LEÓN, sábado 13 de marzo de 2010
http://www.upyd.es/servlets/VerFichero?id=32068
Inscripciones: cep.leon@upyd.es
lunes, 8 de febrero de 2010
UPyD: 20 PROPUESTAS PARA UN PACTO DE ESTADO DE EDUCACIÓN
En Unión Progreso y Democracia estamos convencidos de que la mejora de nuestro sistema educativo y de investigación es una de las claves para superar los principales problemas que atraviesa España. También lo estamos de que el sistema educativo español atraviesa una grave crisis y de que somos la única fuerza política que defiende con coherencia y rigor las reformas educativas necesarias para avanzar hacia una España más próspera, igualitaria y cohesionada territorialmente.
La importancia estratégica de la Educación hace imprescindible un Pacto de Estado que garantice la permanencia de la norma, introduzca las reformas necesarias para corregir las deficiencias de nuestro sistema educativo y garantice los recursos
necesarios. Éstas son nuestras propuestas para ese Pacto:
1. La recuperación de las competencias en Educación por el Estado para garantizar un sistema educativo común integrado en un espacio educativo europeo.
2. Una Ley de Financiación de la Enseñanza que garantice a largo plazo los medios humanos y materiales necesarios.
3. Un curriculum que inculque las virtudes democráticas (e incluya una asignatura específica basada en el estudio de la Constitución y los derechos y libertades fundamentales) y sea laico desde el punto de vista ideológico, identitario y
religioso.
4. La apuesta por una enseñanza pública de calidad, ampliando la red pública, (incluida la de educación infantil),estableciendo un control riguroso de los criterios de admisión en todos los centros sostenidos con fondos públicos (que
evite la segregación por sexo, extracción social, origen étnico o cualquier otra condición) y exigiendo la gratuidad real en todos ellos.
5. La libertad de elección lingüística.
6. Una enseñanza que valore el esfuerzo, el aprendizaje, la excelencia y la responsabilidad, que parta del reconocimiento de los profesores como los verdaderos expertos en materia educativa y que supere los dogmas responsables del fracaso del
sistema vigente.
7. El restablecimiento de la disciplina en los centros y el reconocimiento del profesorado como autoridad pública a fin de erradicar el acoso escolar, especialmente el padecido por el alumnado que por su orientación sexual, origen étnico, lengua materna o cualquier otra condición sea especialmente vulnerable.
8. La escolarización obligatoria hasta los 16 años, con una secundaria que incluya dos itinerarios: un bachillerato sólido y riguroso, más largo y unificado que el actual y comenzado a una edad más temprana, y una formación profesional de
calidad que permita acceder a estudios superiores.
9. La reducción del número de asignaturas por curso y la implantación de un curriculum más realista que tome como base el trabajo global del alumno y no sólo las horas lectivas (a la manera del crédito europeo) y que rectifique la actual tendencia a relegar los objetivos de instrucción.
10. La diversificación como alternativa a la repetición de curso y el fracaso o abandono escolares, con programas de iniciación profesional, accesibles desde los 14 años, que permitan la obtención del título de Secundaria Obligatoria.
11. La dotación a los centros de los medios humanos y materiales que permitan la inclusión del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, siguiendo un modelo flexible que se adecue a las necesidades de cada alumno, con la
integración en los mismos centros y grupos que el resto como opción preferente.
12. El impulso al aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente el inglés, fomentando la enseñanza bilingüe (o trilingüe en las CCAA con dos lenguas cooficiales).
13. La reducción de la brecha digital, facilitando el acceso en condiciones de igualdad a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
14. Un nuevo sistema de formación del profesorado basado en la realización de prácticas remuneradas en los centros (similar al MIR) como alternativa al actual Master-CAP, un método de selección que respete los principios de igualdad, mérito y
capacidad (suprimiendo los concursos restringidos o cuasirrestringidos y el recurso a la contratación interina como vía de acceso) y una carrera docente que valore la excelencia académica y la capacidad pedagógica por encima de la recepción de
cursillos.
