«El final del Pleno, que abordaba el problema del aporte de arena a la playa, ha sido especialmente lamentable, pareciéndose más a un mercado persa que a un debate en el que, desde la responsabilidad que les ha sido delegada por todos los ciudadanos, se debatiera, explicase y justificara, la posible actuación sobre lo que en la actualidad y en el futuro, es y será el mayor emblema de nuestra ciudad». Ésta es la crítica que lanzaban ayer desde UPyD a raíz del rifirrafe en el que se enzarzaron los dirigentes locales del PSOE y el PP al término del Pleno extraordinario que se celebró el pasado viernes, sobre el supuesto deterioro de la playa de San Lorenzo y la relación con la obra de ampliación del puerto de El Musel.
Desde el partido que preside Rosa Díez se acusa a las dos grandes formaciones políticas de convertir el Pleno municipal en un «patio trasero de disputas partidistas» y de fajarse en un debate «sucio». Según UPyD, «la rica lengua española no tiene suficientes calificativos para describir lo sucedido en el Pleno del Ayuntamiento de Gijón. A los miembros de la Corporación parece importarles más hacer visibles sus diferencias que transmitir un mensaje de unidad, a pesar de la profunda crisis económica e institucional que vive el país y sus efectos en la vida de la ciudad. El cruce de acusaciones en el que se enzarzaron los ediles refleja la total falta de sintonía que tienen con los problemas que los ciudadanos vivimos día a día, protagonizando un sucio debate y convirtiendo el Ayuntamiento en un lugar donde, en vez de proponer soluciones, se sacan a relucir los trapos sucios con un desparpajo que no conoce límites».
A juicio de UPyD, el debate ramplón en el Ayuntamiento se debe a la cercanía de las elecciones municipales, que está provoca que «el nerviosismo aflora».
UPyD ya ha ratificado a Armando Fernández Bartolomé como su candidato a la Alcaldía de Gijón en las próximas elecciones municipales. En palabras de Fernández Bartolomé, «estamos en total desacuerdo con la forma actual de hacer política de nuestros representantes, alejada de las verdaderas realidades, preocupaciones y necesidades de los ciudadanos. Desde UPyD, entendemos que otra forma de hacer política es posible, porque así lo demandan los ciudadanos y que la regeneración democrática, nunca tanto como ahora, ha sido tan necesaria para que la sociedad recupere la confianza en sus representantes y en las instituciones».
domingo, 31 de octubre de 2010
sábado, 30 de octubre de 2010
UPyD Gijon critica que, a pesar de la retorica , los impuestos suben y los sueldos bajan
Los precios del Gijón de 2011
Ayuntamiento
Las ordenanzas fiscales aprobadas ayer plantean una congelación de la mayor parte de los impuestos. Caso aparte es el IBI, que se ve afectado por la actualización de valores ejecutada en 2008. El ejercicio del 2011 será el último en que se pueda hacer efectiva la limitación en el recibo impuesta desde el Ayuntamiento. Las tasas y precios públicos municipales suben una media del 1,9%, que es el IPC interanual al mes de junio, y se ven afectados en algunos casos por la repercusión de la subida del IVA. Se congelan los precios de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.
Agua
La subida es del 2,9%, la media del IPC más un punto por la repercusión del precio del agua de Cadasa.
Basura
Se incorpora la subida del IPC y el pago bimestral doméstico pasa a ser de 9,68 euros. La tarifa industrial se eleva a 11 euros.
Autobús
El incremento medio es del 2,8% aunque hay muchas variables. El billete ordinario sube cinco céntimos y tres céntimos el bonobús ordinario.
Taxis
El Ayuntamiento fija una subida del 2,3%. La bajada de bandera queda en 1,55 euros, el kilómetro recorrido en 0,84 euros, la hora de espera en 20,81 euros y la carrera mínima en 3,65 euros. Los taxistas pedían una subida del 3,26%.
Ayuntamiento
Las ordenanzas fiscales aprobadas ayer plantean una congelación de la mayor parte de los impuestos. Caso aparte es el IBI, que se ve afectado por la actualización de valores ejecutada en 2008. El ejercicio del 2011 será el último en que se pueda hacer efectiva la limitación en el recibo impuesta desde el Ayuntamiento. Las tasas y precios públicos municipales suben una media del 1,9%, que es el IPC interanual al mes de junio, y se ven afectados en algunos casos por la repercusión de la subida del IVA. Se congelan los precios de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.
Agua
La subida es del 2,9%, la media del IPC más un punto por la repercusión del precio del agua de Cadasa.
Basura
Se incorpora la subida del IPC y el pago bimestral doméstico pasa a ser de 9,68 euros. La tarifa industrial se eleva a 11 euros.
Autobús
El incremento medio es del 2,8% aunque hay muchas variables. El billete ordinario sube cinco céntimos y tres céntimos el bonobús ordinario.
Taxis
El Ayuntamiento fija una subida del 2,3%. La bajada de bandera queda en 1,55 euros, el kilómetro recorrido en 0,84 euros, la hora de espera en 20,81 euros y la carrera mínima en 3,65 euros. Los taxistas pedían una subida del 3,26%.
UPyD Gijon critica fondo y forma del pleno municipal (ver video)
viernes, 29 de octubre de 2010
UPyD critica el pleno del Ayuntamiento de Gijón (ver video)
El Pleno convierte el Ayuntamiento de todos los gijoneses en patio trasero de las disputas partiditas
Desde UPyD entendemos que otra forma de hacer política es posible, porque así lo demandan los ciudadanos, y que la regeneración democrática, nunca tanto como ahora, ha sido tan necesaria para que la sociedad recupere la confianza en sus representantes y en las instituciones.
29 de noviembre de 2010.- La rica lengua española no tiene suficientes calificativos para describir lo sucedido en el Pleno del Ayuntamiento de Gijón. A los miembros de la corporación parece importarles más hacer visibles sus diferencias que transmitir un mensaje de unidad, a pesar de la profunda crisis económica e institucional que vive el país y sus efectos en la vida de la ciudad. El cruce de acusaciones en el que se enzarzaron los ediles refleja la total falta de sintonía que tienen con los problemas que los ciudadanos vivimos día a día, protagonizando un sucio debate y convirtiendo el ayuntamiento en un lugar donde en vez de proponer soluciones, se sacan a relucir los trapos sucios con un desparpajo que no conoce límites. Sabemos que se acercan unas elecciones y que el nerviosismo aflora, pero precisamente por eso y porque la situación exige altura de miras, desde Unión Progreso y Democracia pedimos más responsabilidad por parte de quienes tienen en su mano la capacidad de ofrecer alguna alternativa.
El final del pleno, que abordaba el problema del aporte de arena a la playa, ha sido especialmente lamentable, pareciéndose más a un mercado persa que a un debate en el que, desde la responsabilidad que les ha sido delegada por todos los ciudadanos, se debatiera, explicase y justificara, la posible actuación sobre lo que en la actualidad y en el futuro, es y será el mayor emblema de nuestra ciudad.
Para Armado Fernández Bartolomé, candidato de UPyD a la Alcaldía de Gijón, “estamos en total desacuerdo con la forma actual de hacer política de nuestros representantes, alejada de las verdaderas realidades, preocupaciones y necesidades de los ciudadanos. Desde UPyD, entendemos que otra forma de hacer política es posible, porque así lo demandan los ciudadanos y que la regeneración democrática, nunca tanto como ahora, ha sido tan necesaria para que la sociedad recupere la confianza en sus representantes y en las instituciones”.
Desde UPyD entendemos que otra forma de hacer política es posible, porque así lo demandan los ciudadanos, y que la regeneración democrática, nunca tanto como ahora, ha sido tan necesaria para que la sociedad recupere la confianza en sus representantes y en las instituciones.
29 de noviembre de 2010.- La rica lengua española no tiene suficientes calificativos para describir lo sucedido en el Pleno del Ayuntamiento de Gijón. A los miembros de la corporación parece importarles más hacer visibles sus diferencias que transmitir un mensaje de unidad, a pesar de la profunda crisis económica e institucional que vive el país y sus efectos en la vida de la ciudad. El cruce de acusaciones en el que se enzarzaron los ediles refleja la total falta de sintonía que tienen con los problemas que los ciudadanos vivimos día a día, protagonizando un sucio debate y convirtiendo el ayuntamiento en un lugar donde en vez de proponer soluciones, se sacan a relucir los trapos sucios con un desparpajo que no conoce límites. Sabemos que se acercan unas elecciones y que el nerviosismo aflora, pero precisamente por eso y porque la situación exige altura de miras, desde Unión Progreso y Democracia pedimos más responsabilidad por parte de quienes tienen en su mano la capacidad de ofrecer alguna alternativa.
El final del pleno, que abordaba el problema del aporte de arena a la playa, ha sido especialmente lamentable, pareciéndose más a un mercado persa que a un debate en el que, desde la responsabilidad que les ha sido delegada por todos los ciudadanos, se debatiera, explicase y justificara, la posible actuación sobre lo que en la actualidad y en el futuro, es y será el mayor emblema de nuestra ciudad.
Para Armado Fernández Bartolomé, candidato de UPyD a la Alcaldía de Gijón, “estamos en total desacuerdo con la forma actual de hacer política de nuestros representantes, alejada de las verdaderas realidades, preocupaciones y necesidades de los ciudadanos. Desde UPyD, entendemos que otra forma de hacer política es posible, porque así lo demandan los ciudadanos y que la regeneración democrática, nunca tanto como ahora, ha sido tan necesaria para que la sociedad recupere la confianza en sus representantes y en las instituciones”.
Luz verde a las Ordenanzas Fiscales para 2011
La aprobación, con el voto en contra de la oposición, en el Pleno de la Ordenanza Reguladora de Tributos y Precios Públicos para 2011 ha conllevado un cruce de acusaciones sobre corrupción entre PSOE y PP, al hablar el edil 'popular' Pablo González de la existencia de una estructura corrupta municipal. Una afirmación que ha sido recriminada por el edil de Hacienda, Santiago Martínez Argüelles, quien ha exigido una dispulpa pública y ha incidido en que "no es tolerable que insinúen la existencia de una sombra de corrupción", ha apuntado.
Argüelles ha recriminado que se diga que se ha incurrido en corrupción cuando, según él, los "corruptos" son los del PP. "Deben aclararlo y pedimos una diculpa", ha dicho sobre las acusaciones de corrupción.
La respuesta no se ha hecho esperar, y González ha vuelto a hablar de una estructura corrupta, "corrompida en su gestión", ha indicado para ahondar en que "gastan mal el dinero público". "No es acusarles de nada que la gente no sepa", ha apuntando después de haber afirmado que el Gobierno Local hace "una indecencia" con el dinero del bolsillo de todos los gijoneses.
Argüelles ha reiterado su petición de disculpas. "O aclara bien lo que ha dicho o nos reservamos las acciones legales pertinentes", ha comentado a González, quien le ha replicado que corrupción no es ningún tipo penal, sino una forma de hacer política "pervertida y descompuesta en sus fines". "Me reafirmo plenamente en mis palabras", ha apostillado el edil 'popular'. El cruce de acusaciones ha continuado a lo largo del Pleno al llamar Argüelles 'trileros' al PP, aunque dijo estar dispuesto a retirarlo si la oposición hacía lo mismo.
En cuanto al tema de debate, el PP ha asegurado que en Gijón se había pasado a recaudar por impuestos de 64 millones de euros en 1999 a 124 en 2010, lo que se traduce en un aumento de un 92 por ciento, frente al 37 por ciento de incremento de IPC en diez años. "No nos vendan la moto de que suben los impuestos acorde a la subida de la vida", ha criticado.
La comparativa ha sido debatida por Argüelles, quien ha instado al PP a no mezclar "las churras con las merinas" y ha recordado que entre 1999 y 2010 Gijón "ha cambiado mucho y bien", además de haber crecido en población y actividad economica. Como ejemplo, ha señalado que había 133.000 vehículos en 1999, mientras que ahora hay 150.000.
También ha reiterado que el coste por impuestos en Gijón por habitante y año es de 317 euros, una cifra que es de 360 en el caso de Santander, de 417 en Oviedo, 443 en Burgos (PP), y 520 en Madrid, todas éstas últimas gobernadas por el PP. Argüelles ha reiterado que la ciudad creció pidiendo a los ciudadanos un esfuerzo fiscal "razonable".
Es más, le ha espetado al edil 'popular' que en Oviedo sube un 3 por ciento y le ha animado al PP a decir a sus compañeros que revisen su política fiscal porque "les están haciendo la puñeta", en referencia a la diferencia de criterio, que fue respondida por González, al recordar que el PSOE en Oviedo pide la congelación de impuestos y tarifas. Asimismo, ha apuntado que con la propuesta de impuestos del PP se dejaría de recaudar cinco millones de euros en el caso de la regasificadora.
También ha señalado que la subida propuesta para tasas y precios públicos es del 1,9 por ciento, correspondiente al IPC de julio, mientras que se prevé que a final de año sea de más del 2 por ciento. En el caso de 2011, además del IPC, se subirá el incremento del IVA que no se repercutíó aún desde julio en aquellos tasas y precios públicos en los que se tenga que aplicar, mientras que se congelan los impuestos -Plusvalía, IAE, Construcciones y Viñeta--.
EL IBI
En el caso del IBI, se siguen aplicando los incrementos de valor con la limitación del 9 por ciento y se mantiene el coeficiente de 0,55 tanto para rústico como urbano. Asimismo, ha explicado que será el último año que se puede legalmente aplicar el techo del crecimiento de recibos, por lo que en 2012 se prevé establecer una reducción de tipos para seguir manteniendo la contención de la subida.
Además, ha recordado que existe una bonificación del 50 por ciento para las viviendas protegidas durante seis años y del 25 por ciento para familias numerosas, entre otros. También ha recordado que fue el primer Ayuntamiento de su tamaño en aplicar la limitación de los recibos.
Por su parte, el portavoz de IU, Jesús Montes Estrada, ha apuntado que los impuestos son "absolutamente necesarios" y ha recriminado al concejal del PP que hable de corrupción y se quede "tan pancho", con alusión a las tramas de corrupción de responsables políticos del PP.
ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN EN LA EMA
En el Pleno, la subida del precio del recibo del agua también ha sido aprovechado por el PP para acusar al PSOE de corrupción. El edil 'popular' Eduardo Junquera ha aludido a la "colaboración bien pagá" y a que le habían echado del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Agua (EMA) por denunciar un caso de corrupción sobre el pago "por encargo" del concejal José Manuel Sariego a una empresa - del ex crítico 'popular' Emilio Noval-- "con el fin de perjudicar al PP y a sus dirigentes".
Asimismo, ha criticado la "arbitraria, ilegal e injusta" forma de echarle del Consejo de la EMA y ha recordado que el caso está denunciado, por lo que todos los consejos son "nulos". De ahí que el PP vote en contra de la propuesta, que supone una subida del IPC más un punto.
Por su parte, la concejala de Medio Ambiente, Dulce Gallego, ha replicado a Junquera que lo que hace el PP donde gobierna es privatizar las empresas de agua y le ha recriminado que hable de corrupción y exclusiones. "Hay que ser muy persona para poder estar representando en los sitios", ha dicho.
DOS MILLONES DE VIAJEROS GRATIS EN EMTUSA
En el Pleno también se ha aprobado, con el voto en contra del PP, las nuevas tarifas de Emtusa, que supone un incremento de cinco céntimos en el caso del billete ordinario, que en 2011 será de 1,15 euros. De la misma forma, el bonobus sube tres céntimos (0,75 euros por viaje); el joven uno, el social se mantiene, el mensual un euro, el semestreal nueve y el anual siete. Además, seguirá siendo gratuito para menores de 13 años y en lo que se refiere al bono social que designe la Fundación de Servicios Sociales.
El concejal de Hacienda, presidente de Emtusa, ha contestado al edil del PP Gabriel Díaz que el coste real de cada viaje es de 1.30 euros, mientras que el ingreso medio es de 0,71. También le indicó que sólo el 25 por ciento de los viajeros usan billete ordinario, por lo que la mayoría de los usuarios disfruta de bonificaciones o descuentos. De hecho, ha asegurado que dos millones de usuarios viaja gratis cada año.
En la Sesión Plenaria también se ha aprobado, con el voto en contra del PP, las nuevas tarifas de Taxi para 2011, que recoge, entre algunas novedades, el cambio del cobro como festivo a partir de las 17.00 horas del sábado y no las 20.00 horas como hasta ahora. Se aplicará un aumento lineal de 2,3 por ciento, con lo que la bajada de bandera pasa de 1,52 a 1,55 euros, mientras que el precio por kilómetro pasa de 0,83 a 0,85 euros. La hora de espera será de 20,81 euros, frente a los 20,35 actuales. El precio de la carrera mínima será de 3,65 euros en lugar de 3,58.
Por otro lado, se ha aprobado, con la abstención del PP, la alteración de la calificación jurídica y la enajenación de subsuelo en Cimadevilla para la construcción de un aparcamiento para residentes y también con plazas en rotación,mientras que se rechazó la enmienda 'popular' para ampliar esa superficie.
Europa Press
Argüelles ha recriminado que se diga que se ha incurrido en corrupción cuando, según él, los "corruptos" son los del PP. "Deben aclararlo y pedimos una diculpa", ha dicho sobre las acusaciones de corrupción.
La respuesta no se ha hecho esperar, y González ha vuelto a hablar de una estructura corrupta, "corrompida en su gestión", ha indicado para ahondar en que "gastan mal el dinero público". "No es acusarles de nada que la gente no sepa", ha apuntando después de haber afirmado que el Gobierno Local hace "una indecencia" con el dinero del bolsillo de todos los gijoneses.
Argüelles ha reiterado su petición de disculpas. "O aclara bien lo que ha dicho o nos reservamos las acciones legales pertinentes", ha comentado a González, quien le ha replicado que corrupción no es ningún tipo penal, sino una forma de hacer política "pervertida y descompuesta en sus fines". "Me reafirmo plenamente en mis palabras", ha apostillado el edil 'popular'. El cruce de acusaciones ha continuado a lo largo del Pleno al llamar Argüelles 'trileros' al PP, aunque dijo estar dispuesto a retirarlo si la oposición hacía lo mismo.
En cuanto al tema de debate, el PP ha asegurado que en Gijón se había pasado a recaudar por impuestos de 64 millones de euros en 1999 a 124 en 2010, lo que se traduce en un aumento de un 92 por ciento, frente al 37 por ciento de incremento de IPC en diez años. "No nos vendan la moto de que suben los impuestos acorde a la subida de la vida", ha criticado.
La comparativa ha sido debatida por Argüelles, quien ha instado al PP a no mezclar "las churras con las merinas" y ha recordado que entre 1999 y 2010 Gijón "ha cambiado mucho y bien", además de haber crecido en población y actividad economica. Como ejemplo, ha señalado que había 133.000 vehículos en 1999, mientras que ahora hay 150.000.
También ha reiterado que el coste por impuestos en Gijón por habitante y año es de 317 euros, una cifra que es de 360 en el caso de Santander, de 417 en Oviedo, 443 en Burgos (PP), y 520 en Madrid, todas éstas últimas gobernadas por el PP. Argüelles ha reiterado que la ciudad creció pidiendo a los ciudadanos un esfuerzo fiscal "razonable".
Es más, le ha espetado al edil 'popular' que en Oviedo sube un 3 por ciento y le ha animado al PP a decir a sus compañeros que revisen su política fiscal porque "les están haciendo la puñeta", en referencia a la diferencia de criterio, que fue respondida por González, al recordar que el PSOE en Oviedo pide la congelación de impuestos y tarifas. Asimismo, ha apuntado que con la propuesta de impuestos del PP se dejaría de recaudar cinco millones de euros en el caso de la regasificadora.
También ha señalado que la subida propuesta para tasas y precios públicos es del 1,9 por ciento, correspondiente al IPC de julio, mientras que se prevé que a final de año sea de más del 2 por ciento. En el caso de 2011, además del IPC, se subirá el incremento del IVA que no se repercutíó aún desde julio en aquellos tasas y precios públicos en los que se tenga que aplicar, mientras que se congelan los impuestos -Plusvalía, IAE, Construcciones y Viñeta--.
EL IBI
En el caso del IBI, se siguen aplicando los incrementos de valor con la limitación del 9 por ciento y se mantiene el coeficiente de 0,55 tanto para rústico como urbano. Asimismo, ha explicado que será el último año que se puede legalmente aplicar el techo del crecimiento de recibos, por lo que en 2012 se prevé establecer una reducción de tipos para seguir manteniendo la contención de la subida.
Además, ha recordado que existe una bonificación del 50 por ciento para las viviendas protegidas durante seis años y del 25 por ciento para familias numerosas, entre otros. También ha recordado que fue el primer Ayuntamiento de su tamaño en aplicar la limitación de los recibos.
Por su parte, el portavoz de IU, Jesús Montes Estrada, ha apuntado que los impuestos son "absolutamente necesarios" y ha recriminado al concejal del PP que hable de corrupción y se quede "tan pancho", con alusión a las tramas de corrupción de responsables políticos del PP.
ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN EN LA EMA
En el Pleno, la subida del precio del recibo del agua también ha sido aprovechado por el PP para acusar al PSOE de corrupción. El edil 'popular' Eduardo Junquera ha aludido a la "colaboración bien pagá" y a que le habían echado del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Agua (EMA) por denunciar un caso de corrupción sobre el pago "por encargo" del concejal José Manuel Sariego a una empresa - del ex crítico 'popular' Emilio Noval-- "con el fin de perjudicar al PP y a sus dirigentes".
Asimismo, ha criticado la "arbitraria, ilegal e injusta" forma de echarle del Consejo de la EMA y ha recordado que el caso está denunciado, por lo que todos los consejos son "nulos". De ahí que el PP vote en contra de la propuesta, que supone una subida del IPC más un punto.
Por su parte, la concejala de Medio Ambiente, Dulce Gallego, ha replicado a Junquera que lo que hace el PP donde gobierna es privatizar las empresas de agua y le ha recriminado que hable de corrupción y exclusiones. "Hay que ser muy persona para poder estar representando en los sitios", ha dicho.
