Discriminación bachillerato

En virtud de un Decreto vigente desde noviembre de 2008, los alumnos de Formación Profesional (FP) tienen acceso directo a la Universidad, sin necesidad de realizar examen de ingreso ni selectividad y sin que para ellos exista un cupo de plazas determinado.

Pero aún hay un problema añadido. No sólo su ingreso es directo, sino que su calificación se conforma por la nota media del ciclo con un incremento añadido a base de dos coeficientes: uno, sobre la mejor nota del expediente, y otro, sobre la segunda mejor nota. Lo que provoca que al entrar con calificaciones más altas y ahora en mayor número, la nota de corte se eleva para los alumnos procedentes de selectividad, imposibilitando su acceso a la carrera elegida. De hecho, determinados ciclos formativos de FP se cursan mayoritariamente en centros privados y que al no existir el filtro corrector de la selectividad las notas medias superan en casi dos puntos a las del bachillerato; lo cual se ve agravado con que quienes tienen que hacer la selectividad acostumbran a ver rebajada su nota en otro medio punto.

Y con esa calificación global, sin más cortapisas, los alumnos de FP tienen libre acceso a la Universidad, donde compiten con alumnos de Bachillerato, que ha tenido que superar la selectividad o Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), por las titulaciones con numerus clausus.

La supresión en la Universidad de los cupos de entrada para los estudiantes procedentes de los ciclos de FP, que no tienen necesidad de pasar por la selectividad, ha provocado una avalancha de alumnos en una veintena de carreras. La consecuencia de este “invento” ha sido que los estudios universitarios más demandados, como son Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Odontología, se han visto invadidos por alumnos procedentes de la FP, expulsando en su acceso a los procedentes del Bachillerato, que han tenido que superar un proceso selectivo más severo.

Los responsables universitarios alertan que la incidencia y los desequilibrios son fuertes, especialmente en titulaciones importantes como las del área sanitaria o Magisterio, que es clave para la formación de un país. Sin ir más lejos, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), por ejemplo, de las 154 plazas de primer curso de Magisterio de Educación Infantil, 139 han correspondido a alumnos de FP y sólo 15 a los que proceden de la selectividad. E incluso se da el caso de alumnos que han entrado en Magisterio que únicamente habían cursado Formación profesional administrativo. En el Institut Nacional d'Educació Física (INEF), en Barcelona, tiene un 66% de estudiantes procedentes de FP. En algunas Universidades, los titulados de FP han copado el 10% de las plazas de Medicina, el 50% de Enfermería y el 90% de Odontología.

El único elemento corrector que se introdujo por la Administración educativa fue que el plus que se puede conseguir en la nota de acceso a través de los exámenes de materias de modalidad podía llegar a ser de 4 puntos (nota máxima 14). Los de FP podían escoger entre sus mejores notas pero solamente podían sumar 2 (hasta 12). Esa limitación ha impedido a los alumnos de FP matricularse en carreras como Medicina, cuando en años anteriores se les reservaba un 10% de las plazas y en Magisterio se les reservaba el 30%.

Otro desequilibrio grave se produce debido a las materias que ya tienen convalidadas los alumnos de FP. En el caso de Educación Infantil de la UAB pueden ser 48 créditos de un total de 240. Eso significa que en segundo curso, donde se concentra la mayor parte de esas materias, los grupos estarán casi vacíos, pero deberán impartirse igual y además los alumnos no pagarán la matricula.

Resulta evidente que la FP necesitaba de un proceso de dignificación y de ofrecimiento de salidas en estudios superiores, pero nunca a cambio de allanar el camino hasta el punto de poner en el peligro el proyecto curricular de los alumnos procedentes del Bachillerato, provocar una discriminación para éstos, dando un acceso universitario privilegiado para los primeros.

La elección de los estudios universitarios en esa etapa de la vida trasciende mucho al hecho de escoger qué estudios resultan más interesantes, sino que cada alumno determina su futuro profesional para, seguramente, el resto de su vida. De ahí la importancia que este proceso se haga con arreglo a los principios de igualdad y mérito que debe regir toda la vida académica universitaria, en cualquiera de sus momentos, de su acceso como estudiante hasta el nombramiento del profesorado.

