Objetivo: 18.000 asturianos beneficiarios de la Ley de la Dependencia. Esa es la cifra marcada en rojo en la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, que quiere aprovechar 2010, el año de parón de la ley, para ponerse al día con los casos pendientes. De los 11.158 asturianos que, a fecha 1 de marzo, no sólo tienen reconocido su grado y nivel de dependencia, sino que reciben una paga o un servicio por ello, el Principado prevé llegar a los 18.000 cuando las campanadas anuncien la llegada de 2011.
Esos 6.842 beneficiarios llegarán por un lado con la firma de los Planes Individuales de Atención (PIA), el documento en el que cada beneficiario acepta su grado de dependencia y plasma por escrito qué quiere, si una prestación en servicio o en dinero. En estos momentos, están pendientes 4.443 firmas. Además, las cuentas se ajustarán con la valoración de todas las personas que lo han solicitado, capítulo en el que todavía están a la espera 6.659 asturianos de los casi 30.000 que, desde el 27 de abril de 2007, han presentado la solicitud.
Para sacar adelante el trabajo pendiente, Bienestar Social confía en el incremento de plantilla que, según el director general de Servicios y Prestaciones Sociales, Pedro Rodríguez, «ya ha empezado a dar sus frutos», como es que el ritmo de valoraciones «haya crecido un 11% al mes, con 2.674 realizadas sólo en el mes de marzo».
En cuanto a la firma de PIAs, Rodríguez también tiene porcentajes positivos, «puesto que en junio del año pasado teníamos pendientes 6.300 expedientes. En marzo, la cifra bajó a 4.443 y seguirá bajando».
Su confianza no estriba sólo en el trabajo de su equipo, sino también en la evidencia de que la avalancha de casos con gran dependencia, los que tienen derecho a la atención en estos momentos, «ha bajado». Lo ha hecho de tal forma que «el 33% de las solicitudes que se han presentado es de personas que no tienen derecho a una prestación. O bien porque están fuera de la ley aún, es decir, el grado I en sus niveles 1 y 2 o porque, directamente, no tienen dependencia».
En esa situación, la de no tener ningún problema de falta de autonomía, se encuentran 2.700 asturianos «que, sin embargo, han sido valorados y a los que se les ha hecho el expediente correspondiente. Es decir, se les ha aplicado el mismo protocolo que si tuvieran dependencia, lo que ha aumentado el volumen de trabajo para el equipo».
Pedro Rodríguez, que recuerda que se incorporó a su puesto en 2008, cuando IU asumió las competencias de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda -hasta ese momento, en manos de la socialista Pilar Rodríguez- asegura que los retrasos no son achacables, en su totalidad, «a problemas de gestión», sino que «se trata de un sistema nuevo, que lleva tres años en marcha y que conlleva una gran complejidad».
70 euros por persona
Además, no olvida Rodríguez los problemas económicos. El Principado sigue peleando con el Estado una mayor implicación económica, ya que el aporte que hace el Ministerio de Sanidad y Política Social por cada persona dependiente «no cubre los gastos». Las cifras de 2010, aprobadas el pasado día 29, lo evidencian: el ministerio paga al Principado entre 266,57 euros por cada asturiano con el máximo nivel de la dependencia, grado III y nivel 2, y 70 euros, los que aporta por cada asturiano con el grado II y nivel 1 de dependencia. Una plaza residencial, para esas mismas personas, tiene un coste de oficial de 1.241 euros y real de más de 2.000.
Por ello, invita al Tribunal de Cuentas «a examinar nuestras cifras», tras el anuncio de que se dedicaría a fiscalizar a las comunidades, en busca de fraude a la Ley de la Dependencia. Pedro Rodríguez asegura que «en Asturias, las cuentas están claras. Nosotros aportamos más de lo que recibimos».
Pero, eso no significa, insiste, «en que estén en peligro las prestaciones». Todo lo contrario, garantiza «las actuales y las venideras», ya que la Ley de la Dependencia «se está cumpliendo y nada nos hace indicar que no lo sigamos haciendo a partir de 2011».