DOS MILLONES DE VIAJEROS GRATIS EN EMTUSA
En el Pleno también se ha aprobado, con el voto en contra del PP, las nuevas tarifas de Emtusa, que supone un incremento de cinco céntimos en el caso del billete ordinario, que en 2011 será de 1,15 euros. De la misma forma, el bonobus sube tres céntimos (0,75 euros por viaje); el joven uno, el social se mantiene, el mensual un euro, el semestreal nueve y el anual siete. Además, seguirá siendo gratuito para menores de 13 años y en lo que se refiere al bono social que designe la Fundación de Servicios Sociales.
El concejal de Hacienda, presidente de Emtusa, ha contestado al edil del PP Gabriel Díaz que el coste real de cada viaje es de 1.30 euros, mientras que el ingreso medio es de 0,71. También le indicó que sólo el 25 por ciento de los viajeros usan billete ordinario, por lo que la mayoría de los usuarios disfruta de bonificaciones o descuentos. De hecho, ha asegurado que dos millones de usuarios viaja gratis cada año.
En la Sesión Plenaria también se ha aprobado, con el voto en contra del PP, las nuevas tarifas de Taxi para 2011, que recoge, entre algunas novedades, el cambio del cobro como festivo a partir de las 17.00 horas del sábado y no las 20.00 horas como hasta ahora. Se aplicará un aumento lineal de 2,3 por ciento, con lo que la bajada de bandera pasa de 1,52 a 1,55 euros, mientras que el precio por kilómetro pasa de 0,83 a 0,85 euros. La hora de espera será de 20,81 euros, frente a los 20,35 actuales. El precio de la carrera mínima será de 3,65 euros en lugar de 3,58.
Por otro lado, se ha aprobado, con la abstención del PP, la alteración de la calificación jurídica y la enajenación de subsuelo en Cimadevilla para la construcción de un aparcamiento para residentes y también con plazas en rotación,mientras que se rechazó la enmienda 'popular' para ampliar esa superficie.
Europa Press
Ordenanzas fiscales Gijon
Las ordenanzas fiscales son las normas que regulan los tributos municipales. Cada tributo requiere una ordenanza en la que se determina quién debe pagar, el concepto por el cual debe pagar, las bases que sirven para calcular la cuantía del impuesto y la tarifa o porcentaje que debe aplicarse.
Además, estas ordenanzas especifican los casos especiales que pueden dar lugar a exenciones, bonificaciones, etc.
Además, estas ordenanzas especifican los casos especiales que pueden dar lugar a exenciones, bonificaciones, etc.
jueves, 28 de octubre de 2010
UPyD elige a Ignacio Prendes como candidato al Principado
Armando Fernández pugnará por la alcaldía de Gijón y Azucena Álvarez por la de Oviedo, y Belarmino Nieto y Andrés Villa por Avilés y Siero
28.10.10 - 03:08 - REDACCIÓN | GIJÓN.
Ignacio Prendes, uno de los fundadores de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Asturias y miembro de su dirección nacional, será el candidato de esta formación política a la Presidencia del Principado de Asturias, según la casi unánime votación de los militantes en las primarias del partido, en las que también se eligieron los cabezas de lista a las alcaldías de Gijón, Oviedo, Avilés y Siero.
La elección de Prendes fue suficientemente holgada (96%) como para legitimar sus aspiraciones, ya que, si bien no tuvo contrincante, los estatutos de UPyD permiten que los afiliados voten en contra de los candidatos y si el rechazo es superior a los apoyos, la propuesta queda desechada.
En Gijón y Avilés también hubo candidatura única. En la primera de las ciudades, resultó elegido Armando Fernández Bartolomé y en la localidad avilesina, Belarmino Nieto, también con porcentajes superiores al 90% . Oviedo y Siero fueron testigos de unas primarias confrontadas. Azucena Álvarez se impuso en la capital asturiana a su oponente José Manuel Valdés con un 59% contra un 38%, mientras que en la capital polesa el número uno será Andrés Villa, que, curiosamente, logró el 100% de los votos, pese a que también optaba Angélica Suárez, que ni siquiera se votó a sí misma.
28.10.10 - 03:08 - REDACCIÓN | GIJÓN.
Ignacio Prendes, uno de los fundadores de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Asturias y miembro de su dirección nacional, será el candidato de esta formación política a la Presidencia del Principado de Asturias, según la casi unánime votación de los militantes en las primarias del partido, en las que también se eligieron los cabezas de lista a las alcaldías de Gijón, Oviedo, Avilés y Siero.
La elección de Prendes fue suficientemente holgada (96%) como para legitimar sus aspiraciones, ya que, si bien no tuvo contrincante, los estatutos de UPyD permiten que los afiliados voten en contra de los candidatos y si el rechazo es superior a los apoyos, la propuesta queda desechada.
En Gijón y Avilés también hubo candidatura única. En la primera de las ciudades, resultó elegido Armando Fernández Bartolomé y en la localidad avilesina, Belarmino Nieto, también con porcentajes superiores al 90% . Oviedo y Siero fueron testigos de unas primarias confrontadas. Azucena Álvarez se impuso en la capital asturiana a su oponente José Manuel Valdés con un 59% contra un 38%, mientras que en la capital polesa el número uno será Andrés Villa, que, curiosamente, logró el 100% de los votos, pese a que también optaba Angélica Suárez, que ni siquiera se votó a sí misma.
El PP critica los gastos del Consejo de la Juventud
28/10/2010 00:00 / J. C. G. Gijón
La concejala del PP, María Teresa Menéndez, y el presidente local de Nuevas Generaciones, tacharon ayer de “escándalo” los 5.800 euros que, tanto el Concejo de la Juventud como la Concejalía de Cooperación, en manos de Jesús Montes Estrada (IU) aportaron del erario para un viaje de intercambio a la ciudad rusa de Novorossysk (hermanada con Gijón) el pasado mes de mayo. Los populares critican, no sólo lo que juzgan un derroche de dinero público, sino también que en el viaje haya participado gente ajena al Consejo de la Juventud y que su junta directiva no informara del intercambio en la reunión del consejo.
El viaje se integra en el programa Juventud en Acción que promueve el Gobierno central. Por este motivo, el Ayuntamiento de Gijón había recibido 12.460 euros de subvención. “Debía parecerles poco”, señaló ayer con ironía María Teresa Menéndez, que denunció la aportación extra de 5.227 euros por parte de la concejalía de Cooperación como los 560 que aportó el Consejo de la Juventud local. Según los populares, esa aportación de más sirvió para que se incluyera en la expedición gente ajena al consejo. En concreto, al PP le duele que a Rusia viajara el ex presidente del Consejo de la Juventud, Jordán Suárez (en el expediente figura como representante de Juventudes Socialistas) , que figura en la relación del viaje como representante de Amigos del Pueblo Palestino, pero que para el PP su único mérito es “ser la novia del nuevo presidente del Consejo de la Juventud, Carlos Fernández”. Además, el presidente de Nuevas Generaciones, David Medina, cuestionó la presencia de una traductora de ruso y de Arancha Margolles, secretaria del Consejo de la Juventud.
La concejala del PP, María Teresa Menéndez, y el presidente local de Nuevas Generaciones, tacharon ayer de “escándalo” los 5.800 euros que, tanto el Concejo de la Juventud como la Concejalía de Cooperación, en manos de Jesús Montes Estrada (IU) aportaron del erario para un viaje de intercambio a la ciudad rusa de Novorossysk (hermanada con Gijón) el pasado mes de mayo. Los populares critican, no sólo lo que juzgan un derroche de dinero público, sino también que en el viaje haya participado gente ajena al Consejo de la Juventud y que su junta directiva no informara del intercambio en la reunión del consejo.
El viaje se integra en el programa Juventud en Acción que promueve el Gobierno central. Por este motivo, el Ayuntamiento de Gijón había recibido 12.460 euros de subvención. “Debía parecerles poco”, señaló ayer con ironía María Teresa Menéndez, que denunció la aportación extra de 5.227 euros por parte de la concejalía de Cooperación como los 560 que aportó el Consejo de la Juventud local. Según los populares, esa aportación de más sirvió para que se incluyera en la expedición gente ajena al consejo. En concreto, al PP le duele que a Rusia viajara el ex presidente del Consejo de la Juventud, Jordán Suárez (en el expediente figura como representante de Juventudes Socialistas) , que figura en la relación del viaje como representante de Amigos del Pueblo Palestino, pero que para el PP su único mérito es “ser la novia del nuevo presidente del Consejo de la Juventud, Carlos Fernández”. Además, el presidente de Nuevas Generaciones, David Medina, cuestionó la presencia de una traductora de ruso y de Arancha Margolles, secretaria del Consejo de la Juventud.
miércoles, 27 de octubre de 2010
El Estado residual en 2011
@Álvaro Anchuelo - 27/10/2010 06:00h
Es un ejercicio poco habitual, pero clarificador, leer las cuentas públicas en clave territorial. En ellas queda plasmado cada año numéricamente el proceso de centrifugación del Estado que padecemos. Eso sí, de forma difícilmente discernible para el ojo no especializado. Así se evita el escándalo, pues la mayoría de los ciudadanos no son todavía conscientes de lo sucedido. El año pasado por estas fechas realizábamos un ejercicio similar. Repitámoslo con las cuentas del 2011.
La conclusión general sigue siendo la misma. La capacidad de actuación que la dimensión de los Presupuestos Generales parece proporcionar al Estado resulta engañosa. Detrás de esas macromagnitudes subyace un Estado residual, que ha ido entregando toda capacidad de articular unas políticas comunes en España. Lo que subsiste es un mero "Estado de transferencias", cuya función básica es hacer de intermediario entre los ingresos públicos que recauda y otros destinatarios últimos, que son quienes realmente los gastan. Esto apenas le deja ninguna capacidad de actuación discrecional. Casi todos sus recursos se van en esas transferencias obligatorias, previamente comprometidas.
Veámoslo en cifras presupuestarias. En 2011, el gasto consolidado previsto es de 297.425 millones. Pero, de ellos, 112.215 millones se gastarán en pagar las pensiones de la Seguridad Social, 30.474 millones en las prestaciones y subsidios de desempleo de los parados, 25.268 se transferirán a las Comunidades Autónomas (que, además, se llevarán el 50% de la recaudación del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales), 14.170 se transferirán a las corporaciones locales y 12.117 a la Unión Europea. Réstense asimismo los 27.400 millones correspondientes a los pagos de intereses de la deuda pública. Una vez hechos todos los ajustes, a los Ministerios les quedan 50.468 millones, equivalentes a sólo un 5% del PIB.
El proceso de debilitación de la Administración Central no se ha detenido, ni se está corrigiendo. Todo lo contrario, se acentúa progresivamente. A él han contribuido los nuevos Estatutos y la reforma de la financiación autonómica. Incluso la aprobación de cada Presupuesto requiere jirones adicionales del Estado, como los extraídos por el PNV recientemente. A esto se suma la cuantía cada vez mayor de las prestaciones por desempleo (debido a una tasa de paro que duplica la media de la Unión Europea) y los pagos por intereses de la deuda (reflejo de los insostenibles déficit públicos de los últimos años).
Junto a esta tendencia general, pueden señalarse otras curiosidades que el diseño del Estado autonómico provoca en las cuentas públicas. La nueva financiación autonómica implica una mayor participación de las Comunidades en los tributos estatales, como arriba se ha señalado. Este incremento supera a la disminución de las transferencias, aumentando el total de recursos que la Administración Central cede a las Comunidades. Por ello, aunque los ingresos públicos subiesen el 6% que pronostica el gobierno en 2011, ello no se traduciría en un aumento de los recursos estatales (que caerían un 12,8%).
Por otro lado, algunas Comunidades Autónomas han introducido recargos en su parte del IRPF, con tramos cuyos umbrales no siempre coinciden con los del tramo estatal. Comunidades como Asturias o Extremadura tendrán así 8 tramos. En Cataluña, el tipo marginal para rentas superiores a 175.000 euros se situará en el 49%. Todo esto complica el funcionamiento del sistema fiscal, e implica niveles de fiscalidad propios de los países nórdicos (pero sin las contrapartidas).
Un año más, el País Vasco y Navarra reciben un trato privilegiado, que les proporciona una financiación autonómica per cápita que duplica la de las Comunidades de régimen común. Este privilegio se verá incrementado en el País Vasco al incluir en el cupo lo arrancado en la negociación de estos Presupuestos. El botín incluye no sólo las políticas activas de empleo, sino también un aumento de los recursos para I+D, que contrasta con la reducción global que sufren en el conjunto de España.
Incluso la principal partida activa de cierta influencia que quedaba dentro del gasto del Estado, el gasto en infraestructuras, está siendo preasignada en los nuevos Estatutos (con unos porcentajes que nada garantiza que acaben sumando 100). La inversión pública territorializada refleja esto, unido al tratamiento preferencial que otorga el gobierno a las Comunidades políticamente afines. Un año más, Andalucía (con el 17,8%) y Cataluña (con el 15,2%) reciben la tercera parte del total. Cataluña, al quedar por debajo del límite del 18,6% fijado unilateralmente en su nuevo Estatuto, recibe además "proyectos pendientes de determinar" hasta alcanzar dicho límite. Frente a ellas, a la Comunidad de Madrid se le asigna un 10,6%, por ejemplo.
El Fondo de Compensación Interterritorial podría ser un importante instrumento de reequilibrio regional, al permitir la financiación de infraestructuras en las Comunidades menos ricas. La disminución de los fondos europeos acentúa la necesidad de reforzarlo. En estos presupuestos, por el contrario, se reduce un 36,8%, quedando en la cifra a todas luces insuficiente de 762 millones de euros.
Estos son los resultados de las cesiones realizadas por PSOE y PP durante décadas a unas muy reducidas minorías nacionalistas, a las que necesitan para mantenerse en el poder. Tal vez por ello, sólo un partido (UPyD) ha señalado estas contradicciones durante el debate presupuestario.
Es un ejercicio poco habitual, pero clarificador, leer las cuentas públicas en clave territorial. En ellas queda plasmado cada año numéricamente el proceso de centrifugación del Estado que padecemos. Eso sí, de forma difícilmente discernible para el ojo no especializado. Así se evita el escándalo, pues la mayoría de los ciudadanos no son todavía conscientes de lo sucedido. El año pasado por estas fechas realizábamos un ejercicio similar. Repitámoslo con las cuentas del 2011.
La conclusión general sigue siendo la misma. La capacidad de actuación que la dimensión de los Presupuestos Generales parece proporcionar al Estado resulta engañosa. Detrás de esas macromagnitudes subyace un Estado residual, que ha ido entregando toda capacidad de articular unas políticas comunes en España. Lo que subsiste es un mero "Estado de transferencias", cuya función básica es hacer de intermediario entre los ingresos públicos que recauda y otros destinatarios últimos, que son quienes realmente los gastan. Esto apenas le deja ninguna capacidad de actuación discrecional. Casi todos sus recursos se van en esas transferencias obligatorias, previamente comprometidas.
Veámoslo en cifras presupuestarias. En 2011, el gasto consolidado previsto es de 297.425 millones. Pero, de ellos, 112.215 millones se gastarán en pagar las pensiones de la Seguridad Social, 30.474 millones en las prestaciones y subsidios de desempleo de los parados, 25.268 se transferirán a las Comunidades Autónomas (que, además, se llevarán el 50% de la recaudación del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales), 14.170 se transferirán a las corporaciones locales y 12.117 a la Unión Europea. Réstense asimismo los 27.400 millones correspondientes a los pagos de intereses de la deuda pública. Una vez hechos todos los ajustes, a los Ministerios les quedan 50.468 millones, equivalentes a sólo un 5% del PIB.
El proceso de debilitación de la Administración Central no se ha detenido, ni se está corrigiendo. Todo lo contrario, se acentúa progresivamente. A él han contribuido los nuevos Estatutos y la reforma de la financiación autonómica. Incluso la aprobación de cada Presupuesto requiere jirones adicionales del Estado, como los extraídos por el PNV recientemente. A esto se suma la cuantía cada vez mayor de las prestaciones por desempleo (debido a una tasa de paro que duplica la media de la Unión Europea) y los pagos por intereses de la deuda (reflejo de los insostenibles déficit públicos de los últimos años).
Junto a esta tendencia general, pueden señalarse otras curiosidades que el diseño del Estado autonómico provoca en las cuentas públicas. La nueva financiación autonómica implica una mayor participación de las Comunidades en los tributos estatales, como arriba se ha señalado. Este incremento supera a la disminución de las transferencias, aumentando el total de recursos que la Administración Central cede a las Comunidades. Por ello, aunque los ingresos públicos subiesen el 6% que pronostica el gobierno en 2011, ello no se traduciría en un aumento de los recursos estatales (que caerían un 12,8%).
Por otro lado, algunas Comunidades Autónomas han introducido recargos en su parte del IRPF, con tramos cuyos umbrales no siempre coinciden con los del tramo estatal. Comunidades como Asturias o Extremadura tendrán así 8 tramos. En Cataluña, el tipo marginal para rentas superiores a 175.000 euros se situará en el 49%. Todo esto complica el funcionamiento del sistema fiscal, e implica niveles de fiscalidad propios de los países nórdicos (pero sin las contrapartidas).
Un año más, el País Vasco y Navarra reciben un trato privilegiado, que les proporciona una financiación autonómica per cápita que duplica la de las Comunidades de régimen común. Este privilegio se verá incrementado en el País Vasco al incluir en el cupo lo arrancado en la negociación de estos Presupuestos. El botín incluye no sólo las políticas activas de empleo, sino también un aumento de los recursos para I+D, que contrasta con la reducción global que sufren en el conjunto de España.
Incluso la principal partida activa de cierta influencia que quedaba dentro del gasto del Estado, el gasto en infraestructuras, está siendo preasignada en los nuevos Estatutos (con unos porcentajes que nada garantiza que acaben sumando 100). La inversión pública territorializada refleja esto, unido al tratamiento preferencial que otorga el gobierno a las Comunidades políticamente afines. Un año más, Andalucía (con el 17,8%) y Cataluña (con el 15,2%) reciben la tercera parte del total. Cataluña, al quedar por debajo del límite del 18,6% fijado unilateralmente en su nuevo Estatuto, recibe además "proyectos pendientes de determinar" hasta alcanzar dicho límite. Frente a ellas, a la Comunidad de Madrid se le asigna un 10,6%, por ejemplo.
El Fondo de Compensación Interterritorial podría ser un importante instrumento de reequilibrio regional, al permitir la financiación de infraestructuras en las Comunidades menos ricas. La disminución de los fondos europeos acentúa la necesidad de reforzarlo. En estos presupuestos, por el contrario, se reduce un 36,8%, quedando en la cifra a todas luces insuficiente de 762 millones de euros.
Estos son los resultados de las cesiones realizadas por PSOE y PP durante décadas a unas muy reducidas minorías nacionalistas, a las que necesitan para mantenerse en el poder. Tal vez por ello, sólo un partido (UPyD) ha señalado estas contradicciones durante el debate presupuestario.
martes, 26 de octubre de 2010
El sueldo y la categoría, principales obstáculos para el acuerdo sobre las escuelas para bebés
Primera reunión y absoluto desacuerdo. Ayuntamiento y sindicatos han comenzado la negociación sobre el futuro laboral de las trabajadoras del ciclo de 0 a 3 años con posturas iniciales bastante alejadas. Hay integrar a las trabajadoras en el convenio colectivo, tal y como obliga la sentencia, y parece decidido que se va a crear una categoría profesional nueva, la de técnico superior en educación infantil, que pertenecería a la categoría C1 (equivalente a un administrativo) dentro del organigrama municipal. Pero, a partir de ahí, pocas coincidencias.
Porque dentro de una misma categoría hay diferentes grados, de los que depende, por ejemplo, el nivel retributivo. Así, todos los empleados públicos municipales del grupo C1 tienen, como mínimo, un grado 15, y el Ayuntamiento plantea para las trabajadoras del 0 a 3 un grado 11. Traducido a la nómina eso significa una diferencia de 215 euros mensuales. Evidentemente, las empleadas podrían, al igual que el resto de la plantilla municipal, ir subiendo de nivel, pero en la práctica quiere decir que hasta el año 2013 no alcanzarían el nivel que exigen ahora.
Esas son las principales diferencias puestas ayer sobre la mesa en la primera reunión de negociación, en la que estuvieron presentes responsables técnicos de las áreas de Recursos Humanos y Hacienda, así como de los sindicatos UGT y CC OO (los que interpusieron la demanda que ha dado lugar a este fallo) y del SIPLA, como mayoritario del comité de empresa municipal. Ni Santiago Martínez Argüelles (Hacienda) ni Justo Vilabrille (Educación) asistieron al encuentro, cuestión que al parecer es habitual en las mesas de negociación.
Tanto UGT como CC OO han rechazado de forma tajante la propuesta municipal. Un grado 11, explican, es el inferior de los que hay en el Ayuntamiento, y sólo lo tienen los empleados del grupo D, en ningún caso los del C1 (incluso los del C2, que están por debajo, suelen tener un nivel 13). «Significa rebajar cuatro escalones a estas trabajadoras», explica Rubén Medina, de CC OO. Arcadio Rodríguez, de UGT, es contundente: «Ni hablar. De ningún modo. No vamos a rebajar los criterios establecidos. Les corresponde la categoría C1, el grado 15, y no es negociable».
Sí lo era, en cambio, la forma en que el Ayuntamiento abonará los atrasos a las empleadas de este ciclo educativo. En principio, se calculaba que cada una de ellas recibiría entre 5.000 y 6.000 euros sólo por este concepto (aunque algunos consideran que la cifra puede ser menor) y los sindicatos estaban dispuestos a ser flexibles en los plazos. Pero la cosa tampoco parece ir bien en este sentido. Porque dicen los sindicatos que los responsables municipales «insinuaron» ayer que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias «no habla de los atrasos». Ante el enfado sindical, la cuestión se recondujo y parece que la negociación sobre la forma de pago de los atrasos quedará aplazada hasta que haya un acuerdo sobre la categoría profesional de estas 132 educadoras. Porque los sindicatos negociarán la forma de pago, pero en ningún caso que éste ha de producirse.
Así las cosas, UGT ya trasladó ayer a sus afiliadas la situación, y CC OO lo hará en los próximos días. Los primeros han puesto un plazo: 15 días para alcanzar un acuerdo, antes de pedir ante el TSJA la ejecución de la sentencia. CC OO trabaja en la misma línea, ya que confía en que el aumento salarial sea efectivo en la nómina del mes de noviembre. En cualquier caso, los sindicatos esperan que los responsables municipales les citen a un nuevo encuentro a lo largo de esta semana o principios de la próxima.
