Nada es gratis, la sobrefinanciación de las instituciones forales supone, inevitablemente, más impuestos y menor gasto público para los españoles. Esto nos aleja de un nuevo sistema de financiación para las demás Comunidades Autónomas y de la igualdad. Por eso, Ciudadanos se opuso. Nos quedamos solos, pero creemos firmemente que era lo que los españoles merecían: transparencia y justicia, no cuponazo.
1.- DEFENSA DE NUESTRA PNL
La proposición no de ley de Ciudadanos contraria a la "inequidad" y "desequilibrios" que genera la ultima normativa relativa al cálculo del Cupo vasco ha sido rechazada este viernes en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA). Ciudadanos sólo contó con el voto a favor de IU. Sumaron ocho de los 45 sufragios del parlamento asturiano. PP y Foro votaron en contra (14 votos), mientras que el PSOE y Podemos se abstuvieron (23 votos).
2.- FIJACIÓN DE POSICIÓN SOBRE LA PNL DE IU-
A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO
Nicanor
García Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en los
artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN
NO DE LEY relativa a la reforma del Concierto Vasco y la transparencia del
cálculo cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021, para su debate en
la Comisión competente.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 23 de noviembre de 2017, el Congreso de los Diputados
aprobó en procedimiento de lectura única sin enmiendas y por amplia mayoría dos
proyectos de Ley: (i) por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por
la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País
Vasco, y (ii) por el que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo
vasco para el quinquenio 2017-2021. Con estos se establecen las reglas
fundamentales para las relaciones financieras y fiscales entre las
Administraciones forales vascas y el Estado.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos en el
Congreso de los Diputados presentó a estos proyectos las únicas enmiendas
posibles: enmiendas a la totalidad para su devolución al gobierno fundamentadas
en los graves defectos de forma y fondo con que a nuestro juicio se ha
realizado la reforma y actualización del cálculo del cupo vasco.
En primer lugar, la norma en las sucesivas
actualizaciones de la metodología del cálculo del cupo es la opacidad y un
exceso de complejidad, que dificultan la gestión y el control de los fondos
públicos. Por esa razón, se han producido innumerables conflictos entre las
Diputaciones forales vascas y el Estado, así como entre la Comunidad Autónoma
del País Vasco y el Estado. Sin embargo, una mayoría en el Congreso de los
Diputados ha estado a favor de que esta nueva reforma se tramite en lectura
única y en trámite de urgencia con lo que los fallos y la opacidad del texto no
pueden revisarse. Esto constituye una absoluta anomalía democrática del mismo
modo que sería una anomalía tramitar por la vía de urgencia y lectura única la
próxima reforma del sistema de financiación autonómica de régimen general.
En segundo lugar, discutir el cálculo del
cupo vasco no significa cuestionar el régimen de Concierto Económico, que tiene
un anclaje constitucional en la Disposición Adicional 1ª de la Constitución que
se limita a señalar que:“La Constitución
ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La
actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en
el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.”
Ahora bien, lo que no establece de ningún
modo la Constitución es que la fijación del Cupo, es decir el importe de las
cargas no asumidas por las Administraciones Forales y el Gobierno Vasco, pueda
dar lugar a una sobrefinanciación de las Administraciones Vascas, a costa de
las demás Comunidades Autónomas, y en general de los contribuyentes españoles
residentes en los demás territorios del Estado.
De hecho la Constitución en su artículo 138.2
es que:“Las diferencias entre los Estatutos
de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso,
privilegios económicos o sociales.” Por consiguiente, la actualización del
régimen foral, que debe llevarse a cabo en el marco de la Constitución y del
Estatuto de Autonomía del País Vasco, no puede implicar dichos privilegios.
Sin embargo, a través de este proceso opaco y
sin enmiendas de actualización del Concierto Económico y de la fijación y
metodología del Cupo, se está profundizando en la sobrefinanciación de las Administraciones
Vascas. La Comisión de Expertos para la reforma de la Financiación Autonómica
de Régimen Común en su informe de julio de 2017 sobre este asunto concluía:
- “Las Comunidades de
régimen foral gastan en 2016 por unidad de necesidad en torno a un 30% más
que las de régimen común y se han alejado de ellas desde 2007 en su nivel
de gasto por habitante ajustado.”
(punto 76 del capítulo 1).
- “La Comisión considera
imprescindible una revisión del cálculo del cupo y de la aportación así
como de los ajustes a consumo del IVA para adecuarlos a las directrices
que establece la normativa vigente, sin cuestionar el sistema foral de
concierto o convenio. Dicha revisión debería incorporar una valoración
realista de las cargas no asumidas por los territorios forales, entre las
que habría de incluirse la nivelación interregional, así como basarse en
los últimos datos disponibles de consumo regional y otros agregados de
interés para el cálculo.”(punto
4del capítulo 5)
- “Las leyes en las que
se establecen los importes del cupo y la aportación deberían contener un
anexo detallado en el que se recoja toda la información relevante para el
cálculo, incluyendo un listado exhaustivo de cada una de las cargas
consideradas asumidas y no asumidas con sus correspondientes valoraciones.
Estas leyes deberían estar sujetas al procedimiento habitual de discusión
y enmienda.”(punto 7 del
capítulo 5)
Por otra parte, resulta claramente inapropiada la aprobación
de la actualización de este régimen de concierto económico, con prioridad absoluta
respecto de la reforma de la financiación autonómica de quince Comunidades
Autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Entrando ya en el fondo de la cuestión, la
financiación regional (a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal) del País
Vasco en 2014, según el más reciente informe sobre la dimensión territorial de
la actuación de las Administraciones Públicas, correspondiente al ejercicio
2014 es de más del doble que en las CCAA de régimen común: 4.654euros por
habitante en el País Vasco por los 1.883 euros de Madrid o los 2.016euros por
habitante de media de la financiación del régimen común.
