ELOGIO DE LA POLÍTICA

FESTINA LENTE

sábado, 6 de noviembre de 2010

Plan de Granda

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UPyD Gijon. Programa electoral: urbanismo

 La gestión prudente del territorio debe convertirse en el núcleo del debate ciudadano. Urge poner las bases de una nueva cultura que impregne la legislación estatal y autonómica, que oriente la práctica de todos los ayuntamientos y del conjunto de las administraciones, que provea el marco adecuado para el buen funcionamiento del mercado y que haga prevalecer los valores de la sostenibilidad ambiental, la eficacia
funcional y la equidad social.

 Consideramos que la gestión del territorio debe adoptar estos principios:

- El territorio es un bien no renovable, esencial y limitado, una realidad compleja y frágil.
- El territorio contiene valores ecológicos, culturales y patrimoniales que no pueden reducirse al precio del suelo. Bien gestionado constituye un activo económico de primer orden.
- El planeamiento territorial y urbanístico exige la actuación de los poderes
públicos. Frente a toda veleidad desreguladora, hay que defender la importancia de la
legislación, la normativa y la gestión urbanística para el buen gobierno territorial.
- El planeamiento municipal debe facilitar el acceso a la vivienda, el goce de los servicios y la preservación del medio ambiente.
- El planeamiento territorial debe proveer acuerdos básicos sobre el trazado de  las infraestructuras, el desarrollo de los asentamientos y el sistema de espacios abiertos.
Es necesario un planeamiento a escala territorial que coordine y vincule el planeamiento municipal para un nuevo modelo de urbanización, basado en el ahorro del consumo de suelo, la convivencia de usos y la cohesión social.

UPyD Gijon: Programa electoral. Ordenación del territorio

La Carta Europea de Ordenación del Territorio indica como objetivos fundamentales de ésta el desarrollo socio-económico equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la utilización racional del territorio (E 4081). Sin embargo la evolución de los usos del suelo en España en las últimas décadas, principalmente a causa de los avances de una urbanización masiva de consecuencias medioambientales y paisajísticas muy negativas, resulta preocupante, además de ser en muchos casos una fuente de corrupción.

 La corrupción asociada al urbanismo surge de la confluencia de tres factores:

A - La discrecionalidad cuasi ilimitada de los entes municipales para planear su desarrollo urbanístico, unido a un deficiente funcionamiento de los mecanismos de control.

B - La dependencia financiera de los Ayuntamientos de los ingresos proporcionados por
la actividad urbanística para financiar infraestructuras, equipamientos y servicios, en
una especie de financiación piramidal donde los nuevos desarrollos financiaban déficits
generados en muchos casos por equipamientos injustificados, carentes de una
planificación urbanística ordenada.

C - El extraordinario auge de la construcción de viviendas en el último decenio, con un
mercado inmobiliario que ha multiplicado su volumen por seis entre 1997 y 2006,
convirtiendo a España en el país europeo con mayor tasa de viviendas por habitante,
muchas de las cuales permanecen vacías ya que han sido adquiridas como activos
financieros.

 Paradójicamente este espectacular aumento del número de viviendas ha sido
paralelo a una dificultad creciente de acceso a la vivienda para la mayoría de la
sociedad, incapaz de afrontar el desaforado aumento del precio de los inmuebles. Es
necesario un replanteamiento total de las políticas actuales sobre vivienda, altamente
ineficaces. Es cierto que la crisis económica impone un cambio de ciclo en el sector y
hoy todos los indicadores muestran un fuerte frenazo, pero más allá del impacto de la
crisis a corto plazo, es necesario atacar las carencias estructurales del sector mediante
importantes reformas.

El PGO refuerza la Autovía Minera con enlaces al área de Roces y La Camocha

Las nuevas conexiones, presupuestadas en unos 25 millones de euros, obligan a modificar el actual nudo de Mareo y a ensanchar caminos rurales

 Miriam SUÁREZ
El crecimiento urbano previsto por el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) obligará a ampliar la red de conexiones que la Autovía Minera teje con la ciudad. La actuación está destinada a favorecer las comunicaciones entre la llamada AS-1 y los suelos urbanizables de Roces, Granda y Vega-La Camocha. Algo para lo que será necesario modificar el actual enlace de Mareo.

El PGO propone esta intervención apenas seis años después de que se abriese al tráfico el corredor minero Gijón-Mieres. Esta vía de alta capacidad tiene salidas a la ciudad en Mareo y en Ceares, donde se levantó un «scalextric» que comunica la AS-1, la Autovía del Cantábrico y la autopista «Y». La mejora que ahora plantea el equipo redactor del Plan General ronda los 25 millones de euros, inversión muy similar a la que se realizó en este macro enlace inaugurado en 2007.

Dicha mejora encabeza el programa de actuaciones que, en colaboración con el Gobierno del Principado, preparará la trama viaria gijonesa para la próxima década. La comunicación entre la Autovía Minera y el nuevo área residencial de Roces, donde se están construyendo unas 3.700 viviendas, se resolverá con la creación de «un semienlace» en Mareo que distribuya los tráficos desde y hacia Gijón.

«Su configuración es de glorieta elevada, aprovechándose uno de los falsos túneles de la autovía AS-1», adelanta la documentación del PGO que ahora se encuentra en fase de información pública. El enlace ya existente en Mareo quedará reservado para canalizar la circulación rodada desde y hacia Mieres. Entre ambos nudos de comunicación se proyectan «sendos viales unidireccionales, de dos carriles cada uno, en cada margen de la autovía», se explica.