Lo cierto es que, por complicada que sea esta situación, es sólo una de las caras de esta moneda. La otra hace referencia a las relaciones entre Ayuntamiento y Principado y el debate sobre cuál de los dos debería hacerse cargo de esta red educativa. Antes de que surgiera esta situación concreta, el concejal de Educación, Justo Vilabrille, ya había expresado en varias ocasiones su convicción de que es el Ejecutivo regional el que debe asumir la red, que sólo en Gijón cuenta con 10 guarderías (34 en todo el Principado). Esa misma opinión se ha vuelto a poner de relieve durante estos últimos días.
«Buscar la mejor solución»
Y la propia alcaldesa lo mencionó ayer de nuevo, al ser preguntada por las negociaciones con los sindicatos. Paz Fernández Felgueroso abogó por buscar «la mejor solución de forma dialogada», consciente de que en estos momentos es el Ayuntamiento el que debe resolver el problema porque así lo han decidido los sindicatos. Si bien su deseo va por otro camino: «Es una red educativa que debería ser dependiente del Principado. Eso sería lo deseable, pero no sé si va a ser posible». Por el momento parece evidente que no, a juzgar por las declaraciones realizadas a raíz de esta situación por el propio consejero de Educación.
Porque si bien es cierto que la red depende del Principado, la gestión de las escuelas de 0 a 3 años está cedida a los municipios, a través de la Federación Asturiana de Concejos, en cuyo marco se firmó en su momento el convenio que debía regir la situación de estas educadoras, en toda la comunidad. Por eso, Felgueroso instó a todas las partes a «buscar una solución factible y global para todos los municipios».
Porque los propios sindicatos esperan que Gijón produzca un «efecto cascada» en el resto de Ayuntamientos que cuentan con escuelas de este tipo, aunque sólo en Gijón se hubiera 'atado' la cuestión en el convenio municipal. Y mientras, en Gijón está previsto abrir tres nuevas escuelas de 0 a 3 años (en La Camocha, Nuevo Gijón -ampliación- y Montevil, además de elaborar el proyecto de la de Roces) que sumarán 170 empleados y 847 plazas. Al parecer, la intención es seleccionar al personal de esas nuevas escuelas a través de la bolsa de trabajo creada en 2008.
La sentencia del TSJA, que el Ayuntamiento decidió no recurrir en casación, ha supuesto un fuerte varapalo económico para el equipo de gobierno, que deberá tener en cuenta para los presupuestos de 2011 los nuevos salarios de este importante colectivo (además de los atrasos), en un momento en el que las arcas municipales no están precisamente boyantes. Será Santiago Martínez Argüelles quien deba hacer la cuadratura del círculo. Por el momento, ayer rechazó hacer comentarios sobre la negociación en marcha.
Porque dentro de una misma categoría hay diferentes grados, de los que depende, por ejemplo, el nivel retributivo. Así, todos los empleados públicos municipales del grupo C1 tienen, como mínimo, un grado 15, y el Ayuntamiento plantea para las trabajadoras del 0 a 3 un grado 11. Traducido a la nómina eso significa una diferencia de 215 euros mensuales. Evidentemente, las empleadas podrían, al igual que el resto de la plantilla municipal, ir subiendo de nivel, pero en la práctica quiere decir que hasta el año 2013 no alcanzarían el nivel que exigen ahora.
Esas son las principales diferencias puestas ayer sobre la mesa en la primera reunión de negociación, en la que estuvieron presentes responsables técnicos de las áreas de Recursos Humanos y Hacienda, así como de los sindicatos UGT y CC OO (los que interpusieron la demanda que ha dado lugar a este fallo) y del SIPLA, como mayoritario del comité de empresa municipal. Ni Santiago Martínez Argüelles (Hacienda) ni Justo Vilabrille (Educación) asistieron al encuentro, cuestión que al parecer es habitual en las mesas de negociación.
Tanto UGT como CC OO han rechazado de forma tajante la propuesta municipal. Un grado 11, explican, es el inferior de los que hay en el Ayuntamiento, y sólo lo tienen los empleados del grupo D, en ningún caso los del C1 (incluso los del C2, que están por debajo, suelen tener un nivel 13). «Significa rebajar cuatro escalones a estas trabajadoras», explica Rubén Medina, de CC OO. Arcadio Rodríguez, de UGT, es contundente: «Ni hablar. De ningún modo. No vamos a rebajar los criterios establecidos. Les corresponde la categoría C1, el grado 15, y no es negociable».
Sí lo era, en cambio, la forma en que el Ayuntamiento abonará los atrasos a las empleadas de este ciclo educativo. En principio, se calculaba que cada una de ellas recibiría entre 5.000 y 6.000 euros sólo por este concepto (aunque algunos consideran que la cifra puede ser menor) y los sindicatos estaban dispuestos a ser flexibles en los plazos. Pero la cosa tampoco parece ir bien en este sentido. Porque dicen los sindicatos que los responsables municipales «insinuaron» ayer que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias «no habla de los atrasos». Ante el enfado sindical, la cuestión se recondujo y parece que la negociación sobre la forma de pago de los atrasos quedará aplazada hasta que haya un acuerdo sobre la categoría profesional de estas 132 educadoras. Porque los sindicatos negociarán la forma de pago, pero en ningún caso que éste ha de producirse.
Así las cosas, UGT ya trasladó ayer a sus afiliadas la situación, y CC OO lo hará en los próximos días. Los primeros han puesto un plazo: 15 días para alcanzar un acuerdo, antes de pedir ante el TSJA la ejecución de la sentencia. CC OO trabaja en la misma línea, ya que confía en que el aumento salarial sea efectivo en la nómina del mes de noviembre. En cualquier caso, los sindicatos esperan que los responsables municipales les citen a un nuevo encuentro a lo largo de esta semana o principios de la próxima.
Lo cierto es que, por complicada que sea esta situación, es sólo una de las caras de esta moneda. La otra hace referencia a las relaciones entre Ayuntamiento y Principado y el debate sobre cuál de los dos debería hacerse cargo de esta red educativa. Antes de que surgiera esta situación concreta, el concejal de Educación, Justo Vilabrille, ya había expresado en varias ocasiones su convicción de que es el Ejecutivo regional el que debe asumir la red, que sólo en Gijón cuenta con 10 guarderías (34 en todo el Principado). Esa misma opinión se ha vuelto a poner de relieve durante estos últimos días.
«Buscar la mejor solución»
Y la propia alcaldesa lo mencionó ayer de nuevo, al ser preguntada por las negociaciones con los sindicatos. Paz Fernández Felgueroso abogó por buscar «la mejor solución de forma dialogada», consciente de que en estos momentos es el Ayuntamiento el que debe resolver el problema porque así lo han decidido los sindicatos. Si bien su deseo va por otro camino: «Es una red educativa que debería ser dependiente del Principado. Eso sería lo deseable, pero no sé si va a ser posible». Por el momento parece evidente que no, a juzgar por las declaraciones realizadas a raíz de esta situación por el propio consejero de Educación.
Porque si bien es cierto que la red depende del Principado, la gestión de las escuelas de 0 a 3 años está cedida a los municipios, a través de la Federación Asturiana de Concejos, en cuyo marco se firmó en su momento el convenio que debía regir la situación de estas educadoras, en toda la comunidad. Por eso, Felgueroso instó a todas las partes a «buscar una solución factible y global para todos los municipios».
Porque los propios sindicatos esperan que Gijón produzca un «efecto cascada» en el resto de Ayuntamientos que cuentan con escuelas de este tipo, aunque sólo en Gijón se hubiera 'atado' la cuestión en el convenio municipal. Y mientras, en Gijón está previsto abrir tres nuevas escuelas de 0 a 3 años (en La Camocha, Nuevo Gijón -ampliación- y Montevil, además de elaborar el proyecto de la de Roces) que sumarán 170 empleados y 847 plazas. Al parecer, la intención es seleccionar al personal de esas nuevas escuelas a través de la bolsa de trabajo creada en 2008.
La sentencia del TSJA, que el Ayuntamiento decidió no recurrir en casación, ha supuesto un fuerte varapalo económico para el equipo de gobierno, que deberá tener en cuenta para los presupuestos de 2011 los nuevos salarios de este importante colectivo (además de los atrasos), en un momento en el que las arcas municipales no están precisamente boyantes. Será Santiago Martínez Argüelles quien deba hacer la cuadratura del círculo. Por el momento, ayer rechazó hacer comentarios sobre la negociación en marcha.
La Plataforma de Cabueñes alega que el PGO es «nulo de pleno derecho»
La Plataforma contra el Muro de Cabueñes (SOS Cabueñes) ha propuesto poner fin al expediente del Plan General de Ordenación (PGO) en su escrito de alegaciones, al ser una «ilegalidad manifiesta» arrastrada desde el Documento de Prioridades, al tiempo que también solicita la anulación del Informe de Sostenibilidad Ambiental, según fuentes de la organización vecinal.
En el escrito de alegaciones presentado el pasado viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, se critica la «falta de ética y de estética» del Ayuntamiento, al insistir en el Plan Parcial de Cabueñes a pesar del proceso penal abierto contra el ex arquitecto jefe municipal Ovidio Blanco. También critica que la información sometida a consideración ciudadana en la red municipal «no era la correcta».
Además, tal como se hizo constar en las sugerencias al Documento de Prioridades, SOS Cabueñes reitera que, pese a que la alternativa cero debe referirse a la no realización de la revisión, ésta incluye desarrollos urbanísticos derivados del Plan Teixidor de 2007. Por este motivo, si la alternativa cero no es válida, tampoco el Documento de Prioridades, lo que hace que el proceso de tramitación del PGO sea «nulo de pleno derecho».
Según la organización vecinal, se persiste en establecer nuevos territorios urbanos «desconexos y aislados» de la evolución tradicional de las urbes, lo que contribuye a la aparición de «islas de especulación entre la periferia verde de la ciudad» que generan, a su juicio, «plusvalías impresionantes». Como ejemplo, citan el caso de Cabueñes o el de Castiello de Bernueces. Sobre el primero, además, inciden en que no cabe el sistema de compensación que está planteado.
En cuanto al Informe de Sostenibilidad Ambiental, asegura que no atiende a lo prescrito en el documento de referencia establecido por el Principado (BOPA del 20 de mayo de 2010), y se remarca que si hubieran sido de especial atención los hábitats de interés comunitario -como tenía que haberse hecho, según la Plataforma-, hubieran supuesto «un obstáculo» frente a algunos suelos urbanizables.
De hecho, se remarca que el Informe de Sostenibilidad habla de que la Alternativa 1, la menos mala de las tres, requiere de medidas protectoras, correctoras o compensatorias para paliar impactos previstos por los desarrollos planteados y pone de ejemplo el crecimiento difuso y altamente dependiente del vehículo privado en algunas zonas rurales, que puede generar la degradación de algunas zonas en detrimento de otras, así como cambios en la demanda de servicios sociales.
También el escrito alude a otras zonas, como la sur de Porceyo, de la que dice que no es posible fraccionar una unidad territorial en cuatro ámbitos desconexos, o la del sur de Cabueñes, para la que sólo «un empecinamiento vergonzante» puede dar explicación al cambio en su definición territorial, en las inmediaciones del enlace de Deva.
La Plataforma analiza más en profundidad el proyecto para Somonte Alto y remarca que no es posible la actuación prevista sin enlace con la red viaria, que, aunque en el plano parece marcada por un par de líneas paralelas, no es así en la definición del ámbito de la actuación.
En este sentido, recalca que donde ahora se dice que va a ser suelo industrial, con 558.410 metros cuadrados previstos, el Documento de Prioridades lo establecía como suelo no urbanizable de recuperación ambiental, lo que supone un cambio «trascendente». Asimismo, rechaza la ubicación y remarca que sería «el primer suelo industrial con vistas panorámicas».
Desproporción en Granda
Por otro lado, critica, por «desproporcionada», la actuación en Granda, por la «ostensible» degradación del entorno fluvial recientemente recuperado en el entorno del Piles. Según la Plataforma, la operación urbanística afectaría a un enclave de muy elevado valor ambiental -magnífico ejemplo de Aliseda Pantanosa-que se vería «cercenado» por un vial previsto en el lugar que la Confederación Hidrográfica apuesta por preservar. También dice que el aspecto de preservación ambiental queda «cercenado» en lo que se refiere a la Carbayera del Tragamón, con calificación de Lugar de Interés Comunitario.
A SOS Cabueñes le llama la atención, además, que se contemple un nuevo aprovechamiento sobre un terreno que acogió antiguas explotaciones mineras, aún sin restauración efectuada, y que ahora pasan a considerarse suelos adscritos a núcleos rurales.
No obstante, para la Plataforma estos espacios de antiguas minas de áridos y otros, dispersos por parroquias de la zona Este, deberían estar excluidos de tal consideración. Como ejemplo, el escrito cita el Camino de Ñales y La Tejerona.
En el escrito de alegaciones presentado el pasado viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, se critica la «falta de ética y de estética» del Ayuntamiento, al insistir en el Plan Parcial de Cabueñes a pesar del proceso penal abierto contra el ex arquitecto jefe municipal Ovidio Blanco. También critica que la información sometida a consideración ciudadana en la red municipal «no era la correcta».
Además, tal como se hizo constar en las sugerencias al Documento de Prioridades, SOS Cabueñes reitera que, pese a que la alternativa cero debe referirse a la no realización de la revisión, ésta incluye desarrollos urbanísticos derivados del Plan Teixidor de 2007. Por este motivo, si la alternativa cero no es válida, tampoco el Documento de Prioridades, lo que hace que el proceso de tramitación del PGO sea «nulo de pleno derecho».
Según la organización vecinal, se persiste en establecer nuevos territorios urbanos «desconexos y aislados» de la evolución tradicional de las urbes, lo que contribuye a la aparición de «islas de especulación entre la periferia verde de la ciudad» que generan, a su juicio, «plusvalías impresionantes». Como ejemplo, citan el caso de Cabueñes o el de Castiello de Bernueces. Sobre el primero, además, inciden en que no cabe el sistema de compensación que está planteado.
En cuanto al Informe de Sostenibilidad Ambiental, asegura que no atiende a lo prescrito en el documento de referencia establecido por el Principado (BOPA del 20 de mayo de 2010), y se remarca que si hubieran sido de especial atención los hábitats de interés comunitario -como tenía que haberse hecho, según la Plataforma-, hubieran supuesto «un obstáculo» frente a algunos suelos urbanizables.
De hecho, se remarca que el Informe de Sostenibilidad habla de que la Alternativa 1, la menos mala de las tres, requiere de medidas protectoras, correctoras o compensatorias para paliar impactos previstos por los desarrollos planteados y pone de ejemplo el crecimiento difuso y altamente dependiente del vehículo privado en algunas zonas rurales, que puede generar la degradación de algunas zonas en detrimento de otras, así como cambios en la demanda de servicios sociales.
También el escrito alude a otras zonas, como la sur de Porceyo, de la que dice que no es posible fraccionar una unidad territorial en cuatro ámbitos desconexos, o la del sur de Cabueñes, para la que sólo «un empecinamiento vergonzante» puede dar explicación al cambio en su definición territorial, en las inmediaciones del enlace de Deva.
La Plataforma analiza más en profundidad el proyecto para Somonte Alto y remarca que no es posible la actuación prevista sin enlace con la red viaria, que, aunque en el plano parece marcada por un par de líneas paralelas, no es así en la definición del ámbito de la actuación.
En este sentido, recalca que donde ahora se dice que va a ser suelo industrial, con 558.410 metros cuadrados previstos, el Documento de Prioridades lo establecía como suelo no urbanizable de recuperación ambiental, lo que supone un cambio «trascendente». Asimismo, rechaza la ubicación y remarca que sería «el primer suelo industrial con vistas panorámicas».
Desproporción en Granda
Por otro lado, critica, por «desproporcionada», la actuación en Granda, por la «ostensible» degradación del entorno fluvial recientemente recuperado en el entorno del Piles. Según la Plataforma, la operación urbanística afectaría a un enclave de muy elevado valor ambiental -magnífico ejemplo de Aliseda Pantanosa-que se vería «cercenado» por un vial previsto en el lugar que la Confederación Hidrográfica apuesta por preservar. También dice que el aspecto de preservación ambiental queda «cercenado» en lo que se refiere a la Carbayera del Tragamón, con calificación de Lugar de Interés Comunitario.
A SOS Cabueñes le llama la atención, además, que se contemple un nuevo aprovechamiento sobre un terreno que acogió antiguas explotaciones mineras, aún sin restauración efectuada, y que ahora pasan a considerarse suelos adscritos a núcleos rurales.
No obstante, para la Plataforma estos espacios de antiguas minas de áridos y otros, dispersos por parroquias de la zona Este, deberían estar excluidos de tal consideración. Como ejemplo, el escrito cita el Camino de Ñales y La Tejerona.
lunes, 25 de octubre de 2010
Algunas Ideas sobre la Reforma del Sistema Educativo en España
y Juan José Dolado on 09/11/2009
Si España desea optar a un nuevo modelo productivo, una vez superada la profunda recesión actual, resulta imprescindible emprender una apuesta decidida por la potenciación de nuestro sistema educativo. Tras jugar un papel decisivo en el logro de los sustanciales avances socioeconómicos experimentados por nuestro país desde la restauración de la democracia, dicho sistema lleva bastante tiempo mostrando claros síntomas de agotamiento. Sin duda, las reformas educativas requieren inversiones adicionales tanto públicas como privadas, pues nuestro esfuerzo presupuestario en gasto educativo todavía se sitúa por debajo del llevado a cabo en otros países de nuestro entorno (4.3% frente al 5.3% de media en la UE). Sin embargo, la disponibilidad de mayores recursos (cantidad) no parece ser una condición suficiente para lograr subsanar las deficiencias actuales sin reasignar el gasto y mejorar la financiación privada. En efecto, sin lograr un nivel de eficiencia (calidad) muy superior al que actualmente se obtiene a partir de los recursos disponibles, resulta bastante probable que el deseable aumento del gasto educativo acabe resultando esteril. Por tanto, el avance simultáneo en ambas direcciones resulta ser un requisito imprescindible para, por un lado, alcanzar una senda de crecimiento sostenido a medio plazo y, por otro, lograr una mayor cohesión social basada en la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Esta última condición constituye el principio básico de funcionamiento de cualquier sistema educativo eficaz y equitativo. Desafortunadamente, todavía esta lejos de alcanzarse en nuestra sociedad, donde la probabilidad de fracaso escolar de los hijos de padres no universitarios es 20 veces mayor que la de los que tienen alguno de sus padres universitarios, mientras que la probabilidad de acceso a la universidad es 4.5 veces mayor para estos últimos.
La idea de que los países desarrollados podrán continuar compitiendo en las mismas condiciones con otras economías intensivas en trabajo poco cualificado y con bajos salarios parece cada vez más inviable. Es bien conocido que países emergentes como China o India están aumentando la calidad de su fuerza laboral a enorme velocidad. La combinación de mejores cualificaciones y costes laborales todavía reducidos es un reto para los países desarrollados que solo puede afrontarse flexibilizando y mejorando la calidad de sus sistemas educativos, de manera que el conocimiento y la información se trasmitan eficazmente a la gran mayoría de los ciudadanos.
Desde la llegada de la democracia, el avance en el acceso a la educación en nuestro país ha sido impresionante. En 1980, la proporción de personas entre 25 y 64 años que no habían completado el bachillerato superior era del 89% (56% en la UE) mientras que el 8% tenían estudios universitarios (UE: 12%). En la actualidad, dichos porcentajes son del 58% (UE: 34%) y 28% (UE: 23%), respectivamente. En las universidades españolas hay 1,4 millones de estudiantes, una cifra muy similar a la de Alemania o Francia, países con mucha mayor población. Un avance tan sustancial en la acumulación de capital humano conlleva necesariamente disfunciones transitorias que pueden tardar una o dos décadas en desaparecer. El problema es los desajustes temporales se conviertan en permanentes. La primera disfunción se refiere a la primacía de la cantidad sobre la calidad. La segunda, al deterioro progresivo de los contenidos de los programas educativos y a los problemas de gestión y financiación de los centros donde se imparten los diferentes programas educativos.
Educación Infantil
Los estudios neurológicos y socioeconómicos (liderados por James H. Heckman) sobre el desarrollo de las capacidades de aprendizaje en edades tempranas (0-3) han puesto de manifiesto que la educación infantil es un medio extremadamente eficaz para sentar las bases del aprendizaje posterior, prevenir el abandono escolar y reducir las desigualdades educativas derivadas del estrato familiar de procedencia. Si bien ha habido avances sustanciales durante la última década, las tasa de escolarización en la fase inicial (0-2), alrededor del 18% (aunque en algunas CCAA como el País Vasco alcance el 47%), están todavía muy alejadas de la media de la UE (25%). Además, a diferencia de lo que ocurre en los posteriores niveles educativos, y también en la mayoría de la UE donde la educación pública es dominante, los centros privados son mayoritarios (57%) en la etapa de educación infantil. De hecho, como resultado de la creciente escasez de plazas a consecuencia del boom inmigratorio, se ha venido produciendo un progresivo efecto “expulsión” de aquellas familias con niveles de renta cercanos a las requeridos para acceder a los centros públicos. Aunque existe un plan de aumento sustancial de este tipo de plazas (Plan Educa3, con el objetivo de ofrecer 300 mil nuevas plazas de guarderías durante 2008-2012 por parte de la administración central y las CCAA), su desarrollo ha sido mínimo por el momento. Resulta crucial que se ponga en marcha y logre su objetivo.
Educación Primaria y Secundaria
Por lo que respecta a los dos siguientes niveles educativos, la ampliación de la educación obligatoria hasta los 16 años y el progresivo acceso creciente del alumnado procedente de la inmigración (mas de 600 mil alumnos en la actualidad) han supuesto los dos retos principales a los que se han venido enfrentando gobiernos centrales y autónomos de uno y otro signo. El éxito logrado ha sido escaso, dado que España es uno de los países de la UE con mayor tasa de fracaso escolar en el bachillerato: un 31% de estudiantes abandonan la educación secundaria post-obligatoria (de los cuales un 14% solo alcanza estudios de primaria) frente a un 15% en la UE.