Chicos y chicas que salidos del bachillerato ven frustradas sus legitimas expectativas, a la vista de que de nada sirven sus esfuerzos de varios años y de superar la prueba de la selectividad frente a quienes han elegido otro currículo formativo, evitando tener que homologar sus conocimientos frente al resto de los sus futuros compañeros universitarios mediante una prueba de acceso.

El ministro Gabilondo y los Consejeros de Educación de las respectivas Comunidades autónomas deberían hacer una reflexión profunda sobre esta situación, pues no se pueden hacer experimentos con el futuro profesional de la juventud y que se les envíe tácitamente el mensaje de que de nada vale el esfuerzo ni los méritos en los estudios o en el mundo profesional. De continuar así, el ministro puede dinamitar el sistema educativo en una fase crucial, el del acceso a los estudios superiores, y con ello el de un montón de vocaciones profesionales en base a un Decreto absurdo e injusto, además de poner en peligro la calidad de estudios superiores de importancia para el futuro de la sociedad por haber introducido una descompensación irreflexiva y no corregida a tiempo.

En UPyD hemos propugnado que la educación de calidad es el instrumento más eficaz para avanzar hacia una igualdad real de oportunidades en una sociedad en la que no haya más desigualdades que las derivadas de la capacidad y el mérito y que la mejora de nuestro sistema educativo es crucial para posibilitar el cambio a un nuevo modelo productivo, basado en el conocimiento y la innovación tecnológica que genere empleo de calidad.

Es urgente, pues, que se establezca un cupo de plazas para los estudiantes de FP o éstos que realicen una prueba de acceso a la Universidad, la misma o similar a la segunda que realizan los de la nueva Selectividad y que está destinada, precisamente, a los estudios con numerus clausus.

Ministro, como decía el clásico; los experimentos, con gaseosa.

La Campa Torres, ejemplo de desgobierno

JORGE J. URÍA Lo ocurrido en La Campa Torres con la aparición de piezas arqueológicas en un lamentable estado de abandono y posterior reconocimiento por parte de la Fiscalía de un delito contra el Patrimonio, nos ha dado pie a más de uno para reflexionar en el solaz agosteño acerca de las responsabilidades e irresponsabilidades que contraen y cometen quienes asumen trabajos propios de la función pública.

La línea que separa al político del alto funcionariado público siempre ha sido objeto de debate una vez parido el estado liberal constitucional, allá por el siglo XIX. Desde entonces se ha ido capeando el asunto, a pesar de su creciente complejidad, con mayor o menor acierto según momentos y circunstancias. Que el Director de Patrimonio del Principado, José Luis Vega, se haya descolgado diciendo hace unos días en relación al hallazgo en La Campa que no es el momento de buscar culpables sino soluciones y que al final nadie tiene responsabilidad en lo sucedido, es la mejor demostración de que a día de hoy el servilismo a los intereses partidarios de quien gobierna garantiza el mantenimiento del puesto de trabajo como funcionario, en el caso que nos ocupa de libre designación, y asegura, con un poco de empeño, el ascenso en el organigrama de la Administración. Ejemplo de ello es Francisco Cuesta, todavía director del Museo de Grandas de Salime, responsable de las excavaciones en el momento en que las piezas encontradas desaparecieron.

Desde la Dirección de Patrimonio se está amparando la comisión de un delito que no por prescrito deja de ser un escándalo, cuyas proporciones van en aumento cada vez que los máximos responsables se ponen de perfil ante la situación creada. La señora Consejera del ramo, Mercedes Álvarez, ni está ni se la espera, lo que vuelve a demostrar, más allá de los nombres propios que ilustran el caso de La Campa Torres, que por arriba, el estoque del interés partidista atraviesa la función pública protegiendo al funcionario de libre designación, quien goza de su puesto sabedor de que bajo el paraguas del partido al que sirve mantendrá su cargo, aún cuando, como gestor de los asuntos ciudadanos, no esté a la altura de lo que la sociedad demanda.

Si como a mí, los calores estivales favorecen que se les caliente la cabeza con la cosa pública, lean el libro de Alejandro Nieto «El desgobierno de lo público», altamente recomendable para despejar algunas dudas y alimentar su sentido crítico.

http://www.lne.es/opinion/2010/08/07/campa-torres-ejemplo-desgobierno/952258.html