Será el punto de partida de una nueva carretera, que desembocará en el área de Roces siguiendo parte del trazado del camino de la Perdiz. El PGO también se apoya en el nudo de Mareo para proyectar otro vial hacia Vega-La Camocha, con la idea de que «esta zona del municipio presente una adecuada accesibilidad desde la red viaria de alta capacidad».

Este segundo acceso coincidirá, en un primer tramo, con el camino de La Candelera, para luego continuar por la vía que conduce a Mina La Camocha. La actuación lleva consigo el ensanche y acondicionamiento de 1.650 metros del viario preexistente. El equipo de gobierno apuesta por este enlace no sólo pensando en los nuevos desarrollos residenciales de la parroquia, sino también en el futuro parque empresarial que se creará en los terrenos liberados tras el cierre del pozo minero.

Las nuevas conexiones beneficiarán, igualmente, a la parroquia de Granda, donde el PGO recalifica como edificable una superficie que supera los 300.000 metros cuadrados y donde está pendiente de ejecución una operación de vivienda unifamiliar. Los técnicos consideran que, si no se actúa, los enlaces de la Autovía Minera se quedarán cortos ante el nuevo panorama urbanístico que dibuja el Plan de Ordenación que ahora se está tramitando.

GIJÓN Gijón abre el jueves la zona de humedal del parque fluvial

El nuevo espacio contará con una montaña artificial, llamada El Caballón, que mitigará los ruidos de la autovía

07.06.10 - 02:25 -
La ciudad incorporará el próximo jueves una nueva zona verde y fundamental, tanto para controlar las avenidas de agua en el río Piles y evitar posibles inundaciones, como para servir de hábitat a multitud de especies, especialmente aves.
Se trata de la nueva zona lacustre de Granda, un humedal que quedará incorporado al parque fluvial del río Piles unos cinco años después de que este proyecto se pusiera en marcha. Un total de 15 hectáreas conforman la laguna artificial cuya construcción fue responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y precisó de una inversión de 278.708 euros. La previsión es que sirva de reserva ecológica y será más grande que el humedal de La Furta, sito en las inmediaciones de la fábrica de Dupont y que, hasta el momento, se trataba de la más grande construida por el hombre en el Principado.
Uno de los elementos singulares del humedal de Roces es El Caballón, una gran montaña artificial que, además de contar con un mirador en su cima, servirá para como pantalla, tanto visual como sonora, frente a la cercana autovía del Cantábrico, pues en las inmediaciones se ubica también uno de los enlaces más transitados para acceder al centro de la ciudad.
De esta manera, el parque fluvial del río Piles quedará prácticamente completado, después de que en noviembre de 2008 el Ayuntamiento de Gijón asumiera la gestión y conservación de las zonas verdes del proyecto que une la zona de La Guía con La Camocha mediante una senda verde a lo largo del curso fluvial, pero aún faltaba mucho para verlo completado.
Los trabajos
Y es que los responsables de esta obra tuvieron que hacer frente a importantes contratiempos. Además de las expropiaciones de terrenos necesarias, los costes administrativos y la mejora de los proyectos iniciales, hubo que acometer una importante obra de ingeniería para conseguir este humedal que está llamado a ser uno de los principales refugios ornitológicos de la región. Tras realizar los caminos de acceso, obras de drenaje, acondicionamiento del cauce del río Piles y construir El Caballón, los técnicos tuvieron que centrarse en trabajos de estabilización de la zona utilizando técnicas de bioingeniería, al tiempo que hubo que consolidar la cubierta vegetal y construir un frezadero artificial, es decir, un lugar apto para que los peces puedan poner sus huevos. Y es que el objetivo final es reproducir las condiciones naturales de un humedal cantábrico, cada vez más escasos en la región por los desarrollos urbanísticos de las últimas décadas.
Casi 13 millones de euros
Pero si el presupuesto de esta última actuación ascendió casi a 300.000 euros, el total de la actuación del parque fluvial del río Piles estará a punto de llegar a los 13 millones de euros, lo que supone 5,8 millones más de lo previsto en 2005, cuando se adjudicaron las primeras actuaciones. Ese sobrecoste, según las explicaciones dadas en su día, se debieron a las expropiaciones que hubo que pagar para hacerse con todo el terreno necesario, a los costes administrativos, a la redacción de los diferentes proyectos y a una serie de mejorar que se introdujeron con respecto al planeamiento inicial.
A partir de ahora, el Ayuntamiento de Gijón podrá hacerse cargo del mantenimiento del conjunto del parque fluvial. Pero eso no quiere decir que las autoridades municipales no hayan trabajado al lado de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, ya que el Jardín Botánico Atlántico participó en la selección de las especies arbóreas que conformarán este nuevo humedal y que serán de tipo forestal, ribereño y acuático. En las zonas no inundables habrá, entre otros árboles, fresnos, alisos, avellanos, robles, laureles y abedules.