La secuencia de reformas LOGSE- LOCE- LOE han abordado el problema desde diferentes ópticas ideológicas: unas con un enfoque tendente a la integración, descuidando a cambio la calidad y empeorando la disposición de los alumnos ante el proceso de aprendizaje. Otras, con un enfoque más elitista, endureciendo las condiciones de funcionamiento de la enseñanza pública y favoreciendo a la enseñanza privada (representa un 5%) y concertada (25%), pero sin ofrecer medios e incentivos suficientes a la escuela pública (70%).
El resultado final ha sido un progresivo deterioro de los conocimientos que aporta la ESO, fenómeno plasmado en los mediocres resultados que nuestros alumnos obtienen en las comparaciones internacionales (estudios PIRLS y PISA). La aprobación de la LOE en 2006 con el voto en contra del principal partido de la oposición, puso de manifiesto la dificultad de lograr consensos. Resulta incomprensible que, frente a los déficit de rendimiento educativo acumulados durante las dos últimas décadas, los ejes centrales de la polémica se hayan centrado, por un lado, en si la asignatura de Religión deba o no ser curricular (en una sociedad laica) o, por otro, en si Educación para Ciudadanía (bastaría una asignatura donde se estudiaran los artículos de la Constitución) deba ser el caballo de batalla de la nueva reforma. Todo ello mientras que la proporción de alumnos sin los mínimos requeridos en lectura (26%), ciencias (20%) o matemáticas (25%) supera en 3 o 4 puntos porcentuales a la media de la UE. Sin embargo, frente a la opinión generalizada de que existe una tendencia uniforme hacia la mediocridad, cabe apuntar que la evidencia al respecto no es tan concluyente: existe evidencia que apunta a una distribución bi-modal de rendimientos, donde los buenos estudiantes son bastante mejores que en generaciones previas mientras que los malos estudiantes son definitivamente mucho peores.
Los árboles no nos dejan ver el bosque. Nos olvidamos de otros temas de mucho mayor calado, como son: (i) la recuperación de la cultura del esfuerzo mediante incentivos adecuados, (ii) la existencia de los controles centralizados (sería muy conveniente recuperar la antigua reválida a los 14 años abolida en 1970), (iii) la insuficiente oferta de “pasarelas” de acceso a la formación profesional al acabar la primaria (la ratio de alumnos en FP y universidad es 1:2.5 en España, frente a 1:1 en la UE), (iv) el reforzamiento del aprendizaje de los idiomas extranjeros (todavía un 55% de la población española no habla ninguno), (v) la financiación generosa de grupos de apoyo para los alumnos desaventajados, (vi) el uso de tecnologías modernas en la transmisión de conocimiento (solo en el 8% del tiempo en clase se utilizan las TICs, aunque se espera mejore con el nuevo plan escuela 2.0), en combinación con el necesario esfuerzo memorístico y el trabajo en casa, y (vii) el reforzamiento de la figura del profesor mediante su formación y reciclaje continuo. En definitiva, se trata de enfatizar el mensaje inequívoco de que la educación no es algo lúdico sino costoso. Estas son las recetas del éxito en países como Corea o Finlandia, los líderes de PISA. Se trata de extender a la educación pública lo que ya ofrece la privada y concertada, para que compitan en igualdad de oportunidades, eliminando la baja movilidad social que impera en el sistema actual donde la renta familiar (p. ej., la disponibilidad de libros en el hogar) es un indicador preciso de la elección de tipo de colegio.
Educación superior
Si hablamos de regresión social clasista, qué decir del sistema de financiación nuestro sistema universitario. Un estudiante en la universidad pública cuesta aproximadamente unos 7.700 € al erario público y paga como matrícula unos 1000 €, esto es, un 13% del coste real para nuestra sociedad. Ello implica que cada alumno, con independencia de su nivel socioeconómico familiar y de su rendimiento académico, recibe un subsidio anual de 6.7000 € del contribuyente. La justificación de este subsidio descansa tradicionalmente en la existencia de externalidades positivas para la sociedad (mayor productividad y cohesión social, mejor salud, etc.) que no se financiarían privadamente. Sin embargo, aunque el sistema impositivo sea progresivo, la financiación actual resulta catastróficamente regresiva y completamente ineficiente. El rendimiento salarial de un año adicional de educación universitaria se sitúa en un rango del 7-10% anual (mayor que el de la gran mayoría de activos financieros) mientras que el rango del rendimiento social es del 1-3%. Estas cifras parecen interpretarse completamente al revés en España puesto que implican que el estudiante debería sufragar un 70% del coste de su formación en vez del 13% actual. Frente al sistema anglosajón de matrículas elevadas o préstamos-renta que financien becas generosas para los alumnos con talento procedentes de familias con reducida capacidad económica (España destina a becas el 0.08% del PIB, mientras que la UE destina el 0.25%), aquí se mantiene una estricta política de “café para todos”, donde la obtención de un título en una buena o mala universidad apenas es relevante, como tampoco importa el retraso en completar una titulación, apenas penalizado mediante recargas por matrícula mucho mas elevadas que las actualmente existentes en el increíblemente generoso número (generalmente 6) de convocatorias extraordinarias en nuestro sistema universitario .
Al igual que en la ESO, las cifras de fracaso escolar en la universidad vuelven a ser muy elevadas, volviendo a repetirse la proporción “maldita” vigente en la etapa anterior: un 30% de los alumnos abandonan después de 2 años sin obtener titulación alguna y solo un 30% acaban una licenciatura de 4 años en dicho período (la duración media es de 6 años, pocentaje mucho mas elevado en la EPS). Generalmente se ignora en el debate público que dicho fracaso lleva aparejado un elevado desperdicio de recursos públicos para la sociedad que podrían tener usos alternativos mas productivos. En efecto, como bien puso de manifiesto Michael Spence, el efecto “señal” (también conocido como efecto “acreditación” o “sheepskin”) aparejado al logro de una titulación en un mundo de información asimétrica puede ser mucho mas relevante para el éxito en la inserción laboral que la propia acumulación de capital humano parcialmente adquirido por los alumnos que abandonan prematuramente el sistema educativo.
A modo meramente ilustrativo, se ofrecen a continuación unos cálculos orientativos sobre la pérdida de recursos acarreada por este fenómeno tan extendido en nuestro país, comenzando con el análisis del caso que nos ocupa. Con un flujo de entrada anual de 220 mil alumnos en la universidad pública y un stock de 1,22 millones en 2008, ello implica un desperdicio anual de algo mas de 2.790 millones de euros al año, casi el 0.26% del PIB. Si a este coste añadimos otros 2.050 millones de euros (0.19 % del PIB) procedentes del otro 30% de abandono escolar en la ESO (cuyo gasto anual por alumno en el sistema público es de € 4.500) y que un 35% de este colectivo acaba dicha etapa educativa en 5 años y no en la duración habitual de 4 años, la pérdida anual agregada se eleva a 5.562 millones de euros, es decir, cada año puede llegar a desperdiciarse algo mas de medio punto porcentual del PIB a consecuencia de la ineficiencia del sistema educativo público en nuestro país (un 12% del 4.3% del PIB que se gasta en educación). Obviamente estas cifras han de interpretarse como cotas superiores de la pérdida de recursos sufrida por nuestra sociedad puesto que algunos de los alumnos que abandonan el sistema educativo pueden reengancharse posteriormente y seguramente habrán adquirido alguna destreza o conocimiento durante su estancia en el mismo. Por ejemplo, si el efecto “sheepskin” supusiera un 50% del total, cifra concordante con la evidencia empírica disponible, la pérdida anual supondría 2.781 millones de euros anualmente, casi un 0.3% del PIB. Aun así, el desperdicio de recursos resulta bastante alarmantes.
En este sentido, la universidad privada (23 de 70 universidades presenciales existentes, ofreciendo el 16% de las titulaciones a un 11% del alumnado universitario) no ha supuesto una vía de mejora a la calidad del sistema universitario en su conjunto, en contraste con lo que ocurre en otros países. A diferencia de los centros privados de primaria y secundaria, los centros universitarios privados generalmente son de baja calidad. En la mayoría de los casos, acoge al alumnado con medios económicos suficientes para pagar una matrícula de 6-10 mil euros anuales que carece de nota suficiente para acceder a la pública y en aquellos casos donde su prestigio docente es elevado (equivalentes a los colleges en EEUU) su calidad investigadora es muy reducida. Por ejemplo, los rankings del diario EL MUNDO sobre calidad de la universidades españolas señalan que, sobre 150 instituciones prestigiosas en 50 titulaciones universitarias, solo aparecen 9 privadas en 2008 y ninguna en los primeros lugares.
A su vez, la financiación de las universidades públicas en sus contratos programa con las consejerias de educación de las CCAA depende fundamentalmente del número de alumnos (70%) y poco de la calidad de su docencia e investigación (10%). Si a ello unimos un mercado laboral dual presidido por la precariedad contractual de los jóvenes, el resultado es un grado de “sobre-educación” (cercano al del 25%) muy elevado, donde la educación superior ha perdido buena parte de su capacidad de señal de las habilidades del individuo. Muchas carreras están sobresaturadas de contenidos y de falta de demanda, dando lugar a notas de acceso muy bajas, mientras que en otras la falta de adecuación de las plazas existentes al crecimiento de su demanda provoca importantes barreras de acceso a determinados estudios (el caso de Medicina en la actualidad es llamativo). Los desajustes se mantienen en el tiempo y el exceso de formación muy específica dificulta la reinserción de los trabajadores en caso de pérdida del empleo a diferencia, por ejemplo, de EE.UU. donde una formación mucho más flexible y diversificada (sistema de majors) permite encontrar empleos en ocupaciones alternativas sin experimentar reducciones salariales importantes.
Frente a la posibilidad de reformar el número de carreras, sus contenidos y la excesiva duración de las mismas, el Proceso de Bolonia ha supuesto otro sonado fracaso. La posibilidad de acceder al mercado laboral tras un grado de 3 años, con conocimientos mas transversales, y que la especialización posterior (masters de 2 años) se produjera vía una mayor competencia entre universidades (este es el sistema masivamente adoptado por 43 de los 46 países firmantes del Acuerdo de Bolonia) se ha decidido mantener el status quo de 4 años de duración en los grados. Los grados de 3 años hubieran reducido sustancialmente el fracaso escolar, recuperando buena parte de la pérdida de PIB anual comentada anteriormente, además de reducir el gasto en educación en una cuarta parte. También hubiera supuesto un foco de atracción de estudiantes extranjeros, prácticamente inexistentes (2.3% frente al 15% en EEUU y RU). Sin embargo, una reforma de este tipo chocaba frontalmente con los intereses de un profesorado corporativista, todavía seleccionado mayoritariamente de forma endogámica, con escasa actividad investigadora (aunque con algunos grupos de elite muy destacadas) que solo desea mantener sus privilegios de antaño (asignaturas = financiación) con la ayuda de instituciones garantes de arcanos (p. ej., la CRUE) y esencias de otros tiempos.
Solo un sistema universitario mucho más competitivo conseguirá sacarnos del marasmo actual. La necesaria reforma de nuestra universidad requiere la implantación urgente de un conjunto de medidas , entre las que destacaría las siguientes: (i) una mayor libertad por parte de las universidades públicas en la fijación de tasas ordinarias de matrícula y en la penalización del coste de las tasas extraordinarias para los alumnos repetidores; (ii) una mayor flexibilidad en la duración de los grados (como ocurre con las licenciaturas, donde, durante bastante tiempo, han venido coexistiendo las de 4 y 5 años); (iii) un sistema salarial mucho mas flexible dentro de los límites presupuestarios (con fondos públicos y privados) de cada institución evitando la excesiva uniformidad por categoría profesional (TU y CU) que rige en el modelo funcionarial existente. ; (iv) una financiación pública que de mucho mas peso a la calidad y no tanto a la cantidad mediante la evaluación periódica de los departamentos universitarios en cada disciplina (tipo Research Assessment Exercise en RU); (v) un estatuto de la carrera profesional del personal académico (PDI) que fomente la movilidad y el control de calidad del mismo (con amplios períodos de prueba o tenure track), evitando la endogamia existente y los desincentivos derivados de la funcionarización masiva y prematura de una significativa proporción de sus integrantes; (vi) la apertura de nuestro sistema universitario a investigadores procedentes de otros países (solo el 0.5% de nuestros profesores universitarios son extranjeros frente al 30% en EEUU y el 25% en RU); y (vii) una potenciación de la financiación y reconocimiento social de la FP superior como vía de acceso mucho mas eficiente al mercado laboral para muchos alumnos que fracasan en la universidad. La reciente reforma de la educación superior en Finlandia (la medalla de oro en PISA) que elimina la condición de funcionarios a PDIs retroactivamente a partir de enero de 2010, reduce el número de universidades mediante fusiones entre las ahora existentes y cambia radicalmente el sistema de gobernanza de las universidades públicas puede suponer un bue benchmark para la necesaria reforma de nuestro sistema universitario. Se argumentará que una reforma de este calado no es posible en nuestro entorno pero cabe recordar que hace dos décadas se eliminó la naturaleza funcionarial de los médicos de la Seguridad Social, pasando a tener contratos laborales ordinarios, y no parece que el sistema público de salus se haya resentido un ápice. (los detalles de la reforma de la educación superior en Finlandia pueden consultarse en:
www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/Yliopistolaitoksen_uudistaminen/index.html?lang=en )
Conclusión: La educación es el motor de bienestar y está en una encrucijada. El mundo es indiferente a la tradición y la reputación pasada. Solo escogerán el camino del éxito aquellos países que, ignorando las quejas de aquellos que se resisten a perder sus privilegios, estén dispuestos a implementar cambios sustanciales.
(*) Adaptación del artículo publicado en el libro electrónico La Crisis de la Economía Española: Lecciones y Propuestas (http://www.crisis09.es/).
Si España desea optar a un nuevo modelo productivo, una vez superada la profunda recesión actual, resulta imprescindible emprender una apuesta decidida por la potenciación de nuestro sistema educativo. Tras jugar un papel decisivo en el logro de los sustanciales avances socioeconómicos experimentados por nuestro país desde la restauración de la democracia, dicho sistema lleva bastante tiempo mostrando claros síntomas de agotamiento. Sin duda, las reformas educativas requieren inversiones adicionales tanto públicas como privadas, pues nuestro esfuerzo presupuestario en gasto educativo todavía se sitúa por debajo del llevado a cabo en otros países de nuestro entorno (4.3% frente al 5.3% de media en la UE). Sin embargo, la disponibilidad de mayores recursos (cantidad) no parece ser una condición suficiente para lograr subsanar las deficiencias actuales sin reasignar el gasto y mejorar la financiación privada. En efecto, sin lograr un nivel de eficiencia (calidad) muy superior al que actualmente se obtiene a partir de los recursos disponibles, resulta bastante probable que el deseable aumento del gasto educativo acabe resultando esteril. Por tanto, el avance simultáneo en ambas direcciones resulta ser un requisito imprescindible para, por un lado, alcanzar una senda de crecimiento sostenido a medio plazo y, por otro, lograr una mayor cohesión social basada en la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Esta última condición constituye el principio básico de funcionamiento de cualquier sistema educativo eficaz y equitativo. Desafortunadamente, todavía esta lejos de alcanzarse en nuestra sociedad, donde la probabilidad de fracaso escolar de los hijos de padres no universitarios es 20 veces mayor que la de los que tienen alguno de sus padres universitarios, mientras que la probabilidad de acceso a la universidad es 4.5 veces mayor para estos últimos.
La idea de que los países desarrollados podrán continuar compitiendo en las mismas condiciones con otras economías intensivas en trabajo poco cualificado y con bajos salarios parece cada vez más inviable. Es bien conocido que países emergentes como China o India están aumentando la calidad de su fuerza laboral a enorme velocidad. La combinación de mejores cualificaciones y costes laborales todavía reducidos es un reto para los países desarrollados que solo puede afrontarse flexibilizando y mejorando la calidad de sus sistemas educativos, de manera que el conocimiento y la información se trasmitan eficazmente a la gran mayoría de los ciudadanos.
Desde la llegada de la democracia, el avance en el acceso a la educación en nuestro país ha sido impresionante. En 1980, la proporción de personas entre 25 y 64 años que no habían completado el bachillerato superior era del 89% (56% en la UE) mientras que el 8% tenían estudios universitarios (UE: 12%). En la actualidad, dichos porcentajes son del 58% (UE: 34%) y 28% (UE: 23%), respectivamente. En las universidades españolas hay 1,4 millones de estudiantes, una cifra muy similar a la de Alemania o Francia, países con mucha mayor población. Un avance tan sustancial en la acumulación de capital humano conlleva necesariamente disfunciones transitorias que pueden tardar una o dos décadas en desaparecer. El problema es los desajustes temporales se conviertan en permanentes. La primera disfunción se refiere a la primacía de la cantidad sobre la calidad. La segunda, al deterioro progresivo de los contenidos de los programas educativos y a los problemas de gestión y financiación de los centros donde se imparten los diferentes programas educativos.
Educación Infantil
Los estudios neurológicos y socioeconómicos (liderados por James H. Heckman) sobre el desarrollo de las capacidades de aprendizaje en edades tempranas (0-3) han puesto de manifiesto que la educación infantil es un medio extremadamente eficaz para sentar las bases del aprendizaje posterior, prevenir el abandono escolar y reducir las desigualdades educativas derivadas del estrato familiar de procedencia. Si bien ha habido avances sustanciales durante la última década, las tasa de escolarización en la fase inicial (0-2), alrededor del 18% (aunque en algunas CCAA como el País Vasco alcance el 47%), están todavía muy alejadas de la media de la UE (25%). Además, a diferencia de lo que ocurre en los posteriores niveles educativos, y también en la mayoría de la UE donde la educación pública es dominante, los centros privados son mayoritarios (57%) en la etapa de educación infantil. De hecho, como resultado de la creciente escasez de plazas a consecuencia del boom inmigratorio, se ha venido produciendo un progresivo efecto “expulsión” de aquellas familias con niveles de renta cercanos a las requeridos para acceder a los centros públicos. Aunque existe un plan de aumento sustancial de este tipo de plazas (Plan Educa3, con el objetivo de ofrecer 300 mil nuevas plazas de guarderías durante 2008-2012 por parte de la administración central y las CCAA), su desarrollo ha sido mínimo por el momento. Resulta crucial que se ponga en marcha y logre su objetivo.
Educación Primaria y Secundaria
Por lo que respecta a los dos siguientes niveles educativos, la ampliación de la educación obligatoria hasta los 16 años y el progresivo acceso creciente del alumnado procedente de la inmigración (mas de 600 mil alumnos en la actualidad) han supuesto los dos retos principales a los que se han venido enfrentando gobiernos centrales y autónomos de uno y otro signo. El éxito logrado ha sido escaso, dado que España es uno de los países de la UE con mayor tasa de fracaso escolar en el bachillerato: un 31% de estudiantes abandonan la educación secundaria post-obligatoria (de los cuales un 14% solo alcanza estudios de primaria) frente a un 15% en la UE.
La secuencia de reformas LOGSE- LOCE- LOE han abordado el problema desde diferentes ópticas ideológicas: unas con un enfoque tendente a la integración, descuidando a cambio la calidad y empeorando la disposición de los alumnos ante el proceso de aprendizaje. Otras, con un enfoque más elitista, endureciendo las condiciones de funcionamiento de la enseñanza pública y favoreciendo a la enseñanza privada (representa un 5%) y concertada (25%), pero sin ofrecer medios e incentivos suficientes a la escuela pública (70%).
El resultado final ha sido un progresivo deterioro de los conocimientos que aporta la ESO, fenómeno plasmado en los mediocres resultados que nuestros alumnos obtienen en las comparaciones internacionales (estudios PIRLS y PISA). La aprobación de la LOE en 2006 con el voto en contra del principal partido de la oposición, puso de manifiesto la dificultad de lograr consensos. Resulta incomprensible que, frente a los déficit de rendimiento educativo acumulados durante las dos últimas décadas, los ejes centrales de la polémica se hayan centrado, por un lado, en si la asignatura de Religión deba o no ser curricular (en una sociedad laica) o, por otro, en si Educación para Ciudadanía (bastaría una asignatura donde se estudiaran los artículos de la Constitución) deba ser el caballo de batalla de la nueva reforma. Todo ello mientras que la proporción de alumnos sin los mínimos requeridos en lectura (26%), ciencias (20%) o matemáticas (25%) supera en 3 o 4 puntos porcentuales a la media de la UE. Sin embargo, frente a la opinión generalizada de que existe una tendencia uniforme hacia la mediocridad, cabe apuntar que la evidencia al respecto no es tan concluyente: existe evidencia que apunta a una distribución bi-modal de rendimientos, donde los buenos estudiantes son bastante mejores que en generaciones previas mientras que los malos estudiantes son definitivamente mucho peores.
Los árboles no nos dejan ver el bosque. Nos olvidamos de otros temas de mucho mayor calado, como son: (i) la recuperación de la cultura del esfuerzo mediante incentivos adecuados, (ii) la existencia de los controles centralizados (sería muy conveniente recuperar la antigua reválida a los 14 años abolida en 1970), (iii) la insuficiente oferta de “pasarelas” de acceso a la formación profesional al acabar la primaria (la ratio de alumnos en FP y universidad es 1:2.5 en España, frente a 1:1 en la UE), (iv) el reforzamiento del aprendizaje de los idiomas extranjeros (todavía un 55% de la población española no habla ninguno), (v) la financiación generosa de grupos de apoyo para los alumnos desaventajados, (vi) el uso de tecnologías modernas en la transmisión de conocimiento (solo en el 8% del tiempo en clase se utilizan las TICs, aunque se espera mejore con el nuevo plan escuela 2.0), en combinación con el necesario esfuerzo memorístico y el trabajo en casa, y (vii) el reforzamiento de la figura del profesor mediante su formación y reciclaje continuo. En definitiva, se trata de enfatizar el mensaje inequívoco de que la educación no es algo lúdico sino costoso. Estas son las recetas del éxito en países como Corea o Finlandia, los líderes de PISA. Se trata de extender a la educación pública lo que ya ofrece la privada y concertada, para que compitan en igualdad de oportunidades, eliminando la baja movilidad social que impera en el sistema actual donde la renta familiar (p. ej., la disponibilidad de libros en el hogar) es un indicador preciso de la elección de tipo de colegio.
