P. G.-PUMARINO / I. VILLAR | CANDÁS/GIJÓN.
La asociación de vecinos El Tranqueru, de Xivares, criticó ayer las declaraciones realizadas tras la publicación del fallo del Supremo por parte de la Autoridad Portuaria de Gijón y del consejero de Infraestructuras, Francisco González Buendía, en referencia a que ya existe un estudio de impacto ambiental sobre la actuación en Aboño. Según este colectivo, «o bien estas fuentes están mal informadas o, lo que sería peor, son tendenciosas y pretenden intoxicar y confundir a la población», ya que, aseguran, «ese estudio, que claro que existe, no es al que se refiere la sentencia».
El vicepresidente y portavoz de los vecinos, Javier Rubio, explicó que en su argumentación el Alto Tribunal alude a la necesidad de una declaración ambiental «sobre el procedimiento de ampliación del Plan de Usos», mientras que el que existe corresponde específicamente a la actuación «para desmontar Aboño». El Tranqueru considera que la orden del Supremo de suspender cautelarmente esta actuación en terrenos de Carreño «es la ocasión oportuna para que la Autoridad Portuaria y el Ministerio de Fomento reconozcan su error y den marcha atrás definitiva al proyecto». Estiman que «así evitarán el bochorno que les supondrá el futuro dictamen, que entendemos que no puede tener otro sentido distinto del que ofrece esta suspensión cautelar». Reclaman además «que se repongan a su estado original los edificios, lavaderos y otros elementos que fueron ilegalmente demolidos con la prepotencia que ha caracterizado las actuaciones de la Autoridad Portuaria en este asunto».
También mostró su «satisfacción» la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, que considera que la decisión judicial «viene a demostrar que las obras de ampliación de El Musel acumulan numerosas irregularidades en su tramitación y que gracias a la persistencia de los vecinos de Carreño se ha conseguido para una tropelía ambiental más en el concejo, que ya acumula muchas». La organización ecologista cree que el desmonte tendría «un significativo impacto» en el paisaje y sobre la población vecina.
En la misma línea se manifestó Unidá Nacionalista Asturiana de Carreño, que entiende que la decisión del Supremo «demuestra que el procedimiento empleado por la Autoridad Portuaria está mal hecho desde un principio y no respeta la legalidad vigente». Finalmente el candidato de UPyD a la Alcaldía de Gijón, Armando Fernández Bartolomé, que considera el fallo «un nuevo varapalo a la gestión de la Autoridad Portuaria que una vez más se cubre de gloria» y da su apoyo al Ayuntamiento de Carreño y a los vecinos «cuyas movilizaciones han servido para que se tome conciencia de la necesidad de mantener los valores medioambientales de la zona».
No hay comentarios:
Publicar un comentario