ALICIA ÁLVAREZ Por qué pagar por algo si se puede tener gratis? Francamente, por mucho que se empeñen algunos no creo esa sea la pregunta adecuada para hablar de la Ley Sinde. Sin embargo, desde que la disposición contra las descargas en Internet de la ley de Economía Sostenible fue tumbada en el Congreso de los diputados el pasado martes, parece que los defensores de esta norma no encuentran otro argumento para explicar por qué muchos ciudadanos descargan archivos sujetos a derechos de autor en la Red. Pero lo siento, disiento, no creo que sea una cuestión de gratuidad, sino de cuánto estamos dispuestos a pagar por la calidad, y ojo, también por la rapidez. Lo quiero ahora, lo quiero ya y quizás no lo quiera guardar. ¿Cuánto me cuesta eso? ¿16 euros? Esa sí es una buena pregunta. Pero hay muchas más.
Por ejemplo, ¿por qué las películas, las series de televisión o los discos se devoran en estos nuevos canales como cualquier otro producto de usar y tirar? Y aquí la respuesta va más allá de la corruptibilidad del formato digital. La cultura se consume como cualquier otro bien porque también se rige por la oferta y la demanda, pero sobre todo, porque es el resultado de una determinada política cultural. La misma a la que le importa un bledo cargarse las asignaturas de plástica y música en los planes de estudio, la misma que tardó años en dar el rango oficial a los estudios de teatro o danza, la misma que emite programas como Operación Triunfo o Mira quien baila en la televisión pública haciendo pensar a miles de jóvenes que ser cantante es lo mismo que triunfar.
Sí, la cultura se consume, se devora y se desecha porque el formato digital lo permite y porque las multinacionales invierten en la creación de productos musicales y no en la búsqueda de nuevos talentos. Porque los medios promocionan solo lo que se vende y las grandes superficies venden solo lo que se promociona en los grandes medios audiovisuales.
Pero hay otras preguntas necesarias para saber por qué alguien prefiere descargar a pagar. Por ejemplo, ¿Por qué los pequeños autores no han salido en los medios para defender la Ley Sinde? ¿Por qué solo lo han hecho nombres como Alex de la Iglesia, Javier Bardem o Alejandro Sanz? Pues sencillamente, porque los pequeños autores no viven de vender sus obras. Ni ahora con la piratería, ni antes de ella. Los pequeños autores como los músicos viven de sus directos y ahí tienen otra pregunta ¿por qué? Pues porque las instituciones públicas no cuidan la producción cultural y el mercado no deja espacio para otras propuestas que no sean las de Bardem o Alex de la Iglesia. Con suerte y un buen contrato, los músicos podrán percibir un 10% del precio final del disco que habrá engordado desde su creación hasta su venta tanto como un pavo de Navidad. El 90% restante divídanlo entre todos los intermediarios implicados en una cadena de producción (fabrica, distribuidor, puntos de venta, discográfica?) que al cambiar el formato del contenido, de físico a digital, sencillamente tiene que menguar. Y es que Internet, lejos de suponer una amenaza para estos pequeños creadores que confeccionan el patrimonio cultural de un país, será en la mayoría de los casos una de las pocas herramientas que tengan para difundir su creación y lograr la visibilidad que los grandes medios y multinacionales reservan, hasta para la queja, a Bardem y compañía.
Pero que nadie se equivoque, esta no es la cruzada de los autores contra los usuarios de estas páginas web. Esto es una lucha de la industria cultural contra el nuevo escenario que ha dibujado el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Un sector que se resiste a cambiar su modelo de negocio, qué se resiste a dejar de obtener beneficios millonarios. Porque señores, hacer un CD está tirado y sin embargo, en las tiendas, cuesta como poco 16 euros. Eso es lo que se está debatiendo Si el precio se ajusta o no a los costes de producción, no si el autor tiene o no que percibir sus derechos. Solo un desalmado, un insensato o un provocador podría decir que no quiere que el autor gane ni un céntimo por su trabajo. La ley tendrá que regular esta situación y la industria idear negocios rentables como Spotify.
Ahora bien, ¿qué hay de todas esas personas que trabajaban en esa cadena de producción? Pues igual tienen que hacer como la mayoría de los creadores en este país; trabajar por amor al arte. Porque la cruda realidad es que la mayoría de los músicos tocan los fines de semana en su descanso laboral, los actores ponen copas en los bares para pagar el alquiler y los escritores trabajan de correctores en editoriales. Sí, está claro que se necesita asegurar que los autores perciban sus derechos, pero eso no hará que sigan creando. Eso solo se asegura con una buena política cultural.
