Area residencial de Roces

La zona rural sostiene que Sariego arremete contra ellos para tapar el «caso Blanco»

«Se está dirigiendo a la zona rural para no ver otras cosas cercanas, como el caso de Ovidio Blanco, que está en sus ámbitos». De este modo respondió ayer la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos Les Caseríes, de la zona rural, Soledad Lafuente, a las declaraciones que realizó el pasado sábado el secretario general del PSOE de Gijón. El primer teniente de alcalde, José Manuel Sariego, atribuyó, en un acto público de los socialistas gijoneses, a «unos particulares que no ansían más que su interés personal y su lucro desmedido», los contenciosos que desembocaron en 23 sentencias que anulan el PGOU de Gijón. Las anulan por omitir un estudio de impacto ambiental y otras irregularidades administrativas. Sariego también advirtió a los jueces de que las competencias urbanísticas corresponden al Pleno del Ayuntamiento.

Las reacciones no se hicieron esperar: «El Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló el PGOU por que es ilegal y eso es algo que el Ayuntamiento sabía desde el primer momento», señala Soledad Lafuente. Los representantes de la zona rural así se lo hicieron saber a los munícipes en el Pleno del 9 de febrero de 2004, en el que se aprobó provisionalmente el PGOU.

Las declaraciones de Sariego son una muestra más para Lafuente de que el gobierno local «no nos escucha, como tampoco nos escucharon con las marchas verdes» y reprochó a esa sordera selectiva del gobierno de Paz Fernández Felgueroso «que ahora todos los ciudadanos tengamos que pagar una nueva revisión del plan general, que tiene su coste». Respecto a la advertencia del dirigente del PSOE al poder judicial, la portavoz vecinal opinó que «el Ayuntamiento debe acatar las leyes y lo que digan los tribunales».

La portavoz del colectivo Defensa Rural, Carmen Suárez, señaló que lo que piden los aldeanos es «el respeto al medio ambiente y la eliminación de nuevas urbanizaciones, es decir, la conservación de la zona rural de Gijón y eso no tiene nada que ver con lo que está diciendo Sariego». Suárez recurrió al refranero para explicar la actitud del líder del PSOE gijonés: «Habla la pega para que no hablen de ella».

Defensa Rural considera que Sariego «vuelve a mentir y a desprestigiarnos a los ciudadanos, que lo único que pretendemos es que no se repitan los desastres urbanísticos que se cometieron en Gijón en otras épocas». Carmen Suárez recordó que en Gijón hay 25.000 viviendas vacías, por lo que no se requiere invadir el campo gijonés para atender las necesidades de vivienda. La única explicación del interés del gobierno local por impulsar la construcción de bloques de viviendas en la zona rural es «favorecer a los grandes constructores». La portavoz de Defensa Rural recuerda que los gobiernos del PSOE no están teniendo empacho en «inyectar grandes cantidades de dinero público a los constructores y a los bancos».

También terciaron ayer en la polémica representantes de la Plataforma de Cabueñes, que indicaron respecto al «ansia de lucro» que ve Sariego en los vecinos del agro gijonés que «esas declaraciones retratan al personaje» y se preguntaron que «¿cómo puede cuestionar 23 sentencias promovidas por personas variadas, en defensa de sus intereses legítimos y no del lucro y la especulación que vemos en otros?». A esto añaden que «de momento, el único lucro indecente fue el de su ex arquitecto municipal, que está inmerso en un proceso judicial en el que el gobierno local sigue diciendo que está impoluto y mientras Sariego se dedica a desprestigiar a los perjudicados por las irregularidades del Plan General de Ordenación Urbana y se atreva a dar lecciones a los jueces».

Desde la Plataforma de Cabueñes se anima al secretario general del PSOE de Gijón a que «si tan seguro está de lo que dice, ¿por qué no se postula, junto a Pedro Sanjurjo y a la Alcaldesa, para ir a declarar al Juzgado por el "caso Blanco?"».

La polémica.