Asturias
Un baremo que quitaría derechos al 25% de los beneficiarios
Asturias apuesta por una nueva fórmula, más objetiva y que no dejará fuera del sistema a discapacitados ni a enfermos mentales
2010, o el año de parón de la Ley de la Dependencia, no servirá sólo para ajustar las cuentas de la norma, poniendo al día expedientes retrasados. También las herramientas de la propia ley se están sometiendo a una compleja 'ITV' que traerá consigo la herramienta informática que unifique a todos los equipos -«ahora todavía tomamos apuntes a mano, aunque no se crea»- y, también, un nuevo baremo.
Mientras que en el diseño y aplicación del programa que permitirá al Principado tener al alcance de un clic todos los detalles de un expediente -evitando dobles y hasta triples carpetas con un mismo protagonista, o dando de baja a los fallecidos en tiempo real- no está generando polémica e, incluso, tiene fecha de puesta en marcha -«antes del verano»-, lo del baremo es ya otro cantar.
Rodríguez reconoce que ya ha habido dos reuniones de la comisión delegada del Consejo Interterritorial de la Dependencia, la que forman los directores generales de todas las comunidades, y que aún faltan más citas «para llegar a un acuerdo».
Porque sobre la mesa hay dos opciones para renovar el actual baremo. Todos están de acuerdo en que el actual «permite demasiada subjetividad del valorador, de forma que, a veces, una persona alcanza un grado y nivel de dependencia y otra no, aun estando en la misma situación».
477 valoraciones de prueba
De hecho, el Principado fue señalado como «especialmente duro» en la aplicación del baremo por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, algo que Rodríguez rechaza «porque nosotros aplicamos el mismo baremo que los demás», aunque reconoce que «es cierto que permite un alto grado de subjetividad».
Por ello, a final del año pasado, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) encargó a una empresa externa que llevara a cabo valoraciones aleatorias «y realizó 477, con el oficial y con las alternativas».
De ese trabajo salieron las ya dos opciones citadas «que son muy diferentes, porque una es muy dura, tanto que el 25% de los beneficiarios actuales quedaría fuera del sistema».
Esta fórmula no es apoyada por Asturias, «ni tampoco por la mayoría de comunidades», pero sí tiene éxito en algunas «que entienden que no es normal que España tenga más dependientes que Alemania. Pero es que no pueden comparar un sistema con otro, puesto que en Alemania los servicios sociales son mucho más amplios y las personas con discapacidad tienen su propio sistema, así como las que tienen un problema mental. Aquí, están todos adscritos a la Ley de la Dependencia».
Estará para el verano
La fórmula que apoya Asturias es «mucho más objetiva» y en la que «no sobra nadie». En España, afirma Pedro Rodríguez, «la Ley de la Dependencia obliga a dar atención a las personas con dependencia y falta de autonomía. Eso aglutina a las discapacidades, a los problemas mentales y a todos. Y así seguiremos».
Por eso, apoyan el baremo calificado como «primera opción», en el que se gana, asegura, en objetividad: «No hay tanto margen para la opinión del valorador porque todo está mucho más medido».
Ese nuevo documento, que deberán aplicar todas las comunidades, estará listo «antes del verano», aunque la discusión «todavía continúa». Pedro Rodríguez tiene claro que «no podemos poner en marcha una norma que suponga un cambio radical con lo que estamos aplicando ahora, porque ése no es el objetivo de la ley. Fue creada para dar derechos a los que no los tenían».
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100404/asturias/baremo-quitaria-derechos-beneficiarios-20100404.html
domingo, 4 de abril de 2010
4 de cada 10 gijoneses que cobran la renta básica están exonerados de entrar en el mercado laboral debido a su mucha edad o poca salud
El 41,6% de las nóminas aprobadas en Gijón de salario social -la prestación a la que tienen derecho todos los asturianos con ingresos mensuales inferiores a los 532,1 euros- llevan como protagonista a una persona exonerada de entrar en el mercado laboral. De un total de 1.725 gijoneses que sobreviven gracias a la renta básica, son 718 a los que su mucha edad o su poca salud les ha convertido en asalariados de por vida de esta paga cuya cuantía oscila entre los 436,41 euros, en el caso de que el beneficiario viva solo, o los 756,08, si son más de 6 en la familia.
