Javier Reig
27 de mayo de 2010
Tras la lectura de los primeros párrafos del manifiesto “El dilema español” (http://estaticos.elmundo.es/documentos/2010/05/21/dilema.pdf), recientemente firmado por más de sesenta articulistas catalanes, no he podido evitar el recordar como Hobbes en su “Leviatán” define la locura como la imaginación desenfrenada.
La adaptación que hace de la Historia el encabezamiento del referido manifiesto, nos indica con precisión cuál es el marco conceptual en el que nos quieren ubicar sus autores, pues sitúa a Cataluña en el centro de un particular e interesado sistema ptolemaico, urdiendo una artificiosa Historia donde la Nación Catalana lucha en pié de igualdad contra España y Francia. Se trata de recorrer la antigua senda que conduce a la moderna nación política como resultado de la transformación de un inexistente y remoto estado feudal catalán. Una iracunda búsqueda de la forzada singularidad colectiva capaz de subrayar la necesaria y anhelada separación entre el “nosotros” y “los otros”.
Desde el punto de vista politológico es interesante comentar las distintas afirmaciones del escrito, expresadas con una contundencia más cercana a la teleología que a la realidad:
Estoy totalmente de acuerdo en el drama que supuso la imposición de la dictadura autocrática del general Franco durante más de cuarenta años, pero sin particularizaciones ni deformaciones interesadas de la realidad, que limiten a Cataluña como única e injusta víctima. Como si el resto de los españoles hubiéramos sido ajenos a dicha situación.
Descartada la línea argumental de la Nación étnica, por motivos obvios, los firmantes introducen los conocidos fundamentos de la Nación cultural, de los cuales, el primero y más elemental es el lingüístico. La torticera denominación “normalización lingüística”, nada tiene que ver con esa “plena igualdad del catalán y del castellano en cuanto a los derechos y deberes de los ciudadanos que viven en Cataluña" a que hace referencia el texto, sino que, muy al contrario, tiene que ver con la exclusión del castellano del espacio público, con la discriminación de aquellos ciudadanos que quieren elegir la lengua en la que se educan sus hijos, y la de quienes no pueden acceder a cargos públicos en la administración, es decir, “normalización lingüística” tiene que ver con la conculcación de los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos.
Una vez establecida la Nación Cultural, el siguiente paso es la argumentación y conquista de la Nación Política. Y para ello, nada mejor que sacar a relucir los supuestos derechos históricos de Cataluña, herederos del “hecho diferencial”, término acuñado por la literatura catalanista de la restauración, un manido y hueco aserto cuyo fin primero y último es la expresión de una idea lata de privilegio y superioridad, absolutamente contraria al espíritu democrático de cualquier sociedad moderna. Esos privilegios a los que hacen mención tienen que ver con rancias regalías, arcaicas prerrogativas y trasnochados fueros medievales, que nos retrotraen al absolutismo del siglo XVIII y que, afortunadamente, nada tienen que ver con nuestra sociedad actual.
Ahora vamos con las medias verdades. Si bien es cierto que el Estatuto de autonomía de Cataluña del año 1979 fue aprobado holgadamente por referéndum, no es menos cierto que el nuevo Estatuto –radicalmente distinto de aquel- tan sólo fue votado por el 36% del posible electorado, y que no acudieron a votar ni siquiera la mitad de los electores, pese a la argumentación del gran clamor ciudadano existente sobre la urgencia de la reforma estatutaria. Demostrándose de manera amplia que no fueron los ciudadanos quienes impulsaron el nuevo estatuto, sino exclusivamente los partidos políticos catalanes.
Por otra parte, calificar como “proyecto político” a España, que es el Estado más antiguo de Europa, es no sólo una muestra de indigencia cultural sino que en todo caso es un nuevo intento de rectificar la Historia de manera interesada y de establecer la supremacía de una supuesta fuerza natural (nación cultural) que prevalece sobre el valor de la libertad individual.
“España corre el serio peligro de querer cerrar judicialmente un contencioso que solo puede abordarse, gestionarse y resolverse en términos políticos y con vocación de futuro”: Este intento de desligar lo judicial de lo político no es sino un exponente de la falta de criterio democrático de los firmantes, que desvinculan la Democracia de la necesaria división de poderes, un elemento imprescindible en todo Estado de Derecho. Un sistema democrático, para ser realmente democrático y por ende legítimo, ha de contemplar no sólo el pacto político y las urnas, sino la legalidad y el respeto por las instituciones y la Constitución, del cual el Tribunal Constitucional es el legítimo garante. Si no se contemplara dicho respeto jurídico-constitucional, serían los partidos los que decidirían, sin límites, con sus pactos sobre la vida de los ciudadanos españoles, desdibujando el Estado de Derecho y socavando las bases de la propia Democracia.