Últimamente se han levantado varias voces que piden reducir el número de funcionarios y privatizar los servicios públicos. También ha vuelto a primera página el tema del ajuste de sus salarios a la productividad. Estas consideraciones entran dentro de la lógica del momento, aligerar el gasto público pasaría por reducir el empleo público. Con esta crisis, nuestro mercado de trabajo ha pasado ya unos cuantos umbrales. Uno de ellos es que ya tenemos más empleados públicos que empresarios. Según la Encuesta de Población Activa, en la actualidad tenemos cerca de 3,2 millones de empleados públicos, el doble que a principios de los años 70. Esta cifra no ha parado de crecer en los últimos 35 años. En la actualidad, supone un 17.1% del empleo total y un 10% de la población de 16 a 64 años. Por el contrario, el número de empresarios solo han aumentado en un 9% situándose en la actualidad un 9% de la población de esta edad.
Pero, ¿qué significado tiene el hecho de que tengamos ya más empleados públicos que empresarios? y ¿Qué relación hay entre el número de empresarios y el de funcionarios? En primer lugar, está el argumento de que una economía con demasiados empleados públicos estaría desviando recursos para el sector privado, impidiendo la creación empresas. Además de la consecución de nuevos recursos públicos, esta sería la principal motivación de la privatización. Para hacer el balance deberíamos plantearnos cuáles son sus efectos netos sobre el empleo y sobre la calidad de los servicios. En cualquier caso, y en comparación con otros países europeos, el tamaño de cada uno de los sectores en los que interviene tradicionalmente el sector público (las Administraciones Públicas, la Sanidad y la Educación) es relativamente pequeño. En particular, es en estos dos últimos sectores en los que aún tenemos un enorme déficit de empleo en comparación con otros países de la UE-15. Por ejemplo, parecerse a Suecia supondría crear ni más ni menos que un millón y medio de empleos en el sector educativo.
En segundo lugar, está el hecho que una economía con un amplio sector público pueda absorber a gran parte de su población más educada y aquella con más talento para crear empresas. Y, aquí surge la relación entre educación, espíritu empresarial, y tamaño del sector público. Los datos nos muestran que los países del sur de Europa compartimos algo en común: tenemos más empresarios con un nivel educativo bajo (equivalente a ESO o menos) que un nivel educativo superior (titulación universitaria o una formación profesional de grado superior). Todo lo contrario que el resto de países de la UE-15. De hecho, estos países, también comparten otro hecho en común: en el caso de que se pudiera elegir, muestran una mayor preferencia por el autoempleo. La evolución de la respuesta a esta pregunta por países en el período 2000-2009 muestra que en estos países, las preferencias por el auto-empleo son mayores que la de ser empleado, todo lo contrario que en los demás países. En España desde el año 2007, habría cambiado esta situación, preferimos ser empleados, aunque el cambio esté muy probablemente relacionado con el impacto de la crisis económica sobre el empleo (es el país en el que una mayor parte de la población arguye como motivo para no iniciar una aventura empresarial el mal momento por el que pasa la economía).
¿Pero qué relación podría haber además entre ser empresario y el tamaño de los sectores en los que interviene el sector público? Pues los datos también muestran una posible relación inversa entre la proporción de personas de 15 a 64 años empleadores o autónomos y el de personas empleados en la Administración Pública, el sector educativo y el de la sanidad y servicios sociales. De nuevo, si estos dos últimos sectores tuvieran que tener el peso que tienen en otros países, especialmente en los escandinavos, es decir, si cambiar de modelo es acercarnos aunque sea un poquito a ellos, muy probablemente disminuiría la proporción de empresarios.
También existen un par de países que alcanzan una elevada proporción de empresarios que además generan empleo entre la población más educada: Alemania y Austria. Como es bien sabido, estos países tienen un sistema educativo dual en el que prima la formación profesional, y en los que la población se queda habitualmente con un nivel educativo intermedio, sin necesidad de pasar por la universidad. En este modelo más ordenado o jerarquizado, son los titulados superiores los que acaban convirtiéndose en mayor medida en empresarios.
Evidentemente, existen bastantes más motivos y determinantes para preferir convertirse en funcionario en lugar de empresario. Uno de ellos es la estabilidad en el empleo y que bien se podría mejorar con una reforma laboral adecuada. Sin embargo, en nuestro país la tasa de temporalidad en el sector público ya es similar a la del sector privado.
Las encuestas también nos indican que la satisfacción con la estabilidad laboral de los trabajadores temporales ya es más baja en el sector público que en el privado, mientras que para los trabajadores indefinidos, ocurre todo lo contrario. Es decir, en el sector público ya se encuentra en el peor escenario posible para que pueda ser más productivo: una dualidad laboral que desincentiva al trabajador temporal cada vez más desprotegido, al igual que al funcionario demasiado protegido. En definitiva, nuestro sector público también necesita de una reforma laboral que acabe con los privilegios de unos, a costa de los otros. Sin esta reforma, olvidémonos de que la productividad de nuestros empleados públicos se pueda conseguir a golpe de talonario, relacionando salarios con la productividad.