15. La revisión y refuerzo de la figura del inspector, con funciones de apoyo y evaluación, y no sólo de fiscalización.
16. La integración de la Universidad española en el Espacio Europeo de Educación Superior, recuperando el espíritu original de la Declaración de Bolonia frente a los intentos de extender a las Universidades reformas ya fracasadas en la Secundaria.
17. Un programa de becas y unas tasas fijadas para los estudios de postgrado similares a las de grado, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades.
18. La movilidad de estudiantes y profesores, superando la endogamia por medio de una reforma del sistema de selección del profesorado y de la restitución a los funcionarios universitarios del derecho al traslado.
19. El fomento de la investigación, aumentando la inversión, desvinculando las plantillas universitarias de las necesidades docentes, potenciando programas como el Ramón y Cajal y estabilizando laboralmente al personal investigador contratado.
20. Una evaluación continua del sistema educativo, en todos sus niveles, basada en la realización de pruebas externas por parte de alumnos y titulados, como alternativa los métodos actuales, ineficaces e insufriblemente burocráticos
La importancia estratégica de la Educación hace imprescindible un Pacto de Estado que garantice la permanencia de la norma, introduzca las reformas necesarias para corregir las deficiencias de nuestro sistema educativo y garantice los recursos
necesarios. Éstas son nuestras propuestas para ese Pacto:
1. La recuperación de las competencias en Educación por el Estado para garantizar un sistema educativo común integrado en un espacio educativo europeo.
2. Una Ley de Financiación de la Enseñanza que garantice a largo plazo los medios humanos y materiales necesarios.
3. Un curriculum que inculque las virtudes democráticas (e incluya una asignatura específica basada en el estudio de la Constitución y los derechos y libertades fundamentales) y sea laico desde el punto de vista ideológico, identitario y
religioso.
4. La apuesta por una enseñanza pública de calidad, ampliando la red pública, (incluida la de educación infantil),estableciendo un control riguroso de los criterios de admisión en todos los centros sostenidos con fondos públicos (que
evite la segregación por sexo, extracción social, origen étnico o cualquier otra condición) y exigiendo la gratuidad real en todos ellos.
5. La libertad de elección lingüística.
6. Una enseñanza que valore el esfuerzo, el aprendizaje, la excelencia y la responsabilidad, que parta del reconocimiento de los profesores como los verdaderos expertos en materia educativa y que supere los dogmas responsables del fracaso del
sistema vigente.
7. El restablecimiento de la disciplina en los centros y el reconocimiento del profesorado como autoridad pública a fin de erradicar el acoso escolar, especialmente el padecido por el alumnado que por su orientación sexual, origen étnico, lengua materna o cualquier otra condición sea especialmente vulnerable.
8. La escolarización obligatoria hasta los 16 años, con una secundaria que incluya dos itinerarios: un bachillerato sólido y riguroso, más largo y unificado que el actual y comenzado a una edad más temprana, y una formación profesional de
calidad que permita acceder a estudios superiores.
9. La reducción del número de asignaturas por curso y la implantación de un curriculum más realista que tome como base el trabajo global del alumno y no sólo las horas lectivas (a la manera del crédito europeo) y que rectifique la actual tendencia a relegar los objetivos de instrucción.
10. La diversificación como alternativa a la repetición de curso y el fracaso o abandono escolares, con programas de iniciación profesional, accesibles desde los 14 años, que permitan la obtención del título de Secundaria Obligatoria.
11. La dotación a los centros de los medios humanos y materiales que permitan la inclusión del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, siguiendo un modelo flexible que se adecue a las necesidades de cada alumno, con la
integración en los mismos centros y grupos que el resto como opción preferente.
12. El impulso al aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente el inglés, fomentando la enseñanza bilingüe (o trilingüe en las CCAA con dos lenguas cooficiales).
