La prohibición de recurrir al crédito por parte de los ayuntamientos viene implícitamente acompañada del aplazamiento del modelo de financiación municipal
30.05.2010 - JUAN NEIRA
Un día alguien contará la historia de este mayo, pero hasta que se publique el relato dediquémonos a analizar algunas de las grandes sorpresas del mes. Entre las más destacadas está la medida del Gobierno de prohibir a los 8.111 ayuntamientos españoles el recurso de acudir al crédito para financiar inversiones hasta el año 2012. El Real Decreto Ley suponía, de entrada, dejar a medio construir cualquier infraestructura con financiación plurianual, así como la imposibilidad de acudir a los bancos para refinanciar deudas. En términos más generales o filosóficos, era un retorno a la sociedad rural, donde a falta de intermediarios financieros, todas las inversiones se hacían con el dinero guardado debajo del colchón. Se pueden tomar medidas drásticas sobre las finanzas municipales, pero no cabe ejecutarlas de un día para otro, porque los ayuntamientos quedan a medio vestir.
Bancos
El Gobierno es consciente que la deuda de los ayuntamientos aumenta de forma acelerada. En los últimos cinco años se incrementó en un 45%, y ya supera los 34.000 millones de euros, a los que hay que añadir otros 8.000 millones que deben a los bancos las empresas y sociedades municipales. En principio, el Gobierno vigila de cerca a los ayuntamientos que infringen los límites de la estabilidad presupuestaria, pero en la jungla municipal hay muchos consistorios que tiran de frente, recurren a los bancos, y todo el mundo sabe que la quiebra municipal no pasa de ser un supuesto teórico, porque al final responde el Reino de España. Ahora que se habla tanto del apalancamiento en el sector inmobiliario, nunca se oye hablar de alguna institución financiera que esté en apuros por haber dado mucho crédito a los ayuntamientos.
Lo más curioso del asunto es que la norma conoció la luz justo en el momento en que los ayuntamientos empiezan a ejecutar el segundo Plan E, dedicado a construir un sinfín de variopintos equipamientos a cargo de la chequera del Estado. Con una mano, el Gobierno de Zapatero daba 5.000 millones de euros a los consistorios para que construyan infraestructuras y con la otra firmaba un decreto que impide a partir del día siguiente acudir a los bancos para hacer más obras en dieciocho meses. Se puede optar por el blanco o por el negro, pero no de forma simultánea.
La prohibición de recurrir al crédito fue tomada de forma apresurada y sin meditación, porque en caso contrario se hubieran calculado los desperfectos. Las quejas inmediatas de los alcaldes y de los partidos de oposición llevaron a corregir el decreto, aplazando la fecha de la suspensión de los créditos hasta el inicio del año 2012. En estos tiempos de devaluación de activos, la credibilidad de Elena Salgado quedó equiparada a la de los bonos basura, porque justificó el cambio de postura por un simple error de escritura. Mera manipulación de tipex.
Improvisación
Como la medida, de carácter restrictivo, fue aprobada de forma desgajada del plan de austeridad de Zapatero, es muy probable que haya sido improvisada en medio de las presiones de gobiernos y organismos internacionales, ante la necesidad de proceder a un saneamiento mayor de las cuentas. Esta hipótesis forma parte de la historia de este mes de mayo que está por escribir.
La rectificación del Gobierno supuso un golpe muy fuerte en su credibilidad, pero también ha desdibujado los efectos que tendrá la prohibición de acudir al crédito durante el ejercicio de 2011. Ante un año electoral, los alcaldes van a cerrar operaciones por adelantado, recurriendo a sociedades públicas y desde las propias corporaciones, para llegar a las urnas con más realizaciones. Los bancos pondrán las pegas justas, porque ahora también son promotores de viviendas y hay mucha materia para negociar.
Al margen de la reflexión puramente municipal, no queda otro remedio que hacer un análisis en términos de coste de oportunidad sobre la opción de Zapatero de invertir 13.000 millones de euros en los ayuntamientos, en dos ejercicios, para disminuir temporalmente la lista del paro. Se ha logrado remozar aceras y construir fuentes a cambio de frenar la ejecución de autovías y líneas de alta velocidad. A eso se llama tener visión de Estado.
