OPINIÓN ARTICULOS
Propuestas sobre el sistema educativo
06.07.2009 -
ARMANDO F. BARTOLOMÉ miembro de UPYD y profesor
E SPAÑA precisa urgentemente un cambio en su modelo social y productivo y para ello necesita un «pacto de Estado» que propicie profundas reformas en nuestro sistema educativo; cambio no sólo referido a la formación (adquisición de conocimientos instrumentales), sino también al ámbito más estrictamente educativo (referido a la formación del carácter y la moral personal y social). Educación y formación no son sinónimos y la primera es más importante que la segunda: sin duda, muchos de los altos ejecutivos y gobernantes causantes de la crisis que nos azota estaban muy bien formados técnicamente, pero de educación andaban fatal. Así todo. y dada la coyuntura actual, los cambios más urgentes serían los relativos a la gestión.
La formación en España está lastrada por el elevado porcentaje de fracaso escolar. El 30% de los alumnos de ESO no la termina, el 30% de los universitarios tampoco acaba licenciándose en nada y sólo un tercio se licencia en tiempo establecido. También tiene muchas sombras una formación ocupacional en la que se ha gastado muchísimo dinero y cuyo crecimiento ha ido paralelo al clientelismo para su impartición y al progresivo desguace de la Formación Profesional reglada que siempre tuvo como objetivos no sólo formar sino también educar.
Este fracaso formativo produce unas pérdidas anuales multimillonarias (agregando las subvenciones que se transfieren a los alumnos objeto de fracaso escolar: tanto en Secundaria, Formación Profesional o en la Universidad). Educativamente, el efecto del aparente «gratis total» es un desastre, infantiliza y es profundamente injusto; el Estado debe ayudar a aquellos alumnos que quieran estudiar y no tengan medios, pero, a partir de una edad, no debe subvencionar a los que no quieren estudiar. Y si encima no quieren estudiar y tienen medios, entonces el mal uso del dinero público sólo es entendible desde la demagogia, la comodidad y el electoralismo. Urge, por tanto, reformar la financiación socialmente regresiva de la educación pública, concertada o no, y especialmente la universitaria, en la que los estudiantes, independientemente de su capacidad económica, apenas financian un 15% de sus costes. Ello también exigiría una política de ayudas basada en datos reales y evitando sangrantes engaños que tienen su origen en la propia incapacidad de Hacienda para evitar bolsas de fraude fuera del ámbito de los asalariados. Paralelamente, y como efecto colateral beneficioso, habría una mayor exigencia de calidad para el sistema porque ya se sabe: «el que paga, manda».
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