13. La reducción de la brecha digital, facilitando el acceso en condiciones de igualdad a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
14. Un nuevo sistema de formación del profesorado basado en la realización de prácticas remuneradas en los centros (similar al MIR) como alternativa al actual Master-CAP, un método de selección que respete los principios de igualdad, mérito y
capacidad (suprimiendo los concursos restringidos o cuasirrestringidos y el recurso a la contratación interina como vía de acceso) y una carrera docente que valore la excelencia académica y la capacidad pedagógica por encima de la recepción de
cursillos.
15. La revisión y refuerzo de la figura del inspector, con funciones de apoyo y evaluación, y no sólo de fiscalización.
16. La integración de la Universidad española en el Espacio Europeo de Educación Superior, recuperando el espíritu original de la Declaración de Bolonia frente a los intentos de extender a las Universidades reformas ya fracasadas en la Secundaria.
17. Un programa de becas y unas tasas fijadas para los estudios de postgrado similares a las de grado, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades.
18. La movilidad de estudiantes y profesores, superando la endogamia por medio de una reforma del sistema de selección del profesorado y de la restitución a los funcionarios universitarios del derecho al traslado.
19. El fomento de la investigación, aumentando la inversión, desvinculando las plantillas universitarias de las necesidades docentes, potenciando programas como el Ramón y Cajal y estabilizando laboralmente al personal investigador contratado.
20. Una evaluación continua del sistema educativo, en todos sus niveles, basada en la realización de pruebas externas por parte de alumnos y titulados, como alternativa los métodos actuales, ineficaces e insufriblemente burocráticos
El empadronamiento de inmigrantes se dispara un 15% en Asturias en un año
El número de inmigrantes que se empadronan en Asturias no deja de crecer. El año pasado lo hicieron 6.315 personas, con lo que el Principado pasó de 40.804 a 47.119 inmigrantes, un 15 por ciento más que en el año 2008. Esto es, la población extranjera que figura en el padrón supera ya a la de Langreo, el quinto concejo con más habitantes de Asturias.
En el conjunto de España se empadronaron durante 2009 unos 5,6 millones de inmigrantes, lo que significa unos 400.000 ciudadanos más respecto al año anterior, y con crecimientos en todas las comunidades autónomas, según los datos definitivos del padrón municipal correspondiente al último año, que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el caso del Principado, el número de extranjeros se ha multiplicado por ocho en la última década, que partía con una cifra de unos 6.000 inmigrantes y ahora ya supera los 47.000. La ciudad que más extranjeros acoge es Oviedo, según los datos del INE, con 15.568 empadronados en 2009. El hecho de registrarse en el padrón, un registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio, constituye para los inmigrantes la llave de acceso a derechos como la sanidad y la educación, y procede con independencia de que tengan o no residencia legal en el país.
La llegada más intensa de inmigrantes a Asturias, donde la comunidad más numerosa es la rumana, se produjo en el año 2007, precisamente tras la entrada en la Unión Europea de Rumanía y Bulgaria y el consiguiente desplazamiento de ciudadanos de estos países hacia España.
Los ayuntamientos españoles tenían inscritos en 2009 un total de 5.648.671 extranjeros, frente a los 5.268.762 del ejercicio 2008. En cambio, el número de inmigrantes con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor es llamativamente inferior. A fecha de septiembre de 2009, el número de estos últimos era de 4.715.757. La cifra de ciudadanos extranjeros registrados en el padrón prácticamente se ha sextuplicado en apenas una década.
Conforme a los datos de 2009, más de dos millones y medio de extranjeros son originarios de países de la UE; otros 217.000 son europeos de países no comunitarios; 900.000 son de África y casi dos millones proceden de América Latina y de América del Norte, aunque en este último caso en mucha menor proporción. El colectivo nacional con mayor presencia es el marroquí, seguido del rumano y del ecuatoriano. Todas las comunidades autónomas registran crecimientos. Los más elevados se producen en Andalucía (casi 52.000 empadronados extranjeros más respecto a 2008); Madrid (58.000) y Comunidad Valenciana (42.000).
