El lenguaje humano está hecho para comunicarse, no para afirmar lo distintos e idiosincrásicos que somos todos. La riqueza humana consiste en que podemos comprendernos unos a otros y colaborar así en empeños comunes de nuestra libertad
25.04.10 - 02:55 - FERNANDO SAVATER |
Aún no he podido leer el libro 'Babel o barbarie' de Patxi Baztarrika, sólo conozco el extracto aparecido el pasado domingo en DV, así como la entrevista al autor en el mismo periódico. Todo parece indicar que se trata de una obra interesante, planteada con cordura y que se esfuerza por conciliar intereses cuya oposición a veces se extrema por razones de instrumentalización partidista. El titular que encabezaba el resumen de DV es de esperanzadora sensatez: «El futuro del euskera pertenece a la ciudadanía». En efecto, allí donde una lengua autonómica no es perseguida ni prohibida lo que garantiza su uso es la voluntad de quienes desean hablarla y manejarla, nunca normas que la imponen como obligación patriótica a todo el mundo, tanto si les gusta como si no. Y es perfectamente asumible que incluso los ciudadanos que de hecho no la hablan, simpaticen con su salvaguardia como un bien común de interés cultural y social para la convivencia en su conjunto.
Sin embargo, la referencia a Babel en el título de la obra no me parece exacta ni afortunada para comprenderla adecuadamente. Según el autor, hay que reivindicar a Babel, puesto que la pluralidad lingüística no es una maldición sino «una característica de la libertad y un signo de riqueza». Desde luego no soy un experto en exégesis bíblica, pero yo diría que la maldición divina que castiga el orgullo de los humanos en la famosa torre consiste en la confusión de las lenguas, no en su mera pluralidad. Es decir, lo malo no es que haya varias lenguas sino que los hablantes dejen de entenderse entre sí. Porque el lenguaje humano está hecho para comunicarse, no para afirmar lo distintos e idiosincrásicos que somos todos. La riqueza humana consiste en que podemos comprendernos unos a otros y colaborar así en empeños comunes de nuestra libertad, sea construir una torre que llegue hasta el cielo o -más sensatamente, a mi entender- construir sociedades dónde puedan convivir pacíficamente personas de diferentes ideologías o mentalidades.
En el caso de nuestro país, Babel sería que las dos lenguas que tenemos, la común a todo el Estado del que somos ciudadanos y la peculiar de la comunidad vasca, se mantuviesen como mutuamente cerradas e ininteligibles para así quedarnos satisfechos de lo distintos que somos unos de otros y de los demás vecinos estatales. Ese planteamiento sí que se parecería bastante a una maldición y, si no le he entendido mal, es precisamente lo contrario de lo que con mucha razón desea Patxi Baztarrika. No digo que la diversidad de lenguas que existen en el mundo sea una maldición bíblica, pero son un hecho problemático que causa más de un conflicto. Hay miles de lenguas pero sólo unos pocos cientos de estados, por lo que es obvio que en cada uno de ellos ha de buscarse un idioma políticamente común, además de respetar -en los que son democráticos- la existencia cultural del resto.
En sí misma, la diversidad de lenguas no tiene por qué ser vista como un bien: si de lo que se tratara es de multiplicarlas, lo adecuado no sería aprender las que hablan otros para comunicarnos con ellos, sino inventarnos cada uno la nuestra lo más rara posible para así demostrar que nuestra libertad no admite componendas sociales. Afortunadamente, la tendencia general no es tan demencial: además de las lenguas propias, los sistemas educativos incluyen en la enseñanza alguno de los idiomas más hablados -como el inglés o el castellano- pero rara vez eligen como idioma complementario el finlandés o el urdu, que también tendrán su encanto pero resultan menos útiles.
Porque en ciertos casos depende mucho de la lengua que se hable. Con motivo del terremoto en Haití, he leído bastantes estudios sobre el atraso de ese país respecto a la relativa bonanza de la República Dominicana, la otra mitad de la isla. Entre varias razones históricas, siempre se señala la desventaja educativa y cultural del creole frente al castellano. Ninguna lengua es buena o mala en sí, pero por razones históricas algunas alcanzan mucha más extensión geográfica, mayor número de hablantes y más abundancia de literatura o bibliografía que otras. Es lógico que quienes pueden elegir las prefieran como medio de expresión o estudio. De modo que la hegemonía del castellano en el País Vasco es inevitable. lo cual no quiere decir que sea inevitable el monolingüismo. El idioma común del Estado tiene una primacía constitucional y práctica (en los negocios, en los viajes, en la administración, etc.) que afortunadamente se complementa con la posibilidad institucionalmente reconocida de convivir en nuestra CAV con el uso del euskera en muchos ámbitos por quienes así lo deseen.
El perfecto bilingüismo es un deseo encomiable pero que siendo realistas sabemos que nunca será alcanzado por gran parte de la población. Lo que sin embargo sí que está a nuestro alcance -y hoy es ya algo habitual en la mayoría de los casos- es el intercambio normal, basado en el sentido común y en una educación no sectaria, entre los que habitualmente recurren a una u otra lengua. Sabiendo, claro está, cual es el alcance oficial y social de cada una. Los amantes del euskera pueden aumentar el de la suya haciéndola cada vez más atractiva a quienes la desconocen o la usan poco: a este respecto, la abundancia actual de buenos escritores jóvenes en vascuence puede hacer más por la perpetuación de éste que cualquier forma de imposición burocrática, la cual a menudo sólo provoca rechazo y fastidio contra parte del patrimonio cultural que compartimos.
http://www.diariovasco.com/v/20100425/opinion/articulos-opinion/babel-barbaridades-20100425.html
miércoles, 28 de abril de 2010
Repetir y seleccionar o avanzar apoyando
MANUEL DE LA CRUZ Y MIGUEL RECIO
EL PAÍS - Economía - 28-04-2010
España está, en algunos resultados educativos (por ejemplo, en la tasa de Abandono Educativo Temprano o AET), bastante alejada de los objetivos que marca la UE para sus Estados miembros, mientras que en otros (niveles de escolarización a los cuatro años o tasa de titulados superiores) no sólo alcanza los objetivos actuales de la UE sino incluso los que marca para 2020. Presentan AET los jóvenes de 18 a 24 años que no tienen un título de secundaria postobligatoria y no están estudiando. La importancia de este indicador radica en que quienes lo integran llegan al mundo laboral sin una mínima cualificación, con escasas expectativas profesionales a nivel personal y, además, socialmente son un freno en la evolución hacia la sociedad del conocimiento.
En España, durante el decenio 2000-2009, la tasa de AET se ha incrementado en 1,6 puntos porcentuales en lugar de reducirse, llegando a alcanzar el 31,2% en 2009, un valor muy alejado del 15% objetivo de la UE; aunque este dato hay que matizarlo: la tasa de AET se redujo durante el decenio tanto para la población española como para la población extranjera aunque, debido a la mayor tasa de este último colectivo, así como a su creciente peso sobre la población total en España, el efecto para el conjunto haya sido de subida.
Los jóvenes de 18 a 24 años que abandonan se pueden clasificar en dos grupos:
a) Los que no tienen ni siquiera el título de Graduado en Secundaria (ESO) que, según datos de la EPA, se pueden cifrar en el 12% (aunque los que no titulan cada año son un porcentaje superior; de estos, los que no abandonan repiten y una parte obtienen el título en una segunda oportunidad); y b) Los que teniendo el título de ESO han optado por no continuar estudiando o han abandonado antes de obtener un título de postobligatoria, que representan el restante 19,2%; a éstos habría que facilitarles que siguieran estudiando (mediante becas, plazas de FP, etcétera).
La repetición es la medida educativa más destacada en nuestro sistema educativo. Un 16% de quienes se incorporan a la ESO ya han repetido en Primaria; a lo largo de la ESO repiten un promedio del 19% en cualquiera de los cursos (con un tope de dos veces en la etapa). Pero la repetición:
-Es una medida cara; su coste, sólo para la ESO, alcanza los 2.100 millones de euros anuales (compárese con los 590 millones que ofrece el MEC para el Pacto Educativo); es, cada curso, el trabajo de 35.000 profesores en 14.500 grupos de alumnos,
-Es una medida que impide que accedan a otras medidas educativas (programas de diversificación curricular, de alto éxito) los alumnos que ya acaban 2º con 16 años y se van del sistema: hay un 12% de alumnos de 16 años desescolarizado,
-Es una medida que carga en exceso la responsabilidad del fracaso en el alumno (y su familia) y reduce el papel del profesorado a un mero notario del nivel alcanzado por el alumno: si no llega, pues repite;
-La población que presenta AET está conformada, fundamentalmente, por personas que han sido repetidores alguna vez; y todos aquellos que lo han sido dos veces se encuentran en este grupo;
-Es una medida ineficiente: se usa cuando los problemas son difícilmente resolubles, sin estar al final de una escala graduada de medidas, más baratas y menos traumáticas; no asegura un porcentaje de promoción por encima del de los no repetidores; está a la base de nuestro estancamiento y fracaso en el AET.
-Madrid (con muchos repetidores) es la comunidad en la que más ha crecido, en este decenio, la tasa de abandono educativo temprano (también para el colectivo de los alumnos españoles).
¿Hay alternativas a esta medida de la repetición? El uso de la repetición, que es minoritaria en la UE e inexistente en alguno de los países que presentan mejores resultados educativos, está muy asentado entre el profesorado español. El necesario cambio debe venir de la formación del profesorado en la aplicación de otras muchas medidas a la escala de los problemas detectados y desde su primera constatación: desde la educación primaria o, incluso, desde la infantil y no al final del curso; de una mayor autonomía -y control social- de la aplicación de estas medidas; de un mayor compromiso de toda la comunidad educativa -también los padres, los alumnos y de la Administración- con estas nuevas medidas. Dinero en la repetición hay mucho, demasiado. Se trata de usarlo en medidas más eficaces. Empezando por medidas de apoyo y refuerzo en Primaria que eviten que ningún alumno se quede rezagado ni tenga secuelas en 1º y 2º de la ESO; los programas de diversificación en la ESO, PROA, refuerzos, apoyos, etcétera, también van en esa dirección. En la Memoria para el Pacto, para estas medidas alternativas (en Primaria y ESO) se proponen 188 millones: la mitad del coste de la actual repetición en Primaria. Hay que avanzar.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100428elpepieco_15&type=Tes
EL PAÍS - Economía - 28-04-2010
España está, en algunos resultados educativos (por ejemplo, en la tasa de Abandono Educativo Temprano o AET), bastante alejada de los objetivos que marca la UE para sus Estados miembros, mientras que en otros (niveles de escolarización a los cuatro años o tasa de titulados superiores) no sólo alcanza los objetivos actuales de la UE sino incluso los que marca para 2020. Presentan AET los jóvenes de 18 a 24 años que no tienen un título de secundaria postobligatoria y no están estudiando. La importancia de este indicador radica en que quienes lo integran llegan al mundo laboral sin una mínima cualificación, con escasas expectativas profesionales a nivel personal y, además, socialmente son un freno en la evolución hacia la sociedad del conocimiento.
En España, durante el decenio 2000-2009, la tasa de AET se ha incrementado en 1,6 puntos porcentuales en lugar de reducirse, llegando a alcanzar el 31,2% en 2009, un valor muy alejado del 15% objetivo de la UE; aunque este dato hay que matizarlo: la tasa de AET se redujo durante el decenio tanto para la población española como para la población extranjera aunque, debido a la mayor tasa de este último colectivo, así como a su creciente peso sobre la población total en España, el efecto para el conjunto haya sido de subida.
Los jóvenes de 18 a 24 años que abandonan se pueden clasificar en dos grupos:
a) Los que no tienen ni siquiera el título de Graduado en Secundaria (ESO) que, según datos de la EPA, se pueden cifrar en el 12% (aunque los que no titulan cada año son un porcentaje superior; de estos, los que no abandonan repiten y una parte obtienen el título en una segunda oportunidad); y b) Los que teniendo el título de ESO han optado por no continuar estudiando o han abandonado antes de obtener un título de postobligatoria, que representan el restante 19,2%; a éstos habría que facilitarles que siguieran estudiando (mediante becas, plazas de FP, etcétera).
La repetición es la medida educativa más destacada en nuestro sistema educativo. Un 16% de quienes se incorporan a la ESO ya han repetido en Primaria; a lo largo de la ESO repiten un promedio del 19% en cualquiera de los cursos (con un tope de dos veces en la etapa). Pero la repetición:
-Es una medida cara; su coste, sólo para la ESO, alcanza los 2.100 millones de euros anuales (compárese con los 590 millones que ofrece el MEC para el Pacto Educativo); es, cada curso, el trabajo de 35.000 profesores en 14.500 grupos de alumnos,
-Es una medida que impide que accedan a otras medidas educativas (programas de diversificación curricular, de alto éxito) los alumnos que ya acaban 2º con 16 años y se van del sistema: hay un 12% de alumnos de 16 años desescolarizado,
-Es una medida que carga en exceso la responsabilidad del fracaso en el alumno (y su familia) y reduce el papel del profesorado a un mero notario del nivel alcanzado por el alumno: si no llega, pues repite;
-La población que presenta AET está conformada, fundamentalmente, por personas que han sido repetidores alguna vez; y todos aquellos que lo han sido dos veces se encuentran en este grupo;
-Es una medida ineficiente: se usa cuando los problemas son difícilmente resolubles, sin estar al final de una escala graduada de medidas, más baratas y menos traumáticas; no asegura un porcentaje de promoción por encima del de los no repetidores; está a la base de nuestro estancamiento y fracaso en el AET.
-Madrid (con muchos repetidores) es la comunidad en la que más ha crecido, en este decenio, la tasa de abandono educativo temprano (también para el colectivo de los alumnos españoles).
¿Hay alternativas a esta medida de la repetición? El uso de la repetición, que es minoritaria en la UE e inexistente en alguno de los países que presentan mejores resultados educativos, está muy asentado entre el profesorado español. El necesario cambio debe venir de la formación del profesorado en la aplicación de otras muchas medidas a la escala de los problemas detectados y desde su primera constatación: desde la educación primaria o, incluso, desde la infantil y no al final del curso; de una mayor autonomía -y control social- de la aplicación de estas medidas; de un mayor compromiso de toda la comunidad educativa -también los padres, los alumnos y de la Administración- con estas nuevas medidas. Dinero en la repetición hay mucho, demasiado. Se trata de usarlo en medidas más eficaces. Empezando por medidas de apoyo y refuerzo en Primaria que eviten que ningún alumno se quede rezagado ni tenga secuelas en 1º y 2º de la ESO; los programas de diversificación en la ESO, PROA, refuerzos, apoyos, etcétera, también van en esa dirección. En la Memoria para el Pacto, para estas medidas alternativas (en Primaria y ESO) se proponen 188 millones: la mitad del coste de la actual repetición en Primaria. Hay que avanzar.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100428elpepieco_15&type=Tes
La escuela pública encara su asignatura pendiente: la gestión
Incentivar a los mejores profesores es el reto en los colegios estatales - La concertada no es mejor, pero es más barata
J. A. AUNIÓN - Madrid
EL PAÍS - Economía - 28-04-2010
La doble oferta de escuelas sostenidas con fondos públicos (públicas y privadas subvencionadas) parece ya inamovible. España es el tercer país europeo con m0enos porcentaje de alumnos en la escuela pública en Primaria y Secundaria (ver gráfico). Ante esa situación, y ante los malos resultados de abandono escolar y de conocimientos de los alumnos, la pregunta sería cuál de ellas funcionan mejor o cómo pueden funcionar mejor las dos juntas, teniendo en cuenta que el análisis de costes y resultados en Educación no puede separarse del hecho de que la enseñanza obligatoria es un derecho fundamental.
El gasto por alumno en centros públicos y concertados es de 5.228 euros, y sólo en la pública es de 6.208, por lo tanto, la concertada sería más barata para la Administración. Pero la diferencia se matiza porque en la concertada hay más alumnos por clase, que sus docentes cobran algo menos que en la pública y trabajan más horas; que la mayoría de estudiantes más difíciles de atender y, por los tanto, más caros (inmigrantes y con necesidades especiales) están en la pública, y que esta llega además a todos los ricones, como las zonas rurales (con menos niños y más dispersos, por lo tanto, más caro).
En cuanto a la eficacia, es decir, los resultados, todos los estudios sobre el sistema español (nacionales e internacionales como Pisa) dicen que no hay diferencias a igualdad de contextos sociales de los alumnos. Pero la privada tiene mejor nota ya que cuenta con más estudiantes de clase media y media alta. Principalmente, porque un padre de la pública gasta la mitad en su hijo estudiante (algo más de 600 euros en 2007, según cifras del INE) que uno de la concertada (unos 1.300): ambos gastan en clases extraescolares o comedor, pero la subvencionada cobra cuotas voluntarias y a veces no aclaran que los son.
Entonces, ¿cuál es el margen para gestionar mejor las escuelas? El profesor de Sociología de la Universidad de Salamanca Mariano Fernández Enguita aboga por "meter más mercado en la escuela pública, y más Estado en la concertada", esto es, más controles para evitar cualquier tipo de cuotas y selección en la concertada. Pero también, más incentivos que diferencien el mal trabajo del bueno en la pública.
Sin embargo, esto último tiene muchas resistencias. Por ejemplo, los sindicatos están en pie de guerra contra la ley educativa catalana porque ven intentos de privatización en medidas como dar autonomía a los centros y la introducción de evaluaciones, o más poder de decisión a los directores para elegir a parte de su equipo. Para el catedrático de Sociología de la Educación de la Complutense Julio Carabaña, estas medidas no tienen sentido. "Si los resultados no son mejores en la privada, y tampoco está claro que sean más eficientes; es muy difícil de saber por qué hay que contar con los ingresos subterráneos que aportan los padres", esas medidas sólo son una muestra de "impotencia administrativa", asegura. "En educación no funcionan las mismas reglas que en el mercado, simplemente, porque la materia prima no es pasiva, sino activa", insiste.
Para el director del Centro de Altos Estudios de la OEI y ex secretario general de Educación, Alejandro Tiana, es una cuestión de medida: "Sin llegar a criterios meramente mercantiles", como que el director se convierta en un gestor de empresa que pueda despedir o fijar el sueldo de profesores, o que se deje sin financiación a los centros que no funcionan, hay mucho margen "para dar incentivos a los profesores con más dedicación, revisar la asignación de la plantilla o los concursos de traslados" para garantizar equipos estables en los centros, asegura.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100428elpepieco_14&type=Tes&anchor=elpepieco
J. A. AUNIÓN - Madrid
EL PAÍS - Economía - 28-04-2010
La doble oferta de escuelas sostenidas con fondos públicos (públicas y privadas subvencionadas) parece ya inamovible. España es el tercer país europeo con m0enos porcentaje de alumnos en la escuela pública en Primaria y Secundaria (ver gráfico). Ante esa situación, y ante los malos resultados de abandono escolar y de conocimientos de los alumnos, la pregunta sería cuál de ellas funcionan mejor o cómo pueden funcionar mejor las dos juntas, teniendo en cuenta que el análisis de costes y resultados en Educación no puede separarse del hecho de que la enseñanza obligatoria es un derecho fundamental.
El gasto por alumno en centros públicos y concertados es de 5.228 euros, y sólo en la pública es de 6.208, por lo tanto, la concertada sería más barata para la Administración. Pero la diferencia se matiza porque en la concertada hay más alumnos por clase, que sus docentes cobran algo menos que en la pública y trabajan más horas; que la mayoría de estudiantes más difíciles de atender y, por los tanto, más caros (inmigrantes y con necesidades especiales) están en la pública, y que esta llega además a todos los ricones, como las zonas rurales (con menos niños y más dispersos, por lo tanto, más caro).
En cuanto a la eficacia, es decir, los resultados, todos los estudios sobre el sistema español (nacionales e internacionales como Pisa) dicen que no hay diferencias a igualdad de contextos sociales de los alumnos. Pero la privada tiene mejor nota ya que cuenta con más estudiantes de clase media y media alta. Principalmente, porque un padre de la pública gasta la mitad en su hijo estudiante (algo más de 600 euros en 2007, según cifras del INE) que uno de la concertada (unos 1.300): ambos gastan en clases extraescolares o comedor, pero la subvencionada cobra cuotas voluntarias y a veces no aclaran que los son.
Entonces, ¿cuál es el margen para gestionar mejor las escuelas? El profesor de Sociología de la Universidad de Salamanca Mariano Fernández Enguita aboga por "meter más mercado en la escuela pública, y más Estado en la concertada", esto es, más controles para evitar cualquier tipo de cuotas y selección en la concertada. Pero también, más incentivos que diferencien el mal trabajo del bueno en la pública.
Sin embargo, esto último tiene muchas resistencias. Por ejemplo, los sindicatos están en pie de guerra contra la ley educativa catalana porque ven intentos de privatización en medidas como dar autonomía a los centros y la introducción de evaluaciones, o más poder de decisión a los directores para elegir a parte de su equipo. Para el catedrático de Sociología de la Educación de la Complutense Julio Carabaña, estas medidas no tienen sentido. "Si los resultados no son mejores en la privada, y tampoco está claro que sean más eficientes; es muy difícil de saber por qué hay que contar con los ingresos subterráneos que aportan los padres", esas medidas sólo son una muestra de "impotencia administrativa", asegura. "En educación no funcionan las mismas reglas que en el mercado, simplemente, porque la materia prima no es pasiva, sino activa", insiste.