Aunque no se haya comunicado formalmente, está claro que no habrá un nuevo modelo de financiación municipal en el año 2011. No cabría mayor ceremonia de la confusión que cerrar el crédito y firmar un modelo de financiación municipal. Es el momento de que los alcaldes, colectivamente, revisen su estrategia. En España, los ayuntamientos no superan el 14% del gasto público de las administraciones. En Francia está en sus manos más del 20% del gasto global. En Inglaterra alcanza el 29% y en Italia llega al 31%. En los países europeos con estructura federal se sitúa en el 25%, mientras que los territorios federados detentan el 30%.
Terapia urgente
Si hay que señalar una razón que justifique la distinta distribución de recursos de las administraciones entre España y sus socios europeos, no cabe duda que es la existencia de las comunidades autónomas, que gastan un 6% más que los Länder alemanes. La intención de los alcaldes de obtener mejor financiación por la vía de aumentar su participación en los impuestos del Estado es inviable, porque el Estado (exceptuada la Seguridad Social) sólo tiene en sus manos el 20% del gasto. La terapia urgente pasa por reducir el tamaño de las redes municipales, pero a medio plazo sólo hay dos salidas: negociar con los gobiernos autonómicos o fusionar consistorios. En Grecia acaban de suprimir dos tercios de los ayuntamientos.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100530/politica/alcaldes-soga-cuello-20100530.html
domingo, 30 de mayo de 2010
Municipios: una penitencia indiscriminada
30.05.2010 - LEOPOLDO TOLIVAR ALASCATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
La semana que termina ha sido pródiga en noticias para el municipalismo español. El partido en el Gobierno ha decidido, a la vista de la situación de excepción en que nos encontramos, desistir de la tramitación del proyecto de Ley de reforma del Gobierno Local y de la tan esperada nueva regulación de la financiación de ayuntamientos y diputaciones. Confieso -y en estas mismas páginas lo he escrito- que no tenía ninguna fe en los efectos taumatúrgicos de una norma que viniera a sustituir a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, por lo que, con mayor motivo, viendo la que está cayendo, lo mejor es no hacer experimentos o, como decía el fundador de los jesuitas, en tiempos de tribulación, no hacer mudanza. Poco se iba a conseguir, además, con los cambios que se manejaban, en medio de una inestabilidad a la que, en el terreno local, tampoco es ajena la nonata sentencia del Estatuto catalán.
El problema -y esa sí es una mala noticia- es el postergar, una vez más, un nuevo modelo de financiación de las haciendas municipales, reiterando un incumplimiento del acuerdo de 2006 con la Federación Española de Municipios y Provincias. Pero se ve que en esta coyuntura ni los acuerdos salariales en la función pública ni el mismísimo Pacto de Toledo, para las pensiones, pueden respetarse.
El otro bloque temático que afecta a nuestros concejos es, evidentemente, el derivado de las medidas anti-endeudamiento con las que el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, nos ha sorprendido, incluida la forzada rectificación temporal presentada de forma tan desafortunada y, como ha señalado el alcalde de Zaragoza, tan dudosamente ajustada a derecho. Comienzo por reconocer que, tras la medida, con independencia de sus formas y reformas, hay un objetivo plausible, ya que la deuda municipal global y la de no pocos municipios es un lastre inasumible que debe ser enjugado y reconducido, incluso con medidas penalizadoras. Pero dicho lo anterior, es una obviedad que el recorte o la suspensión inversora la padecen los ciudadanos y que los ayuntamientos, sin capacidad para concertar créditos, difícilmente podrán hacer frente a unas prestaciones que la ley básica local reconoce como derechos de los vecinos. Los consistorios pagarán menos intereses en el futuro próximo, pero los ciudadanos, en esta etapa sombría, verán mermada la calidad de los servicios que se vean afectados por el recorte inversor.
Con todo y admitiendo la mayor, parece un tanto injusto ese trato indiscriminado a los ayuntamientos, con independencia de su grado de endeudamiento y la relación de éste con su población y sus recursos. A quien ha sabido recurrir al crédito de forma prudente y sostenible se le impone la misma prohibición que a quien ya no tiene dónde empufarse para pagar ocurrencias y extravagancias electoralistas. No hubiera sido tan difícil discernir equitativamente, máxime si, como hemos visto -con sorpresa desagradable- un real decreto-ley puede ser variado en horas veinticuatro y sin volver a pasar por el Consejo de Ministros.