Pese a que el manifiesto incide en la necesidad de una evolución federal del estado autonómico, el cual se sitúa en lo relativo al autogobierno muy por encima de muchos modelos federales, sin embargo lo que realmente está definiendo y demandando es un modelo claramente confederal, compuesto por autonomías jurídicamente desiguales, o lo que es lo mismo, un modelo en donde se institucionalicen los privilegios de unas personas sobre otras, por el mero hecho de vivir en un sitio u otro, lo que tiene poco que ver con el sistema federal entendido como un pacto entre iguales.
En cuanto a que “los pactos deben ser respetados, especialmente cuando tienen, además, la legitimidad democrática de los ciudadanos”, he de decir que la Democracia para que sea legítima no sólo consiste en votar y elegir, sino que tiene que ver con el respeto a las instituciones, con la separación de poderes, con el ordenamiento jurídico y constitucional, con la institucionalización de los procesos políticos, con la equidad (leyes iguales para todos y todos iguales para las leyes), y con la erradicación, en definitiva, de privilegios históricos o de cualquier otra índole. Si la Democracia está sometida, tal como se dice en el manifiesto, exclusivamente a los pactos políticos de las mayorías parlamentarias, entonces deja de existir la democracia, permaneciendo tan solo quien manda y quien obedece.
Y por fin llegamos a la culminación argumental del manifiesto: “si las aspiraciones de reconocimiento y de autogobierno nacional de los catalanes no caben en la Constitución sólo quedan dos salidas posibles: o los catalanes renuncian a sus aspiraciones o renuncian a la Constitución": Una frase construida sobre la ambigüedad y la amenaza, a partes iguales. Finalmente averiguamos cuales son los verdaderas intenciones de los firmantes.
No importa la constitucionalidad del Estatuto, ni siquiera la Democracia, solo importa la nación política catalana, entendida exclusivamente como la praxis depredadora de los partidos nacionalistas y sus aventajados imitadores.
Más allá del mundo irreal que nos plantea el texto, lo realmente cierto, es que la consolidación definitiva del estado autonómico será imposible si está permanentemente sometida a la tensión que supone la reivindicación sistemática de mayores facultades de autogobierno. En permanente choque tanto con la letra de la Constitución y de su legislación de desarrollo, como con el espíritu de la norma y sobre todo, forzando los límites de las posibilidades reales del Estado español y su ordenamiento constitucional, asentado en la unidad, la libertad, y la igualdad de todos los españoles.
jueves, 27 de mayo de 2010
Los alcaldes no se contentan y presionan para que Zapatero les permita endeudarse
Los alcaldes no se conforman con los cambios introducidos por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en el decreto de restricción del crédito a los ayuntamientos. No les basta el aplazamiento a 2011 del comienzo de esta veda crediticia. Quieren otra rectificación de Zapatero. Los ayuntamientos aspiran a que se les permita contraer deuda el próximo año para acabar las obras plurianuales y garantizar las cofinanciadas con fondos autonómicos, estatales y europeos. No quieren pasarse en blanco el año electoral.
Esta exigencia la han puesto encima de la mesa incluso barones locales de su mismo partido, como la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Otro destacado alcalde socialista, el de Zaragoza, ministro en tiempos de Felipe González, Juan Alberto Belloch, además de asegurar que la rectificación de Zapatero es «insuficiente», anunció que ha dado orden a sus servicios jurídicos para estudiar si puede ser inconstitucionalildad y recurrirlo. Un extremo que también estudia el Gobierno valenciano (PP).
Paz Fernández Felgueroso, que es una de las vocales más activas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), adelantó que el organismo va a plantear al Gobierno que incluya dos excepciones a la restricción del endeudamiento local: «Que se permita contraer deuda para aquellas obras que tienen cofinanciación de otras administraciones públicas o fondos europeos, y para aquellas que se empiecen este año pero que parte de ellas se paguen en 2011». En este caso, el de los denominados proyectos plurianuales, la restricción del endeudamiento podría suponer «que se dejaran de pagar las obras a las empresas que las han ejecutado».