UPyD Gijon critica el cierre de la Santina


El Ayuntamiento de Gijón tiene  el deber moral y político de apoyar con todas sus fuerzas el programa que Caritas desarrolla en la Santina para la rehabilitación de  alcohólicos.  Se lo debe a  esta institución de la Iglesia católica y a los enfermos.
  Es incomprensible que que haya dinero para propaganda  y viajes de hermanamiento con ciudades rusas, para football o seminarios de educación sexual en Cuba,  y se tenga que cerrar una obra benemérita levantada con el esfuerzo generoso y altruista de una organización como Caritas a la que tanto debe la sociedad  gijonesa y asturiana en su lucho contra la exclusión social y la pobreza... El Ayuntamiento de Gijón ha dado 1.100.000 euros a ONGs en el 2010 para cooperación internacional  ; así  por ejemplo : 40.000 euros a Paz y Solidaridad CCOO; 65000 euros a C. Solidaridad causa árabe y otro tanto  a Hispa-cubana Paz y amistad..Por poner solo tres ejemplos que nos hacen dudar del buen uso   que del dinero público de los gijoneses. se hace desde el consistorio gijonés.
 El partido socialista, que gobierna en Gijón y Asturias, y que desde luego no es ajeno a la crisis y pobreza que padecemos, debe mover ficha  y  sin escudarse  en pretextos de índole administrativa y burocrática dar solución a una demanda mas que  razonable. No por caridad sino por justicia...

El Puerto se suma a Pymar y defiende un uso residencial para la zona de Naval Gijón

La Autoridad Portuaria de Gijón aspira a que la parcela de dominio público que concedió para su actividad a Naval Gijón, terrenos que suman una superficie de 38.000 metros cuadrados, tenga unos usos urbanísticos similares en «características e intensidad» a los espacios de su entorno, aseguraron ayer fuentes del Puerto.

Esa previsión alinea al consejo de administración que preside Fernando Menéndez Rexach, y del que forma parte la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, como representante del Ayuntamiento en El Musel, con la posición defendida por Pymar (la sociedad de pequeños y medianos astilleros en reconversión), el organismo controlado por el Ministerio de Industria que exige una edificabilidad residencial para el suelo que ocupó el clausurado astillero de Naval Gijón. Esta parcela de 20.573 metros cuadrados, situada en una cotizada zona de la franja costera gijonesa, entre el Acuario y la urbanización de Poniente, fue tasada en su día a petición de Pymar en 37,9 millones.

El consejo de administración del Puerto aprobó el pasado 27 de mayo, según trascendió ayer, la tramitación para la desafectación de los terrenos de dominio público concedidos a Naval Gijón para la actividad del astillero. El artículo 48 de la ley de Puertos, pactada por el PSOE y el PP, obliga a Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Fomento, a declarar «innecesaria» la concesión del suelo para la actividad ya desaparecida (en el caso de Naval Gijón, la construcción de barcos) para proceder a la desafectación.

Que la Alcaldesa forme parte del consejo de administración del Puerto no quiere decir que comparta el planteamiento para destinar a uso residencial esa parcela portuaria de 38.000 metros cuadrados. Es más, según pudo saber este diario ayer, ese debate no se ha abierto aún entre los consejeros de El Musel. Felgueroso ha rechazado hasta ahora las peticiones y presiones para cambiar el uso urbanístico de una de las zonas más cotizadas de la ciudad por constructores y promotores. La Corriente Sindical de Izquierda (CSI) relacionó siempre el cierre de Naval Gijón con una operación a medio plazo para construir pisos en el suelo del astillero.

Este diario publicó el pasado jueves que Pymar, sociedad propietaria de parte de los terrenos de Naval Gijón, ha presentado una alegación al nuevo documento del Plan General de Ordenación (PGO) en la que pide al Ayuntamiento la recalificación de ese suelo para construir pisos. El Gobierno de Felgueroso ha tenido que rehacer la redacción del PGO por decisión judicial, pero no es la primera vez que Pymar negocia y busca una modificación urbanística que le supondría importantes ingresos. Así lo hizo, por ejemplo, en abril de 2004, cuando presentó otra alegación para intentar modificar el planeamiento urbanístico.

Tanto Pymar como la Autoridad Portuaria de Gijón, dos organismos en los que los Ministerios de Industria y Fomento tienen, respectivamente, un peso fundamental, necesitan hacer caja. La recalificación de los terrenos en los que desarrollaba su actividad Naval Gijón les reportaría una sustanciosa cantidad de dinero.

Pymar adquirió terrenos en Naval Gijón tras condonar a la empresa del astillero entre 30 y 33 millones de euros. La Autoridad Portuaria de Gijón tiene, por su parte, una deuda reconocida de 465 millones por los compromisos financieros adquiridos para la ampliación de El Musel, una obra de que debe finalizar el próximo 11 de diciembre. La recalificación y desarrollo residencial del viejo suelo industrial de Poniente vendría bien tanto a las arcas de Pymar como a las del Puerto.

Santiago Martínez Argüelles, concejal de Hacienda de Felgueroso y candidato socialista a la Alcaldía en las elecciones del próximo mayo, ha declarado que no cabe la actividad residencial en los terrenos de Naval Gijón, según publicó ayer este diario. Los socialistas han prometido que la zona se convertirá en un nuevo parque empresarial.

Transparencia sobre el reflotamiento de Juliana

El dinero público será necesario para que la actividad naval perviva en Gijón, tras las erráticas privatizaciones

El astillero gijonés Juliana, el último de la bahía Oeste del concejo, permanece cerrado desde que un juez dictara su liquidación a causa de la importante deuda acumulada por la factoría, 105 millones de euros, parte de ella con empresas asturianas. La titular del astillero del Natahoyo es a su vez la empresa Vulcano, de Vigo, también sumida en un proceso concursal.