En otro lugar he intentado compendiar los pecados capitales que, en materia económica, jurídica y ética se suelen achacar a los municipios, máxime en momentos en los que el derroche empieza a estar muy mal visto. Mi conclusión, a la vista de algunas de estas faltas que aquí sólo esbozaré, es que el municipalismo no es culpable de muchos de los vicios que se le achacan, aún cuando se produzcan en ámbitos locales. A modo de ejemplo, se dice que los ayuntamientos españoles -más de 8.100- son muchos y profundamente desiguales. Y eso es verdad, pero poca culpa tienen, pues, como es bien sabido, esa fragmentación viene de las Cortes de Cádiz. También se dice que están mal avenidos en muchos casos, por localismos o distinto color político, lo que aborta fórmulas mancomunadas -o más ambiciosas-, con las consiguientes deseconomías de escala. Pero siendo esto cierto, la responsabilidad debe ser compartida con las fuerzas políticas que nutren las corporaciones y con el propio sentido localista de la población.
Y si, como es entendible a la vista de lo anterior, no están dispuestos a desaparecer en un proceso de fusión en el que pierdan capitalidad y denominación, ello no sólo es imputable a su resistencia. También hay que computar la falta de coraje de las comunidades autónomas a las que, tempranamente, el artículo 148 de la Constitución confió tal labor de cirugía reductora.
En cuanto al número desmesurado de concejales, diputados provinciales y demás cargos insulares o comarcales, muchos de ellos liberados, la responsabilidad es de las leyes, estatales -caso de la electoral- o autonómicas. Los entes locales no aprueban leyes y su única mácula, no siendo pequeña, es la de fijar sueldos y dietas a veces escandalosos. Las mismas leyes o similares que permiten a los entes locales dotarse de su propio sector público mediante sociedades, fundaciones y otros engendros organizativos que nunca salen gratis y de un régimen de personal rayano en lo libérrimo.
El dedo acusador de la sociedad indica que la autonomía local se ha venido entendiendo, de facto, como una reducción progresiva de los controles de legalidad, apenas mantenidos en cuatro asuntos financieros, en aspectos supralocales, en los monopolios y, no en todos los lugares, en la letra gorda del urbanismo (no en los convenios ni apenas en el planeamiento de desarrollo). Pero la extinción de cualquier reducto tutelar no es, obviamente, culpa de los entes locales por más que reclamaran tal cosa y aprueben la situación actual.
Otro pecado grave radica en las inversiones megalómanas y ruinosas -pese a la era de vacas gordas- de muchos ayuntamientos, bien por móviles electorales del alcalde populista de turno, bien por querer competir con otros lugares, contratando, Dios sabe cómo, a un arquitecto de firma internacional y construyendo un equipamiento «emblemático» de escaso uso futuro y conservación insoportable para la Corporación y para cualquier gestor indirecto. Aquí sí hay culpa municipal, claro está, pero mucho mayor de los electores que, cuando les gusta un regidor demagógico, no dudan en votarlo hasta que una sentencia firme los retira del mercado político. Porque eso de que el pueblo es sabio y nunca se equivoca, habrá que matizarlo diciendo que no yerra siempre y acaba pudiendo rectificar gracias a la bendita democracia.
Y, en fin, lo más escandaloso: existe corrupción y delincuencia, aunque sea en pocos lugares, que tarda una eternidad en ser atajada ejemplarmente. Pero ello será más bien responsabilidad de fiscales, jueces, policía e inspección tributaria que no son órganos de las entidades locales, precisamente.