Felgueroso, que fue una de las alcaldesas socialistas que intervino ante el Gobierno central el pasado lunes después de conocerse por el BOE que la prohibición para endeudarse entraba en vigor inmediatamente, también apuntó que las restricciones no implicarán necesariamente que no se vayan a ejecutar inversiones. «El año que viene habrá municipios que podrían hacer inversiones, pero con recursos propios, sin recurrir a deuda». Y aseguró que le parece «difícil» que, como piden muchos alcaldes, por ejemplo Jordi Hereu (Barcelona, PSOE), la restricción no sea igual para aquellos ayuntamientos que han controlado el déficit que para los que han disparado su deuda.
Sí dejó claro que «no parece que el "café para todos" sea la solución más justa», en el sentido de que «hay ayuntamientos que han sobrepasado el límite legal de endeudamiento, mientras que hay otros que no lo han hecho y que podrían, por lo tanto, estar en mejor posición para contratar créditos». Además, descartó que vaya a producirse una avalancha de solicitud de créditos por parte de los municipios, «porque hay que tener las autorizaciones pertinentes», y añadió que «este tipo de créditos los autorizan las comunidades autónomas y sencillamente no serían autorizados y, por lo tanto, las entidades de crédito no los suscribirían». Felgueroso sentenció que «la situación está complicada para todos, para los municipios, para las comunidades autónomas y para el Estado». Por su parte, Pedro Castro, presidente de la FEMP y alcalde socialista de Getafe, aseguró que ha llegado la hora en la que los ayuntamientos tienen que «priorizar entre hacer calles o políticas sociales».
Por su parte, el alcalde de Grado, Antonio Rey (PP), aseveró que si Zapatero no cede a la solicitud de la FEMP de ampliar su rectificación a las obras cofinanciadas y plurianuales «muchos concejos se irán a la ruina. ¿Vamos a tener que renunciar a las subvenciones de fuera y dejar a los municipios sin esas obras?». Rey lanzó un mensaje a Zapatero: «No entiendo si esta medida es legal porque la Constitución nos permite un endeudamiento del 110%, para eso tenemos a los interventores, que son quienes nos dicen hasta dónde podemos llegar. Tienen que darnos libertad de maniobra». El alcalde moscón advirtió de que «pueden aparecer problemas para pagar a proveedores o al personal del Ayuntamiento. Aunque tengamos solvencia económica, nadie está libre de tener que hacer frente a un pago por una catástrofe».
Y no más optimista se mostraba el alcalde socialista de Castropol, José Ángel Pérez. «Los ayuntamientos vivimos en la escasez más absoluta y lo cierto es que las medidas del Gobierno no nos ayudan. Hay que echar números y ver con detenimiento hasta dónde podemos llegar o si tenemos que hacer recortes de personal. Esperamos que no». Y aseguró que la «ley de financiación local es la necesidad más acuciante que tenemos. Somos quienes damos los servicios a los ciudadanos».
http://www.lne.es/asturias/2010/05/27/alcaldes-contentan-presionan-zapatero-les-permita-endeudarse/921031.html
Esta exigencia la han puesto encima de la mesa incluso barones locales de su mismo partido, como la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Otro destacado alcalde socialista, el de Zaragoza, ministro en tiempos de Felipe González, Juan Alberto Belloch, además de asegurar que la rectificación de Zapatero es «insuficiente», anunció que ha dado orden a sus servicios jurídicos para estudiar si puede ser inconstitucionalildad y recurrirlo. Un extremo que también estudia el Gobierno valenciano (PP).
Paz Fernández Felgueroso, que es una de las vocales más activas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), adelantó que el organismo va a plantear al Gobierno que incluya dos excepciones a la restricción del endeudamiento local: «Que se permita contraer deuda para aquellas obras que tienen cofinanciación de otras administraciones públicas o fondos europeos, y para aquellas que se empiecen este año pero que parte de ellas se paguen en 2011». En este caso, el de los denominados proyectos plurianuales, la restricción del endeudamiento podría suponer «que se dejaran de pagar las obras a las empresas que las han ejecutado».
Felgueroso, que fue una de las alcaldesas socialistas que intervino ante el Gobierno central el pasado lunes después de conocerse por el BOE que la prohibición para endeudarse entraba en vigor inmediatamente, también apuntó que las restricciones no implicarán necesariamente que no se vayan a ejecutar inversiones. «El año que viene habrá municipios que podrían hacer inversiones, pero con recursos propios, sin recurrir a deuda». Y aseguró que le parece «difícil» que, como piden muchos alcaldes, por ejemplo Jordi Hereu (Barcelona, PSOE), la restricción no sea igual para aquellos ayuntamientos que han controlado el déficit que para los que han disparado su deuda.