Educación superior
Si hablamos de regresión social clasista, qué decir del sistema de financiación nuestro sistema universitario. Un estudiante en la universidad pública cuesta aproximadamente unos 7.700 € al erario público y paga como matrícula unos 1000 €, esto es, un 13% del coste real para nuestra sociedad. Ello implica que cada alumno, con independencia de su nivel socioeconómico familiar y de su rendimiento académico, recibe un subsidio anual de 6.7000 € del contribuyente. La justificación de este subsidio descansa tradicionalmente en la existencia de externalidades positivas para la sociedad (mayor productividad y cohesión social, mejor salud, etc.) que no se financiarían privadamente. Sin embargo, aunque el sistema impositivo sea progresivo, la financiación actual resulta catastróficamente regresiva y completamente ineficiente. El rendimiento salarial de un año adicional de educación universitaria se sitúa en un rango del 7-10% anual (mayor que el de la gran mayoría de activos financieros) mientras que el rango del rendimiento social es del 1-3%. Estas cifras parecen interpretarse completamente al revés en España puesto que implican que el estudiante debería sufragar un 70% del coste de su formación en vez del 13% actual. Frente al sistema anglosajón de matrículas elevadas o préstamos-renta que financien becas generosas para los alumnos con talento procedentes de familias con reducida capacidad económica (España destina a becas el 0.08% del PIB, mientras que la UE destina el 0.25%), aquí se mantiene una estricta política de “café para todos”, donde la obtención de un título en una buena o mala universidad apenas es relevante, como tampoco importa el retraso en completar una titulación, apenas penalizado mediante recargas por matrícula mucho mas elevadas que las actualmente existentes en el increíblemente generoso número (generalmente 6) de convocatorias extraordinarias en nuestro sistema universitario .
Al igual que en la ESO, las cifras de fracaso escolar en la universidad vuelven a ser muy elevadas, volviendo a repetirse la proporción “maldita” vigente en la etapa anterior: un 30% de los alumnos abandonan después de 2 años sin obtener titulación alguna y solo un 30% acaban una licenciatura de 4 años en dicho período (la duración media es de 6 años, pocentaje mucho mas elevado en la EPS). Generalmente se ignora en el debate público que dicho fracaso lleva aparejado un elevado desperdicio de recursos públicos para la sociedad que podrían tener usos alternativos mas productivos. En efecto, como bien puso de manifiesto Michael Spence, el efecto “señal” (también conocido como efecto “acreditación” o “sheepskin”) aparejado al logro de una titulación en un mundo de información asimétrica puede ser mucho mas relevante para el éxito en la inserción laboral que la propia acumulación de capital humano parcialmente adquirido por los alumnos que abandonan prematuramente el sistema educativo.
A modo meramente ilustrativo, se ofrecen a continuación unos cálculos orientativos sobre la pérdida de recursos acarreada por este fenómeno tan extendido en nuestro país, comenzando con el análisis del caso que nos ocupa. Con un flujo de entrada anual de 220 mil alumnos en la universidad pública y un stock de 1,22 millones en 2008, ello implica un desperdicio anual de algo mas de 2.790 millones de euros al año, casi el 0.26% del PIB. Si a este coste añadimos otros 2.050 millones de euros (0.19 % del PIB) procedentes del otro 30% de abandono escolar en la ESO (cuyo gasto anual por alumno en el sistema público es de € 4.500) y que un 35% de este colectivo acaba dicha etapa educativa en 5 años y no en la duración habitual de 4 años, la pérdida anual agregada se eleva a 5.562 millones de euros, es decir, cada año puede llegar a desperdiciarse algo mas de medio punto porcentual del PIB a consecuencia de la ineficiencia del sistema educativo público en nuestro país (un 12% del 4.3% del PIB que se gasta en educación). Obviamente estas cifras han de interpretarse como cotas superiores de la pérdida de recursos sufrida por nuestra sociedad puesto que algunos de los alumnos que abandonan el sistema educativo pueden reengancharse posteriormente y seguramente habrán adquirido alguna destreza o conocimiento durante su estancia en el mismo. Por ejemplo, si el efecto “sheepskin” supusiera un 50% del total, cifra concordante con la evidencia empírica disponible, la pérdida anual supondría 2.781 millones de euros anualmente, casi un 0.3% del PIB. Aun así, el desperdicio de recursos resulta bastante alarmantes.
En este sentido, la universidad privada (23 de 70 universidades presenciales existentes, ofreciendo el 16% de las titulaciones a un 11% del alumnado universitario) no ha supuesto una vía de mejora a la calidad del sistema universitario en su conjunto, en contraste con lo que ocurre en otros países. A diferencia de los centros privados de primaria y secundaria, los centros universitarios privados generalmente son de baja calidad. En la mayoría de los casos, acoge al alumnado con medios económicos suficientes para pagar una matrícula de 6-10 mil euros anuales que carece de nota suficiente para acceder a la pública y en aquellos casos donde su prestigio docente es elevado (equivalentes a los colleges en EEUU) su calidad investigadora es muy reducida. Por ejemplo, los rankings del diario EL MUNDO sobre calidad de la universidades españolas señalan que, sobre 150 instituciones prestigiosas en 50 titulaciones universitarias, solo aparecen 9 privadas en 2008 y ninguna en los primeros lugares.
A su vez, la financiación de las universidades públicas en sus contratos programa con las consejerias de educación de las CCAA depende fundamentalmente del número de alumnos (70%) y poco de la calidad de su docencia e investigación (10%). Si a ello unimos un mercado laboral dual presidido por la precariedad contractual de los jóvenes, el resultado es un grado de “sobre-educación” (cercano al del 25%) muy elevado, donde la educación superior ha perdido buena parte de su capacidad de señal de las habilidades del individuo. Muchas carreras están sobresaturadas de contenidos y de falta de demanda, dando lugar a notas de acceso muy bajas, mientras que en otras la falta de adecuación de las plazas existentes al crecimiento de su demanda provoca importantes barreras de acceso a determinados estudios (el caso de Medicina en la actualidad es llamativo). Los desajustes se mantienen en el tiempo y el exceso de formación muy específica dificulta la reinserción de los trabajadores en caso de pérdida del empleo a diferencia, por ejemplo, de EE.UU. donde una formación mucho más flexible y diversificada (sistema de majors) permite encontrar empleos en ocupaciones alternativas sin experimentar reducciones salariales importantes.
Frente a la posibilidad de reformar el número de carreras, sus contenidos y la excesiva duración de las mismas, el Proceso de Bolonia ha supuesto otro sonado fracaso. La posibilidad de acceder al mercado laboral tras un grado de 3 años, con conocimientos mas transversales, y que la especialización posterior (masters de 2 años) se produjera vía una mayor competencia entre universidades (este es el sistema masivamente adoptado por 43 de los 46 países firmantes del Acuerdo de Bolonia) se ha decidido mantener el status quo de 4 años de duración en los grados. Los grados de 3 años hubieran reducido sustancialmente el fracaso escolar, recuperando buena parte de la pérdida de PIB anual comentada anteriormente, además de reducir el gasto en educación en una cuarta parte. También hubiera supuesto un foco de atracción de estudiantes extranjeros, prácticamente inexistentes (2.3% frente al 15% en EEUU y RU). Sin embargo, una reforma de este tipo chocaba frontalmente con los intereses de un profesorado corporativista, todavía seleccionado mayoritariamente de forma endogámica, con escasa actividad investigadora (aunque con algunos grupos de elite muy destacadas) que solo desea mantener sus privilegios de antaño (asignaturas = financiación) con la ayuda de instituciones garantes de arcanos (p. ej., la CRUE) y esencias de otros tiempos.
Solo un sistema universitario mucho más competitivo conseguirá sacarnos del marasmo actual. La necesaria reforma de nuestra universidad requiere la implantación urgente de un conjunto de medidas , entre las que destacaría las siguientes: (i) una mayor libertad por parte de las universidades públicas en la fijación de tasas ordinarias de matrícula y en la penalización del coste de las tasas extraordinarias para los alumnos repetidores; (ii) una mayor flexibilidad en la duración de los grados (como ocurre con las licenciaturas, donde, durante bastante tiempo, han venido coexistiendo las de 4 y 5 años); (iii) un sistema salarial mucho mas flexible dentro de los límites presupuestarios (con fondos públicos y privados) de cada institución evitando la excesiva uniformidad por categoría profesional (TU y CU) que rige en el modelo funcionarial existente. ; (iv) una financiación pública que de mucho mas peso a la calidad y no tanto a la cantidad mediante la evaluación periódica de los departamentos universitarios en cada disciplina (tipo Research Assessment Exercise en RU); (v) un estatuto de la carrera profesional del personal académico (PDI) que fomente la movilidad y el control de calidad del mismo (con amplios períodos de prueba o tenure track), evitando la endogamia existente y los desincentivos derivados de la funcionarización masiva y prematura de una significativa proporción de sus integrantes; (vi) la apertura de nuestro sistema universitario a investigadores procedentes de otros países (solo el 0.5% de nuestros profesores universitarios son extranjeros frente al 30% en EEUU y el 25% en RU); y (vii) una potenciación de la financiación y reconocimiento social de la FP superior como vía de acceso mucho mas eficiente al mercado laboral para muchos alumnos que fracasan en la universidad. La reciente reforma de la educación superior en Finlandia (la medalla de oro en PISA) que elimina la condición de funcionarios a PDIs retroactivamente a partir de enero de 2010, reduce el número de universidades mediante fusiones entre las ahora existentes y cambia radicalmente el sistema de gobernanza de las universidades públicas puede suponer un bue benchmark para la necesaria reforma de nuestro sistema universitario. Se argumentará que una reforma de este calado no es posible en nuestro entorno pero cabe recordar que hace dos décadas se eliminó la naturaleza funcionarial de los médicos de la Seguridad Social, pasando a tener contratos laborales ordinarios, y no parece que el sistema público de salus se haya resentido un ápice. (los detalles de la reforma de la educación superior en Finlandia pueden consultarse en:
www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/Yliopistolaitoksen_uudistaminen/index.html?lang=en )
Conclusión: La educación es el motor de bienestar y está en una encrucijada. El mundo es indiferente a la tradición y la reputación pasada. Solo escogerán el camino del éxito aquellos países que, ignorando las quejas de aquellos que se resisten a perder sus privilegios, estén dispuestos a implementar cambios sustanciales.
(*) Adaptación del artículo publicado en el libro electrónico La Crisis de la Economía Española: Lecciones y Propuestas (http://www.crisis09.es/).
¿Vale la pena estudiar? (III) La asignación de recursos públicos y privados favorece a la universidad
de Florentino Felgueroso, Luis Garicano y Sergi Jiménez
Hemos descrito en varias entradas recientes en NadaEsGratis varios aspectos del panorama de la educación secundaria y terciaria en España. En particular, hemos mostrado que (1) España tiene unos niveles de fracaso escolar extraordinariamente altos, mayores que en el resto de Europa; además muchos de estos jóvenes ni estudian ni trabajan; (2) España tiene niveles muy elevados, los mayores de Europa, de subocupación de licenciados; (3) que a pesar de todo la educación parece ser beneficiosa, como Samuel Bentolila mostró la semana pasada, y que los beneficios de los que estudian se manifiestan de tres maneras: menos temporalidad, menor tasa de desempleo, mayor salario. De hecho, como ha mostrado el Education at a Glance de la OCDE, la inversión en educación es rentable tanto para el nivel de enseñanza post-obligatoria, como para la enseñanza de nivel superior, para todos los países analizados, incluido el nuestro.
Desde el punto de vista de cantidades, España tiene una distribución con forma de reloj de arena: demasiadas personas sin formar (sin enseñanza postsecundaria), y demasiadas licenciados universitarios (si pensamos en la subocupación). Desde la perspectiva de los precios y retornos, que son los que guían las decisiones, parece que estudiar sigue siendo rentable, lo que nos lleva a plantear la siguiente pregunta: ¿por qué entonces tanto abandono escolar? En las próximas entradas, incluido ésta, empezamos a estudiar las respuestas. Hoy nos centraremos en los costes y en un aspecto que puede explicar esta polarización y el subempleo: la asignación de recursos a los diferentes niveles del sistema educativo.
1. Los costes directos privados no explican el puzle: el coste directo de la postsecundaria es bajo, el de la terciaria (incluyendo la universidad) es alto
Si considerásemos sólo los costes directos de estudiar incurridos por los estudiantes, no deberíamos observar este tipo de polarización educativa. Primero, desde el puro punto de vista del coste directo, la secundaria post-obligatoria es barata. Comparando con los demás países de la OCDE, los costes privados del bachillerato y la FP de grado medio (secundaria post-obligatoria), que vemos en la parte azul de la barrita en la figura siguiente, en España son alrededor de la mitad de la media de la OCDE y muy inferiores a los de Alemania, Holanda o Reino Unido, por ejemplo. Es decir, este coste directo privado no explica la alta tasa de abandono escolar. Segundo, la educación terciaria es relativamente cara– los costes privados de la educación terciaria son similares a la media de la OCDE y entre tres y seis veces más elevados que en los países escandinavos y Bélgica, por ejemplo. El coste que asumimos en este nivel es del 50% del coste público, cuando en los países antes mencionados no alcanza ni el 10% (3% en Suecia). Visto así, nuestros jóvenes deberían ir sustancialmente menos a la universidad que en estos países. En otras palabras, a igualdad de sistema y de salidas, el coste directo NO nos proporciona una explicación directa ni de la baja escolarización post secundaria ni de la alta tasa de matriculación en la enseñanza terciaria.
2. El gasto total en educación secundaria postobligatoria es el menor de la OCDE; el gasto total en terciaria está en la media de la OCDE
Ahora bien, estos datos también nos revelan que el gasto total por persona (sumando gastos privados y públicos y en US$ en términos paridad de poder adquisitivo) en la educación secundaria post-obligatoria es el menor de la OCDE, justo después de Turquía. Estamos en un 57% de la media de la OCDE en gasto por alumno. No siempre habrá relación directa entre gasto y calidad, pero sin gastar es difícil obtener resultados. Seguro que existen diferentes motivos adicionales para explicar un nivel tan bajo de gasto en la post-secundaria obligatoria, y uno que debe ser relevante es el menor peso de la FP e incluso el tipo de FP. Gastamos, 3,5 veces menos por alumno que en Austria por ejemplo, donde se privilegia la formación profesional dual. Por otro lado, el gasto total en educación terciaria NO ES BAJO: el coste directo total por estudiante de los estudios terciarios en España está en la media de la OCDE.
3. Una explicación parcial: la asignación de subsidios públicos favorece a la terciaria
Existe por tanto una diferencia en la asignación de recursos a la secundaria post-obligatoria muy importante. Los recursos totales asignados a la educación de un estudiante de educación terciaria, sumando el gasto privado y el público, son 2,29 veces mayores que los asignados a la el de la educación secundaria post-obligatoria, el mayor ratio de la OCDE. El gasto en universidades y en secundaria post obligatoria apunta de esta manera a una explicación parcial del puzzle: mientras que la secundaria post-obligatoria está muy descuidada, la inversión en terciaria, particularmente en Universidades, ha sido sustancial.
Además, la forma en que se ha producido el fuerte incremento del gasto en universidades, la expansión del número de universidades, supone una reducción del gasto privado de acudir a la universidad para los estudiantes. Entre 1970 y 2010, el número de universidades aumentó de 19 a 74, habiendo ya casi una en cada provincia. Este es un factor que ha aumentado la demanda de estudios universitarios al reducir su coste, ya que facilita el estudiar sin moverse de casa.
Si pensamos que el nivel la inversión pública y privada explica en parte el nivel de calidad, está claro que la configuración de los presupuestos educativos favorece claramente a la educación terciaria y desfavorece a la postsecundaria. Esto explicaría (1) por qué no vale la pena estudiar FP de grado medio y (2) por que demasiados estudiantes prolongan sus estudios hasta la enseñanaza de nivel superior. Si la calidad del nivel intermedio es muy baja, adquirir un título universitario o de FP de grado superior, es la única alternativa. En cierto modo, el nivel superior puede estar impartiendo los conocimientos no recibidos en el intermedio, reduciendo a su vez la calidad de lo impartido en el nivel superior.
4. Efectos indirectos: señalización y calidad
Claramente, el que una proporción mayor de la población vaya a la universidad tiene efectos indirectos. Primero, la calidad debe descender ya que los contenidos deben ser accesibles a muchos estudiantes que de otro modo se hubieran contentando con una titulación de FP de grado medio. Además, para mantener esta gran maquinaria educativa, se ha ido relajando el acceso suprimiendo el númerus cláusus o rebajando las notas de acceso.
Segundo, Kelly Bedard ha mostrado que el incremento del acceso a la universidad indirectamente explica la polarización, al incrementar la tasa de abandono escolar como resultado de la pérdida de valor de los diplomas intermedios: en los estados de EEUU con más universidades, ha aumentado la tasa de abandono escolar, a la par que lo hizo la matriculación en las universidades. Esto es consistente con la idea de que el valor que antes tenía el diploma de bachillerato (High School, graduación a los 18) ahora no la tiene, porque cualquiera medianamente bueno va a la universidad. Aquellos que no tendrían capacidad suficiente para ir a la universidad, abandonarían la escuela antes de completar la enseñanza post-obligatoria, dado que ya no se pueden “confundir” con los de capacidad intermedia, que ahora acuden a la universidad. A cambio, el nivel medio de capacidad en la educación superior habrá disminuido, reduciendo el valor de las señales de los que obtienen una titulación a este nivel.
5. Conclusión
Concluimos que los datos son consistentes con la hipótesis de una asignación de recursos públicos que favorece a la educación terciaria y desfavorece a la secundaria. ¿Encaja esta asignación de recursos con el modelo productivo futuro? Y si no es así, ¿que reformas hacen falta? Los siguientes posts de la serie tratarán de responder a estas preguntas. Para los que no podáis esperar, os recordamos el completísimo catálogo de reformas que Juan José Dolado ya ha escrito una magnífica entrada en este blog.
Hemos descrito en varias entradas recientes en NadaEsGratis varios aspectos del panorama de la educación secundaria y terciaria en España. En particular, hemos mostrado que (1) España tiene unos niveles de fracaso escolar extraordinariamente altos, mayores que en el resto de Europa; además muchos de estos jóvenes ni estudian ni trabajan; (2) España tiene niveles muy elevados, los mayores de Europa, de subocupación de licenciados; (3) que a pesar de todo la educación parece ser beneficiosa, como Samuel Bentolila mostró la semana pasada, y que los beneficios de los que estudian se manifiestan de tres maneras: menos temporalidad, menor tasa de desempleo, mayor salario. De hecho, como ha mostrado el Education at a Glance de la OCDE, la inversión en educación es rentable tanto para el nivel de enseñanza post-obligatoria, como para la enseñanza de nivel superior, para todos los países analizados, incluido el nuestro.
Desde el punto de vista de cantidades, España tiene una distribución con forma de reloj de arena: demasiadas personas sin formar (sin enseñanza postsecundaria), y demasiadas licenciados universitarios (si pensamos en la subocupación). Desde la perspectiva de los precios y retornos, que son los que guían las decisiones, parece que estudiar sigue siendo rentable, lo que nos lleva a plantear la siguiente pregunta: ¿por qué entonces tanto abandono escolar? En las próximas entradas, incluido ésta, empezamos a estudiar las respuestas. Hoy nos centraremos en los costes y en un aspecto que puede explicar esta polarización y el subempleo: la asignación de recursos a los diferentes niveles del sistema educativo.
1. Los costes directos privados no explican el puzle: el coste directo de la postsecundaria es bajo, el de la terciaria (incluyendo la universidad) es alto
Si considerásemos sólo los costes directos de estudiar incurridos por los estudiantes, no deberíamos observar este tipo de polarización educativa. Primero, desde el puro punto de vista del coste directo, la secundaria post-obligatoria es barata. Comparando con los demás países de la OCDE, los costes privados del bachillerato y la FP de grado medio (secundaria post-obligatoria), que vemos en la parte azul de la barrita en la figura siguiente, en España son alrededor de la mitad de la media de la OCDE y muy inferiores a los de Alemania, Holanda o Reino Unido, por ejemplo. Es decir, este coste directo privado no explica la alta tasa de abandono escolar. Segundo, la educación terciaria es relativamente cara– los costes privados de la educación terciaria son similares a la media de la OCDE y entre tres y seis veces más elevados que en los países escandinavos y Bélgica, por ejemplo. El coste que asumimos en este nivel es del 50% del coste público, cuando en los países antes mencionados no alcanza ni el 10% (3% en Suecia). Visto así, nuestros jóvenes deberían ir sustancialmente menos a la universidad que en estos países. En otras palabras, a igualdad de sistema y de salidas, el coste directo NO nos proporciona una explicación directa ni de la baja escolarización post secundaria ni de la alta tasa de matriculación en la enseñanza terciaria.
2. El gasto total en educación secundaria postobligatoria es el menor de la OCDE; el gasto total en terciaria está en la media de la OCDE
Ahora bien, estos datos también nos revelan que el gasto total por persona (sumando gastos privados y públicos y en US$ en términos paridad de poder adquisitivo) en la educación secundaria post-obligatoria es el menor de la OCDE, justo después de Turquía. Estamos en un 57% de la media de la OCDE en gasto por alumno. No siempre habrá relación directa entre gasto y calidad, pero sin gastar es difícil obtener resultados. Seguro que existen diferentes motivos adicionales para explicar un nivel tan bajo de gasto en la post-secundaria obligatoria, y uno que debe ser relevante es el menor peso de la FP e incluso el tipo de FP. Gastamos, 3,5 veces menos por alumno que en Austria por ejemplo, donde se privilegia la formación profesional dual. Por otro lado, el gasto total en educación terciaria NO ES BAJO: el coste directo total por estudiante de los estudios terciarios en España está en la media de la OCDE.
3. Una explicación parcial: la asignación de subsidios públicos favorece a la terciaria
Existe por tanto una diferencia en la asignación de recursos a la secundaria post-obligatoria muy importante. Los recursos totales asignados a la educación de un estudiante de educación terciaria, sumando el gasto privado y el público, son 2,29 veces mayores que los asignados a la el de la educación secundaria post-obligatoria, el mayor ratio de la OCDE. El gasto en universidades y en secundaria post obligatoria apunta de esta manera a una explicación parcial del puzzle: mientras que la secundaria post-obligatoria está muy descuidada, la inversión en terciaria, particularmente en Universidades, ha sido sustancial.