Así figura en el balance que de la aplicación del salario social en Gijón ha realizado la Fundación Municipal de Servicios Sociales. La entidad la preside la concejala socialista Esperanza Fernández Puerta, quien defiende como «imprescindible» esta renta básica «con la que se garantizan unos ingresos mínimos a un grupo de personas que, de otra forma, no tendrían ninguno. Carecen de medios para vivir».
Esos medios garantizados llegan en Gijón a 1.725, de los que 718 están exonerados para trabajar. Estos últimos conforman un colectivo que va en aumento, ya que en 2009 se sumaron 124 personas, una cifra que se convierte en el 44,3% de los casos analizados en la Fundación el año pasado, que fueron 280 en total.
De ese grupo de gijoneses que tienen garantizado el salario social de por vida, casi un 15% lo llevan percibiendo desde el momento en el que la paga mínima se aprobó en Asturias: en diciembre de 2005. Al año siguiente, un 39,8% se incorporó al capítulo de nóminas indefinidas.
Sobre el perfil de los 718 exonerados de trabajar, que suponen 4 de cada 10 nóminas de esta paga mínima firmadas en Gijón, la concejala tiene claro que «en su mayoría, se trata de personas que, por su edad, más de 55 años, ya quedan fuera del circuito laboral», aunque también hay un alto porcentaje de asalariados «que no entrarán en programas de inserción laboral debido a sus problemas de salud: hablamos tanto de toxicomanías como de enfermedades mentales».
Es decir, jóvenes de entre 18 y 35 años, un segmento que en 2009 incorporó a 17 personas, lo que en porcentaje se convierte en el 13,71% de todas las propuestas de exoneración, 124, que la Fundación realizó el año pasado.
En esa tarea realizada en los últimos 12 meses se apoya la presidenta del ente municipal para recalcar que «la mayoría de los que no realizan el Programa Personalizado de Incorporación Social (PPIS), o que las responsables de las Unidades de Trabajo Social (RUTS) proponen para su exoneración de ese programa, son personas mayores de 55 años. En 2009 fueron 73 propuestas, el 58,87% del total de exoneraciones».
El 41,13% restante tienen como protagonista a jóvenes de entre 18 y 25 años (4 casos); de entre 26 y 35 (13); o ya adultos de entre 36 y 45 años (15); y de entre 46 y 55 años (19).
Explica Fernández que los jóvenes exonerados «tienen problemas de salud, que les imposibilita para trabajar o para realizar programas de formación», incluido el colectivo cuyas toxicomanías crónicas «les dejan fuera de la red, pero no por ello no tienen que contar con apoyo social».
El resto de rasgos que conforman la fotografía del asalariado de por vida a la renta básica no dista mucho, por no decir en nada, del perfil del perceptor tipo del salario social. La radiografía de la persona exonerada de trabajar muestra, como ocurre con el resto de gijoneses que cobran la renta básica, que, además de haber cumplido ya los 56 años (en el 58,87% de los casos), y de haber nacido en Gijón (en el 87,90% de los expedientes) se trata de una mujer (en el 65,32% de los casos) que vive en La Calzada (el 26,61%) o en los barrios de Pumarín o Nuevo Gijón (18,55%).
Una familia de siete
En un análisis más profundo se observa que, sentimentalmente hablando, esta perceptora de salario social a la que ya no la obligarán a buscar trabajo está sola, pues el 40,32% de las nóminas corresponden a personas solteras y el 20,16% a divorciadas. Sólo 1,5 de las nóminas la firma una persona casada.
Y no sólo vive sin compañía amorosa, sino que también carece de familia, puesto que de los 124 casos que en 2009 se propuso para no firmar el PPIS, en 84 sólo figura un nombre como beneficiario de la paga. Es decir, el 67,74% de los casos.
En este aspecto, las nóminas exoneradas de trabajar sí se diferencian de las que reciben personas inscritas en programas para volver a la red laboral. De los 156 PPIS firmados en 2009, sólo el 29,4% correspondía a personas solas, el porcentaje mayoritario, casi el 39%, identifica a familias de dos miembros, y el 17,31%, a las que llegan a tres.
Eso no ocurre entre los perceptores del salario social de por vida, ya que entre ellos el único grupo que suma dos dígitos en la estadística es el referente a las familias de dos miembros, de los que en 2009 se registraron 27 casos, lo que en porcentaje roza el 22% del total de expedientes.