La posibilidad de que Juliana perviva como factoría naval depende en este momento de que Astilleros Armón, de Navia, presente una oferta para comprar el clausurado astillero gijonés. Dicha oferta contará previsiblemente con ayudas públicas, pero justo en un momento en el que la crisis y el déficit de las administraciones muestran su peor rostro. Cualquier gijonés deseará que se prolongue la actividad naval en la ciudad, pero es imprescindible un cálculo creíble de posibilidades y no una actuación para encubrir el enorme error que supuso la privatización de Juliana a favor de Vulcano en diciembre de 2006.

La situación del astillero gijonés es ahora mismo la de una instalación cerrada y con sus terrenos hipotecados a favor de Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión), una entidad gubernamental controlada por el Ministerio de Industria -con derecho de veto- y en la que participan todos los astilleros privados españoles, así como las comunidades autónomas en las que estos se hallan. Pymar afronta en estos momentos el hundimiento de Juliana, de Vulcano y de los astilleros de Huelva y Sevilla. Los dos andaluces fueron privatizados al mismo tiempo que el gijonés, lo cual prueba lo poco afortunado de la medida que en su día tomó la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

Por su parte, Pymar avala las operaciones financieras de los astilleros y por ello los terrenos de Juliana están hipotecados a su favor, por valor de 20,7 millones de euros (la deuda de la factoría gijonesa con Pymar es de unos 15 millones, pero se suma a esa cifra los previsibles intereses y gastos).

No es ocioso recordar que Pymar es el propietario de los terrenos de Naval Gijón, el penúltimo astillero que cerró en esta ciudad. En estos días, Pymar ha solicitado al Ayuntamiento que esos terrenos sean recalificados como residenciales en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) que el Ayuntamiento tramita en el presente. Es evidente que Pymar quiere recuperar las pérdidas que le produjo Naval Gijón, y los terrenos cuya recalificación reclama los tiene tasados en unos 38 millones de euros. Al mismo tiempo que muestra sus intereses inmobiliarios, Pymar es ahora pieza clave en el futuro de Juliana, al ser uno de sus principales acreedores.

No hay que olvidar que la base de Pymar es principalmente el dinero público, a través de Industria y de las comunidades autónomas. En consecuencia, se ha de examinar cuáles son las intenciones de esta entidad con respecto a Juliana: si va a renunciar a la deuda que le generó el astillero gijonés bajo la gestión de Vulcano o si confía en un trueque implícito a partir de los terrenos de Naval Gijón.

Por otra parte, la entrada en Juliana de Armón, una empresa con eficiente gestión en sus factorías de Navia y Galicia, requerirá previsiblemente de ayudas públicas del Principado, bien a través de Pymar o directamente. Pero tanto el intento de enterrar el error de la privatización de Juliana como las prisas electorales ante los comicios de mayo de 2011 son malos compañeros de viaje. Es mucho el dinero público que está en juego y la transparencia de las administraciones ha de ser total acerca del reflotamiento del último astillero gijonés.

 

Los vecinos de Xivares dicen que sigue faltando el estudio ambiental

06.11.10 - 02:18 -

El tópico de la eficacia

IGNACIO ZUBIRI

EL PAÍS  -  Sociedad - 06-11-2010 Guiarse por criterios simplistas y lugares comunes no es la mejor vía para tomar decisiones correctas. Uno de esos tópicos es que el sector privado es más eficiente que el público porque puede proveer servicios de la misma (o más) calidad a menor coste. En realidad, cuando se privatiza la producción de una prestación pública hay que pagar, además del coste del servicio, el beneficio del productor. Esto encarecerá la prestación, a no ser que la empresa privada tome medidas reductoras del coste como pagar menos a quienes prestan el servicio, proveerlo con personal menos cualificado, limitarse a aceptar usuarios que no sean caros o producir solo prestaciones baratas. Estos comportamientos se han dado en, por ejemplo, la producción privada de sanidad o educación. Muchas veces la elección entre producción pública y privada es una elección entre provisión más barata y de menor calidad o más cara y de más calidad.
Habrá quien argumente que la competencia impedirá prestaciones más bajas y forzará reducciones de costes. Esto es tan poco probable que quien lo afirme deberá aportar alguna evidencia más allá de su fe en ello. En todo caso, en los servicios sociales muchas veces las empresas se limitarán a competir por concesiones públicas que pueden acabar siendo otorgadas con criterios diferentes del de la eficiencia. Por otro lado, la competencia por usuarios puede ser reducida (por el exceso de demanda y los costes de entrada para nuevas empresas proveedoras) y limitarse al precio. Máxime cuando, por su estado físico o la indiferencia familiar, muchos usuarios no podrán quejarse de la calidad. Además, según cómo se realice, la privatización puede acabar creando niveles de atención diferentes para pobres (financiado con dinero público) y ricos (subvencionado con dinero público y completado con dinero privado). Lo óptimo sería, entonces, no privatizar los servicios sociales. Pero, como el sector público carece de los medios para garantizar una aplicación efectiva de la Ley de Dependencia en los plazos establecidos, es inevitable que el privado tenga un papel complementario. Esta colaboración debe someterse a controles de calidad, limitaciones de precios, y evitar los esquemas de colaboración pública/privada porque solo sirven para ocultar el endeudamiento al precio de encarecer los costes de financiación y debilitar el control sobre las prestaciones. En suma, la privatización es una vía rápida, sencilla y barata de provisión. Pero quien busque la calidad en las prestaciones debe ir más allá, incluso si esto es más caro. El sector privado puede tener un papel complementario, pero nunca ser la vía esencial de prestación.

