La Carta Europea de Ordenación del Territorio indica como objetivos fundamentales de ésta el desarrollo socio-económico equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la utilización racional del territorio (E 4081). Sin embargo la evolución de los usos del suelo en España en las últimas décadas, principalmente a causa de los avances de una urbanización masiva de consecuencias medioambientales y paisajísticas muy negativas, resulta preocupante, además de ser en muchos casos una fuente de corrupción.
La corrupción asociada al urbanismo surge de la confluencia de tres factores:
A - La discrecionalidad cuasi ilimitada de los entes municipales para planear su desarrollo urbanístico, unido a un deficiente funcionamiento de los mecanismos de control.
B - La dependencia financiera de los Ayuntamientos de los ingresos proporcionados por
la actividad urbanística para financiar infraestructuras, equipamientos y servicios, en
una especie de financiación piramidal donde los nuevos desarrollos financiaban déficits
generados en muchos casos por equipamientos injustificados, carentes de una
planificación urbanística ordenada.
C - El extraordinario auge de la construcción de viviendas en el último decenio, con un
mercado inmobiliario que ha multiplicado su volumen por seis entre 1997 y 2006,
convirtiendo a España en el país europeo con mayor tasa de viviendas por habitante,
muchas de las cuales permanecen vacías ya que han sido adquiridas como activos
financieros.
Paradójicamente este espectacular aumento del número de viviendas ha sido
paralelo a una dificultad creciente de acceso a la vivienda para la mayoría de la
sociedad, incapaz de afrontar el desaforado aumento del precio de los inmuebles. Es
necesario un replanteamiento total de las políticas actuales sobre vivienda, altamente
ineficaces. Es cierto que la crisis económica impone un cambio de ciclo en el sector y
hoy todos los indicadores muestran un fuerte frenazo, pero más allá del impacto de la
crisis a corto plazo, es necesario atacar las carencias estructurales del sector mediante
importantes reformas.
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