Marchas verdes:
Los vecinos de la zona rural convocaron tres marchas verdes, en las que participaron miles de gijoneses, para evitar las urbanizaciones en el campo gijonés. Los vecinos de la zona rural presentaron 3.000 alegaciones durante la tramitación del PGOU.

Sentencias:
Los tribunales han emitido 23 sentencias que anulan el PGOU por carecer de evaluación de impacto ambiental, deficiente información pública, falta de estudios económico financieros y falta de documentos esenciales.

Ansia de lucro:
El secretario general del PSOE de Gijón y primer teniente de alcalde, José Manuel Sariego, atribuyó el sábado a «unos particulares que no ansían más que su interés personal y su lucro desmedido» los recursos que provocaron los fallos judiciales adversos para el gobierno local. Sariego también dijo a los jueces que «las competencias urbanísticas son materia del Pleno del Ayuntamiento».

«Caso Blanco»
Los vecinos replican que Sariego dispara contra ellos «para no ver otras cosas más cercanas, que tiene en su ámbito, como el caso de Ovidio Blanco», ex arquitecto municipal imputado por lucrarse con la recalificación de una finca en Cabueñes, en un plan de edificación de pisos.

http://www.lne.es/gijon/2009/11/30/zona-rural-sostiene-sariego-arremete-tapar-caso-blanco/840956.html

«El objetivo es una ciudad compacta»

Lo que se pretende con la tramitación de este nuevo PGOU es diseñar estratégicamente la ciudad para que no tenga estrecheces en diez años». Así resume el concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, la tarea que le ha encomendado el equipo de gobierno para salvar la situación generada por los varapalos judiciales contra el anterior plan. Un planeamiento que descarriló en los tribunales por haberse tramitado como modificación, en lugar de como la revisión que se va a iniciar ahora, y por omitir entre su documentación una evaluación ambiental.

«No queremos esperar a que el Tribunal Supremo resuelva nuestros recursos, porque pueden pasar años para una resolución. Damos este paso para garantizar la plena seguridad jurídica al urbanismo de la ciudad», señaló.

Pese a los fallos judiciales anulatorios que acumula ya el plan Teixidor -23 según el último recuento-, el edil defiende la plena validez del modelo territorial contenido en él. «Es el conveniente para Gijón y por ese motivo no se va a modificar», afirma, convencido.

Se trata de un modelo, remarca Sanjurjo, que «apuesta claramente por una ciudad compacta y policéntrica». Esas dos definiciones se van a mantener en la revisión en ciernes, al igual, asegura, que la pauta de crecimiento sostenible desde el punto de vista ambiental (ya que los nuevos desarrollos obligan a consumir nuevo territorio) y económico (con el reto de conseguir servicios urbanos cada más eficientes en todo el municipio). Ese equilibrio entre respeto al medio ambiente y eficacia de servicios se articulará de nuevo -explica Sanjurjo- a través del cierre de la ciudad por el Este (con las actuaciones de Cabueñes y el remate de Somió en el Alto del Infanzón), el Oeste (con el proyecto para Jove) y el Sur (la unión del eje consolidado de Ceares-Viesques con el entorno de Vega-La Camocha a través de los nuevos suelos urbanizables de Castiello y Granda).

Respecto a los tres posibles escenarios de crecimiento que van a salir a información pública a la vuelta de Navidades valora las tres como «previsiones realistas, contenidas, ponderadas y ordenadas de desarrollo residencial». Y en ese sentido, recuerda un reciente plan general aprobado en Toledo, que duplicaba la capacidad de construir pisos del anterior. A su juicio, las propuestas recogidas en el documento de prioridades favorecen suficientemente, salvo la alternativa '0', el desarrollo socioeconómico que el equipo de gobierno espera para el próximo decenio. Además, dan cabida, nuevamente excepto la alternativa '0', a un parque de vivienda acorde con el aumento de población que puede traer consigo la mejora de las comunicaciones ferroviarias con la puesta en servicio del metrotrén y la llegada del AVE a Gijón (menos de tres horas en tren a Madrid). Pero también con las nuevas inversiones asociadas a la ampliación portuaria (regasificadora, ciclos combinados y autopista del mar) y la propia puesta en marcha de la Zona de Actividades Logísticas (ZALIA). «Hay que preparar la ciudad para todo eso. Ver cómo queremos crecer y hacer una planificación al respecto», argumenta Pedro Sanjurjo.