Sí dejó claro que «no parece que el "café para todos" sea la solución más justa», en el sentido de que «hay ayuntamientos que han sobrepasado el límite legal de endeudamiento, mientras que hay otros que no lo han hecho y que podrían, por lo tanto, estar en mejor posición para contratar créditos». Además, descartó que vaya a producirse una avalancha de solicitud de créditos por parte de los municipios, «porque hay que tener las autorizaciones pertinentes», y añadió que «este tipo de créditos los autorizan las comunidades autónomas y sencillamente no serían autorizados y, por lo tanto, las entidades de crédito no los suscribirían». Felgueroso sentenció que «la situación está complicada para todos, para los municipios, para las comunidades autónomas y para el Estado». Por su parte, Pedro Castro, presidente de la FEMP y alcalde socialista de Getafe, aseguró que ha llegado la hora en la que los ayuntamientos tienen que «priorizar entre hacer calles o políticas sociales».
Por su parte, el alcalde de Grado, Antonio Rey (PP), aseveró que si Zapatero no cede a la solicitud de la FEMP de ampliar su rectificación a las obras cofinanciadas y plurianuales «muchos concejos se irán a la ruina. ¿Vamos a tener que renunciar a las subvenciones de fuera y dejar a los municipios sin esas obras?». Rey lanzó un mensaje a Zapatero: «No entiendo si esta medida es legal porque la Constitución nos permite un endeudamiento del 110%, para eso tenemos a los interventores, que son quienes nos dicen hasta dónde podemos llegar. Tienen que darnos libertad de maniobra». El alcalde moscón advirtió de que «pueden aparecer problemas para pagar a proveedores o al personal del Ayuntamiento. Aunque tengamos solvencia económica, nadie está libre de tener que hacer frente a un pago por una catástrofe».
Y no más optimista se mostraba el alcalde socialista de Castropol, José Ángel Pérez. «Los ayuntamientos vivimos en la escasez más absoluta y lo cierto es que las medidas del Gobierno no nos ayudan. Hay que echar números y ver con detenimiento hasta dónde podemos llegar o si tenemos que hacer recortes de personal. Esperamos que no». Y aseguró que la «ley de financiación local es la necesidad más acuciante que tenemos. Somos quienes damos los servicios a los ciudadanos».
http://www.lne.es/asturias/2010/05/27/alcaldes-contentan-presionan-zapatero-les-permita-endeudarse/921031.html
El recorte salarial de los ediles permite al Ayuntamiento ahorrar 100.000 euros al año
Cien mil euros anuales ahorrará el Ayuntamiento de Gijón con la rebaja en los sueldos de sus políticos que ha impuesto el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su paquete de medidas de ajuste del gasto público, y cuenta con la recomendación de la comisión ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias. La Junta de Gobierno -integrada por los ediles del PSOE e IU y presidida por la socialista Paz Fernández Felgueroso- aprobaba en su reunión de ayer una rebaja del 9 por ciento en el salario de la Alcaldesa y del 8 por ciento en el sueldo de los concejales con dedicación exclusiva y en las dietas por asistencia a Pleno, comisiones de Pleno, juntas de portavoces y gobierno y juntas rectoras de los organismos autónomos del Ayuntamiento que cobran el resto de los ediles. También se rebaja en un 8 por ciento la asignación mensual que recibe cada grupo político para el desarrollo de su actividad municipal. Esta decisión será refrendada en el Pleno del próximo mes de junio.
Ello supone que el sueldo de Paz Fernández Felgueroso pasa a ser de 64.823,61 euros al año (en bruto) y los concejales liberados cobrarán tras la rebaja 51.952,38 euros. Una reducción anual de 6.411,13 euros para la regidora y de 4.517,60 euros para sus concejales. La condición de liberados la tienen todos los concejales que conforman el equipo de gobierno -doce del PSOE y dos de Izquierda Unida- y cuatro ediles del PP, que son Luis Crego, Manuel Pecharromán, Francisco Rodríguez Cubiella y María Teresa Menéndez. El resto de los integrantes del grupo municipal de la oposición cobra dietas, entre ellos se encuentran la diputada nacional Pilar Fernández Pardo y la senadora Dorinda García. Al inicio de este mandato se había fijado la cantidad de 300 euros por asistencia a Pleno y de 150 euros por asistir a las juntas o comisiones de trabajo. La rebaja del 8 por ciento deja estas asignaciones a partir de junio en 276 y 138 euros, respectivamente.