Además, la forma en que se ha producido el fuerte incremento del gasto en universidades, la expansión del número de universidades, supone una reducción del gasto privado de acudir a la universidad para los estudiantes. Entre 1970 y 2010, el número de universidades aumentó de 19 a 74, habiendo ya casi una en cada provincia. Este es un factor que ha aumentado la demanda de estudios universitarios al reducir su coste, ya que facilita el estudiar sin moverse de casa.
Si pensamos que el nivel la inversión pública y privada explica en parte el nivel de calidad, está claro que la configuración de los presupuestos educativos favorece claramente a la educación terciaria y desfavorece a la postsecundaria. Esto explicaría (1) por qué no vale la pena estudiar FP de grado medio y (2) por que demasiados estudiantes prolongan sus estudios hasta la enseñanaza de nivel superior. Si la calidad del nivel intermedio es muy baja, adquirir un título universitario o de FP de grado superior, es la única alternativa. En cierto modo, el nivel superior puede estar impartiendo los conocimientos no recibidos en el intermedio, reduciendo a su vez la calidad de lo impartido en el nivel superior.
4. Efectos indirectos: señalización y calidad
Claramente, el que una proporción mayor de la población vaya a la universidad tiene efectos indirectos. Primero, la calidad debe descender ya que los contenidos deben ser accesibles a muchos estudiantes que de otro modo se hubieran contentando con una titulación de FP de grado medio. Además, para mantener esta gran maquinaria educativa, se ha ido relajando el acceso suprimiendo el númerus cláusus o rebajando las notas de acceso.
Segundo, Kelly Bedard ha mostrado que el incremento del acceso a la universidad indirectamente explica la polarización, al incrementar la tasa de abandono escolar como resultado de la pérdida de valor de los diplomas intermedios: en los estados de EEUU con más universidades, ha aumentado la tasa de abandono escolar, a la par que lo hizo la matriculación en las universidades. Esto es consistente con la idea de que el valor que antes tenía el diploma de bachillerato (High School, graduación a los 18) ahora no la tiene, porque cualquiera medianamente bueno va a la universidad. Aquellos que no tendrían capacidad suficiente para ir a la universidad, abandonarían la escuela antes de completar la enseñanza post-obligatoria, dado que ya no se pueden “confundir” con los de capacidad intermedia, que ahora acuden a la universidad. A cambio, el nivel medio de capacidad en la educación superior habrá disminuido, reduciendo el valor de las señales de los que obtienen una titulación a este nivel.
5. Conclusión
Concluimos que los datos son consistentes con la hipótesis de una asignación de recursos públicos que favorece a la educación terciaria y desfavorece a la secundaria. ¿Encaja esta asignación de recursos con el modelo productivo futuro? Y si no es así, ¿que reformas hacen falta? Los siguientes posts de la serie tratarán de responder a estas preguntas. Para los que no podáis esperar, os recordamos el completísimo catálogo de reformas que Juan José Dolado ya ha escrito una magnífica entrada en este blog.
domingo, 24 de octubre de 2010
Casi 2.300 gijoneses a la espera del salario social
Cerca de 2.300 gijoneses esperan por el salario social. Hasta el 19 de octubre pasado, los centros sociales de la ciudad habían recogido 764 solicitudes de otras tantas personas que aspiran a cobrar la renta mínima, la que el Gobierno regional paga a quienes ingresan menos de 530 euros al mes. Según las estadísticas, tras cada petición se esconde, de media, la necesidad de familias de entre dos y tres miembros. Es decir, la necesidad aprieta a casi 2.300 personas.
Y, de momento, la respuesta que han obtenido ha llegado en forma de ayudas de emergencia y becas de comedor, puesto que la demora de tramitación de esta paga, de la que Asturias fue pionera en poner en marcha, supera ya los siete meses. La Fundación Municipal de Servicios Sociales ha visto como, a pesar de que la demanda del salario social se reducía a la mitad sobre el año pasado -cuando se alcanzaron cifras históricas de 1.661 peticiones en diez meses-, sus propias subvenciones se disparaban hasta un 23%. Porque la necesidad no puede esperar.
La Red Asturiana de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social fue la última en dar la alarma. El pasado día 17, con motivo del Día Internacional por la Inclusión, anunció que «son muchas las familias pendientes del salario social, que lleva siete meses de retraso en su tramitación. Mientras esperan, ellos y ellas no tienen nada. Viven al día».
El ente que reúne a veintún organizaciones no gubernamentales -Accem, Albergue Covadonga, Alambique, Albéniz, Proyecto Hombre, Asturias Acoge, Cáritas, Colegio Oficial de Trabajo Social, El Prial, Emaús, Amaranta, Edes, Secretariado Gitano, Siloé, Manos Extendidas, Movimiento Asturiano por la Paz, Unga, Xurtir, CISE, Vitae Siglo XXII y el sindicato UGT- ha vuelto a poner sobre la mesa los problemas de una paga, la renta básica, de la que Asturias es una de las pocas en disponer de ella y de la que Gijón es la ciudad con mayor volumen de peticiones.
A pesar de que las organizaciones sociales reconocen que la cobertura social en el Principado es «superior a la media nacional», hasta el punto de que triplica a la madrileña, lo cierto es que la renta mínima sigue arrastrando problemas de tramitación y, también, de ejecución.
4 de cada 10, de por vida
Pocos son los beneficiarios que, una vez sido aprobada la paga, ponen en marcha el Programa Personalizado de Incorporación Social (PPIS). En Gijón, 4 de cada 10 beneficiarios están exonerados de hacerlo porque o son mayores o su estado de salud les coloca ya fuera del mercado laboral.
Pero, para los colectivos sociales ese problema, el de la falta de planes individuales -pendientes aún de que el Consejo Consultivo dé el visto bueno a un Reglamento que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda ya terminó hace año y medio- es menor «comparado con el retraso». En Gijón, algunas trabajadoras sociales dan datos alarmantes. «Hay personas con la solicitud pendiente desde el año pasado», aunque las organizaciones sociales carecen de estadísticas rigurosas que certifiquen un parón de esas características «porque, también aquí, a veces, hay picaresca».
La demora en la gestión que sí reconoce el departamento que dirige Noemí Martín es la de los siete meses, un atasco que la consejería ha argumentado en la falta de personal. Al margen del calendario, lo que todos reconocen es que el atasco tiene implicación directa en la villa de Jovellanos, donde casi 2.300 personas están a la espera de la respuesta oficial y viven, mientras tanto, de las ayudas municipales.
Así lo ha constatado la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que ha visto cómo, pese a la buena noticia de que la demanda del salario bajó un 54% respecto al año pasado, las peticiones de ayuda de emergencia, las que se conceden cuando no hay otro recurso en marcha, han aumentado un 5%.
Mucho más alto es el porcentaje de crecimiento de las becas de comedor, cuyas solicitudes globales han crecido un 10% en sólo un curso, con un pico mucho más elevado si se atienden a las modalidades: la completa crece un 23%.
«La crisis sigue ahí»
La presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Esperanza Fernández Puerta, es la encargada de poner voz a las cifras, ya que sus estadísticas le dejan claro que «la crisis sigue estando ahí, pero las peticiones del salario social han bajado. Sin embargo, no lo han hecho las demandas de ayudas de emergencia».
Las estadísticas mencionadas indican que hasta el 19 de octubre pasado, 764 gijoneses habían presentado en los centros municipales la petición para recibir esta paga. Un año antes, por esas mismas fechas eran 1.661 los gijoneses que se habían visto obligados a acudir ante un mostrador para dar ese paso.
No obstante, la alegría ante lo positivo del descenso se esfuma en cuanto se abre el plano histórico: 2009 fue el año del récord absoluto de peticiones de la renta mínima, cuando en Asturias se superaron los 17.000 beneficiarios, tras golpear con dureza la crisis económica.
Además, aunque 764 casos puedan parecer pocos, frente a los 1.661 del año pasado, lo cierto es que ya superan a los expedientes registrados en todo 2008. Hace dos años, fueron 665 los casos de expedientes de salario social tramitados. Es decir, un 15% menos que en diez meses de 2010. Si la mirada se deja volar hasta 2007, la situación no mejora mucho. Hace tres años, fueron 636 los expedientes surgidos durante los 12 meses. Lo que es lo mismo, un 20% menos que entre el 1 de enero y el 19 de octubre de este año.
Es decir que, como reconoce la concejala socialista «la crisis sigue ahí», sobre todo porque el atasco en la gestión de la renta mínima no le ha permitido desahogar el departamento de ayudas de emergencia, saturado de peticiones.
El centro, en abril
La estadística de la Fundación Municipal de Servicios Sociales no sólo permite conocer las necesidades de las familias gijonesas, sino, también, dibujarles un perfil e, incluso, situarlas tanto en el plano como en el calendario: la zona centro y abril.
En el primer aspecto, el personal, la crisis ha rejuvenecido la lista de demandantes de salario social. Aunque sigue formada igualmente por mujeres, con familiares a su cargo, las edades han bajado al grupo población de entre 35 y 40 años.
En cuanto a su domicilio, todo apunta a la zona centro. El centro de servicios sociales ubicado en el corazón de la ciudad, también sede de la Fundación, es el que más peticiones lleva acumuladas desde enero hasta el 19 de octubre. De los 764 expedientes abiertos en Gijón, 160 lo hicieron las trabajadoras sociales de la Gota de Leche, una cifra que se sitúa muy por encima del otro centro municipal con más demanda: el de Gijón-Sur.
En esa zona de la ciudad, que engloba el alto Pumarín y Nuevo Gijón, se presentaron 133 peticiones, en un ranking de peticiones que cierran, con idéntico número, La Calzada y El Llano, donde las familias que llamaron a la puerta de la renta mínima fueron 119. El barrio con menos vecinos que necesiten el salario social es La Arena, con 55 casos.
Por meses, a falta de cerrar los datos de octubre, el peor fue el de abril, cuando en toda la ciudad se sumaron 105 casos más. Marzo y mayo le siguieron de cerca, rondando el centenar de expedientes, con 95 y 97 peticiones, cada uno.
El mensaje de la concejala socialista, no obstante, es optimista, porque también los datos permiten ver el vaso medio lleno. No sólo la demanda ha bajado un 54% respecto a 2009, sino que la tendencia de los últimos meses ha ido a la baja. De hecho, en los 19 días de octubre contabilizados sólo se presentaron 17 propuestas.
Y, de momento, la respuesta que han obtenido ha llegado en forma de ayudas de emergencia y becas de comedor, puesto que la demora de tramitación de esta paga, de la que Asturias fue pionera en poner en marcha, supera ya los siete meses. La Fundación Municipal de Servicios Sociales ha visto como, a pesar de que la demanda del salario social se reducía a la mitad sobre el año pasado -cuando se alcanzaron cifras históricas de 1.661 peticiones en diez meses-, sus propias subvenciones se disparaban hasta un 23%. Porque la necesidad no puede esperar.
La Red Asturiana de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social fue la última en dar la alarma. El pasado día 17, con motivo del Día Internacional por la Inclusión, anunció que «son muchas las familias pendientes del salario social, que lleva siete meses de retraso en su tramitación. Mientras esperan, ellos y ellas no tienen nada. Viven al día».
El ente que reúne a veintún organizaciones no gubernamentales -Accem, Albergue Covadonga, Alambique, Albéniz, Proyecto Hombre, Asturias Acoge, Cáritas, Colegio Oficial de Trabajo Social, El Prial, Emaús, Amaranta, Edes, Secretariado Gitano, Siloé, Manos Extendidas, Movimiento Asturiano por la Paz, Unga, Xurtir, CISE, Vitae Siglo XXII y el sindicato UGT- ha vuelto a poner sobre la mesa los problemas de una paga, la renta básica, de la que Asturias es una de las pocas en disponer de ella y de la que Gijón es la ciudad con mayor volumen de peticiones.
A pesar de que las organizaciones sociales reconocen que la cobertura social en el Principado es «superior a la media nacional», hasta el punto de que triplica a la madrileña, lo cierto es que la renta mínima sigue arrastrando problemas de tramitación y, también, de ejecución.
4 de cada 10, de por vida
Pocos son los beneficiarios que, una vez sido aprobada la paga, ponen en marcha el Programa Personalizado de Incorporación Social (PPIS). En Gijón, 4 de cada 10 beneficiarios están exonerados de hacerlo porque o son mayores o su estado de salud les coloca ya fuera del mercado laboral.
Pero, para los colectivos sociales ese problema, el de la falta de planes individuales -pendientes aún de que el Consejo Consultivo dé el visto bueno a un Reglamento que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda ya terminó hace año y medio- es menor «comparado con el retraso». En Gijón, algunas trabajadoras sociales dan datos alarmantes. «Hay personas con la solicitud pendiente desde el año pasado», aunque las organizaciones sociales carecen de estadísticas rigurosas que certifiquen un parón de esas características «porque, también aquí, a veces, hay picaresca».
La demora en la gestión que sí reconoce el departamento que dirige Noemí Martín es la de los siete meses, un atasco que la consejería ha argumentado en la falta de personal. Al margen del calendario, lo que todos reconocen es que el atasco tiene implicación directa en la villa de Jovellanos, donde casi 2.300 personas están a la espera de la respuesta oficial y viven, mientras tanto, de las ayudas municipales.
Así lo ha constatado la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que ha visto cómo, pese a la buena noticia de que la demanda del salario bajó un 54% respecto al año pasado, las peticiones de ayuda de emergencia, las que se conceden cuando no hay otro recurso en marcha, han aumentado un 5%.
Mucho más alto es el porcentaje de crecimiento de las becas de comedor, cuyas solicitudes globales han crecido un 10% en sólo un curso, con un pico mucho más elevado si se atienden a las modalidades: la completa crece un 23%.
«La crisis sigue ahí»
La presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Esperanza Fernández Puerta, es la encargada de poner voz a las cifras, ya que sus estadísticas le dejan claro que «la crisis sigue estando ahí, pero las peticiones del salario social han bajado. Sin embargo, no lo han hecho las demandas de ayudas de emergencia».
Las estadísticas mencionadas indican que hasta el 19 de octubre pasado, 764 gijoneses habían presentado en los centros municipales la petición para recibir esta paga. Un año antes, por esas mismas fechas eran 1.661 los gijoneses que se habían visto obligados a acudir ante un mostrador para dar ese paso.
No obstante, la alegría ante lo positivo del descenso se esfuma en cuanto se abre el plano histórico: 2009 fue el año del récord absoluto de peticiones de la renta mínima, cuando en Asturias se superaron los 17.000 beneficiarios, tras golpear con dureza la crisis económica.
Además, aunque 764 casos puedan parecer pocos, frente a los 1.661 del año pasado, lo cierto es que ya superan a los expedientes registrados en todo 2008. Hace dos años, fueron 665 los casos de expedientes de salario social tramitados. Es decir, un 15% menos que en diez meses de 2010. Si la mirada se deja volar hasta 2007, la situación no mejora mucho. Hace tres años, fueron 636 los expedientes surgidos durante los 12 meses. Lo que es lo mismo, un 20% menos que entre el 1 de enero y el 19 de octubre de este año.
Es decir que, como reconoce la concejala socialista «la crisis sigue ahí», sobre todo porque el atasco en la gestión de la renta mínima no le ha permitido desahogar el departamento de ayudas de emergencia, saturado de peticiones.
El centro, en abril
La estadística de la Fundación Municipal de Servicios Sociales no sólo permite conocer las necesidades de las familias gijonesas, sino, también, dibujarles un perfil e, incluso, situarlas tanto en el plano como en el calendario: la zona centro y abril.
En el primer aspecto, el personal, la crisis ha rejuvenecido la lista de demandantes de salario social. Aunque sigue formada igualmente por mujeres, con familiares a su cargo, las edades han bajado al grupo población de entre 35 y 40 años.
En cuanto a su domicilio, todo apunta a la zona centro. El centro de servicios sociales ubicado en el corazón de la ciudad, también sede de la Fundación, es el que más peticiones lleva acumuladas desde enero hasta el 19 de octubre. De los 764 expedientes abiertos en Gijón, 160 lo hicieron las trabajadoras sociales de la Gota de Leche, una cifra que se sitúa muy por encima del otro centro municipal con más demanda: el de Gijón-Sur.
En esa zona de la ciudad, que engloba el alto Pumarín y Nuevo Gijón, se presentaron 133 peticiones, en un ranking de peticiones que cierran, con idéntico número, La Calzada y El Llano, donde las familias que llamaron a la puerta de la renta mínima fueron 119. El barrio con menos vecinos que necesiten el salario social es La Arena, con 55 casos.
Por meses, a falta de cerrar los datos de octubre, el peor fue el de abril, cuando en toda la ciudad se sumaron 105 casos más. Marzo y mayo le siguieron de cerca, rondando el centenar de expedientes, con 95 y 97 peticiones, cada uno.
El mensaje de la concejala socialista, no obstante, es optimista, porque también los datos permiten ver el vaso medio lleno. No sólo la demanda ha bajado un 54% respecto a 2009, sino que la tendencia de los últimos meses ha ido a la baja. De hecho, en los 19 días de octubre contabilizados sólo se presentaron 17 propuestas.
Los arquitectos piden repartir más la vivienda protegida y recuperar el tranvía
El Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias ha presentado unas completas alegaciones al Plan General de Ordenación que, partiendo de la base de compartir «los objetivos ya determinados por la Corporación», hacen toda una serie de propuestas muy concretas. Entre ellas, mejorar el reparto de la vivienda protegida en la ciudad, o recuperar medios de transporte alternativos, como el tranvía, «en nuevos ámbitos en los que sea viable y asequible económicamente». Los profesionales, que durante el periodo de información pública mantuvieron una reunión con el concejal de Urbanismo, hacen una primera valoración, que debería servir de base a todo lo demás: analizar los datos de vivienda de 2005 a 2009, y no de toda la década, porque son «más realistas».
A partir de ahí comienzan las iniciativas concretas. En cuanto a vivienda protegida, si bien Pedro Sanjurjo ha insistido una y otra vez en que más de un 30% de las 21.000 nuevas viviendas previstas en el PGO serán de protección, los arquitectos hacen hincapié en la necesidad de repartir estos pisos en todos los ámbitos. Así, proponen establecer un porcentaje mínimo de reserva en todos los nuevos ámbitos, que podría ser de entre un 5% y un 10%, «sin que este porcentaje deba ser idéntico en todos ellos». Es decir, puede haber actuaciones con un 5% de pisos protegidos, y otras con el 40%. Todo, para «evitar la concentración en un determinado ámbito destinado prácticamente en su totalidad a vivienda protegida, con el fin de fomentar la diversidad y facilitar la cohesión social y el equilibrio territorial».
Solicitan también los arquitectos un plan especial para «el frente marítimo en la zona de astilleros» y proponen «la ordenación de este ámbito de forma conjunta y coherente, incluyendo la continuidad de los espacios libres públicos del borde costero». Y en cuanto a otra fachada marítima, la de la Ería, cuestionan los profesionales parte de los planes municipales: «Que se estudien y analicen de forma más profunda los efectos que se pueden generar si se toma una postura demasiado radical a favor de la peatonalización de determinadas zonas (intención de peatonalizar desde el puente del Piles hasta El Rinconín)».
Los caminos de Porceyo
Esta última propuesta forma parte de un largo listado de cuestiones relacionadas con el diseño de una ciudad sostenible, en las que se habla de edificaciones energéticamente autosuficientes, de aprovechar las áreas ya construidas y reservar al máximo el consumo del territorio, de regenerar el tejido urbano... En este sentido, los arquitectos piden actuaciones que no sólo se centren en reformar edificios, sino que sean «operaciones de reestructuración y recuperación del tejido urbano», en áreas «con edificios al límite de su vida útil». Un ejemplo: «El Roces antiguo, barrio de baja o media densidad que bien admitiría una operación de rehabilitación interior a fin de fijar la población».
En cuanto a la movilidad, varias cuestiones a tener en cuenta. Para empezar, los peatones y sus problemas, como la «fractura que supone la ronda exterior y la problemática que puede surgir en materia de comunicaciones entre Nuevo Roces y el centro urbano». O Porceyo, donde sólo se cuenta con caminos preexistentes «y un único medio público de transporte».
El Colegio Oficial plantea en este punto «aprovechar la existencia del trazado de Feve como viario estructurante» y «plantear sistemas de transporte público alternativos y que contribuyan a la reducción de emisiones, tales como el tranvía, en nuevos ámbitos en los que sea viable y asequible económicamente».
Estas son las principales propuestas realizadas por el grupo de trabajo de Urbanismo del Colegio Oficial de Arquitectos, una de las 1.436 alegaciones presentadas al PGO.
A partir de ahí comienzan las iniciativas concretas. En cuanto a vivienda protegida, si bien Pedro Sanjurjo ha insistido una y otra vez en que más de un 30% de las 21.000 nuevas viviendas previstas en el PGO serán de protección, los arquitectos hacen hincapié en la necesidad de repartir estos pisos en todos los ámbitos. Así, proponen establecer un porcentaje mínimo de reserva en todos los nuevos ámbitos, que podría ser de entre un 5% y un 10%, «sin que este porcentaje deba ser idéntico en todos ellos». Es decir, puede haber actuaciones con un 5% de pisos protegidos, y otras con el 40%. Todo, para «evitar la concentración en un determinado ámbito destinado prácticamente en su totalidad a vivienda protegida, con el fin de fomentar la diversidad y facilitar la cohesión social y el equilibrio territorial».
Solicitan también los arquitectos un plan especial para «el frente marítimo en la zona de astilleros» y proponen «la ordenación de este ámbito de forma conjunta y coherente, incluyendo la continuidad de los espacios libres públicos del borde costero». Y en cuanto a otra fachada marítima, la de la Ería, cuestionan los profesionales parte de los planes municipales: «Que se estudien y analicen de forma más profunda los efectos que se pueden generar si se toma una postura demasiado radical a favor de la peatonalización de determinadas zonas (intención de peatonalizar desde el puente del Piles hasta El Rinconín)».
Los caminos de Porceyo
Esta última propuesta forma parte de un largo listado de cuestiones relacionadas con el diseño de una ciudad sostenible, en las que se habla de edificaciones energéticamente autosuficientes, de aprovechar las áreas ya construidas y reservar al máximo el consumo del territorio, de regenerar el tejido urbano... En este sentido, los arquitectos piden actuaciones que no sólo se centren en reformar edificios, sino que sean «operaciones de reestructuración y recuperación del tejido urbano», en áreas «con edificios al límite de su vida útil». Un ejemplo: «El Roces antiguo, barrio de baja o media densidad que bien admitiría una operación de rehabilitación interior a fin de fijar la población».