Para el director del Centro de Altos Estudios de la OEI y ex secretario general de Educación, Alejandro Tiana, es una cuestión de medida: "Sin llegar a criterios meramente mercantiles", como que el director se convierta en un gestor de empresa que pueda despedir o fijar el sueldo de profesores, o que se deje sin financiación a los centros que no funcionan, hay mucho margen "para dar incentivos a los profesores con más dedicación, revisar la asignación de la plantilla o los concursos de traslados" para garantizar equipos estables en los centros, asegura.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100428elpepieco_14&type=Tes&anchor=elpepieco
Riopedre da por hecho el pacto educativo y confía en captar el 2% de los recursos
La Administración regional advierte de que el plan de financiación de la Universidad española no permitirá realizar inversiones antes de 2013
«En estos momento se ve menos pacto y más acuerdo». El Gobierno regional no ve obstáculos en la consecución de un documento de consenso entre las comunidades autónomas y el Ministerio para dirigir el rumbo de la Educación en España durante los próximos años. Uno de los puntos más candentes es la financiación y el consejero asturiano del ramo, José Luis Iglesias Riopedre, da por hecho que habrá recursos para todos. Al menos, en la parte que atañe al Principado. El final de la implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) para arrancar una nueva etapa prevé una partida general de 1.770 millones de euros. Asturias prevé captar «una parte relativamente importante» de los recursos. Según los criterios de población y dispersión geográfica, al Principado le correspondería en torno al 1,8 por ciento, pero Riopedre confía alcanzar el 2 por ciento.
En el ámbito de la Educación Superior, el titular del departamento regional advierte, no obstante, de que el plan de financiación para la Universidad que plantea el Ministerio es «realista» y hasta 2013 las comunidades autónomas no podrán empezar a desarrollar una política de financiación clara al estar encorsetados por un plan de austeridad. Recién llegado de la Conferencia General de Política Universitaria en Madrid, señaló que en la actual etapa de ajustes presupuestarios «nadie va a estar excluido de ello. Hay que bajar el déficit español del 11,4 por ciento al 3 por ciento, justamente en 2013», subrayó.
Y de lo global a lo local, el consejero de Educación fue desgranando durante su intervención, en un acto celebrado ayer por la tarde en la Casa del Pueblo de Gijón, algunas de las cifras de su departamento para Gijón. En el ámbito económico, la inversión en educación en la ciudad se ha incrementado un 86 por ciento en la última década, desde la transferencia de las competencias educativas a la comunidad autónoma. Así, se ha pasado de los 68 millones de 1990 a los 127 millones del último año. «En el gasto por alumno, en Gijón se ha pasado de 2.838 euros a más de 5.000, con un incremento de 2.800 euros que representa un 120%», añadió. La media regional en cuanto al presupuesto de gasto por alumno se sitúa en 6.776 euros porque ahí se incluyen los datos de las zonas rurales, donde es necesaria una inversión mayor. No obstante, Riopedre incidió en que el crecimiento experimentado en el municipio gijonés es importante igualmente.
Una de las áreas donde la Consejería dedica buena parte de sus recursos es en la formación de la población inmigrante. La ciudad tiene escolarizados 2.199 de los 6.840 alumnos extranjeros que hay en el Principado. «El 56% de todos los recursos para los inmigrantes está en Gijón», resaltó Riopedre para referirse al esfuerzo de su departamento con este grupo de población.
En cuanto a los niveles de rendimiento educativo, Gijón crece dos puntos menos que la media regional en la etapa de Secundaria. En el resto de la comunidad autónoma se ha pasado del 77 al 85 por ciento, mientras que en Gijón para los mismo niveles educativos se incrementa del 79 al 85 por ciento. «El rendimiento en Bachillerato es exactamente igual que en el resto de Asturias, que son 14 puntos más que hace una década: se parte del 67 por ciento y se ha llegado al 81 por ciento», subrayó Riopedre.
La decisión de los nuevos gestores del Colegio Ursulinas de Gijón de incorporar el primer ciclo de Educación Infantil en su oferta formativa con aulas de 2 años no tendrá financiación regional. El consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, descartó que su departamento vaya a apoyar económicamente la propuesta. No será «ni en centros concertados ni públicos», aclaró el representante regional durante su visita a la ciudad para participar en un acto en la Casa del Pueblo. Riopedre explicó que en la etapa de Infantil, que se prolonga de 0 a 6 años, dispone de una planificación presupuestaria muy concreta. De 3 a 6 está financiada por el Principado, y de 0 a 3, una parte por la Administración y otra por las familias, indicó. «Ni en centros concertados ni públicos está prevista la posibilidad de financiar unidades de 2 años. Ahora bien, las Ursulinas de Gijón tienen libertad para poner esas aulas, eso sí, pagadas por ellas», advirtió.
En el capítulo de infraestructuras, Riopedre se refirió también a la ampliación del Colegio Cabueñes. «Ya se lo he dicho a los padres, este año haremos el proyecto y el próximo curso iniciaremos la obra», señaló. Las familias criticaron duramente la decisión de la Consejería de crear un aula mixta en la que estudiarían juntos alumnos de 4 y 5 años ante el elevado número de matrículas en este ciclo educativo. El representante regional se limitó a repetir la propuesta que maneja su departamento desde hace meses. Ni un avance más sobre compromisos presupuestarios.
No obstante, el titular de Educación quiso resaltar la apuesta de su departamento con el gran colegio del centro de Gijón, el Jovellanos. Comentó que la primera fase de este equipamiento estará lista para comenzar el próximo curso y en 2011 se inaugurará la segunda, completando así el puzle de uno de los grandes equipamientos educativos públicos de la ciudad. «Será un centro moderno y actualizado», subrayó.
http://www.lne.es/gijon/2010/04/28/riopedre-da-hecho-pacto-educativo-confia-captar-2-recursos/907146.html
El Principado apoya las aulas de 2 años en las Ursulinas «si las pagan las familias»
«En estos momento se ve menos pacto y más acuerdo». El Gobierno regional no ve obstáculos en la consecución de un documento de consenso entre las comunidades autónomas y el Ministerio para dirigir el rumbo de la Educación en España durante los próximos años. Uno de los puntos más candentes es la financiación y el consejero asturiano del ramo, José Luis Iglesias Riopedre, da por hecho que habrá recursos para todos. Al menos, en la parte que atañe al Principado. El final de la implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) para arrancar una nueva etapa prevé una partida general de 1.770 millones de euros. Asturias prevé captar «una parte relativamente importante» de los recursos. Según los criterios de población y dispersión geográfica, al Principado le correspondería en torno al 1,8 por ciento, pero Riopedre confía alcanzar el 2 por ciento.
En el ámbito de la Educación Superior, el titular del departamento regional advierte, no obstante, de que el plan de financiación para la Universidad que plantea el Ministerio es «realista» y hasta 2013 las comunidades autónomas no podrán empezar a desarrollar una política de financiación clara al estar encorsetados por un plan de austeridad. Recién llegado de la Conferencia General de Política Universitaria en Madrid, señaló que en la actual etapa de ajustes presupuestarios «nadie va a estar excluido de ello. Hay que bajar el déficit español del 11,4 por ciento al 3 por ciento, justamente en 2013», subrayó.
Y de lo global a lo local, el consejero de Educación fue desgranando durante su intervención, en un acto celebrado ayer por la tarde en la Casa del Pueblo de Gijón, algunas de las cifras de su departamento para Gijón. En el ámbito económico, la inversión en educación en la ciudad se ha incrementado un 86 por ciento en la última década, desde la transferencia de las competencias educativas a la comunidad autónoma. Así, se ha pasado de los 68 millones de 1990 a los 127 millones del último año. «En el gasto por alumno, en Gijón se ha pasado de 2.838 euros a más de 5.000, con un incremento de 2.800 euros que representa un 120%», añadió. La media regional en cuanto al presupuesto de gasto por alumno se sitúa en 6.776 euros porque ahí se incluyen los datos de las zonas rurales, donde es necesaria una inversión mayor. No obstante, Riopedre incidió en que el crecimiento experimentado en el municipio gijonés es importante igualmente.
Una de las áreas donde la Consejería dedica buena parte de sus recursos es en la formación de la población inmigrante. La ciudad tiene escolarizados 2.199 de los 6.840 alumnos extranjeros que hay en el Principado. «El 56% de todos los recursos para los inmigrantes está en Gijón», resaltó Riopedre para referirse al esfuerzo de su departamento con este grupo de población.
En cuanto a los niveles de rendimiento educativo, Gijón crece dos puntos menos que la media regional en la etapa de Secundaria. En el resto de la comunidad autónoma se ha pasado del 77 al 85 por ciento, mientras que en Gijón para los mismo niveles educativos se incrementa del 79 al 85 por ciento. «El rendimiento en Bachillerato es exactamente igual que en el resto de Asturias, que son 14 puntos más que hace una década: se parte del 67 por ciento y se ha llegado al 81 por ciento», subrayó Riopedre.
La decisión de los nuevos gestores del Colegio Ursulinas de Gijón de incorporar el primer ciclo de Educación Infantil en su oferta formativa con aulas de 2 años no tendrá financiación regional. El consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, descartó que su departamento vaya a apoyar económicamente la propuesta. No será «ni en centros concertados ni públicos», aclaró el representante regional durante su visita a la ciudad para participar en un acto en la Casa del Pueblo. Riopedre explicó que en la etapa de Infantil, que se prolonga de 0 a 6 años, dispone de una planificación presupuestaria muy concreta. De 3 a 6 está financiada por el Principado, y de 0 a 3, una parte por la Administración y otra por las familias, indicó. «Ni en centros concertados ni públicos está prevista la posibilidad de financiar unidades de 2 años. Ahora bien, las Ursulinas de Gijón tienen libertad para poner esas aulas, eso sí, pagadas por ellas», advirtió.
En el capítulo de infraestructuras, Riopedre se refirió también a la ampliación del Colegio Cabueñes. «Ya se lo he dicho a los padres, este año haremos el proyecto y el próximo curso iniciaremos la obra», señaló. Las familias criticaron duramente la decisión de la Consejería de crear un aula mixta en la que estudiarían juntos alumnos de 4 y 5 años ante el elevado número de matrículas en este ciclo educativo. El representante regional se limitó a repetir la propuesta que maneja su departamento desde hace meses. Ni un avance más sobre compromisos presupuestarios.
No obstante, el titular de Educación quiso resaltar la apuesta de su departamento con el gran colegio del centro de Gijón, el Jovellanos. Comentó que la primera fase de este equipamiento estará lista para comenzar el próximo curso y en 2011 se inaugurará la segunda, completando así el puzle de uno de los grandes equipamientos educativos públicos de la ciudad. «Será un centro moderno y actualizado», subrayó.
http://www.lne.es/gijon/2010/04/28/riopedre-da-hecho-pacto-educativo-confia-captar-2-recursos/907146.html
El Principado apoya las aulas de 2 años en las Ursulinas «si las pagan las familias»
Los ecologistas piden la paralización de la cantera de Aboño por sus riesgos
La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha presentado denuncia y solicitado al Principado la paralización de la cantera de Aboño, al considerar que incumple las condiciones ambientales exigidas y acumula irregularidades que suponen riesgos para el entorno.
La denuncia ha sido presentada ante la Consejería de Medio Ambiente y la Dirección de Minas, que depende de la Consejería de Industria. La explotación se encuentra en el monte la Llana, en Veriña. Según la citada organización ecologista, hay un flagrante «incumplimiento» de gran parte de las condiciones ambientales impuestas tras la última ampliación y recogidas en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» del 17 de mayo de 2005. «La explotación lleva un tiempo sin laboreo en la parte superior, utilizándose como zona de almacenamiento de carbones, en una situación de evidente precariedad», explicaron portavoces de la Coordinadora.
Esos incumplimientos afectarían, siempre según la versión de los ecologistas, a las aguas de escorrentía, a las balsas de decantación, a los accesos y zonas de circulación de vehículos, al almacenamiento de materiales, al plan de recuperación ambiental, a los desprendimientos de materiales o a la revegetación de las áreas afectadas por la explotación. «Resulta evidente que no se está haciendo una vigilancia y control de la explotación», hicieron resaltar los portavoces de Coordinadora, lo que supone, en su opinión, «una dejación de funciones del Principado», la Administración responsable. El almacenamiento de carbón en la parte inferior de la cantera agrava, a juicio de los ecologistas, «los fuertes problemas ambientales de la zona».
http://www.lne.es/gijon/2010/04/28/ecologistas-piden-paralizacion-cantera-abono-riesgos/907119.html
La denuncia ha sido presentada ante la Consejería de Medio Ambiente y la Dirección de Minas, que depende de la Consejería de Industria. La explotación se encuentra en el monte la Llana, en Veriña. Según la citada organización ecologista, hay un flagrante «incumplimiento» de gran parte de las condiciones ambientales impuestas tras la última ampliación y recogidas en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» del 17 de mayo de 2005. «La explotación lleva un tiempo sin laboreo en la parte superior, utilizándose como zona de almacenamiento de carbones, en una situación de evidente precariedad», explicaron portavoces de la Coordinadora.
Esos incumplimientos afectarían, siempre según la versión de los ecologistas, a las aguas de escorrentía, a las balsas de decantación, a los accesos y zonas de circulación de vehículos, al almacenamiento de materiales, al plan de recuperación ambiental, a los desprendimientos de materiales o a la revegetación de las áreas afectadas por la explotación. «Resulta evidente que no se está haciendo una vigilancia y control de la explotación», hicieron resaltar los portavoces de Coordinadora, lo que supone, en su opinión, «una dejación de funciones del Principado», la Administración responsable. El almacenamiento de carbón en la parte inferior de la cantera agrava, a juicio de los ecologistas, «los fuertes problemas ambientales de la zona».
http://www.lne.es/gijon/2010/04/28/ecologistas-piden-paralizacion-cantera-abono-riesgos/907119.html
La asociación mundial de expertos en dragados se interesa por Gijón
Un grupo de profesionales visitó la ampliación de El Musel, para la que ya se han extraído 11 millones de m3 de arena
Quince representantes de la Central Dredging Association (CEDA), asociación de profesionales independientes para dragados en obras marítimas de Europa, África y Próximo y Medio Oriente, visitó ayer la obra de ampliación de El Musel para interesarse sobre el terreno por una obra que necesita de muy importantes extracciones de arena para los rellenos de la nueva dársena.
El Puerto explicó que el objetivo de la visita era mostrar a estos profesionales la situación actual de las labores de ampliación, que deben concluir a final de este año. Los trabajos arrancaron hace un lustro. Según datos de la Autoridad Portuaria de Gijón, las dos dragas que trabajaron en la última campaña han extraído de los fondos de la bahía gijonesa un total de 11 millones de metros cúbicos de arenas, que se destinan al superpuerto.
El plan de dragados, denunciado por un particular ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, plantea, no obstante, el dragado de un total de 24 millones de metros cúbicos de arena, una extracción con escasos precedentes en la costa española sujeta a las normas de protección previstas por el Convenio OSPAR, unas restricciones que afectan al litoral español atlántico, incluido el Cantábrico asturiano.
Este diario publicó el pasado 6 de abril que el 11 de agosto de 2005, poco después del arranque de la obra del superpuerto, el entonces director general de Costas, José Fernández Pérez, emitió un informe en el que advirtió de la ilegalidad de extraer arena para obras de construcción. El total de la superficie que se dragará en la bahía gijonesa ocupa una 606 hectáreas. Está por ver si esos dragados masivos afectan a la dinámica de la playa de San Lorenzo y otros arenales.
Al frente de los representantes de CEDA, organización fundada en 1978, estuvieron varios de sus directivos. Tal y como adelantó ya este periódico, el Puerto espera para los próximos días la llegada de dos dragas para completar los trabajos pendientes, que supondrán, también, la finalización del superpuerto, que entra en su recta final. El Puerto aseguró ayer que estos buques especializados seguirán las extracciones de arena según la declaración de impacto formulada por Medio Ambiente en 2006.
http://www.lne.es/gijon/2010/04/28/asociacion-mundial-expertos-dragados-interesa-gijon/907117.html
Quince representantes de la Central Dredging Association (CEDA), asociación de profesionales independientes para dragados en obras marítimas de Europa, África y Próximo y Medio Oriente, visitó ayer la obra de ampliación de El Musel para interesarse sobre el terreno por una obra que necesita de muy importantes extracciones de arena para los rellenos de la nueva dársena.
El Puerto explicó que el objetivo de la visita era mostrar a estos profesionales la situación actual de las labores de ampliación, que deben concluir a final de este año. Los trabajos arrancaron hace un lustro. Según datos de la Autoridad Portuaria de Gijón, las dos dragas que trabajaron en la última campaña han extraído de los fondos de la bahía gijonesa un total de 11 millones de metros cúbicos de arenas, que se destinan al superpuerto.
El plan de dragados, denunciado por un particular ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, plantea, no obstante, el dragado de un total de 24 millones de metros cúbicos de arena, una extracción con escasos precedentes en la costa española sujeta a las normas de protección previstas por el Convenio OSPAR, unas restricciones que afectan al litoral español atlántico, incluido el Cantábrico asturiano.
Este diario publicó el pasado 6 de abril que el 11 de agosto de 2005, poco después del arranque de la obra del superpuerto, el entonces director general de Costas, José Fernández Pérez, emitió un informe en el que advirtió de la ilegalidad de extraer arena para obras de construcción. El total de la superficie que se dragará en la bahía gijonesa ocupa una 606 hectáreas. Está por ver si esos dragados masivos afectan a la dinámica de la playa de San Lorenzo y otros arenales.
Al frente de los representantes de CEDA, organización fundada en 1978, estuvieron varios de sus directivos. Tal y como adelantó ya este periódico, el Puerto espera para los próximos días la llegada de dos dragas para completar los trabajos pendientes, que supondrán, también, la finalización del superpuerto, que entra en su recta final. El Puerto aseguró ayer que estos buques especializados seguirán las extracciones de arena según la declaración de impacto formulada por Medio Ambiente en 2006.
http://www.lne.es/gijon/2010/04/28/asociacion-mundial-expertos-dragados-interesa-gijon/907117.html
Profesores y empresas apoyan la creación de un centro de emprendedores en Gijón
El modelo de centro de apoyo a los emprendedores propuesto se refiere no tanto a un nuevo edificio como a la coordinación de toda la agenda de actividades de los centros de empresas y entidades ligados a la Universidad. El gerente del Centro de Empresas de Gijón, Luis Díaz, lanzó la propuesta de una «ventanilla única» y José María Pérez, director de Valnalón, considera que habría que hacer algo «masivo», dado que el campus de Gijón es pequeño y manejable; el director de la Fundación Prodintec, Jesús Fernández, advirtió del peligro de que la Universidad de dedique a promocionar la creación de empresas. «La ausencia de emprendedores es una de las lacras de Asturias, pero el papel de la Universidad es formar», subrayó. El director del Parque Tecnológico de Gijón, Gonzalo González Espina, se manifestó en la misma línea instando a que «una Universidad excelente no puede enfocar toda su actividad a la emprendeduría, sino sólo orientar». De las dificultades para emprender sabe mucho José Luis Suárez, gerente de AST Ingeniería y ex alumno de la Politécnica. A su juicio, sería muy positivo poner en contacto todas aquellas ideas basadas en tecnología que salgan de las aulas de Viesques.
http://www.lne.es/gijon/2010/04/28/profesores-empresas-apoyan-creacion-centro-emprendedores-gijon/907113.html
http://www.lne.es/gijon/2010/04/28/profesores-empresas-apoyan-creacion-centro-emprendedores-gijon/907113.html
El archipiélago tecnológico
El Parque Tecnológico da su salto a la Pecuaria, el Intra y la Laboral con la declaración de enclaves vinculados al espacio de Cabueñes de cinco parcelas que suman 6,5 hectáreas
http://www.lne.es/gijon/2010/04/28/archipielago-tecnologico/907111.html
http://www.lne.es/gijon/2010/04/28/archipielago-tecnologico/907111.html
Educación suprime el Bachiller en el Instituto de Boal y traslada a sus 17 alumnos a Navia
La medida afectará a los siete estudiantes matriculados en Primero y a los 10 de cuarto de la ESO que cambian de ciclo el próximo curso
http://www.lne.es/occidente/2010/04/28/educacion-suprime-bachiller-instituto-boal-traslada-17-alumnos-navia/907225.html
http://www.lne.es/occidente/2010/04/28/educacion-suprime-bachiller-instituto-boal-traslada-17-alumnos-navia/907225.html
Aprender de la Universidad estadounidense
ANTONIO ARIAS LÓPEZ
ESTUDIANTE DE CIENCIA POLÍTICA EN LA JAMES MADISON UNIVERSITY (VIRGINIA, USA) Una de las primeras cosas que chocan cuando uno pisa un campus yanqui por primera vez es su inmenso tamaño y abundancia de recursos, fruto de caras matrículas e inmensas donaciones tanto de ex alumnos como de empresas privadas. Aquí, en la James Madison University, un alumno del Estado de Virginia paga unos 8.000 euros al año de matrícula, pero al ser una Universidad pública, una gran mayoría del alumnado recibe becas que cubren el total de la matrícula. No obstante, el concepto de Universidad pública no tiene nada que ver con el europeo: es pública porque el Estado de Virginia aporta un reducido porcentaje de los ingresos a cambio de que la Universidad cumpla una serie de objetivos anuales, como la admisión de minorías, logro de resultados académicos generales, realización de proyectos de investigación que la Administración quiere promover, etcétera.
La siguiente semana lo que definitivamente impresiona es la vida de campus. En la verde entrada a la Universidad puedes encontrarte desde un predicador fanático de turno condenando al infierno a los que votaron por Obama hasta una guerra de bolas de nieve entre 1.500 estudiantes convocados por Facebook, pasando por decenas de festivales de cine, conciertos, jornadas de cualquier tipo, y los archiconocidos partidos de fútbol americano.