El ahorro que se puede conseguir en ese apartado es difícil de cuantificar ya que depende del número de sesiones de trabajo que se convoquen. Un ejemplo. La normalidad establece que se desarrolle un Pleno al mes; sin embargo, el próximo julio ya existe la previsión de celebrar tres sesiones plenarias: una ordinaria y dos extraordinarias para debatir, en un caso, el estado del municipio y, en otro, la aprobación inicial del Plan General de Ordenación. Las reuniones de comisiones de trabajo también son variables, aunque suele haber una diaria.
En cuanto a las reducciones en los salarios del personal directivo se aplicarán los porcentajes marcados por el Gobierno central según sus diferentes categorías y retribuciones. También se rebaja un 8 por ciento la asignación de 3.423 euros que recibe al mes cada grupo municipal. Ese dinero llega a los tres partidos con presencia en el Ayuntamiento para cubrir la actividad de sus grupos, con despachos donde trabaja una secretaria -dos en el caso del PP, pero repartiéndose el salario- y donde hay dos personas realizando labores de asesoramiento.
El ingreso por multas de tráfico asciende a 5,9 millones, un 56% más de lo previsto
El Ayuntamiento de Gijón ingresó a lo largo del año pasado un total de 5.950.000 euros por multas de tráfico y seguridad vial. Esa cifra final supone un incremento del 56% con respecto a los 3.800.000 euros que se habían presupuestado al elaborar las cuentas municipales para 2009. El edil popular Pablo González ofreció ayer estas cifras como un ejemplo de la presión económica a la que somete el gobierno local a los gijoneses para afrontar la situación de crisis general. «El gobierno está exprimiendo la gallina de los huevos de oro que es el bolsillo de los ciudadanos, y los gijoneses ya no pueden más», indicó el edil, que ironizó con un «los nuevos radares están bien amortizados».
Pero no es la única partida vinculada al apartado de las sanciones que se ha multiplicado al dar el salto de la previsión teórica a la realidad de las cuentas finales. González, que participó ayer en la reunión de la Comisión especial de Cuentas, donde el equipo de gobierno presentó la liquidación del presupuesto del año anterior, aseguró en una comparecencia pública posterior que se había incrementado un 126% la recaudación por infracciones de leyes y ordenanzas y un 380% el ingreso por intereses de demora. En el primer caso se había presupuestado 445.000 euros y se ingresaron 1.070.707 y, en el segundo; el salto fue de 400.000 a 2.330.000 euros. Ese aumento de los pagos fuera de plazo es considerado por el concejal popular un ejemplo de la mala situación económica de las familias gijonesas, que no pueden afrontar sus facturas en tiempo y forma. «Éste es un claro indicador de que los gijoneses no pueden más. ¿Y qué pasará en los próximos años, cuando se triplique el IBI?», se preguntó el concejal.
El concejal de Hacienda, Santiago Martínez Argüelles, sólo tardó unas horas en salir al paso de las declaraciones de González, al que acusa de «hacer gala nuevamente de su habitual demagogia con la intención de confundir a los ciudadanos». El edil socialista no desmiente los datos relativos a las sanciones de tráfico, aunque sí hace frente a las consideraciones políticas del PP sobre una presión gubernamental para conseguir más ingresos por esta vía de recaudación al recordar que es un sistema automatizado y vincular el aumento al hecho de que los nuevos radares, que sólo estuvieron en funcionamiento medio año en 2008, se mantuvieron operativos durante todo 2009.
Más contundente es el concejal de gobierno al rechazar que los gijoneses hayan pagado 2,3 millones por intereses de demora. «Ese dinero en absoluto ha salido del bolsillo de los gijoneses, fueron satisfechos por Hacienda por el pago del IVA a Emulsa incorrectamente ingresado por Hacienda durante varios años y devueltos al Ayuntamiento en 2009 tras ganar un pleito», sentenció.
El análisis de la liquidación de las cuentas de 2009 también sirvió al concejal de la oposición para reafirmarse en la exigencia de su grupo de reducir el número, y con ello el coste, de las empresas municipales. Según los datos facilitados por González, estas sociedades recibieron del presupuesto del Ayuntamiento un total de 45.258.000 euros. Una cantidad a la que hay que sumar los 47.905.000 euros que generaron como recursos propios estas empresas. Ello supone que esa red municipal movilizó a lo largo de 2009 un total de 93.153.000 euros. «Hay que reflexionar sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por esta estructura municipal, porque nosotros estamos convencidos de que se puede hacer lo mismo con menos recursos», indicó el edil. De hecho, González presentaba esta misma semana una iniciativa del PP en favor de una reestructuración de la red de empresas, para que sólo continuasen las de aguas, limpiezas, autobuses y vivienda. Las demás se fusionarían o desaparecerían, para ser asumidas sus funciones por servicios del Ayuntamiento.