Estos datos trascienden en medio de la polémica surgida en varios municipios por el empadronamiento de los extranjeros. La controversia arrancó en la catalana Vic, que intentó vetar el padrón a los inmigrantes sin papeles, aunque semanas después, y tras perder un informe a la Abogacía del Estado sobre la legalidad de su propuesta, decidieron acatar la ley que se aplica en estos momentos.
Vic es una de las ciudades del interior de Cataluña que acoge un mayor porcentaje de población foránea. Los extranjeros son allí unos 9.000, el 23 por ciento de los habitantes de la ciudad, una media que ha crecido cinco puntos en siete años. Lo mismo ocurrió en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. En ésta, el Ayuntamiento impedía el empadronamiento a los inmigrantes en cuyo pasaporte figurase el visado de turista y a los que no acreditaban disponer de 20 metros cuadrados de vivienda por persona si compartían piso. Finalmente, el municipio se echó a atrás.
Andalucía 675.180
Aragón 172.138
Asturias 47.119
Baleares 237.562
Canarias 301.204
Cantabria 38.096
C. y León 167.641
C.-La Mancha 225.888
Cataluña 1.189.279
C. Valenciana 889.340
Extremadura 37.223
Galicia 106.637
Madrid 1.063.803
Murcia 235.991
Navarra 70.627
País Vasco 132.865
La Rioja 46.931
http://www.lne.es/asturias/2010/02/08/empadronamiento-inmigrantes-dispara-15-asturias-ano/870274.html
En el conjunto de España se empadronaron durante 2009 unos 5,6 millones de inmigrantes, lo que significa unos 400.000 ciudadanos más respecto al año anterior, y con crecimientos en todas las comunidades autónomas, según los datos definitivos del padrón municipal correspondiente al último año, que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el caso del Principado, el número de extranjeros se ha multiplicado por ocho en la última década, que partía con una cifra de unos 6.000 inmigrantes y ahora ya supera los 47.000. La ciudad que más extranjeros acoge es Oviedo, según los datos del INE, con 15.568 empadronados en 2009. El hecho de registrarse en el padrón, un registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio, constituye para los inmigrantes la llave de acceso a derechos como la sanidad y la educación, y procede con independencia de que tengan o no residencia legal en el país.
La llegada más intensa de inmigrantes a Asturias, donde la comunidad más numerosa es la rumana, se produjo en el año 2007, precisamente tras la entrada en la Unión Europea de Rumanía y Bulgaria y el consiguiente desplazamiento de ciudadanos de estos países hacia España.
Los ayuntamientos españoles tenían inscritos en 2009 un total de 5.648.671 extranjeros, frente a los 5.268.762 del ejercicio 2008. En cambio, el número de inmigrantes con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor es llamativamente inferior. A fecha de septiembre de 2009, el número de estos últimos era de 4.715.757. La cifra de ciudadanos extranjeros registrados en el padrón prácticamente se ha sextuplicado en apenas una década.
Conforme a los datos de 2009, más de dos millones y medio de extranjeros son originarios de países de la UE; otros 217.000 son europeos de países no comunitarios; 900.000 son de África y casi dos millones proceden de América Latina y de América del Norte, aunque en este último caso en mucha menor proporción. El colectivo nacional con mayor presencia es el marroquí, seguido del rumano y del ecuatoriano. Todas las comunidades autónomas registran crecimientos. Los más elevados se producen en Andalucía (casi 52.000 empadronados extranjeros más respecto a 2008); Madrid (58.000) y Comunidad Valenciana (42.000).
Estos datos trascienden en medio de la polémica surgida en varios municipios por el empadronamiento de los extranjeros. La controversia arrancó en la catalana Vic, que intentó vetar el padrón a los inmigrantes sin papeles, aunque semanas después, y tras perder un informe a la Abogacía del Estado sobre la legalidad de su propuesta, decidieron acatar la ley que se aplica en estos momentos.