Cuando pisas un aula americana por primera vez tu concepción de la Universidad cambia por completo. Conceptos como asistencia obligatoria, la exigencia de trabajos (un par por asignatura) además de dos parciales y un final, con un valor cada examen de un 20 por ciento sobre la nota final, pueden parecer característicos de su sistema pedagógico.
Una vez el profesor enciende el proyector -sí, no sólo hay un proyector por clase, sino que los usan- observas el desarrollo de la clase con los ojos como platos: el catedrático no se ha subido a hacer de loro durante dos horas, sino que está explicándole a la gente el concepto de soft power reproduciendo un par de vídeos de la web de la agencia «Reuters» sobre negociaciones bilaterales EE UU-China, con ronda de intervenciones posterior a los vídeos y la definición teórica del concepto. Tras esto nos encarga un trabajo de un par de páginas para la semana siguiente sobre cómo vemos el asunto, y da paso a un amigo suyo exiliado iraní para que nos comente en diez minutos la situación en su país de origen.
El ejemplo citado ilustra perfectamente las grandes diferencias entre la educación superior española y la estadounidense. Muchos de mis antiguos compañeros españoles, con una muy buena nota de selectividad, son víctimas de un modelo educativo con tanto profesorado inmóvil, sus clases magistrales, la cultura del «examen final», la imposibilidad de configurar tu carrera como a ti te gusta, la hegemonía de la teoría sobre la práctica, los suspensos con un 4,85 tras dos meses de encierro bibliotecario, el examen-trampa, el académico de turno orgulloso de la tasa de suspensos de su asignatura...
Sin embargo, no todo es oscuro en el futuro de mi querida Universidad española. El criticado proceso de Bolonia abre la puerta a la modernización de una estructura inmóvil y acomodada, y -al parecer- obligará a espabilar tanto a profesores como a alumnos. Las ideas de los Campus de Excelencia, los préstamos renta para máster, la ligera apertura en los procesos de contratación de profesorado, los pequeños incentivos a la inversión privada son alentadores para intentar poner en marcha un sistema que cada año se estaba hundiendo más y más en el pasado. No obstante, mucho queda todavía por recorrer, y no hace falta cruzar el charco para encontrar buenos ejemplos, como puede ser el sistema universitario británico.
Este mayo vuelvo a una España que dejé con un 9% de paro y que se encamina peligrosamente al 20%, tasa que sube hasta el 40% en los menores de 25 años. Con semejante panorama, creo que seguiré fuera, alimentando la quimera de poder encontrar un trabajo en mi tierra algún día, pero al paso que van las cosas me conformaré con ver algún día a mi Real Oviedo ascender de categoría, que no es poco.
http://www.lne.es/opinion/2010/04/28/aprender-universidad-estadounidense/907371.html
ESTUDIANTE DE CIENCIA POLÍTICA EN LA JAMES MADISON UNIVERSITY (VIRGINIA, USA) Una de las primeras cosas que chocan cuando uno pisa un campus yanqui por primera vez es su inmenso tamaño y abundancia de recursos, fruto de caras matrículas e inmensas donaciones tanto de ex alumnos como de empresas privadas. Aquí, en la James Madison University, un alumno del Estado de Virginia paga unos 8.000 euros al año de matrícula, pero al ser una Universidad pública, una gran mayoría del alumnado recibe becas que cubren el total de la matrícula. No obstante, el concepto de Universidad pública no tiene nada que ver con el europeo: es pública porque el Estado de Virginia aporta un reducido porcentaje de los ingresos a cambio de que la Universidad cumpla una serie de objetivos anuales, como la admisión de minorías, logro de resultados académicos generales, realización de proyectos de investigación que la Administración quiere promover, etcétera.
La siguiente semana lo que definitivamente impresiona es la vida de campus. En la verde entrada a la Universidad puedes encontrarte desde un predicador fanático de turno condenando al infierno a los que votaron por Obama hasta una guerra de bolas de nieve entre 1.500 estudiantes convocados por Facebook, pasando por decenas de festivales de cine, conciertos, jornadas de cualquier tipo, y los archiconocidos partidos de fútbol americano.
Cuando pisas un aula americana por primera vez tu concepción de la Universidad cambia por completo. Conceptos como asistencia obligatoria, la exigencia de trabajos (un par por asignatura) además de dos parciales y un final, con un valor cada examen de un 20 por ciento sobre la nota final, pueden parecer característicos de su sistema pedagógico.
Una vez el profesor enciende el proyector -sí, no sólo hay un proyector por clase, sino que los usan- observas el desarrollo de la clase con los ojos como platos: el catedrático no se ha subido a hacer de loro durante dos horas, sino que está explicándole a la gente el concepto de soft power reproduciendo un par de vídeos de la web de la agencia «Reuters» sobre negociaciones bilaterales EE UU-China, con ronda de intervenciones posterior a los vídeos y la definición teórica del concepto. Tras esto nos encarga un trabajo de un par de páginas para la semana siguiente sobre cómo vemos el asunto, y da paso a un amigo suyo exiliado iraní para que nos comente en diez minutos la situación en su país de origen.
El ejemplo citado ilustra perfectamente las grandes diferencias entre la educación superior española y la estadounidense. Muchos de mis antiguos compañeros españoles, con una muy buena nota de selectividad, son víctimas de un modelo educativo con tanto profesorado inmóvil, sus clases magistrales, la cultura del «examen final», la imposibilidad de configurar tu carrera como a ti te gusta, la hegemonía de la teoría sobre la práctica, los suspensos con un 4,85 tras dos meses de encierro bibliotecario, el examen-trampa, el académico de turno orgulloso de la tasa de suspensos de su asignatura...
Sin embargo, no todo es oscuro en el futuro de mi querida Universidad española. El criticado proceso de Bolonia abre la puerta a la modernización de una estructura inmóvil y acomodada, y -al parecer- obligará a espabilar tanto a profesores como a alumnos. Las ideas de los Campus de Excelencia, los préstamos renta para máster, la ligera apertura en los procesos de contratación de profesorado, los pequeños incentivos a la inversión privada son alentadores para intentar poner en marcha un sistema que cada año se estaba hundiendo más y más en el pasado. No obstante, mucho queda todavía por recorrer, y no hace falta cruzar el charco para encontrar buenos ejemplos, como puede ser el sistema universitario británico.
Este mayo vuelvo a una España que dejé con un 9% de paro y que se encamina peligrosamente al 20%, tasa que sube hasta el 40% en los menores de 25 años. Con semejante panorama, creo que seguiré fuera, alimentando la quimera de poder encontrar un trabajo en mi tierra algún día, pero al paso que van las cosas me conformaré con ver algún día a mi Real Oviedo ascender de categoría, que no es poco.
http://www.lne.es/opinion/2010/04/28/aprender-universidad-estadounidense/907371.html
Los sindicatos achacan el retraso del examen a los docentes a diferencias en el Gobierno
Los criterios que se exigen para superar la evaluación del profesorado son tan básicos que casi garantizan el 100 por ciento de éxitos
El modelo de evaluación docente a los profesores de la enseñanza pública en Asturias sufre un nuevo parón porque, a juicio de los sindicatos, la Administración no lo ve claro. La reunión de la mesa sectorial de Educación, prevista para el pasado jueves, día 22, y desconvocada a toda prisa en esa misma mañana «por razones de agenda», sigue sin convocatoria alternativa casi una semana después, ante el descontento sindical.
Los problemas de agenda son interpretados como una excusa. Algunos de los sindicatos representados en la junta de personal docente achacan el retraso a divergencias dentro de la propia Administración con un modelo que responde a la filosofía de café para todos. Y es que resulta poco menos que imposible suspender la evaluación docente. Demasiado fácil; casi se diría que bochornosamente fácil.
Una evaluación que tiene aún un largo camino administrativo por recorrer. Tras la mesa sectorial -cuando se convoque- deberá contar con el visto bueno del Consejo Consultivo, la Secretaría General Técnica y el Consejo de Gobierno, antes de su publicación en el BOPA. Cuando se cumpla este último requisito, comenzará una sucesión de plazos legales, comenzando por el de presentación de solicitudes, 20 días. Al final del proceso, con el «aprobado» en la mano, los profesores de la red pública que se hayan presentado a la evaluación cobrarán 139 o 217 euros al mes (doce mensualidades). La obtención del «aprobado» en la evaluación supondrá el derecho a seguir cobrando el complemento económico de los profesores que ya lo están haciendo, o iniciar el cobro del mismo a partir del 1 de octubre. ¿Dará tiempo?
El «examen» consta de tres partes. El que parece ser que está sujeto a dudas es el apartado 2, que se refiere a la «dedicación al centro». Se plantean 14 cuestiones, y la valoración es positiva si se contesta afirmativamente a siete de ellas. Y si se consiguen nueve «sí», los otros dos apartados dejan de tener efecto.
En este capítulo de «dedicación» las preguntas son tan básicas como éstas: «¿Mantiene el respeto a los horarios establecidos? ¿Justifica debidamente sus ausencias? o ¿Realiza la evaluación de aprendizaje del alumnado?». También se les pregunta si participa en proyectos de mejora, utiliza las nuevas tecnologías, informa o colabora para informar a las familias o si manifiesta disponibilidad ante necesidades imprevistas.
La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras saca sus propias conclusiones respecto al nuevo parón por parte de Educación y Administraciones Públicas: «No saben cómo plantear la evaluación para impedir que prospere cualquier tipo de reclamación». Los afiliados a este sindicato han iniciado sus reclamaciones administrativas a nómina, argumentando que la nueva Ley de la Evaluación Docente, aprobada en Junta General del Principado en el pasado mes de diciembre, conculca el principio de igualdad: a igual trabajo, igual salario. La Administración -concretamente la Consejería de Ana Rosa Migoya- tiene tres meses para contestar cada reclamación y, en caso de que no sean aceptadas, los interesados pueden iniciar la vía contencioso-administrativa.
El responsable de CC OO de la Enseñanza, Enrique Fernández asegura que «iremos hasta donde sea necesario. No estamos contra la inconstitucionalidad de la ley, pero sí contra algunos artículos». El sindicato ANPE también ha manifestado su «malestar por el retraso de las negociaciones, que nos sitúan en la recta final del curso escolar y que tienen en vilo a los docentes».
«¿Ha realizado seis o más créditos de formación a lo largo de su vida laboral? ¿Ha participado en la consecución de los objetivos colectivos establecidos por la programación general anual del centro? Junto a las preguntas sobre la dedicación al centro educativo, las dos cuestiones anteriormente citadas completan el «examen». La contestación al trabajo de cada profesor la dará el equipo de gobierno de cada colegio o instituto, el jefe de estudios, el secretario y el director.
Contestar afirmativamente a esas dos cuestiones y a cuatro de las catorce preguntas del apartado 2 da el visto bueno para comenzar a pagar el complemento. Al margen de que los requisitos sean modestos la inmensa mayoría del profesorado asturiano, con alta formación profesional, no tendrá ningún problema en superarlos y unirse a los 7.400 docentes que ya están cobrando dicho complemento. Según fuentes de la Administración regional, son unos 8.680 los profesores que tienen derecho al cobro. Unos 1.200 no lo hacen porque en su momento se negaron a firmar las condiciones impuestas -y desmontadas posteriormente por los tribunales.
Entre tanto, es casi seguro que algunos sindicatos anunciarán hoy nuevas medidas de presión contra la evaluación a los profesores.
Quién se atreve a no aprobar?
Catorce preguntas para conocer la dedicación
1.- ¿Desarrolla el proceso de enseñanza de acuerdo a la temporalización prevista en la programación?
2.- ¿Realiza la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado?
3.- ¿Manifiesta voluntariedad y disponibilidad a las necesidades imprevistas planteadas por el equipo directivo?
4.- ¿Participa en proyectos de mejora o experimentación?
5.- ¿Utiliza las nuevas tecnologías aplicadas a la educación?
6.- ¿Participa en actividades complementarias y/o extraescolares?
7.- ¿Colabora en actividades o tareas relativas a la mejora de la convivencia?
8.- ¿Mantiene el respeto a los horarios establecidos?
9.- ¿Justifica debidamente sus ausencias?
10.- ¿Colabora en el seguimiento y evaluación de la Programación General Anual?
11.- ¿Desempeña cargos directivos, de coordinación docente o de proyectos?
12.- ¿Participa como miembro del Consejo Escolar?
13.- ¿Informa o colabora con el responsable de informar a las familias sobre el rendimiento de sus hijos?
10.- ¿Colabora en las adaptaciones curriculares?
http://www.lne.es/sociedad-cultura/2010/04/28/sindicatos-achacan-retraso-examen-docentes-diferencias-gobierno/907280.html
El modelo de evaluación docente a los profesores de la enseñanza pública en Asturias sufre un nuevo parón porque, a juicio de los sindicatos, la Administración no lo ve claro. La reunión de la mesa sectorial de Educación, prevista para el pasado jueves, día 22, y desconvocada a toda prisa en esa misma mañana «por razones de agenda», sigue sin convocatoria alternativa casi una semana después, ante el descontento sindical.
Los problemas de agenda son interpretados como una excusa. Algunos de los sindicatos representados en la junta de personal docente achacan el retraso a divergencias dentro de la propia Administración con un modelo que responde a la filosofía de café para todos. Y es que resulta poco menos que imposible suspender la evaluación docente. Demasiado fácil; casi se diría que bochornosamente fácil.
Una evaluación que tiene aún un largo camino administrativo por recorrer. Tras la mesa sectorial -cuando se convoque- deberá contar con el visto bueno del Consejo Consultivo, la Secretaría General Técnica y el Consejo de Gobierno, antes de su publicación en el BOPA. Cuando se cumpla este último requisito, comenzará una sucesión de plazos legales, comenzando por el de presentación de solicitudes, 20 días. Al final del proceso, con el «aprobado» en la mano, los profesores de la red pública que se hayan presentado a la evaluación cobrarán 139 o 217 euros al mes (doce mensualidades). La obtención del «aprobado» en la evaluación supondrá el derecho a seguir cobrando el complemento económico de los profesores que ya lo están haciendo, o iniciar el cobro del mismo a partir del 1 de octubre. ¿Dará tiempo?
El «examen» consta de tres partes. El que parece ser que está sujeto a dudas es el apartado 2, que se refiere a la «dedicación al centro». Se plantean 14 cuestiones, y la valoración es positiva si se contesta afirmativamente a siete de ellas. Y si se consiguen nueve «sí», los otros dos apartados dejan de tener efecto.
En este capítulo de «dedicación» las preguntas son tan básicas como éstas: «¿Mantiene el respeto a los horarios establecidos? ¿Justifica debidamente sus ausencias? o ¿Realiza la evaluación de aprendizaje del alumnado?». También se les pregunta si participa en proyectos de mejora, utiliza las nuevas tecnologías, informa o colabora para informar a las familias o si manifiesta disponibilidad ante necesidades imprevistas.
La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras saca sus propias conclusiones respecto al nuevo parón por parte de Educación y Administraciones Públicas: «No saben cómo plantear la evaluación para impedir que prospere cualquier tipo de reclamación». Los afiliados a este sindicato han iniciado sus reclamaciones administrativas a nómina, argumentando que la nueva Ley de la Evaluación Docente, aprobada en Junta General del Principado en el pasado mes de diciembre, conculca el principio de igualdad: a igual trabajo, igual salario. La Administración -concretamente la Consejería de Ana Rosa Migoya- tiene tres meses para contestar cada reclamación y, en caso de que no sean aceptadas, los interesados pueden iniciar la vía contencioso-administrativa.
El responsable de CC OO de la Enseñanza, Enrique Fernández asegura que «iremos hasta donde sea necesario. No estamos contra la inconstitucionalidad de la ley, pero sí contra algunos artículos». El sindicato ANPE también ha manifestado su «malestar por el retraso de las negociaciones, que nos sitúan en la recta final del curso escolar y que tienen en vilo a los docentes».
«¿Ha realizado seis o más créditos de formación a lo largo de su vida laboral? ¿Ha participado en la consecución de los objetivos colectivos establecidos por la programación general anual del centro? Junto a las preguntas sobre la dedicación al centro educativo, las dos cuestiones anteriormente citadas completan el «examen». La contestación al trabajo de cada profesor la dará el equipo de gobierno de cada colegio o instituto, el jefe de estudios, el secretario y el director.
Contestar afirmativamente a esas dos cuestiones y a cuatro de las catorce preguntas del apartado 2 da el visto bueno para comenzar a pagar el complemento. Al margen de que los requisitos sean modestos la inmensa mayoría del profesorado asturiano, con alta formación profesional, no tendrá ningún problema en superarlos y unirse a los 7.400 docentes que ya están cobrando dicho complemento. Según fuentes de la Administración regional, son unos 8.680 los profesores que tienen derecho al cobro. Unos 1.200 no lo hacen porque en su momento se negaron a firmar las condiciones impuestas -y desmontadas posteriormente por los tribunales.
Entre tanto, es casi seguro que algunos sindicatos anunciarán hoy nuevas medidas de presión contra la evaluación a los profesores.
Quién se atreve a no aprobar?
Catorce preguntas para conocer la dedicación
1.- ¿Desarrolla el proceso de enseñanza de acuerdo a la temporalización prevista en la programación?
2.- ¿Realiza la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado?
3.- ¿Manifiesta voluntariedad y disponibilidad a las necesidades imprevistas planteadas por el equipo directivo?
4.- ¿Participa en proyectos de mejora o experimentación?
5.- ¿Utiliza las nuevas tecnologías aplicadas a la educación?
6.- ¿Participa en actividades complementarias y/o extraescolares?
7.- ¿Colabora en actividades o tareas relativas a la mejora de la convivencia?
8.- ¿Mantiene el respeto a los horarios establecidos?
9.- ¿Justifica debidamente sus ausencias?
10.- ¿Colabora en el seguimiento y evaluación de la Programación General Anual?
11.- ¿Desempeña cargos directivos, de coordinación docente o de proyectos?
12.- ¿Participa como miembro del Consejo Escolar?
13.- ¿Informa o colabora con el responsable de informar a las familias sobre el rendimiento de sus hijos?
10.- ¿Colabora en las adaptaciones curriculares?
http://www.lne.es/sociedad-cultura/2010/04/28/sindicatos-achacan-retraso-examen-docentes-diferencias-gobierno/907280.html
martes, 27 de abril de 2010
El abandono educativo engulle más recursos
Algunos sectores piden que se elimine la repetición de curso
A. MARS - Madrid
EL PAÍS - Economía - 27-04-2010
Uno de los barómetros en los que se fijó Europa para valorar el grado de cumplimiento de la Agenda de Lisboa para alcanzar la sociedad del conocimiento es la evolución de la tasa de fracaso escolar en los países. España, que también pugna por transformar su modelo productivo tras años abonada al boom inmobiliario, tiene mala nota. Lejos de reducirlo, ha aumentado el abandono educativo temprano: el porcentaje de población de 18 a 24 años que no ha completado la Educación Secundaria de segunda etapa ni ha seguido ningún tipo de formación en las últimas semanas -éste es el indicador que mide el fracaso escolar- ha crecido del 29,6% al 31,8% entre 1998 y 2008, mientras que en la media de la Europa de los Veintisiete la tasa bajó del 16,6% en 2003 al 14,9% en 2008.
Además de frenar el desarrollo de una población capaz de asumir empleos de alto valor añadido, la lacra engulle miles de millones anuales. ¿Cuántos? La cuestión requeriría por sí sola una larga investigación, advierte Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca, pero, de modo orientativo, echa cuentas: el gasto por alumno suma unos 1.000 euros al año en Secundaria. Sólo el hecho de que más del 40% haya repetido un año a los 15, habiendo 1.800.000 alumnos, ya representaría unos 750 millones de euros, que con los que repiten por segunda vez se acercarían a los 1.000. Si añadimos que en el Bachillerato repite cada año casi un cuarto de los alumnos, otros 150 millones; en la Formación Profesional hay algunos menos alumnos pero también menos promoción. Si miramos su producción futura, el 30% de alumnos que no termina la ESO tiene un 10% menos de probabilidades de ser económicamente activo, un 5% más de probabilidades de estar parado y va a ganar un 15% menos. Sólo esto representa una reducción del producto interior bruto (PIB) superior al 4,5%. "Nuestro fracaso educativo nos cuesta en conjunto el triple que la crisis", concluye Enguita, que reitera que se trata sólo de un "ejercicio mental impreciso", pero da idea de la magnitud del problema.
A la hora de buscar un tratamiento a la lacra, hace falta echar un vistazo al diagnóstico. La prosperidad económica vivida en España en los últimos años, con la creación masiva de puestos de trabajo en el sector del ladrillo, animó a muchos jóvenes a dejar los estudios y esa bonanza económica trajo consigo un repunte del fracaso. La Fundación Primero de Mayo, de CC OO, advierte también de la influencia que ha tenido la incorporación de población extranjera de esas edades, ya que su abandono educativo temprano es mayor: del 53,1% frente al 29% de los españoles en 2000 y del 46,4% frente al 28% en 2009. Esta entidad propone acabar con la "rigidez" del sistema y ofrecer a los estudiantes con problemas alternativas al abandono o "la denostada e ineficaz repetición". A su juicio, si los recursos destinados a los repetidores se empleasen en clases de refuerzo, el sistema ahorraría y los alumnos mejorarían.
Para Enguita, también debería erradicarse. "En términos lógicos es una barbaridad que por no superar una parte menor de los objetivos se haya de repetir el 100%. Es una barbaridad de origen galo que ellos mismos denominan irónicamente el mal francés y que aquí hemos asumido de forma acrítica". Estas ideas no han hecho mella en el Gobierno ni en la oposición. El Ejecutivo mantiene la repetición, pero admite que no debe servir para hacer exactamente lo mismo, es decir, que debe haber refuerzos y recursos específicos para el repetidor.