Eso no significa que este colectivo de rentistas de la paga mínima no beneficie también a otras personas. No sólo están las familias de dos miembros ya citadas, sino que el año pasado se aprobaron hasta siete expedientes de madres titulares de una familia monoparental, con dos hijos, incluso hubo dos casos, en los que el titular de la renta básica tiene tras de sí a toda una familia: en un expediente, de su ingreso se benefician cinco personas más y en otro, seis.
Es decir, una familia de siete miembros, grupo que, sin embargo, no aparece entre los firmantes del programa de formación en 2009, puesto que las familias más numerosas registradas han sido de seis miembros, dato que figura en tres expedientes.
459.23 euros
Esos tres expedientes, así como el de la familia de siete también mencionado, comparten idéntico ingreso, pues las cuantías del salario social para 2010 marcan un máximo de 756,08 euros para aquellas unidades familiares con seis o más miembros. Y eso, en el caso de que entre ellos haya alguna persona menor de 25 años o mayor de 64, o con una minusvalía superior al 45% o un grado de dependencia reconocida.
Si entre los siete no hay ninguno que cumpla los requisitos citados, la nómina se rebaja a los 720,08 euros al mes. No obstante, Esperanza Fernández tiene contrastado que «la mayoría de las pagas son de módulos especiales», es decir, que tienen un incremento por contar entre sus miembros con algunas de las características citadas: juventud, ancianidad, discapacidad o minusvalía.
Tanto es así que la paga más habitual, la que recibe una persona que vive sola, asciende a 458,23 euros, en lugar de la cuantía mínima, cifrada en 436,41 euros. «Por lo que ya comenté, la mayoría o son mayores, o tienen alguna enfermedad, con lo que les convierte en beneficiarios del módulo especial».
Ante las críticas que desde la oposición, personificada en Gijón y en Asturias en el Partido Popular -tanto en el Ayuntamiento como en el Principado los grupos PSOE e IU cogobiernan- sobre el coste del salario social, Esperanza Fernández Puerta insiste rotunda en que «es una prestación absolutamente imprescindible, que ayuda a muchas personas que, como ocurría antes, no tenían ningún otro ingreso. Además, no sólo ayuda a estos colectivos de los que hablamos, que ya están exonerados para trabajar, sino que suponen un apoyo para familias que, en un momento de crisis o por algún contratiempo, se encuentran sin ingresos de forma temporal. El salario social nos beneficia a todos».
3.338 beneficiarios
De hecho, con las 1.725 nóminas que, a fecha 31 de diciembre, estaban aprobadas en Gijón, se beneficiaban 3.338 personas, más del doble de la que lo hacían hace tres años, en el primer año completo de existencia del salario social, 2006, cuando se firmaron en Gijón 610 nóminas.
La presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales se muestra «relativamente» optimista respecto a la evolución de las peticiones este año, «después del pico que tuvimos en 2009, debido a la crisis económica mundial». Aunque no cuenta con datos informatizados aún, sí coincide su percepción con las cifras que ya maneja el Principado, que muestran una baja del 9% en las peticiones sobre el año pasado. La concejala socialista asegura que, lo importante, «es que las administraciones estemos preparadas para dar una solución y, con el salario social, lo estamos».
El 41,6% de las nóminas aprobadas en Gijón de salario social -la prestación a la que tienen derecho todos los asturianos con ingresos mensuales inferiores a los 532,1 euros- llevan como protagonista a una persona exonerada de entrar en el mercado laboral. De un total de 1.725 gijoneses que sobreviven gracias a la renta básica, son 718 a los que su mucha edad o su poca salud les ha convertido en asalariados de por vida de esta paga cuya cuantía oscila entre los 436,41 euros, en el caso de que el beneficiario viva solo, o los 756,08, si son más de 6 en la familia.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100404/gijon/salario-social-vida-20100404.html
Así figura en el balance que de la aplicación del salario social en Gijón ha realizado la Fundación Municipal de Servicios Sociales. La entidad la preside la concejala socialista Esperanza Fernández Puerta, quien defiende como «imprescindible» esta renta básica «con la que se garantizan unos ingresos mínimos a un grupo de personas que, de otra forma, no tendrían ninguno. Carecen de medios para vivir».