Privatizar lo social? ¿Más?

Las empresas ya intervienen en la dependencia, salud y educación - Ir más allá, como plantea el PP, acarrea riesgos para la equidad y la calidad


CARMEN MORÁN



EL PAÍS  -  Sociedad - 06-11-2010 Los pilares sociales en España son universales y gratuitos, la educación, la sanidad, los servicios sociales (dependencia incluida), pero es que, además, todos ellos tienen ya gestión privada bajo tutela pública. Si eso les confiere más o menos eficacia administrativa o económica está en cuestión. Pero la gestión privada es bien antigua, mediante conciertos educativos, sanitarios y, desde luego sociales. Alrededor de un 75% de los servicios sociales está ya privatizado. Los ayuntamientos contratan su servicio de ayuda a domicilio con empresas privadas y los conciertos en residencias geriátricas son mayoría. ¿A qué se refiere entonces Mariano Rajoy cuando habla de privatizar para lograr mayor eficacia en la gestión? ¿A avanzar en lo privado hasta convertir la red pública en subsidiaria de la anterior? ¿O hay otras vías de privatización?
Haylas. Entre las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia hay una que se denomina Prestación Económica Vinculada al Servicio, que dicho así suena raro, pero si lo traducimos en cheque servicio ya va recordando al cheque escolar y la cosa toma un color que a la izquierda no le hace gracia. El cheque escolar supone dar un dinero a las familias para que ellas mismas decidan luego dónde escolarizan a sus hijos. En dependencia es lo mismo, se da una ayuda económica y el usuario busca y decide el servicio que necesita. Con esta idea han coqueteado, o algo más, las comunidades de Madrid y la Valenciana. "Ese cheque servicio, de generalizarse, rompería la vía de acceso pública a los centros y servicios porque permite a los establecimientos privados seleccionar a su clientela. ¿Quién querría a los dependientes más complicados, a los enfermos mentales graves, a los ancianos con alta discapacidad? Además, los centros privados podrían añadir un plus a la factura para la cual no sería suficiente el cheque. Y todo ello derivaría en un sistema dual donde los centros públicos atenderían a los más graves y menos pudientes y los privados a la clientela más cómoda y adinerada", asegura el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. "Por otro lado, ese sistema impide el control y seguimiento del servicio que se presta", añade Ramírez. La Ley de Dependencia está concebida -a pesar de las presiones que hubo en su gestación por parte de aseguradoras, constructoras, cajas de ahorros- como un sistema público, donde la Administración se encarga de valorar al discapacitado y determinar sus necesidades, así como el servicio que ha de prestársele, algo que algunas comunidades, como la Valenciana, ya tenían en manos privadas antes de aprobarse la ley. La valoración de los dependientes la efectuaba Accenture. Hubo que redactar una enmienda transitoria que otorgaba un plazo de seis meses para que esa función volviera a lo público. También en Murcia se contrataron esos servicios con el Colegio de Fisioterapeutas. "Y la ineficacia en la gestión de esas dos comunidades ha quedado demostrada a la vista del retraso que ambas acumulan en la aplicación de la ley. En este caso la gestión privada no garantiza agilidad ninguna", dice Ramírez. Murcia ha cambiado la situación y sus estadísticas comienzan a mejorar. Otras comunidades, como Castilla y León o La Rioja, que optaron desde el inicio por la Administración pública, han ido haciendo los deberes con más éxito. Provisión y producción son dos palabras clave cuando se habla de privatización. Si la Administración provee el servicio -lo paga- y además lo gestiona -produce-, estamos ante un sistema totalmente público. Puede darse el caso de que la titularidad la ostente la Administración, pero deje la gestión en manos privadas, mediante conciertos o bien subcontratando ciertos servicios. O que la iniciativa privada construya el geriátrico y luego alquile sus plazas a la Administración para que el ciudadano las ocupe como si se tratara de un centro completamente público. Ambos casos existen, pero este último sistema es el que defienden los empresarios. En realidad la Administración paga el servicio y, a largo plazo, quizá también lo que costó construir el edificio, pero es un sistema eficaz cuando urge tener una residencia y no se dispone de liquidez. En la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) se lucha por que la Administración concierte cerca de 40.000 plazas privadas que ellos han construido y que dicen tener vacías. Pero quizá no todas se pueden concertar, ni por sus condiciones ni por su ubicación. "La ayuda a domicilio es de pago público y gestión privada. La Administración no sabe gestionar, nosotros sí. Podemos atender a un dependiente por 70 euros al día, como media, aunque en la actualidad está en algo más de 50, pero cuando el sistema es público por completo esos costes se triplican", asegura Alberto Echevarría, presidente de la FED. Y aquí arranca el espinoso asunto que siempre enfrenta a sindicatos y empresarios: la calidad de servicio. "Siempre se parte de la premisa falsa de que lo público es menos eficaz", dice la responsable de Servicios Sociales de CC OO, Rosana Costa. "Pero no dicen que la reducción de costes es siempre a costa de la presión laboral a los trabajadores y que el ciudadano pierde garantías". En ello abunda su homóloga en UGT, Almudena Fontecha: "Hablan de agilidad y eficacia, pero ¿qué hay de la calidad? Y eso significa personal suficiente y con la cualificación necesaria. ¿O estaríamos dispuestos a que en un hospital en lugar de enfermeras hubiera otras figuras sin la titulación precisa?". "Además, el objetivo es la atención al ciudadano, no el lucro", remata Fontecha. "La calidad se mide por los trabajadores que están atendiendo al usuario en un momento dado, no por la plantilla total del centro, porque en los públicos puede haber muchos trabajadores, pero para establecer los turnos, no para dedicarse todos ellos al usuario en el mismo momento", contesta Alberto Echevarría. Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, vuelve también la vista a las empresas con o sin afán de lucro. "El impacto en el Estado del bienestar varía mucho si se trata de unas o de otras. En sanidad, por ejemplo, existe mucha evidencia publicada en revistas científicas de que las empresas sanitarias privadas con afán de lucro anteponen su objetivo de optimizar los beneficios empresariales a los de mantener la calidad del servicio. Se caracterizan por pagos muy elevados a sus equipos de dirección y gestión a costa de la reducción de personal sanitario. Estudios sobre hospitales, casas de convalecencia, empresas de diálisis renal, todos privados con afán de lucro, arrojan peor calidad que los públicos y los privados sin afán de lucro", dice. Navarro, gran conocedor del sistema norteamericano, afirma que "el dominio de estas empresas en el sector sanitario de Estados Unidos es la causa de que el gasto en aquel país sea enorme y la satisfacción del usuario muy baja". No existen estudios semejantes en España. Opina que lo mismo puede decirse para los geriátricos o la ayuda domiciliaria, "que son de mayor calidad cuando se trata de un sistema público, como ocurre en Suecia, por ejemplo. En España la calidad es muy desigual y puede decirse, eso sí, que están poco financiados". Más que la calidad o la eficacia, lo que la sindicalista Almudena Fontecha ha oído "insistentemente" en las reuniones con la patronal es la petición de seguros privados para cubrir la dependencia llegada una edad o sobrevenida una discapacidad. "Los seguros están previstos en la ley, pero para nosotros desde luego no son una prioridad", dice Fontecha. Efectivamente, en la ley se habla de regular la cobertura privada de las situaciones de dependencia y se dice que "se promoverá la regulación del tratamiento fiscal de los instrumentos privados de cobertura de la dependencia", es decir, que aquel que tenga un seguro de este tipo obtenga deducciones fiscales. En un país como España, acostumbrados, también las clases medias, a recibir sus servicios sociales (educación, sanidad) de forma universal y gratuita, es difícil plantear que van a perder esa gratuidad, al estilo Cameron en Reino Unido, sin recibir a cambio una deducción fiscal. Pero esta idea tiene sus defensores, con más o menos matices. "Tenemos un sistema de protección social que no nos merecemos a la vista de la escasa disposición a pagar para financiarlo, ya sea con impuestos o con tasas. Todos queremos todo pero ni pagar más impuestos (que los paguen los otros), ni copagar (donde no llega el servicio público lo exigimos al completo)", dice Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía de la Pompeu Fabra. "Privatizar los servicios públicos no es criticable, pero hay que ver cómo y por qué se hace". "Hacer batalla política de un tema como este es un error cuando es sabido que no se puede tener a la ciudadanía instalada en la cultura del todo gratis, y de que a quien gane las próximas elecciones le va a tocar enderezar la esquizofrenia entre más servicios y menos impuestos". Para López Casasnovas, aquellos riesgos poco predecibles, como un cáncer o una discapacidad grave, "deben estar cubiertos para todos mediante impuestos", prácticamente sin coste para el usuario. Para otros problemas no tan graves y más comunes "de coste no asumible dados los recursos públicos existentes, como por ejemplo, una prestación sanitaria que supere los 30.000 euros por año de vida ganado, convendría orientarlo hacia el aseguramiento complementario, es decir, primas comunitarias para quienes se esfuercen en el ahorro complementario que ello requiere, y solo muy selectivamente, sería gratuito". Y en un tercer escalón sitúa otros servicios de conveniencia (un fármaco de marca cuando exista genérico). Para ello recomienda el "copago variable" dependiendo de la gravedad de la discapacidad. Pero los seguros privados no convencen a José Sánchez Maldonado, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga: "A ver qué compañía privada asegura a alguien con según qué enfermedad", desconfía. "Si se trata de forma desigual a los individuos en función de su capacidad de pago, el sistema dejará de ser universal", dice. Y zanja: "La provisión ha de estar en manos públicas, la gestión puede ser privada, y aún así habrá riesgos de selección de clientela". Casi todos coinciden en que la valoración del dependiente, la prescripción del servicio y la inspección del sistema ha de estar bajo tutela pública. Quizá Rajoy discrepe. No da detalles.