Juan Antonio Gómez Trinidad, diputado del PP, admite que la repetición es un asunto "opinable", pero defiende una clara diferenciación entre los contenidos que curse el joven que aspire a ir a la Universidad y el que busca una formación general básica, que quizá debería rebajarse: "Todos los jóvenes deben saber expresarse correctamente, ser capaces de recurrir una multa y conocer sus derechos, una serie de destrezas básicas que serán más necesarias que los contenidos que hemos diseñado en el siglo XIX", agrega.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100427elpepieco_6&type=Tes&anchor=elpepieco
A. MARS - Madrid
EL PAÍS - Economía - 27-04-2010
Uno de los barómetros en los que se fijó Europa para valorar el grado de cumplimiento de la Agenda de Lisboa para alcanzar la sociedad del conocimiento es la evolución de la tasa de fracaso escolar en los países. España, que también pugna por transformar su modelo productivo tras años abonada al boom inmobiliario, tiene mala nota. Lejos de reducirlo, ha aumentado el abandono educativo temprano: el porcentaje de población de 18 a 24 años que no ha completado la Educación Secundaria de segunda etapa ni ha seguido ningún tipo de formación en las últimas semanas -éste es el indicador que mide el fracaso escolar- ha crecido del 29,6% al 31,8% entre 1998 y 2008, mientras que en la media de la Europa de los Veintisiete la tasa bajó del 16,6% en 2003 al 14,9% en 2008.
Además de frenar el desarrollo de una población capaz de asumir empleos de alto valor añadido, la lacra engulle miles de millones anuales. ¿Cuántos? La cuestión requeriría por sí sola una larga investigación, advierte Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca, pero, de modo orientativo, echa cuentas: el gasto por alumno suma unos 1.000 euros al año en Secundaria. Sólo el hecho de que más del 40% haya repetido un año a los 15, habiendo 1.800.000 alumnos, ya representaría unos 750 millones de euros, que con los que repiten por segunda vez se acercarían a los 1.000. Si añadimos que en el Bachillerato repite cada año casi un cuarto de los alumnos, otros 150 millones; en la Formación Profesional hay algunos menos alumnos pero también menos promoción. Si miramos su producción futura, el 30% de alumnos que no termina la ESO tiene un 10% menos de probabilidades de ser económicamente activo, un 5% más de probabilidades de estar parado y va a ganar un 15% menos. Sólo esto representa una reducción del producto interior bruto (PIB) superior al 4,5%. "Nuestro fracaso educativo nos cuesta en conjunto el triple que la crisis", concluye Enguita, que reitera que se trata sólo de un "ejercicio mental impreciso", pero da idea de la magnitud del problema.
A la hora de buscar un tratamiento a la lacra, hace falta echar un vistazo al diagnóstico. La prosperidad económica vivida en España en los últimos años, con la creación masiva de puestos de trabajo en el sector del ladrillo, animó a muchos jóvenes a dejar los estudios y esa bonanza económica trajo consigo un repunte del fracaso. La Fundación Primero de Mayo, de CC OO, advierte también de la influencia que ha tenido la incorporación de población extranjera de esas edades, ya que su abandono educativo temprano es mayor: del 53,1% frente al 29% de los españoles en 2000 y del 46,4% frente al 28% en 2009. Esta entidad propone acabar con la "rigidez" del sistema y ofrecer a los estudiantes con problemas alternativas al abandono o "la denostada e ineficaz repetición". A su juicio, si los recursos destinados a los repetidores se empleasen en clases de refuerzo, el sistema ahorraría y los alumnos mejorarían.
Para Enguita, también debería erradicarse. "En términos lógicos es una barbaridad que por no superar una parte menor de los objetivos se haya de repetir el 100%. Es una barbaridad de origen galo que ellos mismos denominan irónicamente el mal francés y que aquí hemos asumido de forma acrítica". Estas ideas no han hecho mella en el Gobierno ni en la oposición. El Ejecutivo mantiene la repetición, pero admite que no debe servir para hacer exactamente lo mismo, es decir, que debe haber refuerzos y recursos específicos para el repetidor.
Juan Antonio Gómez Trinidad, diputado del PP, admite que la repetición es un asunto "opinable", pero defiende una clara diferenciación entre los contenidos que curse el joven que aspire a ir a la Universidad y el que busca una formación general básica, que quizá debería rebajarse: "Todos los jóvenes deben saber expresarse correctamente, ser capaces de recurrir una multa y conocer sus derechos, una serie de destrezas básicas que serán más necesarias que los contenidos que hemos diseñado en el siglo XIX", agrega.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100427elpepieco_6&type=Tes&anchor=elpepieco
La Universidad, a la cola en productividad
La Universidad de Oviedo ocupa el puesto 31.º de 48 en el último listado global de productividad investigadora de las universidades españolas, según el estudio realizado por la Facultad de Psicología de Granada y publicado en la revista «Psicothema». En la cabeza de la lista, la catalana Pompeu Fabra, la Autónoma de Barcelona y la Pablo de Olavide de Sevilla. El estudio, dirigido por el profesor Gualberto Buela-Casal de la Universidad de Granada, se basa en el análisis de siete indicadores que analizan la productividad científica del profesorado universitario. Estos indicadores estudian la proporción de artículos ISI, aquellos publicados en las revistas del Instituto para la Información Científica -índice que engloba a más de 11.000 publicaciones científicas mundiales- y el número de tramos de investigación obtenidos por los profesores funcionarios.
Para elaborar este ranking, se ha contabilizado además los proyectos concedidos a cada Universidad por parte del Ministerio de Ciencia en la convocatoria de 2009, las tesis elaboradas por profesores funcionarios entre 2003 y 2008, y las becas de formación a los alumnos matriculados. También el número de programas de doctorado con mención de calidad y las patentes registradas entre 2004 y 2008.
Los investigadores han realizado una lista que ordena las 48 universidades del ranking, y en ellas la asturiana tampoco sale mejor parada. Sólo en el apartado de becas FPU recibidas, la Universidad de Oviedo se coloca más arriba del puesto veinte. Por tesis doctorales queda la número 25, la 28 por doctorados con mención de calidad, la 24 por tramos de investigación, y en el puesto 33 según el número de artículos ISI. Según este estudio, las peores calificaciones para Oviedo llegan justo en los indicadores que miden dos aspectos básicos en el nuevo panorama universitario: los proyectos de investigación y desarrollo (I+D) y el número de patentes. En I+D, la institución académica asturiana alcanza su peor puesto entre los siete indicadores, la decimoprimera por la cola (número 38). En cuanto a las patentes, uno de los aspectos que se pretende mejorar con nuevas estrategias de transferencia de conocimiento, Oviedo queda en el puesto 35.º. Los autores de este trabajo concluyen que los resultados obtenidos permiten evaluar «las fortalezas y debilidades» de cada Universidad pública española en el ámbito de la investigación.
http://www.lne.es/gijon/2010/04/27/universidad-cola-productividad/906579.html
Para elaborar este ranking, se ha contabilizado además los proyectos concedidos a cada Universidad por parte del Ministerio de Ciencia en la convocatoria de 2009, las tesis elaboradas por profesores funcionarios entre 2003 y 2008, y las becas de formación a los alumnos matriculados. También el número de programas de doctorado con mención de calidad y las patentes registradas entre 2004 y 2008.
Los investigadores han realizado una lista que ordena las 48 universidades del ranking, y en ellas la asturiana tampoco sale mejor parada. Sólo en el apartado de becas FPU recibidas, la Universidad de Oviedo se coloca más arriba del puesto veinte. Por tesis doctorales queda la número 25, la 28 por doctorados con mención de calidad, la 24 por tramos de investigación, y en el puesto 33 según el número de artículos ISI. Según este estudio, las peores calificaciones para Oviedo llegan justo en los indicadores que miden dos aspectos básicos en el nuevo panorama universitario: los proyectos de investigación y desarrollo (I+D) y el número de patentes. En I+D, la institución académica asturiana alcanza su peor puesto entre los siete indicadores, la decimoprimera por la cola (número 38). En cuanto a las patentes, uno de los aspectos que se pretende mejorar con nuevas estrategias de transferencia de conocimiento, Oviedo queda en el puesto 35.º. Los autores de este trabajo concluyen que los resultados obtenidos permiten evaluar «las fortalezas y debilidades» de cada Universidad pública española en el ámbito de la investigación.
http://www.lne.es/gijon/2010/04/27/universidad-cola-productividad/906579.html
Ursulinas prevé dotarse de aulas para niños de 2 años en su nuevo proyecto educativo
El centro, dirigido por la sociedad Alter Vía, presenta a las familias su plan financiero, vinculado a una fundación
Alter Vía, la institución que dirige los dos colegios de Ursulinas de Asturias (el de Gijón, en Ceares, y el de Oviedo, en el Naranco) desde septiembre pasado, ha decidido dar un empuje a su proyecto educativo con nuevas propuestas de inversiones y proyectos formativos con la vista puesta en el próximo curso. En el centro gijonés el equipo directivo liderado por Argentina Rodríguez ha presentado a las familias un borrador de su proyecto plurianual. Una propuesta de carácter pionero en la que destaca la inclusión del primer ciclo de Educación Infantil, con aulas de 2 años. De esta forma los alumnos que ingresen a esa edad podrán completar sus estudios hasta Bachillerato en el mismo centro.
De llevarse adelante la iniciativa no será hasta el curso 2011-12 cuando las familias podrán matricular a los niños en el primer ciclo de Infantil. Los requerimientos de infraestructuras obligarán a demorar, al menos un año, ese objetivo, todavía sin cuantificar económicamente. No será la única inversión. A corto plazo, los nuevos gestores han iniciado ya un proyecto de informatización y la creación de una plataforma intranet que permitirá mantener la comunicación con los padres en tiempo real vía SMS. En el capítulo de infraestructuras, los planes de Alter Vía para el colegio de Gijón incluyen la mejora del comedor escolar, la cobertura de patios, la habilitación de una segunda entrada para reducir los problemas de aparcamiento y la reordenación de espacios.
En el área formativa se espera mejorar la oferta actual con la inclusión de una sexta hora para los niveles concertados en la que se incluiría multilingüismo, entre otras actividades. La decisión, todavía pendiente de análisis, a la espera de pulsar la opinión de todas las familias, redundaría en una mejora de la oferta educativa vigente.
Además, Alter Vía prepara un nuevo plan financiero con el que se proponen equilibrar la cuenta de gastos del centro y compensar el déficit sin dejar de realizar mejoras e inversiones. Y siguiendo la estela de otros colegios concertados, han acudido a una fundación para lograr ese equilibrio en sus cuentas. Alter Vía constituyó en septiembre de 2009 su propio órgano para gestionar las aportaciones, aunque la dirección del centro sostiene que sólo se acudirá a este sistema si interesa a las familias. Fundación para el Fomento de la Formación sería la encargada de girar los recibos de aportación que hasta ahora se venían emitiendo por las religiosas Ursulinas. La decisión definitiva, no obstante, está a la espera del visto bueno de la comunidad educativa. Se asegura, eso sí, que el desembolso mensual por niño no excedería de 50 euros.
Un ejemplo de mensualidad para el próximo año sería 49 euros, de los que se obtendría un beneficio fiscal de 12,25, ello supondría un incremento de 21,75 euros con respecto a la cuota actual, revisada a su vez con un incremento del 3 por ciento.
Oferta educativa
Añadir una sexta hora para los niveles concertados que incluiría multilingüismo, tecnología, deporte y actividades artísticas.
Inversiones
Informatización del centro, intranet, primer ciclo de Educación Infantil (aulas de 2 años), mejorar el comedor, cobertura de patios, añadir una segunda entrada para aliviar los problemas de aparcamiento actuales.
Financiación
Saneamiento financiero, esto es, realizar inversiones que permitan reducir el gasto corriente; acudir al modelo de gestión de otros centros concertados a través de una fundación. La cuota mensual por alumno no podrá exceder de 50 euros.
La dirección del centro está a la espera de pulsar la opinión de las familias al respecto de todas estas propuestas, que sólo se pondrán en marcha si está de acuerdo toda la comunidad educativa.
http://www.lne.es/gijon/2010/04/27/gijon-plan-plurianual/906609.html
Alter Vía, la institución que dirige los dos colegios de Ursulinas de Asturias (el de Gijón, en Ceares, y el de Oviedo, en el Naranco) desde septiembre pasado, ha decidido dar un empuje a su proyecto educativo con nuevas propuestas de inversiones y proyectos formativos con la vista puesta en el próximo curso. En el centro gijonés el equipo directivo liderado por Argentina Rodríguez ha presentado a las familias un borrador de su proyecto plurianual. Una propuesta de carácter pionero en la que destaca la inclusión del primer ciclo de Educación Infantil, con aulas de 2 años. De esta forma los alumnos que ingresen a esa edad podrán completar sus estudios hasta Bachillerato en el mismo centro.
De llevarse adelante la iniciativa no será hasta el curso 2011-12 cuando las familias podrán matricular a los niños en el primer ciclo de Infantil. Los requerimientos de infraestructuras obligarán a demorar, al menos un año, ese objetivo, todavía sin cuantificar económicamente. No será la única inversión. A corto plazo, los nuevos gestores han iniciado ya un proyecto de informatización y la creación de una plataforma intranet que permitirá mantener la comunicación con los padres en tiempo real vía SMS. En el capítulo de infraestructuras, los planes de Alter Vía para el colegio de Gijón incluyen la mejora del comedor escolar, la cobertura de patios, la habilitación de una segunda entrada para reducir los problemas de aparcamiento y la reordenación de espacios.
En el área formativa se espera mejorar la oferta actual con la inclusión de una sexta hora para los niveles concertados en la que se incluiría multilingüismo, entre otras actividades. La decisión, todavía pendiente de análisis, a la espera de pulsar la opinión de todas las familias, redundaría en una mejora de la oferta educativa vigente.
Además, Alter Vía prepara un nuevo plan financiero con el que se proponen equilibrar la cuenta de gastos del centro y compensar el déficit sin dejar de realizar mejoras e inversiones. Y siguiendo la estela de otros colegios concertados, han acudido a una fundación para lograr ese equilibrio en sus cuentas. Alter Vía constituyó en septiembre de 2009 su propio órgano para gestionar las aportaciones, aunque la dirección del centro sostiene que sólo se acudirá a este sistema si interesa a las familias. Fundación para el Fomento de la Formación sería la encargada de girar los recibos de aportación que hasta ahora se venían emitiendo por las religiosas Ursulinas. La decisión definitiva, no obstante, está a la espera del visto bueno de la comunidad educativa. Se asegura, eso sí, que el desembolso mensual por niño no excedería de 50 euros.
Un ejemplo de mensualidad para el próximo año sería 49 euros, de los que se obtendría un beneficio fiscal de 12,25, ello supondría un incremento de 21,75 euros con respecto a la cuota actual, revisada a su vez con un incremento del 3 por ciento.
Oferta educativa
Añadir una sexta hora para los niveles concertados que incluiría multilingüismo, tecnología, deporte y actividades artísticas.
Inversiones
Informatización del centro, intranet, primer ciclo de Educación Infantil (aulas de 2 años), mejorar el comedor, cobertura de patios, añadir una segunda entrada para aliviar los problemas de aparcamiento actuales.
Financiación
Saneamiento financiero, esto es, realizar inversiones que permitan reducir el gasto corriente; acudir al modelo de gestión de otros centros concertados a través de una fundación. La cuota mensual por alumno no podrá exceder de 50 euros.
La dirección del centro está a la espera de pulsar la opinión de las familias al respecto de todas estas propuestas, que sólo se pondrán en marcha si está de acuerdo toda la comunidad educativa.
http://www.lne.es/gijon/2010/04/27/gijon-plan-plurianual/906609.html
No basta con un nuevo colegio
MIGUEL BERNARDO Contar cómo pasó y los tiempos revueltos que se vivieron en la historia reciente con que se escribió la construcción del nuevo CP Jovellanos bien podría dar para una de esas series culebreras donde las alegrías, tristezas, amores, desencuentros, decepciones y hasta malas artes son el hilo conductor. Aunque el proyecto no sea una realidad finiquitada, prefiero hablar en pasado porque la buena marcha de las obras y la cercanía de un año electoral municipal y regional parecen garantía suficiente para que, esta vez sí, los plazos se cumplan y el alumnado, mi hija entre ellos, comiencen el nuevo curso en la parte que el proyecto denomina «aulario», a la espera de que el siguiente año, también electoral -esta vez a Cortes- lo remate.
El nuevo centro contará con un capacidad potencial de aproximadamente 600 alumnos distribuidos en 9 aulas de Infantil y 18 aulas de Primaria o lo que viene a equivaler a 3 unidades para cada nivel educativo, denominándose esto en el argot educativo «colegio de línea 3».
En la actualidad cuenta con aproximadamente la mitad de alumnos de esa cantidad siendo su composición un «tutti frutti» de niveles del 1 al 3. Parece lógico esperar, aunque esto en nuestra sociedad no sea garantía de que así suceda, que unas estrenadas instalaciones, un comedor escolar y un buen equipo pedagógico sean buenas razones para que se duplique el número de escolares; sin embargo, mi experiencia me dice que políticas educativas como las actuales, y si la natalidad no remonta, abocan a este centro a la infrautilización. Algún ejemplo tenemos en Ceares.
Cuando los profesionales de la foto en campaña preelectoral vengan a inaugurar el centro, se les llenará la boca de su apuesta decisiva por la enseñanza pública y nos venderán que el «ladrillo inaugural» es ejemplo de su impulso incuestionable por la enseñanza pública (aclaro que cuando hablo de lo público me refiero a lo de titularidad pública). Sin duda, un centro nuevo ayuda, pero ¿para qué sirve si no se acompaña de planificaciones educativas que lo fortalezcan? Ejemplo de lo anterior ya empezamos a sufrirlo antes de que el pistoletazo del nuevo centro educativo haya sonado. La Consejería de Educación ha comunicado al centro su propuesta de que para próximo curso el único nivel donde hay tres aulas, infantil de 3 años, pase a tener dos unidades. ¿Es coherente una iniciativa de este tipo a pocos meses de poner en marcha un aulario de línea 3? Si esto lo complementamos con que a un colegio religioso concertado del centro de nuestra ciudad, del mismo ámbito de influencia que el CP Jovellanos, se le asigna una unidad más de Infantil, la cosa ya cuadra y las políticas educativas también.
http://www.lne.es/gijon/2010/04/27/basta-nuevo-colegio/906611.html
El nuevo centro contará con un capacidad potencial de aproximadamente 600 alumnos distribuidos en 9 aulas de Infantil y 18 aulas de Primaria o lo que viene a equivaler a 3 unidades para cada nivel educativo, denominándose esto en el argot educativo «colegio de línea 3».
En la actualidad cuenta con aproximadamente la mitad de alumnos de esa cantidad siendo su composición un «tutti frutti» de niveles del 1 al 3. Parece lógico esperar, aunque esto en nuestra sociedad no sea garantía de que así suceda, que unas estrenadas instalaciones, un comedor escolar y un buen equipo pedagógico sean buenas razones para que se duplique el número de escolares; sin embargo, mi experiencia me dice que políticas educativas como las actuales, y si la natalidad no remonta, abocan a este centro a la infrautilización. Algún ejemplo tenemos en Ceares.
Cuando los profesionales de la foto en campaña preelectoral vengan a inaugurar el centro, se les llenará la boca de su apuesta decisiva por la enseñanza pública y nos venderán que el «ladrillo inaugural» es ejemplo de su impulso incuestionable por la enseñanza pública (aclaro que cuando hablo de lo público me refiero a lo de titularidad pública). Sin duda, un centro nuevo ayuda, pero ¿para qué sirve si no se acompaña de planificaciones educativas que lo fortalezcan? Ejemplo de lo anterior ya empezamos a sufrirlo antes de que el pistoletazo del nuevo centro educativo haya sonado. La Consejería de Educación ha comunicado al centro su propuesta de que para próximo curso el único nivel donde hay tres aulas, infantil de 3 años, pase a tener dos unidades. ¿Es coherente una iniciativa de este tipo a pocos meses de poner en marcha un aulario de línea 3? Si esto lo complementamos con que a un colegio religioso concertado del centro de nuestra ciudad, del mismo ámbito de influencia que el CP Jovellanos, se le asigna una unidad más de Infantil, la cosa ya cuadra y las políticas educativas también.
http://www.lne.es/gijon/2010/04/27/basta-nuevo-colegio/906611.html
El PP quiere ordenar su casa
Las dos familias populares tratan de poner orden dentro del dividido PP de Villaviciosa y para conseguirlo están manteniendo reuniones que les permitan llegar a un acercamiento. Con el fin de evitar un descalabro político ante el temor de que su electorado le castigue duramente en las elecciones municipales del próximo año, el PP considera más que necesarias las negociaciones de los dos sectores (el crítico, liderado por Fernando Pando, y el oficialista, por José Felgueres) después de que la dirección regional acordase la creación de una gestora, que preside la diputada Alejandra Cuétara y cuya vicepresidencia recayó en el ex alcalde Asensio Martínez Cobián.
Ambas secciones tratarán de aunar posturas en un encuentro próximo, para el que aún no hay fecha, entre Fernando Pando, José Felgueres, Asensio Martínez Cobián y Fernando Goñi, secretario del PP asturiano. Se produce a instancias del vicepresidente de la actual gestora, que actúa como intermediario entre el partido local y el regional. Y según afirma el propio Pando, fue Francisco Álvarez-Cascos el que aconsejó a Cobián que se reuniese con la dirección regional para poner orden en Villaviciosa.