Esos medios garantizados llegan en Gijón a 1.725, de los que 718 están exonerados para trabajar. Estos últimos conforman un colectivo que va en aumento, ya que en 2009 se sumaron 124 personas, una cifra que se convierte en el 44,3% de los casos analizados en la Fundación el año pasado, que fueron 280 en total.
De ese grupo de gijoneses que tienen garantizado el salario social de por vida, casi un 15% lo llevan percibiendo desde el momento en el que la paga mínima se aprobó en Asturias: en diciembre de 2005. Al año siguiente, un 39,8% se incorporó al capítulo de nóminas indefinidas.
Sobre el perfil de los 718 exonerados de trabajar, que suponen 4 de cada 10 nóminas de esta paga mínima firmadas en Gijón, la concejala tiene claro que «en su mayoría, se trata de personas que, por su edad, más de 55 años, ya quedan fuera del circuito laboral», aunque también hay un alto porcentaje de asalariados «que no entrarán en programas de inserción laboral debido a sus problemas de salud: hablamos tanto de toxicomanías como de enfermedades mentales».
Es decir, jóvenes de entre 18 y 35 años, un segmento que en 2009 incorporó a 17 personas, lo que en porcentaje se convierte en el 13,71% de todas las propuestas de exoneración, 124, que la Fundación realizó el año pasado.
En esa tarea realizada en los últimos 12 meses se apoya la presidenta del ente municipal para recalcar que «la mayoría de los que no realizan el Programa Personalizado de Incorporación Social (PPIS), o que las responsables de las Unidades de Trabajo Social (RUTS) proponen para su exoneración de ese programa, son personas mayores de 55 años. En 2009 fueron 73 propuestas, el 58,87% del total de exoneraciones».
El 41,13% restante tienen como protagonista a jóvenes de entre 18 y 25 años (4 casos); de entre 26 y 35 (13); o ya adultos de entre 36 y 45 años (15); y de entre 46 y 55 años (19).
Explica Fernández que los jóvenes exonerados «tienen problemas de salud, que les imposibilita para trabajar o para realizar programas de formación», incluido el colectivo cuyas toxicomanías crónicas «les dejan fuera de la red, pero no por ello no tienen que contar con apoyo social».
El resto de rasgos que conforman la fotografía del asalariado de por vida a la renta básica no dista mucho, por no decir en nada, del perfil del perceptor tipo del salario social. La radiografía de la persona exonerada de trabajar muestra, como ocurre con el resto de gijoneses que cobran la renta básica, que, además de haber cumplido ya los 56 años (en el 58,87% de los casos), y de haber nacido en Gijón (en el 87,90% de los expedientes) se trata de una mujer (en el 65,32% de los casos) que vive en La Calzada (el 26,61%) o en los barrios de Pumarín o Nuevo Gijón (18,55%).
Una familia de siete
En un análisis más profundo se observa que, sentimentalmente hablando, esta perceptora de salario social a la que ya no la obligarán a buscar trabajo está sola, pues el 40,32% de las nóminas corresponden a personas solteras y el 20,16% a divorciadas. Sólo 1,5 de las nóminas la firma una persona casada.
Y no sólo vive sin compañía amorosa, sino que también carece de familia, puesto que de los 124 casos que en 2009 se propuso para no firmar el PPIS, en 84 sólo figura un nombre como beneficiario de la paga. Es decir, el 67,74% de los casos.
En este aspecto, las nóminas exoneradas de trabajar sí se diferencian de las que reciben personas inscritas en programas para volver a la red laboral. De los 156 PPIS firmados en 2009, sólo el 29,4% correspondía a personas solas, el porcentaje mayoritario, casi el 39%, identifica a familias de dos miembros, y el 17,31%, a las que llegan a tres.
Eso no ocurre entre los perceptores del salario social de por vida, ya que entre ellos el único grupo que suma dos dígitos en la estadística es el referente a las familias de dos miembros, de los que en 2009 se registraron 27 casos, lo que en porcentaje roza el 22% del total de expedientes.
