Preciado dice que está tranquilo

Nosotros no.Mas allá de polémicas estériles es evidente que  todo lo que rodea al fútbol espectáculo tiene una enorme influencia en una parte de la sociedad (y de la juventud) y  que, por tanto,  se deben cuidar las formas y las palabras. Hay valores, asociados a la práctica del deporte que hay que mantener (concentración, trabajo, disciplina...) y siguen siendo fundamentales los buenos ejemplos. Se suele aducir que se apoya desde instancias políticas al fútbol por su interés general. Por el mismo interés general  hay que pedir  prudencia  y buenas maneras.

Limbo

En el limbo adonde van los proyectos inacabados durante estas décadas de gobierno socialista no se debe de vivir nada mal. Allí, entre fachadas acristaladas y la estación intermodal, por encima de la alta velocidad y por debajo del polo logístico energético, está el proyecto Salamandra. Fechado en 2002, el colmo de la metáfora urbanística gijonesa es que un proyecto, que nunca se construyó, fue expuesto como ejemplo de arquitectura española en el MOMA. Como parábola no deja de tener su gracia. Abandonando las bromas, recuerdo algunas expresiones desafortunadas de hace un año, cuando Pedro Sanjurjo declaró que la anulación del plan por el TSJA no iba a tener consecuencias. Es raro que desconociese en aquel momento que el Supremo dictó en 2009 que las sentencias anulatorias de un Plan General producen efectos para el Ayuntamiento afectado, aunque no hayan alcanzado firmeza. Pues hoy, con la actuación paralizada por las suspensiones cautelares, el Ayuntamiento va a recurrir los autos con una triple argumentación. Este ejercicio dialéctico puede ser muy entretenido para los letrados que lo lleven y lo cobren, pero, además de consumir recursos públicos en esfuerzos estériles, para todas las empresas involucradas las consecuencias de esta inseguridad jurídica compromete y pone en riesgo puestos de trabajo e inversiones. En esta ciudad a estas alturas deberíamos estar acostumbrados, pero me gustaría saber qué hace falta para que alguien perciba que existe una responsabilidad política en el Plan anulado. El PP, con su consumada estrategia de parecer siempre prescindible, está muy ocupado planificando líneas complementarias para infraestructuras inexistentes. Aun así, no perdamos la esperanza en que alguien, algún día, asuma responsabilidades.

El Ayuntamiento moviliza otros cien millones a través de su red de empresas

La estructura del Ayuntamiento de Gijón hace que una buena parte de los dineros municipales que se ponen en circulación en la ciudad estén registrados a cargo de las empresas públicas cuyo único accionista es el Ayuntamiento y de sociedades mixtas con alta participación del Ayuntamiento. El Pleno aprueba sólo el presupuesto del Ayuntamiento y sus organismos autónomos. Definición que agrupa al Patronato Deportivo Municipal y las fundaciones municipales de Servicios Sociales y Cultura. Al final, el prepuesto consolidado del Ayuntamiento ronda los 300 millones de euros.

Todas estas entidades han ido aprobando estas últimas semanas sus presupuestos en sus consejos de administración o juntas rectoras como paso previo a la negociación del presupuesto municipal, que suele aprobarse en Pleno a finales del mes de diciembre. Una aprobación que llega después de haber conseguido el visto bueno de los socios de gobierno, tramitado las alegaciones del grupo municipal de la oposición y ser presentado a los consejos social y de distritos que funcionan como herramientas de participación ciudadana.

Las recién aprobadas cuentas de las empresas municipales para el año que viene están marcadas por una continuidad en los presupuestos corrientes y un descenso en las partidas inversoras. Las cantidades más gruesas se corresponden con la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa), la Empresa Municipal de Aguas (Ema) y la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa). El consejo de Emulsa dio el visto bueno a un presupuesto de 38,1 millones de euros con una capacidad inversora de 2,6 millones, mientras Emtusa cubrirá el año 2011 con un presupuesto de 22,6 millones y poco más de 1,5 millones en inversión. En el caso de la Ema, que siempre ha destacado por su potente capacidad inversora en obras de abastecimiento y saneamiento de aguas, el presupuesto corriente es de 26,3 millones con un programa inversor de 8 millones que se centra fundamentalmente en asumir las anualidades correspondientes de importantes obras en marcha en la zona rural. La Empresa Municipal de la Vivienda y la Fundación de Servicios Sociales reajustan sus cuentas para, partiendo de cifras similares a las de este año, aumentar su capacidad de dar ayudas directas a los gijoneses con más necesidades.

El gobierno local limita a unos 600.000 euros la partida a repartir entre los consejos de distrito

No hay dinero... para nada y para nadie. Esa es la consigna de partida del equipo económico del Ayuntamiento de Gijón que lidera Santiago Martínez Argüelles, concejal socialista de Hacienda y candidato formal de su organización política para intentar sustituir a Paz Fernández Felgueroso en el sillón de la Alcaldía.