Encauzar las peticiones

El edil socialista de Urbanismo reconoce sin tapujos que se va a abrir un proceso de tramitación de un nuevo PGOU con todas sus consecuencias y sabe que se va a encontrar con duras oposiciones vecinales en el camino. Y también reclamaciones del tipo 'qué pasa con mi prado' que, a la postre, están detrás de la anulación judicial del plan Teixidor. «Los gijoneses, y esto es algo que forma parte de su propia forma de ser, son muy exigentes con las administraciones públicas. Nuestro deber como gobierno es encauzar sus peticiones, pero el gobierno está para gobernar y decidir, sin hurtar el debate público en un proceso como éste», asegura como declaración de intenciones ante lo que se avecina.

En esta ocasión, las nuevas tecnologías, anticipa Sanjurjo, jugarán un papel fundamental en la divulgación de todos los trámites relacionados con el nuevo PGOU. En principio no hay intención de pisar tanta caleya como con el plan anterior. El documento de prioridades se colgará en la web del Ayuntamiento tras su paso por el Pleno del próximo 11 de diciembre

La tramitación combina filtros urbanísticos y ambientales

Arrancará en el Pleno del 11 de diciembre y después las tres variantes estarán un mes expuestas para recibir sugerencias

Con una doble vertiente urbanística y ambiental, que nunca se había seguido con ningún plan general anterior y acabará fundiéndose al final en un mismo documento. Así será la complicada tramitación administrativa del nuevo PGOU de Gijón que, bajo la figura de revisión, iniciará su andadura oficial en el Pleno del próximo 11 de diciembre. Antes de eso, en la reunión de la junta de gobierno de mañana se dará el visto bueno al documento de prioridades o avance del plan.

Para la parte de elaboración del informe de sostenibilidad ambiental (ISA), una de las carencias señaladas en las sentencias judiciales contra el planeamiento anulado, el Ayuntamiento contratará a una empresa de ingeniería asturiana. Ésto es, externalizará su redacción a una asistencia técnica.

El nuevo PGOU se someterá a dos periodos de información pública y pasará por el Pleno en cuatro ocasiones hasta la aprobación definitiva. La primera exposición pública incluirá las tres alternativas de desarrollo urbanístico recogidas en el documento de prioridades (0, 1 y 2). Este periodo de sugerencias durará un mes. Más adelante, una vez que el Ayuntamiento tome partido por una de las propuestas de crecimiento y lleve a cabo su aprobación inicial, el borrador del nuevo plan general y el informe de sostenibilidad ambiental saldrán de nuevo a información pública durante dos meses, esta vez para recibir las correspondientes alegaciones.

Dentro del procedimiento administrativo general, como ya queda dicho, hay que combinar a la vez filtros urbanísticos y medioambientales. Esto implica que, en última instancia, dos organismos de control de Principado, la CUOTA y la CAMA tendrán que informar favorablemente al plan. En total a lo largo de la tramitación hay tres momento de consultas e informes y cuatro de elaboración de documentos (incluyendo el texto de prioridades de partida).

¿En qué plazos se va a completar toda esta extensa tramitación? A día de hoy es una incógnita, pero algunos de los miembros del equipo de gobierno, como el primer teniente de alcalde, José Manuel Sariego, han dicho que la nueva normativa de ordenación urbanística del concejo tiene que estar lista antes de las próximas elecciones municipales (mayo de 2011). En este punto hay que recordar que el procedimiento administrativo del plan Teixidor, mucho más sencillo en comparación con el que en teoría tiene que afrontar ahora el Ayuntamiento, se prolongó dos años, durante los cuales los vecinos de la zona rural organizaron hasta tres 'marchas verdes' de protesta

El Ayuntamiento de Gijón emprende desde cero un plan urbanístico nuevo y más ambicioso

La revisión del PGOU que el Ayuntamiento pondrá en marcha esta semana puede superar en ambición al planeamiento anulado por los tribunales. El documento de prioridades del nuevo plan, que irá a la junta de gobierno de mañana, incluye como principal novedad tres alternativas posibles de desarrollo urbanístico del municipio para los próximos diez años (2010-2020). Una de ellas supera con creces las previsiones de crecimiento del plan Teixidor al sumar a todas las zonas urbanizables incluidas en ese PGOU, vigente desde 2007, una nueva bolsa de suelo en Vega-La Camocha y la ampliación de superficie y densidad edificatoria en la zona de Porceyo. Todo ello daría como resultado una capacidad residencial para 24.000 viviendas.