Eso no significa que este colectivo de rentistas de la paga mínima no beneficie también a otras personas. No sólo están las familias de dos miembros ya citadas, sino que el año pasado se aprobaron hasta siete expedientes de madres titulares de una familia monoparental, con dos hijos, incluso hubo dos casos, en los que el titular de la renta básica tiene tras de sí a toda una familia: en un expediente, de su ingreso se benefician cinco personas más y en otro, seis.
Es decir, una familia de siete miembros, grupo que, sin embargo, no aparece entre los firmantes del programa de formación en 2009, puesto que las familias más numerosas registradas han sido de seis miembros, dato que figura en tres expedientes.
459.23 euros
Esos tres expedientes, así como el de la familia de siete también mencionado, comparten idéntico ingreso, pues las cuantías del salario social para 2010 marcan un máximo de 756,08 euros para aquellas unidades familiares con seis o más miembros. Y eso, en el caso de que entre ellos haya alguna persona menor de 25 años o mayor de 64, o con una minusvalía superior al 45% o un grado de dependencia reconocida.
Si entre los siete no hay ninguno que cumpla los requisitos citados, la nómina se rebaja a los 720,08 euros al mes. No obstante, Esperanza Fernández tiene contrastado que «la mayoría de las pagas son de módulos especiales», es decir, que tienen un incremento por contar entre sus miembros con algunas de las características citadas: juventud, ancianidad, discapacidad o minusvalía.
Tanto es así que la paga más habitual, la que recibe una persona que vive sola, asciende a 458,23 euros, en lugar de la cuantía mínima, cifrada en 436,41 euros. «Por lo que ya comenté, la mayoría o son mayores, o tienen alguna enfermedad, con lo que les convierte en beneficiarios del módulo especial».
Ante las críticas que desde la oposición, personificada en Gijón y en Asturias en el Partido Popular -tanto en el Ayuntamiento como en el Principado los grupos PSOE e IU cogobiernan- sobre el coste del salario social, Esperanza Fernández Puerta insiste rotunda en que «es una prestación absolutamente imprescindible, que ayuda a muchas personas que, como ocurría antes, no tenían ningún otro ingreso. Además, no sólo ayuda a estos colectivos de los que hablamos, que ya están exonerados para trabajar, sino que suponen un apoyo para familias que, en un momento de crisis o por algún contratiempo, se encuentran sin ingresos de forma temporal. El salario social nos beneficia a todos».
3.338 beneficiarios
De hecho, con las 1.725 nóminas que, a fecha 31 de diciembre, estaban aprobadas en Gijón, se beneficiaban 3.338 personas, más del doble de la que lo hacían hace tres años, en el primer año completo de existencia del salario social, 2006, cuando se firmaron en Gijón 610 nóminas.
La presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales se muestra «relativamente» optimista respecto a la evolución de las peticiones este año, «después del pico que tuvimos en 2009, debido a la crisis económica mundial». Aunque no cuenta con datos informatizados aún, sí coincide su percepción con las cifras que ya maneja el Principado, que muestran una baja del 9% en las peticiones sobre el año pasado. La concejala socialista asegura que, lo importante, «es que las administraciones estemos preparadas para dar una solución y, con el salario social, lo estamos».
El 41,6% de las nóminas aprobadas en Gijón de salario social -la prestación a la que tienen derecho todos los asturianos con ingresos mensuales inferiores a los 532,1 euros- llevan como protagonista a una persona exonerada de entrar en el mercado laboral. De un total de 1.725 gijoneses que sobreviven gracias a la renta básica, son 718 a los que su mucha edad o su poca salud les ha convertido en asalariados de por vida de esta paga cuya cuantía oscila entre los 436,41 euros, en el caso de que el beneficiario viva solo, o los 756,08, si son más de 6 en la familia.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100404/gijon/salario-social-vida-20100404.html
Doce sedes para un equipo de gobierno
uce la Casa Consistorial en la plaza Mayor y podría imaginarse que allí están todos los que nos gobiernan. Pero no. De hecho, están sólo cuatro de los quince que conforman el actual equipo de gobierno municipal. El Ayuntamiento de Gijón es uno, por supuesto, pero está más que repartido por la ciudad. Están en el centro, principalmente, pero también en El Coto, en Laviada, en el Polígono y en La Arena. Y no hablamos de los centros municipales integrados, sino de las propias áreas de gobierno. De las concejalías y sus concejales, la mayoría de los cuales sólo va al edificio principal los martes, para las juntas de gobierno; un viernes al mes para el Pleno ordinario y cuando tengan comisión informativa. Desde el edificio principal se coordina su trabajo, no sólo porque allí está, evidentemente, la Alcaldía, sino también el grupo municipal. Pero ellos no están.