Esto permite al País Vasco tener impuestos
más bajos que en el resto del país. La presión fiscal es significativamente más
baja en las comunidades forales que en las CCAA de régimen común, como
demuestra un “sobreesfuerzo fiscal” negativo y muy considerable.
En segundo lugar, permite al País Vasco, como
evidencian múltiples estudios, mantener consistentemente un gasto social en
sanidad, educación y protección social muy superior a la media del resto de
España, con un nivel de deuda muy inferior a la media.
Cualquiera podría pensar que, siendo la
Comunidad Autónoma del País Vasco, la segunda comunidad autónoma en renta per
cápita, y estando claramente financiada muy por encima de la media, la
liquidación definitiva del sistema sería a favor del Estado. No obstante, los
informes sobre las cuentas públicas territorializadas que calculan los flujos
redistributivos entre las regiones, evidencian que el País Vasco es receptora
neta del financiación con 3.387 millones de euros en 2014.A pesar de todo esto,
todavía tenemos que pagar 1.400 millones de euros a las Instituciones Forales
Vascas porque han aportado de más durante los últimos seis años. Por supuesto,
el detalle de todo esto no se explica en absoluto, quizás porque es simplemente
inexplicable.
Por otra parte, el acuerdo establece el Cupo
líquido para 2017, su año base, en 1.304 millones de euros frente a 1.648
millones de euros pactado en 2007. Esta cuantía dobla el supuesto coste de las
transferencias asumidas por el País Vasco en 2011. Es decir, que si un pago
teórico de 1.648 millones -que en la práctica no son tales por el efecto de los
ajustes- genera una sobrefinanciación de las Haciendas Vascas, ahora se
profundiza en la sobrefinanciación, al “disminuir” la aportación vasca, o más
bien aumentar la financiación del Estado a la Instituciones Vascas, es decir a
la Comunidad Autónoma con la segunda renta per cápita más elevada de España.
Aunque la complejidad de los ajustes y la
opacidad en la publicación del cupo dificultan su fiscalización varias fuentes
confirman que en los últimos años el cupo ha sido negativo suponiendo una
transferencia del Estado a favor de las instituciones forales vascas. Esto se
ha debido en gran medida al disparatado ajuste en el impuesto del valor
añadido, ajuste del IVA, y que la presente reforma mantiene.
Por ejemplo, en 2015 del cupo líquido base de
1.648 millones actualizado, en realidad, tras diversos ajustes, según el
gobierno vasco, salía a ingresar a la Administración Central 1.068millones de
euros. Sin embargo, esto no es el final de la historia porque no tiene en
cuenta el ajuste IVA que luego se produce a favor de las Administraciones
Vascas. De acuerdo con el informe mensual de recaudación de la Agencia
Tributaria de diciembre de 2015, el Estado pagó a las Haciendas Vascas por este
concepto de 1.421 millones de euros, lo
que genera un flujo de financiación netamente favorable al País Vasco de al
menos 353 millones de euros. En 2016 ese saldo fue aún mayor, de 388 millones
de euros, ya que el cupo fue unos 1.148 millones de euros y el ajuste por IVA
aumentó a 1.536 millones de euros. El acuerdo del gobierno mantiene que siempre
se complemente lo que recauda en IVA el País Vasco con una parte de lo que
recauda la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el resto de España
(excluida Navarra). Esto, por ser suaves, no tiene sentido, y además supone que
las demás Comunidades Autónomas, acreedoras del 50% de la recaudación del IVA,
vean disminuida injustificadamente su recaudación.
Por último, el País Vasco actualmente
contribuye con 27 millones, el 6,24%, al Fondo de Compensación
Interterritorial, que en 2017 fue dotado con 432 millones de euros. En cambio el
País Vasco no contribuye nada al Fondo de Garantía de Servicios Públicos
Fundamentales, principal instrumento de solidaridad interterritorial. En 2014
este Fondo tuvo una dotación de 8.229 millones. La contribución de la Comunidad
de Madrid a dicho fondo fue 2.909 millones de euros. La contribución del País
Vasco a este fondo debería haber sido de en torno a 513 millones de euros.
Teniendo presente
todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente:
PROPOSICIÓN
NO DE LEY
La Junta General del
Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
a que:
1.- Manifieste su
rechazo a las consecuencias que para la solidaridad interterritorial y para la
hacienda de nuestra Comunidad Autónoma tienen la aprobación de la la Ley
11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología de
señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021 y de la la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la
que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco,
2.- Adopte cuantas
medidas en derecho procedan en defensa de un sistema de financiación autonómico
justo y solidario que corrija la inequidad y los desequilibrios que la Ley
11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología de
señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021 y la ponen la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la
que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, de
manifiesto y agravan.
3.- Exija al Gobierno
de España que explique de forma urgente ante todas las Comunidades Autónomas la
última reforma del concierto vasco y la última actualización del cupo vasco en
la Consejo de Política Fiscal y Financiera y, en particular, que aclare la
infravaloración de las competencias estatales no transferidas y qué método se
utiliza para calcular su coste en las comunidades forales, así como que lleve a
cabo las reformas necesarias para que estas comunidades se incorporen
plenamente al sistema de nivelación interregional y contribuyan en igualdad de
condiciones al principio de solidaridad territorial consagrado en la
Constitución.
Palacio
de la Junta General del Principado de Asturias, 29 de diciembre de 2017
Fdo.: Nicanor García Fernández
Portavoz Grupo Parlamentario
Ciudadanos