Y ese recorte de los recursos afectará muy directamente a la capacidad decisoria de los consejos de distrito sobre las inversiones en su territorio. El compromiso político de dejar un millón de euros en manos de cada uno de los seis consejos de distrito en que se divide el municipio ya sufrió un duro traspie este año. Para el año que viene aún es peor.

El presupuesto municipal de 2010 rebajó a una media de 600.000 euros el dinero cuyo destino elegía cada distrito. Ahora se trata de que esa misma cifra se la repartan entre los seis distritos: Oeste, Este, Sur, Centro, El Llano y Rural. El distrito Oeste se corresponde con La Calzada, Jove, Tremañes, El Natahoyo, Moreda y Veriña. El distrito Este controla La Arena, El Coto, El Bibio, Las Mestas, Viesques y Ceares. El distrito Sur está marcado por las fronteras de Pumarín, Montevil, Contrueces, Polígono, Nuevo Gijón, Santa Bárbara, Perchera-La Braña y Roces. El distrito Centro suma al centro urbano los barrios de Cimadevilla y Laviada mientras los distritos del Llano y la zona rural se corresponden, respectivamente, con el territorio del barrio del mismo nombre y las 25 parroquias.

Las inversiones que pueden decidir los miembros de los consejos de distrito se corresponden con pequeñas obras de conservación viaria, en áreas verdes, control de tráfico o acción social, por ejemplo. La intención de los munícipes es compensar esta mengua de la autonomía de los distritos con diferentes obras en los barrios de la ciudad que computen dentro del programa general de inversiones del presupuesto consolidado.

n Proceso

Junta de Gobierno

Paz Fernández Felgueroso preside hoy una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno en la que se analizará el borrador presupuestario. La Junta de Gobierno está integrada por los ediles del PSOE e Izquierda Unida como socios de gobierno. La intención es aprobar el presupuesto en un Pleno del mes de diciembre.

Organismos

El presupuesto del Ayuntamiento empieza ahora su proceso de aprobación una vez que se ha dado luz verde definitiva a los presupuestos de las empresas municipales y sus organismos autónomos en sus correspondientes consejos de administración y juntas de gobierno.

n Inversiones

Partidas

El programa de inversiones estrictamente municipal para el año que viene está ahora mismo fijado en unos 12 millones de euros. Un tercio menos que en el ejercicio actual. Además, desaparecen las aportaciones que habían llegado estos años a la ciudad desde los fondos anticrisis de los gobiernos nacional y autonómico.

Obras

La culminación del complejo social de El Natahoyo es la prioridad del plan de inversiones municipales que incluye también un centro de mayores en Contrueces y la construcción de una escuela de bebés en Roces. La partida de distritos queda reducida a unos 600.000 euros.

n Presupuestos

Municipal

El borrador presupuestario que sirve de partida para la negociación entre IU y PSOE ronda los 200 millones de euros. Ello supone un descenso de algo más de 22 millones sobre el presupuesto ahora mismo en vigor que es de 223.355.700 euros.

Consolidado

El presupuesto consolidado es aquel que integra el presupuesto estrictamente municipal con los presupuestos de las empresas del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos. Ello hace que los dineros que se movilicen en la ciudad a lo largo del año que viene ronden los 300 millones de euros. El gobierno municipal ha priorizado las áreas sociales.

El último presupuesto de la era Felgueroso será inferior en 22 millones al actual

Los ediles del PSOE e IU mantendrán hoy el primer contacto oficial para sacar adelante el último presupuesto municipal de los gobiernos de Paz Fernández Felgueroso. La Alcaldesa presidirá una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno que tiene sobre la mesa un borrador presupuestario para el año que viene, en el ámbito estrictamente municipal, de poco más de 200 millones de euros. Ello supone un descenso de 22 millones con respecto al presupuesto en ejercicio, que a su vez había sufrido un recorte de 18 millones sobre el presupuesto de partida del año 2009. La situación de crisis económica, que afecta a los ingresos del Ayuntamiento, y el hecho de que 2011 sea un año electoral son las dos razones básicas de este presupuesto tan ajustado. A estos 200 millones de euros del presupuesto municipal habrá que sumar alrededor de otros cien millones para alcanzar el presupuesto consolidado, donde también se relacionan las cuentas de los organismos autónomos del Ayuntamiento y de las empresas municipales. El presupuesto municipal aprobado en su momento para el actual ejercicio fue de 223.355.700 euros. El presupuesto consolidado se elevó a 314.105.540 euros.