Junto con Paz Fernández Felgueroso, en el Ayuntamiento sólo se encuentran tres concejales. A saber: Santiago Martínez Argüelles (despacho que antes ocupaba Pedro Sanjurjo) y José María Pérez. Sus despachos están juntos. También Jesús Montes Estrada trabaja desde la Casa Consistorial, pero en su caso no con un despacho propio sino en las dependencias del grupo municipal de Izquierda Unida, del que es portavoz. Y del gobierno, se acabó. Porque en el Ayuntamiento 'sólo' queda después la oposición, todo el grupo municipal del Partido Popular. Para buscar al resto hay que salir a la calle.
Justo al lado está Medio Ambiente, en el Antiguo Hotel Madrid, donde tiene el despacho la concejala Dulce Gallego, aunque ésta también puede trabajar desde la Empresa Municipal de Aguas. Enfrente estaban hasta hace poco Urbanismo y Mantenimiento Urbano y Rural, ahora trasladados al rehabilitado edificio de la Antigua Maternidad. Porque, eso sí, estarán fuera de la 'casa madre', pero la mayoría de espacios que acogen concejalías son importantes inmuebles municipales, muchos de ellos catalogados. Muy cerca está también Participación Ciudadana, con Pilar Pintos, en la Antigua Pescadería. Y hasta ahí el recorrido por la plaza Mayor. El resto está más lejos.
Quizás uno de los casos más curiosos es el de la concejala Begoña Fernández, que como responsable de Empleo puede estar en la Agencia Local pero como dirigente de Igualdad, puede trabajar desde la oficina del Centro Municipal Integrado de La Arena. Lejos del Ayuntamiento están también Festejos, Vivienda, Deportes, Seguridad Ciudadana... Lo dicho, doce sedes distintas para un único equipo de gobierno.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100404/gijon/doce-sedes-para-equipo-20100404.html
Junto con Paz Fernández Felgueroso, en el Ayuntamiento sólo se encuentran tres concejales. A saber: Santiago Martínez Argüelles (despacho que antes ocupaba Pedro Sanjurjo) y José María Pérez. Sus despachos están juntos. También Jesús Montes Estrada trabaja desde la Casa Consistorial, pero en su caso no con un despacho propio sino en las dependencias del grupo municipal de Izquierda Unida, del que es portavoz. Y del gobierno, se acabó. Porque en el Ayuntamiento 'sólo' queda después la oposición, todo el grupo municipal del Partido Popular. Para buscar al resto hay que salir a la calle.
Justo al lado está Medio Ambiente, en el Antiguo Hotel Madrid, donde tiene el despacho la concejala Dulce Gallego, aunque ésta también puede trabajar desde la Empresa Municipal de Aguas. Enfrente estaban hasta hace poco Urbanismo y Mantenimiento Urbano y Rural, ahora trasladados al rehabilitado edificio de la Antigua Maternidad. Porque, eso sí, estarán fuera de la 'casa madre', pero la mayoría de espacios que acogen concejalías son importantes inmuebles municipales, muchos de ellos catalogados. Muy cerca está también Participación Ciudadana, con Pilar Pintos, en la Antigua Pescadería. Y hasta ahí el recorrido por la plaza Mayor. El resto está más lejos.
Quizás uno de los casos más curiosos es el de la concejala Begoña Fernández, que como responsable de Empleo puede estar en la Agencia Local pero como dirigente de Igualdad, puede trabajar desde la oficina del Centro Municipal Integrado de La Arena. Lejos del Ayuntamiento están también Festejos, Vivienda, Deportes, Seguridad Ciudadana... Lo dicho, doce sedes distintas para un único equipo de gobierno.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100404/gijon/doce-sedes-para-equipo-20100404.html
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