No absolvería a los municipios de los esperpentos que tienen por escenario casas consistoriales. Pero muchas veces son el último eslabón de una cadena y, desde luego, no se puede meter a todos en el mismo saco.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100530/opinionarticulos/municipios-penitencia-indiscriminada-20100530.html
La semana que termina ha sido pródiga en noticias para el municipalismo español. El partido en el Gobierno ha decidido, a la vista de la situación de excepción en que nos encontramos, desistir de la tramitación del proyecto de Ley de reforma del Gobierno Local y de la tan esperada nueva regulación de la financiación de ayuntamientos y diputaciones. Confieso -y en estas mismas páginas lo he escrito- que no tenía ninguna fe en los efectos taumatúrgicos de una norma que viniera a sustituir a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, por lo que, con mayor motivo, viendo la que está cayendo, lo mejor es no hacer experimentos o, como decía el fundador de los jesuitas, en tiempos de tribulación, no hacer mudanza. Poco se iba a conseguir, además, con los cambios que se manejaban, en medio de una inestabilidad a la que, en el terreno local, tampoco es ajena la nonata sentencia del Estatuto catalán.
El problema -y esa sí es una mala noticia- es el postergar, una vez más, un nuevo modelo de financiación de las haciendas municipales, reiterando un incumplimiento del acuerdo de 2006 con la Federación Española de Municipios y Provincias. Pero se ve que en esta coyuntura ni los acuerdos salariales en la función pública ni el mismísimo Pacto de Toledo, para las pensiones, pueden respetarse.
El otro bloque temático que afecta a nuestros concejos es, evidentemente, el derivado de las medidas anti-endeudamiento con las que el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, nos ha sorprendido, incluida la forzada rectificación temporal presentada de forma tan desafortunada y, como ha señalado el alcalde de Zaragoza, tan dudosamente ajustada a derecho. Comienzo por reconocer que, tras la medida, con independencia de sus formas y reformas, hay un objetivo plausible, ya que la deuda municipal global y la de no pocos municipios es un lastre inasumible que debe ser enjugado y reconducido, incluso con medidas penalizadoras. Pero dicho lo anterior, es una obviedad que el recorte o la suspensión inversora la padecen los ciudadanos y que los ayuntamientos, sin capacidad para concertar créditos, difícilmente podrán hacer frente a unas prestaciones que la ley básica local reconoce como derechos de los vecinos. Los consistorios pagarán menos intereses en el futuro próximo, pero los ciudadanos, en esta etapa sombría, verán mermada la calidad de los servicios que se vean afectados por el recorte inversor.
Con todo y admitiendo la mayor, parece un tanto injusto ese trato indiscriminado a los ayuntamientos, con independencia de su grado de endeudamiento y la relación de éste con su población y sus recursos. A quien ha sabido recurrir al crédito de forma prudente y sostenible se le impone la misma prohibición que a quien ya no tiene dónde empufarse para pagar ocurrencias y extravagancias electoralistas. No hubiera sido tan difícil discernir equitativamente, máxime si, como hemos visto -con sorpresa desagradable- un real decreto-ley puede ser variado en horas veinticuatro y sin volver a pasar por el Consejo de Ministros.
En otro lugar he intentado compendiar los pecados capitales que, en materia económica, jurídica y ética se suelen achacar a los municipios, máxime en momentos en los que el derroche empieza a estar muy mal visto. Mi conclusión, a la vista de algunas de estas faltas que aquí sólo esbozaré, es que el municipalismo no es culpable de muchos de los vicios que se le achacan, aún cuando se produzcan en ámbitos locales. A modo de ejemplo, se dice que los ayuntamientos españoles -más de 8.100- son muchos y profundamente desiguales. Y eso es verdad, pero poca culpa tienen, pues, como es bien sabido, esa fragmentación viene de las Cortes de Cádiz. También se dice que están mal avenidos en muchos casos, por localismos o distinto color político, lo que aborta fórmulas mancomunadas -o más ambiciosas-, con las consiguientes deseconomías de escala. Pero siendo esto cierto, la responsabilidad debe ser compartida con las fuerzas políticas que nutren las corporaciones y con el propio sentido localista de la población.
Y si, como es entendible a la vista de lo anterior, no están dispuestos a desaparecer en un proceso de fusión en el que pierdan capitalidad y denominación, ello no sólo es imputable a su resistencia. También hay que computar la falta de coraje de las comunidades autónomas a las que, tempranamente, el artículo 148 de la Constitución confió tal labor de cirugía reductora.