En cuanto a la movilidad, varias cuestiones a tener en cuenta. Para empezar, los peatones y sus problemas, como la «fractura que supone la ronda exterior y la problemática que puede surgir en materia de comunicaciones entre Nuevo Roces y el centro urbano». O Porceyo, donde sólo se cuenta con caminos preexistentes «y un único medio público de transporte».
El Colegio Oficial plantea en este punto «aprovechar la existencia del trazado de Feve como viario estructurante» y «plantear sistemas de transporte público alternativos y que contribuyan a la reducción de emisiones, tales como el tranvía, en nuevos ámbitos en los que sea viable y asequible económicamente».
Estas son las principales propuestas realizadas por el grupo de trabajo de Urbanismo del Colegio Oficial de Arquitectos, una de las 1.436 alegaciones presentadas al PGO.
El sistema educativo español o el 'modelo Bob Esponja'
@Esteban Hernández.- 24/10/2010 (06:00h)
“Durante siglos hemos sido un país de ingeniosos, que confiábamos más en las buenas ocurrencias que en el trabajo concienzudo. Por eso no acabamos de creernos que nuestro futuro va a depender de la educación”. Lo que subraya José Antonio Marina, filósofo y autor de La educación del talento (ed. Ariel) es parte de una situación compleja y contradictoria, ya que ese extendido consenso acerca de la importancia de la educación para nuestro futuro como país no parece trasladarse a hechos: la educación importa a todo el mundo, pero casi nadie se la toma en serio.
Como señala Nieves Segovia, presidenta de la Institución Educativa SEK, algo serio está pasando “cuando aceptamos niveles de fracaso escolar que no se toleran en otros sectores”. Ante estas circunstancias, la sociedad civil apenas se manifiesta, como si fuese algo de lo que no le compete debatir. “Y no es así en absoluto: estamos ante un modelo caduco que tenemos que tratar de resolver desde un plano distinto y la sociedad civil ha de tener un papel prioritario a la hora de instigar estos cambios”.
Adecuar el sistema educativo a las necesidades de los tiempos, debe ser un objetivo prioritario, según Segovia. Y más aún en España, asegura Carlos Barrabés, presidente de Barrabés Internet, ya que nuestro modelo no es ya el de Peter Pan, el de los niños que se negaban a crecer, “sino el de Bob Esponja: un tipo que hace hamburguesas, que trabaja como un loco y que tiene un jefe que es idiota”.
Barrabés realizó estas declaraciones en el marco del Global Education Forum, un encuentro organizado por Fundación SEK, Institución educativa SEK y la Universidad Camilo José Cela, que se celebró los días 15 y 16 de octubre, y cuyo objetivo era indagar en las tendencias del futuro educativo. Algo esencial, asegura Segovia, toda vez que “hasta ahora no hemos hecho más que dar vueltas concéntricas, señalando las mismas soluciones a los mismos problemas. Nuestra tarea debe ser la de romper ese círculo, examinando los avances que se están produciendo en medicina, psicología y sociología para ver qué nuevas soluciones podemos encontrar”.
Para Marina, fundador de la Universidad de Padres, si queremos pensar la educación del futuro deberemos tener en cuenta dos pautas. La primera es la escuela, que ha de hacerse más flexible y abierta a la sociedad, logrando que más gente se implique en ella, y que debe fijar muy claramente sus metas, diciéndonos qué tipo de ciudadano quiere formar. La segunda es la pedagogía, ámbito en el que se están produciendo desarrollos importantes. Así, “tendremos que aprovechar los descubrimientos de la neurociencia, ya que el conocimiento del cerebro nos brindará mejores instrumentos para la educación. Hemos de desarrollar también las posibilidades que nos ofrece nuestro mejor entendimiento del mundo emocional, así como la capacidad de innovación que nos proporcionan las nuevas tecnologías”.
Jóvenes más interactivos
En este sentido, señala Segovia, es básico que comprendamos que nuestro sistema pedagógico no puede ser el industrial, “ese sistema tipo fábrica, con inspección al final del proceso”, ya que las personas que estamos preparando no están destinadas al viejo modelo productivo. “Hemos de tener en cuenta las características de nuestros alumnos, hablar su mismo lenguaje y utilizar sus mismos canales. En este terreno la tecnología es importante, porque nos permite llegar a ellos utilizando su canal y su código”. Para Segovia, si nos dirigimos a ellos a través de canales que no entienden, sólo conseguiremos desmotivarles. “Tenemos que adaptarnos a las nuevas identidades de los jóvenes, que son más interactivos, más globales y que están cerebralmente mucho más preparados para el aprendizaje. Los padres nos criamos en la era de la televisión, nuestros hijos en la de la interacción, por lo que hemos de utilizar herramientas distintas”.
Para Marina, una de las claves del futuro educativo reside en saber aprovechar la ciencia de la inteligencia compartida, esa que surge de la interacción entre las personas. Una de las iniciativas más interesantes en este terreno es la de las asset building communities, “ciudades que han diseñado proyectos educativos muy bien organizados y que están resolviendo problemas que nos parecen endémicos, como el botellón, las peleas o la drogadicción, a través de la sinergia con todos los agentes sociales que poseen influencia educativa, como las organizaciones comunitarias, las escolares, las iglesias, los sindicatos y los medios de comunicación”. Para Marina, esta escuela en contexto, que será la del futuro, resulta imprescindible para “recuperar la vinculación social por medio de la cooperación, la responsabilidad, el respeto por la autoridad, la moral, la participación en proyectos colectivos, los valores del civismo, el respeto a los mayores y el esfuerzo para alcanzar metas valiosas”.
Cita como ejemplo The Harlem Project, uno de los experimentos sociales más relevantes de Norteamérica. Es un proyecto educativo-preventivo que atiende a 8.600 niños que viven en un área de sesenta manzanas del barrio de Harlem (Nueva York). Más de la mitad de estos niños viven por debajo del umbral de la pobreza y tres cuartas partes están por debajo de la media de su edad en cuanto a rendimiento académico. “En esta ciudad preventiva, denominada Harlem Children´s Zone, se llevan a cabo veinte programas a cargo de 650 profesionales, que siguen a los niños desde que nacen hasta que cumplen 18 años, y se ocupan de su educación, de los servicios sociales y de la atención sanitaria. Todas las actividades son completamente gratuitas, se financian mediante patrocinadores privados y apoyo estatal”.
Otras experiencias relevantes, afirma Marina tuvieron lugar en Bogotá, Medellín, y Buenos Aires, “probablemente el ejemplo más completo que se ha hecho de ciudades preventivas”. En España se han realizado algunos ensayos de prevención ciudadana, en Carmona (Sevilla), Arona (Tenerife), Almonte (Huelva), San Adrián del Besós (Barcelona), Ribeira (La Coruña).
Los modelos japonés, americano y finlandés
En el ámbito educativo-curricular también hemos de fijarnos en los planteamientos a nivel macro que se llevaron a cabo en Estados Unidos, para recuperar el liderazgo tecnológico, en Finlandia, para convertir una nación pobre en una potencia tecnológica y en Japón, para alcanzar una creación continua de conocimientos. El modelo americano “se propuso fomentar la creatividad científica desde primaria hasta la universidad, investigando en los métodos precisos para educar la creatividad. Y dio buen resultado, en especial en las universidades. Se impuso una educación basada en el estudio de casos, es decir, muy cercana la práctica. No se va desde la teoría a la práctica –como se hace en España con malos resultados- sino que desde el enfrentamiento con problemas reales se va hacia la teoría que debe resolverlos”.
El modelo finlandés pudo realizarse “gracias al acuerdo de todos los agentes sociales acerca del modelo de globalización que querían para su país, uno de cuyos elementos fundamentales fue la educación. Dieron máxima prioridad a la formación de profesores, y al prestigio de la profesión, y se propusieron detectar cualquier fracaso educativo en sus inicios e intentar remediarlo inmediatamente”. Japón, por el contrario, puso todo el énfasis en la adquisición de conocimientos, “insistiendo en el trabajo duro del alumno, bajo la presión de los padres. Tiene muchas horas de clase, y han tenido algunos problemas por la excesiva exigencia. La industria tiene muy claro que crear conocimiento es necesario para sobrevivir y cuida mucho el estímulo para los equipos de investigación”.
Pero más allá del camino que escojamos, asegura Segovia, lo que sabemos del futuro es que deberemos desarrollar nuevas habilidades para adaptarnos a un entorno de gran incertidumbre, ya que “cambiaremos de empleo de 12 a 14 veces a lo largo de nuestra vida profesional. Además, 3 de 4 alumnos de educación infantil trabajarán en ocupaciones que todavía no existen”. En consecuencia, las instituciones educativas han de fijarse como tarea esencial la de “ayudar a sus estudiantes a gestionar los cambios, potenciando habilidades superiores como la creatividad, la empatía, la capacidad de innovar y de pensar críticamente. La memorización ya no será tan necesaria, puesto que habremos de huir de las tareas rutinarias hacia un conocimiento más holístico. Todo lo que tenga que ver con la creatividad va a estar en el centro”.
“Durante siglos hemos sido un país de ingeniosos, que confiábamos más en las buenas ocurrencias que en el trabajo concienzudo. Por eso no acabamos de creernos que nuestro futuro va a depender de la educación”. Lo que subraya José Antonio Marina, filósofo y autor de La educación del talento (ed. Ariel) es parte de una situación compleja y contradictoria, ya que ese extendido consenso acerca de la importancia de la educación para nuestro futuro como país no parece trasladarse a hechos: la educación importa a todo el mundo, pero casi nadie se la toma en serio.
Como señala Nieves Segovia, presidenta de la Institución Educativa SEK, algo serio está pasando “cuando aceptamos niveles de fracaso escolar que no se toleran en otros sectores”. Ante estas circunstancias, la sociedad civil apenas se manifiesta, como si fuese algo de lo que no le compete debatir. “Y no es así en absoluto: estamos ante un modelo caduco que tenemos que tratar de resolver desde un plano distinto y la sociedad civil ha de tener un papel prioritario a la hora de instigar estos cambios”.
Adecuar el sistema educativo a las necesidades de los tiempos, debe ser un objetivo prioritario, según Segovia. Y más aún en España, asegura Carlos Barrabés, presidente de Barrabés Internet, ya que nuestro modelo no es ya el de Peter Pan, el de los niños que se negaban a crecer, “sino el de Bob Esponja: un tipo que hace hamburguesas, que trabaja como un loco y que tiene un jefe que es idiota”.
Barrabés realizó estas declaraciones en el marco del Global Education Forum, un encuentro organizado por Fundación SEK, Institución educativa SEK y la Universidad Camilo José Cela, que se celebró los días 15 y 16 de octubre, y cuyo objetivo era indagar en las tendencias del futuro educativo. Algo esencial, asegura Segovia, toda vez que “hasta ahora no hemos hecho más que dar vueltas concéntricas, señalando las mismas soluciones a los mismos problemas. Nuestra tarea debe ser la de romper ese círculo, examinando los avances que se están produciendo en medicina, psicología y sociología para ver qué nuevas soluciones podemos encontrar”.
Para Marina, fundador de la Universidad de Padres, si queremos pensar la educación del futuro deberemos tener en cuenta dos pautas. La primera es la escuela, que ha de hacerse más flexible y abierta a la sociedad, logrando que más gente se implique en ella, y que debe fijar muy claramente sus metas, diciéndonos qué tipo de ciudadano quiere formar. La segunda es la pedagogía, ámbito en el que se están produciendo desarrollos importantes. Así, “tendremos que aprovechar los descubrimientos de la neurociencia, ya que el conocimiento del cerebro nos brindará mejores instrumentos para la educación. Hemos de desarrollar también las posibilidades que nos ofrece nuestro mejor entendimiento del mundo emocional, así como la capacidad de innovación que nos proporcionan las nuevas tecnologías”.
Jóvenes más interactivos
En este sentido, señala Segovia, es básico que comprendamos que nuestro sistema pedagógico no puede ser el industrial, “ese sistema tipo fábrica, con inspección al final del proceso”, ya que las personas que estamos preparando no están destinadas al viejo modelo productivo. “Hemos de tener en cuenta las características de nuestros alumnos, hablar su mismo lenguaje y utilizar sus mismos canales. En este terreno la tecnología es importante, porque nos permite llegar a ellos utilizando su canal y su código”. Para Segovia, si nos dirigimos a ellos a través de canales que no entienden, sólo conseguiremos desmotivarles. “Tenemos que adaptarnos a las nuevas identidades de los jóvenes, que son más interactivos, más globales y que están cerebralmente mucho más preparados para el aprendizaje. Los padres nos criamos en la era de la televisión, nuestros hijos en la de la interacción, por lo que hemos de utilizar herramientas distintas”.
Para Marina, una de las claves del futuro educativo reside en saber aprovechar la ciencia de la inteligencia compartida, esa que surge de la interacción entre las personas. Una de las iniciativas más interesantes en este terreno es la de las asset building communities, “ciudades que han diseñado proyectos educativos muy bien organizados y que están resolviendo problemas que nos parecen endémicos, como el botellón, las peleas o la drogadicción, a través de la sinergia con todos los agentes sociales que poseen influencia educativa, como las organizaciones comunitarias, las escolares, las iglesias, los sindicatos y los medios de comunicación”. Para Marina, esta escuela en contexto, que será la del futuro, resulta imprescindible para “recuperar la vinculación social por medio de la cooperación, la responsabilidad, el respeto por la autoridad, la moral, la participación en proyectos colectivos, los valores del civismo, el respeto a los mayores y el esfuerzo para alcanzar metas valiosas”.
Cita como ejemplo The Harlem Project, uno de los experimentos sociales más relevantes de Norteamérica. Es un proyecto educativo-preventivo que atiende a 8.600 niños que viven en un área de sesenta manzanas del barrio de Harlem (Nueva York). Más de la mitad de estos niños viven por debajo del umbral de la pobreza y tres cuartas partes están por debajo de la media de su edad en cuanto a rendimiento académico. “En esta ciudad preventiva, denominada Harlem Children´s Zone, se llevan a cabo veinte programas a cargo de 650 profesionales, que siguen a los niños desde que nacen hasta que cumplen 18 años, y se ocupan de su educación, de los servicios sociales y de la atención sanitaria. Todas las actividades son completamente gratuitas, se financian mediante patrocinadores privados y apoyo estatal”.
Otras experiencias relevantes, afirma Marina tuvieron lugar en Bogotá, Medellín, y Buenos Aires, “probablemente el ejemplo más completo que se ha hecho de ciudades preventivas”. En España se han realizado algunos ensayos de prevención ciudadana, en Carmona (Sevilla), Arona (Tenerife), Almonte (Huelva), San Adrián del Besós (Barcelona), Ribeira (La Coruña).
Los modelos japonés, americano y finlandés
En el ámbito educativo-curricular también hemos de fijarnos en los planteamientos a nivel macro que se llevaron a cabo en Estados Unidos, para recuperar el liderazgo tecnológico, en Finlandia, para convertir una nación pobre en una potencia tecnológica y en Japón, para alcanzar una creación continua de conocimientos. El modelo americano “se propuso fomentar la creatividad científica desde primaria hasta la universidad, investigando en los métodos precisos para educar la creatividad. Y dio buen resultado, en especial en las universidades. Se impuso una educación basada en el estudio de casos, es decir, muy cercana la práctica. No se va desde la teoría a la práctica –como se hace en España con malos resultados- sino que desde el enfrentamiento con problemas reales se va hacia la teoría que debe resolverlos”.
El modelo finlandés pudo realizarse “gracias al acuerdo de todos los agentes sociales acerca del modelo de globalización que querían para su país, uno de cuyos elementos fundamentales fue la educación. Dieron máxima prioridad a la formación de profesores, y al prestigio de la profesión, y se propusieron detectar cualquier fracaso educativo en sus inicios e intentar remediarlo inmediatamente”. Japón, por el contrario, puso todo el énfasis en la adquisición de conocimientos, “insistiendo en el trabajo duro del alumno, bajo la presión de los padres. Tiene muchas horas de clase, y han tenido algunos problemas por la excesiva exigencia. La industria tiene muy claro que crear conocimiento es necesario para sobrevivir y cuida mucho el estímulo para los equipos de investigación”.
Pero más allá del camino que escojamos, asegura Segovia, lo que sabemos del futuro es que deberemos desarrollar nuevas habilidades para adaptarnos a un entorno de gran incertidumbre, ya que “cambiaremos de empleo de 12 a 14 veces a lo largo de nuestra vida profesional. Además, 3 de 4 alumnos de educación infantil trabajarán en ocupaciones que todavía no existen”. En consecuencia, las instituciones educativas han de fijarse como tarea esencial la de “ayudar a sus estudiantes a gestionar los cambios, potenciando habilidades superiores como la creatividad, la empatía, la capacidad de innovar y de pensar críticamente. La memorización ya no será tan necesaria, puesto que habremos de huir de las tareas rutinarias hacia un conocimiento más holístico. Todo lo que tenga que ver con la creatividad va a estar en el centro”.
Postura UPyD-Asturias ante Debate sobre Estado de la Región
“Un gobierno en retirada”
Un gobierno no puede utilizar la táctica ventajista de apropiarse de los aspectos positivos de la evolución económica y buscar estrategias para explicar las negativas o achacarlas a efectos externos o ajenos a su labor
Los principales ejes de comunicación asturianos siguen inacabados y sin visos de poder realizarse en el corto plazo, así como la mayor parte de las infraestructuras prometidas y consideradas estructurales para el despegue siguen pendientes de su finalización y con dudas sobre su viabilidad
En el cambio en la estructura económica asturiana y la realidad empresarial, la influencia ha sido más bien nula, cuajada de fracasos y escándalos, y en algunos aspectos (como las subvenciones y ayudas empresariales, o las medidas fiscales) ha sido negativa
La despreocupación en tomar verdaderas medidas de austeridad, garantizan que no existe ni un plan ni un proyecto para salir de la crisis
Jamás en esta década ha habido una actuación coordinada entre Administraciones Públicas sobre la base de un orden lógico de prioridades pensando en el ciudadano. Sólo han primado intereses políticos, necesidades clientelares y peleas partidistas
Un gobierno socialista en franca retirada se niega a tomar las decisiones necesarias, con la intención de diferir su responsabilidad en este fracaso al gobierno que ejecute las políticas tras las elecciones de mayo de 2011
Asturias debería haber acabado la primera década del Siglo XXI con los deberes hechos, y no lo ha conseguido
Tras el discurso del Presidente Areces en el debate de orientación política, UPyD en Asturias quiere declarar:
A lo largo de los últimos diez años el Gobierno socialista ha pintado un panorama idílico de la realidad asturiana. Sin embargo, el balance de una etapa de gobierno no es equivalente al balance de la marcha de una economía: independientemente de que la coyuntura ofrezca buenos o malos resultados, un gobierno no puede utilizar la táctica ventajista de apropiarse de los aspectos positivos de la evolución económica y buscar estrategias para explicar las negativas o achacarlas a efectos externos o ajenos a su labor.
La situación de la economía asturiana en el SXXI es básicamente el fruto de los cambios estructurales operados en los 80 y 90, que cambian el rumbo de una economía muy industrializada y excesivamente dependiente de la gran industria pública. Esas decisiones no son responsabilidad del Gobierno socialista sino que tomaron forma en una estrategia dirigida desde el gobierno central. El hecho de que ahora contemos con una economía más diversificada, más capaz de reaccionar ante cambios de la envergadura que afrontamos, no es en absoluto un logro que el presidente Areces pueda conceder a su gobierno. Por el contrario, como resultado de diversas políticas y la bonanza económica, el gobierno asturiano ha dispuesto de numerosas transferencias y consumido ingentes cantidades de recursos públicos en la década más próspera de la historia reciente española, aprovechando el crecimiento económico de manera marginal y prometiendo resultados para el fin de la década. Una Asturias productora de energía, conectada a la Alta Velocidad, con un puerto marítimo para el siglo XXI y las conexiones por autovía finalizadas de este a oeste, han sido las principales promesas del gobierno socialista.
Hoy, esta década de oportunidades perdidas ha finalizado, y hoy Asturias se encuentra en una encrucijada. Los principales ejes de comunicación asturianos siguen inacabados y sin visos de poder realizarse en el corto plazo, así como la mayor parte de las infraestructuras prometidas y consideradas estructurales para el despegue siguen pendientes de su finalización y con dudas sobre su viabilidad, mientras el gasto corriente sigue aumentando con lo que nuestra capacidad de ahorro e inversión se reduce paulatinamente.
Nuestra realidad es que en aquello que forma parte de las competencias autonómicas, la gestión ha sido manifiestamente mejorable, y a todas luces requiere una urgente coordinación estatal, mientras que en el medio plazo se hace evidente la necesidad de una asunción de determinadas competencias por parte del gobierno central. Sobre la influencia del gobierno autonómico en el cambio en la estructura económica asturiana y la realidad empresarial, la influencia ha sido más bien nula, cuajada de fracasos y escándalos, y en algunos aspectos (como las subvenciones y ayudas empresariales, o las medidas fiscales) ha sido negativa.
La ausencia de medidas y la reiteración de fórmulas equivocadas parecen reflejar la negativa del gobierno asturiano a asumir el cambio de paradigma que ha traído la crisis. El cambio de rumbo que el gobierno socialista central efectuó en mayo de este año rompió los esquemas de muchos gobiernos autonómicos, que se encuentran inoperantes y sin respuesta que dar ante la crisis, una vez demostrado que el modelo de gasto incontrolado era catastrófico y suicida. La subida de impuestos (Asturias está entre las CCAA con mayor presión fiscal de España, lo que ejerce como barrera para la creación y actividad de empresas y profesionales) y la despreocupación en tomar verdaderas medidas de austeridad, garantizan que no existe ni un plan ni un proyecto para salir de la crisis, en lo que es una profunda carencia de ideas con la que afrontar esta nueva situación.
A mayor abundamiento, la crisis o los escándalos judiciales han podido paralizar obras como la autovía ASIII, el túnel del Fito, el palacio de Justicia o el circuito Fernando Alonso. Sin embargo el gobierno autonómico ha sido incapaz de negociar adecuadamente con el gobierno central para que éste invirtiera por orden de prioridades (autovía del Cantábrico y AVE), al seguir introduciendo nuevos demandas que han perjudicado nuestra capacidad a la hora de cerrar proyectos (autovía La Espina, autovía a León, AVE del cantábrico, etc) pretendiendo apostar por el error hasta el final. Jamás en esta década ha habido una actuación coordinada entre Administraciones Públicas sobre la base de un orden lógico de prioridades pensando en el ciudadano. Sólo han primado intereses políticos, necesidades clientelares y peleas partidistas.