Los críticos, reunidos ayer, están por la labor de negociar. Y tienen claro que no aceptarán un acuerdo si no se cumplen tres premisas que consideran prioritarias. Fernando Pando las explica. «En primer lugar, todas las afiliaciones que ahora mismo están retenidas deben tener el visto bueno en Oviedo y en Madrid. Una vez que se realicen los pagos, deben pasar a ser militantes. Aquí no hay negociación posible», asegura el líder crítico. Hay que tener en cuenta que uno de los motivos que hizo que el partido regional encendiese las alarmas cuando estalló esta crisis interna fue el importante número de afiliados que había aglutinado Pando. Actualmente tiene pendientes de tramitar 211 solicitudes y otras 80 que ni siquiera ha remitido a la sede del PP en Oviedo. José Felgueres tiene otros 120 nuevos afiliados sin poder dar de alta. Pando apunta que si se diera vía libre a estas solicitudes pasarían a ser la cuarta junta local de Asturias en número de militantes, lo que supondría tener representación en los órganos regionales del PP.
Fernando Pando pone un segundo requisito sobre la mesa para alcanzar el consenso entre las familias populares de Villaviciosa: «La gestora debe desaparecer». Y queda un tercer punto, sobre el que los críticos están dispuestos a negociar sobre dos supuestos. Uno, convocar elecciones a la junta local y a la que concurran las dos candidaturas, y otro, consensuar una lista única. En este último caso, Pando sólo estaría de acuerdo si la representación de su sector excede el 50 por ciento. «Los votos son míos y la gente está conmigo», defiende. Agrega que en el caso de que se hubieran convocado elecciones cuando surgió la escisión, «hubiéramos tenido el 70% de los votos; el PP lo ha reconocido».
Este veterano militante añade que su único deseo es que «se solucione el problema interno del PP de Villaviciosa, que no funciona y que está perjudicando al propio Ayuntamiento», donde los populares gobiernan en coalición con el URAS-PAS. Incluso Pando va más allá al sostener que de existir actualmente una junta local, en lugar de una gestora sin casi actividad, «ya se habrían aprobado los presupuestos». Añade que situaciones como la ausencia de dos ediles del PP en la sesión plenaria en la que se debatieron las cuentas municipales y que finalmente no salieron adelante por falta de apoyos, tampoco se habrían consentido. «No se puede dar vacaciones a nadie en el Pleno más importante del año (en referencia a Ana López) y que otro concejal (Sergio Cuadra) dé la espantada por discrepancias que se tienen que solucionar en la gestora».
La cabeza visible del sector crítico confía en «salvar el partido porque el pueblo de Villaviciosa se lo merece. Todo lo que empiezo lo termino». Apunta que su objetivo no es el ser el número uno de la lista del PP, aunque asegura que quienes le apoyan desean que sea el candidato a alcalde de los populares en las próximas elecciones. Mientras, Pando manifiesta que se ve más capacitado para responsabilizarse del área de Urbanismo por su experiencia profesional y su formación como aparejador.
http://www.lne.es/gijon/2010/04/27/pp-quiere-ordenar-casa/906620.html
Ambas secciones tratarán de aunar posturas en un encuentro próximo, para el que aún no hay fecha, entre Fernando Pando, José Felgueres, Asensio Martínez Cobián y Fernando Goñi, secretario del PP asturiano. Se produce a instancias del vicepresidente de la actual gestora, que actúa como intermediario entre el partido local y el regional. Y según afirma el propio Pando, fue Francisco Álvarez-Cascos el que aconsejó a Cobián que se reuniese con la dirección regional para poner orden en Villaviciosa.
Los críticos, reunidos ayer, están por la labor de negociar. Y tienen claro que no aceptarán un acuerdo si no se cumplen tres premisas que consideran prioritarias. Fernando Pando las explica. «En primer lugar, todas las afiliaciones que ahora mismo están retenidas deben tener el visto bueno en Oviedo y en Madrid. Una vez que se realicen los pagos, deben pasar a ser militantes. Aquí no hay negociación posible», asegura el líder crítico. Hay que tener en cuenta que uno de los motivos que hizo que el partido regional encendiese las alarmas cuando estalló esta crisis interna fue el importante número de afiliados que había aglutinado Pando. Actualmente tiene pendientes de tramitar 211 solicitudes y otras 80 que ni siquiera ha remitido a la sede del PP en Oviedo. José Felgueres tiene otros 120 nuevos afiliados sin poder dar de alta. Pando apunta que si se diera vía libre a estas solicitudes pasarían a ser la cuarta junta local de Asturias en número de militantes, lo que supondría tener representación en los órganos regionales del PP.
Fernando Pando pone un segundo requisito sobre la mesa para alcanzar el consenso entre las familias populares de Villaviciosa: «La gestora debe desaparecer». Y queda un tercer punto, sobre el que los críticos están dispuestos a negociar sobre dos supuestos. Uno, convocar elecciones a la junta local y a la que concurran las dos candidaturas, y otro, consensuar una lista única. En este último caso, Pando sólo estaría de acuerdo si la representación de su sector excede el 50 por ciento. «Los votos son míos y la gente está conmigo», defiende. Agrega que en el caso de que se hubieran convocado elecciones cuando surgió la escisión, «hubiéramos tenido el 70% de los votos; el PP lo ha reconocido».
Este veterano militante añade que su único deseo es que «se solucione el problema interno del PP de Villaviciosa, que no funciona y que está perjudicando al propio Ayuntamiento», donde los populares gobiernan en coalición con el URAS-PAS. Incluso Pando va más allá al sostener que de existir actualmente una junta local, en lugar de una gestora sin casi actividad, «ya se habrían aprobado los presupuestos». Añade que situaciones como la ausencia de dos ediles del PP en la sesión plenaria en la que se debatieron las cuentas municipales y que finalmente no salieron adelante por falta de apoyos, tampoco se habrían consentido. «No se puede dar vacaciones a nadie en el Pleno más importante del año (en referencia a Ana López) y que otro concejal (Sergio Cuadra) dé la espantada por discrepancias que se tienen que solucionar en la gestora».
La cabeza visible del sector crítico confía en «salvar el partido porque el pueblo de Villaviciosa se lo merece. Todo lo que empiezo lo termino». Apunta que su objetivo no es el ser el número uno de la lista del PP, aunque asegura que quienes le apoyan desean que sea el candidato a alcalde de los populares en las próximas elecciones. Mientras, Pando manifiesta que se ve más capacitado para responsabilizarse del área de Urbanismo por su experiencia profesional y su formación como aparejador.
http://www.lne.es/gijon/2010/04/27/pp-quiere-ordenar-casa/906620.html
Los velos en danza
FERNANDO SAVATER
EL PAÍS - Cultura - 27-04-2010
De todos los argumentos que se vienen dando a favor de que Najwa sea finalmente autorizada a asistir a clase en Pozuelo llevando hiyab o lo que le apetezca, el que me suena más chocante es el de que "ante todo debe prevalecer el derecho a la educación". Porque la medida que ha tomado el instituto responde precisamente a una exigencia educativa: los alumnos que asisten a un centro deben saber que su indumentaria tiene que atenerse a lo que marca el reglamento. Es sumamente formativo hacer comprender a los interesados que el adolescente no puede entrar en clase con gorra de béisbol ni la chica con velo, si las normas marcan otra cosa, puesto que en ese respeto a los códigos de conducta en lugares públicos -aunque no nos gusten- estriba una parte básica de nuestra convivencia. Sería renunciar a educar suspender la norma cuando alguien se empeña en contravenirla, tanto como saltarse una lección si los alumnos no quieren aprenderla: en tales casos sí que se viola el compromiso educativo.
Es raro que no estén de acuerdo con este planteamiento quienes defienden una asignatura de Educación para la Ciudadanía que ha de consistir en lecciones de este tipo, siempre suficientemente razonadas. Pero aún más extraño resulta que los más pugnaces contra el hiyab sean precisamente quienes niegan al Estado el derecho a "adoctrinar" en ese campo de valores, porque lo suponen competencia exclusiva de los padres. ¿Acaso se refieren sólo a los padres no musulmanes? Si la religión familiar, por integrista que sea, debe prevalecer como ellos dicen sobre las pautas cívicas y laicas de comportamiento... ¿por qué vociferan luego que es Najwa la que debe doblegarse al centro escolar y no el centro a Najwa y a su padre? Está visto que para la derecha española todas las religiones son malas excepto la católica, lo mismo que para la izquierda todos los falangistas son malos menos Samaranch.
En cualquier caso, debe recordarse -más allá de lo que el reglamento de cada centro señale en materia de indumentaria- que el laicismo es democráticamente exigible en las instituciones públicas, como las educativas, pero no en las personas individuales. Al contrario, las instituciones deben ser escrupulosamente laicas para que las personas puedan profesar la religión que prefieran o rechazarlas todas. No es lo mismo que presida el aula un crucifijo que ver una crucecita o una medalla de la Virgen al cuello de un alumno (por cierto, que la madre de Cristo sea virgen ¿no es también símbolo de menosprecio opresivo de la sexualidad de la mujer?). Ciertas veladuras, como el burka o el niqab, resultan incompatibles con la enseñanza o el DNI, pero otras son tan asumibles como cualquier moda... que también es una forma de religión light. En cuanto a la discriminación femenina, lo importante es que las leyes amparen cualquier reclamación que hagan las interesadas contra imposiciones familiares o vejaciones sociales, pero sin querer doblegar por exceso de paternalismo sus propias elecciones. No vaya a ser que acabemos intentando salvar a las mujeres de sí mismas, como ya se hace con quienes desean fumar o tomar sustancias que el Alto Mando desaprueba. En nuestro país, el laicismo se ve mucho más conculcado por la oferta obligatoria de religión en la enseñanza pública o por el Concordato que por los pañuelitos de las adolescentes. Basta de hipocresías.
Como siempre, debemos recordar el dictamen de aquel teólogo alemán del siglo XVI: "En lo necesario, unidad; en lo no necesario, libertad; y siempre, caridad". Esta es la única religión y el único laicismo compatible con nuestra democracia y los derechos humanos.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100427elpepicul_6&type=Tes&anchor=elpepiopi
EL PAÍS - Cultura - 27-04-2010
De todos los argumentos que se vienen dando a favor de que Najwa sea finalmente autorizada a asistir a clase en Pozuelo llevando hiyab o lo que le apetezca, el que me suena más chocante es el de que "ante todo debe prevalecer el derecho a la educación". Porque la medida que ha tomado el instituto responde precisamente a una exigencia educativa: los alumnos que asisten a un centro deben saber que su indumentaria tiene que atenerse a lo que marca el reglamento. Es sumamente formativo hacer comprender a los interesados que el adolescente no puede entrar en clase con gorra de béisbol ni la chica con velo, si las normas marcan otra cosa, puesto que en ese respeto a los códigos de conducta en lugares públicos -aunque no nos gusten- estriba una parte básica de nuestra convivencia. Sería renunciar a educar suspender la norma cuando alguien se empeña en contravenirla, tanto como saltarse una lección si los alumnos no quieren aprenderla: en tales casos sí que se viola el compromiso educativo.
Es raro que no estén de acuerdo con este planteamiento quienes defienden una asignatura de Educación para la Ciudadanía que ha de consistir en lecciones de este tipo, siempre suficientemente razonadas. Pero aún más extraño resulta que los más pugnaces contra el hiyab sean precisamente quienes niegan al Estado el derecho a "adoctrinar" en ese campo de valores, porque lo suponen competencia exclusiva de los padres. ¿Acaso se refieren sólo a los padres no musulmanes? Si la religión familiar, por integrista que sea, debe prevalecer como ellos dicen sobre las pautas cívicas y laicas de comportamiento... ¿por qué vociferan luego que es Najwa la que debe doblegarse al centro escolar y no el centro a Najwa y a su padre? Está visto que para la derecha española todas las religiones son malas excepto la católica, lo mismo que para la izquierda todos los falangistas son malos menos Samaranch.
En cualquier caso, debe recordarse -más allá de lo que el reglamento de cada centro señale en materia de indumentaria- que el laicismo es democráticamente exigible en las instituciones públicas, como las educativas, pero no en las personas individuales. Al contrario, las instituciones deben ser escrupulosamente laicas para que las personas puedan profesar la religión que prefieran o rechazarlas todas. No es lo mismo que presida el aula un crucifijo que ver una crucecita o una medalla de la Virgen al cuello de un alumno (por cierto, que la madre de Cristo sea virgen ¿no es también símbolo de menosprecio opresivo de la sexualidad de la mujer?). Ciertas veladuras, como el burka o el niqab, resultan incompatibles con la enseñanza o el DNI, pero otras son tan asumibles como cualquier moda... que también es una forma de religión light. En cuanto a la discriminación femenina, lo importante es que las leyes amparen cualquier reclamación que hagan las interesadas contra imposiciones familiares o vejaciones sociales, pero sin querer doblegar por exceso de paternalismo sus propias elecciones. No vaya a ser que acabemos intentando salvar a las mujeres de sí mismas, como ya se hace con quienes desean fumar o tomar sustancias que el Alto Mando desaprueba. En nuestro país, el laicismo se ve mucho más conculcado por la oferta obligatoria de religión en la enseñanza pública o por el Concordato que por los pañuelitos de las adolescentes. Basta de hipocresías.
Como siempre, debemos recordar el dictamen de aquel teólogo alemán del siglo XVI: "En lo necesario, unidad; en lo no necesario, libertad; y siempre, caridad". Esta es la única religión y el único laicismo compatible con nuestra democracia y los derechos humanos.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100427elpepicul_6&type=Tes&anchor=elpepiopi
lunes, 26 de abril de 2010
Primer paso: la contabilidad de costes
. A. A. - Madrid
EL PAÍS - Economía - 26-04-2010
"La Universidad española, en general, está financiada con insuficiencia", asegura el rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa. "Nadie puede negar que, en la actualidad, las universidades están bien financiadas y que el objetivo actual es mantener esa financiación pública, pero establecer mecanismos que garanticen una eficiencia en el uso de los recursos", asegura la profesora de Economía y Hacienda Pública de la Autónoma de Madrid Carmen Pérez Esparrells. ¿Quién tiene razón?
Ahora mismo es difícil de decir, ya que el sistema universitario español sufre un grave problema de opacidad de sus cuentas. En los campus españoles "no hay contabilidad de costes", asegura el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra José García-Montalvo, aún tratándose de un instrumento básico de gestión. En la actualidad, se realiza una contabilidad financiera, en la que todos los ingresos y los gastos de una universidad se meten en una caja única, sin tener en cuenta, los centros de costes internos: los de un laboratorio de investigación, por ejemplo, o los de la facultad de Medicina o, incluso, los de cada departamento en cada facultad.
En el mundo universitario público español se olvida "con frecuencia que el ejercicio de la autonomía está obligadamente relacionado con la práctica de la responsabilidad social. La contabilidad de costes puede ser una herramienta idónea para reducir e incluso eliminar estas confusiones, al tiempo que facilita la transparencia que requiere todo proceso de rendición de cuentas", aseguraba en un trabajo de 2005 el gerente de la Universidad de Jaén, Juan Hernández Armenteros.
Pero es ahora, en el documento que presenta hoy el Ministerio de Educación para una nueva financiación, cuando llega el compromiso de crear ese sistema de contabilidad, con indicadores consensuados, "que dé credibilidad y confianza en el sistema", asegura el secretario general de Universidades, Màrius Rubiralta. Entre otras cosas, para señalar el coste real que tiene impartir cada titulación.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100426elpepieco_7&type=Tes&anchor=elpepieco
EL PAÍS - Economía - 26-04-2010
"La Universidad española, en general, está financiada con insuficiencia", asegura el rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa. "Nadie puede negar que, en la actualidad, las universidades están bien financiadas y que el objetivo actual es mantener esa financiación pública, pero establecer mecanismos que garanticen una eficiencia en el uso de los recursos", asegura la profesora de Economía y Hacienda Pública de la Autónoma de Madrid Carmen Pérez Esparrells. ¿Quién tiene razón?
Ahora mismo es difícil de decir, ya que el sistema universitario español sufre un grave problema de opacidad de sus cuentas. En los campus españoles "no hay contabilidad de costes", asegura el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra José García-Montalvo, aún tratándose de un instrumento básico de gestión. En la actualidad, se realiza una contabilidad financiera, en la que todos los ingresos y los gastos de una universidad se meten en una caja única, sin tener en cuenta, los centros de costes internos: los de un laboratorio de investigación, por ejemplo, o los de la facultad de Medicina o, incluso, los de cada departamento en cada facultad.
En el mundo universitario público español se olvida "con frecuencia que el ejercicio de la autonomía está obligadamente relacionado con la práctica de la responsabilidad social. La contabilidad de costes puede ser una herramienta idónea para reducir e incluso eliminar estas confusiones, al tiempo que facilita la transparencia que requiere todo proceso de rendición de cuentas", aseguraba en un trabajo de 2005 el gerente de la Universidad de Jaén, Juan Hernández Armenteros.
Pero es ahora, en el documento que presenta hoy el Ministerio de Educación para una nueva financiación, cuando llega el compromiso de crear ese sistema de contabilidad, con indicadores consensuados, "que dé credibilidad y confianza en el sistema", asegura el secretario general de Universidades, Màrius Rubiralta. Entre otras cosas, para señalar el coste real que tiene impartir cada titulación.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100426elpepieco_7&type=Tes&anchor=elpepieco
Matrículas más caras para combatir la desigualdad
J. A. AUNIÓN - Madrid
EL PAÍS - Economía - 26-04-2010
¿Se puede hacer un sistema universitario más justo subiendo los precios de las matrículas? El economista y profesor de la Universidad de Londres José Ginés Mora está convencido de que así es. Se trataría de que con ese dinero extra, que pagarían los que tengan recursos suficientes, engordaría enormemente el sistema de becas y ayudas (préstamos). De ese modo, de verdad servirían para que a los jóvenes desfavorecidos les mereciera la pena no estar ganando dinero en un trabajo, sino estudiando una carrera. Ahora, asegura Mora, con unos precios "relativamente bajos" y un sistema de becas insuficiente (el 0,09% del PIB frente al 0,25% de la media OCDE), se subvenciona igual a los que tienen y a los que no.
Los estudiantes pagan con sus matrículas, de media, entre el 10% y el 20% del coste real de sus estudios en la universidad pública. El profesor de Economía de la Universidad Carlos III Juan José Dolado calcula en un reciente artículo que pagan de media 900 euros, mientras que el coste real se acerca a los 8.000, con lo que la subvención asciende a más 7.100 euros, independientemente del nivel de renta.
La extensión de la enseñanza universitaria en España ha sido muy rápida: el 26% de la población de 25 a 34 años tiene un título superior, dos puntos por encima de la media de la UE y casi 10 más que dos décadas antes, según datos de la OCDE de 2007. Así, es cierto que el actual sistema ha disminuido ligeramente la desigualdad, pero esta aún es muy evidente, advierte el profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna José Saturnino Martínez: "El 10% de los hijos de personas sin estudios llega a la universidad, mientras lo hace el 60% de los hijos de universitarios".
Martínez cree que, en teoría, es correcto el argumento de la subida de tasas, pero advierte: "A medida que alguien tiene menos dinero, mayor es la aversión al riesgo. Esto significa que tasas más altas, aunque puedan compensarse con becas y préstamos, pueden echar atrás a las clases populares a la hora de estudiar". En cualquier caso, el rechazo social que conllevaría, a su vez, un gran coste político, es probablemente el mayor argumento en contra, sobre todo en tiempos de crisis como los actuales. De hecho, la idea se ha puesto sin éxito encima de la mesa en España, intermitente pero constantemente. Documentos del Consejo de Universidades de 1995, 2007 y enero de 2010 han propuesto, sin éxito, esa subida de tasas.
La idea del último texto, presentado por el Gobierno para su debate, es que paguen más los que suspendan, lo que en teoría también ayudaría a solucionar una de los grandes agujeros por donde se escapan recursos públicos en la universidad: las elevadas tasas de repetición y de abandono que suponen un enorme despilfarro. Así, se pagaría en la segunda matrícula el 50% del coste real y el 100% en la tercera.
Pero, a la vez, el sistema de becas y ayudas se doblaría, extendiendo, por ejemplo, hasta 100.000 las becas-salario, que alcanzarían además un importe de 7.000 euros en 2015. Además, se fomentarían los buenos resultados, por ejemplo, con préstamos que se convierten en becas si se aprueba todo cada curso.
Los estudiantes rechazaron inmediatamente la idea, más aún en el actual contexto de crisis, y el secretario general de Universidades, Màrius Rubiralta, aseguró que no se tocarían los precios, al menos, hasta 2013. Después del periodo de debate, hoy el ministerio presenta el documento revisado. "Tiene que haber un pacto de confianza, no vamos a tocar los precios antes de ver cuál es el coste real", asegura Rubiralta. Así la idea es ponerse de acuerdo en cómo calcular esos costes, que pueden diferir según la titulación, mientras se sigue aumentando el esfuerzo en becas, con el objetivo de llegar al 0,2% del PIB, añade.