En cuanto al número desmesurado de concejales, diputados provinciales y demás cargos insulares o comarcales, muchos de ellos liberados, la responsabilidad es de las leyes, estatales -caso de la electoral- o autonómicas. Los entes locales no aprueban leyes y su única mácula, no siendo pequeña, es la de fijar sueldos y dietas a veces escandalosos. Las mismas leyes o similares que permiten a los entes locales dotarse de su propio sector público mediante sociedades, fundaciones y otros engendros organizativos que nunca salen gratis y de un régimen de personal rayano en lo libérrimo.
El dedo acusador de la sociedad indica que la autonomía local se ha venido entendiendo, de facto, como una reducción progresiva de los controles de legalidad, apenas mantenidos en cuatro asuntos financieros, en aspectos supralocales, en los monopolios y, no en todos los lugares, en la letra gorda del urbanismo (no en los convenios ni apenas en el planeamiento de desarrollo). Pero la extinción de cualquier reducto tutelar no es, obviamente, culpa de los entes locales por más que reclamaran tal cosa y aprueben la situación actual.
Otro pecado grave radica en las inversiones megalómanas y ruinosas -pese a la era de vacas gordas- de muchos ayuntamientos, bien por móviles electorales del alcalde populista de turno, bien por querer competir con otros lugares, contratando, Dios sabe cómo, a un arquitecto de firma internacional y construyendo un equipamiento «emblemático» de escaso uso futuro y conservación insoportable para la Corporación y para cualquier gestor indirecto. Aquí sí hay culpa municipal, claro está, pero mucho mayor de los electores que, cuando les gusta un regidor demagógico, no dudan en votarlo hasta que una sentencia firme los retira del mercado político. Porque eso de que el pueblo es sabio y nunca se equivoca, habrá que matizarlo diciendo que no yerra siempre y acaba pudiendo rectificar gracias a la bendita democracia.
Y, en fin, lo más escandaloso: existe corrupción y delincuencia, aunque sea en pocos lugares, que tarda una eternidad en ser atajada ejemplarmente. Pero ello será más bien responsabilidad de fiscales, jueces, policía e inspección tributaria que no son órganos de las entidades locales, precisamente.
No absolvería a los municipios de los esperpentos que tienen por escenario casas consistoriales. Pero muchas veces son el último eslabón de una cadena y, desde luego, no se puede meter a todos en el mismo saco.
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20100530/opinionarticulos/municipios-penitencia-indiscriminada-20100530.html
Mesas informativas en Candás y Gijón
23 de mayo de 2010
La Agrupación local de Gijón, Carreño y Villaviciosa montó mesas informativas durante el fin de semana en Candás y Gijón con notable éxito de participación y haciendo llegar a los ciudadanos nuestras propuestas en materia económica
Charla de Economía organizada por UPyD
Charla de Economía organizada por UPyD
http://www.youtube.com/watch?v=jpGDZy-yXMg&feature=player_embedded
29 de mayo de 2010
Los días 26 y 27 de Mayo de 2010 en Gijón y Oviedo respectivamente, tuvo lugar la charla-coloquio sobre Economía organizada por UPyD Asturias dentro de su ciclo de conferencias.
El analista económico Manuel Sarachaga expuso en términos claros y accesibles a los no especialistas la realidad de la crisis económica, sus orígenes, su incidencia en cálculos objetivos y las repercusiones que podrían desprenderse de ella si no se toman vías urgentes de solución.
Asimismo, los asistentes a través de sus múltiples intervenciones pudieron exponer sus dudas y planteamientos que fueron respondidos sin eludir ningún tipo de cuestión.
http://www.youtube.com/watch?v=jpGDZy-yXMg&feature=player_embedded
29 de mayo de 2010
Los días 26 y 27 de Mayo de 2010 en Gijón y Oviedo respectivamente, tuvo lugar la charla-coloquio sobre Economía organizada por UPyD Asturias dentro de su ciclo de conferencias.
El analista económico Manuel Sarachaga expuso en términos claros y accesibles a los no especialistas la realidad de la crisis económica, sus orígenes, su incidencia en cálculos objetivos y las repercusiones que podrían desprenderse de ella si no se toman vías urgentes de solución.
Asimismo, los asistentes a través de sus múltiples intervenciones pudieron exponer sus dudas y planteamientos que fueron respondidos sin eludir ningún tipo de cuestión.
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