ARTÍCULO PUBLICADO POR EL DIARIO "EL COMERCIO" EL 3-8-2016
Durante los últimos meses múltiples comparecencias en la Junta General del Principado, primero sobre el obsoleto Plan de Salud Mental y después las relacionadas con la “Comisión sobre listas de espera”, nos están dado una potente visión de conjunto sobre el sistema sanitario asturiano. Las intervenciones de profesionales, expertos , usuarios, asociaciones científicas, sindicatos ... están dejando claro que tenemos una buena sanidad , que existen algunos problemas graves y que para afrontar la amenazada sostenibilidad del sistema sanitario público sobran conocimientos ( teóricos y prácticos) y falta liderazgo , acuerdos y coraje.
El problema fundamental es político. Al partido socialista se le llena la boca con su autoproclamada “defensa de la sanidad pública” y cualquier crítica a su gestión la interpretan como un “ataque al sistema sanitario” por parte de los “perversos privatizadores que quieren cargárselo o los que, jugando con fuego, quieren desgastar la acción del gobierno socialista”. Mucha impostura teatral y nada de autocrítica . Subyace a esta reacción su inveterada conciencia patrimonial sobre lo público ( llevan gobernando en Asturias demasiado tiempo) y una banalización del diálogo democrático sustituido por marketing mediático edificado sobre eslóganes populistas; estrategia de bipartidismo simplón (“y tu mas”) que les sirvió durante años, con una IU satelital y un PP cómodo en la oposición, pero que chirría ante una nueva realidad social y política que exige otras modos y actitudes.
Todos sabemos que la sanidad pública es primordial para el Estado de Bienestar por su capacidad redistributiva pero también sabemos que desde 2010, por los errores y recortes de PSOE y PP , pierde terreno en este campo. También es conocido que tradicionalmente ha sido bien valorada por los ciudadanos pero los datos del sector asegurador sanitario indican que, a pesar de la crisis económica, el volumen de primas de seguros privados sigue aumentando; un ejemplo señero: en 2015 más de un 80% del colectivo nacional de funcionarios, es decir 1.220.000 personas, ha optado por la provisión privada mediante su elección de entidad de seguro. Y también sabemos que tenemos una buena sanidad (con muchos indicadores positivos) pero los grupos políticos hemos diagnosticado en la comisión, a partir del síntoma que suponen las demoras excesivas en las listas de espera, que en la gestión sanitaria asturiana (muy politizada) existen importantes bolsas estructurales de ineficiencia (hospitalocentrismo, gestión de recursos humanos, descoordinación entre niveles asistenciales...etc) que están afectando a la equidad (de acceso y utilización) entre usuarios y a sus derechos fundamentales a la salud y a una información veraz . Y esto es grave porque, especialmente en Sanidad, equidad y eficiencia deben ir indisolublemente unidas; de lo contrario corremos el riesgo de expulsar del sistema a las clases medias y trabajadoras que, paradójicamente, son las que lo sustentan pagando impuestos. Con un corolario: una sanidad para pobres terminará siendo una pobre sanidad.
En resumen: los grupos políticos, precisamente en defensa de la la sanidad pública, tenemos la obligación de denunciar e investigar los problemas que la afectan imputando las posibles responsabilidades políticas que se pudieran derivar. Algunas demoras en las listas de espera, así como su ocultación contable con maquillaje basado en medias verdades, son un escándalo y alguien tiene que responder por ello .Y a los ciudadanos asturianos no les importa que el PP, en Madrid o en Galicia por poner un ejemplo, haga lo mismo o que las listas publicadas sean legales . Las demoras reales asociadas a algunas listas de espera son intolerables y están agravadas con el “apagón informativo” que sufre el paciente.
La comisión de investigación está siendo un acierto porque dota al asunto de una seriedad y obligación que nunca tendría con una comisión de estudio, otro mantra socialista, ya que la practica política nos ha enseñado que PSOE y PP no se mueven si no se les obliga. La artimaña leguleya del grupo socialista, queriendo confundir a la opinión pública sustituyendo la responsabilidad política por la penal, ha sido un craso error táctico que se ha traducido, por su parte, en acciones obstruccionistas permanentes, silencio vergonzoso de responsables sanitarios orgánicos y nula aportación al trabajo de la comisión salvo amenazas a los profesionales que hablaron libremente y “patadón al contrario”. Pura reactividad defensiva impropia de un partido que se define progresista
Tampoco es de recibo la letanía socialista de que la comisión es oportunista y tiene como finalidad desgastar al gobierno cuando el grueso de las intervenciones de los comparecientes, se puede echar mano del diario de sesiones de la Junta o de la videoteca, no solo se centran en las causas de las listas de espera sino también en soluciones y alternativas de viabilidad para un sistema que se enfrenta al reto ,entre otros muchos, de un progresivo envejecimiento de la población y altas tasas de enfermos crónicos. La comisión de investigación, pionera en España, está teniendo todo el sentido del mundo y frutos apreciables al poner la realidad encima de la mesa parlamentaria. Sólo el PSOE no lo ve o no lo quiere ver.
El partido socialista está a tiempo para rectificar . El gobierno debe salir de la abulia y la inercia para liderar, a partir de las futuras conclusiones de la comisión, las profundas reformas estructurales que necesita el sistema mediante amplios acuerdos políticos. Reformas que pasan necesariamente por cambios en la gestión, la participación de los profesionales y por asumir que la relaciones entre estos y los pacientes deben ir evolucionando hacia un modelo de toma de decisiones compartidas entre ambos, donde la opinión de los pacientes importa y mucho, siendo aquí vital la transparencia del sistema porque el ciudadano es el propietario del mismo y tiene derecho a ello. Así sí se defiende la sanidad pública . Salud.
Armando Fernández Bartolomé
Diputado. Portavoz de Sanidad de Cs Asturias en la Junta General.
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