La alternativa más conservadora es la denominada '0'. Básicamente supone la regularización de la situación urbanística actual. En esta opción se incluye todo el suelo consolidado que proviene de desarrollos del último plan Rañada (el de 1999), modificaciones del mismo (como el plan para la barrera ferroviaria), actuaciones concertadas como el área residencial de Roces y proyectos de infraestructuras promovidos por otras administraciones como la ZALIA, la ampliación portuaria y el polígono de Lloreda. Aquí tendrían cabida todas las operaciones residenciales aprobadas administrativamente hasta el momento, todo lo regulado por el nuevo catálogo urbanístico y todo lo que tenga ya licencia de obra aunque provenga del plan anulado. En total, contiene suelo para desarrollar 8.000 viviendas, una cifra que el equipo de gobierno considera insuficiente para atender la demanda de la próxima década.

La denominada alternativa '2' es la más expansiva de las tres. Incluye la suma de las dos anteriores y propone, como queda dicho, la incorporación de nuevo suelo urbanizable en Vega-La Camocha, el mismo que preveía la construcción de unas 2.000 viviendas y que fue retirado durante la tramitación del plan Teixidor para que siguiera siendo de interés paisajístico. Para llegar a ese número de 24.000 viviendas, también se plantea la ocupación de más territorio en Porceyo y el desarrollo de piezas edificatorias de media densidad (0,35 metros cuadrado/metro cuadrado) donde estaba previsto construirlas de baja. En la práctica, la forma de densificar sería implantar el modelo de las urbanizaciones proyectadas en Castiello, Granda y Cabueñes en esa zona del Suroeste del municipio.

Documento de prioridades

Las tres propuestas saldrán a información pública para incorporar sugerencias ciudadanas, pero, al final, el gobierno local tomará partido por una opción que será la que iniciará en solitario el trámite de aprobación inicial en los próximos meses. Este estudio de alternativas es una exigencia la Ley estatal 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

El documento de prioridades o avance del nuevo PGOU es una publicación de 130 páginas ilustrada a todo color en el que han trabajado los servicios municipales con asesoramientos puntuales como los de la empresa Dolmen, autora del nuevo catálogo urbanístico de la ciudad.

La memoria está dividida en seis apartados: introducción y antecedentes, tramitación administrativa, marco territorial, justificación de la revisión del PGOU, alcance y objetivos de la revisión y las tres alternativas de desarrollo urbanístico ( '0', '1' y '2').

En dicha memoria se detalla que la revisión del PGOU se hace sobre el último plan general, que lleva la autoría del urbanista Ramón Fernández-Rañada (de 1999) y su texto refundido de 2003. Y se revisa ese documento porque el TSJA ha anulado la adaptación a la Ley del Suelo del Principado de 2005, pese a que la resolución no es firme y está recurrida en el Supremo, y se busca garantizar la plena seguridad jurídica del urbanismo gijonés.

Entre los objetivos señalados, el documento de prioridades incluye como novedad la reserva del 30% del conjunto de previsiones del suelo residencial para vivienda protegida, para dar cumplimiento a la actual Ley del Suelo. También se defiende el diseño de una ciudad sostenible, el cuidado de nuevos modos de transporte (el ferrocarril), la adaptación al modelo territorial regional (área metropolitana) y la garantía de desarrollo industrial con espacios para proyectos cada vez más vinculados a las nuevas tecnologías

http://www.elcomerciodigital.com/20091130/gijon/ayuntamiento-gijon-emprende-desde-20091130.html