Vic es una de las ciudades del interior de Cataluña que acoge un mayor porcentaje de población foránea. Los extranjeros son allí unos 9.000, el 23 por ciento de los habitantes de la ciudad, una media que ha crecido cinco puntos en siete años. Lo mismo ocurrió en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. En ésta, el Ayuntamiento impedía el empadronamiento a los inmigrantes en cuyo pasaporte figurase el visado de turista y a los que no acreditaban disponer de 20 metros cuadrados de vivienda por persona si compartían piso. Finalmente, el municipio se echó a atrás.
Andalucía 675.180
Aragón 172.138
Asturias 47.119
Baleares 237.562
Canarias 301.204
Cantabria 38.096
C. y León 167.641
C.-La Mancha 225.888
Cataluña 1.189.279
C. Valenciana 889.340
Extremadura 37.223
Galicia 106.637
Madrid 1.063.803
Murcia 235.991
Navarra 70.627
País Vasco 132.865
La Rioja 46.931
http://www.lne.es/asturias/2010/02/08/empadronamiento-inmigrantes-dispara-15-asturias-ano/870274.html
El paro se ceba con los jóvenes asturianos
Asturias perdió 30.000 empleos en el último año de recesión y 20.000 de ellos estaban ocupados por personas menores de 35 años. Datos como esos, recogidos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), vienen a certificar que los jóvenes forman el colectivo más damnificado por la destrucción de actividad económica y trabajo, y que la región, con una tasa de paro general (14,4%) más contenida que otras comunidades, está sin embargo entre los territorios de España con más desempleo juvenil.
«Aunque los jóvenes han tenido siempre dificultades para acceder al mercado de trabajo en nuestro país, su situación se ha deteriorado particularmente en los dos últimos años como consecuencia de la crisis», reconoce el Gobierno en el documento para la reforma laboral que el pasado viernes entregó a los agentes sociales. Allí se destaca que la tasa de paro entre los españoles de 16 a 25 años es superior en más de 20 puntos a la media del país. El diagnóstico sirve para Asturias, donde la tasa de desempleo entre quienes tienen entre 20 y 24 años ronda ya el 37%, ha subido 15 puntos en un año y es la cuarta más alta de España.
La letra menuda de la EPA señala que la pérdida de empleo se ha cebado desde finales de 2008 con los trabajadores que tienen edades comprendidas entre los 20 y los 34 años. A la altura del último trimestre de 2008, había 146.000 asturianos trabajando con esas edades; ahora son 126.000. En buena medida, ese resultado se explica por el fortísimo recorte de empleo eventual en los servicios y la construcción.
Esta crisis y el modelo de crecimiento económico de la última década han terminado por generar un perfil de paro juvenil singularmente preocupante, a decir de los expertos. La tesis es la siguiente: durante los años de auge económico, una parte de los jóvenes españoles abandonó prematuramente los estudios, atraída por las oportunidades de trabajo y los salarios que ofrecía, sobre todo, la construcción. El crac del boom inmobiliario a partir de 2008 ha mandado al paro a muchos de esos jóvenes, que a menudo carecen de formación adecuada para tener oportunidades consistentes de recolocación en otros sectores.
El Gobierno ha llevado el problema del desempleo juvenil a la mesa donde se negociará la reforma laboral. El documento presentado por el presidente Zapatero considera «ineludible articular un programa específico de empleo para jóvenes, en concertación con las comunidades autónomas». El Ejecutivo se plantea que las administraciones regionales cofinancien un programa dirigido a individuos entre los 16 y los 24 años que carezcan de cualquier título educativo o profesional. Se trataría, añade el Gobierno, de iniciativas de formación, orientación profesional y atención especializada diseñadas para procurar la cualificación e inserción laboral de este colectivo.
El documento para la reforma del mercado de trabajo, inconcreto en la mayoría de sus propuestas, no entra en más detalles sobre un plan de empleo juvenil que estaba entre las demandas principales de los sindicatos con vistas a la negociación que comenzará de manera efectiva esta semana. El Gobierno sí deja caer con más precisión otra medida orientada a los jóvenes: «Se favorecerá una mayor utilización de los contratos para la formación por las empresas y los trabajadores».