Sobre las cifras y las comparaciones, el gobierno juega con ellas y retuerce los datos, y ante una oposición incapaz de realizar el más mínimo análisis, la información que llega al ciudadano está completamente distorsionada. Asturias cae en la crisis en el tercer trimestre de 2008, mientras que la media de España ya empeora desde finales de 2007 o principios de 2008. Esto hace que los datos de España estén más deteriorados, e incluso que ante una comparativa 2007-2010 Asturias obtenga mejores resultados que la media española. Sin embargo lo realmente importante es ocultado, como es el valor absoluto de determinados parámetros (renta per cápita, tasa de actividad, etc.) o la acelerada velocidad de deterioro. Asturias está relativamente mejor en algunos datos (tasa de paro), pero el desempleo está creciendo comparativamente más rápido, y la cifra de ocupados o activos en relación a la población total es menor; el VAB, el PIB o la renta per cápita de Asturias está por debajo de la media nacional; los servicios públicos son los que están evitando una mayor caída del PIB, etc. Es preciso hacer una lectura real y no una lectura autocomplaciente, sólo porque nuestro Presidente quiera retirarse de la escena pública en una ficción interesada.
El gobierno socialista desoye el crecimiento espectacular de las cifras de paro y la huida de nuestros jóvenes, a quienes formamos con nuestros recursos, en busca de oportunidades que aquí se les niegan. El oriente y el occidente siguen perdiendo población año tras año, mientras el campo asturiano sigue buscando una solución entre la inacción de una administración que defiende el statu quo resignándose a una muerte lenta antes que a tomar las decisiones necesarias. La agravada situación de envejecimiento que se da en nuestra sociedad no obtiene más respuesta del gobierno asturiano que las promesas de aumentar las ayudas al desempleo.
Conclusión
Hoy, un gobierno socialista en franca retirada se niega a tomar las decisiones necesarias, con la intención de diferir su responsabilidad en este fracaso al gobierno que ejecute las políticas tras las elecciones de mayo de 2011. En el discurso socialista no se atisba ni la más mínima autocrítica, ni un reproche sobre la continua inauguración de proyectos que respondían, no a la rentabilidad económica, sino a meros intereses electorales. Proyectos que han puesto en peligro la competitividad de nuestra comunidad, proyectos que han ralentizado la finalización de aquellos verdaderamente importantes que podrían establecer una ventaja comparativa en esta crisis.
Asturias debería haber acabado la primera década del Siglo XXI con los deberes hechos, y no lo ha conseguido. Asturias por culpa de una clase política incapaz de plantear alternativas, sigue pendiente de una reconversión inacababa, acomplejada por su incapacidad para afrontar el futuro sin hacer pivotar su debate público en torno a la explotación de un recurso caduco y a una economía capturadora de subvenciones.
Nuestra sociedad requiere de un liderazgo nuevo que interprete la realidad asturiana y española como un modelo conjunto. Un liderazgo que confíe en las posibilidades de nuestro país y que trasmita a la sociedad las exigencias de sacrificio, responsabilidad y sentido de estado que se avecinan en el futuro. Que entienda que los jóvenes deben formar parte activa de nuestra sociedad y que los ejes tradicionales de la política asturiana: sindicatos, carbón, y gran obra pública, no son suficientes para afrontar los retos de este nuevo siglo.
Asturias requiere de una clase política que cumpla lo que dice, que no traicione la confianza de los asturianos por unos miles de votos, que piense en el interés general por encima de los compromisos clientelares y la tendencia al conservadurismo. Que recuperé la responsabilidad inherente a la acción de gobierno, no como el arte de contentar a todos, sino como la necesidad de tomar decisiones difíciles con la certeza de que son las decisiones correctas.
Consejo Territorial UPyD-Asturias
Un gobierno no puede utilizar la táctica ventajista de apropiarse de los aspectos positivos de la evolución económica y buscar estrategias para explicar las negativas o achacarlas a efectos externos o ajenos a su labor
Los principales ejes de comunicación asturianos siguen inacabados y sin visos de poder realizarse en el corto plazo, así como la mayor parte de las infraestructuras prometidas y consideradas estructurales para el despegue siguen pendientes de su finalización y con dudas sobre su viabilidad
En el cambio en la estructura económica asturiana y la realidad empresarial, la influencia ha sido más bien nula, cuajada de fracasos y escándalos, y en algunos aspectos (como las subvenciones y ayudas empresariales, o las medidas fiscales) ha sido negativa
La despreocupación en tomar verdaderas medidas de austeridad, garantizan que no existe ni un plan ni un proyecto para salir de la crisis
Jamás en esta década ha habido una actuación coordinada entre Administraciones Públicas sobre la base de un orden lógico de prioridades pensando en el ciudadano. Sólo han primado intereses políticos, necesidades clientelares y peleas partidistas
Un gobierno socialista en franca retirada se niega a tomar las decisiones necesarias, con la intención de diferir su responsabilidad en este fracaso al gobierno que ejecute las políticas tras las elecciones de mayo de 2011
Asturias debería haber acabado la primera década del Siglo XXI con los deberes hechos, y no lo ha conseguido
Tras el discurso del Presidente Areces en el debate de orientación política, UPyD en Asturias quiere declarar:
A lo largo de los últimos diez años el Gobierno socialista ha pintado un panorama idílico de la realidad asturiana. Sin embargo, el balance de una etapa de gobierno no es equivalente al balance de la marcha de una economía: independientemente de que la coyuntura ofrezca buenos o malos resultados, un gobierno no puede utilizar la táctica ventajista de apropiarse de los aspectos positivos de la evolución económica y buscar estrategias para explicar las negativas o achacarlas a efectos externos o ajenos a su labor.
La situación de la economía asturiana en el SXXI es básicamente el fruto de los cambios estructurales operados en los 80 y 90, que cambian el rumbo de una economía muy industrializada y excesivamente dependiente de la gran industria pública. Esas decisiones no son responsabilidad del Gobierno socialista sino que tomaron forma en una estrategia dirigida desde el gobierno central. El hecho de que ahora contemos con una economía más diversificada, más capaz de reaccionar ante cambios de la envergadura que afrontamos, no es en absoluto un logro que el presidente Areces pueda conceder a su gobierno. Por el contrario, como resultado de diversas políticas y la bonanza económica, el gobierno asturiano ha dispuesto de numerosas transferencias y consumido ingentes cantidades de recursos públicos en la década más próspera de la historia reciente española, aprovechando el crecimiento económico de manera marginal y prometiendo resultados para el fin de la década. Una Asturias productora de energía, conectada a la Alta Velocidad, con un puerto marítimo para el siglo XXI y las conexiones por autovía finalizadas de este a oeste, han sido las principales promesas del gobierno socialista.
Hoy, esta década de oportunidades perdidas ha finalizado, y hoy Asturias se encuentra en una encrucijada. Los principales ejes de comunicación asturianos siguen inacabados y sin visos de poder realizarse en el corto plazo, así como la mayor parte de las infraestructuras prometidas y consideradas estructurales para el despegue siguen pendientes de su finalización y con dudas sobre su viabilidad, mientras el gasto corriente sigue aumentando con lo que nuestra capacidad de ahorro e inversión se reduce paulatinamente.
Nuestra realidad es que en aquello que forma parte de las competencias autonómicas, la gestión ha sido manifiestamente mejorable, y a todas luces requiere una urgente coordinación estatal, mientras que en el medio plazo se hace evidente la necesidad de una asunción de determinadas competencias por parte del gobierno central. Sobre la influencia del gobierno autonómico en el cambio en la estructura económica asturiana y la realidad empresarial, la influencia ha sido más bien nula, cuajada de fracasos y escándalos, y en algunos aspectos (como las subvenciones y ayudas empresariales, o las medidas fiscales) ha sido negativa.
La ausencia de medidas y la reiteración de fórmulas equivocadas parecen reflejar la negativa del gobierno asturiano a asumir el cambio de paradigma que ha traído la crisis. El cambio de rumbo que el gobierno socialista central efectuó en mayo de este año rompió los esquemas de muchos gobiernos autonómicos, que se encuentran inoperantes y sin respuesta que dar ante la crisis, una vez demostrado que el modelo de gasto incontrolado era catastrófico y suicida. La subida de impuestos (Asturias está entre las CCAA con mayor presión fiscal de España, lo que ejerce como barrera para la creación y actividad de empresas y profesionales) y la despreocupación en tomar verdaderas medidas de austeridad, garantizan que no existe ni un plan ni un proyecto para salir de la crisis, en lo que es una profunda carencia de ideas con la que afrontar esta nueva situación.
A mayor abundamiento, la crisis o los escándalos judiciales han podido paralizar obras como la autovía ASIII, el túnel del Fito, el palacio de Justicia o el circuito Fernando Alonso. Sin embargo el gobierno autonómico ha sido incapaz de negociar adecuadamente con el gobierno central para que éste invirtiera por orden de prioridades (autovía del Cantábrico y AVE), al seguir introduciendo nuevos demandas que han perjudicado nuestra capacidad a la hora de cerrar proyectos (autovía La Espina, autovía a León, AVE del cantábrico, etc) pretendiendo apostar por el error hasta el final. Jamás en esta década ha habido una actuación coordinada entre Administraciones Públicas sobre la base de un orden lógico de prioridades pensando en el ciudadano. Sólo han primado intereses políticos, necesidades clientelares y peleas partidistas.
Sobre las cifras y las comparaciones, el gobierno juega con ellas y retuerce los datos, y ante una oposición incapaz de realizar el más mínimo análisis, la información que llega al ciudadano está completamente distorsionada. Asturias cae en la crisis en el tercer trimestre de 2008, mientras que la media de España ya empeora desde finales de 2007 o principios de 2008. Esto hace que los datos de España estén más deteriorados, e incluso que ante una comparativa 2007-2010 Asturias obtenga mejores resultados que la media española. Sin embargo lo realmente importante es ocultado, como es el valor absoluto de determinados parámetros (renta per cápita, tasa de actividad, etc.) o la acelerada velocidad de deterioro. Asturias está relativamente mejor en algunos datos (tasa de paro), pero el desempleo está creciendo comparativamente más rápido, y la cifra de ocupados o activos en relación a la población total es menor; el VAB, el PIB o la renta per cápita de Asturias está por debajo de la media nacional; los servicios públicos son los que están evitando una mayor caída del PIB, etc. Es preciso hacer una lectura real y no una lectura autocomplaciente, sólo porque nuestro Presidente quiera retirarse de la escena pública en una ficción interesada.
El gobierno socialista desoye el crecimiento espectacular de las cifras de paro y la huida de nuestros jóvenes, a quienes formamos con nuestros recursos, en busca de oportunidades que aquí se les niegan. El oriente y el occidente siguen perdiendo población año tras año, mientras el campo asturiano sigue buscando una solución entre la inacción de una administración que defiende el statu quo resignándose a una muerte lenta antes que a tomar las decisiones necesarias. La agravada situación de envejecimiento que se da en nuestra sociedad no obtiene más respuesta del gobierno asturiano que las promesas de aumentar las ayudas al desempleo.
Conclusión
Hoy, un gobierno socialista en franca retirada se niega a tomar las decisiones necesarias, con la intención de diferir su responsabilidad en este fracaso al gobierno que ejecute las políticas tras las elecciones de mayo de 2011. En el discurso socialista no se atisba ni la más mínima autocrítica, ni un reproche sobre la continua inauguración de proyectos que respondían, no a la rentabilidad económica, sino a meros intereses electorales. Proyectos que han puesto en peligro la competitividad de nuestra comunidad, proyectos que han ralentizado la finalización de aquellos verdaderamente importantes que podrían establecer una ventaja comparativa en esta crisis.
Asturias debería haber acabado la primera década del Siglo XXI con los deberes hechos, y no lo ha conseguido. Asturias por culpa de una clase política incapaz de plantear alternativas, sigue pendiente de una reconversión inacababa, acomplejada por su incapacidad para afrontar el futuro sin hacer pivotar su debate público en torno a la explotación de un recurso caduco y a una economía capturadora de subvenciones.
Nuestra sociedad requiere de un liderazgo nuevo que interprete la realidad asturiana y española como un modelo conjunto. Un liderazgo que confíe en las posibilidades de nuestro país y que trasmita a la sociedad las exigencias de sacrificio, responsabilidad y sentido de estado que se avecinan en el futuro. Que entienda que los jóvenes deben formar parte activa de nuestra sociedad y que los ejes tradicionales de la política asturiana: sindicatos, carbón, y gran obra pública, no son suficientes para afrontar los retos de este nuevo siglo.
Asturias requiere de una clase política que cumpla lo que dice, que no traicione la confianza de los asturianos por unos miles de votos, que piense en el interés general por encima de los compromisos clientelares y la tendencia al conservadurismo. Que recuperé la responsabilidad inherente a la acción de gobierno, no como el arte de contentar a todos, sino como la necesidad de tomar decisiones difíciles con la certeza de que son las decisiones correctas.
Consejo Territorial UPyD-Asturias
UPyD-Gijón presentó sus alegaciones al documento de aprobación inicial del PGO
24 de octubre de 2010
El documento de alegaciones presentado recoge en detalle las consecuencias irreversibles que puede sufrir una zona de especial riqueza natural y paisajística como es la de Granda/río Piles, si en ella se construyen los 58 bloques previstos en el documento de aprobación inicial correspondiente al Plan General de Ordenación 2010.
Coincidiendo en el día de ayer con la finalización del plazo fijado para la presentación de alegaciones al Plan General de Ordenación de Gijón, Unión Progreso y Democracia presentó su propio documento en relación con el nuevo área de suelo que quiere urbanizarse en la zona de Granda.
Desde UPyD-Gijón consideramos un auténtico despropósito la citada actuación por muchas razones que aparecen recogidas en la alegación presentada. La construcción de 58 bloques de viviendas de entre cuatro y cinco alturas en espacios que bordean el río Piles, de especial interés natural y paisajístico, no tiene ningún sentido salvo aquel que persiga beneficiar los intereses privados de las empresas constructoras que acometan las obras. La aberración que se pretende conseguir no cumple además con los requisitos básicos recogidos en la Estrategia Territorial Europea para el Medio Ambiente, según la cual, el modelo de ciudad que ha de perseguir cualquier planeamiento urbanístico es el de una ciudad compacta que no genere graves inconvenientes de dispersión y desorden en su organización, evitando cualquier impacto ambiental, segregación social o ineficiencia económica por sus elevados costes energéticos, consideraciones todas ellas que el Plan General que el Ayuntamiento presenta a los gijoneses desprecia, y del que la zona de Granda a la que aludimos en el documento de alegaciones es buen ejemplo.
Hay que resaltar además que la riqueza faunística y vegetal de la zona Granda/río Piles y la variedad de especies animales que en ella se encuentra no aparece recogida en su totalidad y extensión en el informe de Sostenibilidad Ambiental redactado por el propio ayuntamiento, lo cual resulta muy sospechoso, cosa que denunciamos desde UPyD.
El documento de alegaciones presentado recoge en detalle las consecuencias irreversibles que puede sufrir una zona de especial riqueza natural y paisajística como es la de Granda/río Piles, si en ella se construyen los 58 bloques previstos en el documento de aprobación inicial correspondiente al Plan General de Ordenación 2010.
Coincidiendo en el día de ayer con la finalización del plazo fijado para la presentación de alegaciones al Plan General de Ordenación de Gijón, Unión Progreso y Democracia presentó su propio documento en relación con el nuevo área de suelo que quiere urbanizarse en la zona de Granda.
Desde UPyD-Gijón consideramos un auténtico despropósito la citada actuación por muchas razones que aparecen recogidas en la alegación presentada. La construcción de 58 bloques de viviendas de entre cuatro y cinco alturas en espacios que bordean el río Piles, de especial interés natural y paisajístico, no tiene ningún sentido salvo aquel que persiga beneficiar los intereses privados de las empresas constructoras que acometan las obras. La aberración que se pretende conseguir no cumple además con los requisitos básicos recogidos en la Estrategia Territorial Europea para el Medio Ambiente, según la cual, el modelo de ciudad que ha de perseguir cualquier planeamiento urbanístico es el de una ciudad compacta que no genere graves inconvenientes de dispersión y desorden en su organización, evitando cualquier impacto ambiental, segregación social o ineficiencia económica por sus elevados costes energéticos, consideraciones todas ellas que el Plan General que el Ayuntamiento presenta a los gijoneses desprecia, y del que la zona de Granda a la que aludimos en el documento de alegaciones es buen ejemplo.
Hay que resaltar además que la riqueza faunística y vegetal de la zona Granda/río Piles y la variedad de especies animales que en ella se encuentra no aparece recogida en su totalidad y extensión en el informe de Sostenibilidad Ambiental redactado por el propio ayuntamiento, lo cual resulta muy sospechoso, cosa que denunciamos desde UPyD.
Armando Fernández, candidato por UPyD
24/10/2010 00:00 / Maria Iglesias Gijón
El gijonés Armando Fernández Bartolomé se presentará como único aspirante, que opta a encabezar la lista de Unión Progreso y Democracia (UPyD) a la Alcaldía de Gijón. Las elecciones internas del Partido para elegir al candidato se celebrarán el próximo miércoles. Fernández nació en Gijón en el año 1958, en Cimadevilla, y es profesor de Filosofía en el Instituto de Enseñanza Secundaria Rosario de Acuña. Con esta candidatura, ya son cuatro los municipios en los que UPyD pugnará por obtener representación política (Gijón, Avilés, Oviedo y Siero). A pesar de que el programa marco por el que regirá su línea electoral está aún sin definir, Fernández apuesta por el diálogo con los colectivos y asociaciones vecinales de la ciudad con el objetivo de conocer sus necesidades. “Mi intención es poner la oreja, y atender a las solicitudes, bajo la premisa de ofrecer una regeneración democrática”, apostilló. Asimismo, UPyD ha programado una serie de actos públicos para presentar a afiliados y ciudadanos su proyecto político y sus ideas. La agrupación, liderada por Rosa Díez, aspira a consagrase como partido bisagra tras las elecciones municipales y autonómicas del próximo 29 de mayo.
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El gijonés Armando Fernández Bartolomé se presentará como único aspirante, que opta a encabezar la lista de Unión Progreso y Democracia (UPyD) a la Alcaldía de Gijón. Las elecciones internas del Partido para elegir al candidato se celebrarán el próximo miércoles. Fernández nació en Gijón en el año 1958, en Cimadevilla, y es profesor de Filosofía en el Instituto de Enseñanza Secundaria Rosario de Acuña. Con esta candidatura, ya son cuatro los municipios en los que UPyD pugnará por obtener representación política (Gijón, Avilés, Oviedo y Siero). A pesar de que el programa marco por el que regirá su línea electoral está aún sin definir, Fernández apuesta por el diálogo con los colectivos y asociaciones vecinales de la ciudad con el objetivo de conocer sus necesidades. “Mi intención es poner la oreja, y atender a las solicitudes, bajo la premisa de ofrecer una regeneración democrática”, apostilló. Asimismo, UPyD ha programado una serie de actos públicos para presentar a afiliados y ciudadanos su proyecto político y sus ideas. La agrupación, liderada por Rosa Díez, aspira a consagrase como partido bisagra tras las elecciones municipales y autonómicas del próximo 29 de mayo.
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sábado, 23 de octubre de 2010
Un proyecto «inviable» para los hosteleros de la Ería del Piles
Aunque presentaron alegaciones por separado, los cinco hosteleros de la Ería del Piles mantuvieron el frente común expresado a finales de septiembre para oponerse «al derribo y traslado» de los negocios de su ubicación actual, en primera línea de playa. Nuevamente con el respaldo de la Asociación de Hostelería de Gijón -que emitió un comunicado conjunto-, propietarios y arrendatarios de el Rick's, las Terrazas del Pery, El Faro del Piles, el Bellavista y La Buena Vida repartieron sus prolijas alegaciones en dos partes: una jurídica y otra técnica. En ambos casos, sustentadas en argumentados, complejos y costosos informes de los abogados y arquitectos a los que tuvieron que recurrir para intentar frenar el proyecto de «retranqueo» de sus establecimientos para la creación de una playa verde de 20.000 metros cuadrados. Por cierto, que a los hosteleros, se les unió en sus reclamaciones el Grupo TSK, propietario del edificio de Ingemas.
Desde el punto de vista técnico, insisten en la «inviabilidad» del proyecto por «violar el principio de equidistribución de cargas». Es decir, consideran que con la propuesta municipal que plantea un aumento del porcentaje de edificabilidad, no habría un equitativo reparto de beneficios y cargas en una hipotética junta de compensación. Y a eso añaden «el exceso de costes» que supondría.
No obstante, vuelven a reconocer, como ya hicieran en septiembre, la «necesidad de mejora de una zona privilegiada» y, por tanto, aseguran haber planteado al Ayuntamiento «fórmulas alternativas» que permitan esa mejora estética de la zona, pero manteniendo la actividad de las cinco empresas, que actualmente dan empleo directo a 140 personas.
En su último punto, un mensaje concreto y directo para el Ayuntamiento: «Que las alegaciones sean atendidas y estudiadas y que el resultado final sea una modificación del plan lo más positiva posible para la ciudad de Gijón».
Desde el punto de vista técnico, insisten en la «inviabilidad» del proyecto por «violar el principio de equidistribución de cargas». Es decir, consideran que con la propuesta municipal que plantea un aumento del porcentaje de edificabilidad, no habría un equitativo reparto de beneficios y cargas en una hipotética junta de compensación. Y a eso añaden «el exceso de costes» que supondría.
No obstante, vuelven a reconocer, como ya hicieran en septiembre, la «necesidad de mejora de una zona privilegiada» y, por tanto, aseguran haber planteado al Ayuntamiento «fórmulas alternativas» que permitan esa mejora estética de la zona, pero manteniendo la actividad de las cinco empresas, que actualmente dan empleo directo a 140 personas.
En su último punto, un mensaje concreto y directo para el Ayuntamiento: «Que las alegaciones sean atendidas y estudiadas y que el resultado final sea una modificación del plan lo más positiva posible para la ciudad de Gijón».
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