo de los parques científicos y tecnológicos de La Camocha y Naval Gijón. Pero también se muestra firme en el respaldo de las empresas públicas «como órganos de gestión que funcionan y que hay que mantener y potenciar, en contra de los dictados del Fondo Monetario Internacioal y la Comisión Europea, que hablan de su privatización».
El desarrollo de viviendas de protección en el Plan General de Ordenación, el incremento de espacios verdes y el incremento de la cooperación internacional a un 0,89% del presupuesto municipal son algunos de los logros que presentarán en el debate. En su discurso, el portavoz de la coalición, Jesús Montes Estrada, dejará claro el respaldo de la formación a la huelga general convocada para el próximo 29 de septiembre, así como la necesidad de defender las cajas de ahorro «contra las decisiones que pretende excluir la representación pública de sus consejos de administración».
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