Los contratos formativos están pensados para que el trabajador adquiera la cualificación necesaria para el desempeño de un oficio y tienen ciertas peculiaridades, como su limitada duración (dos años máximo) y la obligación de la empresa de facilitar formación también teórica al contratado. La propuesta de reforma laboral plantea, para favorecer estos contratos, eximir a las empresas que tienen menos de 50 trabajadores de la obligación de impartir y costear esa formación teórica. Y se propone asimismo mejorar la protección social de los contratados, otorgándoles el derecho a cobrar la prestación de paro, del que ahora carecen.
http://www.lne.es/economia/2010/02/08/paro-ceba-jovenes-asturianos/870291.html
«Aunque los jóvenes han tenido siempre dificultades para acceder al mercado de trabajo en nuestro país, su situación se ha deteriorado particularmente en los dos últimos años como consecuencia de la crisis», reconoce el Gobierno en el documento para la reforma laboral que el pasado viernes entregó a los agentes sociales. Allí se destaca que la tasa de paro entre los españoles de 16 a 25 años es superior en más de 20 puntos a la media del país. El diagnóstico sirve para Asturias, donde la tasa de desempleo entre quienes tienen entre 20 y 24 años ronda ya el 37%, ha subido 15 puntos en un año y es la cuarta más alta de España.
La letra menuda de la EPA señala que la pérdida de empleo se ha cebado desde finales de 2008 con los trabajadores que tienen edades comprendidas entre los 20 y los 34 años. A la altura del último trimestre de 2008, había 146.000 asturianos trabajando con esas edades; ahora son 126.000. En buena medida, ese resultado se explica por el fortísimo recorte de empleo eventual en los servicios y la construcción.
Esta crisis y el modelo de crecimiento económico de la última década han terminado por generar un perfil de paro juvenil singularmente preocupante, a decir de los expertos. La tesis es la siguiente: durante los años de auge económico, una parte de los jóvenes españoles abandonó prematuramente los estudios, atraída por las oportunidades de trabajo y los salarios que ofrecía, sobre todo, la construcción. El crac del boom inmobiliario a partir de 2008 ha mandado al paro a muchos de esos jóvenes, que a menudo carecen de formación adecuada para tener oportunidades consistentes de recolocación en otros sectores.
El Gobierno ha llevado el problema del desempleo juvenil a la mesa donde se negociará la reforma laboral. El documento presentado por el presidente Zapatero considera «ineludible articular un programa específico de empleo para jóvenes, en concertación con las comunidades autónomas». El Ejecutivo se plantea que las administraciones regionales cofinancien un programa dirigido a individuos entre los 16 y los 24 años que carezcan de cualquier título educativo o profesional. Se trataría, añade el Gobierno, de iniciativas de formación, orientación profesional y atención especializada diseñadas para procurar la cualificación e inserción laboral de este colectivo.
El documento para la reforma del mercado de trabajo, inconcreto en la mayoría de sus propuestas, no entra en más detalles sobre un plan de empleo juvenil que estaba entre las demandas principales de los sindicatos con vistas a la negociación que comenzará de manera efectiva esta semana. El Gobierno sí deja caer con más precisión otra medida orientada a los jóvenes: «Se favorecerá una mayor utilización de los contratos para la formación por las empresas y los trabajadores».
Los contratos formativos están pensados para que el trabajador adquiera la cualificación necesaria para el desempeño de un oficio y tienen ciertas peculiaridades, como su limitada duración (dos años máximo) y la obligación de la empresa de facilitar formación también teórica al contratado. La propuesta de reforma laboral plantea, para favorecer estos contratos, eximir a las empresas que tienen menos de 50 trabajadores de la obligación de impartir y costear esa formación teórica. Y se propone asimismo mejorar la protección social de los contratados, otorgándoles el derecho a cobrar la prestación de paro, del que ahora carecen.
http://www.lne.es/economia/2010/02/08/paro-ceba-jovenes-asturianos/870291.html
Suscribirse a:
Entradas (Atom)