EMTUSA tendrá en 2011 un presupuesto a la baja, e incorporará nuevos buses

Las empresas municipales siguen ajustando sus cuentas para el próximo ejercicio. Primero fue Emulsa y ayer hizo lo propio EMTUSA. El consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón aprobó ayer un presupuesto de 22,6 millones de euros, lo que supone perder dos millones respecto a este año, cuando las cuentas ascendieron a 24,5 millones. El consejo de administración justifica el descenso en los «ajustes realizados en los gastos de explotación», pero afirma al mismo tiempo que se «mantendrá el nivel de servicios de la empresa».
En una nota hecha pública tras el consejo de administración se detallan algunas de las partidas de los presupuestos de 2011. A saber: 2,4 millones de euros para combustibles, 550.000 euros para repuestos y 641.600 para primas de seguros, que incluyen los seguros de la flota, así como de las instalaciones y otros servicios.
Respecto a las inversiones, los responsables de EMTUSA destacan que el próximo año se dará un paso más en la renovación de la flota y se incorporarán tres nuevos autobuses articulados por un importe de algo más de un millón de euros, «una apuesta para ofrecer a los usuarios los medios más modernos en términos de seguridad y confort, incidiendo además en la eficiencia energética con motores de última generación».
Por otro lado, el consejo de administración adjudicó la contratación del seguro para la flota de autobuses de la empresa, que incluye el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria y voluntaria, así como un seguro de viajeros y otro de protección jurídica entre otras coberturas.

Memento Mori

06.11.10 - 02:18 -

¿Vale la pena estudiar? (IV): Conseguir el capital humano necesario para un nuevo de modelo productivo