De cualq uier modo, la nueva financiación también tratará de resolver carencias crónicas. Por ejemplo, el alto número de universidades repartidas por España (47), con una oferta tan parecida que, al descender el alumnado por la curva de natalidad, algunos centros se han vaciado, provocando gran despilfarro. El texto también propone una inversión extra de 2.400 millones en los próximos años para alcanzar el 1,5% del PIB de gasto en universidades (la media OCDE). Pero eso, para después de la crisis.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100426elpepieco_8&type=Tes&anchor=elpepieco
EL PAÍS - Economía - 26-04-2010
¿Se puede hacer un sistema universitario más justo subiendo los precios de las matrículas? El economista y profesor de la Universidad de Londres José Ginés Mora está convencido de que así es. Se trataría de que con ese dinero extra, que pagarían los que tengan recursos suficientes, engordaría enormemente el sistema de becas y ayudas (préstamos). De ese modo, de verdad servirían para que a los jóvenes desfavorecidos les mereciera la pena no estar ganando dinero en un trabajo, sino estudiando una carrera. Ahora, asegura Mora, con unos precios "relativamente bajos" y un sistema de becas insuficiente (el 0,09% del PIB frente al 0,25% de la media OCDE), se subvenciona igual a los que tienen y a los que no.
Los estudiantes pagan con sus matrículas, de media, entre el 10% y el 20% del coste real de sus estudios en la universidad pública. El profesor de Economía de la Universidad Carlos III Juan José Dolado calcula en un reciente artículo que pagan de media 900 euros, mientras que el coste real se acerca a los 8.000, con lo que la subvención asciende a más 7.100 euros, independientemente del nivel de renta.
La extensión de la enseñanza universitaria en España ha sido muy rápida: el 26% de la población de 25 a 34 años tiene un título superior, dos puntos por encima de la media de la UE y casi 10 más que dos décadas antes, según datos de la OCDE de 2007. Así, es cierto que el actual sistema ha disminuido ligeramente la desigualdad, pero esta aún es muy evidente, advierte el profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna José Saturnino Martínez: "El 10% de los hijos de personas sin estudios llega a la universidad, mientras lo hace el 60% de los hijos de universitarios".
Martínez cree que, en teoría, es correcto el argumento de la subida de tasas, pero advierte: "A medida que alguien tiene menos dinero, mayor es la aversión al riesgo. Esto significa que tasas más altas, aunque puedan compensarse con becas y préstamos, pueden echar atrás a las clases populares a la hora de estudiar". En cualquier caso, el rechazo social que conllevaría, a su vez, un gran coste político, es probablemente el mayor argumento en contra, sobre todo en tiempos de crisis como los actuales. De hecho, la idea se ha puesto sin éxito encima de la mesa en España, intermitente pero constantemente. Documentos del Consejo de Universidades de 1995, 2007 y enero de 2010 han propuesto, sin éxito, esa subida de tasas.
La idea del último texto, presentado por el Gobierno para su debate, es que paguen más los que suspendan, lo que en teoría también ayudaría a solucionar una de los grandes agujeros por donde se escapan recursos públicos en la universidad: las elevadas tasas de repetición y de abandono que suponen un enorme despilfarro. Así, se pagaría en la segunda matrícula el 50% del coste real y el 100% en la tercera.
Pero, a la vez, el sistema de becas y ayudas se doblaría, extendiendo, por ejemplo, hasta 100.000 las becas-salario, que alcanzarían además un importe de 7.000 euros en 2015. Además, se fomentarían los buenos resultados, por ejemplo, con préstamos que se convierten en becas si se aprueba todo cada curso.
Los estudiantes rechazaron inmediatamente la idea, más aún en el actual contexto de crisis, y el secretario general de Universidades, Màrius Rubiralta, aseguró que no se tocarían los precios, al menos, hasta 2013. Después del periodo de debate, hoy el ministerio presenta el documento revisado. "Tiene que haber un pacto de confianza, no vamos a tocar los precios antes de ver cuál es el coste real", asegura Rubiralta. Así la idea es ponerse de acuerdo en cómo calcular esos costes, que pueden diferir según la titulación, mientras se sigue aumentando el esfuerzo en becas, con el objetivo de llegar al 0,2% del PIB, añade.
De cualq uier modo, la nueva financiación también tratará de resolver carencias crónicas. Por ejemplo, el alto número de universidades repartidas por España (47), con una oferta tan parecida que, al descender el alumnado por la curva de natalidad, algunos centros se han vaciado, provocando gran despilfarro. El texto también propone una inversión extra de 2.400 millones en los próximos años para alcanzar el 1,5% del PIB de gasto en universidades (la media OCDE). Pero eso, para después de la crisis.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100426elpepieco_8&type=Tes&anchor=elpepieco
No existe inversión más rentable
GUILLERMO DE LA DEHESA
EL PAÍS - Economía - 26-04-2010
La educación es la clave del bienestar, desarrollo y progreso de un país ya que mejora la salud y el medio ambiente, reduce la pobreza y la desigualdad, aumenta el emprendimiento, la productividad y la competitividad y estimula la libertad y la democracia. No existe ninguna otra inversión que produzca mayores y mejores retornos sociales y económicos y, sin embargo, muchos países democráticos no invierten lo suficiente en educación, ya que su elevado rendimiento se percibe entre 15 y 20 años más tarde mientras que el ciclo político promedio suele ser de entre 4 y 8 años, tres veces más corto.
España ha hecho un enorme esfuerzo inversor en educación en estos 32 años de democracia, pero queda mucho por hacer, puesto que ha sido mucho más cuantitativo que cualitativo, al tener que partir de un nivel muy bajo. Ahora, el siguiente paso es conseguir una mayor calidad en la educación. Los estudios económicos comparativos muestran que la educación suele ser de mayor calidad cuanto mejor pagados están los profesores y menor es el número de alumnos por clase. Su situación comparativa con la OCDE y la UE27 muestra lo siguiente:
Primero. España invierte un punto porcentual menos de su PIB en educación pública que la media de la OCDE (4,6% frente a 5,8%) y, según Eurostat, que la media de la UE27 (4,3% frente a 5,3%) y de lo que invertía en 1995 (5,3%). Una parte de esta diferencia se ha justificado por una mayor caída de la fecundidad.
Segundo. España gasta menos por alumno que la media de la OCDE. En Primaria 5.500 dólares frente a 6.100, en Secundaria 7.211 dólares frente a 7.700 y en Terciaria (FP Superior y Universidad) 10.100 frente a 15.600 dólares. Sin embargo, dedica el 71% del gasto corriente a los profesores frente a una media del 63% en la OCDE y los salarios de entrada de los profesores de educación Secundaria básica son un 20% superiores a la media de la OCDE.
Tercero. A pesar de su mayor proporción de profesores por estudiante, el promedio de alumnos por clase es similar al de la OCDE, 20,7 frente a 21,5, y las horas netas anuales de enseñanza en Primaria son 880, frente a 812 de media de la OCDE, en Secundaria básica son 713 y en Secundaria superior 693 frente a 667 de la OCDE. Sin embargo, sólo dedica a incentivar a los mejores alumnos un 3% del total de su gasto educativo, frente a un 6% en la UE o el 10% en la OCDE. Es decir, tiende a subvencionar a los alumnos independientemente de su renta, de su desempeño y de su esfuerzo en cada escuela o universidad.
Cuarto. El porcentaje de estudiantes en escuelas públicas es sólo del 70% frente a un 82% en la UE27, mientras que el porcentaje de estudiantes en las universidades públicas es del 56%, superior al 48,5% de la UE. Por el contrario, el porcentaje de estudiantes en Formación Profesional es sólo del 31% frente al 37% de la UE. Asimismo, la formación continua en las empresas es muy baja, sólo un 47%, frente a un 60% en la UE, lo que es un efecto más del exceso de contratos temporales.
Quinto. El Gobierno central sólo financia el 12,6% de la educación total, casi igual que Alemania, frente a una media del 49% en la UE o del 76,5% de Francia. Esto hace que el nivel de calidad de la educación regional sea muy dispar, más todavía cuando es casi el único país de la UE27 en el que no existen pruebas nacionales rigurosas para medir la calidad educativa de cada región y escuela.
Sexto. Un 20% de las personas entre 15 y 19 años recibe educación, uno de los porcentajes más elevados de la OCDE. Además, un 32% de las personas entre 20 y 34 años tienen como mucho la educación Secundaria básica, frente a sólo un 20% en la OCDE, y el 50% de las personas entre 25 y 64 años posee educación Secundaria superior, frente a un 68% en la OCDE.
Séptimo. Aunque existe una prima salarial por tener cualificación universitaria frente a Secundaria superior y entre ésta y Secundaria básica, es mucho más baja que en la OCDE. Mientras que en Estados Unidos una persona con estudios universitarios gana un 86% más que otra con estudios secundarios y en la OCDE un 52% más, en España sólo gana el 32% más y una persona con la Secundaria básica gana un 94% de lo que gana otra con Secundaria superior. Es decir, existe un menor incentivo para educarse más.
Octavo. La diferencia entre la demanda de trabajadores cualificados y de personas con estudios universitarios es sólo de cinco puntos porcentuales, lo que hace muy difícil conseguir dichos empleos (solo un 78% frente a un 92% en la OCDE) y que muchos universitarios estén sobrecualificados para el trabajo que desempeñan (30%). Existen más graduados universitarios y menos graduados con Formación Profesional superior que en el resto de los países de la OCDE en relación con la demanda.
Noveno. El fracaso escolar y universitario es uno de los más elevados de la OCDE y de la UE27. Más del 30% de los alumnos de ESO no la terminan, un 30% de los alumnos de universidad tampoco acaban sus estudios y otro 30% los acaban dos años más tarde. Esto demuestra que los incentivos y las subvenciones a la educación están mal diseñados. Este despilfarro cuesta un 1% del PIB cada año, que podría dedicarse a mejorar la calidad de la educación.
Décimo. Los resultados de Pirls colocan a los de cuarto de Primaria entre los cuatro peores de Europa y los de Pisa 2006 para los de cuarto de ESO han retrocedido cinco puntos en ciencias y 20 puntos en lectura respecto a los alcanzados en 2003, y además están por debajo de la media.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100426elpepieco_9&type=Tes&anchor=elpepieco
EL PAÍS - Economía - 26-04-2010
La educación es la clave del bienestar, desarrollo y progreso de un país ya que mejora la salud y el medio ambiente, reduce la pobreza y la desigualdad, aumenta el emprendimiento, la productividad y la competitividad y estimula la libertad y la democracia. No existe ninguna otra inversión que produzca mayores y mejores retornos sociales y económicos y, sin embargo, muchos países democráticos no invierten lo suficiente en educación, ya que su elevado rendimiento se percibe entre 15 y 20 años más tarde mientras que el ciclo político promedio suele ser de entre 4 y 8 años, tres veces más corto.
España ha hecho un enorme esfuerzo inversor en educación en estos 32 años de democracia, pero queda mucho por hacer, puesto que ha sido mucho más cuantitativo que cualitativo, al tener que partir de un nivel muy bajo. Ahora, el siguiente paso es conseguir una mayor calidad en la educación. Los estudios económicos comparativos muestran que la educación suele ser de mayor calidad cuanto mejor pagados están los profesores y menor es el número de alumnos por clase. Su situación comparativa con la OCDE y la UE27 muestra lo siguiente:
Primero. España invierte un punto porcentual menos de su PIB en educación pública que la media de la OCDE (4,6% frente a 5,8%) y, según Eurostat, que la media de la UE27 (4,3% frente a 5,3%) y de lo que invertía en 1995 (5,3%). Una parte de esta diferencia se ha justificado por una mayor caída de la fecundidad.
Segundo. España gasta menos por alumno que la media de la OCDE. En Primaria 5.500 dólares frente a 6.100, en Secundaria 7.211 dólares frente a 7.700 y en Terciaria (FP Superior y Universidad) 10.100 frente a 15.600 dólares. Sin embargo, dedica el 71% del gasto corriente a los profesores frente a una media del 63% en la OCDE y los salarios de entrada de los profesores de educación Secundaria básica son un 20% superiores a la media de la OCDE.
Tercero. A pesar de su mayor proporción de profesores por estudiante, el promedio de alumnos por clase es similar al de la OCDE, 20,7 frente a 21,5, y las horas netas anuales de enseñanza en Primaria son 880, frente a 812 de media de la OCDE, en Secundaria básica son 713 y en Secundaria superior 693 frente a 667 de la OCDE. Sin embargo, sólo dedica a incentivar a los mejores alumnos un 3% del total de su gasto educativo, frente a un 6% en la UE o el 10% en la OCDE. Es decir, tiende a subvencionar a los alumnos independientemente de su renta, de su desempeño y de su esfuerzo en cada escuela o universidad.
Cuarto. El porcentaje de estudiantes en escuelas públicas es sólo del 70% frente a un 82% en la UE27, mientras que el porcentaje de estudiantes en las universidades públicas es del 56%, superior al 48,5% de la UE. Por el contrario, el porcentaje de estudiantes en Formación Profesional es sólo del 31% frente al 37% de la UE. Asimismo, la formación continua en las empresas es muy baja, sólo un 47%, frente a un 60% en la UE, lo que es un efecto más del exceso de contratos temporales.
Quinto. El Gobierno central sólo financia el 12,6% de la educación total, casi igual que Alemania, frente a una media del 49% en la UE o del 76,5% de Francia. Esto hace que el nivel de calidad de la educación regional sea muy dispar, más todavía cuando es casi el único país de la UE27 en el que no existen pruebas nacionales rigurosas para medir la calidad educativa de cada región y escuela.
Sexto. Un 20% de las personas entre 15 y 19 años recibe educación, uno de los porcentajes más elevados de la OCDE. Además, un 32% de las personas entre 20 y 34 años tienen como mucho la educación Secundaria básica, frente a sólo un 20% en la OCDE, y el 50% de las personas entre 25 y 64 años posee educación Secundaria superior, frente a un 68% en la OCDE.
Séptimo. Aunque existe una prima salarial por tener cualificación universitaria frente a Secundaria superior y entre ésta y Secundaria básica, es mucho más baja que en la OCDE. Mientras que en Estados Unidos una persona con estudios universitarios gana un 86% más que otra con estudios secundarios y en la OCDE un 52% más, en España sólo gana el 32% más y una persona con la Secundaria básica gana un 94% de lo que gana otra con Secundaria superior. Es decir, existe un menor incentivo para educarse más.
Octavo. La diferencia entre la demanda de trabajadores cualificados y de personas con estudios universitarios es sólo de cinco puntos porcentuales, lo que hace muy difícil conseguir dichos empleos (solo un 78% frente a un 92% en la OCDE) y que muchos universitarios estén sobrecualificados para el trabajo que desempeñan (30%). Existen más graduados universitarios y menos graduados con Formación Profesional superior que en el resto de los países de la OCDE en relación con la demanda.
Noveno. El fracaso escolar y universitario es uno de los más elevados de la OCDE y de la UE27. Más del 30% de los alumnos de ESO no la terminan, un 30% de los alumnos de universidad tampoco acaban sus estudios y otro 30% los acaban dos años más tarde. Esto demuestra que los incentivos y las subvenciones a la educación están mal diseñados. Este despilfarro cuesta un 1% del PIB cada año, que podría dedicarse a mejorar la calidad de la educación.
Décimo. Los resultados de Pirls colocan a los de cuarto de Primaria entre los cuatro peores de Europa y los de Pisa 2006 para los de cuarto de ESO han retrocedido cinco puntos en ciencias y 20 puntos en lectura respecto a los alcanzados en 2003, y además están por debajo de la media.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100426elpepieco_9&type=Tes&anchor=elpepieco
Las eléctricas dicen que hasta 2020 no se necesitan más centrales
GIJÓN. Durante, al menos, los próximos diez años en España no harán falta nuevas instalaciones de generación de electricidad. Esa es la conclusión a la que ha llegado la patronal del sector, Unesa, tras analizar la evolución del mercado energético -caracterizada por la caída de la demanda por la menor actividad económica- y la evolución de las energías renovables. «En esta situación, con el parque de generación actual, no es necesaria potencia adicional para atender el suministro hasta 2020», sostiene Pedro Rivero, presidente de la asociación que agrupa a las principales empresas productoras de electricidad.
Las palabras de Rivero, pronunciadas a principios de semana en el Club Español de la Energía durante la presentación del balance energético de 2009, refuerzan las declaraciones realizadas recientemente por Joao Manso, consejero delegado de HC Energía y de EdP, en las que advertía de un exceso de capacidad instalada en nuestro país -y por tanto descartaba nuevos proyectos en generación-. El directivo iba incluso más allá al señalar que algunas centrales de ciclo combinado -térmicas de gas- ya construidas podrían cerrar por falta de rentabilidad al funcionar menos horas de las que se necesitarían para que las compañías amortizasen la inversión.
Desde la patronal, sin embargo, no explican por qué la mayoría de empresas del sector se lanzaron en los últimos 15 años a realizar grandes inversiones en grupos de gas y paralelamente también apostaron por las renovables, especialmente la eólica. Según datos de la memoria de Unesa, los 55 grupos de producción de energía con gas representan una capacidad instalada de 22.111 megavatios. En el trienio 2007-2009 la capacidad de generación creció un 11,5% y la producción lo hizo un 14,3%, aunque en 2009 decreció el 14%.
Sí serían necesarias, no obstante, inversiones en nuevas redes de transporte y distribución para poder absorber la creciente producción de energías renovables diseminadas por el territorio que han experimentado un 'boom' al cobijo de las millonarias subvenciones a la instalación de parques eólicos y plantas solares. En este sentido, la patronal eléctrica recuerda que la retribución de la actividad de distribución tiene que ser predecible y estable, para que se mantenga el adecuado nivel en redes: «La situación actual de incertidumbre regulatoria y de duración impredecible obligaría a las empresas distribuidoras a revisar sus planes de inversión, adecuándolos a la remuneración que se les acredite, por puras razones de viabilidad económica y de prudencia en la gestión empresarial». Además, dice Unesa, fruto del elevado volumen de energía renovable existente en la actualidad -que no participa en la formación del precio- existe un «inadecuado» funcionamiento del mercado mayorista de la electricidad, que imposibilita la recuperación de las inversiones realizadas en tecnologías térmicas, tanto por el bajo número de horas de funcionamiento como por la distorsión que introducen en la señal de precios. «Mientras exista un elevado volumen de energía primada, se debería adecuar el sistema de formación de precios en el mercado para eliminar distorsiones», sostiene Unesa.
El Ministerio de Industria tiene entre manos un ajuste de las primas que se pagan por algunas tecnologías renovables, y en especial la fotovoltaica. En 2009, las primas a energías renovables ascendieron a 4.719 millones de euros, para una tecnología que cubrió el 18% de la demanda eléctrica. Pero el reparto fue muy desigual: la eólica recibió 1.608 millones, un 34% del importe total, y realizó una contribución del 13%, mientras que las tecnologías solares (fotovoltaica y termosolar) recibieron 2.588 millones (57% del total de las primas) y apenas aportaron el 2%.
Efectos en Asturias
Las perspectivas avanzadas por Unesa cobran especial relevancia en Asturias, donde hay proyectados nueve ciclos combinados, uno de ellos en El Musel como complemento a la planta de regasificación de gas natural que construye Enagas. Endesa y HC Energía, que se presentaron al concurso para la instalación, mantienen desde octubre pasado aplazada 'sine die' su decisión. Fuentes de Unesa precisan en este sentido que la demanda no se situará en niveles anteriores a la crisis, al menos, hasta dentro de cinco años. «Lo que están haciendo la mayoría de las empresas es alargar todos los proyectos e incluso mantenerlos en 'stand by'», comentan desde la patronal.
La producción bruta de energía eléctrica en España se situó en 2009 en 300.345 millones de kWh, un 5,2% menos que en 2008. De la producción bruta total, el 69% lo generaron las instalaciones en régimen ordinario -hidráulica y térmicas de carbón, gas y fuel- y el 31% restante las instalaciones acogidas al régimen especial que incluyen las energías renovables, la cogeneración y el tratamiento de residuos.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100426/economia/electricas-dicen-hasta-2020-20100426.html
Las palabras de Rivero, pronunciadas a principios de semana en el Club Español de la Energía durante la presentación del balance energético de 2009, refuerzan las declaraciones realizadas recientemente por Joao Manso, consejero delegado de HC Energía y de EdP, en las que advertía de un exceso de capacidad instalada en nuestro país -y por tanto descartaba nuevos proyectos en generación-. El directivo iba incluso más allá al señalar que algunas centrales de ciclo combinado -térmicas de gas- ya construidas podrían cerrar por falta de rentabilidad al funcionar menos horas de las que se necesitarían para que las compañías amortizasen la inversión.
Desde la patronal, sin embargo, no explican por qué la mayoría de empresas del sector se lanzaron en los últimos 15 años a realizar grandes inversiones en grupos de gas y paralelamente también apostaron por las renovables, especialmente la eólica. Según datos de la memoria de Unesa, los 55 grupos de producción de energía con gas representan una capacidad instalada de 22.111 megavatios. En el trienio 2007-2009 la capacidad de generación creció un 11,5% y la producción lo hizo un 14,3%, aunque en 2009 decreció el 14%.
Sí serían necesarias, no obstante, inversiones en nuevas redes de transporte y distribución para poder absorber la creciente producción de energías renovables diseminadas por el territorio que han experimentado un 'boom' al cobijo de las millonarias subvenciones a la instalación de parques eólicos y plantas solares. En este sentido, la patronal eléctrica recuerda que la retribución de la actividad de distribución tiene que ser predecible y estable, para que se mantenga el adecuado nivel en redes: «La situación actual de incertidumbre regulatoria y de duración impredecible obligaría a las empresas distribuidoras a revisar sus planes de inversión, adecuándolos a la remuneración que se les acredite, por puras razones de viabilidad económica y de prudencia en la gestión empresarial». Además, dice Unesa, fruto del elevado volumen de energía renovable existente en la actualidad -que no participa en la formación del precio- existe un «inadecuado» funcionamiento del mercado mayorista de la electricidad, que imposibilita la recuperación de las inversiones realizadas en tecnologías térmicas, tanto por el bajo número de horas de funcionamiento como por la distorsión que introducen en la señal de precios. «Mientras exista un elevado volumen de energía primada, se debería adecuar el sistema de formación de precios en el mercado para eliminar distorsiones», sostiene Unesa.