Pablo González se mostró también reticente a dar su beneplácito al saldo positivo con que el gobierno local liquidó las cuentas del año 2009. El cómputo final dio un resultado positivo de siete millones de euros.
http://www.lne.es/gijon/2010/05/27/ingreso-multas-trafico-asciende-59-millones-56-previsto/920906.html
Pero no es la única partida vinculada al apartado de las sanciones que se ha multiplicado al dar el salto de la previsión teórica a la realidad de las cuentas finales. González, que participó ayer en la reunión de la Comisión especial de Cuentas, donde el equipo de gobierno presentó la liquidación del presupuesto del año anterior, aseguró en una comparecencia pública posterior que se había incrementado un 126% la recaudación por infracciones de leyes y ordenanzas y un 380% el ingreso por intereses de demora. En el primer caso se había presupuestado 445.000 euros y se ingresaron 1.070.707 y, en el segundo; el salto fue de 400.000 a 2.330.000 euros. Ese aumento de los pagos fuera de plazo es considerado por el concejal popular un ejemplo de la mala situación económica de las familias gijonesas, que no pueden afrontar sus facturas en tiempo y forma. «Éste es un claro indicador de que los gijoneses no pueden más. ¿Y qué pasará en los próximos años, cuando se triplique el IBI?», se preguntó el concejal.
El concejal de Hacienda, Santiago Martínez Argüelles, sólo tardó unas horas en salir al paso de las declaraciones de González, al que acusa de «hacer gala nuevamente de su habitual demagogia con la intención de confundir a los ciudadanos». El edil socialista no desmiente los datos relativos a las sanciones de tráfico, aunque sí hace frente a las consideraciones políticas del PP sobre una presión gubernamental para conseguir más ingresos por esta vía de recaudación al recordar que es un sistema automatizado y vincular el aumento al hecho de que los nuevos radares, que sólo estuvieron en funcionamiento medio año en 2008, se mantuvieron operativos durante todo 2009.
Más contundente es el concejal de gobierno al rechazar que los gijoneses hayan pagado 2,3 millones por intereses de demora. «Ese dinero en absoluto ha salido del bolsillo de los gijoneses, fueron satisfechos por Hacienda por el pago del IVA a Emulsa incorrectamente ingresado por Hacienda durante varios años y devueltos al Ayuntamiento en 2009 tras ganar un pleito», sentenció.
El análisis de la liquidación de las cuentas de 2009 también sirvió al concejal de la oposición para reafirmarse en la exigencia de su grupo de reducir el número, y con ello el coste, de las empresas municipales. Según los datos facilitados por González, estas sociedades recibieron del presupuesto del Ayuntamiento un total de 45.258.000 euros. Una cantidad a la que hay que sumar los 47.905.000 euros que generaron como recursos propios estas empresas. Ello supone que esa red municipal movilizó a lo largo de 2009 un total de 93.153.000 euros. «Hay que reflexionar sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por esta estructura municipal, porque nosotros estamos convencidos de que se puede hacer lo mismo con menos recursos», indicó el edil. De hecho, González presentaba esta misma semana una iniciativa del PP en favor de una reestructuración de la red de empresas, para que sólo continuasen las de aguas, limpiezas, autobuses y vivienda. Las demás se fusionarían o desaparecerían, para ser asumidas sus funciones por servicios del Ayuntamiento.
Pablo González se mostró también reticente a dar su beneplácito al saldo positivo con que el gobierno local liquidó las cuentas del año 2009. El cómputo final dio un resultado positivo de siete millones de euros.
http://www.lne.es/gijon/2010/05/27/ingreso-multas-trafico-asciende-59-millones-56-previsto/920906.html
La plataforma de Cabueñes califica el documento de referencia del PGO de «incongruente»
La Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes criticó ayer el documento de referencia de revisión del PGO, el texto en que la Consejería de Medio Ambiente evalúa los efectos medioambientales de la futura normativa. En opinión de los vecinos, el documento suscrito por el consejero Francisco González Buendía, de quien recuerdan su pasado de empleado municipal, es «confuso, incongruente y defectuoso». Es más, consideran que el texto «es un lamentable ejemplo del grado de desgobierno ambiental que padece Asturias».