IU y PSOE han pactado respetar al máximo todas las partidas vinculadas a áreas de carácter social, vivienda y empleo. Así que el recorte afecta sobre todo al capítulo de inversiones que está, por ahora y a falta de avanzar en la negociación entre los socios de gobierno, fijado en 12 millones de euros. El anexo de inversiones municipales del actual ejercicio presupuestario superaba los 34 millones de euros: casi el triple. A ese dinero se sumaron las aportaciones de los fondos anticrisis diseñados desde los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Vicente Álvarez Areces, que recibieron las denominaciones de, respectivamente, «Plan E» y «Plan A». Otros 40 millones que desaparecen de la faz de Gijón.

Cerca de una tercera parte del apartado inversor del próximo año se irá a completar el complejo social en construcción en El Natahoyo, que está pensado para dar cobijo a las dependencias del Albergue Covadonga, Proyecto Hombre y Calor y Café y desarrollar un aparcamiento de 69 plazas y espacios para el archivo municipal. Esta obra tiene un coste integral de ocho millones de euros. Ahora mismo se desarrolla la primera fase del proyecto -que se corresponde con los sótanos y las instalaciones del Albergue Covadonga- a partir de un presupuesto de 4 millones procedente del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, el denominado «Plan E». El Ayuntamiento tiene que asumir ahora la financiación del resto de la obra.

Este centro asistencial, que cuenta con la expresa oposición de una parte del vecindario de El Natahoyo por su cercanía a espacios escolares, es la prioridad en un menguado listado de inversiones que se encarga, fundamentalmente, de asumir las anualidades correspondientes a obras ya en marcha en la ciudad.

Entre las obras que reciben una mayor cuantía económica está la construcción del centro de mayores de Contrueces (2 millones), una escuela infantil en Roces (600.000 euros), remates en la reforma de El Molinón (500.000 euros), la cubierta de un colegio en Tremañes (200.000 euros) y mejoras en el Pueblo de Asturias (120.000 euros).

Las ofertas para la residencia de estudiantes incluyen entre 375 y 486 plazas

La residencia de estudiantes prevista para el campus gijonés está un paso más cerca. Ayer se abrieron las ofertas presentadas por los tres interesados que acudieron al concurso y en ellas quedaron patentes los aspectos objetivos, fundamentalmente económicos, que deberá tener en cuenta el Ayuntamiento de Gijón para adjudicar el contrato.

La que aparentemente ofrece unas mejores condiciones es la propuesta presentada por la unión temporal de empresas (UTE) formada por Alojamientos Protegidos, S. L., Urbajar, S. L. y Hoteles Amistad, S. A. El canon anual ofertado es de 15.000 euros, cuando el concurso establecía un mínimo de 6.000. En cuanto a la inversión, la UTE prevé 22.954.135 euros para construir un total de 486 plazas. El precio de alquiler por plaza en habitación doble quedaría establecido en 187,84 euros, mientras en habitación individual subiría a 356,68 al mes.

AsturOceánica Renta, S. L., presentó una oferta que preveía un canon anual de 12.000 euros, mientras que la inversión prevista sería de 22.415.825 euros para construir 450 plazas. Esta oferta es la que presenta unos precios de alquiler mensual más elevados. En habitación doble sería de 350 euros más IVA y en individual, de 500 euros más IVA.

La tercera y última de las ofertas presentadas es la firmada por la UTE formada por Fundación Derechos Civiles, Gestión de Servicios Social Sanitarios del Principado, S. L., Instituto Gerontológico Astur, S. L. y Modultec, S. L. El canon ofertado fue también de 12.000 euros, mientras la inversión es la más pequeña de las tres, con 11.437.200 euros para un total de 375 plazas. Los alquileres mensuales serían de 342 euros para las habitaciones dobles y de 485, para las individuales.

Hay otros criterios que el tribunal deberá valorar de las ofertas presentadas, pero las que más puntos se llevan en el concurso son las antes citadas. En concreto, tanto el número de plazas como los precios de alquiler ofrecen 30 puntos al mejor ofertante, mientras que la inversión total propuesta otorga otros 25 puntos y el canon presentado, cinco.

El tribunal deberá estudiar también otro tipo de documentación, si bien ya será valorada mediante criterios subjetivos. Se trata de la relativa a la propuesta de diseño y proyecto de gestión de la residencia de estudiantes, que otorgará otros diez puntos. En este apartado se tendrá especial atención, además de a la integración del proyecto arquitectónico en el entorno, a la integración de otros servicios a prestar en la residencia, tales como el acceso a Internet, las salas de estudio y ocio, la hostelería o la instalación de equipos informáticos comunes.

El Ayuntamiento pedirá al TSJA que limite la suspensión en la Ería a las demoliciones

El Ayuntamiento pedirá a la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que limite la aplicación de las medidas cautelares únicamente a las demoliciones de los tres chalés que continúan habitados en la unidad 100 de la Ería del Piles. Así lo indicaron a EL COMERCIO fuentes jurídicas municipales, que explicaron que la petición se argumentará en los recursos de apelación que el Consistorio interpondrá contra los autos judiciales -de momento dos- que han decretado la paralización temporal del proyecto de complejo de ocio en la zona.