El Ministerio de Industria tiene entre manos un ajuste de las primas que se pagan por algunas tecnologías renovables, y en especial la fotovoltaica. En 2009, las primas a energías renovables ascendieron a 4.719 millones de euros, para una tecnología que cubrió el 18% de la demanda eléctrica. Pero el reparto fue muy desigual: la eólica recibió 1.608 millones, un 34% del importe total, y realizó una contribución del 13%, mientras que las tecnologías solares (fotovoltaica y termosolar) recibieron 2.588 millones (57% del total de las primas) y apenas aportaron el 2%.
Efectos en Asturias
Las perspectivas avanzadas por Unesa cobran especial relevancia en Asturias, donde hay proyectados nueve ciclos combinados, uno de ellos en El Musel como complemento a la planta de regasificación de gas natural que construye Enagas. Endesa y HC Energía, que se presentaron al concurso para la instalación, mantienen desde octubre pasado aplazada 'sine die' su decisión. Fuentes de Unesa precisan en este sentido que la demanda no se situará en niveles anteriores a la crisis, al menos, hasta dentro de cinco años. «Lo que están haciendo la mayoría de las empresas es alargar todos los proyectos e incluso mantenerlos en 'stand by'», comentan desde la patronal.
La producción bruta de energía eléctrica en España se situó en 2009 en 300.345 millones de kWh, un 5,2% menos que en 2008. De la producción bruta total, el 69% lo generaron las instalaciones en régimen ordinario -hidráulica y térmicas de carbón, gas y fuel- y el 31% restante las instalaciones acogidas al régimen especial que incluyen las energías renovables, la cogeneración y el tratamiento de residuos.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100426/economia/electricas-dicen-hasta-2020-20100426.html
domingo, 25 de abril de 2010
La educación no es gasto, es inversión
España necesita mantener el esfuerzo en formar su capital humano para ser competitiva, pero debe hacerlo mejor
AMANDA MARS / J. A. AUNIÓN
EL PAÍS - Sociedad - 25-04-2010
Las personas, en el idioma del hombre económico, se llaman capital humano. Y que este capital sepa leer, escribir, sumar, e incluso tenga una titulación superior que le haya enseñado a hacer cosas complejas resulta imprescindible para mejorar la competitividad de la economía y rentable para las arcas públicas, que en el futuro tendrán que gastar menos prestaciones para el individuo formado -tendrá mejor salud y mejores ingresos- y recibirá más pastel de sus impuestos.
Si invertir en educación puede ser costoso, no hacerlo sale mucho más caro, también económicamente, suele decir el ministro Ángel Gabilondo. Y no es una frase vacía, porque el hombre económico que habla de capital humano también se pone a echar cuentas y descubre, por ejemplo, que no sólo individualmente es rentable seguir estudiando (cuanta más formación, más sueldo y menos paro), sino que para el conjunto de un país también lo es. Según el estudio anual que hace la OCDE sobre la educación, los beneficios de la enseñanza son mayores que la inversión que se hace, también en el nivel posobligatorio (ver cuadro).
A la luz de estos datos, la pregunta que debería hacerse un país es: ¿estamos invirtiendo lo suficiente en Educación? La respuesta suele venir en forma de comparación, y el hecho es que la crisis y las estrecheces de los presupuestos públicos han cogido a España aún por debajo del nivel de gasto público de los países desarrollados. Los de la OCDE gastaron en educación, de media, el equivalente al 5,3% de su producto interior bruto (PIB), los de la UE de los 27, el 5,05%, y España, el 4,3%, según los últimos datos comparables del Ministerio de Educación, de 2006.
Es posible que la diferencia se haya acortado, ya que el gasto en España ha ido creciendo en los últimos años (en 2009 fue 4,95% del PIB). Sin embargo, para Andreu Mas-Colell, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), en España, en realidad, no hay que obcecarse en el dilema entre destinar o no más recursos a la educación, ya que cree que no habrá mucho más margen para gasto: "Ha habido cierta tendencia a imponer obligaciones que implicaban un gasto sin tener en cuenta los recursos públicos que requerían. Esa lógica algo imprudente ha funcionado a veces, pero ahora los ingresos públicos están en tensión. No hablo sólo de la crisis, sino a 15 años vista", reflexiona Mas-Colell, que fue consejero de Universidades del Gobierno catalán en la etapa de CiU.
El escenario ha cambiado en poco tiempo. Si el conjunto de las administraciones públicas españolas cerró 2007 con un superávit de dos puntos del PIB, 2009 batió el récord de déficit público al superar el 11%. El Gobierno español ha prometido a Bruselas y los mercados internacionales que dejará este equilibrio en el 3% en 2013 y para eso hace falta revisar las cuentas. El grueso del gasto público educativo, con las competencias transferidas, depende de las comunidades autónomas: el 88% en 2007. La Administración central, que cifró en 3.088 millones el presupuesto de este año en Educación, asume el resto.
Con todo, el pacto educativo que el Gobierno ha ofrecido a las comunidades y las fuerzas políticas y sociales se compromete a "incrementar la inversión en Educación. Ese incremento debe ir acompañado también de la rendición de cuentas y de mejoras en la eficiencia del gasto educativo". Y esto último, precisamente, es para algunos expertos lo primero y fundamental. "En estos momentos los resultados comparables internacionalmente son deficientes por la relación entre lo que se gasta y los resultados que se logran. ¿Es esto sostenible? Es la sociedad la que tiene que decidir cuánto quiere gastar en educación y qué parte quiere sustentar con sus impuestos", opina José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la UPF.
En el informe Pisa de 2006, los estudiantes españoles de 15 años ocuparon la posición 35 en lectura, en una lista de 56 países, la 32 en matemáticas y la 31 en ciencias. Además, España es el tercer país europeo con más abandono escolar temprano (casi el 32% de los jóvenes entre 18 y 24 años dejó de estudiar después de la enseñanza obligatoria, muchos sin el título de ESO), sólo superada por Portugal y Malta.
Es necesario señalar las atenuantes sociales y laborales (durante años ha sido muy fácil para los jóvenes encontrar un trabajo sin cualificación) para esta última cifra, pero el hecho cierto es que ya no puede haber excusas. "El porcentaje de empleos que requieren cualificaciones de alto nivel pasará del 29% en 2010 al 35% en 2020", y otro 50%, cualificaciones medias, según el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, el organismo de la UE ha encargado las proyecciones de empleo con las que organizar las necesidades educativas, dice la comisaria europea de Educación, Androulla Vassiliou.
Pero no sólo se trata de repartir titulaciones, sino de saber más. "Polonia elevó el rendimiento de sus alumnos de 15 años en la lectura de Pisa el equivalente de casi un año escolar en menos de una década, a la vez que redujo a la mitad las diferencias de rendimiento entre escuelas. El valor económico a largo plazo de una mejora similar en los resultados de los estudiantes españoles podría equivaler a más de 40.000 millones de dólares [unos 30.000 millones de euros] adicionales en los ingresos nacionales", asegura Andreas Schleicher, director del Informe Pisa de la OCDE.
España, desde una posición muy alejada de los países desarrollados, ha logrado extender enormemente la educación en las últimas décadas y se ha enfrentado a la vez a la extensión de la educación obligatoria hasta los 16 años y a la llegada masiva de inmigrantes. Ahora, pues, se trata de dar más calidad. ¿Cómo?
La ex ministra de Educación María Jesús San Segundo decía en un artículo del año pasado en Papeles de Economía Española que, a pesar de los estudios que dicen que un aumento del gasto educativo no conlleva directamnet mejores resultados, iniciativas concretas "en la extensión en la escolarización infantil, o en tutores y grupos de refuerzo en primaria y secundaria, ofrecen buenos resultados académicos, así como tasas apreciables de rendimiento económico de la inversión (entre el 6% y el 9%, en general)".
El problema, una vez más, es que todo eso es caro, y justo ahora, las cuentas no salen. "Cuando se habla de financiación en educación, siempre hay que distinguir entre enseñanza universitaria y no universitaria", dice Carmen Pérez Esparrells, profesora de Economía y Hacienda Pública de la Autónoma de Madrid. "En una sociedad desarrollada hay que garantizar una igualdad de acceso a todos los niveles educativos, incluidos los posobligatorios (especialmente el tramo de 16 a 18 años que es el que más nos diferencia con Europa y la OCDE). Por eso, no parece oportuno recortar la inversión en los niveles no universitarios porque en determinadas zonas urbanas (barrios o áreas con mayor presencia de población inmigrante) y en algunas rurales (con poca densidad de población) se necesitan mayores recursos y nuevas políticas que introduzcan una mejor gestión".
"La inversión de dinero público es más justificado en la enseñanza obligatoria y la inversión de dinero privado es más justificado en la terciaria", opina Schleicher. Mientras la mayor parte de la rentabilidad de los estudios obligatorios es social, el retorno económico de los estudios superiores es más individual.Lo cual no quiere decir que, aunque menor que en otras etapas, no haya beneficio público en la universidad: "A través de los impuestos recaudados, los titulados de las universidades devuelven a las arcas públicas 1,35 euros por cada euro que el sector público gastó", dice un informe del año pasado del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas sobre los campus de esa comunidad.
En cualquier caso, desde hace años hay señaladas ineficiencias que, sin recorte alguno, supondrían recuperar un dinero que acaba en la basura, pero que, a pesar de estar sistemáticamente encima de la mesa, no se llegan a resolver. Pero, en época de crisis y cambios como la actual, las soluciones son ya inaplazables. Cuando una economía entra en la etapa de vacas flacas "la organización debe ser óptima y, en eso, debemos mejorar", apunta Mas-Colell, refiriéndose, sobre todo, a la universidad.
Por ejemplo, además del fracaso escolar en secundaria, el abandono universitario también supone un "despilfarro" de recursos, en palabras de Juan José Dolado, profesor de la Universidad Carlos III. Un 30% de los alumnos abandonan después de dos años sin obtener titulación alguna y sólo un 30% acaba la licenciatura de cuatro años en el periodo previsto (la duración media asciende a seis años). Según los cálculos de Dolado, con un flujo de entrada anual de 220.000 alumnos en la universidad pública y un stock de 1,22 millones en el curso 2008/09, el "despilfarro anual" asciende a 2.960 millones de euros. No obstante, esta cifra debe reducirse en cierta medida, ya que parte de estos alumnos puede reengancharse a los estudios en el futuro y, durante sus años de universidad, adquirió destrezas que le servirán en su vida profesional.
Algunos expertos creen que, con matriculas más altas y mejores becas y ayudas (préstamos) se mejorarían las cifras de abandono y repetición. Pero también se trata, una vez más, de calidad, cuyo principal punto de mejora son los profesores. Así, el catedrático de Sociología de la Universidad Salamanca Mariano Fernández Enguita asegura que sería muy importante mejorar el hoy deficiente sistema de incentivos al buen trabajo de los docentes, lo cual también serviría para la educación no universitaria.
Otro gran chorreo de recursos públicos es la dispersión territorial de las universidades que, si bien ha conseguido extender la educación superior, ya no sirve. Resulta inviable un mapa de 47 universidades públicas presenciales con 117 campus, a las que hay que sumar 23 universidades privadas, con una oferta muy similar, tantas veces repetida, que muchas carreras de muchas facultades se han ido quedando vacías al descender los alumnos con la curva demográfica. Políticamente, es muy difícil que nadie tome la decisión de cerrar facultades, así que la opción más viable era que dentro de las comunidades, o entre autonomías vecinas, se pongan de acuerdo para repartir sólo en algunos sitios titulaciones con poca demanda. Pero de esto se lleva hablando años y, a pesar de esfuerzos como el de Cataluña o Valencia, en general, aún con la reforma de las carreras que está exigiendo el proceso de Bolonia, ha sido un fracaso.
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=8635226427139202469
AMANDA MARS / J. A. AUNIÓN
EL PAÍS - Sociedad - 25-04-2010
Las personas, en el idioma del hombre económico, se llaman capital humano. Y que este capital sepa leer, escribir, sumar, e incluso tenga una titulación superior que le haya enseñado a hacer cosas complejas resulta imprescindible para mejorar la competitividad de la economía y rentable para las arcas públicas, que en el futuro tendrán que gastar menos prestaciones para el individuo formado -tendrá mejor salud y mejores ingresos- y recibirá más pastel de sus impuestos.
Si invertir en educación puede ser costoso, no hacerlo sale mucho más caro, también económicamente, suele decir el ministro Ángel Gabilondo. Y no es una frase vacía, porque el hombre económico que habla de capital humano también se pone a echar cuentas y descubre, por ejemplo, que no sólo individualmente es rentable seguir estudiando (cuanta más formación, más sueldo y menos paro), sino que para el conjunto de un país también lo es. Según el estudio anual que hace la OCDE sobre la educación, los beneficios de la enseñanza son mayores que la inversión que se hace, también en el nivel posobligatorio (ver cuadro).
A la luz de estos datos, la pregunta que debería hacerse un país es: ¿estamos invirtiendo lo suficiente en Educación? La respuesta suele venir en forma de comparación, y el hecho es que la crisis y las estrecheces de los presupuestos públicos han cogido a España aún por debajo del nivel de gasto público de los países desarrollados. Los de la OCDE gastaron en educación, de media, el equivalente al 5,3% de su producto interior bruto (PIB), los de la UE de los 27, el 5,05%, y España, el 4,3%, según los últimos datos comparables del Ministerio de Educación, de 2006.
Es posible que la diferencia se haya acortado, ya que el gasto en España ha ido creciendo en los últimos años (en 2009 fue 4,95% del PIB). Sin embargo, para Andreu Mas-Colell, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), en España, en realidad, no hay que obcecarse en el dilema entre destinar o no más recursos a la educación, ya que cree que no habrá mucho más margen para gasto: "Ha habido cierta tendencia a imponer obligaciones que implicaban un gasto sin tener en cuenta los recursos públicos que requerían. Esa lógica algo imprudente ha funcionado a veces, pero ahora los ingresos públicos están en tensión. No hablo sólo de la crisis, sino a 15 años vista", reflexiona Mas-Colell, que fue consejero de Universidades del Gobierno catalán en la etapa de CiU.
El escenario ha cambiado en poco tiempo. Si el conjunto de las administraciones públicas españolas cerró 2007 con un superávit de dos puntos del PIB, 2009 batió el récord de déficit público al superar el 11%. El Gobierno español ha prometido a Bruselas y los mercados internacionales que dejará este equilibrio en el 3% en 2013 y para eso hace falta revisar las cuentas. El grueso del gasto público educativo, con las competencias transferidas, depende de las comunidades autónomas: el 88% en 2007. La Administración central, que cifró en 3.088 millones el presupuesto de este año en Educación, asume el resto.
Con todo, el pacto educativo que el Gobierno ha ofrecido a las comunidades y las fuerzas políticas y sociales se compromete a "incrementar la inversión en Educación. Ese incremento debe ir acompañado también de la rendición de cuentas y de mejoras en la eficiencia del gasto educativo". Y esto último, precisamente, es para algunos expertos lo primero y fundamental. "En estos momentos los resultados comparables internacionalmente son deficientes por la relación entre lo que se gasta y los resultados que se logran. ¿Es esto sostenible? Es la sociedad la que tiene que decidir cuánto quiere gastar en educación y qué parte quiere sustentar con sus impuestos", opina José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la UPF.
En el informe Pisa de 2006, los estudiantes españoles de 15 años ocuparon la posición 35 en lectura, en una lista de 56 países, la 32 en matemáticas y la 31 en ciencias. Además, España es el tercer país europeo con más abandono escolar temprano (casi el 32% de los jóvenes entre 18 y 24 años dejó de estudiar después de la enseñanza obligatoria, muchos sin el título de ESO), sólo superada por Portugal y Malta.
Es necesario señalar las atenuantes sociales y laborales (durante años ha sido muy fácil para los jóvenes encontrar un trabajo sin cualificación) para esta última cifra, pero el hecho cierto es que ya no puede haber excusas. "El porcentaje de empleos que requieren cualificaciones de alto nivel pasará del 29% en 2010 al 35% en 2020", y otro 50%, cualificaciones medias, según el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, el organismo de la UE ha encargado las proyecciones de empleo con las que organizar las necesidades educativas, dice la comisaria europea de Educación, Androulla Vassiliou.
Pero no sólo se trata de repartir titulaciones, sino de saber más. "Polonia elevó el rendimiento de sus alumnos de 15 años en la lectura de Pisa el equivalente de casi un año escolar en menos de una década, a la vez que redujo a la mitad las diferencias de rendimiento entre escuelas. El valor económico a largo plazo de una mejora similar en los resultados de los estudiantes españoles podría equivaler a más de 40.000 millones de dólares [unos 30.000 millones de euros] adicionales en los ingresos nacionales", asegura Andreas Schleicher, director del Informe Pisa de la OCDE.
España, desde una posición muy alejada de los países desarrollados, ha logrado extender enormemente la educación en las últimas décadas y se ha enfrentado a la vez a la extensión de la educación obligatoria hasta los 16 años y a la llegada masiva de inmigrantes. Ahora, pues, se trata de dar más calidad. ¿Cómo?
La ex ministra de Educación María Jesús San Segundo decía en un artículo del año pasado en Papeles de Economía Española que, a pesar de los estudios que dicen que un aumento del gasto educativo no conlleva directamnet mejores resultados, iniciativas concretas "en la extensión en la escolarización infantil, o en tutores y grupos de refuerzo en primaria y secundaria, ofrecen buenos resultados académicos, así como tasas apreciables de rendimiento económico de la inversión (entre el 6% y el 9%, en general)".
El problema, una vez más, es que todo eso es caro, y justo ahora, las cuentas no salen. "Cuando se habla de financiación en educación, siempre hay que distinguir entre enseñanza universitaria y no universitaria", dice Carmen Pérez Esparrells, profesora de Economía y Hacienda Pública de la Autónoma de Madrid. "En una sociedad desarrollada hay que garantizar una igualdad de acceso a todos los niveles educativos, incluidos los posobligatorios (especialmente el tramo de 16 a 18 años que es el que más nos diferencia con Europa y la OCDE). Por eso, no parece oportuno recortar la inversión en los niveles no universitarios porque en determinadas zonas urbanas (barrios o áreas con mayor presencia de población inmigrante) y en algunas rurales (con poca densidad de población) se necesitan mayores recursos y nuevas políticas que introduzcan una mejor gestión".
"La inversión de dinero público es más justificado en la enseñanza obligatoria y la inversión de dinero privado es más justificado en la terciaria", opina Schleicher. Mientras la mayor parte de la rentabilidad de los estudios obligatorios es social, el retorno económico de los estudios superiores es más individual.Lo cual no quiere decir que, aunque menor que en otras etapas, no haya beneficio público en la universidad: "A través de los impuestos recaudados, los titulados de las universidades devuelven a las arcas públicas 1,35 euros por cada euro que el sector público gastó", dice un informe del año pasado del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas sobre los campus de esa comunidad.
En cualquier caso, desde hace años hay señaladas ineficiencias que, sin recorte alguno, supondrían recuperar un dinero que acaba en la basura, pero que, a pesar de estar sistemáticamente encima de la mesa, no se llegan a resolver. Pero, en época de crisis y cambios como la actual, las soluciones son ya inaplazables. Cuando una economía entra en la etapa de vacas flacas "la organización debe ser óptima y, en eso, debemos mejorar", apunta Mas-Colell, refiriéndose, sobre todo, a la universidad.
Por ejemplo, además del fracaso escolar en secundaria, el abandono universitario también supone un "despilfarro" de recursos, en palabras de Juan José Dolado, profesor de la Universidad Carlos III. Un 30% de los alumnos abandonan después de dos años sin obtener titulación alguna y sólo un 30% acaba la licenciatura de cuatro años en el periodo previsto (la duración media asciende a seis años). Según los cálculos de Dolado, con un flujo de entrada anual de 220.000 alumnos en la universidad pública y un stock de 1,22 millones en el curso 2008/09, el "despilfarro anual" asciende a 2.960 millones de euros. No obstante, esta cifra debe reducirse en cierta medida, ya que parte de estos alumnos puede reengancharse a los estudios en el futuro y, durante sus años de universidad, adquirió destrezas que le servirán en su vida profesional.
Algunos expertos creen que, con matriculas más altas y mejores becas y ayudas (préstamos) se mejorarían las cifras de abandono y repetición. Pero también se trata, una vez más, de calidad, cuyo principal punto de mejora son los profesores. Así, el catedrático de Sociología de la Universidad Salamanca Mariano Fernández Enguita asegura que sería muy importante mejorar el hoy deficiente sistema de incentivos al buen trabajo de los docentes, lo cual también serviría para la educación no universitaria.
Otro gran chorreo de recursos públicos es la dispersión territorial de las universidades que, si bien ha conseguido extender la educación superior, ya no sirve. Resulta inviable un mapa de 47 universidades públicas presenciales con 117 campus, a las que hay que sumar 23 universidades privadas, con una oferta muy similar, tantas veces repetida, que muchas carreras de muchas facultades se han ido quedando vacías al descender los alumnos con la curva demográfica. Políticamente, es muy difícil que nadie tome la decisión de cerrar facultades, así que la opción más viable era que dentro de las comunidades, o entre autonomías vecinas, se pongan de acuerdo para repartir sólo en algunos sitios titulaciones con poca demanda. Pero de esto se lleva hablando años y, a pesar de esfuerzos como el de Cataluña o Valencia, en general, aún con la reforma de las carreras que está exigiendo el proceso de Bolonia, ha sido un fracaso.