«Aunque el árbitro ya sabíamos que estaba comprado, debiera salir al campo vestido de negro y guardar las apariencias», señalan en un comunicado. La plataforma también arremete contra el edil de Urbanismo y la alcaldesa, por restar importancia a las indicaciones de obligado cumplimiento del Principado y por fijar para julio la aprobación inicial del PGO. «Los principios, las formas y el fondo que marca la ley no se pueden atender correctamente en este plazo», lamentan.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100527/gijon/plataforma-cabuenes-califica-documento-20100527.html
«Aunque el árbitro ya sabíamos que estaba comprado, debiera salir al campo vestido de negro y guardar las apariencias», señalan en un comunicado. La plataforma también arremete contra el edil de Urbanismo y la alcaldesa, por restar importancia a las indicaciones de obligado cumplimiento del Principado y por fijar para julio la aprobación inicial del PGO. «Los principios, las formas y el fondo que marca la ley no se pueden atender correctamente en este plazo», lamentan.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100527/gijon/plataforma-cabuenes-califica-documento-20100527.html
Los arquitectos piden la suspensión de la convocatoria del edificio del campus
En un durísimo recurso de reposición, el Colegio pone bajo sospecha la limpieza del proceso
27.05.10 - 08:10 -
A. PRESEDO / E. MONTES | GIJÓN.
Es un texto administrativo. Concretamente un recurso de reposisión, pero a lo largo de sus cuatro folios, el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias no escatima en descalificaciones y juicios de valor que ponen bajo sospecha la actuación del Ayuntamiento de Gijón en la convocatoria de la redacción del proyecto y ejecución de las obras del edificio de servicios científico-técnicos del campus. Hablan de «una falta de información y transparencia que vulnera los principios que deben regir las contrataciones públicas». De lo «claramente incongruentes, irrazonables e inaceptables» que son los plazos establecidos para presentar la documentación. De lo «aberrante, desde el punto de vista técnico y lógico» que es fijar la conclusión de los trabajos para el 31 de diciembre. Y
de lo «urgente» de su recurso, presentado el pasado 3 de mayo, -tres días después de ser publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias- para solicitar «la suspensión cautelar» del procedimiento y «una nueva convocatoria, cuyas condiciones sean plenamente conformes a Derecho».
Pero, por encima de todo, lo que dejan en entredicho los arquitectos asturianos es la limpieza de la actuación municipal, que vinculan insinuantemente con el dibujo presentado por la Universidad de Oviedo a la convocatoria de Campus de Excelencia Internacional y a los cortos plazos establecidos para presentar las propuestas. En primer lugar, aseguran que «es claro que los plazos marcados tanto para las solicitudes de participación (cinco días naturales) como para que las empresas presenten una documentación técnica con una propuesta de ordenación arquitectónica, son claramente incongruentes, irrazonables e inaceptables para elaborarla con el debido rigor y propiciar la concurrencia». Ello no ha sido óbice, sin embargo, para que se presentaran 17 empresas a la convocatoria municipal.
Y una vez puestos en situación, no tiene recato el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias en afirmar que «no sería de recibo que se estableciesen condiciones discriminatorias, de modo que sólo los licitadores que tuvieran ya preparadas propuestas técnicas anteriormente pudieran tener la posibilidad de cumplimentar los requisitos establecidos en los pliegos».
No hay nombres, pero sí dedos acusadores sobre la intrahistoria de todo el proceso de concepción del proyecto, que nace en el verano del año pasado, cuando la Universidad de Oviedo decide optar al sello de Campus de Excelencia Internacional convocado por los ministerios de Educación y de Ciencia e Innovación. Presenta entonces la modernización de sus campus y en el de Gijón incluye la construcción del edificio de servicios científico-técnicos, cuyo diseño muestra públicamente por boca del arquitecto que lo elabora. A partir de ahí, la Universidad obtiene el sello de excelencia, el Ayuntamiento recibe fondos del Estado para destinar a objetivos tecnológicos y ambas instituciones establecen un compromiso, aún no firmado, por el que la Corporación destina una parte de esa financiación al edificio del campus, a cambio de la vieja Escuela de Empresariales.
Nueve preguntas
Pero el tiempo apremia, porque la inversión ha de completarse, al menos en una buena parte, antes de que acabe el año, y el Ayuntamiento convoca conjuntamente la redacción del proyecto y la ejecución de la obra. Y los arquitectos se hacen, y hacen al equipo de gobierno, hasta nueve preguntas que no les han sido contestadas. Buena parte de ellas, en referencia a este anteproyecto universitario, y otras, sobre la legalidad de construir para la Universidad.