La solicitud municipal pretende que el alto tribunal asturiano permita continuar con la tramitación administrativa del plan empresarial aprobado para la Ería del Piles. En este momento los promotores tienen pendiente la aprobación definitiva de su proyecto de urbanización y también tienen muy avanzado el proyecto básico de construcción del equipamiento comercial coronado con una torre acristalada de 40 metros de altura.

Al ceñir la suspensión a las demoliciones, los asesores jurídicos del Consistorio consideran que se evitarían, en tanto se dicta sentencia sobre el fondo del asunto del pleito vecinal, «las situaciones irreversibles o de costosa reversibilidad» a las que alude el juez titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón, Jorge Rubiera. O, lo que es lo mismo, se preservarían los intereses de las tres familias afincadas en la zona que no han llegado a un acuerdo económico con la empresa promotora de la actuación.

De aceptarse este planteamiento por parte del TSJA el Ayuntamiento también cree que Astur Promotora incluso podría seguir adelante con su pretensión de poner en marcha la urbanización exterior de esa parte de la fachada marítima, que conlleva la construcción de una nueva rotonda en el encuentro entre la carretera del Infanzón y La Providencia. Para los empresarios que lideran la junta de compensación de la Ería del Piles es importante, por imagen, que las entidades de crédito y las firmas comerciales no pierdan la confianza en un proyecto cuyo desarrollo completo requiere una inversión de entre 60 y 65 millones de euros.

Los vecinos que han logrado la paralización cautelar ya han advertido de que no permitirán que «se mueva ni una sola piedra» en el entorno en el que se residen e «impugnarán» en los tribunales cualquier licencia municipal u orden ejecutiva que afecte a la unidad 100.

En sus recursos de apelación, el Ayuntamiento también defenderá que el acto administrativo de aprobación definitiva del proyecto de compensación de la UA-100 -que establece el reparto de cargas y beneficios entre los propietarios de suelo- «no está contaminado por ningún vicio de nulidad» como afirman los demandantes y, por tanto se ajustó a la ley.

Sin embargo, tal y como adelantó EL COMERCIO, el punto en que se más se extenderán los escritos de apelación municipales será en fundamentar el desacuerdo municipal con la conexión que establece el juez de lo Contencioso entre el Plan General de Ordenación anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias hasta en una treintena de ocasiones y el desarrollo por compensación de la UA-100, que, a criterio del magistrado Jorge Rubiera, «comporta una apariencia de buen derecho a favor de los recurrentes que solicitan la suspensión».

«Cobertura legal» en el Piles

Los abogados del Ayuntamiento tratarán de convencer al TSJA de que la actuación en la Ería del Piles tiene «total cobertura legal» a través del Plan Rañada de 1999 de donde, según la argumentación municipal, deriva ya la previsión de desarrollar esos terrenos. Defenderán que el proyecto de complejo de ocio «no está contagiado» por la declaración de nulidad del Plan Teixidor y, por tanto, no resulta procedente una nueva tramitación de los documentos de desarrollo desde el principio. En ese sentido, expondrán que la sentencia del TSJA de 15 de julio de 2009, recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, no afecta a un estudio de detalle que fue aprobado definitivamente el 1 de agosto de 2007, es decir, mucho antes de que se dictara la mencionada sentencia anulatoria.

Y para prevenir posibles efectos de dicha sentencia en el supuesto de su firmeza se argumentará que con anterioridad al Plan de 2005 fue aprobada el 11 de junio de 2002 una modificación puntual del Plan de 1999 en el PERI 11 para segregar la unidad de ejecución 100, en la que se establecieron unos parámetros urbanísticos de edificabilidad, clasificación del suelo, alturas y volumetría que se mantuvieron en la adaptación posterior. Lo que cambió de un Plan General a otro fueron los usos, ya que en 2002 se proyectaba la instalación de un complejo de talasoterapia con un desarrollo por expropiación y en la norma urbanística anulada se introdujeron usos terciarios genéricos ( hosteleros, turísticos, comerciales y de ocio) con un desarrollo esta vez por compensación.

El abogado de la Federación les Caseríes, Antonio García, que está detrás del primer fallo que anuló el Plan General de 2005, opinó ayer que los efectos de la sentencia del TSJA «están ahí y no son papel mojado»». Y sobre el caso concreto de la Ería Piles, señaló que aunque parece más materia de gestión que de planeamiento, «al final lo primero puede acabar afectando a lo segundo, porque actúan como vasos comunicantes en función del contenido de los expedientes administrativos».