de Florentino Felgueroso, Luis Garicano y Sergi Jiménez
En los anteriores capítulos de nuestra serie sobre el panorama de la educación secundaria y terciaria en España, hemos mostrado que (1) España tiene unos niveles de fracaso escolar extraordinariamente altos, mayores que en el resto de Europa; además muchos de estos jóvenes ni estudian ni trabajan; (2) España tiene niveles muy elevados, los mayores de Europa, de subocupación de licenciados; (3) que a pesar de todo la educación parece ser  beneficiosa, y que los beneficios de los que estudian se manifiestan de tres maneras: menos temporalidad, menor tasa de desempleo y mayor salario; y que (4) el sistema de subsidios favorece de forma muy importante a los terciarios frente a los secundarios, incentivando a los jóvenes a que o bien continúen hasta la universidad o se queden sólo con la secundaria obligatoria 
Hoy abordamos la relación entre los estudios y el modelo productivo. ¿En qué sectores y ocupaciones se sitúan nuestros déficit? ¿Observamos carencias en la adopción de las tecnologías de la información?¿En caso afirmativo, están estas carencias relacionadas con las del nivel educativo de nuestra población?¿Qué nivel educativo se debería adquirir y qué de campos de estudios serán necesarios para el cambio de modelo productivo? Estas son las  preguntas que nos hacemos en esta entrada.
Siguiendo un enfoque bastante aceptado en la teoría del desarrollo económico y de la economía internacional, el cambio de modelo productivo puede ser considerado como “ascender en la cadena de valor y empezar a producir bienes más sofisticados”. En una primera fase de desarrollo, un país con trabajadores de bajo nivel educativo, solo podría dedicarse a producir bienes de bajo contenido tecnológico. En una segunda fase, se puede mejorar la productividad adoptando las nuevas tecnologías ya probadas en otros países. Si estas tecnologías son complementarias de la educación y formación, para llegar a esta fase es condición necesaria mejorar el stock de capital humano de la población, mediante la educación reglada para los nuevos entrantes y no reglada para los que han completado su etapa formativa. Finalmente, una fase aún superior consistiría en elevar la capacidad de innovación para lo que se requeriría de una población de educación terciaria, bien preparada en especial en ciencia y tecnología. En esta entrada mostraremos que nos hemos quedado estancados, desde el punto de vista de la formación, entre las fases 1 y 2.
(1) La mayor brecha en empleo por sectores de España con los países más avanzados de la UE se sitúa en los servicios que utilizan de forma intensiva los conocimientos
En el Cuadro 1, se muestran las diferencias que existían al inicio de la presente crisis entre los países de la UE15 y España en las contribuciones a las tasas de empleo de los sectores según su contenido tecnológico. Las mayores diferencias a nuestro favor (signos negativos) se encontraban en los sectores de la construcción y los servicios no intensivos en conocimientos. Históricamente en España y en comparación con otros países de la UE, el sector de la construcción ha contribuido entre 4 y 5 pp a la tasa de empleo. Una normalización del mismo supondría perder una vez pasada la crisis entre 3 y 4 puntos. En cuanto a los “otros servicios” (aquellos menos intensivos en conocimiento), principalmente la hostelería, las diferencias con los demás países se encuentran también en los 3-4 puntos. Las mayores diferencias en contra no se encuentran en las industrias de alto contenido tecnológico, ni en los servicios de alta tecnología intensivos en conocimientos (I+D, informática y comunicaciones). Nuestro mayor déficit se encuentra en los demás servicios que utilizan estos conocimientos de forma intensiva. Las diferencias en estos sectores con los países escandinavos, el Reino Unido u Holanda, por ejemplo, se situaban al inicio de la crisis entre 10 y 15 puntos  de la tasa de empleo o, en términos absolutos, entre 3 y 4,5 millones de empleos.  ¿Cuáles son estos servicios “intensivos en conocimiento”? ¿Dicho de otra forma, en qué sectores nos faltan empleos? Esta clasificación incluye servicios de mercado intensivos en conocimiento (transporte marítimo, aéreo y espacial, actividades inmobiliarias, alquiler maquinaria y equipo), servicios financieros (intermediación financiera, seguros, planes de pensiones), pero sobre todo, sanidad y educación.
(2) Para converger con países como los escandinavos, Holanda, Alemania o el Reino Unido, deberíamos crear entre 3 y 5 millones de empleos de técnicos y profesionales.
En correspondencia con el claro déficit en los servicios intensivos en conocimientos, nuestro déficit ocupacional se sitúa en los puestos de trabajo para profesionales y técnicos, aquellos que mayor empleo encuentran en estos sectores. Sobrarían trabajadores manuales, pero la convergencia en tasas de empleo con un modelo productivo similar a estos países pasaría por aumentar entre un 50 y un 80% el número de puestos de trabajo de técnicos y profesionales, ocupaciones que requieren al menos de un nivel educativo equivalente a la secundaria post-obligatoria.
(3) En los países más avanzados los trabajadores manuales también utilizan en mayor medida las TICs
Sin embargo, no sería correcto quedarse con la idea de que deberíamos cambiar simplemente el balance entre trabajadores manuales y no manuales. El déficit no sólo está en ocupaciones que utilizan más las TICs, sino que además también las utilizamos menos tanto en ocupaciones manuales como no manuales. Por ejemplo, en Finlandia, Suecia, Alemania y Austria, cerca de la mitad de los trabajadores manuales utilizan de alguna forma la informática en su puesto de trabajo.
Las estadísticas sobre sociedad de la información de Eurostat muestran que nuestro problema ya no se sitúa simplemente en la adquisición sino también en el uso de las TICs. Así por ejemplo, estamos compitiendo con Finlandia por ser el país de la UE con el mayor porcentaje de empresas (de más de 10 trabajadores) que disponen de banda ancha, pero seguimos ocupando los últimos lugares de uso de las nuevas tecnologías para usos productivos y comerciales. Es decir tenemos “buenas” infraestructuras físicas, pero no las utilizamos, probablemente por la falta de capital humano.
Estas estadísticas no sólo muestran que aquellos países que hacen un mayor uso de las TICs  alcanzan una mayor tasa de empleo, sino también que tienen mayores niveles de productividad del trabajo, consiguiendo así un empleo más “resistente” ante shocks como los experimentados durante esta crisis. 
(4) La formación en la empresa no subsana la falta de cualificación en TIC
Que exista una correlación entre tasa de empleo y porcentaje de trabajadores que utilizan ordenadores en los centros de trabajo, no indica necesariamente una única relación de causalidad de la segunda hacia la primera. El centro de trabajo es también uno de los lugares en los que se adquieren los conocimientos para el uso de las TICs, en especial, para aquellos que hayan salido de la escuela antes de la llegada de estas nuevas tecnologías. Sin embargo, también fallamos en este aspecto en comparación con otros países como los escandinavos o Alemania. Si queremos realizar el cambio de modelo productivo, el papel de nuestra formación no reglada debería en cualquier caso ser aún más preponderante que en estos países, al ser mayor el coste de formarse para una población con un nivel educativo tan bajo, no sólo en edades más avanzadas, sino también entre los más jóvenes con tasas de abandono escolar tan altas. En consecuencia la política de formación continua también debería mejorarse sustancialmente.
(6) ¿Y la fase 3?
¿Cómo nos estamos preparando para abordar la fase 3, es decir, aquella que nos permita producir bienes y servicios cada vez más sofisticados en base a innovación propia? Como en previas entradas de esta serie, encontramos aquí la forma de reloj de arena característico del sistema productivo español: no tenemos profesionales de grado medio, nos faltan, profesionales y técnicos, pero si, tenemos educación superior. Como se muestra en el Gráfico 4, el porcentaje de graduados en educación superior en ciencias y tecnologías de las últimas hornadas se sitúa en una posición intermedia, por encima de los EEUU y muy por debajo de Portugal, por ejemplo. Esto es muy prometedor, con una salvedad: ¿podemos innovar sin cuadros intermedios, empezando por arriba? O sin el centro de la pirámide, no se sostendrá el nivel superior?
En cualquier caso, creemos que lo más acuciante está en dar un paso definitivo para salir de la fase 1 y entrar de lleno en la fase 2. Con esta entrada, volvemos a insistir en la necesidad de que se aborde el tema del abandono y fracaso escolar en edades tempranas como un tema de emergencia nacional. El cambio de modelo productivo debería pasar por converger en técnicos y profesionales con la mayoría de los países del norte. El camino será largo dado que tamaño de las nuevas cohortes de entrantes seguirá siendo relativamente pequeño durante las próximas décadas, razón adicional para enfrentarse con urgencia a este problema. Pero para que las nuevas tecnologías se adopten de una forma generalizada, igual de importantes son los recursos y los incentivos destinados a la adquisición de formación no reglada. Este tema se ha dejado, de momento, al margen de la reforma laboral, y mucho nos tememos que no se aborde seriamente. Una reforma a fondo de la formación continua abriría otro frente más con los agentes económicos y sociales.
Quedan aún temas pendientes que dejaremos para las próximas entradas. Entre otros, ¿cómo encajar este sencillo esquema de desarrollo económico con la evidencia empírica acerca de la polarización de la demanda entre ocupaciones de baja y alta cualificación?, ¿Dada nuestra situación actual, qué es mejor una estructura educativa de tres niveles equilibrados o desequilibrada hacia el nivel superior? o ¿cómo explicar por qué los premios a la educación en España han seguido una evolución distinta a la registrada en los demás países?