«Son cuestiones que exigen una respuesta clara y precisa para conocimiento no sólo de este Colegio, sino de la sociedad. Actuar de otro modo implicaría que existirían razones o motivos para ocultar la información que se plantea y dejaría en evidencia la intervención de la Administración local en este asunto», recoge el recurso de reposición. Pero no hubo respuesta.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100527/gijon/arquitectos-piden-suspension-convocatoria-20100527.html#opina
27.05.10 - 08:10 -
A. PRESEDO / E. MONTES | GIJÓN.
Es un texto administrativo. Concretamente un recurso de reposisión, pero a lo largo de sus cuatro folios, el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias no escatima en descalificaciones y juicios de valor que ponen bajo sospecha la actuación del Ayuntamiento de Gijón en la convocatoria de la redacción del proyecto y ejecución de las obras del edificio de servicios científico-técnicos del campus. Hablan de «una falta de información y transparencia que vulnera los principios que deben regir las contrataciones públicas». De lo «claramente incongruentes, irrazonables e inaceptables» que son los plazos establecidos para presentar la documentación. De lo «aberrante, desde el punto de vista técnico y lógico» que es fijar la conclusión de los trabajos para el 31 de diciembre. Y
de lo «urgente» de su recurso, presentado el pasado 3 de mayo, -tres días después de ser publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias- para solicitar «la suspensión cautelar» del procedimiento y «una nueva convocatoria, cuyas condiciones sean plenamente conformes a Derecho».
Pero, por encima de todo, lo que dejan en entredicho los arquitectos asturianos es la limpieza de la actuación municipal, que vinculan insinuantemente con el dibujo presentado por la Universidad de Oviedo a la convocatoria de Campus de Excelencia Internacional y a los cortos plazos establecidos para presentar las propuestas. En primer lugar, aseguran que «es claro que los plazos marcados tanto para las solicitudes de participación (cinco días naturales) como para que las empresas presenten una documentación técnica con una propuesta de ordenación arquitectónica, son claramente incongruentes, irrazonables e inaceptables para elaborarla con el debido rigor y propiciar la concurrencia». Ello no ha sido óbice, sin embargo, para que se presentaran 17 empresas a la convocatoria municipal.
Y una vez puestos en situación, no tiene recato el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias en afirmar que «no sería de recibo que se estableciesen condiciones discriminatorias, de modo que sólo los licitadores que tuvieran ya preparadas propuestas técnicas anteriormente pudieran tener la posibilidad de cumplimentar los requisitos establecidos en los pliegos».
No hay nombres, pero sí dedos acusadores sobre la intrahistoria de todo el proceso de concepción del proyecto, que nace en el verano del año pasado, cuando la Universidad de Oviedo decide optar al sello de Campus de Excelencia Internacional convocado por los ministerios de Educación y de Ciencia e Innovación. Presenta entonces la modernización de sus campus y en el de Gijón incluye la construcción del edificio de servicios científico-técnicos, cuyo diseño muestra públicamente por boca del arquitecto que lo elabora. A partir de ahí, la Universidad obtiene el sello de excelencia, el Ayuntamiento recibe fondos del Estado para destinar a objetivos tecnológicos y ambas instituciones establecen un compromiso, aún no firmado, por el que la Corporación destina una parte de esa financiación al edificio del campus, a cambio de la vieja Escuela de Empresariales.
Nueve preguntas
Pero el tiempo apremia, porque la inversión ha de completarse, al menos en una buena parte, antes de que acabe el año, y el Ayuntamiento convoca conjuntamente la redacción del proyecto y la ejecución de la obra. Y los arquitectos se hacen, y hacen al equipo de gobierno, hasta nueve preguntas que no les han sido contestadas. Buena parte de ellas, en referencia a este anteproyecto universitario, y otras, sobre la legalidad de construir para la Universidad.
«Son cuestiones que exigen una respuesta clara y precisa para conocimiento no sólo de este Colegio, sino de la sociedad. Actuar de otro modo implicaría que existirían razones o motivos para ocultar la información que se plantea y dejaría en evidencia la intervención de la Administración local en este asunto», recoge el recurso de reposición. Pero no hubo respuesta.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100527/gijon/arquitectos-piden-suspension-convocatoria-20100527.html#opina
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