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sábado, 24 de abril de 2010
UPyD – Oviedo elige a Manuel López de Lerma coordinador del Consejo Local
UPyD Oviedo
24 de abril de 2010
A las tres de la tarde concluyó el plazo iniciado a las once de la mañana para que los afiliados de Oviedo, Siero, Noreña, Lugones y Las Regueras votasen a favor de la candidatura presentada por Manuel López De Lerma. Cerca de la mitad de los inscritos en el censo se acercaron a la sede del partido en la calle Foncalada para depositar su voto. Tras el recuento, se contabilizaron 34 votos a favor, 1 en blanco y ninguno nulo, con lo que la candidatura presentada fue ampliamente respaldada y legitimada para llevar a cabo la elaboración de las propuestas y el desarrollo de las ideas con las que Unión Progreso y Democracia concurrirá a las elecciones municipales de 2011.
En opinión del recién elegido coordinador, Manuel López De Lerma, “es una buena noticia para la ciudad que una nueva fuerza política se ponga a trabajar en la defensa de los intereses de los ciudadanos de Oviedo, y mejor aún que lo haga bajo la premisa de conseguir la regeneración democrática, tan necesaria cuando la vida municipal sufre cada día el abuso de un clase política cada vez más alejada de la ciudadanía y con intereses tan ajenos al bien común”.
24 de abril de 2010
A las tres de la tarde concluyó el plazo iniciado a las once de la mañana para que los afiliados de Oviedo, Siero, Noreña, Lugones y Las Regueras votasen a favor de la candidatura presentada por Manuel López De Lerma. Cerca de la mitad de los inscritos en el censo se acercaron a la sede del partido en la calle Foncalada para depositar su voto. Tras el recuento, se contabilizaron 34 votos a favor, 1 en blanco y ninguno nulo, con lo que la candidatura presentada fue ampliamente respaldada y legitimada para llevar a cabo la elaboración de las propuestas y el desarrollo de las ideas con las que Unión Progreso y Democracia concurrirá a las elecciones municipales de 2011.
En opinión del recién elegido coordinador, Manuel López De Lerma, “es una buena noticia para la ciudad que una nueva fuerza política se ponga a trabajar en la defensa de los intereses de los ciudadanos de Oviedo, y mejor aún que lo haga bajo la premisa de conseguir la regeneración democrática, tan necesaria cuando la vida municipal sufre cada día el abuso de un clase política cada vez más alejada de la ciudadanía y con intereses tan ajenos al bien común”.
UPyD – Gijón elige a Armando Fernández Bartolomé coordinador del Consejo local
UPyD Gijon
24 de abril de 2010
A las tres de la tarde concluyó el plazo iniciado a las once de la mañana para que los afiliados de Gijón, Carreño y Villaviciosa votasen a favor de la candidatura presentada por Armando Fernández Bartolomé. Más de la mitad de los inscritos en el censo se acercaron a la sede del partido en la calle Donato Argüelles para depositar su voto. Tras el recuento, se contabilizaron 37 votos a favor, 3 en blanco y ninguno nulo, con lo que la candidatura presentada fue ampliamente respaldada y legitimada para llevar a cabo la elaboración de las propuestas y el desarrollo de las ideas con las que Unión Progreso y Democracia concurrirá a las elecciones municipales de 2011.
Junto a Armando Fernández Bartolomé, forman parte del Consejo Local recién elegido, Luis Pertierra como responsable de organización, Antonio Sánchez Viña como responsable de política local y cuatro vocales que se ocuparán de elaborar el programa trabajando las diferentes áreas de ámbito municipal, desde festejos y deportes a empleo y hacienda, pasando por seguridad ciudadana o cultura y urbanismo. Diana Martínez, Lolo Iñarra, Mercedes Fernández Abín y Jorge Uría completan la candidatura.
Para el recién elegido coordinador, Armando Fernández Bartolomé, “tomando como base del proyecto la regeneración democrática, los buenos resultados obtenidos en las elecciones europeas y las expectativas creadas, nos animan a trabajar con ilusión y también a incorporar a todos aquellos afiliados que quieran echar una mano en cualquiera de los grupos de trabajo que elaborarán las propuestas de UPyD para la ciudad”.
24 de abril de 2010
A las tres de la tarde concluyó el plazo iniciado a las once de la mañana para que los afiliados de Gijón, Carreño y Villaviciosa votasen a favor de la candidatura presentada por Armando Fernández Bartolomé. Más de la mitad de los inscritos en el censo se acercaron a la sede del partido en la calle Donato Argüelles para depositar su voto. Tras el recuento, se contabilizaron 37 votos a favor, 3 en blanco y ninguno nulo, con lo que la candidatura presentada fue ampliamente respaldada y legitimada para llevar a cabo la elaboración de las propuestas y el desarrollo de las ideas con las que Unión Progreso y Democracia concurrirá a las elecciones municipales de 2011.
Junto a Armando Fernández Bartolomé, forman parte del Consejo Local recién elegido, Luis Pertierra como responsable de organización, Antonio Sánchez Viña como responsable de política local y cuatro vocales que se ocuparán de elaborar el programa trabajando las diferentes áreas de ámbito municipal, desde festejos y deportes a empleo y hacienda, pasando por seguridad ciudadana o cultura y urbanismo. Diana Martínez, Lolo Iñarra, Mercedes Fernández Abín y Jorge Uría completan la candidatura.
Para el recién elegido coordinador, Armando Fernández Bartolomé, “tomando como base del proyecto la regeneración democrática, los buenos resultados obtenidos en las elecciones europeas y las expectativas creadas, nos animan a trabajar con ilusión y también a incorporar a todos aquellos afiliados que quieran echar una mano en cualquiera de los grupos de trabajo que elaborarán las propuestas de UPyD para la ciudad”.
"Un poco de federalismo, por favor"
CARLOS MONASTERIO ESCUDERO
ELPAIS.com - Economía - 22-04-2010
En España, la construcción del Estado del bienestar y el proceso de descentralización hacia el denominado Estado de las Autonomías, han avanzado en paralelo, a lo largo de las últimas tres décadas.
En una primera etapa, desde la Constitución de 1978 hasta 2002, existieron diferencias apreciables en las competencias de las diversas comunidades autónomas, pero con la transferencia generalizada de la sanidad, a comienzos de 2002, todas las comunidades autónomas han asumido la prestación de los dos servicios públicos fundamentales del Estado del bienestar.
Tres décadas después del cambio democrático, es hora de hacer un breve balance de ambos procesos. Mientras que el Estado del bienestar se ha consolidado en lo fundamental, con un aceptable despliegue de los servicios públicos esenciales de sanidad y educación (aunque ambos deben ser objeto de atención y mejora), se observan mayores sombras en lo concerniente al Estado Autonómico.
Lo que debería haber sido un amplia avenida, para que circularan las preferencias de los ciudadanos y se reflejaran en distintas opciones sobre los servicios públicos descentralizados, se ha convertido en un verdadero laberinto en materia de Hacienda autonómica, donde se producen continuas bifurcaciones, que las más de las veces permiten al gobierno de turno favorecer a las comunidades autónomas afines o más capaces de ejercer influencia política.
Sin caer en la ingenuidad de querer llegar un "sistema cerrado" de descentralización (un gran teórico de la descentralización, William Riker, advirtió ya hace décadas que toda solución federal es siempre un equilibrio inestable entre las fuerzas centrípetas, que empujan de nuevo en la dirección de la centralización y fuerzas centrífugas, que amenazan desembocar en la secesión), creo que existen potenciales mejoras que podrían hacer que aumentara la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado Autonómico y la eficiencia en la prestación de servicios, aspectos básicos que desde el punto de vista económico justifican la descentralización. Para conseguir estas mejoras, la receta sería aplicar a nuestro Estado Autonómico las lecciones de la experiencia adquirida en estos años y, sobre todo, algunos mecanismos básicos del federalismo.
En primer lugar, convendría recordar el punto de partida; la descentralización supone abrir una puerta a la diversidad y para ello debe asegurarse que, en igualdad de posiciones de salida, se abran cauces para que las regiones puedan desarrollar políticas diferenciadas.
En cuanto a la igualdad de posiciones de salida, debemos sacar algunas lecciones de la experiencia pasada, aunque puedan resultarnos incómodas.
La Constitución de 1978 reconoció el derecho a la autonomía en favor de "las Comunidades Autónomas que se constituyan" (art 137) en un proceso sujeto a incertidumbre en el que no se conocía si sólo algunas zonas que habían manifestado anteriormente un mayor sentimiento autonomista (Pais Vasco, Cataluña) se constituirían en comunidades autónomas o si lo harían todas las regiones, como finalmente sucedió.
El esquema de relaciones bilateral, que tenía sentido en un principio, para materias que lógicamente deberían ser objeto de aceptación individual (Comisiones Mixtas de Transferencias, que permitían a cada comunidad autónoma aceptar una transferencia sólo si consideraba que los recursos traspasados eran suficientes) y sobre todo, si se pensaba que sólo algunos territorios iban a constituirse en comunidades autónomas, carece de sentido en el momento actual, cuando comprobamos que el Estado Autonómico se ha asentado en todos los territorios y el nivel competencial es esencialmente homogéneo. En consecuencia, el camino hacia las relaciones bilaterales que se abre en muchos Estatutos de "segunda generación" no parece que apunte en la dirección adecuada.
Unido a lo anterior, está el espinosos tema de los regímenes forales, tanto en lo que respecta a su muy discutible carácter de "sistemas paccionados" como en lo referente a las ventajas fiscales, cuando se aplican en regiones de renta relativa elevada. No tiene sentido, por ejemplo, que en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera las comunidades autónomas forales puedan participar en la decisión de cómo se articula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, mientras que a estas últimas les está completamente vedado participar en las negociaciones para determinar el concierto impositivo o los cupos quinquenales.
Que una Cámara territorial decidiera sobre todas estas cuestiones sería poner un poco de lógica federalista en el actual rompecabezas autonómico, aunque requiere una buena dosis de coraje político.... y ya se sabe que todos los recursos son escasos.
En cuanto a las políticas diferenciadas, debemos constatar un gran déficit de diversidad, cuando observamos el desarrollo de la Hacienda autonómica.
Las comunidades autónomas, que han asumido con entusiasmo la autonomía en la vertiente competencial y del gasto, siguen ancladas en un comportamiento gregario en materia fiscal.
Más aún, recientemente hemos dado clamorosos pasos atrás, sin que ninguno de los intervinientes en decisiones que merecerían una detallada explicación a los ciudadanos en un Estado mínimamente federal se haya sentido obligado a explicar nada.
Que en 2008 (¡con una crisis económica que se venía encima y hacia presagiar un notable aumento del déficit!) el Gobierno central haya suprimido el Impuesto de Patrimonio (que, recordémoslo, era un impuesto cedido a las comunidades autónomas con competencias normativas casi plenas) y seguidamente los gobiernos autonómicos hayan aceptado sin rechistar una medida que atentaba contra su autonomía fiscal y sólo se hayan preocupado de conseguir compensaciones financieras, es algo que contrasta con el entusiasmo dedicado a, por ejemplo, defender las competencias en materia de cajas de ahorros.
Además de la alegre inauguración de "proyectos emblemáticos", hace falta la explicación y defensa de los "impuestos problemáticos" necesarios para financiar esos y otros gastos
No cabe argumentar, al menos desde 2002, que no existen instrumentos para obtener recursos impositivos por parte de las Haciendas autonómicas, puesto que pueden aumentar la recaudación del tramo autonómico del IRPF, los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, tasas sobre el juego y tramo autonómico de hidrocarburos, además de todo el abanico de tasas y precios públicos
Desde otra perspectiva, las discusiones en materia de descentralización parecen resentirse todavía del "reflejo condicionado" que asocia centralización con el régimen dictatorial anterior y descentralización con democracia (para unos) o Estado centralizado y garantía de trato equitativo a todos los ciudadanos y Estado de las Autonomías y reinos de taifas (para otros).
Al igual que no deberíamos caer en el simplismo de asociar la pesca del salmón con las tendencias dictatoriales, sería bueno ver la descentralización como un mecanismo funcional para obtener mayor eficiencia en la prestación de servicios públicos, sin predeterminar cual debe ser siempre la dirección de los ajustes competenciales que deban introducirse
Ello implicaría admitir que la solución federal no tiene porqué ser inamovible y que en ciertas circunstancias, como la actual, sería sensato aumentar el peso del gobierno central, que es quien está mejor situado para hacer frente a las consecuencias de la recesión económica o replantear (en ambos sentidos) la asignación competencial, cuando parezca necesario a la luz de nuevas circunstancias (¿tienen sentido ficciones como la de convertir a los militares en bomberos y travestir las competencias de defensa en competencias de protección civil creando la Unidad Militar de Emergencias, en vez de discutir abiertamente si no sería mejor llevar una parte de las competencias de protección civil al gobierno central?).
En mi opinión, tendremos un sector público que merezca realmente el nombre de descentralizado cuando un ajuste presupuestario importante sea asumido por las comunidades autónomas mediante decisiones propias y autónomas, que en unos casos pasarán por reducciones del gasto y en otros por ajustes impositivos de diverso tipo, en vez de recurrir repetidamente a que la Hacienda central actúe de paraguas para todos. Si a ello añadiéramos la capacidad de discutir con tanta naturalidad que hay competencias estatales que pueden delegarse hacia las comunidades autónomas, como que hay algunas competencias autonómicas que podrían volver a ser centralizadas, quizá fuera posible quitarle el pantalón corto al Estado Autonómico y convertirlo sin complejos en un Estado Federal, en el que nos ocupáramos más de mejorar los aspectos de aplicación del modelo que de poner (pretendidamente) las esencias del modelo en cuestión un mes si y otro también.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100422elpepueco_9&type=Tes&anchor=elpepueco
ELPAIS.com - Economía - 22-04-2010
En España, la construcción del Estado del bienestar y el proceso de descentralización hacia el denominado Estado de las Autonomías, han avanzado en paralelo, a lo largo de las últimas tres décadas.
En una primera etapa, desde la Constitución de 1978 hasta 2002, existieron diferencias apreciables en las competencias de las diversas comunidades autónomas, pero con la transferencia generalizada de la sanidad, a comienzos de 2002, todas las comunidades autónomas han asumido la prestación de los dos servicios públicos fundamentales del Estado del bienestar.
Tres décadas después del cambio democrático, es hora de hacer un breve balance de ambos procesos. Mientras que el Estado del bienestar se ha consolidado en lo fundamental, con un aceptable despliegue de los servicios públicos esenciales de sanidad y educación (aunque ambos deben ser objeto de atención y mejora), se observan mayores sombras en lo concerniente al Estado Autonómico.
Lo que debería haber sido un amplia avenida, para que circularan las preferencias de los ciudadanos y se reflejaran en distintas opciones sobre los servicios públicos descentralizados, se ha convertido en un verdadero laberinto en materia de Hacienda autonómica, donde se producen continuas bifurcaciones, que las más de las veces permiten al gobierno de turno favorecer a las comunidades autónomas afines o más capaces de ejercer influencia política.
Sin caer en la ingenuidad de querer llegar un "sistema cerrado" de descentralización (un gran teórico de la descentralización, William Riker, advirtió ya hace décadas que toda solución federal es siempre un equilibrio inestable entre las fuerzas centrípetas, que empujan de nuevo en la dirección de la centralización y fuerzas centrífugas, que amenazan desembocar en la secesión), creo que existen potenciales mejoras que podrían hacer que aumentara la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado Autonómico y la eficiencia en la prestación de servicios, aspectos básicos que desde el punto de vista económico justifican la descentralización. Para conseguir estas mejoras, la receta sería aplicar a nuestro Estado Autonómico las lecciones de la experiencia adquirida en estos años y, sobre todo, algunos mecanismos básicos del federalismo.
En primer lugar, convendría recordar el punto de partida; la descentralización supone abrir una puerta a la diversidad y para ello debe asegurarse que, en igualdad de posiciones de salida, se abran cauces para que las regiones puedan desarrollar políticas diferenciadas.
En cuanto a la igualdad de posiciones de salida, debemos sacar algunas lecciones de la experiencia pasada, aunque puedan resultarnos incómodas.
La Constitución de 1978 reconoció el derecho a la autonomía en favor de "las Comunidades Autónomas que se constituyan" (art 137) en un proceso sujeto a incertidumbre en el que no se conocía si sólo algunas zonas que habían manifestado anteriormente un mayor sentimiento autonomista (Pais Vasco, Cataluña) se constituirían en comunidades autónomas o si lo harían todas las regiones, como finalmente sucedió.
El esquema de relaciones bilateral, que tenía sentido en un principio, para materias que lógicamente deberían ser objeto de aceptación individual (Comisiones Mixtas de Transferencias, que permitían a cada comunidad autónoma aceptar una transferencia sólo si consideraba que los recursos traspasados eran suficientes) y sobre todo, si se pensaba que sólo algunos territorios iban a constituirse en comunidades autónomas, carece de sentido en el momento actual, cuando comprobamos que el Estado Autonómico se ha asentado en todos los territorios y el nivel competencial es esencialmente homogéneo. En consecuencia, el camino hacia las relaciones bilaterales que se abre en muchos Estatutos de "segunda generación" no parece que apunte en la dirección adecuada.
Unido a lo anterior, está el espinosos tema de los regímenes forales, tanto en lo que respecta a su muy discutible carácter de "sistemas paccionados" como en lo referente a las ventajas fiscales, cuando se aplican en regiones de renta relativa elevada. No tiene sentido, por ejemplo, que en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera las comunidades autónomas forales puedan participar en la decisión de cómo se articula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, mientras que a estas últimas les está completamente vedado participar en las negociaciones para determinar el concierto impositivo o los cupos quinquenales.
Que una Cámara territorial decidiera sobre todas estas cuestiones sería poner un poco de lógica federalista en el actual rompecabezas autonómico, aunque requiere una buena dosis de coraje político.... y ya se sabe que todos los recursos son escasos.
En cuanto a las políticas diferenciadas, debemos constatar un gran déficit de diversidad, cuando observamos el desarrollo de la Hacienda autonómica.
Las comunidades autónomas, que han asumido con entusiasmo la autonomía en la vertiente competencial y del gasto, siguen ancladas en un comportamiento gregario en materia fiscal.
Más aún, recientemente hemos dado clamorosos pasos atrás, sin que ninguno de los intervinientes en decisiones que merecerían una detallada explicación a los ciudadanos en un Estado mínimamente federal se haya sentido obligado a explicar nada.
Que en 2008 (¡con una crisis económica que se venía encima y hacia presagiar un notable aumento del déficit!) el Gobierno central haya suprimido el Impuesto de Patrimonio (que, recordémoslo, era un impuesto cedido a las comunidades autónomas con competencias normativas casi plenas) y seguidamente los gobiernos autonómicos hayan aceptado sin rechistar una medida que atentaba contra su autonomía fiscal y sólo se hayan preocupado de conseguir compensaciones financieras, es algo que contrasta con el entusiasmo dedicado a, por ejemplo, defender las competencias en materia de cajas de ahorros.
Además de la alegre inauguración de "proyectos emblemáticos", hace falta la explicación y defensa de los "impuestos problemáticos" necesarios para financiar esos y otros gastos
No cabe argumentar, al menos desde 2002, que no existen instrumentos para obtener recursos impositivos por parte de las Haciendas autonómicas, puesto que pueden aumentar la recaudación del tramo autonómico del IRPF, los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, tasas sobre el juego y tramo autonómico de hidrocarburos, además de todo el abanico de tasas y precios públicos
Desde otra perspectiva, las discusiones en materia de descentralización parecen resentirse todavía del "reflejo condicionado" que asocia centralización con el régimen dictatorial anterior y descentralización con democracia (para unos) o Estado centralizado y garantía de trato equitativo a todos los ciudadanos y Estado de las Autonomías y reinos de taifas (para otros).
Al igual que no deberíamos caer en el simplismo de asociar la pesca del salmón con las tendencias dictatoriales, sería bueno ver la descentralización como un mecanismo funcional para obtener mayor eficiencia en la prestación de servicios públicos, sin predeterminar cual debe ser siempre la dirección de los ajustes competenciales que deban introducirse
Ello implicaría admitir que la solución federal no tiene porqué ser inamovible y que en ciertas circunstancias, como la actual, sería sensato aumentar el peso del gobierno central, que es quien está mejor situado para hacer frente a las consecuencias de la recesión económica o replantear (en ambos sentidos) la asignación competencial, cuando parezca necesario a la luz de nuevas circunstancias (¿tienen sentido ficciones como la de convertir a los militares en bomberos y travestir las competencias de defensa en competencias de protección civil creando la Unidad Militar de Emergencias, en vez de discutir abiertamente si no sería mejor llevar una parte de las competencias de protección civil al gobierno central?).
En mi opinión, tendremos un sector público que merezca realmente el nombre de descentralizado cuando un ajuste presupuestario importante sea asumido por las comunidades autónomas mediante decisiones propias y autónomas, que en unos casos pasarán por reducciones del gasto y en otros por ajustes impositivos de diverso tipo, en vez de recurrir repetidamente a que la Hacienda central actúe de paraguas para todos. Si a ello añadiéramos la capacidad de discutir con tanta naturalidad que hay competencias estatales que pueden delegarse hacia las comunidades autónomas, como que hay algunas competencias autonómicas que podrían volver a ser centralizadas, quizá fuera posible quitarle el pantalón corto al Estado Autonómico y convertirlo sin complejos en un Estado Federal, en el que nos ocupáramos más de mejorar los aspectos de aplicación del modelo que de poner (pretendidamente) las esencias del modelo en cuestión un mes si y otro también.
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20100422elpepueco_9&type=Tes&anchor=elpepueco
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